Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-03720-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-03720-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-03720-00
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate (e)
8 de julio de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO / SUSPENSIÓN DE LOS PERMISOS DE TRABAJOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLÍFERA / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN - No configuración
El demandante afirma que el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “A”, mediante sentencia de 23 de abril de 2021, declaró la nulidad de la Resolución N° 181 del 17 de abril de 2007 “por medio de la cual se revoca directamente la decisión contenida en el acto administrativo de fecha 1 de diciembre de 2006” y, negó las demás pretensiones de la demanda ejercida por el accionante contra el municipio de Aipe – Huila, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. La parte actora alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico, sustantivo, procedimental, en desconocimiento de precedente y en violación directa de la Constitución. (…) [Ahora, según lo observa la Sala,] para invocarse [el defecto fáctico], el interesado debe identificar i) los elementos de prueba no valorados, ii) demostrar su aporte legal y oportuno, iii) señalar su relevancia para la decisión y iv) precisar de manera razonada la incidencia del medio probatorio para variar el sentido del fallo. Esta Sala de decisión avizora que el accionante cumplió con los dos primeros requisitos enunciados en el párrafo anterior, sin embargo, no señaló la relevancia ni la razonable incidencia de estas pruebas al momento de adoptar la decisión, toda vez que su argumento giró en torno al presunto deber que le asistía a la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, de ordenar el pago de la indemnización de los perjuicios aprobados, en virtud de la decisión del Juzgado Único Promiscuo Municipal de Aipe, bien sea, a cargo del municipio demandado o a Ecopetrol S.A.; ignorando en primera medida, que de acuerdo al análisis de legalidad desplegado por la autoridad accionada, el acto administrativo de 1 de diciembre de 2006 no produjo ningún efecto que pudiera ser reconocido mediante la declaratoria del restablecimiento del derecho, toda vez que esta última dependía del pago de una indemnización que ya había sido saldada. (…) Así las cosas, es claro para esta Sala de Decisión que, la providencia atacada no se encuentra permeada del defecto fáctico invocado, así como tampoco el de la violación directa a la Constitución, pues la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado se pronunció concretamente sobre los distintos medios probatorios tildados de desconocidos, desplegando sobre ellos su respectiva valoración, sin que pueda encontrarse que aquella se revista de caprichosa, absurda, abrupta o contraria a las reglas de la sana crítica, la experiencia y la lógica.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO / SUSPENSIÓN DE LOS PERMISOS DE TRABAJOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLÍFERA / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO / EFECTOS DE LA NULIDAD DECLARADA - No afectan aquellas medidas cautelares que fueron practicadas
En atención a que los argumentos planteados por el actor en la configuración del defecto procedimental confluyen en su totalidad con los planteados en el defecto sustantivo, esta Sala estima pertinente abordar ambos en un mismo sentido. Al respecto, deben resolverse los siguientes cuestionamientos: i) ¿negar una medida cautelar que había sido decretada, pero no practicada al interior de un trámite que fue declarado nulo, transgrede los efectos consagrados en el artículo 138 del CGP ? y ii) ¿declarar la nulidad de un acto administrativo sin que a la postre se ordene el restablecimiento del derecho desconoce la finalidad del medio de control contemplado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, así como en el artículo 85 del Decreto Ley 01 de 1984? (…) Sea del caso señalar que las normas anteriormente citadas, no resultan aplicables al proceso contencioso ordinario reprochado por el actor, ello en atención a que la radicación de la demanda data del 18 de mayo de 2007, fecha en la cual se encontraban vigentes el Código Contencioso Administrativo y por remisión normativa, el Código de Procedimiento Civil. (…) Como se observa, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo fijó una regla de tránsito de legislación clara respecto de su aplicación con efecto inmediato a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren desde el 2 de julio de 2012, así como también, dispuso la obligatoriedad de los efectos de la ley antigua, esto es, el Decreto Ley 01 de 1984 para aquellas situaciones jurídicas surgidas con anterioridad de esa fecha, como en efecto ocurre en el caso objeto de análisis. (…) Como se ve, el legislador no emitió disposición alguna sobre los efectos que la nulidad tendría respecto de las medidas cautelares que hubieren sido decretadas. De manera que, aun cuando el actor hubiere invocado la norma aplicable, tampoco tendría asidero el sustento de su reclamo sobre este aspecto. (ii) Además, si de analogía se tratara, el artículo 138 del CGP, indica que los efectos de la nulidad declarada no afectarán aquellas medidas cautelares que fueron practicadas, situación que no ocurre en el caso de marras, pues recuérdese que el mismo actor en su escrito de tutela puso de presente que la mentada orden nunca pudo ser cumplida. Ahora, sobre el segundo de los planteamientos, resulta valedero indicar que no le asiste razón al actor, por cuanto el artículo 85 CCA (…) no conlleva per se a que ante la declaratoria de nulidad de un acto administrativo deba restablecerse el derecho que fue reclamado en esa instancia, tal afirmación ha sido objeto de pronunciamiento por esta Corporación. (…) Visto lo anterior, resulta palmario que la autoridad judicial accionada no desdibujó la finalidad del medio de control observado, pues es notorio que el restablecimiento del derecho pecuniario pretendido por el actor, esto es, la indemnización tantas veces citada, no fue ordenada en atención a que no se acreditó la configuración de una situación jurídica o de un derecho en cabeza del actor para el efecto, de conformidad con lo esgrimido en el defecto fáctico.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO / SUSPENSIÓN DE LOS PERMISOS DE TRABAJOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLÍFERA / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL - No configuración / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA
En lo que respecta [al desconocimiento del precedente judicial], es menester señalar que el accionante no cumplió con la carga mínima argumentativa que le asiste para que el juez constitucional proceda a estudiar de fondo el defecto en mención, en la medida en que, para tal fin debe indicar i) cada una de las decisiones que se consideraron como desatendidas; ii) la ratio de las providencias en mención que se perciben como aplicables a la solución del caso en concreto; iii) las razones mínimas que permiten establecer la existencia de una analogía entre la litis de aquellos fallos y la de la situación sujeta a examen y iv) la incidencia que aquella ratio en la decisión final adoptada por el juez de instancia. Ahora bien, si bien señaló el desconocimiento del precedente vertical con ocasión de i) la sentencia C-426 del 29 de mayo de 2002 de la Corte Constitucional con ponencia del magistrado [R.E.G.]; y del horizontal, en virtud de ii) la sentencia del 29 de octubre de 1996 de la Sala Plena del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado [D.S.H.], lo cierto es que los criterios antes descritos no fueron desarrollados por el actor y en ese sentido, no es posible llevar a cabo el estudio del defecto invocado.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)
Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03720-00(AC)
Actor: AZARÍAS CASTRO SÁNCHEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN A
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la presente acción constitucional adelantada por el señor Azarías Castro Sánchez contra la sentencia proferida por el Consejo de Estado – Sección tercera- Subsección “A”, el 23 de abril de 2021, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, desarrollada por el Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado el 16 de junio del 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Azarías Castro Sánchez, actuando a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sección tercera- Subsección “A”, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de la justicia.
2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia de única instancia dictada por el Consejo de Estado – Sección Tercera- Subsección “A” el 23 de abril de 2021, por la cual resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda al interior del proceso con el número único de radicación 11001-03-26-000-2017-00168-00, interpuesta por el señor Azarías Castro Sánchez, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Aipe - Huila.
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
3. El 18 de mayo de 2007, el accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Aipe – Huila (en adelante municipio), pretendiendo i) la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 181 del 17 de abril de 2007, “por medio de la cual se revoca directamente la decisión contenida en el acto administrativo de fecha 1 de diciembre de 2006”, y, en consecuencia, ii) se declare válido y con plenos efectos legales el acto administrativo del 01 de diciembre de 2006, por el cual, el alcalde del municipio de Aipe, ordenó la suspensión de los permisos de trabajos de exploración y explotación adelantados por Ecopetrol S.A. en el predio Santa Helena, hasta tanto cancelara el pago de los perjuicios judicialmente avaluados y causados por la servidumbre petrolera que existía sobre el predio.
4. De igual forma, a título de restablecimiento del derecho, solicitó iii) se declarara que debido a la expedición de la Resolución N° 181 del 17 de abril de 2007, Ecopetrol S.A., no pagó los perjuicios aprobados por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Aipe y, con motivo de la anterior, iv) se condene al municipio a reparar el daño que le fue causado, por el valor del avalúo, correspondiente a la suma de setecientos dos millones cinco mil novecientos cuarenta pesos con treinta y cuatro centavos ($702.005.940,34), con su respectivo reajuste. Adicionalmente, el señor Azarías Castro Sánchez, solicitó el cumplimiento de la sentencia de conformidad a los artículos 176 y 178 del C.C.A.
