Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-04008-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-04008-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-04008-00
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate (e)
26 de agosto de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / RELIQUIDACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN - Ley 33 de 1985 / CÁLCULO DE LOS FACTORES SALARIALES DEL IBL DE LA MESADA PENSIONAL - Aquellos cotizados al sistema / DEFECTO FÁCTICO - No configuración / DEFECTO SUSTANTIVO - No configuración
¿Vulneró el Tribunal Administrativo del Magdalena, los derechos fundamentales invocados, por presuntamente incurrir en los defectos fáctico y sustantivo, al proferir la sentencia del 17 junio de 2020, mediante la cual se confirmó el fallo dictado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, el 13 de septiembre de 2019, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda que presentó la señora [D.A.D.] en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social? (…) [O]bserva la Sala, que no se incurrió en el defecto sustantivo alegado por la señora [A.D.], toda vez que el Tribunal Administrativo del Magdalena para resolver su litis, dio aplicación al régimen de transición establecido en la Ley 33 de 1985, al respetar la edad para acceder a la pensión fijada en la Ley 6ª de 1945. (…) Ahora bien, en el presente caso y como se estableció en los antecedentes de esta acción, la tutelante cumplió con la carga exigida para abordar el estudio del [defecto fáctico], pues expresó los argumentos por los cuales consideró que el Tribunal Administrativo del Magdalena no valoró el certificado expedido por el Pagador y Jefe de Personal del Hospital San Juan de Dios el 27 de enero de 1992, pero lo cierto es que, como se dejó atrás expuesto al traer a colación las consideraciones de la providencia cuestionada la Sala evidenció que sí fue debidamente valorada, pero no se le podía dar el alcance pretendido por la tutelante, pues de conformidad con la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, radicado nro. 52001-23-33-000-2012-00143-01 y el entendimiento dado al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, los factores para el ingreso base de liquidación a tenerle en cuenta eran los establecidos en las Leyes 33 y 62 1985 y sobre los que hubiese realizado cotizaciones. (…) [En consecuencia,] [e]l Tribunal Administrativo del Magdalena al proferir la sentencia del 17 junio de 2020, no incurrió en los defectos fáctico y sustantivo planteados, razón por la cual no vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, a la vida digna, a los derechos adquiridos de pensión, a la protección de la seguridad jurídica, a la legítima confianza, al principio de favorabilidad y de acceso a la administración de justicia.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04008-00(AC)
Actor: DOLORES ARREGOCÉS DURÁN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTRO
OBJETO DE LA DECISIÓN
1. Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por la señora DOLORES ARREGOCÉS DURÁN contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
2. Con escrito enviado por correo electrónico el 24 de junio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la señora DOLORES ARREGOCÉS DURÁN, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, a la vida digna, a los derechos adquiridos de pensión, a la protección de la seguridad jurídica, a la legítima confianza, al principio de favorabilidad y de acceso a la administración de justicia.
3. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 17 junio de 2020, mediante la cual se confirmó el fallo dictado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta el 13 de septiembre de 2019, a través del cual se negaron las pretensiones de la demanda que presentó la tutelante en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado con el nro. 47001-33-33-005-2018-00319-01, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, donde pretendió la reliquidación de su pensión de vejez.
4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió (sic a toda la cita):
«1.Se me protejan mis derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, vida digna, derechos adquiridos de pensión y protección de la seguridad jurídica, legitima confianza, acceso a la administración de justicia y a un recurso judicial efectivo contemplado en el art. 25 de la convención americana de los derechos humanos, incorporada al bloque de constitucionalidad, en virtud de la cláusula de remisión contempla en el art. 93 inciso primero de la Constitución Nacional, y los de mi familia, los que considero vulnerados con la providencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta y del Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se niega las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derechos, sin estudiar las pruebas aportadas las cuales son documentales, mediante la sentencia del 13 de septiembre de 2019 y confirmada el 17 de junio de 2020.
. Como consecuencia a lo anterior se deje sin efecto la providencia proferida por el juez quinto administrativo de Santa Marta y del Tribunal Administrativo del Magdalena.
