Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-03673-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-03673-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2021-03673-01
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
26 de agosto de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL
Corresponde a la Sala establecer: (…) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito de la relevancia constitucional. (…) [L]a Sala considera que el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de aquellos que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia constitucional, toda vez que tanto en la i) solicitud de la acción de tutela, como en el ii) respectivo recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 28 de febrero de 2018, la parte actora reiteró los argumentos jurídicos, utilizando el amparo como una tercera instancia, en ese orden de ideas, se evidencia que el actor plantea una afectación de derechos fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate normativo, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de reparación directa y fue decidido por el juez natural de la causa. (…) Ahora bien, la Sala precisa que, en gracia de discusión y en el hipotético evento en el cual se advirtiera que los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra la sentencia de 28 de febrero de 2014 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, no son los mismos del escrito de tutela, a pesar de ser una transcripción literal de estos, se advierte que el actor no cumplió con la carga argumentativa mínima para estructurar el “[…] DEFECTO FACTICO, MATERIAL Y SUSTANCIAL […]”. (…) En suma, para la Sala resulta improcedente la acción de tutela que presentó el señor [J.V.A.H.]
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03673-01(AC)
Actor: JOSÉ VICENTE ARIZA HUERTAS
Demandado: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DE CAUCA
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ incumplimiento del requisito de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 22 de julio de 2021 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual negó las pretensiones del amparo.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
El actor, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, porque, a su juicio, el Consejo, al proferir la sentencia de 16 de diciembre de 2020, y el Tribunal, al proferir la sentencia de 28 de febrero de 2014, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 760012331000201200285-01, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en síntesis, son los siguientes:
Indicó que presentó demanda contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se declarara su responsabilidad, por la presunta “[…] FALLA EN EL SERVICIO DE LA JUSTICIA al haber dejado prescribir la acción penal el Juez Segundo Penal del Circuito de Buga, Valle, sin justificación alguna y menos por culpa de quien ahora redacta esta acción […]”.
Sentencia proferida el 28 de febrero de 2014 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 760012331000201200285-00
El Tribunal Administrativo del Valle del Causa negó las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de su decisión señaló que:
“[…] la parte actora pretende que se declare administrativamente responsable a la demandada por los perjuicios generados con ocasión de la declaración de prescripción de la acción penal por parte del Tribunal Superior de Buga, en el proceso penal adelantado por el homicidio culposo del señor “Gustavo Rojas Aldana”, situación que a su juicio le impidió reclamar la indemnización pecuniaria que presuntamente les asistía como integrante de la parte civil legalmente constituida.
De la documentación allegada al plenario, se encuentra acreditado que la Fiscalía Cuarta Seccional – Guadalajara de Buga, adelantó investigación penal contra Gustavo Rojas Aldana por la muerte del señor “Salustiano García” y las Lesiones Personales Culposas a los señores “María Rocío Mejía Román y Vicente Huertas Ariza”, profiriendo resolución de acusación en su contra mediante providencia del 30 de septiembre de 2004 por delito de homicidio culposo y lesiones personales culposas, la cual fue confirmada por la Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal Superior de Buga Valle a través de resolución de fecha 10 de diciembre del mismo año 2004. Dentro de dicha investigación, el demandante se constituyó como parte civil.
Correspondió la etapa de juicio al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Guadalajara de Buga, estando en esta instancia el apoderado de la parte acusada presenta solicitud, con el fin de que se decrete la Prescripción de la Acción Penal a favor del señor Gustavo Rojas Aldana, por acaecimiento del término legal. Dicha solicitud fue resuelta por el Juzgado mediante Auto Interlocutorio No. 006 del 15 de abril de 2009 donde resolvió no decretar la prescripción de la acción penal, con fundamento en que aun cuando el artículo 531 de la Ley 906 de 2004 hace una reducción en los términos de prescripción y caducidad de las acciones que tuvieron ocurrencia antes de la entrada en vigencia de esta Ley (es decir a partir del 1 de enero de 2005), para este asunto no es aplicable, toda vez que para esa fecha ya se había cerrado la investigación (23 de agosto de 2.004).
Encontrándose el proceso en segunda instancia, mediante auto interlocutorio de fecha de 18 de enero de 2010, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga-Sala de Decisión Penal declara extinguida la acción penal por prescripción a favor del señor Gustavo Rojas, con fundamento en los artículo 83 y 86 de la Ley 599 de 2000, pues para el caso concreto el 30 de septiembre de 2004 el Señor Gustavo Rojas, fue cobijado con resolución de acusación, la que cobró ejecutoria el 10 de diciembre del mismo año, y si el término de prescripción se reduce a la mitad, sin que en ningún caso pueda ser inferior a 5 años, tal como lo establecen los artículos antes enunciados, debe colegirse que el citado fenómeno jurídico se presentó el 10 de diciembre de 2009.
De lo anterior se tiene que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Guadalajara de Buga, realiza el análisis de la prescripción de la acción penal bajo los parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia, entre tanto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. Sala de Decisión Penal, lo hace basándose en los efectos de la Corte Constitucional dio a la Sentencia C-1033 del 5 de diciembre de 2006 en el cual “…se declaró la inexequibilidad del artículo del artículo 531 del Código de Procedimiento Penal, a partir de la fecha de publicación de la misma, es decir a partir del 31 de agosto de 2004”; ambos criterios válidos para la Sala, pues todo se da como consecuencia de una interpretación que debe ser respetada por esta corporación.
Así pues, la disparidad de criterios, entorno a la interpretación de una norma no constituye una falta en el servicio, por cuanto no denota como lo siguiere (sic) el actor una falta de diligencia de los operadores judiciales.
De conformidad con lo expuesto, y en acopio de la citada jurisprudencia, encuentra la Sala que en el presente caso no se encuentra acreditado el daño antijurídico que alega el demandante, toda vez que ningún reconocimiento había sido efectivamente ordenado en favor del actor.
A juicio de la Sala, dicha situación impide considerar que el actor, por el hecho de constituirse en parte civil dentro de la acción penal, tenía una expectativa legítima de obtener la reparación de los perjuicios generados por la conducta punible, máxime si se tiene en cuenta que, si la responsabilidad patrimonial por la comisión de un delito se ventila dentro de un proceso penal, es requisito sine qua non que previamente se haya declarado la responsabilidad penal de procesado.
Por otra parte, considera la Sala que el presente caso, tampoco puede aplicarse el principio de la pérdida de oportunidad, pues la constitución como parte civil en el proceso penal no era la única vía jurídica que el actor tenían (sic) para obtener la indemnización de los perjuicios generados con la conducta punible desplegada por el señor Gustavo Rojas Aldana, ya que cotaban además con la posibilidad de acudir a la jurisdicción civil, en ejercicio de la acción civil de responsabilidad extracontractual en virtud de la dispuesto en los artículos 1494 y 2341 del Código Civil.
En este orden de ideas, la Sala encuentra que el daño alegado por el actor no ostenta el carácter de cierto y, por lo tanto, se negaran las pretensiones de la demanda. […]”. (Resaltado por la Sala).
Sentencia proferida el 16 de diciembre de 2020 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 760012331000201200285-01
La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 16 de diciembre de 2020, dispuso:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 28 de febrero de 2014, que negó las pretensiones de la demanda presentada por José Vicente Huertas Ariza […]”.
