Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-03792-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-03792-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-03792-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
15 de diciembre de 2021
Radicación: 11001-03-15-000-2021-03792-01
Accionante: Jorge Enrique Velásquez Crespo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., quince (15) diciembre de dos mil veintiuno (2021)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-03792-01
Accionante: JORGE ENRIQUE VELÁSQUEZ CRESPO
Accionado: X. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA
Tesis: No incurre en defecto fáctico ni en vulneración directa
de la Constitución la providencia judicial que negó la
nulidad de la elección de un alcalde municipal por no
estar acreditada la trashumancia electoral.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo de tutela proferido el 30 de septiembre de 2021 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que denegó el amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Jorge Enrique Velásquez Crespo, actuando por conducto de
apoderada, promovió acción de tutela en contra de la sentencia
proferida el 22 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia y a
participar en la conformación y ejercicio del poder político. El actor
formulo la siguiente pretensión1:
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 03792 00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-03792-01
Accionante: Jorge Enrique Velásquez Crespo
“[…] Con fundamento en la situación fáctica antes descrita y los
fundamentos de derecho antes expuestos, solicito muy
comedidamente a la Sala, declarar que la autoridad judicial
accionada vulneró los derechos fundamentales referidos con
ocasión a la Sentencia de fecha de 22 de abril de 2021, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo de Córdoba, M.P. resolvió
negar las pretensiones de la demanda de nulidad electoral contra
la elección de Custodio Liborio Acosta Urzola como alcalde de San
José de Uré, Córdoba, para el período 2020-2023. En
consecuencia, se sirva amparar los derechos, dejando sin efecto
esta providencia y disponiendo que se adopte una nueva decisión
que efectúe una valoración correcta de las pruebas […]”.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que promovió demanda bajo el medio de control
de nulidad electoral en contra del formulario E – 26 ALC del 31 de
octubre de 2019 que declaró la elección del alcalde municipal de San
José de Uré, alegando, entre otros hechos, que, en dichos comicios,
votaron personas que no eran residentes electorales y afirmó que ello
lo acreditó con testimonios, “formularios E-10 -lista de sufragantes-;
cruce y registro de bases de datos del SISBEN, ADRES, DPS, CENSO
ELECTORAL, CONFECAMARAS Y SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRADO (sic); planteó la existencia de tres grupos de
trashumantes:
“[…] • 21 ciudadanos quienes el CNE en los años 2014, 2018 y
2019 dejó sin efectos la inscripción de sus cédulas para las
elecciones de autoridades locales por no acreditarse la residencia
electoral en el municipio de San José de Uré – Córdoba.
• 56 ciudadanos a quienes el CNE en el año 2015 dejó sin efectos
la inscripción de sus cédulas para las elecciones de autoridades
locales en razón a la falta de acreditación de la residencia electoral
en el municipio de San José de Uré.
• 297 ciudadanos no residentes en San José de Uré, a quienes se
les solicitó la revocatoria de su inscripción para votar en las
elecciones de autoridades locales para 2020-2023, según petición
radicada ante el CNE el 26 de agosto de 2015 por trashumancia
histórica […]”.
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Accionante: Jorge Enrique Velásquez Crespo
Indicó que la demanda correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Córdoba que, en sentencia de única instancia
proferida el 22 de abril de 2021, negó las pretensiones.
Adujo que, en la providencia atacada, se incurrió en defecto fáctico
porque lo decidido sobre el cargo de trashumancia electoral carece de
apoyo probatorio. Lo anterior, debido a que no se analizaron en su
conjunto las pruebas indiciarias que denotaban la falta de residencia
electoral de 297 personas que votaron durante las elecciones; el juez de
la causa no analizó en favor del demandante “la figura procesal de las
negaciones indefinidas en lo que respecta al motivo de residencia
electoral de ejercer su profesión u oficio en el municipio”, pues
“claramente la manifestación del demandante que, los 297
trashumantes no ejercían profesión u oficio en el municipio de San José
Uré se trataba de una negación indefinida, porque no era susceptible de
probar por medio alguno más allá de los aportado o era de difícil acceso
para el demandante”, y “ante la diferencia de tan sólo veintitrés (23)
votos en la elección para alcalde del municipio, de incluirse en el cálculo
del sistema de distribución ponderada los 297 trashumantes, las
irregularidades deprecadas en el acto electoral modificaban el resultado
final de las elecciones”.
Explicó que la causal de nulidad electoral relativa a la trashumancia
puede ser acreditada a través de pruebas indirectas que permitan inferir
lógicamente la falta de residencia electoral de los votantes y que, por el
contrario, el juez natural de la causa “(…) redujo la valoración
probatoria al absurdo que si no se contaba con resolución proferida por
el CNE que previamente excluyera las cédulas del censo electoral,
estaba autorizado a concluir que no se logró acreditar la falta de
residencia electoral en el municipio de San José de Uré. La legislación
electoral no prevé esa situación jurídica como la única que prueba la
trashumancia, como lo entendió el Tribunal”.
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Arguyó que se configuró el defecto de violación directa de la
Constitución dado que la providencia controvertida vulneró el derecho a
participar en la conformación, ejercicio y control político, en especial, la
garantía de elegir y ser elegido, ya que el juez natural “con su
razonamiento jurídico impidió que el candidato materialmente elegido a
raíz de la configuración del fenómeno de trashumancia -artículo 275.7
de la Ley 1437 de 2011- pudiera acceder al cargo de Alcalde de San
José de Uré”.
En este punto, anotó que la autoridad judicial accionada negó “el cargo
de trashumancia en la demanda, adoptando una tesis en la que se
exigía al actor de manera desproporcionada probar una situación fáctica
a través de pruebas directas -básicamente la exclusión del censo
electoral de los trashumantes mediante acto administrativo previo”.
