Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-03887-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-03887-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-03887-00
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate (e)
12 de agosto de 2021
ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA - Ampara / SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN PROGRAMA DE ASISTENCIA ECONÓMICA / INGRESO SOLIDARIO - Derivado de la pandemia por COVID 19 / VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN / FALTA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA DE ASISTENCIA ECONÓMICA
Corresponde a la determinar si, en el caso concreto, se presenta una vulneración a los derechos a “[…] recibir ayuda por parte del gobierno, derechos del ciudadano, a estar incluido en la base de datos y a la igualdad […]”, encauzados por esta Sala en los derechos fundamentales al habeas data, de petición, a la igualdad, y al mínimo vital del señor [F.G.B.R.], en la medida en que presuntamente la Presidencia de la República no dio respuesta de fondo al derecho de petición radicado por el tutelante, las autoridades accionadas no actualizaron su información en las bases de datos del Sisbén a partir del año 2017 y, según se advierte en el escrito introductorio esto derivó en la falta de asignación del beneficio de devolución del IVA y la ausencia de traslados monetarios del Programa de Ingreso Solidario. (…) del libelo se desprende que el señor [F.G.B.R.] radicó un derecho de petición a través de la plataforma digital dispuesta por la Presidencia de la República en el que solicitó ser beneficiario de los programas sociales, en especial del Programa de Ingreso Solidario y la devolución del IVA, y además que fuese priorizado en la vacunación. Esta petición fue radicada el 31 de marzo del año en curso y se le asignó el número de identificación OFI21-00046263 / IDM, que fue respondido ese mismo día, indicándosele que se daba traslado al Ministerio de Salud y Protección Social y al Departamento para la Prosperidad Social para que se otorgara respuesta de fondo. El Departamento para la Prosperidad Social dio respuesta mediante radicado S-2021-2002-168255 del 20 de abril de 2021, en la que señaló que no podía ser beneficiario del programa de ingreso solidario debido a que el señor [F.G.B.] no tenía actualizada la encuesta del Sisbén con posterioridad al 1º de enero de 2017. Esta respuesta fue conocida por el demandante, según lo manifestado en su escrito de tutela. Pese a ello, no resulta menos cierto para esta Sala que los resultados de la encuesta del Sisbén, aplicada en el 2019 al tutelante ya fueron publicados, como se observa en la página https://www.sisben.gov.co/paginas/consulta-tu-grupo.aspx. (…) De esta manera, la información que disponía el DPS no estaba actualizada. Por lo tanto, compete al accionante solicitar nuevamente ante el Departamento para la Prosperidad Social que se haga el estudio para ser considerado un posible beneficiario del programa de ingreso solidario, indicando esta nueva información y que fue publicada con posterioridad a su petición inicial. Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social no se refirió en su escrito de contestación sobre la petición que fue trasladada por la Presidencia de la República y que fue radicada por el tutelante. (…) Ante la ausencia de pruebas que permitan determinar el otorgamiento de una respuesta de fondo por parte de la institución demandada, se debe proteger el derecho fundamental de petición del demandante.
ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA - Niega / ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN LA ENCUESTA SISBEN 2019 / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL HABEAS DATA Y A LA IGUALDAD
Respecto a la presunta vulneración a los derechos a la igualdad y al mínimo vital, no puede afirmarse que ocurrió una vulneración por parte de ninguna de las autoridades e instituciones demandadas, toda vez que el municipio de Pereira reconoce haber efectuado la encuesta dispuesta para la versión IV del Sisbén en el año 2019, sin otorgarse un trato preferencial respecto de otros interesados y que fuera en menoscabo de la situación del accionante. Si bien no se señalan las razones por las cuales los resultados de esta encuesta fueron publicados hasta el 2021, no se puede obviar la difícil situación que ha vivido el Estado colombiano con ocasión de la pandemia de la COVID19 y que supuso un reto en la administración para su normal funcionamiento. Debe reseñarse que de las pruebas allegadas al expediente, se evidencia que el señor [F.G.B.] no se encuentra dentro de las bases de datos dispuestas por el Gobierno Nacional para ser sujeto de la transferencia monetaria del ingreso solidario definido en el Decreto 975 de 2020 y tampoco se demostró un perjuicio irremediable a su mínimo vital por este hecho. De todo lo expuesto hasta ahora, se afirma que el derecho al habeas data no fue vulnerado, habida cuenta de que la información del tutelante respecto de los resultados de la encuesta Sisbén 2019, ya se encuentra actualizada y publicada por parte del Departamento Nacional de Planeación. (…) Ahora bien, no fue considerado al tutelante como sujeto de devolución del IVA por las mismas razones que no fue beneficiario del ingreso solidario, pues su información respecto de la encuesta Sisbén no se encontraba actualizada al momento de hacer la solicitud ante la Presidencia de la República, pero como ya fue expuesto por esta Sala, no se demostró un perjuicio irremediable a las condiciones de vida digna y que afectaran su mínimo vital con ocasión de no recibir esta transferencia. No obstante lo anterior, resulta pertinente indicarle a la parte actora que, de estimarlo adecuado puede solicitar la inclusión en algún programa de ayuda creado por el Gobierno Nacional y/o territorial y para ello podrá aportar todas las pruebas necesarias a través de los canales dispuestos por el Departamento para la Prosperidad Social y la Presidencia de la República.