Como problema jurídico estableció que:
“[…] establecer si la imposibilidad de obtener el resarcimiento del perjuicio causado por el delito de lesiones personales, reclamado por el demandante en condición de parte civil en el proceso penal, que culminó por motivo de la declaración de prescripción de la acción, constituye un daño cierto. Si la respuesta es afirmativa, ¿el daño es imputable al órgano demandado por dilación injustificada en la etapa de juzgamiento de la causa penal? […]”.
Consideró que:
“[…] De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con los artículos 1757 del Código Civil y 177 del Código de Procedimiento Civil, quien pretenda indemnización de los perjuicios por la responsabilidad patrimonial del Estado deberá demostrar: (i) la existencia de un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de las autoridades […]”.
[…]
“[…] En este caso, la parte demandante hizo consistir el daño en la imposibilidad de obtener el resarcimiento del perjuicio causado por el delito de lesiones personales culposas ocurridas en accidente de tránsito, con el argumento de que “el juez dejó prescribir la acción penal a pesar de que se le había solicitado en dos oportunidades la realización de la audiencia de juzgamiento”.
Al respecto, la Sala precisa que, en casos como el presente, la demostración de la prescripción de la acción penal es insuficiente para acreditar las consecuencias adversas que esa decisión generó a la parte civil respecto de las pretensiones indemnizatorias que persiguió en la causa penal. La concreción del daño en este evento dependerá de la acreditación de la imposibilidad de obtener una decisión judicial favorable, con consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales ciertas para quien vio frustrada la expectativa legítima de obtener la indemnización del perjuicio causado con el delito […]”.
[…]
“[…] Así, en cuanto a la existencia del daño, la Sala procederá a analizar si el menoscabo referido se enmarca en el concepto de pérdida de oportunidad, tal como lo ha considerado la jurisprudencia reciente de las Subsecciones en casos con características fácticas similares al presente, con la finalidad de establecer: i) si existe certeza acerca de la oportunidad legítima que se pierde, ii) si la imposibilidad de obtener el provecho es definitiva, y iii) si el afectado se encontraba en una situación potencialmente apta para obtener la pretensión reclamada en condición de parte civil constituida en el proceso penal, es decir, que de no haber ocurrido el hecho dañoso, hubiera podido obtener el resarcimiento reclamado […]”.
[…]
“[…] En relación con el primer supuesto constitutivo del daño, relativo a la certeza sobre la existencia de la oportunidad perdida, los medios de prueba allegados al expediente acreditan que José Vicente Huertas Ariza presentó demanda de constitución de parte civil en el trámite de la investigación penal iniciada con motivo del accidente de tránsito en el que sufrió una lesión en el antebrazo izquierdo que le generó incapacidad médica de ochenta días […]”.
[…]
“[…] La acción civil ejercida por José Vicente Huertas Ariza para obtener el resarcimiento del daño ocasionado con el delito constituía una oportunidad legítima para obtener la pretensión reclamada, dado que la norma procesal penal aplicada permitía al afectado elegir entre acudir a la jurisdicción civil o reclamar dentro del proceso penal.
Sin embargo, en este caso el lesionado no perdió en forma definitiva la oportunidad de obtener el resarcimiento del daño derivado del delito de lesiones personales, porque el fundamento de la pretensión se sustentó no solo en la responsabilidad del sindicado de la conducta punible que fenece con motivo de la declaración de prescripción de la acción, sino también en la responsabilidad civil de las empresas de transporte que tenían inscrito el vehículo implicado en el accidente y de la persona natural propietaria del bien, declaración que se puede perseguir en ejercicio de la acción civil, aún después de la cesación del procedimiento penal causado por el fenómeno prescriptivo.
Respecto de las consecuencias de la extinción de la acción penal para la parte civil por causa de la prescripción, el artículo 98 del Código Penal aplicado en este caso (Ley 599/00) prevé que “la acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil” […]”.
[…]
“[…] De acuerdo con lo expuesto, el demandante podía acudir a la jurisdicción civil para solicitar la declaración de responsabilidad de los terceros civilmente responsables vinculados a la causa penal, y reclamar el resarcimiento del perjuicio causado en el accidente de tránsito, porque para la fecha en que fue declarada la prescripción de la acción (18 de enero de 2010), no había vencido el término de prescripción de diez años dispuesto en el Código Civil para ejercer la acción ordinaria de responsabilidad extracontractual, contado desde la ocurrencia del hecho, este es 18 de abril de 2002. […]”. (Resaltado por la Sala).
La solicitud de tutela
Pretensiones
El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO, conculcados al suscrito accionante, JOSE VICENTE HUERTAS ARIZA, y, en consecuencia, se deje sin efectos las sentencias de primera instancia proferida el día 28 de febrero de 2014m por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA y la de segunda instancia proferida el día 16 de diciembre de 2020 por el HONORABLE CONSEJO DE ESTADO- SECCION (sic) TERCERA – SUBSECCION (sic) “C”, providencia ésta última notificada por edicto fijado el 28 de mayo al 1 de junio de 2021.
En su lugar se ordenará proferir nueva sentencia que decida de fondo lo expuesto a consideración por este demandante. […]”.
El actor en su escrito de tutela señaló que las autoridades accionadas incurrieron en un “[…] DEFECTO FACTICO, MATERIAL Y SUSTANCIAL consistente en la no adecuada valoración de los mismos, ni en el estudio serio y de fondo del asunto puesto a consideración de las Corporaciones Judiciales […]”.
En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:
“[…] no comparto los argumentos expuestos en las providencias de primera y segunda instancias (sic) proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y por Honorable Consejo de Estado- Sección Tercera – Subsección “C”, que DENEGARON totalmente las pretensiones de la demanda, por lo siguiente:
PRIMERO: Porque contrario al pensamiento de las Corporaciones accionadas, los perjuicios sí fueron causados al suscrito quien esperaba de primera mano el reconocimiento y pago de los mismos MEDIANTE ACCION (sic) DE PARTE CIVIL oportuna y regularmente interpuesta, pero que, debido a la INACCION de la justicia en transitar el expediente por los términos legales, se concluyó en la injusta PRESCRIPCION (sic) DE LA ACCION (sic) en detrimento de mis intereses legítimos.
SEGUNDO: Porque sí existió falla en la prestación del servicio público de la justicia, cuando la prescripción de la acción decretada en el proceso penal NO LO FUE SIQUIERA POR CULPA O NEGLIENCIA DEL SUSCRITO, quien, además, como se puede observar, SIEMPRE ESTUVE AL TANTO DE LOS TERMINOS JUDICIALES.
Fue así que de manera oportuna y en varias ocasiones ante el señor Juez de Conocimiento, elevé petición de agilidad en el trámite procesal, precisamente TEMIENDO EN UNA POSIBLE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, lo que de manera definitiva ocurrió, no obstante, mi advertencia oportuna.
TECERO: Porque Honorables Consejeros de Estado, no puede tenerse como expresión subsidiaria el hecho de que al suscrito le quedaba la vía ordinaria para procurara lo mismo que no puede hacer en la demanda la parte civil dentro del proceso penal, pues no es viable jurídicamente que pueda hacer uso de DOS VIAS JUDICIALES para reclamar un perjuicio y tampoco es dable que muy a pesar de a ver hecho uso del camino judicial pertinente y que por culpa de la misma justicia se me hubiera cerrado el mismo, TENGA QUE HACER USO DE OTRO CAMINO JUDICIAL DE MANERA OBLIGATORIA, ante la inacción de los funcionarios judiciales […]”.