3. Se ordene proferir una nueva sentencia teniendo en cuenta de manera integral el documento certificación laboral del 27 de enero de 1992 que da cuenta los factores recibidos periódicamente y los descuento del 5% con destino a CAJANAL para que haga parte del reajuste pensional de las mesadas mensual, conforme a la ley 33 de 1985, ley 6 de 1945 y la ley 1045 de 1978, de acuerdo al principio de inescidibilidad y de favorabilidad argumentado en esta tutela».
1.2. Hechos probados y/o admitidos
5. La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
6. La señora DOLORES ARREGOCÉS DURÁN presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones nros. 035645 del 25 de noviembre de 2014 y la 007484 del 24 de febrero de 2015, a través de las cuales se negó la reliquidación de su pensión de vejez y, a título de restablecimiento del derecho, pidió que se determinara el monto de la referida prestación económica teniendo en cuenta para su cálculo el 75% de todos los factores devengados por todo concepto en el último año de servicios, junto con el pago del retroactivo, hasta tanto se verifique la cancelación total de la obligación.
7. El proceso le correspondió en primera instancia al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, autoridad que negó las pretensiones de la demanda, a través de fallo del 13 de septiembre de 2019, por cuanto estimó que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social aplicó los factores salariales que se debían tener en cuenta para calcular el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez, conforme a las Leyes 33 y 62 de 1985 y lo establecido en la sentencia de unificación del Consejo de Estado SU-2012-00143-01 del 28 de agosto de 2018.
8. Inconforme con lo anterior, la tutelante apeló y el recurso de alzada le correspondió resolverlo, en segunda instancia, al Tribunal Administrativo del Magdalena, autoridad judicial que, mediante sentencia del 17 junio de 2020, confirmó la decisión recurrida al considerar que la pensión reconocida se ajustó a los factores fijados en las Leyes 33 y 62 de 1985 y la sentencia de unificación del Consejo de Estado SU-2012-00143-01 del 28 de agosto de 2018, por cuanto «le fueron tenidos en cuenta en la liquidación de la pensión de vejez además del sueldo, la bonificación por servicios prestados y el recargo u horas extras, siendo estos los únicos posibles de conceder conforme al principio de taxatividad reiterado en la sentencia unificatoria que sirve de soporte en la resolución de este caso, pues debe recordarse que conforme al artículo 1 de la Ley 62 de 1985, modificatorio del artículo 3 de la Ley 33 de 1985, los factores de salarios que no estén allí previstos no son objeto de reconocimiento, que para el asunto bajo estudio resultan ser la prima de servicios, la prima de navidad y la prima de vacaciones, también el subsidio de transporte y la prima de alimentación».
9. La sentencia del 17 junio de 2020 se notificó por correo electrónico, el 17 de febrero de 2021.
1.3. Fundamentos de la solicitud
10. La parte actora aseguró que, el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta vulneraron sus derechos fundamentales, al considerar que se incurrieron en los siguientes defectos:
11. Defecto fáctico: Sostuvo que no se valoró la certificación laboral aportada al proceso, con lo que se afectó el debido proceso probatorio, ya que no tuvieron en cuenta el documento público certificación laboral del 27 de enero de 1992, que da cuenta de los descuentos mensuales que le hicieron del 5% para CAJANAL de los factores salariales recibidos y que ahora en la liquidación de pensión debieron tenerse encuentra en toda su integridad.
12. En dicha certificación se deja claro sobre que factores se cotizó y no todos fueron tenidos en cuenta por parte del Tribunal accionado.
13. Defecto sustantivo: Frente al que afirmó (sic a toda la cita):
«Se desconoció el principio de inescidibilidad, ya que no se estudió en su integridad la ley 33 de 1985, ya que dejo por fuera el estudio del parágrafo 2 del artículo 1, con respecto a los hechos demostrado, ya que debe haberse estudiado, se hubiesen dado cuenta que cuando entró en vigencia la ley 33 de 1985, ya yo tenía 17 años de servicios en el Hospital San Juan de Dios de Santa Marta ya que está acreditado que empecé a trabajar el 1 de mayo de 1968, y hasta el año 1985 habían transcurrido 17 años, hecho que hace que se me aplique la ley anterior, es decir la ley 6 de 1945 y el decreto ley 1045 de 1978, como lo anotó el salvamento de voto de la sentencia del 17 de junio de 2020, en la que se hace hincapié que se debió interpretar la norma de una manera más amplia; situación que tiene conexidad con el principio pro persona, el cual consiste en palabras de la Corte Constitucional, “sin excepción, entre dos o más posibles análisis de una situación, se prefiera [aquella] que resulte más garantista o que permita la aplicación de forma más amplia del derecho fundamental”. Sentencia C-438 DE 2013». Cursiva del original.