Por último, sostuvo que “la tesis pregonada por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, significó una falta de efectividad en la
administración de justicia sobre el cargo propuesto por el demandante,
porque a pesar de la debida diligencia de demostrar la causal, el juez
electoral le exigió una carga procesal imposible de sostener, ante una
clara imposibilidad probatoria, lo cual, significó la transgresión al artículo
229 superior”, en la medida que “se adopta una postura en la que es
exigido al demandante demostrar la falta de profesión u oficio del
votante en el municipio, cuando es fácticamente imposible probarlo”.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. Por auto del 21 de junio de 20212, la Sección Cuarta de esta
Corporación admitió la tutela y dispuso notificar al Tribunal
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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 03792 00.
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Administrativo de Córdoba y, en calidad de terceros, a los señores
Custodio Liborio Acosta Urzola y Alexander Vides Vides3.
Igualmente, solicitó al Tribunal Administrativo de Córdoba que allegara
copia digitalizada del proceso nro. 23001 2333 000 2019 00496 00, el
cual fue remitido4.
3.2. El señor Custodio Liborio Acosta Urzola rindió informe en
oportunidad vía correo electrónico5, en el que solicitó negar la acción de
tutela con fundamento en lo siguiente:
“[…] Para proceder a la exclusión de ciudadanos inscrito y sobre los
cuales pesa la condición de trashumantes, debe existir acto
administrativo proferido por la autoridad administrativa electoral
que está en cabeza del Consejo Nacional Electoral y que como se
afirmó de manera precedente acudiendo a lo afirmado por el CNE,
cuando no exista decisión administrativa a este respecto, las
inscripciones de ciudadanos quedan incólumes.
El Juez natural tampoco puede invadir la esfera de competencia del
órgano de control electoral, que es el Consejo Nacional Electoral
como tampoco ejercer funciones administrativas electorales, es
decir, investigar la trashumancia electoral.
El calendario Electoral determina las fases o etapas y los tiempos
en que los ciudadanos deben actuar, tanto para inscribir
candidaturas, la publicidad electoral, y deprecar las solicitudes de
exclusión de cédulas de ciudadanía por el fenómeno de la
trashumancia, entonces, si el ciudadano no activa dentro de los
términos precisos las acciones del calendario electoral, no puede
pretender que el juez administrativo supla su inactividad,
asumiendo funciones que pertenecen a un órgano diferente […]”.
3.3. El Tribunal Administrativo de Córdoba y el señor Alexander Vides
Vides guardaron silencio, pese a que fueron notificados del auto que
admitió la tutela.
3
Esta orden se cumplió el 25 y 29 de junio de 2021. Visto en el índice 7 y 10 de la
Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315
000 2021 03792 00.
4
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 03792 00.
5
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 03792 00.
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Accionante: Jorge Enrique Velásquez Crespo
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 30 de
septiembre de 2021, dispuso lo siguiente6:
“[…] Primero. - NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela
promovida por el señor Jorge Enrique Velásquez Crespo, quien
actúa por intermedio de apoderada judicial, contra el Tribunal
Administrativo de Córdoba […]”.
Para dilucidar el asunto trajo a colación la jurisprudencia de esta
Corporación sobre la causal de nulidad electoral prevista en el numeral 7
del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 referida a la trashumancia
electoral y destacó que la Sección Quinta ha desarrollado unos
parámetros cuando se alega dicha causal, en particular, sobre la
presunción legal establecida en el artículo 4 de la Ley 163 de 1994; esto
es, que la residencia electoral de una persona corresponde al lugar en el
que tiene inscrita su cédula para votar, anotando que un ciudadano
incurre en trashumancia cuando i) no es morador del respectivo
municipio, ii) no tiene asiento regular en el mismo, iii) no ejerce allí su
profesión u oficio, y iv) tampoco posee algún negocio o empleo en la
entidad territorial.
Una vez analizó que los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela estaban cumplidos estudió el caso concreto. Para ello refirió a
la providencia atacada e indicó que el juez natural de la causa constató
que fueron 75 los trashumantes y que, de acuerdo con el principio de
distribución ponderada, dicha circunstancia no tenía la capacidad de
incidir en el resultado final de la votación, por lo que no había lugar
anular la elección del alcalde municipal de San José de Uré.
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Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 03792 00.
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Consideró que la sentencia atacada no incurrió en defecto fáctico puesto
que el tribunal accionado valoró de manera razonable y con apego a la
jurisprudencia de la Sección Quinta de esta Corporación las pruebas
aportadas al proceso. Al efecto, el a quo indicó:
“[…] A partir de los elementos de juicio antes mencionados, el
Tribunal Administrativo de Córdoba advirtió que el Consejo
Nacional Electoral mediante las Resoluciones nro. 4870 y 5372 de
2019, había dejado sin efectos la inscripción irregular de las
cédulas de ciudadanía de los años 2014, 2018 y 2019 en el
municipio de San José de Uré, para lo cual constató que en un
primer grupo había 21 ciudadanos que estaban inmersos en
trashumancia, lo que a su vez la parte demandada también aceptó,
lo que se tomó como una confesión espontánea.
Posteriormente, al verificar el cargo relacionado con una presunta
trashumancia de 56 ciudadanos que el Consejo Nacional Electoral
había anulado la inscripción en el 2015 y que fueron reincidentes
en el 2019, la autoridad judicial accionada verificó que, de los 56
ciudadanos, 2 de ellos no figuraban en el listado de personas a las
que se les había dejado sin efecto su inscripción en la Resolución
nro. 2016 de 2015, por lo que concluyó que fueron 54 los
trashumantes reincidentes.
Luego, al estudiar el grupo de 297 ciudadanos señalados por la
parte demandante, el tribunal concluyó que el Consejo Nacional
Electoral en las Resoluciones nro. 2016 de 2015, 4870 y 5372 de
2019, no los excluyó o anuló sus inscripciones, además que se
trata de ciudadanos que ejercen su derecho al voto en el municipio
de San José de Uré sin que se aportara alguna prueba que
desvirtuara la presunción de residencia electoral de dichas
personas.