[…]
“[…] CUARTO: Porque, aceptando en gracia de discusión que fuese viable el reclamo de los perjuicios por vía civil ordinaria, tampoco ello sería posible por cuanto que IGUALMENTE TAMBIÉN HA PRESCRITO LA ACCION CIVIL ORDINARIA, la que entre otras cosas, no era posible escoger porque tenía a mi alcance la acción civil dentro del proceso penal y así lo autoriza la ley.
Téngase en cuenta que la sentencia de segunda instancia que ahora se impugna, fue proferida el pasado 16 de diciembre, pero notificada por edicto entre el 28 de mayo y el 1 de junio de 2021, habiendo adquirido firmeza el 4 de los mismos, sin que nada pudiese haberse realizado con anterioridad (demandar civilmente), ante la NO DECISION DEFINITIVA DEL CASO, pues bien pudo haberse obtenido revocatoria del fallo de primera instancia con destino favorable a este demandante.
QUINTO: Porque contrario a lo dicho por el Tribunal de primera instancia en el sentido de que NO SE ENCUENTRABA (sic) ACREDITADO EL DAÑO ANTIJURIDICO alegado, toda vez que ningún reconocimiento había sido efectivamente ordenado a favor del actor, pues obvio es lo expresado, ya que precisamente ESO ERA LO QUE SE ESPERABA CON LA DESICIÓN DE LA PARTE CIVIL, lo que fue ante la presentación del fenómeno de la prescripción de la acción civil en el proceso penal, por la INACCION DE LA JUSTICIA. […]”.
Adujo que:
“[…] las entidades judiciales hoy imputadas, incurrieron en un defecto fáctico al no haber valorado de manera pertinente, las pruebas aportadas y practicadas oportunamente, pues de ellas se hizo caso omiso, pues de lo contrario, tal y como lo afirma el Magistrado que salvó el voto, se hubiere proferido fallo favorable a las pretensiones de la demanda […]”.
Afirmó que:
“[…] Se me impuso o creó una obligación judicial no contemplada en la Ley, pues se me obligada (sic) a hacer uso de una acción civil como subsidiaria de otra cuya procedencia fue coartada por la inacción de la misma justicia, al declarar prescrita la primera y única oportunidad.
En verdad no encuentro argumentos serios y efectivos de parte del Tribunal A-quo y del Honorable Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “C”-, que resolvieron la primera y segunda instancias (sic), pues no puede manifestarse de buenas a primera que NO EXISTIO NINGUNA FALLA EN EL SERVICIO DE LA JUSTICIA sin que se esboce ninguna justificación siquiera jurisprudencial, pues las traídas al expediente, en verdad que no son lo suficiente para tomar una decisión denegatoria.
Y es que ante la claridad de la PERDIDA DE LA OPORTUNIDAD del suscrito obtener el reconocimiento de sus perjuicios, se dificulta hacer o esbozar otros argumentos.
Se violó de un solo tajo y de primera, el DERECHO FUNDAMENTAL DENOMINADO “ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA” y por tanto se cercenó la posibilidad de repararme los daños causados con ocasión del accidente de tránsito sufrido, al haber dejado prescribir la acción penal , PESE A QUE OPORTUNAMENTE Y EN DOS (2) OPORTUNIDADES SE HABIA SOLICITADO LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, sobre la cual se hizo caso omiso y sin que importara la ADVERTENCIA sobre la presencia de la prescripción de la acción en caso de que no se procediera oportunamente. […]”.
Actuación
El Despacho Sustanciador de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por auto de 29 de junio de 2021; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; y iii) vinculó a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la parte demandada y del tercero con interés legítimo
La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que:
“[…] La sentencia cuestionada precisó que el daño por pérdida de oportunidad se considera cierto siempre que exista convicción acerca de la posibilidad legítima que se pierde, que la imposibilidad de obtener el provecho sea definitiva, y que el afectado acredite que se encontraba en una situación potencialmente apta para obtener la pretensión reclamada en condición de parte civil constituida en el proceso penal, es decir, que de no haber ocurrido el hecho dañoso hubiera podido obtener el resarcimiento reclamado.
En atención a lo anterior, la providencia objeto de tutela consideró que Jesús Vicente Huertas no perdió en forma definitiva la oportunidad de obtener el resarcimiento del daño derivado del delito de lesiones personales por causa de la prescripción de la acción penal, porque la pretensión indemnizatoria se sustentó en la responsabilidad del sindicado, y en la responsabilidad civil de las empresas de transporte que tenían inscrito el vehículo implicado en el accidente y de la persona natural propietaria del bien. El artículo 98 del Código Penal aplicado al caso (Ley 599/00) prevé que “la acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil”. Respecto del último aparte de la norma citada, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido pacífica en considerar que, “‘los demás casos’ a los que se refiere la norma, sólo pueden ser las acciones civiles intentadas contra los terceros civilmente responsables”, pues para los penalmente responsables la acción civil prescribe en tiempo igual al de la acción penal.
Conforme con lo anterior, la sentencia objeto de tutela concluyó que el daño por pérdida de oportunidad no se configuró, porque el demandante tuvo la posibilidad de acudir a la jurisdicción civil para solicitar la declaración de responsabilidad de los terceros civilmente responsables vinculados al proceso penal y reclamar el resarcimiento del perjuicio causado en el accidente de tránsito, porque para la fecha en que fue declarada la prescripción de la acción (18 de enero de 2010) no había vencido el término de prescripción de diez años dispuesto en el Código Civil para ejercer la acción ordinaria de responsabilidad extracontractual , contado desde la ocurrencia del hecho, esto es, 18 de abril de 2002.
Lo expuesto en la providencia judicial cuestionada demuestra que la decisión no incurrió en la violación de los derechos fundamentales alegados, porque tuvo en cuenta los medios de prueba aportados al expediente y las normas procesales sobre prescripción de la acción penal que prevén las consecuencias para la parte civil. Distinto es que el actor no esté de acuerdo con la decisión por considerar que “ante la claridad de la pérdida de oportunidad del suscrito obtener reconocimiento de sus perjuicios, se dificulta hacer o esbozar otros argumentos”.
Por lo anterior, considero que la acción de tutela es improcedente por falta de relevancia constitucional, dado que las razones del actor están dirigidas a reabrir el debate judicial, lo que demuestra que el mecanismo constitucional se emplea como una instancia adicional al proceso ordinario. […]”.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial adujo que carecía de legitimación en la causa por pasiva y en consecuencia solicitó su desvinculación toda vez que, a su juicio:
“[…] Se advierte entonces, que dentro de las funciones estatutarias atribuidas al Director Seccional de Administración Judicial, no se encuentra la relacionada con emitir decisiones de tipo jurisdiccional dentro de los distintos procesos judiciales que se surten en el país, ya que dicha función se encuentra asignada constitucional y legalmente, a los jueces que integran las diferentes jurisdicciones, quienes en virtud del principio de autonomía e independencia judicial, emiten las decisiones respectivas dentro de los procesos que ante ellos se controvierten, con apego a la Constitución, la ley y el caudal probatorio debidamente allegado al proceso respectivo.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, es la encargada de administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial, ordenar el gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan y representar a la Nación – Rama Judicial en los diferentes procesos judiciales, funciones y atribuciones de las cuales, es claro que ésta nunca ha puesto en riesgo, ni ha violado los derechos de carácter constitucional o legal, citados por los accionantes en relación con el debido proceso, igualdad y desconocimiento del precedente.
