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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-03943-01

Fecha
24 de marzo de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-03943-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 30 de agosto del 2021 proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, que negó la acción de 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Noris Pérez de Nieto Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Primera de Decisión y otro Radicado: 11001-03-15-000-2021-03943-01 tutela presentada por la señora Noris Pérez de Nieto, según lo dicho en la parte motiva. SEGUNDO: En consecuencia, se AMPARAN los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora Noris Pérez de Nieto. TERCERO: En virtud de lo anterior, se DEJA SIN EFECTOS la decisión del 6 de mayo del 2021 expedida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Primera de Decisión, para que en el término improrrogable de diez (10) días, emita una nueva decisión en la que se tengan en cuenta las consideraciones realizadas en esta sentencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-03943-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

24 de marzo de 2022

Demandante: Noris Pérez de Nieto
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Primera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-03943-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2021-03943-01
Demandante: NORIS PÉREZ DE NIETO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA, SALA PRIMERA
DE DECISIÓN Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – proceso ejecutivo –
documentos para conformar el título ejecutivo – defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
decisión de primera instancia del 30 de agosto del 2021 expedida por la Sección
Segunda, Subsección “A” de esta Corporación, que negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Con escrito enviado el 22 de junio del 2021 al correo de la secretaría general de
esta Corporación, la accionante, actuando a través apoderada judicial, ejerció acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Primera de Decisión y el
Juzgado 3 Administrativo del Circuito Judicial de Montería. Con el presente
mecanismo pretende que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

2. Consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de las
providencias del 24 de octubre del 2019 y del 6 de mayo del 2021, proferidas por el
juzgado y el tribunal accionados, respectivamente, al interior del proceso ejecutivo
con radicado No. 23001-33-33-003-2010-00406-00/1. En dichas providencias, las
autoridades judiciales negaron el mandamiento de pago solicitado por la parte
accionante, teniendo en cuenta que no se tuvo claridad sobre las sumas a ejecutar.

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Demandante: Noris Pérez de Nieto
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Primera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-03943-01

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

“(…) 2. Se ordene por parte de este H. Juez Constitucional la Nulidad de los
fallos proferidos por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Montería y
del Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Primera de Decisión -, (…) y en su
lugar ORDENAR al fallador de Primera instancia proceda a revisar nuevamente
el material probatorio aportado a fin de determinar que el mismo es suficiente
para garantizarle al demandante la realización del derecho material”. (sic en toda
la cita, negrillas y mayúsculas conforme al texto).

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La accionante obtuvo sentencia favorable del 24 de septiembre del 2014 expedida
por el Tribunal Administrativo de Córdoba, en la cual se ordenó a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, la reliquidación de su pensión de jubilación teniendo en cuenta la
totalidad de los factores que devengó en el último año anterior a la adquisición del
estatus pensional. Además, ordenó la indexación y el reconocimiento de intereses
moratorios.

5. La entidad cumplió el mencionado fallo por medio de la Resolución 2424 del 2016,
en la cual se reliquidó la pensión de la actora, se cancelaron mesadas atrasadas con
algunos descuentos de ley, así como la indexación y los intereses moratorios.

6. En el año 2019 la actora presentó demanda ejecutiva, pues consideró que la
entidad no había reliquidado bien la pensión. Al respecto, cuestionó que los
descuentos se hayan hecho sobre la totalidad de la mesada y no sobre las
diferencias reconocidas, así como los montos que se pagaron por concepto de
indexación e intereses.

7. El Juzgado 3 Administrativo del Circuito Judicial de Montería se abstuvo de librar
mandamiento de pago, pues la accionante no aportó el certificado de los valores que
devengó en el último año de servicios. Por lo tanto, encontró que aunque en el
plenario obraba copia de la sentencia y de la Resolución que la cumplió, el juez no
tenía elementos para librar mandamiento de pago sobre una base real, pues no eran
suficientes esos documentos para determinar los valores que presuntamente se
adeudan a la actora.

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8. Inconforme con lo anterior, la tutelante impugnó la decisión, pues consideró que en
la providencia y en la Resolución se expusieron de forma clara los emolumentos a
reconocer.