14. Por lo tanto, el Tribunal Administrativo del Magdalena «vulneró el principio de favorabilidad, ya que no se aplicó el régimen de transición de la ley 33 de 1985, el cual le era más favorable en razón que de incluirse el parágrafo 2 del artículo 1, tendrían que estudiarse la ley 6 de 1945 y el decreto ley 1045 de 1978 en su artículo 45, incluyéndose en mi pensión los factores salariales que hoy reclamo, se prefirió aplicar el régimen de transacción {sic} de la ley 100 de 1993, que excluyen los factores reclamados».
1.4. Trámite de la acción de tutela
15. La Magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante auto del 30 de junio de 2021, admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación a la parte actora, así como a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena y al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, en calidad de autoridades judiciales accionadas.
16. Así mismo, vinculó en calidad de tercero con interés a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
17. Con providencia del 9 de agosto de 2021, se requirió a la Juez Quinta Administrativa del Circuito Judicial de Santa Marta para que remitiera: a) copia digital e íntegra, del expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nro. 47001-33-33-005-2018-00319-01, que promovió la señora DOLORES ARREGOCES DURÁN contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social y b) una constancia de la fecha de notificación de la sentencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, el 17 de junio de 2020.
1.5. Intervenciones
18. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.5.1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
19. Al intervenir, por un lado, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto: i) la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, no incurrió en defecto alguno, sino que por el contrario la misma se ajustó al ordenamiento legal y al precedente jurisprudencial que regula el tema, para determinar que no le asistía el derecho a la reliquidación de la pensión de vejez; ii) la parte actora no puede pretender usar la acción de tutela como una tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de la causa, después de haberse agotado un procedimiento establecido en la Ley para el efecto y iii) sostuvo que la acción de amparo no es el mecanismo judicial idóneo para el reconocimiento de peticiones prestacionales, máxime cuando ya se ha pronunciado el juez competente de la causa respetando la doble instancia.
20. Por el otro lado, y con fundamento en los anteriores argumentos requirió negar el amparo a los derechos fundamentales incoados por la accionante por no configurarse vulneración alguna por parte de la providencia judicial cuestionada.
1.5.2. El Tribunal Administrativo del Magdalena
21. Al contestar explicó que la providencia cuestionada se encuentra soportada en las pruebas aportadas al proceso y el precedente proferido por el Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, providencia que a su vez se valió de los precedentes de la Corte Constitucional que sobre régimen de transición e ingreso base de liquidación se dispuso para los servidores públicos a los cuales se les aplica el régimen general contenido en las Leyes 33 y 62 de 1985.
22. Por lo tanto, sostuvo que no cabe duda que en estos casos se debe aplicar las reglas contenidas en aquellas sentencias que señalaron, en virtud de los principios de sostenibilidad fiscal y de taxatividad, que del régimen anterior debe tenerse en cuenta edad, tiempo y monto de la pensión, pero para efectos de la liquidación del ingreso base de liquidación debe estarse a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que la liquidación debe seguir los factores en listados en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, siempre que se demuestre que sobre ellos se efectuaron los descuentos para el sistema.
23. Ahora bien, en cuanto a lo señalado por la señora DOLORES ARREGOCÉS DURÁN, de la aplicación del parágrafo segundo del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, puso de presente que aquella contaba con más de 15 años de servicio, por lo tanto, le resultaba aplicable y fue precisamente por lo que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social para concederle la pensión de jubilación tuvo en cuenta la edad de 50 años, es decir, la entidad demandada acogió la prescripción normativa del régimen anterior.