Lo anterior cobra especial relevancia, si se tiene en cuenta que los hechos de la presente acción de tutela, se refieren a la vulneración de derechos constitucionales fundamentales expresados por parte del accionante con el actuar del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA y el CONSEJO DE ESTADO – SECCION TERCERA – SUBSECCION C, con lo cual se configura la excepción denominada “Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva”, en razón a que los derechos fundamentales que se alegan como vulnerados, no son consecuencia de una acción u omisión atribuible a la Dirección Seccional de Administración Judicial, por lo que debe prescindirse de librar cualquier orden de apremio en este sentido, dirigida a la entidad que represento. […]”.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio en esta etapa procesal.
La sentencia impugnada
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 22 de julio de 2021, resolvió lo siguiente:
“[…] Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor José Vicente Huertas Ariza, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]”.
Consideró que:
“[…]En la providencia judicial que se cuestiona, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, al estudiar la existencia del daño a la luz de la teoría de la pérdida de oportunidad, indicó que tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corporación en casos con características fácticas similares al presente, era necesario establecer: (i) si existía certeza acerca de la oportunidad legítima que se pierde; (ii) si la imposibilidad de obtener el provecho es definitiva; y (iii) si el afectado se encontraba en una situación potencialmente apta para obtener la pretensión reclamada en condición de parte civil constituida en el proceso penal, esto es, que de no haber ocurrido el hecho dañoso, hubiera podido obtener el resarcimiento reclamado.
La autoridad judicial accionada encontró que el segundo supuesto no se cumplía, ya que, pese haberse declarado la prescripción de la acción penal en la que estaba constituido el actor como parte civil, conforme lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 599 de 1990 (Código Penal) era posible que el afectado acudiera a la jurisdicción ordinaria civil en busca de la reparación de los perjuicios respectivos, en contra de quienes en su momento fueron terceros civilmente responsables en el proceso penal y que ahora pasarían a ser directos responsables, en concreto, la empresa a la que se encontraba afiliado el vehículo y la dueña del automotor.
Sostuvo puntualmente lo siguiente:
“De acuerdo con lo expuesto, el demandante podía acudir a la jurisdicción civil para solicitar la declaración de responsabilidad de los terceros civilmente responsables vinculados a la causa penal, y reclamar el resarcimiento del perjuicio causado en el accidente de tránsito, porque para la fecha en que fue declarada la prescripción de la acción (18 de enero de 2010), no había vencido el término de prescripción de diez años dispuesto en el Código Civil para ejercer la acción ordinaria de responsabilidad extracontractual11, contado desde la ocurrencia del hecho, esto es, 18 de abril de 2002”.
4.4. Esta conclusión partió de la interpretación del artículo 98 de la Ley 599 de 2000 - Código Penal vigente para el momento en que ocurrió el accidente-, de la que surgió la posibilidad de demandar civilmente a quienes en su momento se entendieron como terceros civilmente responsables.
Esto en la medida que al haberse constituido el actor como parte civil dentro del proceso penal, el término de prescripción de la acción penal tenía incidencia en lo civil pero únicamente en relación con el acusado que era el penalmente responsable, dejando la norma la posibilidad de aplicar en lo pertinente la legislación civil, que se traduce en la posibilidad de demandar ante la jurisdicción ordinaria civil a quienes de acuerdo con la ley sustancial debían salir a reparar el daño de manera solidaria.
La razón por la que se llegó a esa conclusión, tiene soporte en la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que así lo ha entendido y que ha sido un criterio igualmente aplicado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, de manera que en el caso se partió de la situación concreta probada en el expediente y de los supuestos de la norma aplicable y de la jurisprudencia en este tipo de casos según la cual, persiste la posibilidad de acudir a la jurisdicción civil en busca de la reparación de los perjuicios correspondientes.
4.5. Al respecto, (sic) jurisprudencia reciente de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha dado este tratamiento a los casos de responsabilidad por defectuoso funcionamiento de administración de justicia por mora judicial, en concreto por el daño con ocasión de la prescripción de la acción penal y la pérdida de la oportunidad de obtener el resarcimiento del daño.
La Subsección A de la Sección Tercera de la Corporación, en la citada providencia del 11 de julio de 201914, al estudiar un caso de similares contornos indicó lo siguiente:
“Conviene aclarar que la parte actora alegó que la prescripción de la instrucción penal objeto de la demanda que aquí se estudia, le habría impedido obtener la reparación patrimonial de los perjuicios que sufrió como consecuencia de una posible conducta delictiva, por lo que, de una lectura integral de la demanda, la Sala concluye que su pretensión se puede enmarcar en una pérdida de la oportunidad de obtener la reparación por los mencionados perjuicios.
En este punto, conviene precisar que la pérdida de oportunidad debe considerarse como un daño autónomo distinto del análisis de la imputación, habida cuenta de que se trata de un menoscabo con identidad propia que surge cuando se ve comprometida una posibilidad real de obtener un beneficio o evitar un detrimento […]”.
[...]
“[…] Por lo dicho, para que el daño se tenga por acreditado, la Sala advierte que de la situación fáctica de la demanda se debe deducir la certeza de la oportunidad que se pierde; la imposibilidad en la que se encontrarían el ahora demandante/cesionario de obtener el resarcimiento de los perjuicios en un escenario distinto al de la constitución de parte civil en el proceso penal y, finalmente, que aquellos se encontraban en una posición potencialmente apta para la consecución de la indemnización en ese libelo. Solamente de resultar demostrados estos supuestos, podrá tomarse el daño como cierto […]”.
[...]
“[…] 5.3.- Análisis de la pérdida de la oportunidad en el sub judice
De conformidad con los anteriores criterios, se tiene que si bien los demandantes se constituyeron como parte civil en el proceso penal adelantado en contra del señor Carlos Arturo Urrea Gómez por el supuesto delito de homicidio culposo y que dicho proceso terminó con la declaratoria de prescripción de la acción penal, lo cierto es que el daño alegado consistente en la pérdida de la oportunidad no puede tenerse por acreditado en atención a las siguientes razones:
En el caso concreto, el demandante/cesionario tiene certeza sobre la existencia de una oportunidad perdida, ya que sus pretensiones civiles indemnizatorias se vieron truncadas con la declaratoria de prescripción de la acción penal. Sin embargo, el actor/cesionario tuvo –y tiene- la posibilidad real de acudir a la jurisdicción civil para que, a través de un proceso ordinario de responsabilidad extracontractual, se ordene el pago de los perjuicios derivados del accidente de tránsito respecto de todos aquellos civilmente responsables diferentes a los imputados, esto es, en relación con el propietario y la empresa a la cual se encontraba afiliado el vehículo, dado que la prescripción de la acción penal no operó frente a aquellos”.
Por su parte, la Subsección B de la Sección Tercera también ha sido de la misma línea al resolver este tipo de asuntos. En reciente jurisprudencia indicó:
“13.2.- La prescripción de la acción penal no le impedía a la demandante iniciar un proceso ordinario de responsabilidad civil contra el tercero civilmente responsable, conforme con lo dispuesto en el artículo 98 del Código Penal. En casos de accidentes de tránsito, la responsabilidad civil extracontractual del propietario del vehículo y la empresa a la que está afiliado es directa, por lo que la acción para reclamar la indemnización de los daños causados por estos terceros civilmente responsables ante la jurisdicción ordinaria civil se sujeta al término ordinario de prescripción previsto en el artículo 2536 del Código Civil.