9. El Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de providencia del 6 de mayo del
2021, confirmó la decisión asumida por el juzgado, ya que consideró que si bien se
aportaron la sentencia y el acto emanado de la entidad como integrantes del título
ejecutivo, de todas maneras no existía claridad sobre las sumas a ejecutar, ya que
debía precisarse cuáles eran los montos devengados en el último año de servicios
para determinar con exactitud la base de los descuentos a efectuar, el capital y los
intereses.

10. Agregó que en todo caso la actora bien puede demandar nuevamente en
ejercicio de la acción ejecutiva y aportar el certificado de los conceptos recibidos en
el último año de servicios para que se libre mandamiento de pago.

1.4. Fundamentos de la vulneración

11. La accionante consideró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, toda vez que, en su sentir, en la
Resolución del cumplimiento del fallo se consignaron los valores que ella devengó en
el último año de servicios. Por lo tanto, adujo que con ese elemento se podrían haber
determinado las sumas a cancelar, sin necesidad de aportar el certificado de haberes
devengados, como equivocadamente se exigió en las decisiones cuestionadas.

1.5. Trámite de la acción de tutela

12. Mediante auto del 1 de julio de 2021, el magistrado ponente admitió la acción de
tutela. Ordenó notificar del proveído a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Córdoba, Sala Primera de Decisión, y al juez tercero administrativo oral del Circuito
Judicial de Montería, como accionados, y a la Nación, Ministerio de Educación,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como tercero con interés en
las resultas del proceso;

13. Igualmente, se requirió al Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Primera de
Decisión, para que enviara copia en medio magnético del proceso ejecutivo con
radicación 23001-33-33-003 2010-00406-01.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

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1.6.1. Ministerio de Educación Nacional

14. Por conducto de representante, consideró que carece de legitimación en la
causa, ya que no desplegó ninguna actuación en relación con la presunta
vulneración alegada por la actora.

1.6.2. Fiduprevisora S.A.

15. Consideró, a través de su apoderado, que las decisiones cuestionadas estuvieron
bien fundamentadas. En todo caso precisó que carece de legitimación en la causa ya
que no tuvo ninguna injerencia en las providencias emitidas en el proceso ejecutivo.

16. Pese a haber sido en notificados en debida forma, tal como consta en los
archivos adjuntos del sistema Samai, el juzgado y el tribunal accionados no
presentaron informe alguno.

1.7. Fallo impugnado

17. La Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado negó el amparo
solicitado. Para sustentar la decisión, manifestó que como la actora cuestionó que los
descuentos de ley se habían hecho sobre la totalidad de las mesadas y no sobre las
diferencias, era necesario tener certeza sobre cuáles eran los montos de los valores
devengados en el último año de servicios, para determinar con claridad el capital y
los intereses. En ese sentido, encontró razonables las decisiones asumidas por las
autoridades accionadas.

1.8. Impugnación

18. La actora, por conducto de apoderada, manifestó su inconformidad con la
decisión de primera instancia e insistió en los argumentos de la tutela. Indicó que en
el plenario se contaba con los elementos necesarios para emitir mandamiento de
pago y que exigírsele el certificado como constitutivo del título ejecutivo era una
decisión que incurrió en un defecto fáctico por exceso ritual manifiesto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia

16. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia del 30 de agosto del 2021 emitida por la Sección Segunda,
Subsección “A” del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y
en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
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2.2. Legitimación en la causa

17. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

18. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá
ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente
oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en
condiciones de promover su propia defensa.

19. Desde que fue expedida la sentencia T-416 de 19971 por parte de Corte
Constitucional, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un
presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad
subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso
de tutela.

20. En la sentencia T-086 de 20102, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia
significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho
fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a
que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de
representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.

21. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 20113, indicó que la legitimación en
la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción
de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al
juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el
derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

22. En la sentencia T-435 de 20164, la Corte estableció las condiciones que deben
concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo especial
énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó
reiterado en la SU-454 de 20165, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de
la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y
constituye un presupuesto procesal de la demanda6.

