Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-03704-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-03704-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-03704-00
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
15 de julio de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE – Exige similitud fáctica y jurídica. Incumplimiento / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN CASO DE LESIONES PERSONALES DEL SOLDADO CONSCRIPTO / CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / LESIONES DE SOLDADO CONSCRIPTO – Hecho dañoso que tuvo lugar en la realización de una actividad cotidiana y común como lo es caminar / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
En relación con el desconocimiento del precedente (…) las decisiones referidas en los numerales 1 y 2 partieron de supuestos de hecho diferentes al resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” en el caso del señor [O.C.] toda vez que, en la primera se estudió sí la privación de la libertad del demandante fue injusta y, en la segunda, sí el Estado debía indemnizar los daños ocasionados a un soldado regular sufridos en un ataque guerrillero, de manera que al partir de supuestos de hecho que no involucran a un conscripto no es dable exigir a la accionada la utilización de éstas al analizar el caso del actor, cuya vinculación con el Estado estaba delimitada en las especiales condiciones de las personas que prestan el servicio militar obligatorio. En relación con las sentencias identificadas en los numerales 3 y 4, si bien, involucran conscriptos, la Sala tampoco encontró la configuración del desconocimiento del precedente por las razones que pasan a explicarse: En el fallo con radicado No. 20001-23-31-000-2011-00457-01, los hechos objeto del debate suceden, al parecer , al interior de un malentendido de las órdenes dictadas por el superior al conscripto y el reclamo que el mismo hiciera a su superior, lo que ocasionó que éste lo amenazara de muerte y posteriormente fuera impactado por la espalda con el arma de dotación de un soldado regular adscrito al Batallón Ricaurte del Ejército Nacional (…) De entrada, se advierte que en esa providencia no se encontró probado alguno de los eximentes de responsabilidad del Estado, y que no se analizó la conducta del occiso en la ocurrencia de los hechos, pues se concluyó que el deber de indemnizar radicó en que no existieron pruebas que permitieran corroborar lo dicho por el Ejército Nacional en torno a las circunstancias en que falleció el conscripto, por lo que consignó el proveído que “resultó muerto, a causa del disparo de un dragoneante. En ese orden, es clara la responsabilidad de la administración en los términos del artículo 90 de la Carta Política, pues el daño tuvo lugar durante la prestación del servicio, sin causal alguna de exoneración (…)” Por el contrario, el caso del tutelante en el proceso ordinario involucró un análisis sobre el actuar, la diligencia y el cuidado del conscripto en la realización de una actividad cotidiana y común como lo es caminar, pues los daños sufridos por el señor [O.C.] ocurrieron al caer de su propia altura, sin que interviniera algún factor externo que permitiera atribuir la responsabilidad de su ocurrencia al Estado, de manera que la providencia analizada no contiene una regla de derecho aplicable al sub lite. Ahora bien, en lo que involucra el desconocimiento de la sentencia proferida en el proceso con radicado No. 05001-23-26-000-1996-00284-01, tampoco se encontró probada la culpa exclusiva de la víctima (…) por cuanto contrario a los hechos que rodearon las lesiones del actor, en esa oportunidad se concluyó que: “En el caso concreto no puede darse por acreditada una causa extraña, toda vez que el daño es imputable a la entidad demandada, pues, no sólo se ubicó el campamento en una zona de riesgo para la vida e integridad de los soldados que integraban la patrulla, sino que, de otra parte, la persona encargada de la guardia actuó de manera negligente al permitir el ingreso de un automotor, precisamente por el lugar en donde se encontraba instalado el acantonamiento militar provisional.” Así pues, es dable establecer que los supuestos de hecho son disímiles y no era exigible para la autoridad judicial accionada aplicar los argumentos allí expuestos, toda vez que la obligación de indemnizar surgió por el actuar negligente del Ejército Nacional y no por su deber de cuidado sobre los conscriptos. De otra parte, frente a la sentencia referida como desconocida y que fue proferida en la acción de tutela con radicado No.
110011-03-15-000-2020-03783-00, por la Sección Primera de esta Corporación, la Sala destaca que la misma no puede ser tenida como precedente, por cuanto no fue dictada por el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional. Finalmente, respecto de la sentencia citada identificada con radicado No. 11001-33-36-035-2017-00091-01 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para la Sala tampoco constituye precedente vertical ni horizontal, en tanto no fue dictado por una Alta Corte, ni se puede predicar en relación a ella una vulneración al derecho a la igualdad, ya que no fue dictada por el mismo juez que resolvió el asunto objeto de esta tutela. A juicio de la Sala, la autoridad judicial accionada aplicó acertadamente los precedentes aplicables al caso concreto, situación distinta es que al estudiar en conjunto las pruebas obrantes en el expediente de reparación directa, encontró configurada la culpa exclusiva de la víctima, lo cual no merece reproche alguno desde el punto de vista constitucional.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03704-00(AC)
Actor: LUIS HANDIR OSORIO CUADRADO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C
Temas: Tutela contra providencia judicial – Desconocimiento del precedente
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por el señor Luis Handir Osorio Cuadrado contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “C”.
ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado por correo electrónico el 15 de junio de 2021 al buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá, el señor Luis Handir Osorio Cuadrado actuando a través de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, con el fin de que le fueran amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e igualdad.
2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales con ocasión de la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia dictada por el Juzgado 32 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá el 28 de marzo de 2019, que declaró probada de oficio la excepción de culpa exclusiva de la víctima y negó las pretensiones de la demanda, instaurada en ejercicio del medio de control de reparación directa, promovido por el actor contra la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional, identificada con radicación 11001-33-36-032-2015-00694-00.
