Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-04014-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-04014-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-04014-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
21 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C. veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-04014-01
Accionante: ENRIQUE ARDILA FRANCO Y OTRO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Y OTRO
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial /
derechos fundamentales al debido proceso, tutela
judicial efectiva, libertad, libre locomoción, buen
nombre y patrimonio / auto incidente de desacato
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte
accionante en contra de la sentencia del 16 de septiembre de 2021,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró la
improcedencia del amparo solicitado en relación al defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente respecto a unas sentencias del
Consejo de Estado y negó la tutela por encontrar no probados la
configuración de los demás defectos alegados.
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, tutela judicial efectiva, libertad, libre locomoción, buen
nombre y patrimonio se fundamenta en los siguientes:
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1. HECHOS
El Tribunal Administrativo del Huila en el trámite de segunda instancia
de la tutela presentada por la señora Gerli Viviana Patiño, profirió
sentencia del 31 de enero de 2020 a través de la cual amparó los
derechos al debido proceso, petición e indemnización administrativa
de la accionante y su núcleo familiar, en consecuencia, decidió
«ordenar al director de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, o quien haga sus veces o al funcionario a
quien le corresponda, aplique el método técnico de priorización y
asigne un turno para el desembolso de la medida de indemnización
reconocida mediante resolución No. 04102019-30609 del 4 de
septiembre de 2019, asignación que deberá comunicar a la
accionante, todo en un término no superior a 20 días hábiles».
El 8 de mayo de 2020, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
de Neiva resolvió el incidente de desacato presentado por la señora
Gerli Viviana Patiño, en el sentido de imponerle a los señores Ramón
Alberto Rodríguez Andrade y Enrique Ardila Franco, director general y
director de reparación de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas -AURIV, respectivamente, tres (3) días de
arresto y una multa equivalente a tres (3) salarios mínimos legales
mensuales vigentes para cada uno, al encontrar que no cumplieron la
orden de tutela referida.
El 19 de mayo de 2020, el Tribunal Administrativo del Huila, confirmó
la decisión anterior al decidir la consulta.
Con motivo de un nuevo incidente de desacato presentado por la
parte accionante, a través de auto del 5 de agosto de 2020, el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Neiva impuso por
segunda vez, tres (3) días de arresto y una multa equivalente a tres
(3) salarios mínimos legales mensuales vigentes a los señores Ramón
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Alberto Rodríguez Andrade y Enrique Ardila Franco. Además,
compulsó copias de la actuación a la Procuraduría General de la
Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que investigaran la
conducta dilatoria que dio fundamento a la presente protección
constitucional.
Esta decisión fue consultada ante el Tribunal Administrativo del Huila,
quien la confirmó por medio de auto del 20 de agosto de 2020.
La UARIV presentó varias peticiones de revocatoria y levantamiento
de la sanción impuesta a los señores Ramón Alberto Rodríguez
Andrade y a Enrique Ardila Franco, sin embargo, el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Neiva las negó mediante autos del 7 de
diciembre de 2020, 17 de marzo de 2021 y 6 de julio de 2021, con
sustento en que no se había acreditado el cumplimiento de la orden
prevista en la sentencia de tutela del 31 de enero de 2020.
2. PRETENSIONES
Solicita la parte accionante lo siguiente:
«PRIMERO: AMPARAR nuestros derechos fundamentales de libertad,
libre locomoción, buen nombre, patrimonio, y debido proceso,
vulnerados por el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO CIRCUITO DE
NEIVA y el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA,
teniendo en cuenta lo ya expuesto y la sentencia SU-034 de 2018 de
la Corte Constitucional.
SEGUNDO: ORDENAR declarar cumplido el fallo proferido dentro de la
acción de tutela presentada por la señora GERLI VIVIANA PATIÑO
TORRES, contra la Unidad para las Víctimas con radicado
41001333300720190037200.
Así mismo, en aplicación del precedente judicial citado con
anterioridad, ordenar a dicha autoridad judicial que DEJE SIN
EFECTOS las providencias del 17 de marzo de 2021 – 11 de junio de
2020 las cuales negaron la solicitud de inaplicación de la sanción y
así mismo se INAPLIQUE Y/O REVOQUE las sanciones impuestas en
autos de fecha 08 de mayo de 2020 y 05 de agosto de 2020.
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TERCERO: ORDENAR al JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE NEIVA, que comunique a la autoridad encargada de la
ejecución de la sanción de arresto y multa, que las mismas se han
levantado con ocasión a la acreditación de la imposibilidad del
cumplimiento de la orden judicial de tutela.
