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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-03663-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
5 de julio de 2021
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodríguez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-03663-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Julio Alberto Ávila Cortés, por las razones expuestas. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2021-03663-00

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez

5 de julio de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL

[L]a Sala advierte que, en la demanda de tutela, el señor [J.A.Á.C.] reiteró los argumentos que propuso en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Ministerio de Defensa Nacional y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Si bien el demandante alega que la providencia objeto de tutela vulneró derechos fundamentales e incurrió en defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la constitución, lo cierto es que, en últimas, lo que pretende es que se reabra el debate sobre: (i) si tiene derecho o no al reajuste de la asignación básica por el periodo 1997 a 2004; (ii) si, a partir del año 2006, la asignación de retiro debía reajustarse con fundamento en el índice de precios al consumidor IPC fijado por el DANE, y (iii) si había lugar o no a la condena en costas impuesta en primera instancia. (…) [En efecto,] el demandante formuló inconformidades que coinciden con las que expuso en el recurso de apelación que presentó contra la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Ministerio de Defensa y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Evidentemente la tutela busca revivir la discusión jurídica respecto de si tiene derecho o no al reajuste de la asignación básica y de la asignación de retiro con base en el IPC y la condena en costas impuesta en primera instancia, asuntos que ya fueron resueltos por el Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia del 25 de febrero de 2021. (…) Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento de fondo sobre los defectos que endilgó el demandante a las providencias objeto de tutela. En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de amparo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mi veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03663-00(AC)

Actor: JULIO ALBERTO ÁVILA CORTÉS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Julio Alberto Ávila Cortés contra el Tribunal Administrativo del Meta.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. El 16 de junio de 2021, en ejercicio de la acción de tutela el señor Julio Alberto Ávila Cortés pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, que estimó vulnerados por la sentencia del 25 de febrero de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo del Meta. En concreto, formuló las siguientes pretensiones:

Primera: CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales del DEBIDO PROCESO (Art. 29 C.N.) y la IGUALDAD (Art. 13 C.N.) que le asisten al señor JULIO ALBERTO ÁVILA CORTES, los cuales han sido vulnerados por la SALA QUINTA ORAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE META, quien en la sentencia proferida el día 25 de Febrero de 2021, expedida al resolver recurso de apelación presentado dentro del trámite del Medio de Control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO promovido por JULIO ALBERTO ÁVILA CORTES en contra de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES distinguido con el Radicado N° 2017-000405, dispuso negar la reliquidación y el reajuste de los sueldos básicos devengados en servicio activo y de la asignación de retiro legalmente reconocida; incurriendo en las causales contempladas por la sentencia C – 590 de 2005 bajo los nomen iuris de “DEFECTO SUSTANTIVO”, “DEFECTO FÁCTICO”, “DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE”, “VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN”, “DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN” y “DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO”.

Segunda: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN VALOR NI EFECTO la sentencia proferida el 25 de Febrero de 2021 por la SALA QUINTA ORAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE META, la cual fue proferida dentro del trámite del Medio de Control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO promovido por JULIO ALBERTO ÁVILA CORTES en contra de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES distinguido con el Radicado N° 2017-000405, mediante la cual se negó la reliquidación y el reajuste de los sueldos básicos devengados en servicio activo y de la asignación de retiro legalmente reconocida al señor JULIO ALBERTO ÁVILA CORTES.

Tercera: Como resultado de la petición contenida en el numeral SEGUNDO (2), ORDENAR a la SALA QUINTA ORAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE META que dentro del término no mayor a ocho (08) días hábiles siguientes al momento en que reciba el expediente, profiera sentencia en la cual se resuelva lo siguiente:
(…)

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. El señor Luis Alberto Ávila Cortés laboró en el Ejército Nacional hasta el 24 de junio de 2006. El último cargo que ocupó fue de Sargento Primero.