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)
Bogotá, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-03887-00(AC)
Actor: FABIÁN GUSTAVO BETANCURT RENDÓN
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Fabián Gustavo Betancurt Rendón, en nombre propio, contra la Presidencia de la República, la alcaldía de Pereira, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (también DPS) y el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (en adelante Sisbén) – Departamento Nacional de Planeación (también DNP), de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Mediante correo electrónico del 21 de junio de 2021 al buzón web del aplicativo de tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, la Oficina Judicial de Reparto del municipio de Pereira remitió por competencia la tutela presentada por el señor Fabián Gustavo Betancurt Rendón en contra de la Presidencia de la República y otros, con el fin de que le sean amparados sus derechos a “[…]recibir ayuda por parte del gobierno, derechos del ciudadano, a estar incluido en la base de datos y a la igualdad […]”
2. El accionante consideró vulnerados sus derechos constitucionales con ocasión a que él y su núcleo familiar no fueron incluidos como beneficiarios de los programas de asistencia económica creados por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia generada por la COVID19 y que a la fecha, la Presidencia de la República no le ha dado respuesta de fondo a la petición radicada el 31 de marzo de 2021 en la que solicitó ser beneficiario de estos programas y ser priorizado en el proceso de vacunación contra el nuevo coronavirus.
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
“Que me sea restituido y en su defecto consignado lo correspondiente a las ayudas del gobierno desde que crearon estos programas por el gobierno nacional de turno y que en forma de consignación mes a mes han estado realizando como el dinero que me fue negado recibir por parte del gobierno y sus entidades por no haberme incluido en el sistema a tiempo para ser beneficiario de las ayudas por la emergencia ocasionada a raíz de la pandemia del covic (sic)”.
1.2. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. A partir del 17 de marzo de 2020 fue decretado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional con ocasión de la propagación del virus Sars-Cov2.
5. Debido a la extensión de las medidas tomadas durante la emergencia sanitaria como lo fue el aislamiento preventivo y obligatorio, el presidente de la República expidió el Decreto 518 de 2020 por medio del cual se creó el Programa de Ingreso Solidario que busca ayudar en materia económica a las familias en condición de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema. Para la asignación de las ayudas descritas en la norma, se tendrán en cuenta los hogares registrados en el Sisbén.
6. En este contexto y considerando que debían tomarse medidas tributarias para disminuir el impacto negativo de la pandemia, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 419 del 18 de marzo de 2020 que reglamentó los artículos 850 y 855 del Estatuto Tributario y ordenó la devolución automática del Impuesto al Valor Agregado (en adelante IVA).
7. Que el accionante se encuentra registrado en el grupo Sisbén IV – B5 (pobreza moderada) con una puntuación de 11,57 con corte a enero de 2021, por lo que considera que debió ser tenido en cuenta como beneficiario del Programa de Ingreso Solidario.
8. La parte actora radicó un derecho de petición a través de los canales digitales dispuestos por la Presidencia de la República el 31 de marzo de 2021 en el que solicitaba ser incluido como beneficiario de los programas dispuesto por los Decretos 518 y 419 de 2020 junto con la solicitud de ser priorizado en el esquema de vacunación contra la COVID19.
1.3. Fundamentos de la vulneración
9. El señor Fabián Gustavo Betancurt Rendón considera vulnerados sus derechos fundamentales y los de su familia, con ocasión a que a la fecha de presentación de esta tutela, la Presidencia de la República no le ha respondido la petición que radicó con el fin de que sean incluidos como beneficiarios de programas de ayuda económica tales como la devolución del IVA, ser sujetos de transferencias monetarias durante la pandemia de la COVID19 y de otras políticas de protección especial establecidos por el Gobierno Nacional a partir del año 2020 y de lo cual considera obedeció a la falta de actualización de datos en la encuesta Sisbén, atribuyendo la culpabilidad al municipio de Pereira.