5. La demanda fue conocida por el Tribunal Administrativo del Huila bajo el radicado número 41001-23-31-000-2007-00146-00, el 7 de junio de 2007 fue admitida, y dentro del trámite se decretó la medida cautelar de suspensión provisional del acto acusado. La anterior decisión fue objeto de apelación, de la que conoció el Consejo de Estado - Sección Tercera, que, mediante providencia de 10 de abril de 2008, resolvió confirmar la medida cautelar impuesta. El actor manifestó que la cautela nunca logró hacerse efectiva.
6. La controversia versó sobre la expedición de la Resolución No. 181 de 17 de abril de 2007, la cual fue dictada sin el consentimiento del actor y actual propietario del predio “Santa Helena”, y, sobre los efectos de la escritura pública No. 3.862 de 31 de diciembre de 1985 de la Notaría 1ª de Neiva, por la cual el señor Darío Charry Díaz, entonces propietario del mismo predio, fue indemnizado con ocasión a los perjuicios causados sobre este, en razón de las servidumbres propias de la industria del petróleo, según el contrato de concesión “Neiva 540”.
7. El Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia el 4 de julio de 2013, por la cual declaró la nulidad de la resolución atacada y negó las demás pretensiones. Frente a esta decisión, el apoderado del señor Castro Sánchez presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado en providencia del 5 de marzo de 2015, que declaró la nulidad de lo actuado por no haberse tramitado como un proceso de única instancia.
8. En razón a lo anterior, el 27 de noviembre de 2017 se dio trámite a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho bajo el radicado 11001-03-26-000-2017-00168-00, por lo que, la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, mediante auto de 31 de julio de 2018 resolvió admitirla y denegar la suspensión provisional de la Resolución No. 181 de 17 de abril de 2007, por lo que, solo se mantuvieron vigentes las pruebas practicadas en el proceso, pero no la medida cautelar decretada.
9. Finalmente, el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “A”, profirió sentencia el 23 de abril de 2021, por la cual declaró la nulidad de la Resolución N° 181 del 17 de abril de 2007 y, negó las demás pretensiones, al concluir, que la nulidad declarada no acarreaba el restablecimiento del derecho reclamado por el actor, “puesto que la medida de 1 de diciembre de 2006 proferida por el municipio, en la que se ordenó la suspensión de las actividades de exploración y explotación –medida revocada por la resolución que se anulará– no creó ninguna obligación a cargo de Ecopetrol S.A. y/o del municipio a favor de la parte actora”.
10. Adicionalmente, señaló que la nulidad no conlleva a una consecuencia declarativa de los efectos suspensivos de la decisión de 1 de diciembre de 2006, por cuanto, “además de que esa declaración no hizo parte de una pretensión de restablecimiento en la demanda, la referida suspensión estuvo condicionada al pago de una indemnización que en esta sentencia la Sala concluyó ya había sido saldada por HOCOL S.A. frente al propietario anterior del predio “Santa Helena”, y en razón a ello, se estaría frente a una situación jurídica que “no estuvo en caminada a producir efectos”.
11. La anterior decisión fue notificada el 21 de mayo de 2021 y, es objeto de la presente solicitud de amparo por cuanto el actor considera que la misma vulnera los derechos fundamentales invocados.
1.3. Pretensiones
12. A título de amparo constitucional, el accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
13. En consecuencia, la parte actora pidió:
“De acuerdo con lo anterior, respetuosamente solicito se acceda a la tutela disponiendo se modifique la sentencia de única instancia proferida el 23 de abril de 2021, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el No. 11001-03- 26-000-2017-00168-00 (60.525), en el sentido de accederse a las pretensiones de la demanda que fueron negadas, para lo cual, se adjunta el cuadro liquidatorio de las cuantías inherentes al restablecimiento del derecho.”
1.4. Sustento de la solicitud
14. Mediante apoderado judicial, el accionante precisó que el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “A”, incurrió en i) defecto fáctico por “contrariar parte del acervo probatorio” , ii) defecto sustantivo, porque se aplicó parcialmente el artículo 138 del CGP., y desconoció la finalidad del artículo 138 del CPACA y el artículo 85 del C.C.A, al no acceder la pretensión de restablecimiento del derecho, iii) defecto procedimental, por cuanto soslayó la finalidad del procedimiento derivado de las normas antes señaladas, en tanto no se trata de una simple nulidad, iv) desconocimiento del precedente judicial, toda vez que, habiéndose promovido la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; al ser declarada la primera, consecuentemente debió accederse al segundo, conforme a la teoría de móviles y finalidades; v) Violación directa a la constitución, en razón a que se transgredieron los derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
15. En cuanto al defecto fáctico invocado, la parte actora arguyó que la autoridad colegiada accionada, i) desconoció “la obligatoriedad y el valor probatorio” de la providencia judicial proferida por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Aipe, que aprobó el avalúo de los perjuicios, con lo que ignoró la veracidad, ejecutoria y obligatoriedad de las providencias judiciales; máxime cuando se ha destacado que según el artículo 176 del C.C.A, es un deber inherente a la existencia de las entidades públicas, el ejecutar las sentencias en firme, lo que, constituye un componente integral de acceso real y efectivo a la justicia.
16. Por lo anterior, el accionante indicó que es deber del Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “A”, como órgano colegiado “ordenar el pago de la indemnización de los perjuicios aprobados por el también juez de la república (sic) del municipio de Aipe, por vía del restablecimiento del derecho” bien sea, a cargo del municipio demandado o a Ecopetrol S.A..
17. El actor considera que la decisión judicial atacada ii) desconoció la presunción de autenticidad de la escritura pública 2282 del 22 de diciembre de 1997 de la Notaría Quinta de Neiva, en cuanto “constituye plena prueba sobre el término de duración de la concesión y de la servidumbre por disposición escrituraria, (…) porque no ha sido controvertida (…) además porque allí ECOPETROL S.A. en su calidad de otorgante-compareciente está plasmando la confesión sobre la culminación de la concesión, y con ella, de la servidumbre que recaía sobre el fundo”.
18. Lo anterior, en razón a que tales pruebas documentales fueron debidamente introducidas al proceso, sin presencia de tacha u oposición alguna de la contraparte.
19. Además, aseveró que el órgano colegiado accionado, iii) “tuvo por demostrado sin estarlo”, que Ecopetrol S.A. no presentó el recurso de revisión del avalúo según lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 1886 de 1954, lo cual no corresponde a la verdad, toda vez que esta última sí la presentó, pero de manera extemporánea.
20. En relación con el defecto sustantivo, en primer lugar, el accionante señaló que el operador judicial accionado “aplicó erróneamente las disposiciones legales que comportan la acción de nulidad y restablecimiento del derecho”, por cuanto se limitó a la declaratoria de nulidad del acto acusado, apartándose de los efectos surgidos, desconociendo así los artículos 85 del CCA y 138 del CPACA, que de haber sido aplicados como corresponden, hubieran significado una decisión de mérito, accediendo a lo pedido en la demanda.
21. En consecuencia, el actor consideró que, sólo en los casos en los que se niega la solicitud de nulidad, es posible negarse el restablecimiento del derecho; de conformidad con los efectos de la sentencia contenidos en el artículo 189 inciso 5 del CPACA.
22. En segundo lugar, indicó que la providencia judicial atacada permite observar “la sistemática violación a la estabilidad de la cautela” que consistía en la suspensión provisional de la Resolución N.° 181 de 2007; desconoció el mandato contenido en el artículo 138 del CGP, que establece que cuando se declare la nulidad de un proceso, se mantendrán las medidas cautelares practicadas.
23. Valga señalar, que los argumentos anteriormente expuestos fueron los mismos por los cuales, el actor consideró se incurrió en el defecto procedimental.
24. Ahora, con respecto del defecto de desconocimiento del precedente judicial, manifestó de manera puntual que la sentencia atacada violó la doctrina de los móviles y finalidades, por lo que, inobservó el i) precedente vertical contenido en la sentencia C-426 del 29 de mayo de 2002, en la que fue magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil; y, ii) el precedente horizontal de la providencia del 29 de octubre de 1996 de la Sala Plena del Consejo de Estado, con consejero ponente Daniel Suárez Hernández.
25. Así mismo, en un argumento posterior, señaló que para obtenerse el restablecimiento del derecho, son condiciones sine qua non, que el acto administrativo sea de contenido particular y concreto, que sea una pretensión del actor conforme al principio dispositivo y que se accione dentro del término de caducidad previsto por el legislador; por lo que, al cumplirse con estos requisitos, como ocurrió en el trámite de la demanda ordinaria, en virtud de la declaración de nulidad merece los plenos efectos de la misma y el restablecimiento del derecho.