2.2. Durante el periodo comprendido entre los años 1997 a 2004, estuvo en actividad como oficial del Ejército Nacional en los grados de Sargento Viceprimero y Sargento Primero; razón por la cual percibió el sueldo básico fijado por el Gobierno Nacional en los Decretos 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004.

2.3. Mediante Resolución No. 1698 del 2 de junio de 2006, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al señor Ávila Cortés, en cuantía del 85 % del sueldo básico, incluyendo las partidas computables, a partir del 25 de junio de 2006, de conformidad con los Decretos 1211 de 1990 y 4433 de 2004.

2.4. El 4 de marzo de 2016, el actor solicitó al Ministerio de Defensa Nacional la reliquidación del sueldo básico y de las prestaciones que devengó, entre 1997 y 2004, de conformidad con el IPC fijado por el DANE, pero la entidad guardó silencio.

2.5. Igualmente, en la misma fecha pidió a CREMIL la reliquidación de la asignación de retiro con base en el IPC fijado por el DANE. La entidad mediante Oficio No. 211-0016536 del 16 de marzo de 2016 negó lo solicitado.

2.6. El señor Julio Alberto Ávila Cortés presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Defensa Nacional y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, con el objeto de obtener la nulidad del acto ficto producto del silencio administrativo de la primera entidad, y del Oficio No. 211-0016536 del 16 de marzo de 2016, proferido por CREMIL. A título de restablecimiento del derecho, pidió el reajuste de la asignación básica correspondiente a los años 1997 a 2004 y del reajuste de la asignación de retiro con fundamento en el IPC.

2.7. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio que, por sentencia del 24 de abril de 2019, denegó las pretensiones de la demanda. En concreto, sostuvo que la fijación de las asignaciones básicas de los empleados públicos, dentro de los que se encuentran el personal de la fuerza pública es una atribución del Gobierno Nacional, a través de los decretos que expide cada año fijando el incremento de los sueldos básicos.

2.7.1. Que en el caso del demandante no era procedente el reajuste de la asignación básica con el IPC, pues el gobierno estableció la escala gradual porcentual para realizar los incrementos anuales a los miembros de la fuerza pública en actividad. Asimismo, concluyó que tampoco era procedente el reajuste de la asignación de retiro del demandante de conformidad con el IPC, pues esta se realiza a quienes para el periodo comprendido entre 1997 a 2004 contaban con la citada prestación y el actor la adquirió a partir del 25 de junio de 2006.

2.8. Inconforme con la decisión, el señor Julio Alberto Ávila Cortés presentó recurso de apelación y, el Tribunal Administrativo del Meta, por sentencia del 25 de febrero de 2021, confirmó la decisión, básicamente por las mismas razones del a quo.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. De manera preliminar, el señor Julio Alberto Ávila Cortés manifestó que la tutela cumple con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia del 25 de febrero de 2021 dictada por el Tribunal Administrativo del Meta vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, por cuanto incurrió en los siguientes defectos:

3.1.1. Defecto sustantivo, por indebida aplicación los artículos 14 de la Ley 100 de 1993 y 1° de la ley 238 de 1995, ya que a pesar de que ni en vía administrativa ni en vía judicial el demandante solicitó los reajustes de la asignación básica y de la asignación de retiro con fundamento en dichas normas, la autoridad judicial las aplicó para resolver el asunto. Que el problema jurídico estaba dirigido a que se ordenara el reajuste de la asignación básica y de la asignación de retiro con fundamento en el IPC fijado por el DANE.

3.1.1.1. Que el tribunal demandado se abstuvo de aplicar las normas procedentes para resolver el problema jurídico relacionado con el reajuste y la reliquidación tanto de la asignación mensual básica devengada en servicio activo como de la asignación de retiro devengada en situación de retiro.