CUARTO: CONMINAR al JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE NEIVA y al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL HUILA, a que acate y aplique los precedentes jurisprudenciales
frente a la procedencia del levantamiento de la sanción, previa
acreditación del cumplimiento de la orden y/o acreditando las razones
que imposibilitan su cumplimiento, con base en la naturaleza
persuasiva del incidente de desacato». (sic en todo el texto)
3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
En la acción de tutela, la parte accionante indicó que las providencias
proferidas por el el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila vulneraron sus derechos
fundamentales al incurrir en los siguientes defectos:
3.1.Defecto sustantivo: por desconocimiento del precedente
dispuesto en la sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional
sobre la aplicación de criterios e instrumentos de priorización, así
como el agotamiento del procedimiento previsto por la ley para la
entrega de la indemnización administrativa por los hechos sufridos en
el contexto del conflicto y la sentencia del 11 de febrero de 2021
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que resolvió un
caso similar en el sentido de determinar que no se configuraba el
elemento subjetivo de la responsabilidad para la imposición de la
sanción toda vez que el incumplimiento se debió a la complejidad del
trámite que trae consigo esa indemnización administrativa.
Adicionalmente, refirió las siguientes decisiones judiciales: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de
septiembre de 2015, número único de radicación
110010315000201500542-01, C.P. María Elizabeth García González;
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, sentencia de 18 de julio de 2018, número único de radicación
11001031500020170262101, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, sentencia de 3 de octubre de 2016, número único de
radicación 11001031500020160129501, C.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, sentencia de 17 de agosto de 2017, número único de
radicación 11001031500020170134200, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia de 16 de agosto de 2018, número único de
radicación 110010315000201802048-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, sentencia de 3 de mayo de 2018, número único de radicación
110010315000201703186-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, sentencia del 4 de diciembre de 2019, C.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de julio de 2020,
número único de radicación 110010315000202000345-01, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, auto de 7 de diciembre de 2016,
número único de radicación 540012333000201600073-01, C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
3.2. Defecto fáctico: por cuanto no se tuvieron en cuenta las
pruebas que aportó la UARIV de acuerdo con las cuales se
demostraron las actuaciones que se realizaron para dar cumplimiento
a la orden de tutela, así como la explicación del procedimiento
administrativo necesario para hacerla efectiva.
3.3. Violación directa de la Constitución: toda vez que se
desconoció abiertamente lo previsto en el auto 206 de 2017 de la
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Corte Constitucional que exhortó a los jueces para que se abstuvieran
de impartir órdenes relacionadas con reconocimientos económicos a
cargo de la UARIC y la Resolución 01049 de 2019 por lo cual se
adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización
por vía administrativa.
4. TRÁMITE PROCESAL
Mediante auto de 2 de julio de 2021, la Sección Primera del Consejo
de Estado, admitió la acción de la referencia y ordenó notificar al Juez
Séptimo Administrativo del Circuito de Neiva y a los magistrados de la
Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, como accionados; a la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, a Gerli Viviana Patiño Torres, a ALSP y a ASSP1, como
terceros interesados en las resultas del proceso. Asimismo, negó la
medida provisional solicitada por la parte accionante referida a la
suspensión de las órdenes consignadas en las providencias judiciales
reprochadas.
5. INTERVENCIONES
5.1. El Tribunal Administrativo del Huila, por intermedio de uno
de sus magistrados, solicitó que se negara la tutela de la referencia,
pues argumentó que al decidir sobre el incidente de desacato se
advirtieron la configuración de los elementos objetivos y subjetivos
que fundamentaron la sanción. En ese sentido, manifestó que no se
probó el cumplimiento de la orden judicial dictada.
5.2. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Neiva, la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
1
Refiriéndose a los menores de 18 años de edad relacionados en este proceso cuyos
nombres remplazó por las iniciales ”ALSP“ y ”ASSP” a fin de proteger su derecho a la
intimidad.
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a las Víctimas, Gerli Viviana Patiño Torres, ALSP y ASSP, guardaron
silencio en esta oportunidad procesal.