Ahora bien, del cuadro del grupo de 297 ciudadanos y el cruce de
información con Adres, el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, Sisben, la Cámara de Comercio de Montería,
Censo Indígena, la Superintendencia de Notariado y Registro y el
actual censo electoral, solo señalaban los datos de los ciudadanos
como nombre, cédula de ciudadanía y la dirección que reposaban
en dichas bases de datos, sin embargo, no se dijo nada sobre si
estas personas de manera regular estaban de asiento en el
municipio, ejercían su profesión o tenían algún negocio en la
entidad territorial […]”.
En cuanto al reproche del accionante relativo a que en la sentencia
censurada se “(…) le impuso una carga excesiva al pedirle que probara
las negaciones indefinidas, sin embargo, al verificar la sentencia
objetada se observa que el Tribunal Administrativo de Córdoba concluyó
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que respecto del grupo de 297 ciudadanos falta información y pruebas
sobre la situación real de esas personas, más aún cuando el Consejo
Nacional Electoral en las Resoluciones nro. 2016 de 2015, 4870 y 5372
de 2019, no excluyó la inscripción de estos, por lo que “no tiene ningún
elemento para calificarlos como trashumantes, sobre todo porque se
trataría de ciudadanos que tal como lo afirma el mismo demandante,
han venido votando reiteradamente en esa municipalidad” (…)”.
Frente a la inconformidad consistente en que de haberse aceptado como
prueba indiciaria los elementos de juicio aportados, la consecuencia
hubiese sido la exclusión de los 297 votos de los trashumantes, explicó
que “este alegato parte de una premisa que no está demostrada en el
expediente ordinario, esto es, la configuración de la causal de nulidad
electoral por trashumancia de 297 ciudadanos en las elecciones de 27
de octubre de 2019, razón suficiente para desestimarlo. En efecto, como
quedó evidenciado en el proceso ordinario no se logró desvirtuar la
presunción de residencia electoral de los 297 ciudadanos, razón por la
cual no se puede entrar analizar si al aplicar el sistema de distribución
ponderada, el Tribunal Administrativo de Córdoba incurrió en defecto
fáctico, pues se partiría de un hecho o supuesto que no se probó en el
medio de control de nulidad electoral”.
Por último, en relación con el defecto de violación directa de la
Constitución expuso que “como quedó demostrado al estudiar el defecto
fáctico, en el trámite del proceso de nulidad electoral no se probó que
los 297 ciudadanos del denominado grupo 3, estuvieran inmersos en
trashumancia. Por consiguiente, no se puede afirmar que se vulneró su
derecho fundamental a elegir y ser elegido, pues al no probar dicha
irregularidad y que, posteriormente, se evidenciara su incidencia en el
resultado final del proceso electoral, no había razones para que la
autoridad judicial accionada anulara el acto administrativo que declaró la
elección del alcalde municipal de San José de Uré”.
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5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora lo
impugnó con fundamento en lo siguiente7:
Adujo que se adoptó una tesis excesivamente formalista por parte del
juez de tutela sobre la indebida y falta de valoración probatoria en la
que incurrió el Tribunal Administrativo de Córdoba y agregó que el
reparo formulado en el escrito inicial estaba dirigido a que el
demandante sí logró desvirtuar la residencia electoral de los 297
trashumantes pues se “recurrió a distintas bases de datos que el mismo
Consejo Nacional Electoral ha utilizado para excluir del censo a los
votantes que no son residentes electorales de un determinado municipio
y que incluso están consignadas en los artículos 2.3.1.8.3 del Decreto
1066 de 2015 , 8 de la Resolución 2857 de 2018 y otras disposiciones
de carácter administrativo”.
Anotó que “tampoco es de recibo partir o darle preponderancia al
postulado de que como el Consejo Nacional Electoral no emitió acto
administrativo que excluyó las cédulas de los 297 ciudadanos
identificados, sea plausible concluir que el demandante no desvirtuó su
residencia electoral en el municipio de San José de Uré. En caso avalar
dicho razonamiento, se estaría contraviniendo la intención del legislador
en el artículo 275.7 de la Ley 1437 de 2011, porque la prosperidad de la
causal de nulidad no está limitada a la existencia de un acto
administrativo que previamente determine la exclusión de los votantes
del censo electoral. Incluso, en este caso existió una desidia o pasividad
de la autoridad administrativa electoral en resolver las denuncias
presentadas antes de la contienda electoral respecto de los 297
7
Visto en el índice 22, 23, 24 y 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2021 03792 00.
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ciudadanos debidamente identificados, carga que no puede soportar el
demandante dentro del proceso de nulidad electoral”.
Insistió en que no “existió un verdadero análisis, así como aplicación de
la figura de pruebas indiciarias en el caso sub lite” , pues “las pruebas
documentales aportadas por el demandante en el proceso de nulidad
electoral también permitían proveer de insumos al operador jurídico
para desvirtuar circunstancias tales como la falta de asiento regular en
el municipio, el no ejercicio de una profesión u oficio, y la tenencia de un
negocio o empleo. Por consiguiente, no es cierto que las bases de datos
no eran útiles para desvirtuar otras circunstancias de la residencia
electoral”.
Señaló que “el Tribunal en la decisión electoral debió aplicar la figura de
negación indefinida a favor del demandante, en lo atinente a desvirtuar
la circunstancia de ejercer profesión u oficio en el municipio respecto de
los 297 trashumantes”.
Sostuvo que en el fallo de tutela no se examinó la violación directa de la
Constitución en lo atinente al derecho de acceso efectivo a la
administración de justicia por lo que reiteró lo expuesto en el escrito de
tutela.
5.2. Por auto del 15 de octubre de 2021 se concedió la impugnación8 y
la misma fue asignada por acta de reparto el 27 del mismo mes y año9.
5.3. El señor Custodio Liborio Acosta Urzola, luego de que fue concedida
la impugnación, allegó un memorial vía correo electrónico10 en el que
solicitó se confirme la decisión de primera instancia, puesto que con los
8
Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 03792 00.
9
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 03792 01.