24. Así las cosas, sostuvo que era claro que el régimen de transición previsto en el parágrafo segundo del artículo 1º de la Ley 33 de 1985 solo protege el criterio de edad del régimen anterior, no tiempo de servicios, ni monto ni mucho menos ingreso base de liquidación, por lo tanto, la pensión de la señora estuvo bien concedida y liquidada, conforme lo había establecido la sentencia del 26 de julio de 2020, que en un caso similar estudiado por la Subsección B de la Sección Segunda, dentro del proceso radicado con el nro. 25000-23-42-000-2013-03453-01 (3290-18), aclaró que el elemento que protegía el régimen de transición de la Ley 33 de 1985, únicamente era la edad para acceder a la pensión.
25. En conclusión, solicitó negar el amparo deprecado, como quiera que no se observa que los hechos narrados fueron demostrativos de la presunta vulneración a los derechos fundamentales invocados, por lo tanto, es necesario entonces hacer prevalecer el principio de autonomía e independencia judicial.
1.5.3. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta
26. La anterior autoridad judicial allegó de forma digital copia íntegra del proceso ordinario, mediante correo electrónico del 17 de agosto de 2021, sin hacer intervención alguna.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
27. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por la señora DOLORES ARREGOCÉS DURÁN contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
28. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
29. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.
30. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-416 de 1997, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.
31. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que «Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso».
32. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, «de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante».
33. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.
34. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la señora DOLORES ARREGOCÉS DURÁN es la titular de los derechos fundamentales que reclama, en consideración a que fue la parte demandante en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictó la providencia cuestionada.
35. En consecuencia, la accionante goza de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.
36. En relación con las autoridades judiciales, se advierte que la tutela se dirigió contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, quienes resolvieron la litis sometida a la jurisdicción contenciosa administrativa en primera y segunda instancia, decisiones que a juicio de la parte actora, vulneraron sus derechos fundamentales, por lo que se encuentran legitimadas por pasiva.
37. Ahora bien, la Sala ha de precisar que si bien con el presente mecanismo de amparo la parte actora cuestionó las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales legitimadas por pasiva dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que el análisis constitucional se debe enfocar respecto de la providencia que resolvió la segunda instancia pues, fue precisamente ésta la que puso fin al proceso ordinario ya que, frente a la de primera instancia ya existe un pronunciamiento del juez natural de la causa.
2.3. Problema jurídico
38. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los defectos formulados, el material probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:
¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?
39. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:
¿Vulneró el Tribunal Administrativo del Magdalena, los derechos fundamentales invocados, por presuntamente incurrir en los defectos fáctico y sustantivo, al proferir la sentencia del 17 junio de 2020, mediante la cual se confirmó el fallo dictado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, el 13 de septiembre de 2019, a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda que presentó la señora DOLORES ARREGOCÉS DURÁN en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social?
40. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) sujetos de especial protección constitucional; (iii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y (iv) el análisis del caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
41. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema y declaró su procedencia.
42. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
43. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
44. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Sujetos de especial protección constitucional
45. En lo que respecta a la condición de sujetos de especial protección, la Corte Constitucional los ha definido como aquellas personas que, debido a condiciones particulares, a saber, física, psicológica, económica o social, merecen un amparo reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva.
46. En ese sentido, ha establecido que entre los grupos de especial protección se encuentran los niños, los adolescentes, los adultos mayores, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia, los ciudadanos que se encuentran en extrema pobreza y «todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta se ubican en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo por el cual considera que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados».
47. Lo anterior encuentra su fundamento en la Constitución Política que, en los artículos 13 y 43, impone la obligación de promover condiciones para que la igualdad sea material, es decir, real y efectiva.
2.6. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.6.1. Relevancia constitucional
48. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado por cuanto en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la providencia del 17 junio de 2020 comoquiera que, a su juicio, se incurrió en los defectos fáctico y sustantivo, debido a que i) no se tuvo en cuenta que la señora DOLORES ARREGOCÉS DURÁN era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 33 de 1985; ii) no se aplicaron las reglas de decisión adecuadas para resolver la controversia pensional; y iii) no se tuvo en cuenta las pruebas aportadas al proceso.
49. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues en efecto, la tutelante considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, a la vida digna, a los derechos adquiridos de pensión, a la protección de la seguridad jurídica, a la legítima confianza, al principio de favorabilidad y de acceso a la administración de justicia, por cuanto una vez la autoridad judicial accionada confirmó el fallo dictado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, el 13 de septiembre de 2019, desconoció que tenía derecho a que su pensión se liquidara con base en el 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.
50. En ese sentido, el argumento que a juicio del accionante es irrazonable y contrario al ordenamiento jurídico, concretamente considerar que para resolver su controversia pensional se debía aplicar la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado, habría transgredido el alcance y la aplicación de sus derechos fundamentales, lo que conllevó a que se omitiera el deber del juez contencioso administrativo de actuar tanto como juez de legalidad, de constitucionalidad y de convencionalidad en la causa ordinaria.
51. Así las cosas, es evidente la tensión alegada por la parte actora entre la razonabilidad de la decisión que, al estimar que no había lugar a liquidar la pensión de vejez de la señora DOLORES ARREGOCÉS DURÁN, vulneró los derechos fundamentales invocados.
52. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza a los derechos fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal o judicial establecido por la ley para su protección, como lo alega la parte actora en el caso objeto de estudio, lo que implica que el mecanismo constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que busque reabrir el debate procesal.
53. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades públicas, concretamente al debido proceso.
2.6.2. Tutela contra tutela
54. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza, pues, la providencia judicial demandada fue proferida en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado nro. 47001-33-33-005-2018-00319-01, que promovió la señora DOLORES ARREGOCÉS DURÁN contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
2.6.3. Inmediatez
55. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 17 junio de 2020, la cual fue notificada, conforme al expediente ordinario allegado de forma digital, por correo electrónico que se envió el miércoles 17 de febrero de 2021, quedando ejecutoriada el lunes 22 de ese mes y año, mientras que la acción de tutela se presentó el 24 de junio de 2021, lo que para la Sala es un término razonable para el ejercicio del mecanismo de amparo constitucional.
56. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
2.6.4. Subsidiariedad
57. En consideración al requisito de subsidiariedad, por tratarse de la sentencia del 17 de junio de 2020 de una providencia que resolvió el recurso de apelación que interpuso la señora DOLORES ARREGOCÉS DURÁN contra el fallo dictado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta el 13 de septiembre de 2019, en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nro. 47001-33-33-005-2018-00319-01, es evidente el agotamiento de los recursos ordinarios.
58. Así mismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia, comoquiera que las inconformidades señaladas por la parte actora no se adecúan a las causales establecidas en los artículos 250 y 258 de la Ley 1437 de 2011.
59. Superados todos los requisitos de procedibilidad adjetiva, la Sala abordará el fondo del amparo solicitado, no sin antes resaltar el carácter excepcional de la acción de tutela, la cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en las decisiones judiciales.
2.7. Caso concreto
60. La parte actora aseguró que el Tribunal Administrativo del Magdalena vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, a la vida digna, a los derechos adquiridos de pensión, a la protección de la seguridad jurídica, a la legítima confianza, al principio de favorabilidad y de acceso a la administración de justicia, por cuanto al proferir la sentencia del 17 junio de 2020 incurrió en los defectos fáctico y sustantivo.
61. Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social y el Tribunal Administrativo del Magdalena, en sus intervenciones, aseguraron que no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante, toda vez que para calcular el ingreso base de liquidación de su pensión sólo se podían tener en cuenta los factores salariales regulados en las Leyes 33 y 62 de 1985 y sobre los que hubiese hecho cotizaciones.
62. Así las cosas, la Sala advierte que estudiará los defectos fáctico y sustantivo planteados, comoquiera que todos están dirigidos a que no se apliquen las reglas de decisión establecidas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, debido a que la tutelante es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 y no del de la Ley 100 de 1993.