1
Corte Constitucional, Sentencia T-416 de 1997.
2
Corte Constitucional, Sentencia T-083 del 2010.
3
Corte Constitucional, Sentencia T-176, del 2011.
4
Corte Constitucional, Sentencia T-435 del 2016.
5
Corte Constitucional, Sentencia SU-454 del 2016.
6
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sentencia T-511 del 2017. Así mismo, Corte la
Sentencia T-318 del 2018 en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al
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23. Con fundamento en el marco conceptual expuesto7, la Sala advierte que la
señora Noris Pérez de Nieto es el titular de los derechos fundamentales que reclama,
en consideración a que fue la persona que actuó como demandante en el proceso
ejecutivo en el cual se dictaron las providencias censuradas. En consecuencia, goza
de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que al superarse,
permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de las
garantías alegadas.

24. En relación con las autoridades judiciales accionadas, se advierte que la tutela se
dirigió contra el Juzgado 3 Administrativo del Circuito Judicial de Montería y el
Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Primera de Decisión, que profirieron las
decisiones que, a juicio de la parte actora, vulneraron sus derechos fundamentales,
por lo que se encuentran legitimados por pasiva.

2.3. Problema jurídico

25. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los defectos
formulados, el material probatorio recaudado y los informes presentados, los
problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción
de tutela contra providencia judicial?

26. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

● ¿ El Juzgado 3 Administrativo del Circuito Judicial de Montería y el Tribunal
Administrativo de Córdoba vulneraron los derechos alegados por la actora, al
abstenerse de librar mandamiento de pago porque ella no aportó un
certificado que diera certeza sobre las sumas a ejecutar, a pesar de que, en
concepto de la actora, en el plenario había elementos de juicio que permitían
determinar las sumas adeudadas? En ese orden se determinará si se confirma
o se revoca la providencia de primer grado que negó el amparo.

estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta
Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por
activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y
(iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o
idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
7
Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha
venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de
tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.

6

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27. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva;
(iii) nociones del defecto invocado y (iv) el caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

28. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios
que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales,
en fallo de 31 de julio de 20128. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas
Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema9. En la
referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es
procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales10.

29. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción
de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta
Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201411. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia12 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial13.

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
9
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
10
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
12
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;. ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii)
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible y vi)Que no se trate de sentencias de tutela.
13
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv). Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
7

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30. Es importante resaltar que esta Sección, en aras de una metodología más clara
para las personas que acceden a la administración de justicia vía amparo
constitucional, determinó que los requisitos generales de procedencia cuarto y quinto
de la sentencia de unificación del 2014 serán estudiados de manera conjunta con los
requisitos especiales. Por tanto, de manera reiterada se han estudiado los siguientes
requisitos generales de procedencia i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de
tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no
observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente
la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.

31. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial. Justamente en este estudio la Sección analizará la carga
argumental alegada por la parte actora. A su vez, cuando se invoca el defecto
procedimental absoluto se estudiará que la irregularidad procesal tenga un efecto
decisivo o determinante en la providencia que se impugna. En este mismo sentido, la
Sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no
intente reabrir el debate de instancia.

32. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

33. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado por
cuanto en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de las providencias
cuestionadas, comoquiera que, a su juicio, no se tuvieron en cuenta los elementos de
juicio que obraban en el plenario, de los cuales se extraía sin lugar a duda las sumas
a ejecutar, sin que fuera necesario que se aportara ningún elemento adicional. Esta
situación comporta, a juicio de la Sala, un aspecto con suficiente relevancia
constitucional porque implica, en principio, una presunta desatención a una orden
judicial, conforme a los argumentos presentados por la parte accionante.

alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de
la Constitución.
8

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34. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues
en efecto, la tutelante estima vulnerados sus derechos fundamentales porque aduce
que las decisiones enjuiciadas incurrieron en defecto procedimental por un exceso
ritual manifiesto al exigirle elementos adicionales para librar mandamiento de pago,
lo que denota que en el presente caso existen elementos que deben ser analizados
de fondo por parte del juez constitucional, con miras a verificar si se presentó o no la
vulneración alegada.

35. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza a los
derechos alegados, después de haber agotado el procedimiento legal o judicial
establecido por la ley para su protección, como lo alegó la parte accionante en el
caso objeto de estudio, lo que implica que el mecanismo constitucional no fue
utilizado como una instancia adicional que busque reabrir el debate procesal. Por el
contrario, la presente solicitud de amparo se interpuso debido a la presunta
desatención por parte del tribunal accionado, de una sentencia judicial que le
reconoció una condena a la accionante y que según ella aduce, fue realizada en
contravía de sus garantías constitucionales.