10
Visto en el índice 32 y 31 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 0315 000 2021 03792
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medios probatorios aportados por el demandante en el proceso de
nulidad electoral (SISBÉN o DANE) no era posible desvirtuar la
presunción de residencia electoral que se predica de cada uno de los
ciudadanos relacionados en la demanda.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19
de noviembre de 199111, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201512, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201914 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado
que regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:
11
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la
impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio
y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar
la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción
del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo
cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo
confirmará […]”.
12
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
13
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho,
referente a las reglas de reparto de la acción de tutela".
14
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de
Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
15
Lo que se desprende del proceso de nulidad electoral nro. 23-001-23-33-000-2019-
00496-00, 23-001-23-33-000-2019-00501-00 y 23-001-23-33-000-2019-00503-00
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6.2.1. Los ciudadanos Alexander Vides Vides y Jorge Enrique Velásquez
Crespo promovieron demanda bajo el medio de control de nulidad
electoral en contra del acto de elección de Custodio Liborio Acosta
Urzola como alcalde del municipio de San José de Uré, Córdoba, para el
período 2020 – 2023 y para ello invocaron las causales previstas en los
numerales 2 y 7 del artículo 275 de la Ley 1437 de 201116.
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo
de Córdoba que en sentencia de única instancia proferida el 22 de abril
de 2021 dispuso:
“[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de las demandas de
nulidad electoral de los Radicados 2019-496, 2019-501 y 2019-
503, contra la elección de Custodio Liborio Acosta Urzola como
alcalde de San José de Uré, Córdoba, para el período 2020-2023.
SEGUNDO: EXHORTAR al Consejo Nacional Electoral para que
revise la presunta trashumancia histórica en el municipio de San
José de Uré, Córdoba y resuelva de manera puntual la solicitud de
revocatoria de la inscripción de los 297 ciudadanos a que hace
referencia una solicitud que data del 26 de agosto de 2015 […]”.
(Negrillas en la providencia)
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia porque
considera que en la sentencia controvertida por vía de tutela se incurrió
en defecto fáctico dado que no fueron analizadas en su conjunto las
pruebas indiciarias que acreditaban la falta de residencia electoral de
297 personas que votaron durante las elecciones que fueron objeto de
debate y, en ese sentido, afirmó que sí logró desvirtuar la presunción de
(acumulados). Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2021 03792 00.
16
Lo que se extrae de la sentencia proferida el 22 de abril de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Córdoba.
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residencia electoral de los 297 trashumantes con las bases de datos que
aportó en el proceso ordinario. Agregó que en la providencia atacada
“debió aplicarse la figura de negación indefinida a favor del demandante,
en lo atinente a desvirtuar la circunstancia de ejercer profesión u oficio
en el municipio respecto de los 297 trashumantes”.
Para resolver los reparos del extremo recurrente, la Sala examinará lo
siguiente:
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto
fáctico tiene lugar “cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en
que se basó el juez para aplicar una determinada norma es
absolutamente inadecuado”17. Así, la jurisprudencia ha entendido que el
mencionado defecto surge: “(…) cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión. Se estructura, entonces, siempre que existan fallas
sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias
probatorias del proceso. Según esta Corporación, el fundamento de la
intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso
radica en que, no obstante, las amplias facultades discrecionales con
que cuenta el juez del proceso para el análisis del material probatorio,
éste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es
decir, con base en criterios objetivos y racionales. (…)”18.
La jurisprudencia constitucional ha identificado dos dimensiones en las
que es posible se configure el defecto fáctico19. La primera de ellas
corresponde a una dimensión negativa que surge cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa20,
situación que se presenta cuando (i) no decreta, ignora o hace una
17
Corte Constitucional, Sentencia T-567 de 1998, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
18
Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 2011, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
19
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
20
Corte Constitucional, Sentencias T-567 de 1998 y T-417 de 2008, entre otras.
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valoración defectuosa de la prueba21 o (ii) sin una razón válida da por
no probado un hecho que emerge claramente, y, una dimensión
positiva, que se produce cuando (i) el juez aprecia pruebas que fueron
determinantes en la decisión de la providencia cuestionada, las cuales
no ha debido tener en cuenta porque, por ejemplo, se recaudaron
indebidamente o (ii) da por ciertas algunas circunstancias sin que exista
material probatorio que fundamente su decisión22.
En todo caso, para que se verifique la existencia de este defecto, el
error debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la evaluación fáctica de la
autoridad judicial que ordinariamente conoce de un asunto, ya que con
ello invadiría la órbita de la competencia y la autonomía de que son
titulares los jueces ordinarios.
La Sala, en aras de establecer si se configuró el defecto fáctico, estima
pertinente retrotraerse a lo analizado por el Tribunal Administrativo de
Córdoba en la sentencia proferida el 22 de abril de 2021. Al efecto, para
resolver, aludió a la jurisprudencia sobre la causal de trashumancia
electoral en los siguientes términos:
“[…] 3.3.1. Sobre la trashumancia electoral
Se le ha considerado como una forma de fraude que altera los
resultados y falsea el proceso electoral. Ha sido un fenómeno
recurrente en localidades pequeñas donde las diferencias pueden
ser de muy pocos votos y ha afectado las democracias en gran
parte de América Latina. En el Perú se denomina electores
golondrinos; en México, turismo electoral; en Guatemala y Chile,
acarreo electoral; en Bolivia, traslado fraudulento de electores; en
Honduras, traslados domiciliarios irregulares; en El Salvador,
traslado de votantes; en Panamá y Colombia, trashumancia
electoral o trasteo de votos.
21
Cfr. Sentencias T-239 de 1996 y T-747 de 2009.
22
Ver Corte Constitucional, Sentencias T-538 de 1994, T-086 de 2007 y T-747 de
2009, entre otras.
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El Consejo de Estado jurisprudencialmente la ha definido como “la
acción de inscribir la cédula para votar por un determinado
candidato u opción política en un lugar distinto al que se reside o
en el que se encuentre un verdadero arraigo o interés”.