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos invocados y, en consecuencia, pidió:
“(…). SEGUNDO: Dejar sin efecto la Decisión proferida el 02 de diciembre de 2020 y notificada el 16 de diciembre de 2020, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera – Subsección C, Magistrado Ponente José Elver Muñoz Barrera, dentro del proceso 11001333603220150069401, promovido por LUIS HANDIR OSORIO CUADRADO, la cual CONFIRMÓ la sentencia de primera instancia por el Juzgado 32 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el día 28 de marzo de 2019, y que negó las pretensiones de la demanda”.
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El 11 de noviembre de 2013, el señor Luis Handir Osorio Cuadrado, se encontraba prestando su servicio militar obligatorio y mientras realizaba guardia en una garita en el batallón de Turbo, Antioquia, cuando se resbaló y cayó al piso sobre su brazo derecho, lo que le ocasionó una fractura en la clavícula derecha.
5. A través del acta de junta médico laboral Nº 240 del 17 de octubre de 2017, se determinó que, el accionante sufrió una disminución de la capacidad laboral de 10.50%, y se calificó la lesión como “NO APTO”.
6. En virtud de ello, instauró el medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, del cual en primera instancia conoció el Juzgado 32 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá y mediante sentencia del 28 de marzo de 2019, negó las pretensiones al considerar que el “daño alegado en esta demanda ha sido producto de su propio actuar bajo la excepción denominada hecho o culpa exclusiva de la víctima”.
7. Inconforme con ello, la parte actora interpuso recurso de apelación, del cual conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “C”, quien, mediante providencia del 2 de diciembre de 2020, confirmó la sentencia de primera instancia, por considerar que:
“Entonces, en el presente caso, no se encuentra acreditado que la caída que sufrió el señor LUIS HANDIR OSORIO CUADRADO se debió a otro motivo más que el mismo actuar de la víctima, pues si bien cumplía con órdenes a razón de estar prestando el servicio militar obligatorio, sus actividades mínimas esenciales de la condición humana, en este caso caminar o desplazarse no se vieron afectadas por ninguna fuerza, intimidación, coacción o creación de circunstancias peligrosas que afectaran la autonomía de la voluntad, de modo que le era exigible el deber de auto cuidado”.
8. Dicha providencia fue notificada el 16 de diciembre de 2020, mediante correo electrónico.
1.3. Fundamentos de la vulneración
9. El accionante consideró que la autoridad accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial. Argumentó que en procesos similares ha sido reiterada la posición del Consejo de Estado, en relación con el régimen de responsabilidad aplicable por los daños causados a los conscriptos, indicando que dicha responsabilidad se encuentra bajo un régimen objetivo que puede darse en dos supuestos, “(…) bien por haberse causado por un rompimiento de la carga pública de igualdad – daño especial – o un daño anormal – riesgo excepcional, dado a que el ingreso a prestar servicio militar a la fuerza pública ocurre en razón del acatamiento del mandato constitucional previsto en el artículo 216 de la Constitución Política, en la que los hombres son obligados a la prestación de dicho servicio bajo la coerción del Estado, quien asume la responsabilidad de los daños que se produzcan durante el término que estén bajo la sujeción”.
10. Reiteró que el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha sostenido que el servicio militar tiene carácter obligatorio, según lo indicado en el artículo 216 ibídem, del cual surge una correlativa obligación legal de guarda y cuidado para el Estado, consistente en reintegrar a la vida civil a quien ingresó a prestar el servicio militar obligatorio, en las mismas condiciones físicas y psicológicas.
11. Refirió que la caída ocurrió en el servicio por causa y razón del mismo, por lo que debía considerarse como un riesgo que el soldado no asumió voluntariamente ni decidió compartir con el Estado, por el contrario, se trató de un peligro al que se vio expuesto en razón de las órdenes impartidas por sus superiores. Además, adujo que, la actividad fue realizada en la oscuridad y la entidad demandada no dispuso de los elementos de seguridad necesarios para cumplir la orden.
12. Alegó que no era posible utilizar la causal de eximente de responsabilidad del deber de autocuidado, pues las circunstancias sucedieron con ocasión de las obligaciones de especial sujeción, es decir la posición de garante que el Estado debe asumir frente a los soldados regulares, por cuanto es el Estado el que tiene el deber de protegerlos en las tareas que les sean asignadas.
13. En virtud de lo anterior, puso de presente la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 20 de febrero de 2014, en donde resaltó:
“(…) se entiende que el Estado, frente a los conscriptos y reclusos adquiere no solo una posición de garante al doblegar, en ambos casos, su voluntad y disponer de su libertad individual para un fin determinado, sino que, de igual manera, entra en relación de especial sujeción que lo hace sujeto responsable de los posibles daños que puedan padecer aquellos (…).
En nuestro ordenamiento, dicha categoría ha encontrado acogida tanto en el ámbito del derecho administrativo, como del Constitucional. Desde este último, se han determinado, por ejemplo, los elementos que conforman las relaciones de sujeción y, desde el primero, se han establecido distinciones respecto de la responsabilidad del Estado con ocasión de los daños causados a quienes se encuentren en una hipótesis de especial sujeción, como quiera que el Estado adquiere una posición de garante, que deviene de la intervención en la esfera de las libertades individuales.
(…) dado que el Estado impone a las personas la carga de prestar el servicio militar, está obligado a garantizar la integridad psicofísica del soldado o el policía en la medida en que es una persona sometida a su custodia y cuidado lo que implica que debe responder por los daños que le sean causados en la ejecución de la función pública, en otras palabras, la administración debe reintegrar a los soldados conscriptos a la sociedad en las mismas condiciones en que ingresaron al servicio.