63. La parte actora, manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, por no tener en cuenta la certificación laboral aportada al proceso, donde constaban los factores sobre los que cotizó y, en uno sustantivo, pues no tuvo en cuenta que le era aplicable el régimen de transición establecido en el parágrafo segundo del artículo 1º de la Ley 33 de 1985. Sin embargo, estos yerros no se configuraron, pues, el Tribunal Administrativo del Magdalena en la sentencia del 17 de junio de 2020, abordó el análisis de ambos aspectos en sus consideraciones, así:
«De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía de la señora Arregocés Durán se establece que nació el 12 de octubre de 1947, por lo que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 —30 de junio de 1995 para empleados del nivel territorial —, aquella contaba con un poco más de 47 años, por manera que en cuanto a la edad, no cabe duda de que le asiste razón a la parte actora cuando señala que pertenece al régimen de transición y que le resulta aplicable la norma pensional anterior.
Como se desprende de la certificación laboral expedida por la Jefe del Departamento de Personal del Hospital San Juan de Dios que obra a folios 10 y 13, corroborado en el acto acusado, la parte actora laboró como auxiliar de servicios generales en aquella institución hospitalaria entre el 1 de mayo de 1968 y el 15 de enero de 1992, por espacio aproximado de 26 años y 8 meses.
Conforme con lo antes anotado es claro que para cuando se retiró del servicio público el 15 de enero de 1992, pese a contar con más de 20 años de servicio oficial, no cumplía con el requisito de la edad para pensionarse, pues para ese momento solo alcanzaba un poco más de 44 años, cuando lo cierto es que la edad para acceder a ese derecho es con 50 años para las mujeres, de acuerdo con lo previsto en el inciso1 del parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985.
Así las cosas, como la edad de 50 años los cumplió el 12 de octubre de 1997, es claro que adquirió el estatus jurídico de pensionado en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo tanto, es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de aquella ley, de manera que para el reconocimiento pensional tiene derecho a que la edad, tiempo de servicios y tasa de remplazo sea la del régimen anterior que para el caso de la señora Arregocés Durán, como antes se dijo, es el dispuesto en las Leyes 33 y 62 de 1995, tal como así lo precisó el Consejo de Estado en la sentencia unificatoria de 28 de agosto de 2018.
Esa misma sentencia estableció que el IBL de estas pensiones es el previsto en el inciso tercero del citado artículo 36 del estatuto de seguridad social, en tanto que “los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones”.
Teniendo claro la anterior cuestión, esto es, que el régimen pensional aplicable al caso sub judice es el contenido en las Leyes 33 y 62 de 1985, no queda otro camino que solucionar el problema jurídico planteando en el debate de la referencia, acogiendo la tesis expuesta por el Consejo de Estado en la referida decisión judicial, pues aquella providencia basó su análisis en el marco de las leyes ya mencionadas, claro no olvidando que de encontrarse un emolumento salarial que haya sido dispuesto por legislador como factor salarial y sobre el cual se realicen las deducciones o cotizaciones para seguridad social, será objeto de inclusión». Negrilla con subrayado de la Sala.
64. De lo expuesto, se observa que la autoridad judicial accionada reconoció que la tutelante era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, sin embargo, también advirtió que esta situación no la eximía de que el ingreso base de liquidación de su pensión debiera calcularse sólo con los factores sobre los que cotizó al sistema de seguridad social y le tuvo en cuenta la edad establecida en la Ley 6ª de 1945 de 50 años para acceder a la prestación, conforme lo ordenado por el parágrafo segundo del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, pues esta última normativa, fijó 55 años la edad para poder acceder a dicha prestación social.
