Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-04029-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-04029-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-04029-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
20 de agosto de 2021
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Acción de tutela no es una tercera instancia / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / RÉGIMEN ESPECIAL DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN PARA FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA RAMA JUDICIAL / SOLICITUD DE RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN - Decreto 546 de 1971 / INAPLICACIÓN DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD
En relación con las denuncias incoadas en contra de la Sección Segunda del Consejo de Estado, ab initio, esta Sala estima que estas no satisfacen el requisito de relevancia constitucional, puesto que se advierten como un medio dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado en la providencia del 25 de febrero de 2021, en tanto traen a colación argumentos que buscan editar el debate surtido dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000234200020150537400/01, para forzar una revisión de las conclusiones a las que arribó el juez natural, conforme pasa a explicarse. (…) En efecto, la discusión generada sobre los topes a las pensiones y su extensión a prestaciones reconocidas bajo regímenes especiales concluyó con la referida decisión, la cual explicó que los cotos a los montos pensionales aplicaban a todos los regímenes especiales, pues ello guardaba relación con la teleología del ordenamiento jurídico, que, incluso desde antes de la Ley 100 de 1993, había buscado limitar estas prestaciones en procura de ampliar la cobertura del Sistema de Seguridad Social. En virtud de lo anterior, se torna evidente que la parte accionante busca utilizar la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, pues sugiere reabrir un debate zanjado en sede ordinaria. Como se vio, los argumentos que se pretenden esgrimir a través de la solicitud de amparo fueron evaluados por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, la cual constituye el sustento, tanto de la UGPP, como de la autoridad denunciada, para considerar ajustado al ordenamiento jurídico limitar el monto pensional de [O.F] a 25 S.M.L.M.V. (…) Esta Sala no advierte la necesidad de efectuar un control de convencionalidad en el caso concreto, pues en las sentencias de la Corte IDH a las que hizo referencia la parte accionante, tal y como se expuso, refulgen diferencias sustanciales con los presupuestos factuales del caso de [O.F]. Aunado a lo anterior, se debe reiterar en este punto que, sin perjuicio de los principios de universalidad y oficiosidad que rigen el control de convencionalidad, la acción de tutela no es un medio para traer a colación argumentos que no fueron discutidos o debatidos al interior del trámite ordinario, pues ello no solo desconoce el derecho de contradicción del extremo opuesto de la litis, sino que busca invalidar una actuación judicial con base en alegatos que no fueron puestos en conocimiento de la autoridad que decidió el caso, lo que dificulta la administración de justicia y permite que la referida institución convencional se convierta en una defensa adicional, y sorpresiva, para los casos en que la decisión no sea favorable. En consecuencia, se debe precisar que, una vez revisados los fundamentos y el concepto de violación expuestos en la demanda primigenia, así como los alegatos de conclusión allegados en primera y segunda instancia dentro del medio de nulidad y restablecimiento del derecho, por la demandante.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04029-00(AC)
Actor: ANA MARGARITA OLAYA FORERO
Demandado: SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO
La Sala decide la acción de tutela presentada por Ana Margarita Olaya Forero, a través de apoderado judicial, en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
ANTECEDENTES
1.- La solicitud de tutela
El 25 de junio de 2021 Ana Margarita Olaya Forero interpuso acción de tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vita, que consideró vulnerados con el fallo dictado el 25 de febrero de 2021 por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000234200020150537400/01, mediante el cual se revocó el dictado el 27 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda.
2.- Hechos
2.1.- La señora Ana Margarita Olaya Forero estuvo vinculada por más de 20 años al Estado; de los cuales alrededor de 10 prestó sus servicios a la Rama Judicial y en su último año ostentó el cargo de consejera en esta Corporación. El 4 de abril de 2003, la accionante solicitó el reconocimiento de su pensión de jubilación bajo el régimen consagrado en el Decreto 546 de 1971.