En tales circunstancias se ha declarado la responsabilidad del Estado en los eventos en los cuales se ha acreditado el hecho de haber sometido a los miembros de la Fuerza Pública a que asuman riesgos superiores a los que normalmente deben afrontar, como consecuencia de las acciones u omisiones imputables al Estado”.
14. Adujo que la autoridad judicial accionada dejó de aplicar el criterio jurisprudencial tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, los cuales dictan que por regla general, el régimen de responsabilidad aplicable a las personas que sufren un daño durante la prestación del servicio militar obligatorio es el objetivo, sea por daño especial o riesgo excepcional, responsabilidad derivada de la relación especial de sujeción de quien presta el servicio militar obligatorio frente al poder del Estado, que hace a este último responsable de los posibles daños que puedan padecer los soldados durante tal prestación, y que solo en los casos en los que se acredita de los hechos y las pruebas que existió una falla en el servicio, se aplica el título de imputación subjetiva.
15. Lo anterior lo justificó con la siguiente jurisprudencia:
“A diferencia del soldado profesional, que ingresa en forma voluntaria a las filas del Ejército con el fin de prestar un servicio a cambio de una contraprestación y que goza de una protección integral de carácter salarial y prestacional, el soldado que presta servicio militar obligatorio se ve obligado a hacerlo por la imposición de una carga o gravamen especial del Estado. Así el conscripto no goza de protección laboral frente a los riesgos a los cuales se le somete en cumplimiento de su cometido constitucional, por cuanto la ley tan sólo le reconoce algunas prestaciones, las cuales de ningún modo pueden catalogarse como laborales y tampoco asimilarse al régimen a for fait previsto por la ley para los miembros profesionales de la fuerza pública.
(…) frente a los perjuicios ocasionados a soldados conscriptos, en la medida en la cual su voluntad se ve doblegada por el imperium del Estado, al someterlos a la prestación de un servicio y al disponer de su libertad individual, entra en una relación de especial sujeción que lo hace sujeto responsable de los posibles daños que pueden padecer aquellos en el desarrollo de tal relación, razón por la cual resulta claro que la organización estatal debe responder (…).
(…) no obsta para que en este tipo de situaciones opere la causa extraña en sus diversas modalidades, como causal exonerativa de responsabilidad, casos en los cuales, como resulta apenas natural, la acreditación de la eximente deberá fundarse en la demostración de todos y cada uno de los elementos constitutivos de la que en cada caso se alegue: fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima o hecho exclusivo de un tercero, según corresponda; por consiguiente, no resulta procedente afirmar de manera simple y llana que la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material o fenomenológica en relación con los daños ocasionados a soldados regulares, resulte suficiente para que estos puedan considerarse como no atribuibles – por acción u omisión- a la Administración Pública.
(…) La Corte amparó al accionante el derecho fundamental al debido proceso, al estimar que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, toda vez que exigieron a aquel que probara el nexo causal entre el daño y la prestación del servicio, sin tener en cuenta que debido al régimen de responsabilidad objetiva derivado del deber de prestar servicio militar, existe una presunción a favor del demandante que debe ser desvirtuada por el Ejército Nacional y únicamente probando fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima”.
16. Puso de presente el precedente judicial del régimen de responsabilidad del Estado ante daños sufridos por soldados conscriptos y de la responsabilidad del Estado por lesiones personales de conscriptos, mencionado tanto por la jurisprudencia de la Corporación como por la de la Corte Constitucional según la cual frente a las personas que prestan servicio militar, el Estado asume una posición de garante por la existencia de una relación de especial sujeción, de modo que el conscripto se encuentra bajo su custodia y cuidado. Para ello citó las siguientes sentencias:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. Oswaldo Giraldo López, Sentencia 16.10.20, Rad. 110011-03-15-000-2020-03783-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, M.P. Nicolás Yepes Corrales, Sentencia 28.02.20, Rad. 76001-23-31-000-2011-00065-01.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, M.P. Henry Aldemar Barreto, Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-33-36-035-2017-00091-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Sentencia 25.05.11, Rad. 52001-23-31-000-1998-00515-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, M.P. Enrique Gil Botero, Sentencia 15.10.08, Rad. 05001-23-26-000-1996-00284-01.
17. Concluyó que la autoridad accionada desestimó la posición del Consejo de Estado, en relación con el régimen de responsabilidad aplicable por los daños causados a los conscriptos, indicando que dicha responsabilidad “(…) se encuentra bajo un régimen objetivo que se genera para el Estado por la prestación del servicio militar, y la presunción sobre su obligación de responder por los daños que sufran los conscriptos(…)”, tal cual como en el caso del accionante que por encontrarse reclutado realizando tareas directamente relacionadas con la obligación de prestar servicio militar, se vio afectado de salud.
1.4. Trámite de la acción de tutela
18. Mediante auto del 22 de junio de 2021, la Magistrada Ponente admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación a los accionantes, y a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, como autoridad judicial accionada.
19. Igualmente, ordenó la vinculación en calidad de terceros con interés jurídico del Juzgado 32 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad judicial que conoció en primera instancia del medio de control de reparación directa y a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional, que actuó como extremo demandado en el proceso con radicado 11001-33-36-032-2015-00694-00.
20. Finalmente, reconoció personería para actuar, al abogado Héctor Eduardo Barrios Hernández, en calidad de apoderado judicial del señor Luis Handir Osorio Cuadrado.
Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”
21. Con escrito enviado el 25 de junio del 2021, el Magistrado Ponente de la decisión cuestionada, indicó que la acción constitucional debía ser declarada improcedente, en primer lugar, por tratarse de un asunto que no superaba el requisito de relevancia constitucional, por el contrario, el debate propuesto es de carácter estrictamente legal.
22. Argumentó que en el escrito de tutela no se argumentó de manera clara y concreta cuál era la importancia constitucional de la discusión planteada. Además de ser un asunto legal que ya había sido resuelto dentro del proceso ordinario de reparación directa por los jueces naturales del asunto.
23. Resaltó que i) se respetaron todas las garantías legales y constitucionales del tutelante y, ii) se desató totalmente el recurso de apelación interpuesto, por tanto, le correspondía al demandante cumplir con la carga argumentativa de hacer explícitos los motivos por los cuales consideraba que el asunto se encontraba revestido de especial relevancia constitucional y que no se circunscribía a la mera inconformidad con la decisión que resultó desfavorable a sus intereses.
24. De cara al defecto alegado, mencionó que discrepaba con la apreciación del accionante, “pues revisada la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2020 en su integridad, en la misma se expone de forma clara y coherente, el régimen que se debe aplicar dentro del caso estudiado, que es la responsabilidad objetiva teniendo en cuenta que se trataba de un daño ocasionado a un conscripto, para ello, se desarrolló la premisa denominada “4.1. Responsabilidad extracontractual del Estado por daños a conscriptos” citando el respectivo precedente del Consejo de Estado, del cual no se aparta la Sala en su decisión”.
25. Puso de presente que el régimen de responsabilidad objetiva por daño especial o riesgo excepcional no quería decir necesariamente que el Estado debía responder de manera inmediata, como lo pretendía la parte actora, pues se tenían que analizar todas las circunstancias fácticas que rodeaban el caso, y en especial si i) las lesiones estaban relacionadas con la prestación del servicio militar obligatorio y ii) si se había presentado un eximente de responsabilidad; por lo cual no se desconocía precedente alguno respecto a la imputación del Estado frente a los conscriptos.
26. Por ello mismo, sostuvo que, aun cuando fuera aplicado el régimen de responsabilidad objetiva, se tenían que evaluar los eximentes de responsabilidad, como la culpa exclusiva de la víctima, debido a que la persona como sujeto de derechos y libertades, lo seguía siendo incluso, en ámbitos donde se veía limitada, reducida o regulada su libertad en razón de su condición, el cumplimiento de un deber o por imposición legal, tal como fue manifestado en la providencia recurrida:
“(…) no se encuentra acreditado que la caída que sufrió el señor LUIS HANDIR OSORIO CUADRADO se debió a otro motivo más que el mismo actuar de la víctima pues, si bien cumplía con órdenes, a razón de estar prestando su servicio militar obligatorio, sus actividades mínimas y esenciales de la condición humana, en este caso, caminar o desplazarse no se vieron afectadas por ninguna fuerza, intimidación, coacción o creación de circunstancias peligrosas que afectaran la autonomía de su voluntad, de modo que le era exigible el deber de autocuidado”.
27. Por lo tanto insistió en que no se acreditó que se hubiese desconocido el precedente del Consejo de Estado y que por el contrario era claro que el tutelante pretendía exponer los mismos argumentos que habían sido planteados en el recurso de apelación, los cuales ya fueron resueltos con la sentencia acusada bajo los principios de la sana crítica, con la autonomía e independencia judicial y respetando el precedente judicial sobre la materia, por ello, concluyó que la tutela no puede convertirse en una nueva instancia a través de la cual, se pudieran surtir debates judiciales que ya habían sido zanjados.
28. Solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, o en su lugar negar las pretensiones de amparo, como quiera que no habían sido satisfechos los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción y tampoco se habían vulnerado derechos fundamentales del accionante.
29. Los demás vinculados pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
30. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por el señor Luis Handir Osorio Cuadrado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
31. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y le corresponde conocer como máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por ser superior de aquel.
32. Igualmente, este Despacho como integrante de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, es competente para pronunciarse sobre la admisión de la demanda de tutela, en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 del Código General del Proceso, aplicable al trámite del vocativo de la referencia por la remisión establecida en el artículo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015.
2.2. Cuestión previa
33. Con ocasión de la pandemia generada por el contagio a gran escala del Covid-19 y el aumento de ocupación en las unidades de cuidado intensivo del país, el Consejo Superior de la Judicatura ha recomendado a los titulares de los despachos judiciales que implementen medidas que beneficien el trabajo en casa, a través de las plataformas tecnológicas institucionales, con el fin de preservar la salud e integridad de los funcionarios de la Rama Judicial, así como de los usuarios de la administración de justicia. En el Consejo de Estado se crearon correos electrónicos exclusivos para la interacción de los ciudadanos y se implementó el sistema de gestión judicial SAMAI, lo que ha permitido que las funciones del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo se sigan desarrollando de manera virtual.
2.3. Problema jurídico
34. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
En primer lugar, se determinará si la presente solicitud de amparo cumple con los requisitos de procedencia adjetiva que hagan pertinente el análisis de fondo.
Solo en el evento se superar tales requisitos, se determinará si la providencia bajo cuestionamiento adolece de desconocimiento del precedente judicial.
35. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) de las generalidades del desconocimiento del precedente; y (iv) análisis del caso concreto.
2.4. Razones jurídicas de la decisión
2.4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
36. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.
37. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
38. Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo – procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto – procedencia adjetiva -.
39. Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad adjetiva, esto es: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez.
40. Después de ello, sería posible realizar el estudio de la procedibilidad sustantiva, a través de los posibles errores específicos en que podría incurrir una providencia judicial. Estos últimos, según la doctrina fijada en la sentencia C-590 de 2005, y acogida por esta Sección.
41. De esta manera, la acción de tutela será procedente una vez verificada i) la ocurrencia de los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) la configuración de alguno de los requisitos específicos siempre y cuando hayan sido alegados por el interesado; y que iii) el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.
2.4.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
Relevancia constitucional
42. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra plenamente superado, lo anterior, por cuanto al realizar el test de procedibilidad de la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicita la garantía de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, y de acceso a la administración de justicia, por cuanto la autoridad judicial accionada, confirmó la decisión de primera instancia dictada por el Juzgado 32 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá el 28 de marzo de 2019, que declaró probada de oficio la excepción de culpa exclusiva de la víctima y negó las pretensiones de la demanda, instaurada en el ejercicio del medio de control de reparación directa, promovido por el actor contra la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional, identificada con radicación No. 11001-03-33-032-2015-00694-00.
43. En vista de lo anterior, las garantías constitucionales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia que subyacen en el sublite, por ser aquellos cuya protección pretende la parte actora, tienen rango constitucional al tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta, lo que implica que la misma trascienda el ámbito meramente legal.
44. Así las cosas, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de tal manera que al existir la eventualidad de que no haya obtenido la protección de sus garantias constitucionales ante el juez contencioso administrativo, natural de la causa ordinaria, quien tenía igualmente la obligación de constituirse en preservador de los derechos fundamentales asumiendo el rol de juez de constitucionalidad y/o de convencionalidad, puede comparecer al juez de tutela quien deberá realizar el análisis del caso a la luz de los postulados del Estado Social de Derecho, salvaguardando la dignidad humana.
45. En virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando prima facie resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza al derecho fundamental, después de haber agotado el procedimiento legal administrativo de policía o judicial establecido por la ley para su protección.
46. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades públicas.
2.4.2.2. Tutela contra decisión de tutela
47. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia a este requisito de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza, pues la providencia del 2 de diciembre de 2020 fue proferida al interior del proceso de reparación directa con radicado No. 1100103333603220150069400, instaurado por la parte actora contra la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional.
2.4.2.3. Inmediatez
48. No se advierte reproche alguno frente a este requisito, puesto que la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera – Subsección “C” fue proferida el 2 de diciembre de 2020 y notificada el 16 de diciembre de 2020, cobrando ejecutoria el 21 del mismo mes y año. Mientras que la solicitud de tutela fue presentada el 15 de junio del 2021, es decir menos de 6 meses después de haber cobrado firmeza, tiempo que esta Sala ha considerado razonable para uso de este mecanismo excepcional, con ocasión de los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.
2.4.2.4. Subsidiariedad
49. Este requisito se encuentra superado, pues la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, que se cuestiona en sede de tutela, puso fin al medio de control de reparación directa identificado con el número de radicado No. 1100103333603220150069400 y frente a tal providencia no procede recurso ordinario alguno.
50. Tampoco los extraordinarios, pues los motivos que sustentan esta solicitud de amparo no se enmarcan en las causales que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión ni el de unificación de jurisprudencia.
51. Analizados los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala advierte que los mismos han sido superados, motivo por el cual se realizará el estudio del caso concreto.
2.5. De las generalidades del desconocimiento del precedente
52. La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.
53. Sin embargo, resulta necesario advertir que “(…) debe aceptarse que no todas las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes generan una regla o subregla, pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una actividad creadora del juez”.
2.6. Caso concreto
54. En el caso particular, la parte actora alegó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, confirmó la sentencia de primera instancia, sin tener en cuenta el precedente fijado por el Consejo de Estado, en los casos de lesiones sufridas por las personas durante la prestación del servicio militar obligatorio.
55. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, en la providencia cuestionada encontró que mientras el señor Luis Handir Osorio Cuadrado estaba de guardia, se resbaló y cayó al piso, sin que existiera algún tipo de obstáculo o condiciones especiales del terreno que implicaran un riesgo excepcional para el ejercicio de la actividad cotidiana de caminar, razón por la cual concluyó razonablemente que la víctima estaba obligada a soportar el daño sufrido porque este tenía origen en su propia culpa. Textualmente, esto dijo el tribunal:
“Sobre el particular, es importante recordar que si bien los conscriptos se encuentran en una situación de especial sujeción debido a que ciertos derechos y libertades, frente a los demás, se encuentran limitados o regulados de manera especial debido al cumplimiento de los deberes u obligaciones legales derivados de la labor impuesta, también es muy importante comprender que de ninguna manera se podría aceptar que todos los daños ocasionados durante el servicio sean imputables al Estado y, por lo tanto, éste deba responder por los mismos. Por esta razón, existen causales de exclusión de la responsabilidad del daño antijurídico sufrido por los miembros de la fuerza pública (conscriptos, policías, militares) como es la culpa exclusiva de la víctima. Ello es justificable debido a que la persona como sujeto de derechos y libertades, lo sigue siendo incluso en ámbitos donde se ve limitada, reducida o regulada algunos ámbitos de libertad en razón de su condición, cumplimiento de un deber o por imposición legal.