1.4. Trámite de la acción de tutela
10. Mediante auto del 30 de junio de 2021, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la Presidencia de la República, la alcaldía de Pereira, el DPS y el Sisbén – Departamento Nacional de Planeación, para que en el término de tres (3) días ejercieran su derecho a la defensa y allegaran los documentos que pretendían hacer valer como pruebas.
11. Allí mismo ordenó vincular en calidad de tercero con interés al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
12. Al momento de resolver el asunto por parte del despacho de la magistrada ponente, se evidenció que no fue vinculado ni notificado el Ministerio de Salud y Protección Social por lo que fue necesario, mediante auto del 27 de julio de 2021 vincularlo en calidad de tercero con interés.
1.5 Intervenciones
1.5.1 Municipio de Pereira
13. Mediante apoderada, el ente territorial respondió que a través de una comunicación remitida por la coordinadora del Sisbén, se informó que al tutelante, mediante reunión llevada a cabo el 8 de julio de 2021, se le había señalado que no podía ser beneficiario de la devolución del IVA ni sujeto de transferencias monetarias de ingreso solidario, por cuanto no había actualizado sus datos desde el año 2017.
14. Aseveró que si bien al tutelante se le realizó una nueva encuesta en el año 2019, correspondiente a la implementación de la plataforma Sisbén IV, sus resultados solo fueron públicos desde enero del año en curso, es decir que debía actualizar sus datos a partir de la vigencia 2018 cuando aún se encontraba en funcionamiento la plataforma Sisbén III y, de esta manera, habría podido ser beneficiario de algunos auxilios económicos con ocasión de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país desde marzo de 2020, si lograba cumplir los demás requisitos. En este punto señaló el municipio que es responsabilidad del usuario actualizar sus datos.
15. Se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que la acción de tutela deviene improcedente, por cuanto no se ha vulnerado ningún derecho fundamental por su parte y además expresó que carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que la entrega de ayudas y la inclusión en los beneficios económicos corresponde única y exclusivamente al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
16. Por último, señaló que la demanda presentada tampoco cumple con el requisito de subsidiariedad, pues el tutelante pudo haber elevado una petición a la administración municipal para poner en conocimiento su situación y de esta manera haber sido amparado por otro tipo de beneficios diferentes a los establecidos en el Programa de Ingreso Solidario.
1.5.2 Presidencia de la República – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
17. Actuando a través de apoderada judicial, la autoridad accionada informó a esta Sala que el tutelante presentó solicitud similar a través de las plataformas digitales dispuestas para la ciudadanía, sobre la cual se le respondió que se había hecho traslado al Ministerio de Salud y Protección Social (también MinSalud) y al Departamento para la Prosperidad Social, por lo que no se podía entender vulnerado el derecho de petición.
18. Solicitó la desvinculación como demandado por carecer de legitimación en la causa por pasiva, pues su accionar y/u omisión no son la causa del posible daño ocasionado. De esta manera, señaló que es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, las entidades encargadas para administrar los recursos del Programa de Ingreso Solidario y determinar la lista de los beneficiarios. Así mismo, le corresponde al Departamento para la Prosperidad Social la operación de los programas de transferencias monetarias del Gobierno Nacional a la población de pobreza y pobreza extrema.
19. Bajo esta misma línea, señaló que el presidente de la República no es el representante legal ni judicial de entidad alguna, por lo que no está llamado a responder en el caso en específico.
1.5.3 Departamento Nacional de Planeación – DNP –
20. Mediante correo electrónico remitido el 8 de julio al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, solicitó la desvinculación del presente proceso, por cuanto considera que no tiene a su cargo la prestación de los servicios de salud, la realización de las encuestas del Sisbén ni funciona como administradora de planes de beneficios, así mismo, negó que tenga funciones de inspección y vigilancia de las entidades que sí administran dichos beneficios.
21. Señaló que a partir de la expedición del Decreto Legislativo 812 de 2020, los programas de Protección Social al Adulto Mayor, la compensación del IVA y el Programa de Ingreso Solidario, fueron trasladados para su ejecución al DPS.
22. Finalmente, indicó que existe un precedente judicial establecido por la Sección Tercera – Subsección A de esta Corporación, identificado con el radicado 25000-23-15-000-2020-02850-01 en el que se cita: “[…] un juez constitucional no podrá inmiscuirse en este tipo de decisiones porque los mecanismos de alivio financieros en situaciones específicas, como la estudiada en el caso del ciudadano, corresponde a autoridades públicas nacionales y territoriales. El juez constitucional no puede por vía de tutela incrementar el presupuesto de inversión -social-, así como tampoco puede ordenar al Gobierno que lo haga, pues esta facultad escapa de su órbita y, de hacerlo, incurriría en una extralimitación de sus funciones”.