2.2.- Mediante Resolución No. 0023581 del 4 de diciembre de 2003, la Caja Nacional de Previsión Social reconoció la pensión en favor de la peticionaria. En la fecha efectiva de su retiro, que sucedió el 7 de julio de 2007, pidió la reliquidación de su mesada.
2.3.- La entidad, expidió la Resolución No. 53513 del 6 de noviembre de 2007, a través de la que reliquidó la pensión sin aplicar el Decreto 546 de 1971; Olaya Forero interpuso recurso de reposición, sin embargo, por Resolución No. 03466 del 8 de febrero de 2008 se confirmó el acto censurado.
2.4.- Por los hechos descritos, la parte actora formuló acción de nulidad y restablecimiento del derecho. La Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 25 de junio de 2009, declaró la nulidad de las prenombradas resoluciones y le ordenó a Cajanal reconocer y liquidar la pensión de la allí demandante según lo establecido en el Decreto 546 de 1971. En cumplimiento de la orden del tribunal, se expidió Resolución PAP5038 del 9 de junio de 2010.
2.5.- Posteriormente, con ocasión de la sentencia C-258 de 2013, mediante la cual se declararon inexequibles algunas expresiones del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, la UGPP, por oficio No. 201399019004101 del 15 de julio de 2013, le informó a Olaya Forero que su monto pensional se ajustaría y se limitaría al tope de 25 S.M.L.M.V.; acto que fue reiterado en los oficios UGPP 20135022296421 del 21 de agosto de 2013 y UGPP 20155027285721 del 7 de julio de 2015, emitidos ante las peticiones elevadas por la actora.
2.6.- Por lo anterior, la accionante, el 3 de noviembre de 2014, interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho la cual le correspondió a la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y se registró bajo el radicado No. 25000234200020150537400.
2.7.- En sentencia del 27 de octubre de 2016, el referido tribunal declaró la nulidad de los oficios demandados y le ordenó a la UGPP reintegrar los dineros descontados en aplicación de la sentencia C-258 de 2013.
2.7.1.- Lo anterior, por cuanto, en su criterio, el régimen aplicable a la actora es el previsto en el Decreto 546 de 1971 por haber trabajado en la Rama Judicial, sin que a este se le pudiese aplicar la C-258 de 2013, la cual se limitó a estudiar la constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, concerniente al régimen de los congresistas.
2.7.2.- Así, explicó que a los funcionarios cuyo régimen pensional se regía por el Decreto 546 de 1971, no se les puede extender los efectos de la aludida sentencia de constitucionalidad, circunscrita a los parlamentarios.
2.8.- Inconforme, la UGPP formuló recurso de apelación bajo el argumento de que, a pesar de ser Olaya Forero beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y del previsto en el Decreto 546 de 1971, está sujeta a la sentencia C-258 de 2013, en virtud de los principios de igualdad y de sostenibilidad financiera, pues su mesada pensional superó el monto de 25 S.M.L.M.V.
2.9.- Por sentencia del 25 de febrero de 2021, la Sección Segunda de esta Corporación revocó la providencia recurrida y, en su lugar, negó las pretensiones de la demandante, por considerar que la sentencia C-258 de 2013 determinó que la imposición de topes pensionales es necesaria porque se trata de un sistema administrado a partir de subsidios de recursos públicos y, por consiguiente, limitados. Además, señaló que en la SU-210 de 2017, la Corte Constitucional fue enfática al determinar que el coto de 25 S.M.L.M.V., cubre también a los magistrados y que ello es aplicable incluso a las pensiones reconocidas con antelación a la fecha en que fue proferida la C-258 de 2013.
2.9.1.- En consecuencia, determinó que los efectos de la C-258 de 2013 le eran aplicables a la demandante, pues según la SU-270 de 2017, los mandatos vertidos en aquella decisión son imperativos y categóricos y cobijan a todas las pensiones, incluso aquellas reconocidas bajo regímenes especiales.