La trashumancia electoral está erigida como causal de nulidad en el
artículo 275-7 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el
artículo 316 de la Constitución Política que señala que en las
votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales
sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo
municipio. En aras de precisar el concepto constitucional de
“residentes”, el legislador en el artículo 183 de la Ley 136 de 1994
estableció que estaba circunscrito a 4 situaciones a saber, (i) el
lugar donde una persona habita, (ii) el lugar en el que una persona
de manera regular está de asiento, (iii) el lugar donde una persona
ejerce su profesión u oficio, o (iv) el lugar en el que una persona
posee alguno de sus negocios o empleo.
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 163 de 1994 existe
presunción legal de residencia electoral, la cual surge a partir del
acto de inscripción del ciudadano que declara bajo juramento que
reside en el correspondiente municipio, tal presunción admite
prueba en contrario en la debida instancia administrativa o judicial.
El artículo 49 de la Ley 1475 de 2011 dispuso el procedimiento de
inscripción de cédulas contemplando la posibilidad de que una
persona pueda fijar su residencia electoral bajo la pluralidad de
los criterios antes citados, siempre y cuando no exista múltiple
inscripción. En caso de que una persona se inscriba en un lugar
distinto, automáticamente anula su anterior inscripción, conforme
el artículo 77 del Decreto 2241 de 1986 del CNE.
De otra parte, el artículo 48 de la Ley 1475 de 2011 prevé una
depuración permanente del censo electoral y exige que la
organización electoral cuente de manera anticipada con datos
ciertos y actualizados para el desarrollo de los comicios, radicando
esa responsabilidad de manera exclusiva en cabeza del CNE. Para
tal depuración, no solo se le faculta revisar las inscripciones
previas a las votaciones a adelantarse, sino también de manera
histórica, tal como lo señala el artículo 2.3.1.8.8 del Decreto 1066
de 2015, que hace referencia a la posibilidad de que el CNE efectúe
análisis de trashumancia histórica, es decir la verificación de las
inscripciones de ciudadanos que se han trasladado de lugar distinto
a aquel en que residen o encuentran un verdadero arraigo o
interés, y que influyeron en anteriores procesos electorales de
carácter local, por lo que resulta necesario identificarlas a través
del cruce de bases de datos en aras de dejar constancia de dicho
fenómeno y por supuesto tomar los correctivos a que haya lugar.
Por último, debe señalarse que antes de la Ley 1437 del 2011 el
Consejo de Estado había considerado la trashumancia electoral
como causal de nulidad. Esa corporación en sentencia del 28 de
enero del año 1999 encuadró tal situación bajo la modalidad de
falsedad de los registros electorales prevista en el numeral 2 del
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artículo 233 del CCA y precisó que el acto electoral es nulo por
trashumancia electoral siempre y cuando se demostraran las
siguientes circunstancias o requisitos:
1) Que personas no residentes en el respectivo municipio se
inscribieran para sufragar en las elecciones populares de
autoridades locales.
2) Que estas personas efectivamente hayan votado; y
3) Que sus votos tuvieran incidencia en el resultado electoral.
En la actualidad, la trashumancia electoral está consagrada en el
numeral 7 del artículo 275 del CPACA como causal autónoma de
nulidad, sin embargo, los requisitos para que esta se configure
siguen siendo los establecidos desde 1999 por el Consejo de
Estado […]”.
(Negrillas en la providencia)
Luego indicó que lo probado en el proceso en relación con la causal de
trashumancia electoral fue:
“[…] 3.4. Análisis y conclusiones del cargo por trashumancia (Rad.
2019-496 y 2019-503)
3.4.1. Hechos y pruebas relevantes
Los votantes calificados como trashumantes fueron clasificados en
tres grupos distintos, por lo cual se impone la necesidad de
examinarlos de manera separada.
• GRUPO 1
Integrado por 21 ciudadanos que sufragaron en las elecciones
demandadas y a quienes el CNE había dejado sin efectos la
inscripción irregular de sus cédulas para los años 2014, 2018 y
2019, en las zonas, puestos y mesas que se enlistaron (VER
ANEXO 1). Estaban inscritos para sufragar en el municipio de San
José de Uré conforme censo electoral y efectivamente votaron en
las elecciones para alcaldía acorde al E-10 y E-11, pese a que se
había dado de baja a sus cédulas por trashumancia a través de
Resoluciones 4870 y 5372 de 2019, así:
• Resolución 4870 del 18 de septiembre de 2019, dejó sin efectos
la inscripción irregular de 603 cédulas de ciudadanía en el
municipio señalado. Así mismo, dejó sin efecto la inscripción de
356 cédulas inscritas en el municipio en 2018 para elecciones de
Congreso.
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• Resolución 3752 del 30 de septiembre de 2019, dejó sin efecto la
inscripción irregular de 102 cédulas en mismo municipio,
correspondiente a los períodos de inscripción comprendidos entre
el 9 de marzo de 2013 y el 25 de marzo de 2014.
El CNE dejó sin efectos la inscripción de las anteriores cédulas de
ciudadanía, en tanto para la fecha previa a las elecciones
territoriales se encontraba según bases de datos de ADRES,
ANSPE, SISBEN, y/o Unidad de Víctimas, fuera del citado
municipio, aun cuando habían registrado su residencia electoral en
tal lugar.
El apoderado judicial del demandado aceptó la existencia de los 21
votos trashumantes de este primer grupo, lo cual se tendrá como
confesión espontánea ya que favorece a la contraparte, y los
apoderados se entienden facultados para confesar al momento de
contestar la demanda (Artículo 191 # 2 y 193 CGP), manifestación
que se encuentra respaldada además en las Resoluciones 4870 y
5372 de 2019 expedidas por el CNE.