3.1.1.2. Que tampoco se tuvo en cuenta el artículo 271 de la Ley 1450 de 2011, en el que se establece el derecho del personal en servicio activo durante el período comprendido desde 1997 hasta 2004 al ajuste de los sueldos básicos y de las asignaciones de retiro de acuerdo con el IPC fijado por el DANE.

3.1.2. Defecto fáctico al no valorar de manera correcta la certificación de sueldos básicos devengados en servicio activo, la hoja de servicios y la certificación de partidas computables de la asignación de retiro, que demostraban que durante el período comprendido desde 1997 hasta 2004 el sueldo básico fue incrementado en un porcentaje inferior al IPC y que repercute en la asignación de retiro.

3.1.3. Desconocimiento del precedente al considerar que no se tuvieron en cuenta los precedentes jurisprudenciales de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y de los tribunales administrativos del país, en los cuales a partir de lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política y en los artículos 2 y 4 de la Ley 4 de 1992, se ha señalado de manera reiterada que el ajuste de los salarios y las pensiones de todos los servidores públicos nunca podrá ser inferior al porcentaje del IPC del año inmediatamente anterior.

3.1.4. Para el efecto, el demandante citó las sentencias T-086 de 2007, C-409 de 1994, T-063 de 1995, T-102 de 1995, T-418 de 1996, T-276 de 1997, SU-519 de 1997, C-710 de 1999, C-815 de 1999, SU- 599 de 1995, C-1433 de 2000, C-1064 de 2001, C-1017 de 2003, C- 931 de 2004 y C-862 de 2006, respecto de la obligación del gobierno nacional de mantener el poder adquisitivo constante de los salarios de todos los servidores públicos.

3.1.5. Violación directa de la Constitución Política, en razón a que se omitió aplicar el artículo 53 de la Constitución al haber condenado en costas al demandante y no aplicar el principio de favorabilidad.

4. Trámite procesal

4.1. Mediante auto del 18 de junio de 2021, el despacho sustanciador admitió la demanda y, entre otras cosas, ordenó la notificación, en calidad de parte demandada a los magistrados del Tribunal Administrativo del Meta. Adicionalmente, vinculó como terceros con interés, al Ministerio de Defensa y a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

4.2. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las notificaciones correspondientes, mediante correos electrónicos enviados el 30 de junio de 2021, tal y como consta en el índice número 7 de Samai.

5. Intervenciones

5.1. El Tribunal Administrativo del Meta, por conducto del magistrado sustanciador, indicó que la sentencia atacada no incurrió en ninguno de los defectos alegados por la parte demandante, en razón que en la misma se consignaron las razones de hecho y de derecho que se estimaron pertinentes y justificaron la decisión.

5.2. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares manifestó que la acción de tutela es improcedente, pues el accionante pretende reabrir el debate que ya fue estudiado y decidido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

5.2.1. De igual manera, sostuvo que la parte actora no probó que haya existido fraude dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

5.3. El Ministerio de Defensa Nacional no intervino, pese a que fue notificado de la admisión de la demanda de tutela el 30 de junio de 2021, mediante correo electrónico.

CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

1.1. A partir del año 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.

1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de tutela.

1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.

1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional».

2. Planteamiento y solución del problema jurídico

2.1. Previo a cualquier consideración sobre el fondo del asunto, la Sala verificará si la tutela cumple el requisito de relevancia constitucional. De encontrarse cumplido ese requisito, será estudiado el fondo del asunto, en los términos propuestos en la demanda de tutela.

2.1.1. El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

2.1.1.1. En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

2.1.1.2. De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, esta Sala ha determinado que un asunto goza de relevancia constitucional cuando se verifican los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

2.1.1.3. En el caso concreto, la Sala advierte que, en la demanda de tutela, el señor Julio Alberto Ávila Cortés reiteró los argumentos que propuso en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Ministerio de Defensa Nacional y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

2.1.1.4. Si bien el demandante alega que la providencia objeto de tutela vulneró derechos fundamentales e incurrió en defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la constitución, lo cierto es que, en últimas, lo que pretende es que se reabra el debate sobre: (i) si tiene derecho o no al reajuste de la asignación básica por el periodo 1997 a 2004; (ii) si, a partir del año 2006, la asignación de retiro debía reajustarse con fundamento en el índice de precios al consumidor IPC fijado por el DANE, y (iii) si había lugar o no a la condena en costas impuesta en primera instancia. Veamos.