26. Lo anterior, por cuanto la Corte Constitucional en sentencia C-259 del 6 de mayo de 2015, con magistrada ponente Gloria Stella Ortiz Delgado, atendiendo a la teoría de móviles y finalidades, establece cómo y en qué términos, una persona con interés directo podrá acudir a la jurisdicción contenciosa para lograr la anulación de un acto de contenido particular, por lo que, el juez contencioso administrativo se encuentra limitado por la pretensión de nulidad del actor y, en ese sentido, “la formulación y exigencia de requisitos adicionales no contenidos en el texto de la norma acusada ni derivados de su verdadero espíritu y alcance, representan, sin lugar a dudas, una carga ilegítima para los administrados que afecta y restringe de manera grave el ejercicio de sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y al debido proceso”.
27. Con respecto al cargo de violación directa de la Constitución, advirtió la conculcación de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, afectando igualmente, los principios de buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica y cosa juzgada, por cuanto a pesar de la firmeza del auto que aprobó el avalúo antes referido, la autoridad judicial accionada no lo tuvo en cuenta a la hora de proferir la sentencia que es objeto de reproche. Además, porque encuentra perdida la confianza legítima en la administración de justicia de cumplir con las decisiones judiciales.
1.5. Trámite de la acción de tutela
28. La entonces Magistrada, Dra Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, mediante auto de 18 de junio del 2021, se admitió la demanda de tutela y se dispuso su notificación a la parte actora, así como a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, como autoridad judicial accionada, y vinculó en calidad de terceros con interés al municipio de Aipe - Huila y Ecopetrol S.A., para que, en el término otorgado para tal fin, se pronuncia con respecto de la solicitud de amparo.
1.6. Intervenciones
29. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
30. Por medio de escrito enviado vía correo electrónico del 22 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la magistrada ponente de la providencia ordinaria demandada allegó informe por medio del cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones incoadas por esta vía, en atención a que no incurrió en ninguna vulneración de derechos fundamentales, lo anterior lo fundamentó en lo siguiente:
31. En primera medida, luego de hacer un recuento fáctico, indicó que la decisión que es objeto de amparo constitucional evidenció la omisión del municipio al expedir la Resolución No. 181 de 17 de abril de 2007 sin haber requerido el consentimiento del actual propietario del predio “Santa Helena”, esto es, el accionante, obviando entonces este requisito para poder revocar directamente la decisión del 1 de diciembre de 2006, así como también, el derecho al debido proceso.
32. No obstante, afirmó que no ordenó el restablecimiento del derecho por cuanto el pronunciamiento realizado en el acto administrativo del 1 de diciembre de 2006, sobre el pago de los perjuicios que fueron objeto de avalúo judicial, constituyó sólo una condición para que la suspensión de exploración y explotación plurimencioada se levantara, luego, ello no significó que hubiere generado para el actor la calidad de acreedor respecto de Ecopetrol S.A., y menos aún, del municipio.
33. La misma suerte siguió la pretensión de declarar con plenos efectos la orden de suspensión de los trabajos de exploración y explotación de petróleos, inmersa en la decisión del 1 de diciembre de 2006, por cuanto la misma no fue objeto de pronunciamiento en la demanda, y además porque la encontró improcedente, toda vez que dicha orden estuvo supeditada al pago de una indemnización, y según lo allegado al plenario, encontró acreditado que tal emolumento ya había sido pagado por HOCOL S.A. al anterior propietario del predio “Santa Helena”.
34. Acto seguido, refirió que la intención del actor redunda en plantear una instancia adicional a través de la acción de tutela, dado que está esbozando el mismo debate que ya fue resuelto en la sentencia objeto de reproche. Lo anterior lo afirmó por cuanto encontró que los argumentos desplegados en esta acción tutelar giran en torno a las pretensiones consecuenciales de la nulidad ordenada por la sentencia del 23 de abril de 2021.
35. Sobre el defecto fáctico enrostrado, manifestó que el accionante refiere que no se cumplió lo ordenado en el auto del 10 de marzo del 2003 proferido por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Aipe, argumento que, en voces del órgano colegiado accionado, pretende desorientar el norte de la controversia planteada por el mismo actor al interior del proceso ordinario, pues en aquella instancia, la pretensión de restablecimiento del derecho giró en torno a los efectos de la revocatoria ilegal de la decisión del 1 de diciembre de 2006 sin contar con el consentimiento del afectado.
36. De lo enunciado en el párrafo anterior, adicionó que las consideraciones de la sentencia del 23 de abril de 2021, en relación con el auto del 10 de marzo de 2003, se encaminaron a destacar que esta decisión solo avalaba la valoración realizada por peritos, pero la imputación de responsabilidad hacia Ecopetrol S.A. requería de la tramitación por un proceso jurisdiccional declarativo, puesto que “el procedimiento del Decreto 1886 de 1954, a lo sumo, habilitaba al alcalde del municipio para que, previo a la realización de los trabajos de exploración y explotación, los suspendiera si no se acreditaba el pago regulado en dicha normativa”.
37. En el desarrollo del mismo defecto indicó que, en contravía de lo enunciado por el accionante, la cláusula del numeral 8º de la escritura pública No. 2282 del 22 de diciembre de 1997 no tiene ninguna incidencia en las resultas del proceso ordinario, en la medida que la reversión que allí se estipuló no modificó el hecho de que la escritura pública No. 2.862 del 31 de diciembre de 1995 “en ningún momento vinculó la indemnización pagada al propietario anterior a la vigencia del contrato “Neiva 540”.
38. Por último, refirió que el cuestionamiento según el cual Ecopetrol S.A. adelantó la revisión del avalúo en los términos del artículo 6º del Decreto 1886 de 1954, sí fue objeto de valoración en el proveído objeto de amparo constitucional, para el efecto, citó el siguiente extracto:
“No sobra mencionar que la situación jurídica del señor Azarías Castro Sánchez, al amparo de la medida de suspensión prevista en el artículo 6 del Decreto 1886 de 1954, dependía de que se estuviera en presencia de un avalúo revisado por el Juez del Circuito de la jurisdicción a la que perteneciera el respectivo inmueble, lo que no ocurre en este caso, en el que la suspensión pendía de un avalúo que si bien fue practicado con base en las reglas del artículo 2 del mismo decreto no fue objeto del referido recurso de revisión”.
39. Ahora, sobre el defecto sustantivo manifestó que en vigencia del artículo 85 del CCA, la sola circunstancia de declarar nulo un acto administrativo de carácter particular no conlleva inexorablemente a la concesión de una indemnización, pues determinó que tal posibilidad depende de si el acto que se declara nulo ha creado el derecho que reclama, situación que encontró inadvertida en el caso de la cita.
40. Lo anterior fue objeto de reiteración, manifestando que la decisión del 1 de diciembre de 2006, nunca creó una acreencia patrimonial a favor del señor Castro Sánchez, y si bien, modificó su situación jurídica particular, lo cierto es que el pago de los perjuicios que el actor reclama ya fueron cancelados al anterior propietario del bien plurimencionado.
41. También encontró improcedente la aplicación de las normas citadas por el actor, esto es, el CPACA y el CGP, por cuanto la demanda incoada al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa fue radicada en el año 2007, en vigencia del CCA, sin que el cambio de radicación afectara su aplicabilidad.
42. Sobre la violación del precedente, la vulneración directa a la constitución, y el defecto procedimental expuso que el actor reiteró los mismos argumentos desplegados y abordados en el defecto sustantivo, por lo cual señaló que se reiteraba en los argumentos de defensa allí desarrollados.
43. Una vez abordó todo lo anterior, concluyó que lo pretendido por el actor en esta acción es acceder a una tercera instancia, generando un conflicto por “discrepancias interpretativas u analíticas”, que no son órbita de estudio del juez constitucional, pues de acuerdo con lo indicado, no se cumple con el requisito de relevancia constitucional.
1.6.2. Municipio de Aipe - Huila
44. Mediante correo electrónico del 24 de junio de 2021, el alcalde del municipio rindió informe, manifestando en primer término que la Resolución No. 181 de 17 de abril de 2007, por medio de la cual revocó la decisión de diciembre de 2006, subsanó el error cometido, por cuanto no se había dado prevalencia al interés general que se encuentra inmerso en la actividad petrolera desempeñada en el predio “Santa Helena”.
45. Aunado a ello, indicó que la Resolución demandada no tenía la vocación de impedir el pago de la indemnización contemplada en el Decreto 1886 de 1954, en la medida que tal emolumento ya había sido cancelado al primer propietario del predio, según consta en la escritura pública No. 3862 de 1985, por lo cual encontró acertado inferir que de acuerdo con tal instrumento y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el pago reclamado operaba por una sola vez.
46. Luego, afirmó que la autoridad judicial que expidió el auto del 10 de marzo de 2003, por el cual se aprobó el referido avalúo, también declaró la nulidad de “un mandamiento de pago que se había librado con base en aquel, en el proceso ejecutivo singular No. 2003-0084”, al encontrar que no se cumplían los requisitos necesarios para constituirse en un título ejecutivo, pues a través de él sólo se aprobó un dictamen pericial, de conformidad con el artículo 238 del C.P.C, y además, bajo la premisa de que el señor Azarías Castro Sánchez tenía la posibilidad de acudir a un proceso ordinario.