Se aclara que el delegado del Ministerio Público (Procurador 124
Judicial II) en su concepto únicamente señaló como configurados
cinco (5) casos de trashumancia en este grupo 1; pero se advierte
que los tomó de lo indicado en las resoluciones allegadas por la
Registraduría Nacional del Estado Civil en la contestación de la
demanda (ver rad. 2019-496 Cuaderno 3 folio 92 en adelante del
PDF), donde se relaciona el alta y baja de las cédulas de
ciudadanía para el censo electoral de 2019 a través de la
expedición de resoluciones expedidas por el director del Censo
Electoral de la Delegación de Córdoba en obedecimiento a el
Consejo Nacional Electoral; sin embargo, revisadas las mismas y
sus anexos, no se encuentran relacionadas la totalidad de cédulas
excluidas que aparecen en las Resoluciones 4870 y 5372 de 2019
expedidas por el CNE y sus archivos Excel y anexos.
• GRUPO 2
El segundo grupo corresponde a 56 ciudadanos a quienes el
demandante denominó trashumantes en el año 2015 y reincidentes
en el año 2019, en la medida que se dejó sin efecto la inscripción
de sus cédulas de ciudadanía para las elecciones territoriales de
2015 por Resolución nro. 2016 de misma anualidad, y volvieron a
inscribirse para sufragar en las elecciones del 27 de octubre de
2019 sin ser excluidos del censo por falta de tiempo del CNE
competente para ello.
De las personas relacionadas en el anexo 2 por los demandantes,
se advierte que, en el caso de 2 ciudadanos, señora Angélica María
Giraldo Rodríguez C.C. 1063301933 (nro. 5 del anexo) no figura
dentro del listado de personas a quienes les fue dejada sin efectos
la inscripción a través de la Resolución 2016 de 2015, mientras
que el señor José Miguel Toscano Toledo C.C. 78106753 (nro. 16
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del anexo), sí se encuentra en la resolución, pero este forma parte
del primer grupo que ya se determinó como trashumante.
En cuanto a los 54 ciudadanos restantes, a través de la Resolución
2016 del 16 de septiembre de 2015 la autoridad electoral en su
artículo 1 dejó sin efecto su inscripción para las elecciones de
2015, sin embargo, las mismas personas figuran en el censo
electoral del municipio de San José de Uré para las elecciones del
año 2019 en la medida que sus cédulas de ciudadanía no fueron
excluidas de este por las últimas Resoluciones 4870 y 5372 de
2019 a través de las cuales el CNE realizó la depuración de las
nuevas inscripciones para la elección demandada. Se trataría de un
caso de trashumantes reincidentes, que según los demandantes no
fueron excluidos por falta de tiempo.
Sobre este grupo debe considerarse que la existencia de la
Resolución 2016 del 26 de septiembre del 2015 expedida por el
CNE por sí misma no brinda certeza sobre la condición de
trashumantes o de la ausencia de residencia de estos 54
ciudadanos en el municipio de San José de Uré para el año 2019,
aunque el hecho de haber sido excluidos por trashumancia en el
periodo inmediatamente anterior sí constituye un indicio de tal
condición, por lo que tendrán que analizarse las otras pruebas que
en su conjunto permitan demostrar más allá de toda duda
razonable que persistieron en esa condición de trashumancia para
las nuevas elecciones de 2019.
Lo anterior, sin olvidar que la depuración del censo electoral es un
proceso dinámico y que puede cambiar el número de ciudadanos
que lo conforman, ello en razón a que las circunstancias de arraigo
y relación con el territorio de las personas también pueden variar.
Así las cosas, no puede afirmarse en principio de manera
inequívoca que quienes son trashumantes en un período
determinado tengan necesariamente que serlos en un período
posterior, sobre todo si fueron inicialmente excluidos del censo y
aparecen nuevamente, pero en virtud de otra inscripción.
• GRUPO 3
El tercer y último grupo de 297 ciudadanos señalados por los
actores como no residentes en San José de Uré corresponde a las
personas respecto de quienes se solicitó la revocatoria de su
inscripción ante el CNE en fecha 26 de agosto de 2015 por
trashumancia histórica, en tanto se determinó al comparar la
base de datos de ADRES, SISBEN, CONFECÁMARAS, la
Superintendencia de Notariado y DPS que figuran en otros
municipios.
Los demandantes realizaron cruces de información de bases de
datos plasmados en varios cuadros donde se relacionan los
ciudadanos que a su juicio se encuentran en situación de
trashumancia, precisando nombres y apellidos, documento de
identidad y lugar en el que verdaderamente residen según el
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Archivo Nacional de Identificación, ADRES, Departamento de
Prosperidad Social DPS, SISBEN, la Cámara de Comercio de
Montería CONFECAMARAS, Censo Indígena, la Superintendencia de
Notariado y Registro y el actual censo electoral, con el fin de
establecer la presunta existencia de trashumancia histórica en el
municipio de San José de Uré para el año 2015 e inclusive
anteriores. Cada uno de los sistemas de información señalados
fueron allegados por los demandantes como anexos de la demanda
en medio magnético (CD) y cuentan con vocación probatoria a la
luz del artículo 247 del CGP por constituir mensajes de datos y no
haber sido tachados de falsos ni controvertidos por los
demandados, por lo que tendrán que ser valorados para
determinar si por sí mismos desvirtúan la presunción legal de
residencia electoral de los así inscritos […]”.
(Negrillas en la providencia)
Después de referirse al material probatorio obrante en el proceso,
examinó lo siguiente frente a la causal de trashumancia:
“[…] 3.4.2. Alcances, efectos y prueba de la trashumancia dentro
de la acción electoral
Sea lo primero advertir que el juez contencioso administrativo no
tiene competencia en el medio de control electoral para dejar sin
efectos la inscripción de ningún ciudadano en el censo electoral.
Esa potestad la tiene el CNE conforme al artículo 4 de la Ley 163
de 1994 y el Decreto 1294 de 2015 expedido con el propósito de
combatir la trashumancia electoral. En ese procedimiento
administrativo, “breve y sumario” que se le ha denominado como
“dar de baja la cédula” de todas maneras se le notifica al afectado,
quien tiene la posibilidad de controvertirlo y aportar pruebas.