6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 16
de septiembre de 2021, (i) declaró improcedente el amparo solicitado
respecto al defecto sustantivo por desconocimiento de las sentencias
del Consejo de Estado citadas en el segundo párrafo del numeral 3.2.
de esta providencia, por falta de relevancia constitucional en la
medida que los accionantes no cumplieron con la carga argumentativa
mínima de indicar cuáles fueron las reglas y subreglas
jurisprudenciales que fijaron dichas providencias, ni explicaron por
qué las situaciones fácticas y los problemas jurídicos en ambos casos
eran análogos o similares y (ii) negó la tutela en relación con el
defecto fáctico y sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial previsto en la sentencia SU-034 de 2018 proferida por la Corte
Constitucional y el fallo del 11 de febrero de 2021 expedido por esa
Sección, toda vez que no se probó su configuración, en el entendido
que al resolver sobre el levantamiento de la sanción el juzgado
accionado consideró las pruebas aportadas y las pautas
jurisprudenciales de dichas providencias, según las cuales encontró
demostrado que no se había dado cumplimiento a la orden judicial
dictada por el Tribunal Administrativo del Huila el 31 de enero de
2020.
7. IMPUGNACIÓN
La parte accionante impugnó la decisión precitada, pues reiteró que
las decisiones judiciales objeto de tutela desconocieron la sentencia
SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional y la providencia del 11 de
febrero de 2021 expedida por la Sección Primera del Consejo de
Estado en el radicado 110010315000202004776-00, según las cuales
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en casos similares al sub examine se deben considerar las acciones
positivas realizadas por la UARIV para dar cumplimiento a las órdenes
judiciales a fin de determinar si hay lugar al levantamiento de la
sanción y omitieron la imposibilidad en la que se encuentran de
asignar un turno para el desembolso de la medida indemnizatoria
reconocida a la señora Gerli Viviana Patiño, esto es, se abstuvieron de
valorar las pruebas aportadas lo cual conllevó a la configuración del
defecto fáctico deprecado.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 20192,
en cuanto dispone que «las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala
de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».
2. PROBLEMAS JURÍDICOS
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a responder si:
• ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:
2
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
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• ¿El Tribunal Administrativo del Huila al expedir los autos del 19
de mayo de 2020 y 20 de agosto de 2020, incurrió en los
defectos sustantivo, fáctico y en una violación directa de la
Constitución, por consiguiente vulneró los derechos invocados
en protección por la parte accionante?
• ¿El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Neiva al
expedir los autos del 7 de diciembre de 2020, 17 de marzo de
2021 y 6 de julio de 2021, que negaron el levantamiento de la
sanción impuesta a los señores Ramón Alberto Rodríguez
Andrade y Enrique Ardila Franco, incurrió en los defectos
sustantivo y fáctico y en una violación directa de la
Constitución, en consecuencia, transgredió los derechos cuya
protección pretende la parte accionante?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial, ii) del principio de inmediatez, iii) el defecto
sustantivo, el defecto fáctico y la violación directa de la Constitución,
iv) los requisitos de procedencia de la tutela contra providencia
proferida en el trámite de un incidente de desacato y v) el caso
concreto.
3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL
CASO
3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente3 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
3
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
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Corporación4, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.
Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el
contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara
después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos
generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la
necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:
4
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-
03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth
García González.
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i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.
ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro
está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.
iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en
que se presentó la presunta vulneración y el tiempo de
presentación de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de
velar por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en
la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se
genera independientemente de la incidencia que tengan en el
litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
v. Identificación de la situación fáctica que devino en la
vulneración de derechos: que quien acciona identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
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alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.
vi. Que no se trate sentencias de tutela.
3.2. DEL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ
La acción de tutela tiene por objeto la pronta e inmediata protección
de los derechos fundamentales que una persona considere violados o
amenazados, de allí la importancia de ser ejercida dentro de un
término prudencial para evitar la consumación de las consecuencias
negativas que conlleve la transgresión aludida por el accionante en
cada caso.
En otros términos, la amenaza o la vulneración del derecho
fundamental es lo que le otorga celeridad al trámite de tutela y le da
el carácter de preferente a esta acción constitucional frente a otros
medios ordinarios de protección consagrados en la ley. Sobre ello, en
sentencia T-504 de 2010, la Corte Constitucional indicó:
«Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que
la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que
debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su
ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y
justa de la acción.»
Así las cosas, el principio de inmediatez es uno de los aspectos que
debe analizar el funcionario judicial pues de ese estudio emerge la
finalidad del mecanismo, que es, la protección inmediata de los
derechos fundamentales. En consecuencia, si el juez constitucional
evidencia que existió una demora en su interposición, esta situación
puede indicarle que, en principio, la protección de los derechos
fundamentales reclamada puede realizarse a través de la vía
ordinaria, o que no existe vulneración de derecho fundamental
alguno.