65. De lo anterior observa la Sala, que no se incurrió en el defecto sustantivo alegado por la señora ARREGOCÉS DURÁN, toda vez que el Tribunal Administrativo del Magdalena para resolver su litis, dio aplicación al régimen de transición establecido en la Ley 33 de 1985, al respetar la edad para acceder a la pensión fijada en la Ley 6ª de 1945. Sobre este aspecto, la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 26 de junio de 2020, al resolver un caso similar al presente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho nro. 25000-23-42-000-2013-03453-01, y que tuvo en cuenta la autoridad judicial acá accionada, aclaró sobre el parágrafo segundo del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, lo siguiente:
«25. En conclusión, de conformidad con el régimen de transición establecido por la Ley 33 de 1985 en el inciso 1 del parágrafo 2 de su artículo 1, si para el 13 de febrero de 1985, fecha en la cual cobró vigencia dicha ley, el empleado oficial ha reunido los 15 años de servicios continuos o discontinuos, se tiene que es destinatario de la pensión de jubilación de conformidad con lo ordenado por el literal b) del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, es decir con el cumplimiento de 50 años de edad y 20 años de servicios continuos o discontinuos, en cuantía equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio, y con los factores salariales contenidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
26. Ahora bien, sobre la norma anterior que resulta oponible por virtud del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, se considera que la lectura desprevenida del parágrafo 2 de su artículo 1, supone que solo sea para efectos de determinar la edad; criterio que pese a ser contrario a lo que por mucho tiempo defendió la sección segunda, en cuanto a la aplicación integral e inescindible de la norma pensional, y a la noción de salario para integrar la base de liquidación pensional, será el que acogerá esta Sala, porque apunta a la real intención del legislador al distinguir expresamente qué aspecto protegía respecto de la norma anterior, sustentado en su libertad de configuración normativa, y porque resulta ser la interpretación que de mejor forma se acopla a los principios constitucionales, según los cuales la pensión se liquida con los factores efectivamente cotizados, que en vigencia de la Ley 33 de 1985, eran los previstos en la Ley 62 del mismo año». Énfasis del original.
66. Por otra parte, el Tribunal Administrativo del Magdalena procedió a analizar el ingreso base de liquidación que tuvo en cuenta los actos acusados y que también cuestionó la tutelante, al alegar un defecto fáctico por la falta de valoración de una constancia laboral donde se evidenciaba los factores sobre los que había cotizado, frente a lo cual consideró:
«De acuerdo con lo anterior es claro que, siguiendo la línea jurisprudencial comentada, el IBL aplicado en el reconocimiento pensional de la señora Arregocés Durán, se encuentra acorde con lo plasmado en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que este es igual al promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho pensional.
Ahora bien, en cuanto a los factores salariales para liquidar el IBL, se tiene que el certificado expedido por el Pagador y Jefe de Personal del Hospital San Juan de Dios el 27 de enero de 1992, igual en valores al que aparece en el expediente administrativo aportado en medio magnético visible a folio 69, se tiene que la parte demandante devengó los siguientes factores de salarios: sueldos, prima de servicios, prima de navidad, bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones, subsidios de transporte, prima de alimentación y recargo.
De los anteriormente mencionados factores, le fueron tenidos en cuenta en la liquidación de la pensión de vejez además del sueldo, la bonificación por servicios prestados y el recargo u horas extras, siendo estos los únicos posibles de conceder conforme al principio de taxatividad reiterado en la sentencia unificatoria que sirve de soporte en la resolución de este caso, pues debe recordarse que conforme al artículo 1 de la Ley 62 de 1985, modificatorio del artículo 3 de la Ley 33 de 1985, los factores de salarios que no estén allí previstos no son objeto de reconocimiento, que para el asunto bajo estudio resultan ser la prima de servicios, la prima de navidad y la prima de vacaciones, también el subsidio de transporte y la prima de alimentación.
Si bien la parte actora insiste que sobre los factores salariales certificados por el empleador se hizo aportes para pensión, tal afirmación carece de veracidad, por cuanto al revisar el certificado que aparece en el medio magnético a folio 69 y que detalla los descuentos para Cajanal, se evidencia que al liquidar el descuento del 5% no se incluía ninguno de los factores devengados que la Ley 33 de 1985 no previó.
Es cierto que el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 señalaba como factores de salarios los que ahora reclama la señora Arregocés Durán, pero infortunadamente, tales factores de salario en materia pensional fueron modificados por la Ley 33 de 1985, que es el régimen pensional, como se dijo, aplicable a esta en virtud del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de allí que no sea posible tener en cuenta los emolumentos salariales del mentado decreto sino los de la comentada ley». Énfasis de Sala.
67. Ahora en cuanto al defecto fáctico esta Sala ha indicado que se configura en ciertos eventos y ante el cumplimiento de algunas cargas por parte del tutelante.