47. Después de traer a colación los mismos argumentos desplegados por el Consejo de Estado – Sección Tercera– Subsección A, indicó que la presente acción de tutela resulta improcedente en atención a que no supera la subsidiariedad de que trata el Decreto 2591 de 1991, pues en su sentir, el actor cuenta con la posibilidad de acudir a un proceso declarativo, para que por esa vía reclame el pago o aumento de la indemnización que ya fue cancelada.
48. Finalmente, afirmó que el juez contencioso accionado no ha incurrido en vulneración alguna de los derechos fundamentales del actor, en la medida que valoró el acervo probatorio, y que el hecho de haber declarado la nulidad del acto administrativo sin ordenar el restablecimiento reclamado por el actor, en nada lesiona sus garantías fundamentales. Además, encontró que la acción de tutela no está dada para reclamar perjuicios que ya fueron objeto de análisis por otras instancias.
49. Dado lo anterior, solicitó que las pretensiones de la acción de tutela fueran negadas por improcedente, en la medida que encontró ajustado a derecho el fallo atacado.
1.6.3. Ecopetrol S.A.
50. A través de memorial del 24 de junio de 2021, el apoderado judicial de la empresa, allegó contestación al presente trámite constitucional, indicando en un primer momento que la decisión emanada por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, se encuentra ajustada a derecho, de conformidad con las siguientes consideraciones:
51. La decisión de negar el restablecimiento del derecho del accionante tuvo asidero en la demostración de que, en su momento, HOCOL S.A., primer operador del campo, había cancelado la suma pretendida por concepto de imposición de servidumbre petrolera al anterior propietario del predio “Santa Helena”, de conformidad con lo consignado en la escritura pública No. 3.862 del 31 de diciembre de 1985, el cual, en voces del ordenamiento jurídico aplicable para la fecha, operaba por una única vez durante todo el tiempo que se desarrollaran las actividades de exploración y/o explotación.
52. Con ocasión a lo anterior, afirmó que al accionante no se le han vulnerado ninguna de las garantías constitucionales que ha reclamado por esta vía y, en consecuencia, solicitó que no se accediera al amparo solicitado por el actor, por cuanto al resulta improcedente, de conformidad con lo estipulado en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
53. Esta Sala es competente para conocer de la demanda presentada por el señor Azarías Castro Sánchez, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 de 2021, el artículo 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015, también modificado por el Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado No. 080 de 12 de marzo de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
54. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Consejo de Estado – Sección Tercera- Subsección “A” y, en tal sentido, debe aplicarse el numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 de 2021, según el cual, le corresponde a las demás Secciones y Subsecciones de esta Corporación conocer de las solicitudes de amparo que se promuevan contra alguna de las autoridades judiciales que componen el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
2.2 Cuestión previa
55. Con ocasión del contagio a gran escala de la pandemia del Covid-19 y el aumento de ocupación en las unidades de cuidado intensivo del país, el Consejo Superior de la Judicatura ha recomendado a los titulares de los despachos judiciales que implementen medidas que beneficien el trabajo en casa, a través de las plataformas tecnológicas institucionales, con el fin de preservar la salud e integridad de los funcionarios de la Rama Judicial, así como de los usuarios de la administración de justicia. En el Consejo de Estado se crearon correos electrónicos exclusivos para la interacción de los ciudadanos y se implementó el sistema de gestión judicial SAMAI, lo que ha permitido que las funciones del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo se sigan desarrollando de manera virtual.
2.3. Legitimación en la causa
56. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
57. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.
58. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-416 de 1997, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.
59. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.
60. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
61. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.
62. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el señor Azarías Castro Sánchez es el titular de los derechos fundamentales que reclama, al considerarlos vulnerados con ocasión de la sentencia de única instancia dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” el 23 de abril de 2021, que resolvió conceder parcialmente las pretensiones de la demanda en ejercicio del medio de control nulidad y restablecimiento del derecho; por ser el demandante en dicho trámite contencioso.
63. En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.
64. En relación con la autoridad judicial accionada, se advierte que la solicitud de amparo se dirige contra de la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, por cuanto es la autoridad que emitió la decisión que se ataca y de la cual se pregona la vulneración de derechos; en ese sentido, se encuentra legitimada por pasiva.
2.4. Problema jurídico
65. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora y las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado y el informe y argumentos esgrimidos por el Consejo de Estado – Sección tercera- Subsección “A”, el municipio de Aipe – Huila y Ecopetrol S.A., corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la tutela contra providencia judicial?
66. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, se resolverá:
¿Vulneró el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección “A”, los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de la justicia, invocados por presuntamente incurrir en defecto fáctico, sustantivo, procedimental, desconocimiento del precedente judicial y violación directa a la Constitución, al proferir sentencia del 23 de abril de 2021 que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, ejercida por el señor Azarías Castro Sánchez contra el municipio de Aipe - Huila?
67. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades de los defectos invocados y, (vi) el análisis del caso en concreto.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
68. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema y declaró su procedencia.
69. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
70. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
71. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.6. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.6.1. Relevancia constitucional
72. Para el caso en concreto, la Sala encuentra que este requisito sí se encuentra cumplido, por cuanto, al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la controversia propuesta por el accionante es de naturaleza constitucional, al solicitar la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de la justicia, por lo que, el presente caso debe analizarse desde una perspectiva de protección del contenido constitucionalmente vinculante de los derechos invocados, lo que implica que la discusión trascienda el ámbito meramente legal.
73. Así las cosas, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de tal manera que al existir la eventualidad de que no haya obtenido la protección de sus derechos ante el juez contencioso administrativo, natural de la causa ordinaria, quien tenía igualmente la obligación de constituirse en garante de los derechos fundamentales asumiendo el rol de juez de constitucionalidad y/o de convencionalidad, puede comparecer a dicho juez, quien deberá realizar el análisis del caso a la luz de los postulados del Estado Social de Derecho, como garante de la dignidad humana.
74. La conclusión anterior deviene de la consideración de que el asunto es de relevancia constitucional cuando resulta necesario verificar si subsiste la violación o amenaza al derecho fundamental, después de haber agotado el procedimiento legal administrativo o judicial establecido por la ley para su protección. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades públicas.
2.6.2. Tutela contra tutela
75. La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza, ya que la providencia censurada fue proferida por el Consejo de Estado – Sección tercera- Subsección “A”, en única instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 11001-03-26-000-2017-00168-00, que interpuso el accionante contra el municipio de Aipe – Huila.
2.6.3. Inmediatez
76. En relación con el acatamiento del referido requisito, no se advierte ningún reproche, en vista de que la providencia del el Consejo de Estado – Sección tercera- Subsección “A” fue proferida el 23 de abril de 2021 y notificada por correo electrónico el 21 de mayo de 2021, mientras que la acción de tutela fue presentada el 16 de junio del 2021, lo que implica un ejercicio oportuno de la acción constitucional.
77. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial, y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
2.6.4. Subsidiariedad
78. Respecto de este requisito, se tiene que la parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial distinto a la tutela para conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera causarle a sus derechos fundamentales; esto, toda vez que contra la providencia proferida por el Consejo de Estado – Sección tercera- Subsección “A”, no procede ningún recurso por tratarse de un proceso de única instancia, y además, no se configuran las causales de procedencia de los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia.
2.7. Generalidades de los defectos alegados
2.7.1. Defecto fáctico
79. Esta Sala en decisión de 12 de noviembre del 2015 precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión:
80. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso.
81. De conformidad con la sentencia de 11 de febrero de 2016, estos aspectos tienen características que se transcriben a continuación:
Evento
Características
Omisión de decreto y práctica de pruebas indispensables para fallar el asunto
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere que la parte:
Identifique el elemento probatorio que solicitó.
Demuestre que lo solicitó en oportunidad legal.
Exponga las razones por la cuales la prueba solicitada era conducente, pertinente o idónea.
Señale de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere que, de forma específica, se concrete en el escrito de amparo, cuáles pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
Así las cosas, se configura siempre que el interesado:
Identifique los elementos de prueba no valorados por el juez.
Demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso
Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
Precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo.
Valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
Se requiere entonces que la parte:
Precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez.
Refiera la razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.
Señale la incidencia de la prueba en el fallo atacado.
Dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde que el actor:
Señale con claridad los elementos probatorios aportados con violación al artículo 29 constitucional.
Exponga las razones que sustentan dicha vulneración.
Demuestre que estos elementos de convicción fueron el sustento de la decisión.
82. Conforme con el anterior cuadro, la Sección señaló:
“[…] Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar mínimamente en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución.
Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados, se excluyen entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al fallador […]”.
2.7.2. Defecto sustantivo
83. La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.
84. Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos: el fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
85. La Corte Constitucional también ha previsto los siguientes supuestos para la configuración del defecto referido: no se hace una interpretación razonable de la norma; la disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución; el ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición; la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma; se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
86. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente.
2.7.3. Defecto procedimental
87. La Corte Constitucional ha señalado que el defecto invocado se presenta en dos circunstancias, la primera cuando el juez se aparta por completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, denominado como defecto procedimental absoluto, que se ocasiona porque el funcionario judicial se i) ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente u ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso .
88. La segunda, se ocasiona en los casos en que la autoridad utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia, conocido como defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto, el cual acontece cuando i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, y iii) porque aplica rigurosamente el derecho procesal, pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales. De tal manera que el actor deberá demostrar que el juez actuó completamente por fuera del procedimiento establecido por la ley.
2.7.4. Desconocimiento del precedente
89. Para esta Sala, el precedente es aquella regla de derecho creada por una alta corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal. Esta decisión es vinculante para los demás operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, se crea una regla aplicable en los demás asuntos que se basen en los mismos supuestos de hecho.
90. Lo anterior tiene lugar en ejercicio de la actividad creadora de derecho que ejercen los jueces de las altas Cortes y los órganos de cierre de cada jurisdicción, ya sea para definir la interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe dársele la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos normativos, siempre a la luz de los preceptos constitucionales.
91. Por tanto, dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y operadores judiciales y constituye una actividad de creación de derecho, al definir directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de la Constitución.
92. Sin embargo, resulta necesario advertir que no todas las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes generan una regla o subregla, pues aquellas corresponden más al resultado de la aplicación al caso en concreto de la norma cuyos presupuestos fácticos se subsumen al caso, sin que exista necesariamente una actividad creadora del juez como tal.
93. De allí que esta Sección ha considerado que la parte que invoca el desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de identificar en su proceder argumentativo: (i) la decisión que considera desatendida; (ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
2.7.5. Violación directa de la Constitución
94. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que este defecto se configura cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la Constitución en los dos casos que se señalan a continuación.
95. El primero, tiene lugar cuando el juez “deja de aplicar una disposición fundamental a un caso concreto”. En este caso, procede la tutela contra providencia judicial por el defecto referido cuando: (i) el juez no interpreta y aplica una disposición legal orientado por el precedente constitucional; (ii) la controversia versa sobre un derecho de aplicación inmediata y (iii) cuando en la providencia se vulnera un derecho fundamental sin tener en cuenta el principio de interpretación conforme a la Constitución.
96. El segundo caso de violación directa de la Constitución tiene lugar cuando el juez “aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución”, y se fundamenta en el artículo 4 de la Constitución Política que establece que la Carta es norma de normas y, por tanto, en todo caso que el juez deduzca que una norma es incompatible con la Constitución, es deber del mismo “aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad”.
97. De antemano, esta Sala advierte que este cargo se estudiará de manera conjunta con el defecto fáctico por contener similares supuestos, a saber, la falta de valoración probatoria del juez colegiado demandado en lo que atañe a la aprobación del avalúo por parte del Juzgado Único Promiscuo Municipal de Aipe, pues de conformidad con lo desplegado por el accionante, tal omisión vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y la administración de justicia, afectando igualmente, los principios de buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica y cosa juzgada.
2.8. Caso concreto
98. El demandante afirma que el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “A”, mediante sentencia de 23 de abril de 2021, declaró la nulidad de la Resolución N° 181 del 17 de abril de 2007 “por medio de la cual se revoca directamente la decisión contenida en el acto administrativo de fecha 1 de diciembre de 2006” y, negó las demás pretensiones de la demanda ejercida por el accionante contra el municipio de Aipe – Huila, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
99. La parte actora alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico, sustantivo, procedimental, en desconocimiento de precedente y en violación directa de la Constitución, por los motivos expuestos del numeral 14 al 27 de la presente providencia. Una vez analizados los argumentos vertidos por el accionante, la Sala expone el desarrollo de los defectos invocados, de la siguiente manera:
2.8.1. Defecto fáctico y violación directa a la Constitución
100. Es necesario precisar que al invocarse un defecto fáctico por desconocimiento del acervo probatorio recaudado, el interesado debe identificar los elementos de prueba no valorados, demostrar su aporte legal y oportuno, señalar su relevancia para la decisión y precisar de manera razonada la incidencia del medio probatorio para variar el sentido del fallo; de igual forma, al tratarse de una errónea valoración de los medios de prueba, debe demostrar que dicha estimación resulta absurda, abrupta y contraria a las reglas de la sana crítica, la experiencia y la lógica.
101. Lo anterior, por cuanto se deben salvaguardar principios tales como la independencia y la autonomía del juez al emitir sus decisiones; salvo que, dicho ejercicio esté permeado por la arbitrariedad del operario judicial que conoció del asunto.
102. Así las cosas, la parte accionante señaló que la providencia atacada incurrió en este defecto por cuanto:
103. En primer lugar, indicó que se desconoció i) el valor probatorio la decisión judicial proferida por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Aipe, que aprobó el avalúo de los perjuicios causados, en razón de las servidumbres propias de la industria del petróleo, ignorando la obligatoriedad de cumplimiento de las providencias judiciales.
104. En segundo, señaló ii) desconocimiento de la presunción de autenticidad de la escritura pública 2282 del 22 de diciembre de 1997 de la Notaría Quinta de Neiva, en cuanto “constituye plena prueba sobre el término de duración de la concesión y de la servidumbre por disposición escrituraria, (…) porque no ha sido controvertida (…) además porque allí ECOPETROL S.A. en su calidad de otorgante-compareciente está plasmando la confesión sobre la culminación de la concesión, y con ella, de la servidumbre que recaía sobre el fundo”.
105. Ahora bien, esta Sala encontró que, al interior de las consideraciones de la providencia atacada, se desarrolló el “análisis de legalidad del acto demandado”, para resolver los cargos implorados por el actor y determinar si la reanudación de las actividades de exploración y explotación de petróleo en el predio “Santa Helena”, ordenada mediante la resolución demandada, exigía que Ecopetrol S.A., le indemnizara al señor Azarías Castro Sánchez los perjuicios sobre las servidumbres petroleras.
106. Sobre lo anterior, la autoridad judicial accionada precisó que la Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento jurisprudencial del 16 de diciembre de 2014 indicó que, al tratarse de una ocupación de carácter permanente, el pago de los perjuicios sobre las servidumbres petroleras, procedería “por una sola vez”, por cuanto “dicho aspecto estaba regulado por un procedimiento especial –el del Decreto 1886 de 1954– previo a la realización de trabajos de exploración y explotación de petróleo, el cual constituía un mecanismo de inmediatez o urgencia en una industria que es de interés nacional.”.
107. En razón a ello, indicó que analizar el decreto antes referido, aceptando que con la terminación y reversión del contrato de concesión para la exploración y explotación de petróleo, surgía para los propietarios de los predios, sobre los cuales se encontraban constituidas servidumbres propias de la industria, i) “el derecho a reclamar una nueva indemnización” y, en el evento, que el Estado no acceda de manera voluntaria a ello, ii) “la facultad de solicitar la suspensión de dichas actividades”, significaría “un atentado contra el interés nacional”, pues se pone en riesgo la continuidad de la industria; no significa entonces, que para el perjudicado no exista la posibilidad de plantear controversia judicial sobre la indemnización que no recibió o que le fue insuficiente para compensar los perjuicios, por cuanto en tal caso, lo que corresponde es acudir al proceso jurisdiccional declarativo de responsabilidad y no al procedimiento especial antes referido.
108. Aunado a lo anterior, la autoridad accionada advirtió que los perjuicios vinculados a las servidumbres propias de la industria del petróleo en el predio “Santa Helena” fueron indemnizadas de conformidad con la escritura pública N.° 3.862 de 31 de diciembre de 1985, por HOCOL S.A. al señor Darío Charry Díaz, entonces propietario del mismo predio, sin que mediara reserva expresa que vinculara el pago de la indemnización al término de la vigencia del contrato de concesión “Neiva 540”.
109. Sumado a ello, determinó que si bien la decisión de 1 de diciembre de 2006, revocada por la Resolución No. 181 de 17 de abril de 2007, modificó a favor del señor Castro Sánchez una situación jurídica de carácter particular y concreto, únicamente en torno a la suspensión de las actividades de exploración y explotación que eran realizadas en el predio de su propiedad, por parte de Ecopetrol S.A., no le asiste razón considerar que a su vez, dicho acto administrativo reconoció en favor suyo el derecho a la indemnización de los perjuicios objeto del avalúo practicado por y ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Aipe, por cuanto éste únicamente suspendió los permisos otorgados de manera condicionada.