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3.3. DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO
De conformidad con la jurisprudencia constitucional 5, el defecto
material o sustantivo se origina en primer momento cuando la
autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia,
fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o
inconstitucionales6, es decir, se da en los casos en que la autoridad
judicial se basa en, “(i) una norma no aplicable al caso, ya sea,
porque la norma,(a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó
cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es
inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está
vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a
la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del
margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da
aplicación a las sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas
de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y
finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el
ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la
disposición”7.
En segundo momento, el defecto material o sustantivo se origina
cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción
evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la
explican. En este orden de ideas, se produce cuando la decisión “(vi)
se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con
omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii)
cuando desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en
concreto,(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende
afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de
5
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017,
SU-567 de 2015, entre otras.
6
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
7
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
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argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el
juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una
manifiesta violación de la Constitución”8. Este defecto, se presenta
ante situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la
decisión judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o
caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela resultaría
improcedente9.
3.4. DEL DEFECTO FÁCTICO
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
Sobre el particular la Corte Constitucional10 ha identificado dos
dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa11, que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u
omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva12, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.
8
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
9
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.
10
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-
567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
11
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes
Muñoz.
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Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la
intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el
juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido,
toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis
individual y conjunto de los elementos probatorios»13.
En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
3.5. VIOLACION DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN
Frente a este defecto, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones
ha referido que se origina en la obligación que les asiste a todas las
autoridades de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en
el artículo 4° de la Carta Política, según el cual «la Constitución es
norma de normas. En todo caso de incompatibilidad
entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales.»14
La jurisprudencia constitucional también ha sostenido que procede la tutela
contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución en
dos casos: (i) cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a
un caso concreto; o (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Carta:
«En el primer evento (inaplicación ius fundamental), la Corte ha
dispuesto que procede la tutela: (i) cuando en la solución del caso se
dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con
13
Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle
Correa.
14
SU-336 de 2017, Corte Constitucional
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el precedente constitucional; (ii) cuando se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata; y (iii) cuando el juez en sus
resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución. En el
segundo, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en
cuenta en sus fallos que la Constitución es norma de normas y, por lo
tanto, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia
a las legales mediante el ejercicio de la excepción de
inconstitucionalidad»15.
Aunque, en principio, la violación directa de la Constitución puede
tener una relación directa con otras causales especiales de
procedencia, como los defectos sustantivos o el desconocimiento del
precedente, la fuerza normativa de la constitución (art. 4) implica que
esta sea reconocida como una causal independiente.
3.6. REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA
PROVIDENCIA PROFERIDA EN EL TRÁMITE DE UN INCIDENTE
DE DESACATO
Adicional a los requisitos generales de procedencia de la tutela contra
providencia judicial, tratándose de una decisión judicial proferida en el
trámite de un incidente de desacato, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional se deben cumplir los siguientes requisitos: «(i) los
argumentos del accionante en el trámite del incidente de desacato y
en la acción de tutela deben ser consistentes; (ii) no deben existir
alegaciones nuevas, que debieron ser argumentadas en el incidente
de desacato; y (iii) no se puede recurrir a la solicitud de nuevas
pruebas que no fueron originalmente solicitadas y que el juez no tenía
que practicar de oficio»16.
A propósito, en sentencia SU-034 de 2018, el Alto Tribunal precisó:
«En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación
sostiene que para enervar mediante acción de tutela la providencia que
15
Sentencia T-094 de 2013, T-209 de 2015 y SU-542 de 2016, Corte Constitucional.
16
Corte Constitucional. Sentencia T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
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resuelve un incidente de desacato, es preciso que se reúnan los
siguientes requisitos:
i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se
interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional
de consulta, si es del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la
configuración una de las causales específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser
consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de
desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones
nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no
puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio
dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio».
En ese sentido se deberá verificar si en el caso concreto se cumple los
supuestos citados a fin de determinar sobre la procedencia de la
acción.