Entonces, en el presente caso, no se encuentra acreditado que la caída que sufrió el señor LUIS HANDIR OSORIO CUADRADO se debió a otro motivo más que el mismo actuar de la víctima, pues si bien cumplía con órdenes a razón de estar prestando el servicio militar obligatorio, sus actividades mínimas esenciales de la condición humana, en este caso caminar o desplazarse no se vieron afectadas por ninguna fuerza, intimidación, coacción o creación de circunstancias peligrosas que afectaran la autonomía de la voluntad, de modo que le era exigible el deber de auto cuidado”.
56. Es menester precisar que en la providencia cuestionada se indicó la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación, específicamente frente a la diferencia de la responsabilidad del Estado entre el personal vinculado a las fuerzas militares, en cumplimiento del servicio obligatorio, de aquel que voluntariamente ingresa a la carrera militar como opción profesional; explicando así que la responsabilidad estatal se estructura bajo un régimen objetivo, ello en acatamiento del artículo 216 constitucional, tal como también lo menciona el accionante en su escrito de tutela.
57. Más adelante, de cara a la culpa exclusiva de la víctima mencionó que:
“Dijo el Consejo de Estado, en la misma providencia que aunque frente a estos casos- responsabilidad objetiva del Estado por los daños causados a los soldados conscriptos – resultan aplicables las causales eximentes de responsabilidad, lo cierto es que para que las causales de exoneración de responsabilidad tengan efectos liberadores – plenos o parciales- resulta necesario que la causa extraña sea exclusiva o cuando menos determinante del daño.
Así, para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto la causa exclusiva, esto es, única del daño, como que constituya la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada”.
58. Y finalizó explicando acerca del deber de auto cuidado del conscripto refiriendo que:
“Para poder acercarnos y comprender de mejor manera cuándo el titular del derecho le es imputable su propio daño y, por lo tanto, el Estado queda excluido de responsabilidad, es importante “determinar el comportamiento de quien se arriesga a sí mismo convierte la conducta del tercero en un riesgo jurídicamente permitido”, o saber cuál es el ámbito de competencia” del titular en el ejercicio de sus derechos, pues cuando se trata de “las acciones de propio peligro lo determinante no es tampoco una genérica aplicación del principio de autorresponsabilidad o la simple consideración de la capacidad que cada individuo tiene para autodeterminarse (sic), sino la determinación de la competencia, pues en cuanto dicha competencia recaiga sobre el titular del bien, solo él será responsable de los daños que como consecuencia de su conducta se produzcan, o cuando la “víctima da con su propio comportamiento la razón para que la consecuencia lesiva le sea imputada a ella misma”. Y concluye el Consejo de Estado, diciendo que “el instrumento de la acción a propio riesgo permite establecer, a partir de la teoría de la imputación objetiva, cuándo un daño resulta imputable única y exclusivamente a la propia víctima, en tanto que con su actuación desconoció su deber de autoprotección y permitió la concreción del resultado”.
59. En orden a estudiar el cargo planteado por desconocimiento del precedente, por razones metodológicas, la Sala identifica en el siguiente cuadro algunos aspectos relevantes de las sentencias y las tesis jurisprudenciales que, en criterio del actor, fueron ignoradas por el tribunal demandado:
SENTENCIAS INVOCADAS EN EL ESCRITO DE TUTELA
No
PROVIDENCIA
SITUACIÓN FÁCTICA
DECISIÓN
1
Sección Tercera, Subsección “C”, M.P. Nicolás Yepes Corrales, Sentencia 28.02.20, Rad. 76001-23-31-000-2011-00065-01.
Se presentó demanda por privación injusta de la libertad, por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Se confirmó la sentencia de primera instancia, la cual había negado las pretensiones de la demanda al considerar que, si bien el juez penal absolvió al actor por carencia de medios probatorios que generaran certeza de su actuar delictivo, no era menos cierto que el señor, de forma negligente, había prestado la razón social de su empresa sin ejercer sobre ella la más mínima vigilancia y seguimiento de actividades que se efectuaban bajo su nombre.
2
Sección Tercera, Subsección “C”, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Sentencia 25.05.11, Rad. 52001-23-31-000-1998-00515-01.
Se presentó demanda por la afectación de capacidad auditiva y de memoria que sufrió el soldado regular con ocasión del ataque a la base militar donde se encontraba por parte de un grupo de subversivos de las FARC.
Se revocó el fallo de primera instancia, para en su lugar declarar administrativamente responsable a los demandados y condenarlos al pago de perjuicios.
3
Sección Tercera, Subsección “A”, M.P. María Adriana Marín, Sentencia 14.03.19, Rad. 20001-23-31-000-2011-00457-01
Se presentó demanda por la muerte del conscripto en virtud del disparo de un dragoneante.
Se modificó la sentencia de primera instancia, en el sentido de declarar patrimonialmente responsable a los demandados y condenarlos a pagar por concepto de indemnización perjuicios morales. Esto por cuanto hubo: (i) el desconocimiento del principio de igualdad ante las cargas
públicas; (ii) sometimiento del soldado conscripto a un riesgo superior al normal, y
(iii) una actuación de las autoridades que irrogó perjuicios.
4
Sección Tercera, M.P. Enrique Gil Botero, Sentencia 15.10.08, Rad. 05001-23-26-000-1996-00284-01
Se presentó demanda por la muerte del conscripto cuando fue arrollado por una camioneta mientras se encontraba acampando, en virtud de su prestación del servicio militar.
Se revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, se declararon administrativa y extracontractualmente responsables a los demandados, además de ser condenados a indemnizar a la familia.