1.5.4 Ministerio de Salud y Protección Social
23. A través de correo electrónico remitido el 2 de agosto de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, se opuso a cada una de las pretensiones formuladas por no haberse violado ni existir amenaza a los derechos fundamentales invocados por el tutelante.
24. Manifestó que la acción constitucional resulta improcedente por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que carece de competencia para la administración del programa de ingreso solidario, que según el Decreto 518 de 2020 se encuentra radicada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mientras que la actualización de los datos reportados al Sisbén está a cargo del Departamento Nacional de Planeación , de conformidad con los numerales 4 y 30 del artículo 3º del Decreto 2189 de 2017
1.5.5. Ministerio del Trabajo
25. Mediante correo electrónico remitido el 3 de agosto de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, solicitó la desvinculación de la presente acción constitucional, debido a falta de legitimación en la causa por pasiva.
26. Lo anterior, sustentado en que conforme a la Ley 1444 de 2011, reglamentada por el Decreto 4108 de 2011 y 1072 de 2015, dicha cartera ministerial carece de las competencias necesarias para el otorgamiento de auxilios económicos.
1.5.6. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pese a haber sido notificados en debida forma guardaron silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
27. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por el señor Fabián Gustavo Betancurt Rendón contra la Presidencia de la República, el municipio de Pereira, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Sisbén - Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el numeral 12 del artículo 1º del Decreto 333 de 2021, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
28. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
29. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí misma o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.
30. Desde que fue proferida la sentencia T-416 de 1997 por parte de la Corte Constitucional, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.
31. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “[e]sta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.
32. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, se indicó que la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
33. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.
34. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el señor Fabián Gustavo Betancurt Rendón es el titular de los derechos fundamentales que reclama, en consideración a que es quien elevó una petición ante la Presidencia de la República inicialmente y se encuentra registrado y focalizado en la base de datos del Sisbén dentro del grupo B5 (pobreza moderada).
35. En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial del derecho presuntamente vulnerado. Sin embargo, debido a que la acción se presentó a nombre propio y no se hizo la identificación del núcleo familiar, no se tendrán por legitimados en la causa por activa los familiares del señor Betancurt como lo pretende en el libelo de la demanda.
36. En relación con las autoridades accionadas, se advierte que la demanda se dirigió contra la Presidencia de la República, el municipio de Pereira, el DPS y el Departamento Nacional de Planeación – Sisbén que, a juicio de la parte actora, vulneraron sus derechos fundamentales, por lo que se encuentran legitimados por pasiva.
2.3 De las solicitudes de desvinculación
37. La Sala destaca que, en sus contestaciones, la Presidencia de la República, el municipio de Pereira y el Departamento Nacional de Planeación alegaron la falta de legitimación en la causa por pasiva, para lo cual señalaron cada una de ellas que, de conformidad con las funciones que les corresponde desarrollar no guardan relación con la situación fáctica expuesta por la parte actora en el escrito de tutela.
38. Al respecto, se advierte que las referidas entidades públicas fueron vinculadas a la presente acción de tutela como autoridades accionadas, precisamente a que en razón a las funciones que les corresponde cumplir en relación con la situación derivada por la pandemia de la COVID19, sumado a que les asiste un interés directo y que el actuar de los agentes del Estado debe darse de manera conjunta y bajo los principios de concurrencia y solidaridad, más aún en la actual condición por la que atraviesa el país, por el referido virus.
39. En tales condiciones, no hay lugar a declarar probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de las entidades anteriormente mencionadas y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
40. Por otra parte, frente a la solicitud de desvinculación del Ministerio de Salud y Protección Social debe señalarse que fue vinculado como tercero con interés, con la finalidad de que fuese determinado si se dio o no respuesta al derecho de petición que trasladó la Presidencia de la República, por lo que no se encuentra como demandado y por lo tanto se negará su solicitud de desvinculación.
41. Finalmente, el Ministerio del Trabajo solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela por carecer de legitimación en la causa por pasiva, sin embargo, se debe señalar que en el auto admisorio ni en el que ordenó la vinculación del Ministerio de Salud y Protección Social se encuentra a esa cartera como demandado o tercero con interés, por lo que no es un sujeto procesal dentro de la presente acción constitucional.
2.4. De la adecuación de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados
42. Esta Sala, en procura de respetar los límites del juez de tutela, encaminó la presunta violación de sus garantías constitucionales al habeas data, de petición, a la igualdad, y al mínimo vital.