13.3.- Los hechos que dieron origen a los daños reclamados por la parte actora ocurrieron el 22 de septiembre de 2002. Para ese momento, la prescripción de la acción civil en cabeza de la demandante contra el tercero civilmente responsable era de veinte (20) años. Sin embargo, la Ley 791 de 2002 modificó el artículo 2536 del Código Civil y redujo el término de la prescripción ordinaria a diez (10) años. Por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, el beneficiario de la prescripción -que en este caso era el tercero civilmente responsable- podía elegir que la prescripción se rigiera: (i) por el término original de 20 años a partir de la ocurrencia del hecho o (ii) por el nuevo término de 10 años a partir de la entrada en vigencia de la ley, el 27 de diciembre de 2002”.
También la misma Subsección B, en otro pronunciamiento reiteró la tesis: “Es preciso advertir que la Ley 599 de 2000, Código Penal que entró en vigencia a partir del 24 de julio de 2001, consagró una disposición similar en su artículo 98, al establecer que “la acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil”.
La Corte Constitucional, a través de la sentencia C-570 de 2003, declaró su exequibilidad. Al respecto, puso de presente que, cuando la conducta punible produce un daño patrimonial, la víctima tiene la alternativa de constituirse como parte civil al interior del proceso penal y, cuando ello ocurre, el término de prescripción de la acción civil quedará sujeta al término de prescripción de la acción penal, pero únicamente respecto de los penalmente responsables […]”.
[...]
“[…] Por su parte, las Salas de Casación Civil y Penal de la Corte Suprema de Justicia han determinado que la prescripción de la acción civil iniciada en el proceso penal no puede hacerse extensiva a los terceros civilmente responsables. Al respecto, se destaca lo siguiente […]”.
[...]
“[…] En conclusión, el término de prescripción de la demanda civil iniciada dentro del proceso penal se encuentra ligado a la prescripción de este último, pero únicamente en relación con los penalmente responsables, toda vez que, respecto de los terceros civilmente responsables, la víctima tiene el derecho de acudir a la jurisdicción civil para que les sea definida su situación”.
4.6. Ahora, considera el actor que, en gracia de discusión, de aceptar esta tesis, la acción civil estaba prescrita en la medida en que la decisión de reparación directa se emitió hasta el 16 de diciembre de 2020 y se notificó por edicto el 28 de mayo de 2021, quedando ejecutoriada el 4 de junio de esta misma anualidad, argumento que se desestima, en la medida en que el término de prescripción de la acción ordinaria civil no debe partir ni depende de la decisión proferida en el proceso contencioso administrativo, sino que debe atender es la ocurrencia del hecho cuyo resarcimiento se pretende por la vía civil en los términos de prescripción que contempla el artículo 2536 del Código Civil como lo anunció la Sección Tercera, Subsección C de esta
Corporación en su decisión.
De este modo, el proceso que por responsabilidad extracontractual del Estado intentó el accionante y que fue adverso a sus pretensiones, es independiente y tiene una causa petendi distinta de lo que puede pretender a través de la acción civil a la que hizo referencia el fallo cuestionado en el contexto de la situación fáctica del actor, como alternativa para buscar el reconocimiento de los perjuicios respectivos.
4.7. Por lo demás, se advierte es una inconformidad de la decisión adoptada y de la prescripción de la acción penal que en su momento conllevó a la cesación del procedimiento a favor del procesado, señor Rojas Aldana, pese a los actos ejercidos dentro de este proceso por parte del actor José Vicente Huertas Ariza, con el propósito de evitar la prescripción según lo narra y lo lamenta a lo largo de su escrito, pero que no tiene injerencia directa en la decisión que adoptó el órgano de cierre en la sentencia de segunda instancia que se cuestiona a través de la presente acción de tutela.
Finalmente, cabe recordar que tratándose de providencias judiciales proferidas por altas Cortes - quienes cumplen la función de unificar la jurisprudencia y actuar como órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones -, se exige la configuración de un error en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y que sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Lo cual no acontece en el sub examine. […]”.
La impugnación
El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:
“[…] Si bien respetamos la decisión tomada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, igualmente manifiesto mi inconformidad con la decisión adoptada, pues contrario a lo pensado, sí existen elementos válidos para haber accedido a lo pretendido en esta acción pública. Veamos:
Es no común para la parte demandante lo esbozado por el Consejo de Estado, porque contrario al pensamiento de esta Corporación, los perjuicios sí fueron causados al suscrito quien esperaba de primera mano el reconocimiento y pago de los mismos MEDIANTE ACCION DE PARTE CIVIL oportuna y regularmente interpuesta, pero que debido a la INACCION de la justicia en transitar el expediente por los términos legales, se concluyó la injusta PRESCRIPCION DE LA ACCION en detrimento de mis intereses legítimos.
Y es que como pensar que no existió ninguna falla en la prestación del servicio público de la justicia, cuando la prescripción de la acción presentada en este asunto NO LO FUE SIQUERA POR CULPA O NEGLIGENCIA DEL SUSCRITO INTERESADO, quien por demás y como se puede observar, SIEMPRE ESTUVE AL TANTO DE LOS TERMINOS JUDICIALES.
Es más, impetré oportunamente y en varias ocasiones ante el señor Juez de Conocimiento, petición de agilidad en el trámite procesal, precisamente TEMIENDO EN UNA POSIBLE PRECRIPCION DE LA ACCION, lo que de manera definitiva ocurrió, muy a pesar de mi advertencia oportuna.
Y no se diga ahora, Honorables Consejeros de Estado, que es que al suscrito le queda la vía ordinaria civil para procurar lo mismo que no puede hacer en la demanda de parte civil dentro del proceso penal, pues no es viable jurídicamente que pueda hacer uso de DOS VIAS JUDICIALES para reclamar un perjuicio y tampoco es dable que muy a pesar de haber hecho uso del camino judicial pertinente y que por culpa de la misma justicia se me hubiere cerrado el mismo, TENGA QUE HACER USO DE OTRO CAMINO JUDICIAL DE MANERA OBLIGATORIA, ante la inacción de los funcionarios judiciales.
Es decir, que como el Juzgado Penal del Circuito me cerró la ventana de reclamación de los perjuicios por actos A MI NO ATRIBUIBLES (PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION), entonces debo asumir el error de aquellos no siendo el mío propio. Esto sería un ABSURDO JURIDICO, Honorables Consejeros de Estado.
Ahora, aceptando en gracia de discusión que fuese viable el reclamo de los perjuicios por la vía civil ordinaria, tampoco ello sería posible por cuanto que IGUALMENTE TAMBIÉN HA PRESCRITO LA ACCION CIVIL ORDINARIA, la que, entre otras cosas, no era posible escoger porque tenía a mi alcance la acción civil dentro del proceso penal y así lo autoriza la ley.
El Tribunal de primera instancia manifiesta que, en el presente caso, NO SE ENCUENTRA ACREDITADO EL DAÑO ANTIJURIDICO que alega el suscrito, toda vez que ningún reconocimiento había sido efectivamente ordenado en favor del actor. Pues obvio que aún no se había hecho ningún reconocimiento en mi favor, ya que precisamente ESO ERA LO QUE SE ESPERABA CON LA DECISION DE LA PARTE CIVIL, lo que no fue posible ante la presentación del fenómeno de la prescripción de la acción civil en el proceso penal, ante la INACCION DE LA JUSTICIA.