36. Por lo tanto, el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene importancia
para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su eficacia y para la
determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades
públicas, en cuanto se analizará de fondo la interpretación constitucional de las
normas pertinentes, para determinar si el juzgado y el tribunal accionados incurrieron
con sus fallos, en el defecto señalados por la parte actora.

2.5.2. Tutela contra tutela

37. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues las providencias enjuiciadas fueron proferidas en el trámite
de un proceso ejecutivo, como se ha indicado.

2.5.3. Inmediatez

38. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte ningún
reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos con
ocasión de la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala
Primera de Decisión que fue expedida el 6 de mayo del 2021, y que puso fin a la
controversia, mientras que la acción de tutela se presentó el 22 de junio del mismo
año, lo que para la Sala es un término razonable para el uso del mecanismo de
amparo constitucional, aún si se cuenta desde que se expidió el auto enjuiciado.
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Demandante: Noris Pérez de Nieto
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Primera de Decisión y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-03943-01

39. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201414, en
la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y
reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo
de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.

2.5.4. Subsidiariedad

40. En consideración al requisito de subsidiariedad, por tratarse de una providencia
de segunda instancia emitida al interior de un proceso ejecutivo, es evidente el
agotamiento de los recursos ordinarios.

41. Así mismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de unificación
de jurisprudencia, comoquiera que los argumentos de la tutela no se enmarcan en
las causales de procedibilidad de los referidos recursos.

42. Por lo tanto, superados todos los requisitos de procedibilidad adjetiva, la Sala
abordará el fondo del amparo solicitado, no sin antes resaltar el carácter excepcional
de la acción de tutela, la cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa
juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de
buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en las decisiones judiciales.

2.6. Generalidades del defecto planteado

2.6.1. Del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto

43. En palabras de la Corte Constitucional, el defecto procedimental “ocurre cuando
(la decisión) se aparta por completo del procedimiento establecido legalmente para el
trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe a un trámite
completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce del asunto-, o ii) omite etapas
sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de
defensa y contradicción de una de las partes del proceso […]15”. “Este defecto
requiere, además, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente,
valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisión de fondo, y que esta
deficiencia no pueda imputarse ni directa ni indirectamente a la persona que alega la
vulneración al derecho a un debido proceso”16.

14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P.
Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
15
Corte Constitucional. Sentencia T – 429 de 2011.
16
Corte Constitucional. Sentencia SU – 770 de 2014.
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44. Ahora bien, también existe defecto procedimental cuando hay un exceso ritual
manifiesto, el cual se configura cuando el juez omite la realidad probada en el
proceso, ciñéndose de manera excesiva a las reglas formales, desconociendo de esa
manera el derecho sustancia.

45. Al respecto la Corte Constitucional ha dicho que esto se presenta cuando “el
funcionario judicial, por un apego extremo y una aplicación mecánica de las formas,
renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos,
derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia material y del principio de la
prevalencia del derecho sustancial”.

2.7. Caso concreto

46. La Sala revocará el fallo de primera instancia, teniendo en cuenta que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto alegado, pues el título
ejecutivo se conformó en debida forma y no era necesario que se aportara ningún
documento adicional.

47. En este punto la Sala precisa que aunque en el proceso no se allegó el
expediente ejecutivo, el juez de tutela, en ejercicio de sus facultades oficiosas, se
comunicó el 23 de marzo del 2021 con el Juzgado 3 Administrativo del Circuito
Judicial de Montería, vía telefónica y por correo electrónico para que remitiera la
copia digital de dicho proceso. Hechas las respectivas comunicaciones, el funcionario
del juzgado allegó en la misma fecha lo solicitado al correo
japonteg@consejodeestado.gov.co, cuenta de uno de los colaboradores del
despacho del ponente.

48. Aclarado lo anterior, se tiene que la accionante consideró que el juzgado y el
tribunal accionado incurrieron en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
en vista de que no tuvieron en cuenta que en el plenario del proceso ejecutivo
contaba con los elementos necesarios para librar mandamiento de pago. A tal efecto,
mencionó que la sentencia ejecutoriada y la Resolución por medio de la cual la
entidad dio cumplimiento del fallo tenían la información requerida para determinar las
inexactitudes en los descuentos, el capital y los intereses que la actora consideró
adeudados al interponer la demanda ejecutiva en una cuantía de $15.617.487.