110. Es así que el motivo por el cual, la autoridad accionada resolvió no conceder en calidad de restablecimiento del derecho, el pago de la indemnización de los perjuicios aprobados, en virtud del litigio que le correspondía; consistió en que el acto administrativo del 1 de diciembre de 2006, revocado por la Resolución No. 181 de 17 de abril de 2007 - declarada nula mediante la presente decisión controvertida - no constituyó a favor del interesado un derecho a la indemnización de los perjuicios, sino que se limitó a suspender de manera condicionada los permisos de exploración y explotación petrolera; y en todo caso, la declaratoria de la nulidad de la resolución antes mencionada, no vulneró el derecho de propiedad del señor Azarías Castro Sánchez, toda vez que “los perjuicios que acarreaban esos gravámenes fueron indemnizados en virtud de la escritura pública No. 3.862 de 31 de diciembre de 1985 al entonces propietario de dicho predio”.
111. Ahora bien, para invocarse este defecto, el interesado debe identificar i) los elementos de prueba no valorados, ii) demostrar su aporte legal y oportuno, iii) señalar su relevancia para la decisión y iv) precisar de manera razonada la incidencia del medio probatorio para variar el sentido del fallo.
112. Esta Sala de decisión avizora que el accionante cumplió con los dos primeros requisitos enunciados en el párrafo anterior, sin embargo, no señaló la relevancia ni la razonable incidencia de estas pruebas al momento de adoptar la decisión, toda vez que su argumento giró en torno al presunto deber que le asistía a la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, de ordenar el pago de la indemnización de los perjuicios aprobados, en virtud de la decisión del Juzgado Único Promiscuo Municipal de Aipe, bien sea, a cargo del municipio demandado o a Ecopetrol S.A.; ignorando en primera medida, que de acuerdo al análisis de legalidad desplegado por la autoridad accionada, el acto administrativo de 1 de diciembre de 2006 no produjo ningún efecto que pudiera ser reconocido mediante la declaratoria del restablecimiento del derecho, toda vez que esta última dependía del pago de una indemnización que ya había sido saldada.
113. Y de igual manera, que mediante escritura pública No. 3.862 de 31 de diciembre de 1985 de la Notaría 1ª de Neiva, por la cual el señor Darío Charry Díaz, para ese entonces propietario del predio “Santa Helena”, concedió a HOCOL S.A., entre otros, “el derecho de ocupar sus predios para la exploración, explotación, producción y distribución de petróleo (…)”, para el ejercicio de servidumbres de la industria petrolera y, como compensación de ello le fue reconocido el pago de la indemnización de los perjuicios causados, “por una sola vez” de conformidad al numeral octavo de la referida escritura, sin que en efecto, se estableciera que el pago de aquella se derivara de la terminación del contrato de concesión.
114. Estas situaciones no fueron discurridas por el actor y la mera enunciación del desconocimiento de las pruebas indicadas sin que medie una exposición argumentativa de las razones por las cuales las mismas son relevantes para la decisión adoptada, no es suficiente para encontrar configurado el defecto.
115. Finalmente, como tercera razón de invocación, el actor señaló que el órgano contencioso accionado iii) “tuvo por demostrado sin estarlo”, que Ecopetrol S.A., no presentó el recurso de revisión en contra del avalúo de conformidad al artículo 6 del Decreto 1886 de 1954, lo cual indicó era falso, dado que aquel recurso fue presentado de manera extemporánea.
Sobre ello, es necesario señalar que este cargo se cae por su propio peso, pues en la práctica judicial, en pro de la seguridad jurídica de las partes y la garantía de sus derechos procesales; las actuaciones judiciales o administrativas deben ser interpuestas dentro de los términos señalados por la ley, so pena de tenerse como no presentados.
116. Así las cosas, es claro para esta Sala de Decisión que, la providencia atacada no se encuentra permeada del defecto fáctico invocado, así como tampoco el de la violación directa a la Constitución, pues la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado se pronunció concretamente sobre los distintos medios probatorios tildados de desconocidos, desplegando sobre ellos su respectiva valoración, sin que pueda encontrarse que aquella se revista de caprichosa, absurda, abrupta o contraria a las reglas de la sana crítica, la experiencia y la lógica.
117. Por lo anterior, dada la naturaleza excepcional de la acción de tutela, especialmente cuando la misma cuestiona decisiones de naturaleza jurisdiccional, esta no se puede erigir en una tercera instancia y, por ende, el juez constitucional, en principio, no goza de las mismas prerrogativas que tenía el juez de la causa frente a la ponderación de los medios de prueba arrimados al plenario, siendo claro que, las pruebas que se ponen a disposición de los jueces y administradores de justicia, deben ser suficientes para entregar a este el convencimiento sobre si un hecho es real o no, para con ello, poder concluir si en efecto, la persona que lo alega, se encuentra o no bajo la violación efectiva de un derecho que le pertenece. Anterior presupuesto que no se cumplió ante la carencia argumentativa del actor para demostrar la incidencia las pruebas señaladas de desconocidas en el sentido de la decisión.
2.8.2. Defecto sustantivo y procedimental
118. En atención a que los argumentos planteados por el actor en la configuración del defecto procedimental confluyen en su totalidad con los planteados en el defecto sustantivo, esta Sala estima pertinente abordar ambos en un mismo sentido. Al respecto, deben resolverse los siguientes cuestionamientos: i) ¿negar una medida cautelar que había sido decretada, pero no practicada al interior de un trámite que fue declarado nulo, transgrede los efectos consagrados en el artículo 138 del CGP? y ii) ¿declarar la nulidad de un acto administrativo sin que a la postre se ordene el restablecimiento del derecho desconoce la finalidad del medio de control contemplado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, así como en el artículo 85 del Decreto Ley 01 de 1984?
119. Sea del caso señalar que las normas anteriormente citadas, no resultan aplicables al proceso contencioso ordinario reprochado por el actor, ello en atención a que la radicación de la demanda data del 18 de mayo de 2007, fecha en la cual se encontraban vigentes el Código Contencioso Administrativo y por remisión normativa, el Código de Procedimiento Civil.
120. Lo anterior se asevera en la medida que la vigencia de la Ley 1437 de 2011 se estableció a partir del 2 de julio de 2012, de conformidad con lo ordenado en el artículo 308 del mentado instrumento normativo en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.”
121. A su turno, el artículo 309 ibídem derogó, entre otras normativas, el Código Contencioso Administrativo:
“ARTÍCULO 309. DEROGACIONES. Deróganse a partir de la vigencia dispuesta en el artículo anterior todas las disposiciones que sean contrarias a este Código, en especial, el Decreto 01 de 1984, el Decreto 2304 de 1989, los artículos 30 a 63 y 164 de la Ley 446 de 1998, la Ley 809 de 2003, la Ley 954 de 2005, la Ley 1107 de 2006, el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, el artículo 9o de la Ley 962 de 2005, y los artículos 57 a 72 del Capítulo V, 102 a 112 del Capítulo VIII y 114 de la Ley 1395 de 2010.”
122. Como se observa, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo fijó una regla de tránsito de legislación clara respecto de su aplicación con efecto inmediato a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren desde el 2 de julio de 2012, así como también, dispuso la obligatoriedad de los efectos de la ley antigua, esto es, el Decreto Ley 01 de 1984 para aquellas situaciones jurídicas surgidas con anterioridad de esa fecha, como en efecto ocurre en el caso objeto de análisis.
123. Luego, es cierto que las finalidades que gobiernan a la acción de tutela permite que el juez constitucional cuente con un amplio margen de flexibilidad interpretativa y supere ciertos campos de rigurosidad, no obstante lo anterior, para esta Sala resulta impropio determinar que el órgano colegiado accionado incurrió en un yerro de carácter sustancial por negar la mentada medida cautelar, de conformidad con lo siguiente:
124. El artículo 146 del Código Procesal Civil, vigente para el proceso ordinario de la cita, consagró sobre los efectos de la nulidad declarada lo siguiente:
“(…) La nulidad sólo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por éste. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto a quienes tuvieron oportunidad de contradecirla.”
125. Como se ve, el legislador no emitió disposición alguna sobre los efectos que la nulidad tendría respecto de las medidas cautelares que hubieren sido decretadas. De manera que, aun cuando el actor hubiere invocado la norma aplicable, tampoco tendría asidero el sustento de su reclamo sobre este aspecto
126. (ii) Además, si de analogía se tratara, el artículo 138 del CGP, indica que los efectos de la nulidad declarada no afectarán aquellas medidas cautelares que fueron practicadas, situación que no ocurre en el caso de marras, pues recuérdese que el mismo actor en su escrito de tutela puso de presente que la mentada orden nunca pudo ser cumplida.