4. CASO CONCRETO
De conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto y
orientados por el primer problema jurídico planteado, la Sala de
Subsección evidencia de las pruebas obrantes en el plenario que:
a) La pretensión de amparo constitucional es de marcada relevancia
constitucional, en la medida en que se contrae a establecer de
manera central si el Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Neiva, incurrieron en la
violación de los derechos fundamentales al debido proceso, tutela
judicial efectiva, libertad, libre locomoción, buen nombre y patrimonio
de la parte accionante;
b) se agotaron todos los medios de defensa porque las providencias
reprochadas no procedía recurso alguno;
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c) sobre el requisito de inmediatez la Sala de Decisión considera
que este supuesto no se cumple en relación con los autos del 19
de mayo de 202017 y 20 de agosto de 2020 18 proferidos por el
Tribunal Administrativo del Huila a través de los cuales resolvió la
consulta respecto de los autos del Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Neiva que sancionaron a los señores Ramón Alberto
Rodríguez Andrade y Enrique Ardila Franco en dos ocasiones con
multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes y arresto
de tres días, para cada uno de ellos, y el auto del 7 de diciembre
de 202019 expedido por el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Neiva que negó el levantamiento de las sanciones
impuestas de las sanciones impuestas.
Lo expuesto teniendo en cuenta que, desde la notificación de dichos
autos, el 20 de mayo de 202020, 21 de agosto de 202021 y 10 de
diciembre de 202022, respectivamente, hasta la presentación de la
tutela, el 24 de junio de 202123, transcurrieron más de seis meses.
Lo anterior quiere decir que las sanciones impuestas por el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Neiva y confirmadas por el
Tribunal Administrativo del Huila mediante los autos del 19 de mayo
de 202024 y 20 de agosto de 202025 se encuentran en firme y
ejecutoriadas lo cual implica, en virtud del principio de cosa
juzgada, que son inmutables, vinculantes y definitivas.
Con la idea anterior presente, si bien en principio podría pensarse que
17
Incidente de desacato. Rad. Núm. 410013333007201900372-02.
18
Incidente de desacato. Rad. Núm. 410013333007201900372-03.
19
Incidente de desacato. Expediente Rad. Núm. 41001-33-33-007-2019-00372-00
20
Folio 37 del expediente digital denominado «Cuaderno consulta incidente de desacato Rad.
2019-00372-02.pdf”.
21
Documento digital denominado «09Notificacionautodecideconsulta.pdf».
22
Documento digital denominado «029ConstanciaNotificación.pdf»
23
De acuerdo con el acta de reparto de primera instancia.
24
Incidente de desacato. Rad. Núm. 410013333007201900372-02.
25
Incidente de desacato. Rad. Núm. 410013333007201900372-03.
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respecto de las demás decisiones controvertidas, los autos del 17 de
marzo de 2021 y 6 de julio de 2021 a través de los cuales el Juzgado
Séptimo Administrativo de Neiva negó el levantamiento de las
sanciones, sí se cumplió con el requisito de inmediatez, la Sala de
Subsección advierte que ello no es así toda vez que (i) del contenido
estas providencias26 se evidencia que en ambas oportunidades se
remiten al auto del 7 de diciembre de 2020 respecto del cual no se
cumplió con el requisito de inmediatez, lo que quiere decir que
estudiarlas de fondo sería analizar la decisión en la que se
fundamentan y por consiguiente revivir interminablemente la
discusión como tantas veces presenten la misma petición sin acreditar
el cumplimiento de la orden judicial, (ii) lo realmente pretendido es
que las sanciones impuestas se revoquen, solicitud que como se
26
En el auto del 17 de marzo de 2021, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Neiva determinó:
«Atendiendo que la entidad sancionada, allega escrito el 14 de enero de la presente
anualidad, por medio del cual, solicita que se levante las sanciones impuestas y dado que el
escrito, presenta los mismos argumentos de anteriores memoriales, el Juzgado ordena
estarse a lo resuelto en el auto emitido el 7 de diciembre de 2020, en razón a que dichos
argumentos ya fueron analizados.
Aunado a lo anterior, no aporta ninguna prueba que permita acreditar el cumplimiento del
fallo de tutela del 31 de enero de 2020.
Igual análisis, merece el escrito aportado por la parte actora al correo electrónico el 15 de
marzo de 2021, en el cual, solicita que se inserte la orden de arresto de los sancionados en la
base de datos de antecedentes judiciales y dado que dicha petición fue resuelta en la
providencia de fecha 7 de diciembre de 2020, el Juzgado ordena estarse a lo resuelto en la
mencionada decisión.
En consecuencia, el juzgado
RESUELVE
ESTARSE a lo resuelto en el auto emitido el 7 de diciembre de 2020, de conformidad con lo
expuesto».