60. La Sala resalta que además de las sentencias referidas en el cuadro anterior, el actor citó varios apartes de otras providencias con las que pretendía evidenciar la responsabilidad del Estado de reintegrar a los conscriptos a la vida civil en las mismas condiciones en la que ingresaron, sin embargo, no las identificó de manera correcta, esto es, solo copió algunos párrafos de las supuestas sentencias desconocidas sin mencionar algún elemento que permitiera su plena identificación por parte de esta Sección en aras de analizar si en efecto respecto de estas, se incurrió en el defecto alegado.
61. En relación con el desconocimiento del precedente, esta Sección ha considerado que la parte que invoca este defecto debe cumplir con la carga mínima de i) identificar la decisión que considera desatendida, ii) la ratio de la misma aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior, y iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia, cuestión que solo se cumplió en relación con las providencias enlistadas en el cuadro anterior, frente a las cuales la Sala centrará su análisis.
62. Así, las decisiones referidas en los numerales 1 y 2 partieron de supuestos de hecho diferentes al resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” en el caso del señor Osorio Cuadrado, toda vez que, en la primera se estudió sí la privación de la libertad del demandante fue injusta y, en la segunda, sí el Estado debía indemnizar los daños ocasionados a un soldado regular sufridos en un ataque guerrillero, de manera que al partir de supuestos de hecho que no involucran a un conscripto no es dable exigir a la accionada la utilización de éstas al analizar el caso del actor, cuya vinculación con el Estado estaba delimitada en las especiales condiciones de las personas que prestan el servicio militar obligatorio.
63. En relación con las sentencias identificadas en los numerales 3 y 4, si bien, involucran conscriptos, la Sala tampoco encontró la configuración del desconocimiento del precedente por las razones que pasan a explicarse:
64. En el fallo con radicado No. 20001-23-31-000-2011-00457-01, los hechos objeto del debate suceden, al parecer, al interior de un malentendido de las órdenes dictadas por el superior al conscripto y el reclamo que el mismo hiciera a su superior, lo que ocasionó que éste lo amenazara de muerte y posteriormente fuera impactado por la espalda con el arma de dotación de un soldado regular adscrito al Batallón Ricaurte del Ejército Nacional. En esta oportunidad la Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó que:
“ (…) resulta extraño que la descripción del recorrido de los proyectiles no coincida con las declaraciones de los soldados que participaron en los hechos y con el informe rendido por el comandante de la unidad, quienes en todo momento hicieron ver que el soldado Mantilla Higuera los amenazaba con su arma de dotación oficial y era dueño de la situación, hasta el punto de hacer deponer las armas tanto a su superior como a los demás soldados, razón por la que no se comprende cómo llega a perder la vida y sobre todo a ser impactado por la espalda, circunstancia que genera muchas dudas, hasta el punto de descartar que la entidad demandada pudiera ser eximida de responsabilidad. (resaltado fuera de texto)
65. De entrada, se advierte que en esa providencia no se encontró probado alguno de los eximentes de responsabilidad del Estado, y que no se analizó la conducta del occiso en la ocurrencia de los hechos, pues se concluyó que el deber de indemnizar radicó en que no existieron pruebas que permitieran corroborar lo dicho por el Ejército Nacional en torno a las circunstancias en que falleció el conscripto, por lo que consignó el proveído que “resultó muerto, a causa del disparo de un dragoneante. En ese orden, es clara la responsabilidad de la administración en los términos del artículo 90 de la Carta Política, pues el daño tuvo lugar durante la prestación del servicio, sin causal alguna de exoneración, de modo que aparece acreditado el daño antijurídico y su imputabilidad a la entidad demandada, por lo que se confirmará la decisión del tribunal, en cuanto declaró probada la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada”. (resaltado fuera de texto)
66. Por el contrario, el caso del tutelante en el proceso ordinario involucró un análisis sobre el actuar, la diligencia y el cuidado del conscripto en la realización de una actividad cotidiana y común como lo es caminar, pues los daños sufridos por el señor Osorio Cuadrado ocurrieron al caer de su propia altura, sin que interviniera algún factor externo que permitiera atribuir la responsabilidad de su ocurrencia al Estado, de manera que la providencia analizada no contiene una regla de derecho aplicable al sub lite.
67. Ahora bien, en lo que involucra el desconocimiento de la sentencia proferida en el proceso con radicado No. 05001-23-26-000-1996-00284-01, tampoco se encontró probada la culpa exclusiva de la víctima, por cuanto contrario a los hechos que rodearon las lesiones del actor, en esa oportunidad se concluyó que:
“En el caso concreto no puede darse por acreditada una causa extraña, toda vez que el daño es imputable a la entidad demandada, pues, no sólo se ubicó el campamento en una zona de riesgo para la vida e integridad de los soldados que integraban la patrulla, sino que, de otra parte, la persona encargada de la guardia actuó de manera negligente al permitir el ingreso de un automotor, precisamente por el lugar en donde se encontraba instalado el acantonamiento militar provisional.”
68. Así pues, es dable establecer que los supuestos de hecho son disímiles y no era exigible para la autoridad judicial accionada aplicar los argumentos allí expuestos, toda vez que la obligación de indemnizar surgió por el actuar negligente del Ejército Nacional y no por su deber de cuidado sobre los conscriptos.
69. De otra parte, frente a la sentencia referida como desconocida y que fue proferida en la acción de tutela con radicado No. 110011-03-15-000-2020-03783-00, por la Sección Primera de esta Corporación, la Sala destaca que la misma no puede ser tenida como precedente, por cuanto no fue dictada por el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional. Finalmente, respecto de la sentencia citada identificada con radicado No. 11001-33-36-035-2017-00091-01 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para la Sala tampoco constituye precedente vertical ni horizontal, en tanto no fue dictado por una Alta Corte, ni se puede predicar en relación a ella una vulneración al derecho a la igualdad, ya que no fue dictada por el mismo juez que resolvió el asunto objeto de esta tutela.