Configurado y depurado el censo electoral en cada municipio, se
presume legalmente que los ciudadanos que lo integran tienen allí
su residencia electoral. Esta residencia electoral es única y puede
obedecer a alguno de los criterios previstos en el artículo 183 de la
Ley 136 de 1994, es decir “el lugar donde una persona habita o de
manera regular está de asiento, ejerce su profesión u oficio o
posee alguno de sus negocios o empleo”. Por lo anterior, el
Consejo de Estado ha sostenido de manera pacífica y reiterada que
“Para desvirtuar la presunción de residencia electoral se debe
probar, de forma concurrente y simultánea, (i) que el presunto
trashumante (sic) no es morador del respectivo municipio, (ii) que
no tiene asiento regular en el mismo, (iii) que no ejerce allí su
profesión u oficio y (iv) que tampoco posee algún negocio o
empleo”.
En una aclaración de voto a la sentencia del 14 de marzo de 2019
la Consejera de Estado Rocío Araujo Oñate hizo un estudio de los
19
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diversos pronunciamientos que desde 1999, fecha en la que
jurisprudencialmente se asumió la trashumancia como causal de
nulidad electoral, ha hecho el Consejo de Estado en materia de
prueba para desvirtuar la residencia electoral, indicando que desde
sus inicios se requería “prueba convincente de que los sufragantes
incursados moran en otro municipio”
Esta carga probatoria efectivamente le corresponde al demandante
y se hace más exigente en la medida en que al proceso
contencioso electoral no concurre como parte el elector que se
considera trashumante y quien en la práctica sería la persona en
mejor posición de probar la validez de su inscripción. Y además
más compleja, porque la legislación le ha dado un sentido amplio al
concepto de “residencia electoral” y ante la ausencia de una
herramienta de empadronamiento, dice la consejera que “resulta
bastante complejo o prácticamente imposible probar que una
persona no tiene las mencionadas relaciones con el territorio, en
tanto tal exigencia equivale a acreditar la existencia de negaciones
indefinidas”.
Sin embargo, esa dificultad probatoria no excluye la vigencia de
esta causal de nulidad electoral y le corresponde al juez
contencioso administrativo aplicarla cuando se demuestre que los
electores de las autoridades locales no fueron los residentes de la
respectiva circunscripción, frente a lo cual existe libertad
probatoria conforme a las características de los casos en particular.
También debe anotarse que, conforme a las reglas aplicables a las
causales objetivas de nulidad electoral, además de demostrar la
existencia del fenómeno de trashumancia electoral, se tiene que
acreditar su efectiva incidencia en el resultado final de las
elecciones.
En similar sentido, para preservar el principio del secreto del voto y
ante la imposibilidad de determinar con exactitud por quién
votaron los trashumantes, se debe acudir al mecanismo pretoriano
de “distribución ponderada” que se explicará más adelante.
3.4.3. Conclusiones sobre la condición de trashumantes de cada
uno de los grupos de ciudadanos señalados por los demandantes
• En cuanto al primer grupo de 21 ciudadanos que sufragaron en
las elecciones del 21 de octubre de 2019 para elegir alcalde en el
municipio de San José de Uré no existe duda de que se trata de
trashumantes, ya que fueron expresamente excluidos del censo
electoral por las Resoluciones 4870 y 5372 de 2019 expedidas por
el CNE.
• En cuanto al segundo grupo de 54 ciudadanos, está demostrado
que efectivamente habían sido excluidos del censo electoral por
trashumancia a través de la Resolución 2016 del 16 de septiembre
de 2015 y se volvieron a inscribir para las elecciones de 2019 sin
que exista ningún hecho nuevo que indique que variaron sus
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circunstancias y vínculos con el territorio. Se demostró que siguen
sin aparecer en las bases de datos de la población de San José de
Uré, por lo que se concluye con grado de certeza que se trata de
una reincidencia en la trashumancia.
• En cuanto al tercer grupo de 297 ciudadanos que
constituirían lo que se denomina trashumancia histórica, se
demostró que al comparar la base de datos de ADRES,
SISBEN, CONFECÁMARAS, la Superintendencia de Notariado
y DPS que figuran en otros municipios; empero aseguran los
mismos demandantes que desde el 26 de agosto de 2015
fue solicitada la revocatoria de sus inscripciones, sin que
informen si el CNE se pronunció al respecto.
Frente a la falta de información y pruebas sobre la real
situación de estos 297 ciudadanos y teniendo en cuenta que
con posterioridad a la solicitud de revocatoria el CNE ha
expedido varias resoluciones sobre el municipio de San José
de Uré – Resoluciones 2016 de 2015, 4870 y 5372 de 2019 -
sin que hayan sido excluidos, la Sala no tiene ningún
elemento para calificarlos como trashumantes, sobre todo
porque se trataría de ciudadanos que tal como lo afirma el
mismo demandante, han venido votando reiteradamente en
esa municipalidad.
En el caso particular de este tercer grupo de votantes no
existe certeza de que se trate de trashumantes, ni de que se
hayan inscritos irregularmente, tampoco se sabe si sus
cédulas fueron expedidas en ese municipio o en el mismo
territorio antes de que se creara el municipio de San José de
Uré en el 2007, de cuya fecha de creación se tiene noticia
por ser un hecho notorio y además haber sido objeto de
múltiples demandas en este Tribunal Administrativo.
Así las cosas, no hay elementos probatorios que permitan
afirmar con grado de certeza de que este significativo grupo
de votantes tengan la condición de trashumantes y se
deberá mantener incólume la presunción de residencia
electoral por estar inscritos en el censo electoral al menos
en las dos últimas elecciones territoriales; sin embargo, se
exhortará al CNE para que revise la situación de los mismos
y haga un pronunciamiento expreso conforme a sus
competencias […]”.