Congruente con lo anterior, mediante en el auto del 6 de julio de 2021, el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Neiva, señaló:
«El apoderado judicial de la entidad accionada allega por segunda vez escrito, por medio del
cual, solicita la inaplicación de las sanciones impuestas por desacato alegado el cumplimiento
del fallo de tutela a través de la expedición de la Resolución No. 04102019-353761 del 10 de
agosto de 2020.
A su turno, el apoderado de la parte actora mediante escrito insiste que se ingrese la orden
de arresto por desacato a los sancionados en la base de antecedentes judiciales, por cuanto
hasta el momento no han cumplido con el fallo de tutela del 31 de enero de 2020.
Atendiendo que las dos solicitudes fueron resueltas en el auto emitido el 7 de diciembre de
2020 y en auto del 17 de marzo de 2021 y en raz n a que no se ha dado cumplimiento al
fallo de tutela de fecha 31 de enero de 2020; el Despacho, nuevamente, ordena ESTARSE a
lo resuelto en la providencia del 7 de diciembre de 2020 que resolvió de fondo las mismas
solicitudes.
Se advierte que, ante una nueva solicitud de inaplicación de sanci n sin que se haya dado
cumplimiento al fallo de tutela, se analizar la actuaci n bajo los preceptos del art culo 79 del
Código General del Proceso».
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explicó no está llamada a prosperar, porque se encuentran en firme y
ejecutoriadas y (iii) no se allegó ninguna prueba que demostrara el
cumplimiento de la sentencia de tutela del 31 de enero de 2020 por
medio de la cual se les ordenó a los señores Ramón Alberto Rodríguez
Andrade y Enrique Ardila Franco que se le asignara un turno a la
señora Gerli Viviana Patiño.
Bajo las anteriores consideraciones, si la Sala de Decisión acepta
estudiar de fondo los autos del 17 de marzo de 2021 y 6 de julio de
2021, que remiten a una decisión respecto de la cual no se cumple
con el requisito de inmediatez, sería aceptar que la vulneración de los
derechos protegidos a la afectada hace más de dos años se
extendiera in sécula o sécula seculórum sin ninguna implicación para
los servidores públicos que la siguen incumpliendo y que continúan
presentando peticiones sin demostrar que ya fue materializada la
orden judicial que las originó.
En otros términos la discusión sobre las sanciones que les fueron
impuestas a los señores Ramón Alberto Rodríguez Andrade y Enrique
Ardila Franco se encuentra finiquitada y si lo que pretendían era
controvertirlas debieron hacerlo dentro de un término razonable, lo
cual evidentemente no ocurrió en el sub examine, porque no se
observo que presentaran tutela contra los autos que resolvieron los
incidentes de desacato.
No se admite entonces, ni se encuentra justificación para que sigan
radicando solicitudes de levantamiento de las sanciones sin probar el
cumplimiento de la orden de tutela, pues a este punto del iter lo único
que falta es que los accionantes den cumplimiento a la sentencia
constitucional reseñada y de forma alguna hay lugar a retroceder en
el proceso y volver a estudiar si se deben o no imponer, puesto que
ese momento procesal ya pasó y se reitera, no presentaron tutela
contra esas decisiones.
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Se conmina entonces a la parte accionante para que cumplan con las
ordenes judiciales y se abstengan de continuar presentando peticiones
de levantamiento de las medidas sin que previo a ello cumplan con las
mismas evitando de esta manera revictimizar a la señora Gerli Viviana
Patiño quien cuenta desde el año 2019 con un acto administrativo
favorable a la indemnización que requirió por desplazamiento forzado.
En conclusión y por las razones precedentes la Sala de Decisión
revocará la sentencia de primera instancia que, por una parte declaró
la improcedencia del amparo y por otra negó la tutela en relación con
el defecto fáctico y sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, y en su lugar se declarará la falta de procedencia de la acción
constitucional por incumplimiento del requisito de inmediatez.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
IV. FALLA
PRIMERO. – REVOCAR la sentencia del 16 de septiembre de 2021,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró la
improcedencia del amparo solicitado respecto al defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente respecto a unas sentencias del
Consejo de Estado y negó la tutela por encontrar no probados la
configuración de los demás defectos alegados, en su lugar,
SEGUNDO. – DECLARAR la improcedencia del amparo solicitado a
través de la presente tutela de conformidad las razones expuestas en
la parte motiva de esta sentencia.
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TERCERO.- LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
CUARTO.- Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable Corte
Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO.- REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada en la fecha.
GABR IEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FI R MA D O E L E C TR Ó N I C A ME N TE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
EN COMISIÓN FI R MA D O E LE C TR ÓN I C A ME N TE
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