49. La Sala recalca que en el proceso declarativo la accionante obtuvo sentencia
favorable para que se reliquidara su pensión teniendo en cuenta el 75% de los
emolumentos devengados en el último año de servicio, esto es, entre el 26 de
noviembre del 2004 y el 26 de noviembre del 2005. En dicha condena el Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Quinta de Decisión, indicó que la reliquidación debía
hacerse “incluyendo todos los factores salariales que hayan sido devengados por la
demandante”, con los correspondientes ajustes e intereses.

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50. La entidad procedió a cumplir dicha sentencia por medio de la Resolución 2424
del 2016, en donde se indicaron los factores sobre los cuales se efectuaría dicho
reajuste, especificando los montos de cada uno de estos. Así se expresó en el acto
administrativo:

51. En el referido acto se indicó que sobre las sumas a reconocer se efectuarían los
descuentos de Ley, y se pagaría la indexación y los intereses moratorios.

52. Inconforme con la anterior liquidación, la accionante inició el proceso ejecutivo,
en el cual se recalca que no puso en duda los montos ni los factores que se tuvieron
en cuenta para reliquidar la pensión, sino los descuentos que se aplicaron (ya que
considera que debió hacerse por la diferencia de las mesadas y no por el total), los
intereses y la indexación.

53. En ese sentido, en sentir de la Sala, las inconformidades que presentó la
accionante respecto de la condena bien pueden ser resueltas por el juzgador
teniendo en cuenta los valores que aparecen en el acto administrativo que dio
cumplimiento a la sentencia, pues de esa manera se configuró el título ejecutivo
complejo, cumpliendo de esa forma con el requisito de claridad, según lo establecido
en el artículo 422 del Código General del Proceso17. En efecto, allí aparecen
consignados los valores de los factores sobre los cuales se hicieron los cálculos para
descuentos, intereses e indexación.

17
Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras
y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan
plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal
de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de
policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, (…).
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54. En este punto la Sala concuerda con la posición de la actora, en el sentido de
que solicitarle un documento adicional a la sentencia que ordenó la reliquidación de
su pensión y a la resolución expedida en cumplimiento de la misma configura un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, máxime cuando ella misma ha
afirmado que los montos que aparecen en el acto administrativo son los que en la
realidad corresponden y que devengó, aspecto que se reitera, no fue objeto de
controversia en el proceso ejecutivo. Además, los factores y los montos provienen de
la liquidación realizada por el deudor.

55. Debe recalcarse además que según lo establece el artículo 430 del Código
General del Proceso, una vez acompañados los documentos que presten mérito
ejecutivo, que en este caso son la providencia favorable a la actora y el acto
administrativo que la cumplió, “el juez librará mandamiento ordenando al demandado
que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel
considere legal”.

56. En ese sentido, como los juzgadores de instancia cuentan con los documentos
que acreditan el título ejecutivo, han debido proceder según como lo determina la
norma y en ese orden, decidir de la forma que legalmente lo consideren, sin que ello
implique necesariamente que deba librar mandamiento de pago, analizando los
documentos aportados por la actora, pero sin necesidad de que ella aporte algún
medio de convicción adicional, pues en este tipo de procesos no se realiza un
estudio de fondo sobre un derecho, sino que se determina el cumplimiento o no de
obligaciones.

57. Así pues, la Sala revocará la providencia de primer grado para en su lugar,
amparar los derechos fundamentales deprecados por la accionante.

2.9. Conclusión

58. En consecuencia, en sentir de la Sala, en el presente asunto no se presentó la
vulneración de los derechos alegados y como consecuencia de ello, confirmará la
providencia de primera instancia.
III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 30 de agosto del 2021 proferida por la
Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, que negó la acción de

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tutela presentada por la señora Noris Pérez de Nieto, según lo dicho en la parte
motiva.

SEGUNDO: En consecuencia, se AMPARAN los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora Noris Pérez de
Nieto.

TERCERO: En virtud de lo anterior, se DEJA SIN EFECTOS la decisión del 6 de
mayo del 2021 expedida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Primera de
Decisión, para que en el término improrrogable de diez (10) días, emita una nueva
decisión en la que se tengan en cuenta las consideraciones realizadas en esta
sentencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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