En verdad que no encuentro argumentos serios y efectivos de parte del Tribunal A-quo que resolvió la primera instancia, pues no puede manifestarse de buenas a primeras que NO EXISTIO NINGUNA FALLA EN EL SERVICIO DE LA JUSTICIA sin que se esboce ninguna justificación siquiera jurisprudencial, pues las traídas al expediente, en verdad que no son lo suficiente para tomar una decisión denegatoria.
Y es que ante la claridad de la PERDIDA DE OPORTUNIDAD del suscrito obtener el reconocimiento de sus perjuicios, se dificulta hacer o esbozar otros argumentos.
Se violó de un solo tajo y de primera, el DERECHO FUNDAMENTAL DENOMINADO “ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA” y por tanto se cercenó la posibilidad de repararme los daños causados con ocasión del accidente de tránsito sufrido, al haber dejado prescribir la acción penal, PESE A QUE OPORTAMENTE Y EN DOS (2) OPORTUNIDADES SE HABIA SOLICITADO LA REALIZACION DE LA AUDIENCA DE JUZGAMIENTO, sobre la cual se hizo caso omiso y sin que importara la ADVERTENCIA sobre la presencia de la prescripción de la acción en caso de que no se procediera oportunamente.
Se tiene entonces, que ocurrió una deficiencia, negligencia y arbitrariedad en la prestación del servicio público de la administración de justicia lo que conduce a que se profiera fallo favorable.
Considero que no son necesarios mayores esfuerzos mentales para concluir la relación de causa a efecto entre la injusta privación de la libertad y los daños causados, por lo que me relevo de hacer otros comentarios a este respecto. […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018 y con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.
Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.
De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[ ]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.
La Sala advierte que la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación, toda vez que, a su juicio:
“[…] los hechos de la presente acción de tutela, se refieren a la vulneración de derechos constitucionales fundamentales expresados por parte del accionante con el actuar del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA y el CONSEJO DE ESTADO – SECCION TERCERA – SUBSECCION C, con lo cual se configura la excepción denominada “Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva”, en razón a que los derechos fundamentales que se alegan como vulnerados, no son consecuencia de una acción u omisión atribuible a la Dirección Seccional de Administración Judicial, por lo que debe prescindirse de librar cualquier orden de apremio en este sentido, dirigida a la entidad que represento. […]”.
Al respecto, la Sala advierte que la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se vinculó como tercero con interés, toda vez que era la parte demandada dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 760012331000201200285-00.
En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.
En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito de la relevancia constitucional.
Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia; procediendo posteriormente a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales
Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
Acerca del requisito de la relevancia constitucional
Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 2014, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” []; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”[].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del (sic) rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional[].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad []. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso. []
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural; [] el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).
De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.”
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social) y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses moratorios sobre la indexación […]”.
En ese orden de ideas, el requisito de la relevancia constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, y esa presunta afectación no tiene su origen en un debate estrictamente probatorio y económico, ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y iii) cuando se demuestra que el amparo presentado no se utiliza como una instancia procesal adicional.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia
Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. […]”.
Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha entendido el derecho de acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley […]”.
Análisis del caso concreto
La Sala estudia si en el presente caso se cumple con el requisito de relevancia constitucional.
Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el actor en su escrito de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
49.1. Copia del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 760012331000201200285-01.
Solución del caso concreto
Analizado el material probatorio obrante en el expediente, la Sala considera que el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de aquellos que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia constitucional, toda vez que tanto en la i) solicitud de la acción de tutela, como en el ii) respectivo recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 28 de febrero de 2018, la parte actora reiteró los argumentos jurídicos, utilizando el amparo como una tercera instancia, en ese orden de ideas, se evidencia que el actor plantea una afectación de derechos fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate normativo, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de reparación directa y fue decidido por el juez natural de la causa, tal como se observa en la siguiente tabla:
ACCIÓN DE TUTELA
RECURSO DE APELACIÓN
“[…] no comparto los argumentos expuestos en las providencias de primera y segunda instancias (sic) proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y por Honorable Consejo de Estado- Sección Tercera – Subsección “C”, que DENEGARON totalmente las pretensiones de la demanda, por lo siguiente:
PRIMERO: Porque contrario al pensamiento de las Corporaciones accionadas, los perjuicios sí fueron causados al suscrito quien esperaba de primera mano el reconocimiento y pago de los mismos MEDIANTE ACCION (sic) DE PARTE CIVIL oportuna y regularmente interpuesta, pero que, debido a la INACCION de la justicia en transitar el expediente por los términos legales, se concluyó en la injusta PRESCRIPCION (sic) DE LA ACCION (sic) en detrimento de mis intereses legítimos.
SEGUNDO: Porque sí existió falla en la prestación del servicio público de la justicia, cuando la prescripción de la acción decretada en el proceso penal NO LO FUE SIQUIERA POR CULPA O NEGLIENCIA DEL SUSCRITO, quien, además, como se puede observar, SIEMPRE ESTUVE AL TANTO DE LOS TERMINOS JUDICIALES.
Fue así que de manera oportuna y en varias ocasiones ante el señor Juez de Conocimiento, elevé petición de agilidad en el trámite procesal, precisamente TEMIENDO EN UNA POSIBLE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, lo que de manera definitiva ocurrió, no obstante, mi advertencia oportuna.
TECERO: Porque Honorables Consejeros de Estado, no puede tenerse como expresión subsidiaria el hecho de que al suscrito le quedaba la vía ordinaria para procurar lo mismo que no puede hacer en la demanda la parte civil dentro del proceso penal, pues no es viable jurídicamente que pueda hacer uso de DOS VIAS JUDICIALES para reclamar un perjuicio y tampoco es dable que muy a pesar de a ver hecho uso del camino judicial pertinente y que por culpa de la misma justicia se me hubiera cerrado el mismo, TENGA QUE HACER USO DE OTRO CAMINO JUDICIAL DE MANERA OBLIGATORIA, ante la inacción de los funcionarios judiciales.
Es decir, que como el Juzgado Penal del Circuito me cerró la ventana de reclamación de los perjuicios por actos A MI NO ATRIBUIBLES (PRESCRPCIÓN DE LA ACCIÓN), entonces debo asumir el error de este despacho judicial debiendo el suscrito buscar, de alguna manera, una nueva acción civil o medio judicial para obtener el resarcimiento de los daños a mí causados. Esto es un ABSURDO JURIDICO […]
CUARTO: Porque, aceptando en gracia de discusión que fuese viable el reclamo de los perjuicios por vía civil ordinaria, tampoco ello sería posible por cuanto que IGUALMENTE TAMBIÉN HA PRESCRITO LA ACCION CIVIL ORDINARIA, la que entre otras cosas, no era posible escoger porque tenía a mi alcance la acción civil dentro del proceso penal y así lo autoriza la ley.
Téngase en cuenta que la sentencia de segunda instancia que ahora se impugna, fue proferida el pasado 16 de diciembre, pero notificada por edicto entre el 28 de mayo y el 1 de junio de 2021, habiendo adquirido firmeza el 4 de los mismos, sin que nada pudiese haberse realizado con anterioridad (demandar civilmente), ante la NO DECISION DEFINITIVA DEL CASO, pues bien pudo haberse obtenido revocatoria del fallo de primera instancia con destino favorable a este demandante.