43. Lo anterior por cuanto de los hechos expuestos en el escrito de tutela, el accionante manifiesta haber presentado un derecho de petición a la Presidencia de la República que fue remitido al Ministerio de Salud y Protección Social y al Departamento para la Prosperidad Social, obteniendo únicamente respuesta de este último en donde se le señaló que debido a la falta de actualización en la encuesta Sisbén no podía ser beneficiario del ingreso solidario.
44. Por su parte, se consideró que el tutelante hacía referencia al derecho de habeas data pues este se refiere a la facultad de conocer su información y exigir por parte de las autoridades e instituciones que se encuentre actualizada cuando las circunstancias hayan cambiado, tal y como ocurrió cuando le fue aplicada la encuesta Sisbén por parte del municipio de Pereira en el año 2019 y pese a ello le fue respondido por parte del Departamento para la Prosperidad Social que en sus bases de datos figuraba como última fecha de aplicación de la encuesta la del año 2016.
45. Por último, la adecuación que se hizo a la presunta vulneración a los derechos fundamentales a la igualdad y al mínimo vital obedeció a que el accionante manifiesta estar afectado económica y socialmente por el impacto de la pandemia de la COVID19, situación que no es desconocida para esta Sala y que según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la pobreza aumentó en 3,5 millones de personas respecto del 2019, lo que significó que al cierre del año 2020, 21 millones de colombianos se encontraban en esta condición.
2.5. Problema jurídico
46. Corresponde a la determinar si, en el caso concreto, se presenta una vulneración a los derechos a “[…] recibir ayuda por parte del gobierno, derechos del ciudadano, a estar incluido en la base de datos y a la igualdad […]”, encauzados por esta Sala en los derechos fundamentales al habeas data, de petición, a la igualdad, y al mínimo vital del señor Fabián Gustavo Betancurt Rendón, en la medida en que presuntamente la Presidencia de la República no dio respuesta de fondo al derecho de petición radicado por el tutelante, las autoridades accionadas no actualizaron su información en las bases de datos del Sisbén a partir del año 2017 y, según se advierte en el escrito introductorio esto derivó en la falta de asignación del beneficio de devolución del IVA y la ausencia de traslados monetarios del Programa de Ingreso Solidario.
47. Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) naturaleza de la acción de tutela; (ii) del derecho a la igualdad; (iii) del derecho al habeas data; (iv) del derecho fundamental al mínimo vital; (v); del derecho de petición; y (vi) análisis del caso concreto.
2.6. Naturaleza de la acción de tutela
48. Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de particulares.
49. La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
2.7 Del derecho a la igualdad
50. El artículo 13 de la Constitución Política regula dos dimensiones del derecho a la igualdad: (i) la formal o ante la ley, que se fundamenta en que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, y por ende deben recibir la misma protección y trato de las autoridades, y gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna clase de discriminación; y la (ii) material o de trato, según la cual el Estado debe adoptar medidas positivas para superar las desigualdades de grupos que históricamente han sido discriminados, y de aquellas personas que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta.
51. A partir de esa segunda dimensión expuesta, es posible entender el por qué el Estado y en su cabeza, el Gobierno Nacional, ha conjurado esfuerzos para atender las necesidades insatisfechas de las personas que por razones sociales, culturales o económicas se encuentran en una situación de desventaja.
52. En esta medida, la asistencia que presta el Estado a través de diferentes programas para la prevención, asistencia o eliminación de la pobreza obedece a la urgencia y el orden en el que las personas que lo reclamen y según el grado de vulnerabilidad en que se encuentren. Durante lo transcurrido en el año 2020 y 2021, el aparato estatal afrontó una crisis sin precedentes con ocasión de la pandemia generada por la COVID19, lo que conllevó a que se atendiera de manera prioritaria a los ciudadanos cuya subsistencia digna se viese afectada.
53. Organizar los programas ya existentes para la atención a estas personas supuso un reto de gran proporción por lo que el Gobierno Nacional, desde el mes de marzo de 2020 anunció la creación del Programa de Ingreso Solidario y la devolución de IVA en el marco de la emergencia sanitaria que aun extiende sus efectos.
54. Por ello, a través de un trabajo mancomunado entre las autoridades territoriales y nacionales, se realizó el cruce de información y se dio a conocer una lista de beneficiarios por parte del Departamento Nacional de Planeación, para acceder a la transferencia monetaria de ingreso solidario a través de la página HYPERLINK "https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co" https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co.
55. Dicha lista fue producto de la focalización que tuvo en cuenta la información dispuesta por el Sisbén, pero que dispuso el cumplimiento de otro requisito: no ser beneficiario de otros subsidios estatales como lo son Familias en Acción, Jóvenes en Acción, compensación del IVA o el programa de protección al Adulto Mayor.