70. A juicio de la Sala, la autoridad judicial accionada aplicó acertadamente los precedentes aplicables al caso concreto, situación distinta es que al estudiar en conjunto las pruebas obrantes en el expediente de reparación directa, encontró configurada la culpa exclusiva de la víctima, lo cual no merece reproche alguno desde el punto de vista constitucional.
71. Finalmente, conviene precisar que lo concerniente al deber de examinar si se configura o no una causal eximente de responsabilidad es un presupuesto que se ha venido estudiando de tiempo atrás en las controversias sobre responsabilidad del Estado, como, por ejemplo, aquellas que atañen a los conscriptos, sin que su aplicación configure per se un defecto o vicio en la respectiva providencia.
72. Así las cosas, esta Corporación concluye que, en el caso concreto, no se configuró el defecto alegado por la parte demandante, razón por la cual se impone negar el amparo solicitado.
2.7. Conclusión
73. Así las cosas, la autoridad judicial accionada no incurrió en el desconocimiento del precedente alegado por el señor Luis Handir Osorio Cuadrado y, en ese sentido, no vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues aplicó el precedente jurisprudencial de acuerdo al caso en concreto, dado que las sentencias citadas como desconocidas no constituyen precedente en tanto los supuestos fácticos son disímiles al caso de la parte actora. En ese contexto, esta Sala de Decisión negará el amparo deprecado en la presente acción de tutela.
DECISIÓN
Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
FALLA:
PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad del señor Luis Handir Osorio Cuadrado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAUJO OÑATE
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
La acción de tutela fue enviada al buzón web HYPERLINK "mailto:tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co" tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co
Folio 13 del escrito de tutela. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, M.P. Stella Conto Díaz, Sentencia 20.02.14, Rad. 20001-23-31-000-2001-01388-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, M.P. Enrique Gil Botero, Sentencia 15.10.08, Rad. 18586. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, M.P. María Adriana Marín, Sentencia 14.03.19, Rad. 20001-23-31-000-2011-00457-01. El accionante cita la referida sentencia de esta forma, sin embargo, se aclara que el magistrado pertenece a la subsección “B” del tribunal. Folio 55 del escrito de tutela. Folio 5 de la respuesta a la acción constitucional, por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”. Folio 6 de la respuesta a la acción constitucional, por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”. La Armada Nacional fue notificada el 24 de junio de 2021 mediante la notificación No. 58313 a los siguientes correos electrónicos: transparencia.arc@armada.mil.co; ciudadano@armada.mil.co; oficinajuridica@armada.mil.co; HYPERLINK "mailto:dasleg@armada.mil.co" dasleg@armada.mil.co. El Juzgado 32 Administrativo de Bogotá fue notificado el mismo día mediante notificación No. 58314 a los siguientes correos electrónicos: admin32bt@cendoj.ramajudicial.gov.co; HYPERLINK "mailto:jadmin32bta@notificacionesrj.gov.co" jadmin32bta@notificacionesrj.gov.co. El Ministerio de Defensa Nacional fue notificado el mismo día del presente año mediante notificación No. 58315 a los siguientes correos electrónicos: notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co; Notificaciones.Bogota@mindefensa.gov.co.
“ARTÍCULO 37. PRIMERA INSTANCIA. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud. El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar”.
“ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
(…)
5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada”.
“ARTÍCULO 35. ATRIBUCIONES DE LAS SALAS DE DECISIÓN Y DEL MAGISTRADO SUSTANCIADOR. Corresponde a las salas de decisión dictar las sentencias y los autos que decidan la apelación contra el que rechace el incidente de liquidación de perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposición a la diligencia de entrega o resuelva sobre ella. El magistrado sustanciador dictará los demás autos que no correspondan a la sala de decisión. Los autos que resuelvan apelaciones, dictados por la sala o por el magistrado sustanciador, no admiten recurso.
A solicitud del magistrado sustanciador, la sala plena especializada o única podrá decidir los recursos de apelación interpuestos contra autos o sentencias, cuando se trate de asuntos de trascendencia nacional, o se requiera unificar la jurisprudencia o establecer un precedente judicial”.
“ARTÍCULO 2.2.3.1.1.3 De los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto por el Decreto 2591 de 1991. Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto. Cuando el juez considere necesario oír a aquél contra quien se haya hecho la solicitud de tutela, y dicha persona sea uno de los funcionarios que por ley rinde declaración por medio de certificación jurada, el juez solicitará la respectiva certificación”.
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de 2012, Expediente No. 2009-01328-01, M.P. María Elizabeth García González. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. Sentencia del 7 de diciembre de 2016, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Expediente No. 2016-02213-01. Sentencia T-309 de 2005. Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.09.14, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 19.02.15, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, M.P. Martha Nubia Velásquez Rico, Sentencia 14.07.16, Rad. 44001-23-31-000-2005-00412-01. Folio 8 y 9 del fallo de segunda instancia en el proceso de reparación directa. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, M.P. María Adriana Marín, Sentencia 26.04.18, Rad. 20001-23-31-000-2012-00178-01. Se advierte que como las providencias no fueron allegadas junto con la solicitud de amparo ni citadas correctamente, fueron consultadas por la Sala en el Sistema Siglo XXI. La providencia plantea que los hechos no fueron claros pero que aun así se tiene el daño antijurídico causado al demandante.
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