2.1.1.4.1. En el recurso de apelación que presentó el demandante contra la sentencia de primera instancia del proceso ordinario adujo:

(…)
Como primera, de entrada, es de trascendental magnitud referir que el Juzgado de primera instancia incurrió en un defecto sustantivo por la aplicación de la Ley 238 de 1995 y el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 como marco jurídico para resolver la controversia inherente al proceso de la referencia, relacionada con la reliquidación salarial y pensional deprecada por el demandante en el sub judice, puesto que el fundamento que sustenta la decisión judicial adoptada en el asunto bajo examen que negó la prosperidad de las pretensiones formuladas en la demanda, tiene como soporte y piedra angular dos normas jurídicas (artículo 14 de la Ley 100 y ley 238 de 1995) que son claramente inaplicables al caso concreto, según lo concluye el propio A Quo en la parte motiva de la sentencia, al deducir que las normas previamente mencionadas no operan en el caso del demandante, al tratarse de un retirado de la Fuerza Pública quien causó su derecho a la asignación de retiro con posterioridad al 01 de Enero de 2005 que es la fecha en que perdieron vigencia las enunciadas disposiciones jurídicas y se restableció el principio de oscilación como mecanismo de ajuste anual de las asignaciones de retiro de los ex miembros de la Fuerza Pública.
(…)
Al respecto, es fundamental señalar que la Corte Constitucional ha construido una línea jurisprudencial sólida y reiterada que se ha plasmado en varias sentencias, entre las cuales se destacan la C-409 de 1994, T-063 de 1995, T-102 de 1995, T-418 de 1996, T-276 de 1997, SU-519 de 1997, C-710 de 1999, C- 815 de 1999, SU- 599 de 1995, C-1433 de 2000, C-1064 de 2001, C-1017 de 2003, C – 931 de 2004 y C-862 de 2006, en las cuales la Corte ha sido enfática en plantear que es obligación del Gobierno Nacional mantener el poder adquisitivo constante de los salarios de todos los servidores y empleados o funcionarios públicos (entre los cuales se encuentra el accionante, por ostentar la calidad de funcionario público sometido al régimen de carrera especial, en su condición de suboficial del Ejército Nacional) mediante un reajuste anual de oficio que como mínimo debe realizarse de conformidad con el IPC certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, pues el carácter móvil de la remuneración salarial consiste en que ella varíe proporcionalmente, de acuerdo con el costo de vida y la inflación; motivo por el que, la Corte Constitucional en las sentencias mencionadas ha sido enfática en precisar que el reajuste salarial anual que se decrete nunca puede ser inferior al porcentaje del IPC del año inmediatamente anterior.
(...)
Respecto a la condena en costas, es posible apreciar que en la sentencia apelada el a quo si bien sustenta su posición argumentativa en la postura que alrededor del tema ha señalado la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, igualmente desconoció que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha expresado en reiteradas ocasiones que la imposición de la condena en costas no tiene procedencia ni imposición automática a la parte vencida en desarrollo del proceso sino que por el contrario, su procedencia e imposición se encuentra supeditada a la estructuración cabal de varios presupuestos fácticos los cuales le sirven de sustento.