(Destacado por la Sala)
Por último, analizó los efectos de las irregularidades acreditadas en el
proceso, así:
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“[…] 3.6. Efectos de las irregularidades detectadas en el resultado
final de las elecciones
• Variación de los resultados electorales
Conociendo que la elección demandada fue afectada por el sufragio
de 75 trashumantes y un caso de falsedad, según el análisis
normativo y probatorio efectuado por la Sala dentro de los
radicados acumulados, corresponde determinar si existe incidencia
del vicio en el resultado final, es decir si el número de votos
espurios se presenta suficiente para mutar el resultado o la
diferencia de 23 votos entre el primer y segundo candidato en
votación, en la medida que Jorge Enrique Velásquez Crespo obtuvo
2.628 votos y Custodio Liborio Acosta Urzol 2.605 (Formulario E-
26ALC, expedido por la Comisión Escrutadora Departamental del
Córdoba).
En estos casos prevalece el principio de eficacia del voto y debe
aplicarse el sistema de distribución ponderada, creado
jurisprudencialmente por el Consejo de Estado, que tiene como fin
último asignar de manera proporcional la irregularidad advertida
entre los candidatos que obtuvieron votos en las mesas afectadas
en tanto no es posible conocer la intención del voto de las personas
trashumantes. Es decir, no se sabe cuál candidato se benefició de
las irregularidades. Al expediente fueron allegados los Formularios
E-24 de las mesas de votación en las cuales sufragaron los
trashumantes, y donde se ha detectado el caso de falsedad
encontrándose los siguientes resultados en tales mesas:
(…)
Asignación proporcional de la irregularidad a la votación de cada
candidato
Conforme la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, para aplicar el sistema de distribución ponderada se tiene
en cuenta el número de votos obtenidos por los diferentes
candidatos en la mesa o mesas que resultaron afectadas y se
procede a calcular la participación porcentual de cada uno respecto
del total de votos válidos depositados. Luego de establecido el
porcentaje de participación, se les asigna en esa misma proporción
el voto o votos irregulares comprobados, procedimiento que se
sigue en cada una de las mesas afectadas por las irregularidades
antes descritas.
Agotada la anterior etapa se suman los resultados que arroja cada
una de las mesas hasta obtener cifras enteras y depuradas que
corresponden al número total de votos irregulares que deberán
descontarse a cada partido y candidato; concluida esta sustracción
queda totalmente depurada la votación y puede precisarse si las
irregularidades generaron un cambio en el resultado de la elección
y, por lo mismo, si se impone la anulación de la elección.
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(…)
La anterior metodología consulta el principio de eficacia del voto,
en cuanto permite que se tomen los votos irregulares en su justa
medida y se distribuyan a prorrata de la participación que han
obtenido los diferentes partidos y candidatos en la votación válida,
sin sacrificar ni afectar los votos mayoritarios que representan la
auténtica voluntad del elector.
En este caso, los resultados advertidos en las mesas objeto del
depósito de la votación afectada por trashumancia y falsedad no
dejan dudas de que, aplicada la fórmula de ponderación del voto,
matemáticamente no hay manera de que resulte elegido como
alcalde uno diferente del demandado, aunque el margen de
diferencia ahora se encuentre reducido a 5 votos entre ambos
candidatos.
La simple sustracción aritmética de votos o la distribución
proporcional o ponderada conducen al mismo resultado, de modo
que no está satisfecho el tercer requisito en el caso de los 75
trashumantes y el caso de falsedad identificados, para declarar
configurada las causales de nulidad electoral invocada […]”.
(Negrillas en la providencia)
Conforme con lo anotado la Sala concluye que en la sentencia atacada
no se incurrió en defecto fáctico, puesto que, en relación con el grupo de
297 ciudadanos [tercer grupo], se advierte que el juez natural de la
causa sí valoró las pruebas allegadas por el demandante y señaló que
“se demostró que al comparar la base de datos de ADRES, SISBEN,
CONFECÁMARAS, la Superintendencia de Notariado y DPS que figuran
en otros municipios”, pero agregó que los demandantes aseguraron que
desde el 26 de agosto de 2015 se solicitó la revocatoria de sus
inscripciones, “sin que informen si el CNE se pronunció al respecto”, por
lo que concluyó que, ante la falta de pruebas sobre la real situación de
las 297 personas, no tenía ningún elemento para calificarlos como
trashumantes y aplicó “la presunción de residencia electoral por estar
inscritos en el censo electoral al menos en las dos últimas elecciones
territoriales”.
En ese contexto, la Sala no advierte que en la providencia atacada se
hayan valorado de manera arbitraria las pruebas obrantes en el
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Accionante: Jorge Enrique Velásquez Crespo
proceso; por el contrario, en el ámbito de las competencias y autonomía
del juez natural de la causa, se consideró que, del material probatorio,
no era posible concluir que los 297 ciudadanos eran trashumantes, más
aún cuando la inscripción de sus cédulas había sido atacada ante el
Consejo Nacional Electoral, sin que dicha autoridad los haya excluido del
censo electoral.
Por último, en relación con el argumento del recurrente consistente en
que la sentencia controvertida incurrió en violación directa de la
Constitución por trasgredir el derecho de acceso efectivo a la
administración de justicia en la medida que el tribunal accionado adoptó
una postura en la que se exige al demandante demostrar “la falta de
profesión u oficio del votante, cuando es fácticamente imposible
probarlo”, la Sala estima que el defecto alegado no se configuró, toda
vez que la parte actora obtuvo un pronunciamiento en sede judicial en el
que se analizaron los cargos invocados en la demanda, atendiendo las
presunciones que establece el ordenamiento jurídico para estos casos;
situación distinta es que no haya sido resuelto en su favor, lo que no
constituye una negativa en la administración de justicia.
Así las cosas, la Sala confirmará el fallo proferido el 30 de septiembre de
2021 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó la petición
de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 30 de septiembre de 2021
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó la acción de
tutela, de conformidad con lo explicado en precedencia.
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Accionante: Jorge Enrique Velásquez Crespo
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la
Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del
término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejera de Estado Consejero de Estado
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