QUINTO: Porque contrario a lo dicho por el Tribunal de primera instancia en el sentido de que NO SE ENCUENTRABA (sic) ACREDITADO EL DAÑO ANTIJURIDICO alegado, toda vez que ningún reconocimiento había sido efectivamente ordenado a favor del actor, pues obvio es lo expresado, ya que precisamente ESO ERA LO QUE SE ESPERABA CON LA DESICIÓN DE LA PARTE CIVIL, lo que fue ante la presentación del fenómeno de la prescripción de la acción civil en el proceso penal, por la INACCION DE LA JUSTICIA. […]”.
“[…] las entidades judiciales hoy imputadas, incurrieron en un defecto fáctico al no haber valorado de manera pertinente, las pruebas aportadas y practicadas oportunamente, pues de ellas se hizo caso omiso, pues de lo contrario, tal y como lo afirma el Magistrado que salvó el voto, se hubiere proferido fallo favorable a las pretensiones de la demanda […]”.
“[…] Se me impuso o creó una obligación judicial no contemplada en la Ley, pues se me obligada (sic) a hacer uso de una acción civil como subsidiaria de otra cuya procedencia fue coartada por la inacción de la misma justicia, al declarar prescrita la primera y única oportunidad.
En verdad no encuentro argumentos serios y efectivos de parte del Tribunal A-quo y del Honorable Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “C”-, que resolvieron la primera y segunda instancias (sic), pues no puede manifestarse de buenas a primera que NO EXISTIO NINGUNA FALLA EN EL SERVICIO DE LA JUSTICIA sin que se esboce ninguna justificación siquiera jurisprudencial, pues las traídas al expediente, en verdad que no son lo suficiente para tomar una decisión denegatoria.
Y es que ante la claridad de la PERDIDA DE LA OPORTUNIDAD del suscrito obtener el reconocimiento de sus perjuicios, se dificulta hacer o esbozar otros argumentos.
Se violó de un solo tajo y de primera, el DERECHO FUNDAMENTAL DENOMINADO “ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA” y por tanto se cercenó la posibilidad de repararme los daños causados con ocasión del accidente de tránsito sufrido, al haber dejado prescribir la acción penal , PESE A QUE OPORTUNAMENTE Y EN DOS (2) OPORTUNIDADES SE HABIA SOLICITADO LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, sobre la cual se hizo caso omiso y sin que importara la ADVERTENCIA sobre la presencia de la prescripción de la acción en caso de que no se procediera oportunamente. […]”. (Resaltado por la Sala)
“[…] En verdad no se entiende la argumentación del Tribunal de Primera instancia para haber denegado las pretensiones de la demanda y ello es notable cuando expresa que no existe ninguna providencia judicial que constituya un posible y eventual error judicial que hubiera conllevado intrínsecamente la causación de los perjuicios deprecados por el suscrito.
Pero es extraño para la parte demandante lo esbozado por el Tribunal A-quo, porque contrario al pensamiento de esta Corporación, los perjuicios sí fueron causados al suscrito quien esperaba de primera mano el reconocimiento y pago de los mismos MEDIANTE ACCION DE PARTE CIVIL oportuna y regularmente interpuesta, pero que debido a la INACCION de la justicia en transitar el expediente por los términos legales, se concluyó la injusta PRESCRIPCION DE LA ACCION en detrimento de mis intereses legítimos.
Y es como pensar que no existió ninguna falla en la prestación del servicio público de la justicia, cuando la prescripción de la acción presentada de este asunto NO LO FUE SIQUIERA POR CULPA O NEGLIGENCIA DEL SUSCRITO INTERESADO, quien por demás y como se puede observar, SIEMPRE ESTUVE AL TANTO DE LOS TERMINOS JUDICIALES.
Es más impetré oportunamente y en varias ocasiones ante el señor Juez de Conocimiento, petición de agilidad en el trámite procesal, precisamente TEMIENDO EN UNA POSIBLE PRECRIPCION (sic) DE LA ACCION, lo que de manera definitiva ocurrió, no obstante mi advertencia oportuna.
Y no se diga ahora, Honorables Consejeros de Estado, que es que al suscrito le queda la vía ordinaria civil para procurar lo mismo que no puede hacer en la demanda de parte civil dentro del proceso penal, pues no es viable jurídicamente que pueda hacer uso de DIOS VIAS JUDICIALES para reclamar un perjuicio y tampoco es dable que muy a pesar de hacer hecho uso del camino judicial pertinente y que por culpa de la misma justicia se me hubiera cerrado el mismo, TENGA QUE HACER USO DE OTRO CAMINO JUDICIAL DE MANERA OBLIGATORIA, ante la inacción de los funcionarios judiciales.
Es decir, que como el Juzgado Penal del Circuito me cerró la ventana de reclamación de los perjuicios por actos A MI NO ATRIBUIBLES (PRESCRPCIÓN DE LA ACCIÓN), entonces debo asumir el error de aquellos no siendo el mío propio. Esto sería un ABSURDO JURIDICO […]
[…]
Ahora, aceptado en gracia de discusión que fuese viable el reclamo de los perjuicios por la vía civil ordinaria, tampoco ello sería posible por cuanto que IGUALMENTE TAMBIÉN HA PRESCRITO LA ACCION CIVIL ORDINARIA, la que entre otras cosas, no era posible escoger porque tenía a mi alcance la acción civil dentro del proceso penal y así lo autoriza la ley.
El Tribunal de primera instancia manifiesta que en el presente caso, NO SE ENCUENTRA ACREDITADO EL DAÑO ANTIJURIDICO que alega el suscrito, toda vez que ningún reconocimiento había sido efectivamente ordenado en favor del actor. Pues obvio que aún no se había hecho ningún reconocimiento en mi favor, ya que precisamente ESO ERA LO QUE SE ESPERABA CON LA DESICIÓN DE LA PARTE CIVIL, lo que fue posible ante la presentación del fenómeno de la prescripción de la acción civil en el proceso penal, ante la INACCION DE LA JUSTICIA.
En verdad no encuentro argumentos serios y efectivos de parte del Tribunal A-quo y del Honorable Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “C”-, que resolvieron la primera y segunda instancias (sic), pues no puede manifestarse de buenas a primera que NO EXISTIO NINGUNA FALLA EN EL SERVICIO DE LA JUSTICIA sin que se esboce ninguna justificación siquiera jurisprudencial, pues las traídas al expediente, en verdad que no son lo suficiente para tomar una decisión denegatoria.
Y es que ante la claridad de la PERDIDA DE LA OPORTUNIDAD del suscrito obtener el reconocimiento de sus perjuicios, se dificulta hacer o esbozar otros argumentos.