2.1.1.4.2. A su turno, en el escrito de tutela, el demandante sustentó los defectos (se resumen apartes relevantes), así:

(…)
En el caso concreto, se incurrió en defecto sustantivo, por cuanto de manera indebida aplicaron el artículo 1 de la Ley 238 de 1995 y el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 como marco jurídico para resolver la controversia inherente a la reliquidación del sueldo básico devengado en servicio activo y el reajuste de la asignación de retiro devengada por el señor AVILA CORTES de conformidad con el IPC fijado por el DANE para el período 1997-2004, puesto que el fundamento jurídico que sustenta la sentencia proferida el día 25 de Febrero de 2021 que negó la prosperidad de las pretensiones formuladas en la demanda, tiene como soporte y piedra angular estas dos normas jurídicas (artículo 14 de la Ley 100 y ley 238 de 1995), pese a que ellas son claramente inaplicables al caso concreto, según lo concluye el propio Despacho Judicial Accionado al deducir que las normas previamente mencionadas no operan en el caso del accionante, al tratarse de un retirado de la Fuerza Pública quien causó su derecho a la asignación de retiro con posterioridad al 01 de Enero de 2005 que es la fecha en que perdieron vigencia las enunciadas disposiciones jurídicas y se restableció el principio de oscilación como mecanismo de ajuste anual de las asignaciones de retiro de los ex miembros de la Fuerza Pública.
(…)
Al respecto, es fundamental señalar que la Corte Constitucional ha construido una línea jurisprudencial sólida y reiterada que se ha plasmado en varias sentencias, entre las cuales se destacan la C-409 de 1994, T-063 de 1995, T-102 de 1995, T-418 de 1996, T-276 de 1997, SU-519 de 1997, C-710 de 1999, C- 815 de 1999, SU- 599 de 1995, C-1433 de 2000, C-1064 de 2001, C-1017 de 2003, C – 931 de 2004 y C-862 de 2006, en las cuales la Corte ha sido enfática en plantear que es obligación del Gobierno Nacional mantener el poder adquisitivo constante de los salarios de todos los servidores y empleados o funcionarios públicos (entre los cuales se encuentra el accionante, por ostentar la calidad de funcionario público sometido al régimen de carrera especial, en su condición de suboficial del Ejército Nacional) mediante un reajuste anual de oficio que como mínimo debe realizarse de conformidad con el IPC certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, pues el carácter móvil de la remuneración salarial consiste en que ella varíe proporcionalmente, de acuerdo con el costo de vida y la inflación; motivo por el que, la Corte Constitucional en las sentencias mencionadas ha sido enfática en precisar que el reajuste salarial anual que se decrete nunca puede ser inferior al porcentaje del IPC del año inmediatamente anterior.
(…)
En el caso concreto, dentro del trámite del Medio de Control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO promovido por JULIO ALBERTO ÁVILA CORTES, se puede observar que la SALA QUINTA ORAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE META, en la sentencia proferida el día 25 de Febrero de 2021, incurrió en la causal de violación directa de la Constitución, en la medida en que al imponer condena en costas en contra de la parte demandante desatendió el principio de favorabilidad, el cual debió ser tenido en cuenta al momento de resolver sobre la procedencia de la condena en costas.

2.1.1.5 Como se ve, el demandante formuló inconformidades que coinciden con las que expuso en el recurso de apelación que presentó contra la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Ministerio de Defensa y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Evidentemente la tutela busca revivir la discusión jurídica respecto de si tiene derecho o no al reajuste de la asignación básica y de la asignación de retiro con base en el IPC y la condena en costas impuesta en primera instancia, asuntos que ya fueron resueltos por el Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia del 25 de febrero de 2021, que en lo que interesa, consideró:

(…)
Del reajuste salarial con fundamento en el IPC
(…)
Precisado lo anterior y descendiendo al caso concreto, se tiene que lo pretendido, por el accionante, es que por la vía de la excepción de inconstitucionalidad se ordene inaplicar, en su caso, los decretos que fijaron los sueldos básicos, entre otros del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, y que el sueldo básico que percibió, en servicio activo, durante los años 1997 al 2004, sea reajustado, conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) establecido para dichos años por el DANE, es decir, que se apliquen los porcentajes del IPC y no los porcentajes de la escala gradual fijada en los decretos mencionados, pues, considera que se le incrementó su sueldo para dichos años en un porcentaje menor al IPC, con lo cual se vulneró la constitución y los precedentes jurisprudenciales que precisan que no es viable afectar a los colombianos disminuyendo su capacidad adquisitiva de dinero con reajustes o aumentos salariales inferiores al costo de vida, lo que conlleva igualmente a que se le vulneraran sus derechos laborales.