56. Lo anterior indica que: primero, no todos los colombianos fueron sujetos de la asistencia estatal y humanitaria dentro del marco de la pandemia y, segundo, existió una clasificación y focalización de los beneficiarios, aun cuando diferentes ciudadanos estuviesen en condiciones de pobreza o en amenaza de esta y no figuraran en la lista.
2.8. Del derecho al habeas data
57. Previsto en el artículo 15 de la Constitución Política, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la información susceptible de ser conocida (por su titular o públicamente), actualizada y rectificada es cualquiera que tenga vocación de ser difundida y sea considerada como personal.
58. El núcleo esencial de este derecho radica en la autodeterminación informática y la libertad de otorgarla por parte del titular. Lo anterior implica que a este se le concede la facultad para conocer, actualizar o rectificar su información en cualquier momento si así lo desea.
59. Así por ejemplo, referente a la aplicación de la encuesta del Sisbén, se estableció en el documento CONPES 3877 de 2016, que desarrolló e implementó la versión IV, estará a cargo del Departamento Nacional de Planeación, el cual dictó los lineamientos para la obtención de información en los departamentos y municipios.
60. En procura de que dicha información fuese actual y correspondiente a la realidad, se estableció que el proceso de acceso a los beneficios y ayudas estatales surgía a partir de la solicitud del interesado en la oficina del Sisbén de la ciudad donde reside para que le sea aplicada la encuesta. Luego se realiza esta por parte de la alcaldía, visitando el hogar del posible beneficiario. Dicha información se consolida y se remite al Departamento Nacional de Planeación para que este la valide y clasifique y una vez más, remita a cada uno de los programas sociales y de asistencia de los beneficiarios seleccionados.
2.9 Del derecho al mínimo vital
61. De acuerdo con la Corte Constitucional: “[e]l derecho al mínimo vital ha sido definido como la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".
62. Este derecho fue traído primero a nuestro ordenamiento jurídico a través de la doctrina alemana del mínimo existencial que supone la protección de las personas cuando se amenaza la dignidad humana o la vida. A partir de allí la jurisprudencia constitucional fijó parámetros para la interpretación y aplicación de este derecho. En este sentido, se ha fijado como un mandato para orientar la función de intervención en la economía por parte del Estado.
63. La existencia misma de este derecho es consecuencia directa de los principios del Estado Social de Derecho referidos a la dignidad humana y la solidaridad en concordancia con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la igualdad.
64. Señaló el máximo Tribunal Constitucional que el mínimo vital:
“[…] tiene dos dimensiones: (i) la positiva, presupone que el Estado y en algunas ocasiones los particulares, cuando se reúnen las condiciones establecidas, “están obligados a suministrar a la persona que se encuentra en una situación en la cual ella misma no se puede desempeñar autónomamente y que compromete las condiciones materiales de su existencia, las prestaciones necesarias e indispensables para sobrevivir dignamente y evitar su degradación o aniquilamiento como ser humano; (ii) la negativa, es un límite que no puede ser traspasado por el Estado, en materia de disposición de los recursos materiales que la persona necesita para llevar una existencia digna […]”.
65. La cuantificación de este derecho no depende exclusivamente de los ingresos y egresos de quien lo reclama, lo que significa que la fijación del salario mínimo no puede servir como estándar monetario para su aplicación. En los casos de vulnerabilidad, este derecho acredita una protección particular por parte del Estado.
2.10. Del derecho de petición
66. La Constitución Política de 1991, consagró en su artículo 23 el derecho fundamental de petición en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de “[…] presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución […]”. El mismo artículo superior precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.
67. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: “[…] El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido […]”.
68. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta de la petición. Respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala 15 días para resolver la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el periodo en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad de la autoridad a cargo de responder será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.
69. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado. Ello significa que “[…] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada […]”.
70. Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «[…] los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello […] la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante […]».
71. En ese orden, la contestación requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además incluye la obligación de darla a conocer al usuario, condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
72. Debido a la emergencia sanitaria que vive el país, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 491 de 2020 que amplió el término de atención de las peticiones que se radiquen durante la vigencia de dicha emergencia en un máximo de 30 días, salvo que la norma dispusiera lo contrario.
2.11. Caso Concreto
73. En el caso sub examine el señor Fabián Gustavo Betancurt Rendón alegó la vulneración a sus derechos fundamentales a “[…] recibir ayuda por parte del gobierno, derechos del ciudadano, a estar incluido en la base de datos y a la igualdad […]” dentro del marco de la pandemia generada por el coronavirus Sars-Cov2, al no ser incluido dentro de los programas de asistencia social específicamente la devolución del IVA y el ingreso solidario, cargos que fueron encausados por la Sala como presunta vulneración a las garantías constitucionales al habeas data, a la igualdad, de petición y al mínimo vital.