68. Por ello, resulta oportuno poner de presente las reglas que sobre el particular decantó la Sala en sentencia del 11 de febrero de 2016, dentro del radicado nro. 11001-03-15-000-2015-03442-00, cuando señaló:
«Esta Sala de Sección en decisión del 12 de noviembre del 2015 precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión:
Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento
Características
Omisión de decreto y práctica de pruebas indispensables para fallar el asunto
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicita al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere:
Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era conducente, pertinente o idónea.
Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
Así las cosas, se configura siempre que:
Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el juez.
Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso
Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo.
Valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
Se requiere entonces que:
La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez
La razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.
Dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde:
Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con violación al artículo 29 constitucional.
Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento de la decisión.
Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar mínimamente en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución.
Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados, se excluyen entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al fallador».
69. Ahora bien, en el presente caso y como se estableció en los antecedentes de esta acción, la tutelante cumplió con la carga exigida para abordar el estudio del presente defecto, pues expresó los argumentos por los cuales consideró que el Tribunal Administrativo del Magdalena no valoró el certificado expedido por el Pagador y Jefe de Personal del Hospital San Juan de Dios el 27 de enero de 1992, pero lo cierto es que, como se dejó atrás expuesto al traer a colación las consideraciones de la providencia cuestionada la Sala evidenció que sí fue debidamente valorada, pero no se le podía dar el alcance pretendido por la tutelante, pues de conformidad con la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, radicado nro. 52001-23-33-000-2012-00143-01 y el entendimiento dado al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, los factores para el ingreso base de liquidación a tenerle en cuenta eran los establecidos en las Leyes 33 y 62 1985 y sobre los que hubiese realizado cotizaciones.
70. Como lo explicó el Tribunal Administrativo del Magdalena al revisar el mencionado certificado laboral y confrontarlo con los actos administrativos cuestionados concluyó que no había lugar a la reliquidación pensional pretendida, por cuanto la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social tuvo en cuenta los factores allí establecidos y así como las reglas fijadas en la mencionada sentencia de unificación.
71. Así las cosas, no se configuraron los defectos sustantivo y fáctico alegados, en tanto la providencia objeto de cuestionamiento fue razonable y atendió a las pruebas recaudadas en el expediente y a la jurisprudencia aplicable para resolver la litis, por lo que más que advertirse los yerros alegados se observa un inconformismo de la parte actora con el fallo adverso a sus pretensiones, de manera que es del caso destacar que la presente acción de tutela no es el mecanismo judicial procedente para reabrir un debate de instancia, caso contrario en el cual se comprometería la autonomía del juez natural.
2.8. Conclusión
72. El Tribunal Administrativo del Magdalena al proferir la sentencia del 17 junio de 2020, no incurrió en los defectos fáctico y sustantivo planteados, razón por la cual no vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, a la vida digna, a los derechos adquiridos de pensión, a la protección de la seguridad jurídica, a la legítima confianza, al principio de favorabilidad y de acceso a la administración de justicia.
73. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por la señora DOLORES ARREGOCÉS DURÁN, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012. Índice 2 de la sede electrónica para la gestión judicial del Consejo de Estado (en adelante Samai). Índice 4 Samai. Índice 12 Samai. Índice 7 Samai. Índice 9 Samai. Índice 10 Samai. Índice 17 Samai. Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M. P. Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M. P. Idem. Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M. P. Idem. Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511, 08.08.17., M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M. P. Luis Guillermo Guerrero López, en la cual se señaló: «En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)». M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M. P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M. P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia». Corte Constitucional, Séptima de Revisión, Sentencia T-495 del 16.06.10., M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M. P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00. Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia 27.02.20., M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M. P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M. P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M. P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad.
11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M. P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M. P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M. P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M. P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00. Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M. P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M. P. Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M. P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05025-00; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01.
«Folios 12 y 69 (medio magnético)».
«“ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. // (...) // PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley”.». Negrilla del original. Precisa la Sala que la edad de 50 años es la establecida en la Ley 6 de 1945, toda vez que la fijada por la Ley 33 de 1985 es de 55. M. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Demandante: Amparo Hurtado de Trespalacios. Demandado: UGPP.
«Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01, Accionante: Jaime Rodríguez Forero; Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez». Énfasis del original
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