Para esta Colegiatura, la intelección realizada por la parte actora no es de recibo, habida cuenta que el Gobierno Nacional para regular los salarios del personal de la fuerza pública, aplica una escala gradual porcentual, fijada de acuerdo con las directrices dadas en la Ley 4ª de 1992, la cual se realiza con respecto a la asignación básica del grado de General de la República, estableciéndose claramente que el señor JULIO ALBERTO ÁVILA CORTÉS percibió su sueldo básico de acuerdo con dicha escala sin que se evidencie o sea palpable que haya sufrido la pérdida de capacidad adquisitiva mencionada.

Igualmente, frente al tema el órgano de cierre de esta jurisdicción, dentro de un asunto de contornos similares, precisó que para regular los salarios del personal de la fuerza pública, el Gobierno Nacional aplica la escala gradual, razón por la cual ésta no puede ser modificada por decisión judicial, discurrió así el Consejo de Estado:
(…)
Para ahondar en más razones, encuentra la Sala que, tal como lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-931 de 2004, en el sub júdice no es aceptable el incremento del salario por debajo del I.P.C., en el caso del señor JULIO ALBERTO ÁVILA CORTÉS, toda vez que para los años 1997 a 2004, devengó más de dos salarios mínimos legales mensuales, en los grados de Sargento Viceprimero y Sargento Primero, según se extrae de la tabla realizada a continuación, tomando los datos certificados por la entidad demandada al folio 32 del expediente y el salario mínimo legal mensual vigente establecido para los años en comento, así:

Así las cosas, el salario básico que devengó el demandante en los años 1997 a 2004 se encuentra ajustado a las normas expedidas por el Gobierno Nacional, por lo tanto, no le asiste el derecho al reajuste salarial reclamado.

De la asignación de retiro y su reajuste para los miembros de las fuerzas militares.
(…)
A través del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004, expedido para reglamentar la Ley 923 de 2004, se derogaron entre otros, el Decreto 1211 de 1990 referido antecedentemente; en este nuevo decreto se reguló el tema de la asignación de retiro de Oficiales, Suboficiales y Agentes, disponiendo en su artículo 14, el aumento en el tiempo de servicio necesario para el acceso a la asignación de retiro incrementando dicho tiempo a 18 años, aclarándose que dicho artículo fue anulado por el órgano de cierre de esta jurisdicción quedando vigentes las normas consagradas en la ley marco; igualmente, se dispuso en el artículo 42 que las asignaciones de retiro y las pensiones contempladas en este, se incrementarían en el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones en actividad para cada grado. En ningún caso las asignaciones de retiro o pensiones serán inferiores al salario mínimo legal mensual vigente.

De igual manera, se precisó en el referido decreto que el personal allí mencionado, o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas que regulen ajustes en otros sectores de la administración pública, a menos que así lo disponga expresamente la ley.

Por otra parte, la Ley 100 de 1993, que regula el Sistema de Seguridad Social Integral, en su artículo 14 dispuso el reajuste de las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumidor en aras de mantener el poder adquisitivo de las mismas y, en el artículo 279, excluyó de dicho sistema de seguridad social al personal de la Fuerza Pública, sin embargo, el referido artículo fue adicionado por la Ley 238 de 1995, en los siguientes términos:
(…)
Así las cosas, resulta claro que los beneficios consagrados en el artículo 14 y 142 de la Ley 100 de 1993, fueron extendidos por el legislador a los regímenes exceptuados cuando dispuso que las excepciones allí previstas “no implican la negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley” el primero de los cuales prescribe que el reajuste de las pensiones debe hacerse según la variación porcentual del índice de precios al consumidor (IPC), certificado por el DANE, para el año inmediatamente anterior, precisión que en su momento realizó el órgano de cierre de esta jurisdicción.