127. Ahora, sobre el segundo de los planteamientos, resulta valedero indicar que no le asiste razón al actor, por cuanto el artículo 85 CCA, también aplicable al asunto objeto de amparo, manifestó sobre la nulidad y restablecimiento del derecho lo siguiente:
“Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente.”
128. Como se ve, el texto transcrito no conlleva per se a que ante la declaratoria de nulidad de un acto administrativo deba restablecerse el derecho que fue reclamado en esa instancia, tal afirmación ha sido objeto de pronunciamiento por esta Corporación, véase:
“Ahora bien, como se venía explicando ut supra, la acción de restablecimiento del derecho (la misma que antes se conocía con el nombre de “acción de plena jurisdicción” (CCA, art. 667, L. 167/41) y hoy “acción de nulidad y restablecimiento del derecho” (D.L. 2304/89, art. 15), aunque en verdad es típicamente de carácter subjetivo (“Toda persona que se crea lesionada en un derecho suyo...”), guarda estrecha armonía con la acción de nulidad simple (tutelar el derecho objetivo), puesto que como se deriva de la simple lectura del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo vigente, los motivos que se pueden invocar por el demandante, en una u otra acción, son comunes. De allí que una de las pretensiones que contempla la acción de restablecimiento del derecho sea la anulación del acto administrativo y que otra, consecuencia de los resultados favorables de ésta, el restablecimiento en su derecho. Más, lógicamente, que ese restablecimiento está supeditado a que el derecho subjetivo del interesado exista, por que (sic) si no existe, mal puede restablecérsele en algo que nunca ha estado en el patrimonio jurídico de esa persona.
Esto último fue lo que observó el tribunal en el caso particular del actor, y vió cómo las simples irregularidades de los actos que declaró nulos no lesionaron ningún derecho suyo, por lo cual denegó esa pretensión (...). Que la acción necesariamente debe ser planteada contemplando el demandante las dos solicitudes inseparables, la de la nulidad del acto y la del restablecimiento del derecho, no significa que el juez administrativo debe acceder indubitablemente a ésta última, dado que en un juicio concreto es posible que el pretendido derecho que se requiere restablecer, no exista” (negrillas fuera de texto).
129. Visto lo anterior, resulta palmario que la autoridad judicial accionada no desdibujó la finalidad del medio de control observado, pues es notorio que el restablecimiento del derecho pecuniario pretendido por el actor, esto es, la indemnización tantas veces citada, no fue ordenada en atención a que no se acreditó la configuración de una situación jurídica o de un derecho en cabeza del actor para el efecto, de conformidad con lo esgrimido en el defecto fáctico.
2.8.3. Desconocimiento del precedente judicial
130. En lo que respecta a este cargo, es menester señalar que el accionante no cumplió con la carga mínima argumentativa que le asiste para que el juez constitucional proceda a estudiar de fondo el defecto en mención, en la medida en que, para tal fin debe indicar i) cada una de las decisiones que se consideraron como desatendidas; ii) la ratio de las providencias en mención que se perciben como aplicables a la solución del caso en concreto; iii) las razones mínimas que permiten establecer la existencia de una analogía entre la litis de aquellos fallos y la de la situación sujeta a examen y iv) la incidencia que aquella ratio en la decisión final adoptada por el juez de instancia.
131. Ahora bien, si bien señaló el desconocimiento del precedente vertical con ocasión de i) la sentencia C-426 del 29 de mayo de 2002 de la Corte Constitucional con ponencia del magistrado Rodrigo Escobar Gil; y del horizontal, en virtud de ii) la sentencia del 29 de octubre de 1996 de la Sala Plena del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Daniel Suárez Hernández, lo cierto es que los criterios antes descritos no fueron desarrollados por el actor y en ese sentido, no es posible llevar a cabo el estudio del defecto invocado.
2.9. Conclusión
132. Con fundamento en los argumentos expuestos en los párrafos precedentes, se negará la acción de tutela con fundamento en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, reclamados por el accionante, toda vez que la Sala considera que se no se cuenta con los elementos suficientes para la configuración de los defectos invocados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la acción promovida por el señor Azarías Castro Sánchez, por no configurarse los defectos fáctico, sustantivo, procedimental, desconocimiento del precedente judicial, y de violación directa a la Constitución, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes según lo establecido por el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAUJO OÑATE (E)
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
La acción de tutela fue enviada al buzón web HYPERLINK "mailto:secgeneral@consejodeestado.gov.co" secgeneral@consejodeestado.gov.co. El proceso tuvo un cambio de radicación el 27 de noviembre de 2017 debido a la nulidad decretada en auto de 5 de marzo de 2015, según consta en [folios 238 a 250 del archivo “39_110010326000201700168003expedientedigi20201125121311.pdf”], desde el auto admisorio de la demanda del Tribunal Administrativo del Huila, fechado el 7 de junio de 2007 [folios 172 a 177 del archivo “42_110010326000201700168006expedientedigi20201125121312.pdf”], por cuanto, desde el principio, el proceso no fue tramitado como de única instancia. Anteriormente, le correspondió el radicado 41001-23-31-000-2007-00146-01(49161) y en consecuencia de la nulidad, mediante acta individual de reparto de 27 de noviembre de 2017, se le dio trámite a la presente acción bajo el número único de radicación 11001-03-26-000-2017-00168-00(60525) y, mediante auto de 31 de julio de 2018, la demanda fue nuevamente admitida. Expedida por el municipio de Aipe- Huila. Por el cual se ordenó a Ecopetrol S.A., suspender los permisos de trabajos de exploración y explotación que adelantaba en el predio Santa Helena hasta tanto cancelara el pago de los perjuicios judicialmente avaluados. En virtud de fallo del 25 de noviembre de 2005 proferido por el Tribunal Administrativo del Huila, en el cual se resolvió favorablemente la acción de cumplimiento y el incidente de desacato promovidos por el actor contra el alcalde, en razón a que el señor Azarías Castro Sánchez, solicitó al primero, dar cumplimiento al artículo 6 del Decreto 1889 de 1954, ordenando suspender los permisos de exploración y explotación adelantados por Ecopetrol S.A., por cuanto este último se negó al pago de los perjuicios establecidos mediante dictamen pericial y reconocidos por el Juzgado único Promiscuo Municipal de Aipe, por la terminación de la servidumbre del predio “Santa Helena”. Que revocó el acto administrativo de fecha 1 de diciembre de 2006. Sociedad de Economía Mixta, de carácter comercial del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, conforme a lo establecido en la Ley 1118 de 2006. Suma que, de conformidad a las pretensiones de la demanda, señaló ascienden al valor de setecientos dos millones cinco mil novecientos cuarenta pesos con treinta y cuatro centavos ($702.005.940,34), “monto actualizado con base en la variación del índice de precios al consumidor –IPC- certificado por el DANE, junto con los intereses de mora a la correspondiente tasa legal vigente, según la Superintendencia Financiera”. No identifica la sentencia. La decisión se adoptó al concluir que la administración municipal de Aipe Huila, desconoció el artículo 73 del C.C.A., al proferir la Resolución 181 de 2007, por cuanto no solicitó consentimiento expreso del ciudadano Azarías Castro para revocarla, ni tampoco acudió a la acción de lesividad para demandar su propio acto ante la jurisdicción, según las pruebas aportadas; con lo cual vició de nulidad el acto. Mediante auto del 7 de junio de 2007 que admitió la demanda. Folio 28 de la sentencia atacada. De conformidad al índice N.° 85 del aplicativo SAMAI en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N.° 11001-03-26-000-2017-00168-00. Folio 3 del escrito de amparo. Conforme al artículo 2 del Decreto 1886 de 1954. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 28 de enero de 2010, dentro de proceso bajo radicado N.°. 25000-23-15-000-2009-01590- 01(AC), con Consejera Ponente Susana Buitrago Valencia. Folio 7 del escrito de amparo. Según en el hecho 1.9 descrito en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, esta situación se puede apreciar en auto del 11 de abril de 2003, proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva que rechazó la demanda de ECOPETROL S.A.
“Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una Obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente.”.
“Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”
Hace referencia al cumplimiento de la medida cautelar decretada mediante auto del 7 de junio de 2007, por el Tribunal Administrativo del Huila. Corte Constitucional en sentencia C-259 del 6 de mayo de 2015, con magistrada ponente Gloria Stella Ortiz Delgado. Índice No. 7 del aplicativo SAMAI.
“OCTAVO: Que mediante Resolución Número 33 del veintiocho (28) de marzo de 1994 del Ministerio de Minas y Energía se terminó el Contrato de Concesión para explorar y explotar petróleo de propiedad nacional denominado ´NEIVA 540´. Que como consecuencia de lo anterior operó en favor de la Nación la reversión prevista en el artículo 33 del Código de Petróleos debiendo HOCOL S.A. pasar gratuitamente a poder de la Nación las servidumbres y bienes expropiados en beneficio de la misma”.