74. La Presidencia de la República, el municipio de Pereira y el Departamento Nacional de Planeación, en sus escritos de contestación manifestaron que no tenían competencia para la gestión y entrega de las ayudas económicas establecidas en el Programa de Ingreso Solidario, sino que recaía en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º del Decreto 812 de 2020.
75. Ahora bien, del libelo se desprende que el señor Fabián Gustavo Betancurt Rendón radicó un derecho de petición a través de la plataforma digital dispuesta por la Presidencia de la República en el que solicitó ser beneficiario de los programas sociales, en especial del Programa de Ingreso Solidario y la devolución del IVA, y además que fuese priorizado en la vacunación
76. Esta petición fue radicada el 31 de marzo del año en curso y se le asignó el número de identificación OFI21-00046263 / IDM, que fue respondido ese mismo día, indicándosele que se daba traslado al Ministerio de Salud y Protección Social y al Departamento para la Prosperidad Social para que se otorgara respuesta de fondo.
77. El Departamento para la Prosperidad Social dio respuesta mediante radicado S-2021-2002-168255 del 20 de abril de 2021, en la que señaló que no podía ser beneficiario del programa de ingreso solidario debido a que el señor Fabián Gustavo Betancurt no tenía actualizada la encuesta del Sisbén con posterioridad al 1º de enero de 2017. Esta respuesta fue conocida por el demandante, según lo manifestado en su escrito de tutela.
78. Pese a ello, no resulta menos cierto para esta Sala que los resultados de la encuesta del Sisbén, aplicada en el 2019 al tutelante ya fueron publicados, como se observa en la página HYPERLINK "https://www.sisben.gov.co/paginas/consulta-tu-grupo.aspx" https://www.sisben.gov.co/paginas/consulta-tu-grupo.aspx:
79. De esta manera, la información que disponía el DPS no estaba actualizada. Por lo tanto, compete al accionante solicitar nuevamente ante el Departamento para la Prosperidad Social que se haga el estudio para ser considerado un posible beneficiario del programa de ingreso solidario, indicando esta nueva información y que fue publicada con posterioridad a su petición inicial.
80. Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social no se refirió en su escrito de contestación sobre la petición que fue trasladada por la Presidencia de la República y que fue radicada por el tutelante.
81. Frente al derecho de petición ha dicho la Corte Constitucional que “[se] ha resaltado que la respuesta de la autoridad debe incluir un análisis profundo y detallado de los supuestos fácticos y normativos que rigen el tema, así, se requiere “una contestación plena que asegure que el derecho de petición se ha respetado y que el particular ha obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que la misma sea favorable o no a sus intereses”.
82. Ante la ausencia de pruebas que permitan determinar el otorgamiento de una respuesta de fondo por parte de la institución demandada, se debe proteger el derecho fundamental de petición del demandante.
83. Respecto a la presunta vulneración a los derechos a la igualdad y al mínimo vital, no puede afirmarse que ocurrió una vulneración por parte de ninguna de las autoridades e instituciones demandadas, toda vez que el municipio de Pereira reconoce haber efectuado la encuesta dispuesta para la versión IV del Sisbén en el año 2019, sin otorgarse un trato preferencial respecto de otros interesados y que fuera en menoscabo de la situación del accionante.
84. Si bien no se señalan las razones por las cuales los resultados de esta encuesta fueron publicados hasta el 2021, no se puede obviar la difícil situación que ha vivido el Estado colombiano con ocasión de la pandemia de la COVID19 y que supuso un reto en la administración para su normal funcionamiento.
85. Debe reseñarse que de las pruebas allegadas al expediente, se evidencia que el señor Fabián Gustavo Betancurt no se encuentra dentro de las bases de datos dispuestas por el Gobierno Nacional para ser sujeto de la transferencia monetaria del ingreso solidario definido en el Decreto 975 de 2020 y tampoco se demostró un perjuicio irremediable a su mínimo vital por este hecho.
86. De todo lo expuesto hasta ahora, se afirma que el derecho al habeas data no fue vulnerado, habida cuenta de que la información del tutelante respecto de los resultados de la encuesta Sisbén 2019, ya se encuentra actualizada y publicada por parte del Departamento Nacional de Planeación.