El anterior criterio fue sostenido por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-387 de 1994, cuando estudió la constitucionalidad del último aparte del artículo 14 de la ley 100 de 1993, precisando que: “(…) en el caso de que la variación porcentual del índice de precios del consumidor, certificado por el DANE, para el año inmediatamente anterior a aquel en que se vaya a efectuar el reajuste de las pensiones, SEA SUPERIOR al porcentaje en que se incremente el salario mínimo mensual vigente, tendrán derecho a que ésta se les aumente conforme a tal índice”

Así mismo, el Consejo de Estado, mediante sentencia de la Sala Plena del 17 de mayo de 2007, acogió dicha tesis manifestando que: “(…) a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995, el grupo de pensionados de los sectores excluidos de la aplicación de la ley 100 de 1993, sí tienen derecho a que se les reajuste sus pensiones teniendo en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE como lo dispuso el artículo 14 de la última, y a la mesada 14 en los términos del artículo 142 ibídem”.
(…)
Del precedente judicial
(…)
Ahora bien, descendiendo al sub júdice, con el acervo probatorio recaudado se tiene que al señor JULIO ALBERTO ÁVILA CORTÉS, en el grado de Sargento Primero, le fue reconocida a través de la Resolución No. 1698 del 2 de junio de 2006 una asignación mensual de retiro a partir del 25 de junio de 2006, con fundamento en los Decretos 1211 de 1990, 4433 de 2004 y 406 de 2006, en cuantía del 85% del sueldo de actividad correspondiente a su grado y partidas legalmente computables, que fueron: prima de actividad (33%), prima de antigüedad (24%), subsidio familiar (47%) y prima de navidad (1/12).

De igual manera, según se infiere de la certificación expedida por CREMIL visible a folios 33 y 34 del cuaderno de primera instancia, la asignación de retiro del actor ha sido ajustada anualmente, pues se observa que ha sido percibida de la siguiente manera: en el 2006: $1.781.373, en el 2007: $1.861.536 a partir del mes de julio del mismo año percibió $2.000.080, en el 2008: $2.113.885, en el 2009: $2.276.020, en el 2010: $2.321.539, en el 2011: $2.395.133, en el 2012: $2.514.890, en el 2013: $3.060.474, en el 2014: 2.677.885, en el 2015: $2.802.674 y en el 2016: $3.020.442.

Ahora bien, como ya se determinó en parte precedente, el reajuste de la asignación de retiro con base en el IPC se aplica a los militares que para los años 1997 a 2004 se encontraban gozando de la mencionada prestación, encontrándose a prima facie que la situación del señor ÁVILA CORTÉS no encaja en dicho presupuesto, toda vez que adquirió su derecho a percibir la asignación en el año 2006 cuando ya se encontraba vigente la Ley 923 de 2004 y su Decreto reglamentario 4433 de la misma anualidad, es decir, por el sistema de oscilación, encontrándose ajustada a derecho la sentencia recurrida.
(…)
De otra parte, debe resaltar la Sala que analizado en su integridad el escrito de apelación in extenso, se aprecia que el mismo se fundamentó en varias decisiones judiciales de tribunales y juzgados administrativos, en los cuales se accedió a reajustar tanto los salarios percibidos en servicio activo como la asignación de retiro de militares con base en el IPC, sin embargo, de acuerdo con lo precisado respecto del precedente judicial no es procedente dar aplicación de las mismas al caso del actor, pues, los efectos de las mismas son inter partes, es decir, que solo gobiernan la situación fáctica allí definida.