Se violó de un solo tajo y de primera, el DERECHO FUNDAMENTAL DENOMINADO “ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA” y por tanto se cercenó la posibilidad de repararme los daños causados con ocasión del accidente de tránsito sufrido, al haber dejado prescribir la acción penal , PESE A QUE OPORTUNAMENTE Y EN DOS (2) OPORTUNIDADES SE HABIA SOLICITADO LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, sobre la cual se hizo caso omiso y sin que importara la ADVERTENCIA sobre la presencia de la prescripción de la acción en caso de que no se procediera oportunamente. […]”. (Resaltado por la Sala)
En ese orden de ideas, para la Sala en el caso sub examine, no se acredita el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, toda vez que el actor tanto en su escrito de tutela, como en su recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 28 de febrero de 2014, reiteró los argumentos jurídicos, utilizando el amparo como una tercera instancia, esto es, i) los perjuicios sí fueron causados al accionante quien pretendía su reconocimiento como parte civil dentro del proceso penal; ii) existió falla en la prestación del servicio público de la justicia comoquiera que la inacción del juzgado derivó en la prescripción de la acción penal; y iii) no le es posible acudir a la acción civil para reclamar sus perjuicios comoquiera que esta también prescribió y no podía ejercerse de firma concomitante con la acción penal.
Además, la Sala debe hacer énfasis, que dichos argumentos jurídicos se tuvieron en cuenta en la respectiva providencia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 16 de diciembre de 2020, por lo que la acción de tutela no puede convertirse en una tercera instancia para reabrir controversias jurídicas que fueron debidamente estudiadas y debatidas al interior del proceso ordinario.
Para la Sala, los reparos propuestos por el actor ya fueron expuestos dentro del proceso de reparación directa y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:
“[…] Tampoco entrará la Sala, pues no es la vía de protección ius fundamental más respetuosa de los principios de independencia y autonomía judicial de la que hoy dispone, a determinar cuál de las tesis jurisprudenciales esgrimidas es la que más se ajusta a la Constitución y los derechos fundamentales.
Y no lo hará porque esa tarea corresponde, en primerísima medida, como ya fue expresado líneas arriba, al juez civil ordinario, en este caso, a la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá. Es esa autoridad la que está llamada a analizar los aspectos de relevancia constitucional que se aprecian en el debate puesto sobre la mesa y, si es del caso, aplicar directamente la Constitución. Y es, por supuesto, en armonía con esa misma condición, que debe decidir el litigio promovido por la representación judicial de la señora Mariela Caballero […]”.
Ahora bien, la Sala precisa que, en gracia de discusión y en el hipotético evento en el cual se advirtiera que los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra la sentencia de 28 de febrero de 2014 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, no son los mismos del escrito de tutela, a pesar de ser una transcripción literal de estos, se advierte que el actor no cumplió con la carga argumentativa mínima para estructurar el “[…] DEFECTO FACTICO, MATERIAL Y SUSTANCIAL […]”.
En ese sentido se tiene que el actor en su escrito de tutela indicó que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en:
“[…] DEFECTO FACTICO, MATERIAL Y SUSTANCIAL consistente en la no adecuada valoración de los mismos, ni en el estudio serio y de fondo del asunto puesto a consideración de las Corporaciones Judiciales […]”.
[…]
“[…] Porque, aceptando en gracia de discusión que fuese viable el reclamo de los perjuicios por vía civil ordinaria, tampoco ello sería posible por cuanto que IGUALMENTE TAMBIÉN HA PRESCRITO LA ACCION CIVIL ORDINARIA, la que entre otras cosas, no era posible escoger porque tenía a mi alcance la acción civil dentro del proceso penal y así lo autoriza la ley […]”.
[…]
“[…] las entidades judiciales hoy imputadas, incurrieron en un defecto fáctico al no haber valorado de manera pertinente, las pruebas aportadas y practicadas oportunamente, pues de ellas se hizo caso omiso, pues de lo contrario, tal y como lo afirma el Magistrado que salvó el voto, se hubiere proferido fallo favorable a las pretensiones de la demanda […]”.(Resaltado por la Sala).
Para la Sala el actor no cumplió con la carga argumentativa mínima para estructurar el defecto fáctico, toda vez que solamente se limitó a indicar que la autoridad judicial accionada no valoró las pruebas allegadas y practicadas dentro del proceso ordinario, sin embargo, no indicó específicamente que medios probatorios obrantes en el expediente, fueron valorados erróneamente por parte del juez colegiado para llegar a dicha conclusión; ii) que además dichos medios probatorios eran relevantes para cambiar el sentido de la decisión; y iii) demostrar que la valoración errónea de las pruebas fue una actuación grosera, arbitraria e irrazonable que trajo como consecuencia la afectación de derechos fundamentales, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
Esta Sección frente a la carga argumentativa mínima para estructurar el defecto fáctico en reciente pronunciamiento dijo lo siguiente:
“[…] Al efecto, es preciso destacar que, en materia de acción de tutela contra providencias judiciales, no basta con citar la falta de valoración de medios de prueba de manera genérica, sino que es necesario que se expresen con claridad los motivos por los que se considera que su falta de valoración, por las autoridades accionadas, generó la afectación de derechos de contenido iusfundamental y, como su falta de estudio o apreciación, incidió en la decisión que es objeto de reproche y afectó las garantías constitucionales.
Esta carencia argumentativa, sin lugar a dudas, no puede ser suplida por el juez de tutela, en tanto que si bien la acción de amparo se caracteriza por la flexibilización de formalidades que impidan la garantía de los derechos fundamentales, tratándose del reproche contra providencias judiciales, es exigible un mínimo de argumentación que habilite un examen de fondo sobre actuaciones que han hecho tránsito a cosa juzgada, al ser proferidas por autoridades investidas de competencia en procesos que ofrecen los medios para proteger las garantías constitucionales […]”. (Resaltado por la Sala).
Ahora bien, respecto al defecto sustantivo, y contrario a lo considerado por la Sección Cuarta de esta Corporación, esta Sala evidencia que el actor no cumplió con la carga argumentativa mínima de indicar i) cuales fueron los artículos y leyes que las autoridades judiciales accionadas dejaron de aplicar, o aplicaron erróneamente al caso sub examine, y en ese orden de ideas, ii) argumentar que dichas normas eran jurídicamente relevantes para resolver el caso concreto, lo cual no aconteció en el presente caso.
Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela no puede considerarse absoluto, pues es necesario satisfacer ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la amenaza o del agravio, el señalamiento de las causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir con la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso concreto, entre otros aspectos.
Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, en el escenario del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales.
Conclusiones de la Sala
En suma, para la Sala resulta improcedente la acción de tutela que presentó el señor José Vicente Ariza Huertas contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala revocará la sentencia proferida el 22 de julio de 2021 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, para en su lugar, declarar la improcedencia de la solicitud de amparo presentada por José Vicente Ariza Huertas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida el 22 de julio de 2021 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, y en su lugar, DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo presentada por José Vicente Ariza Huertas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
“Por la cual se modifican los artículos HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.1" 2.2.3.1.2.1, HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.4" 2.2.3.1.2.4 y HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.5" 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101. Ut supra página 6.
[] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Ibidem. Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
Corte Constitucional, Sentencia T-269 de 11 de julio 2018, M.P Carlos Bernal Pulido. Frente a la carga argumentativa mínima para efectos de estructurar el cargo por defecto fáctico, ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero de 2020, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2020-00342-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de marzo de 2020, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2020-00365-00. Respecto de la carga argumentativa mínima que se le exige al actor para que se configure el defecto fáctico, ver entre otras, sentencias T-214 de 2012, T-121 de 2016 y T-074 de 2018, proferidas por la Corte Constitucional.
Sobre el principio de informalidad, ver Corte Constitucional, Auto A165 de 21 de julio 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
Decreto 2591 de 1991, artículo 14.
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
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Núm. único de radicación: 110010315000202103673-01
Actor: José Vicente Ariza Huertas
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