87. Al respecto, resulta pertinente señalar que si bien la acción de tutela se caracteriza por su informalidad, la Corte Constitucional ha señalado que, en general, quien alega la vulneración de un derecho fundamental debe acompañar a su afirmación alguna prueba que lleve a la convicción del juez sobre la situación planteada. Así por ejemplo, indicó:
“Segundo. La vulneración o afectación del mínimo vital, por la ausencia de los recursos que permiten materializar y realizar las aspiraciones personales y familiares hacen que el concepto de vida digna supere la mera expectativa existencialista y responda al común anhelo de mejoramiento de las condiciones humanas y sociales. Por ello, el directo afectado debe demostrar la afectación de su mínimo vital, señalando qué necesidades básicas están quedando insatisfechas, para lograr la protección y garantía por vía de tutela, pues de no ser así, derechos de mayor entidad, como la vida y la dignidad humana se pueden ver afectados de manera irreparable.
En este punto, es necesario enfatizar el hecho de que, no sólo basta hacer una afirmación llana respecto de la afectación del mínimo vital, sino que dicha aseveración debe venir acompañada de pruebas fehacientes y contundentes de tal afectación, que le permitan al juez de tutela tener la certeza de tal situación. Al respecto la sentencia T-1088 de 2000, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero señaló lo siguiente: […]
De esta forma, medios probatorios con los cuales el tutelante demuestra la afectación de su mínimo vital, pueden ser los recibos de servicios públicos no pagados, extractos bancarios, constancias de créditos hipotecarios y demás documentos en los que consten obligaciones económicas que hacen parte de su mínimo vital y que se encuentran insolutas por la carencia de una fuente de recursos económicos”. (Subrayado por fuera del texto original)
88. Ahora bien, no fue considerado al tutelante como sujeto de devolución del IVA por las mismas razones que no fue beneficiario del ingreso solidario, pues su información respecto de la encuesta Sisbén no se encontraba actualizada al momento de hacer la solicitud ante la Presidencia de la República, pero como ya fue expuesto por esta Sala, no se demostró un perjuicio irremediable a las condiciones de vida digna y que afectaran su mínimo vital con ocasión de no recibir esta transferencia.
89. No obstante lo anterior, resulta pertinente indicarle a la parte actora que, de estimarlo adecuado puede solicitar la inclusión en algún programa de ayuda creado por el Gobierno Nacional y/o territorial y para ello podrá aportar todas las pruebas necesarias a través de los canales dispuestos por el Departamento para la Prosperidad Social y la Presidencia de la República.
2.12 Conclusión
90. De conformidad con las razones expuesta, se negará la protección de los derechos fundamentales al habeas data, a la igualdad y al mínimo vital al no encontrarse probada su afectación con ocasión de la negativa a ser incluido el señor Fabián Gustavo Betancurt Rendón como beneficiario del programa de ingreso solidario y devolución del IVA. Por el contrario, el derecho de petición sí fue vulnerado ante ausencia de respuesta de fondo por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Presidencia de la República, del Departamento Nacional de Planeación, del municipio de Pereira y del Ministerio de Salud y Protección Social, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Fabián Gustavo Betancurt Rendón y en consecuencia ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social DAR RESPUESTA de fondo al derecho de petición trasladado por la Presidencia de la República el 31 de marzo de 2021, en un plazo de tres (3) días hábiles y notificarlo de la decisión por el medio que considere más expedito.
TERCERO: NEGAR el amparo de los demás derechos fundamentales deprecados por el señor Fabián Gustavo Betancurt Rendón, por las razones expuestas en la parte motiva esta sentencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
Folio 6 del expediente digital de tutela.
La acción de tutela fue enviada al buzón web HYPERLINK "mailto:tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co" tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera Carbonell.
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511, 08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”.
Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
Corte Constitucional, sentencia T – 729 de 2008. M.P: Humberto Sierra Porto.
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión. Sentencia T – 678 del 16 de noviembre de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia: 50001-23-31-000-2008-00336-01, Magistrado Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C – 492 de 2015, Magistrado Ponente: María Victoria Calle Correa.
Corte Constitucional, sentencia T – 716 de 2017, M.P: Carlos Bernal Pulido.
Ibid.
Corte Constitucional, sentencia T – 164 de 2006
Corte Constitucional, sentencia C-510-04, Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis.
Corte Constitucional, sentencia T-332-15, Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
Corte Constitucional, sentencia T-149-13, Magistrado: Ponente Luis Guillermo Pérez.
Ibid.
Sobre el tema, ver Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 22 de marzo de 2012, radicado No. 25000-23-25-000-2012-00150-01, M.P. Susana Buitrago Valencia.
Corte Constitucional. Sentencia T – 369 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos.
Sentencia T-237 de 2001
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