Frente a las sentencias del Consejo de Estado citadas en su escrito de alzada, debe precisar la Sala que las mismas no son sentencias de unificación y, por lo tanto, no resulta obligatoria su aplicación en el sub júdice, tal como se advirtió en parte precedente.

Respecto de los pronunciamientos dictados por la Corte Constitucional, se indica que la Sala tuvo en cuenta aquellas sentencias que fijaron los precedentes sobre el ajuste de los salarios, tal como se advierte en la parte motiva de esta decisión.

En conclusión, la Sala considera que en el caso del actor no es procedente el reajuste de los salarios percibidos en servicio activo ni tampoco de la asignación de retiro que percibe en la actualidad, por lo que confirmará la sentencia apelada, emitida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio el 24 de abril de 2019, por encontrarla ajustada a derecho.

CONDENA EN COSTAS
(…)
Frente al tema de la condena en costas de primera instancia, en el recurso de alzada, el demandante señaló que se desconoció que en el presente caso no estaban acreditados los presupuestos axiológicos para imponerla, pues, acorde con los precedentes jurisprudenciales expuestos por el Consejo de Estado, la manera en que se desarrolló el trámite del proceso no revela la existencia de una conducta temeraria, de mala fe o de carácter dilatorio de su parte, como tampoco de su obrar no se evidencia el ejercicio no abusivo de los instrumentos judiciales y el desgaste innecesario de la parte demandada.

Para la Sala los argumentos del demandante no son de recibo, pues de acuerdo con el artículo 188 del CPACA en concordancia con lo dispuesto en el artículo 365 y siguientes del CGP, la condena en costas debe imponerse cuando se encuentren causadas y comprobadas, evidenciando en el sub lite que los apoderados de las entidades demandadas actuaron en la primera instancia a través de sus apoderados judiciales contestando la demanda y asistiendo a la audiencia inicial por lo que se advierte su causación y por ende su imposición.
(…).

2.2. Como se ve, si bien la parte actora aludió a los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, lo cierto es que termina promoviendo indebidamente la tutela para obtener un pronunciamiento que acceda a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Ministerio de Defensa Nacional y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. De hecho, se aprecia que el contenido del recurso de apelación es casi idéntico al escrito de tutela, situación que refuerza más la conclusión de que está ejerciendo la acción de tutela como una instancia adicional del proceso ordinario, cuestión que resulta improcedente.

2.3. Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento de fondo sobre los defectos que endilgó el demandante a las providencias objeto de tutela. En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de amparo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Julio Alberto Ávila Cortés, por las razones expuestas.

Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección

(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Magistrado

Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
Al respecto, ver sentencias C-590 de 2005, T-335 de 2000, T-102 de 2006, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014.
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Sentencia del 11 de febrero de 2021, expediente 11001-03-15-000-2020-05131-00. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
Ibidem.
Cita original: SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN B. CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, fallo proferido el8 de septiembre del 2017. Expediente: 250002342000201306382 01. Número interno:3700-2014. Demandante: Luis Ernesto Morales Ayala. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.
Cita original. CONSEJO DE ESTADO. SECCION SEGUNDA. Consejera Ponente: BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ. Sentencia del 23 de octubre de 2014. Radicación número: 11001-03-25-000-2007-00077-01(1551- 07). Actor: JOSE LUIS TENORIO ROSAS. Demandado: GOBIERNO NACIONAL.
Cita original. Esta es la Ley 923 de 2004 artículo 3º.
Cita original. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN SEGUNDA. Consejero ponente: JAIME MORENO GARCIA, Sentencia de mayo 17 de 2007. Radicación número: 25000-23-25-000-2003-08152-01(8464-05). Actor: JOSE JAIME TIRADO CASTAÑEDA.
Cita original. Ver folios 143 y 144 del cuaderno de primera instancia.

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