“Decreto 1886/54. Artículo 6. Surtida la revisión, si el explorador o explotador de petróleo rehusare pagar al dueño o al ocupante de los terrenos el valor de la indemnización, el Juez del Circuito competente ordenará al Agente de la Agencia o sucursal de la Caja Colombiana de Ahorros, o al Recaudador de Hacienda Nacional del Municipio respectivo, a solicitud del interesado, que efectúe tal pago con los dineros consignados por el explorador o explotador de petróleo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. de este Decreto.
“Pero si la suma consignada no fuere suficiente para cubrir la indemnización, el industrial de petróleos deberá pagar al dueño u ocupante de los terrenos el saldo a su favor, so pena de que si así no lo hiciere éste pueda solicitar del Alcalde la suspensión del permiso para la ejecución o continuación de los trabajos, de que trata el artículo 7o. del presente Decreto”.
“Decreto 1886/54. Artículo 4. Cualquiera de las partes puede pedir ante el Juez del Circuito de la jurisdicción a la que pertenezcan los inmuebles materia de la diligencia, la revisión del avalúo y del monto de la indemnización fijada con base en él, dentro del término de un mes contado a partir de la fecha de la diligencia del avalúo.
“Si fuere el explorador o explotador de petróleo quien hiciere uso de este recurso, deberá consignar previamente en la Agencia o sucursal de la Caja Colombiana de Ahorros, si la hubiere, o en la Recaudación de Hacienda Nacional del Municipio, a la orden del Juez del Circuito respectivo, en dinero efectivo, el 50% del valor de la indemnización que hubieren señalado los peritos. Sin este requisito, la solicitud de revisión hecha por el explorador o explotador de petróleo no podrá ser tenida en cuenta.
“Los gastos que ocasione la revisión serán sufragados por la parte que la pida” (subrayado fuera del texto).
“Decreto 1886/54. Artículo 2.
Cuando haya de efectuarse el avalúo pericial de los perjuicios ocasionados con los trabajos de exploración o explotación, a que se refiere el artículo 116 del Decreto 805 de 1947, la respectiva diligencia se ajustará a las siguientes normas:
“El avalúo será practicado por ante (sic) el Juez Municipal a cuya jurisdicción pertenezcan los terrenos o mejoras, a solicitud del explorador o explotador de petróleos, o del dueño u ocupante de los terrenos o mejoras, con intervención de dos peritos: uno nombrado por el explorador o explotador de petróleos y otro por el dueño u ocupante del terreno.
“Si los peritos no se pusieren de acuerdo en su dictamen, deberán proceder de inmediato a la designación de perito tercero” (subrayado fuera del texto).
“Decreto 1886/54. Artículo 7. Una vez cumplidas las diligencias de avalúo de que trata el presente Decreto y consignado el valor correspondiente, o efectuado el pago al damnificado, según el caso, el explorador o explotador de petróleo podrá iniciar inmediatamente los trabajos, y su ejecución no podrá ser impedida aun cuando se haga uso del recurso de revisión del avalúo; el Alcalde Municipal prestará todo el apoyo necesario al industrial de petróleo para que pueda adelantar sus trabajos sin obstáculos de ninguna clase.
“(…)” (subrayado fuera del texto). Según consta en el índice No. 10 del aplicativo SAMAI. El Municipio de Aipe no indicó puntualmente cuál es la jurisprudencia a la que hace alusión. Índice No. 13 del aplicativo Samai
“ARTICULO 37. PRIMERA INSTANCIA. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud. El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar”.
“ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. ARTÍCULO 2.2.3.1.2.4. Los reglamentos internos de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar que los asuntos relacionados con el conocimiento de la impugnación de fallos de acción de tutela sean resueltos por salas de decisión, secciones o subsecciones conformadas para tal fin. Así mismo determinara la conformación de salas de decisión, secciones o subsecciones para el conocimiento de las acciones de tutela que se ejerzan contra actuaciones de la propia corporación, a las que se refiere el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del presente decreto. ARTÍCULO 25. ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACCIONES DE TUTELA, DE CUMPLIMIENTO, POPULARES Y DE GRUPO. Las impugnaciones y demás asuntos relacionados con las acciones de tutela y de cumplimiento, serán resueltos por la Sección o Subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el Consejero a quien haya correspondido el reparto y su trámite se hará por la Secretaría General de la Corporación.
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto. PARÁGRAFO. El reparto lo hará el secretario general del Consejo de Estado y, tratándose de tutelas contra providencias de la Corporación, en el reparto no se tendrán en cuenta los magistrados que integran la sección o subsección accionada o que haya decidido en primera instancia, según el caso. Las impugnaciones y demás asuntos relacionados con las acciones populares y de grupo serán resueltos por la Sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo en los términos de este acuerdo, y su trámite se hará a través de la Secretaría General de la Corporación.
“SAMAI es un aplicativo web producto de la innovación interna, que recoge las necesidades y las buenas prácticas de gestión judicial; permite gestionar y controlar un expediente judicial desde su inicio hasta su terminación; la incorporación de los antecedentes del expediente digitalizados; notificaciones electrónicas; la participación de sujetos procesales autorizados y el trámite de los expedientes dentro cada despacho; integra en una sola aplicación funcionalidades dispersas y brinda un tablero de control al servidor judicial para el seguimiento de su despacho. Integra otros sistemas internos como la gestión de personal y el sistema de relatoría (…)”
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511, 08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero López, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00. De conformidad al índice N.° 85 del aplicativo SAMAI en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N.° 11001-03-26-000-2017-00168-00. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01. Consejo de Estado, sentencia del 11 de febrero de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-03442-01. Corte Constitucional, Sentencia SU-195, 12.03.12, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU.159, 06.03.02, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Sentencia T-043, 27.01.05, M.P.Marco Gerardo Monroy Cabra; Sentencia T-295, 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Sentencia T-657, 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; Sentencia T-686, 31.08.07, M.P. Jaime Córdoba Triviño; Sentencia T-743, 24.07.06, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Sentencia T-033, 01.02.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, Sentencia T-792, 01.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras. Corte Constitucional, Sentencia T-189, 03.03.05, M.P. Manuel José cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia T-205, 04.03.04, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Corte Constitucional, Sentencia T-800, 22.09.06, M.P. Jaime Araújo Rentería. Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia SU-159, 06.03.02, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencias T-051, 30.01.09, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101, 28.10.2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, Sentencia T-018, 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, Sentencia T-086, 08,02,07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia T-231, 13.04.94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
Corte Constitucional, Sentencia T-807, 26.08.04, M.P. Clara Inés Vargas
Corte Constitucional, sentencia T- 429 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, reiterada en las sentencias T-398 de 2017 y T-367 de 2018, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger. Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019, radicación 11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio y la providencia del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-201904312-00 con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate. Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01. Corte Constitucional, Sentencia SU-198, 11.04.13, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Conforme al artículo 2 del Decreto 1886 de 1954. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 16 de diciembre de 2014 [Exp. 11001-31-03-007-2007-00268-01]. MP. Margarita Cabello Blanco. En esta providencia de citan dos pronunciamientos de la misma corporación de 4 de agosto de 1994 [Exp. 1437] y 29 de mayo de 1996 [Exp. 3031], en los que se indica que cuando los afectados por los trabajos de exploración y explotación de petróleo “despilfarran” la oportunidad de acudir oportunamente al trámite del Decreto 1886/54 –procedimiento excepcional que es previo a la realización de dichos trabajos–, disponen en todo caso de otras vías judiciales para proponer la correspondiente acción resarcitoria para el pago de los perjuicios que se hubieren podido ocasionar por la ocupación permanente de sus terrenos o mejoras, si los producidos no hubieren sido resarcidos totalmente o solo parcialmente. Revocado por la Resolución No. 181 de 17 de abril de 2007, declarada nula dentro del proceso ordinario. Folios 40 a 44 del archivo “42_110010326000201700168006expedientedigi20201125121312.pdf” y 85 a 89 del archivo “43_110010326000201700168007expedientedigi20201125121313.pdf”, del proceso ordinario.
“Artículo 138. Efectos de la declaración de falta de jurisdicción o competencia y de la nulidad declarada. (…) La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla, y se mantendrán las medidas cautelares practicadas.” (Énfasis propio).
“Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”
“Articulo 85. Accion de restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho suyo, amparado por una norma jurídica, podrá pedir que, además de la anulación del acto administrativo, se le restablezca en su derecho, o se le repare el daño.”
Acta de reparto visible a folio 3 del expediente digital, índice No. 9 del aplicativo Samai.
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, radicado No. 25000-23-25-000-2003-05234-01(0257-08), sentencia del 15 de noviembre de 1990 (Exp. 2339) citando a la Corte Constitucional en sentencia C-199 del 17 de abril de 1997, que declaró exequible el artículo 85 del C.C.A.
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