2.9.2.- Ultimó que no se demostró que los actos acusados hubiesen sido expedidos de manera irregular o hubiesen trasgredido el debido proceso, pues la UGPP no estaba obligada a realizar un procedimiento para limitar el monto de la mesada pensional.
3.- Fundamentos de la acción de tutela
3.1.- La tutelante adujo que la Sección Segunda del Consejo de Estado, con la providencia atacada, incurrió en:
3.1.1.- Un defecto sustantivo, en la medida en que la Resolución del 9 de junio de 2010, mediante la cual se reliquidó su pensión, constituye un acto administrativo particular y concreto, por lo cual su revocatoria debía ceñirse al proceso previsto en el artículo 97 del CPACA. En punto de lo anterior, indicó que la UGPP no solicitó su permiso ni inició un proceso ante la jurisdicción contencioso administrativa, lo que, también, desconoció lo establecido en la sentencia C-258 de 2013.
Igualmente, acotó que la sentencia C-258 de 2013, se limitó a las pensiones reconocidas bajo la Ley 4ª de 1992, sin incluir aquellas regidas por el Decreto 546 de 1971.
3.1.2.- Un defecto por violación directa de la Constitución, en tanto se conculcaron los principios de buena fe, seguridad jurídica y el concepto de derechos adquiridos, porque se omitió una situación particular y concreta definida por la Ley 546 de 1991 y se aplicaron las reglas jurisprudenciales contenidas en la SU-210 de 2017 a un estatus pensional consolidado desde el 25 de noviembre de 2009, el cual era inmutable por estar revestido de cosa juzgada; en ese orden, resaltó que para la fecha en que la UGPP reajustó el monto de la prestación pensional no estaba vigente la citada decisión de unificación.
Ulteriormente, alegó que se cercenó su derecho al debido proceso, pues al realizar el ajuste unilateral de la pensión, la UGPP no le dio la oportunidad de defenderse, sin que esto fuera objeto de pronunciamiento alguno por parte de la accionada.
3.2.- Por otra parte, la accionante solicitó la realización del control de convencionalidad, para lo cual trajo a colación los casos “Cinco Pensionistas contra Perú”, en el cual se determinó que alterar abruptamente las condiciones pensionales de un ciudadano desconoce la Convención Interamericana de Derechos Humanos, si ello no está sujeto a un debido proceso; y el caso “Acevedo Buendía y otros contra Perú”, en el que se estimó vulnerada la prenombrada Convención, pues se inobservaron unas sentencias del Tribunal Constitucional de Perú, que ordenaron realizar una nivelación pensional en favor de unos ex trabajadores de la Contraloría General de ese país.
Por lo anterior, pidió que se evaluara la convencionalidad en el caso, bajo el entendido de que una pensión reconocida constituye un derecho adquirido y no puede modificarse sin un procedimiento administrativo.
4.- Pretensiones de la acción
Se elevaron las siguientes:
“Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital (…). En consecuencia, dejar sin efecto la providencia judicial proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el pasado 25 de febrero de 2021, que resolvió revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 27 de octubre de 2016, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por la señora Ana Margarita Olaya Forero contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP; y en su lugar negó las súplicas de la demanda”.
5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la oposición
5.1.- Mediante auto del 29 de junio del 2021 el Despacho Ponente admitió la acción de tutela; dispuso la vinculación de la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–. También ordenó la notificación a la autoridad demandada y a los vinculados.
5.2.- La UGPP, al oponerse a las pretensiones, adujo que lo que busca la actora es reabrir un debate surtido ante el juez natural, sin que se avizore la vulneración de los derechos fundamentales alegada, pues la decisión censurada siguió los parámetros fijados por la Corte Constitucional. Señaló que se debe respetar la autonomía judicial y el principio de cosa juzgada, siendo improcedente la tutela en el caso concreto al no estar acreditado ninguno de los requisitos de procedencia.
5.3.- La consejera Sandra Ibarra Vélez, ponente de la sentencia dictada el 25 de febrero del año en curso, indicó que al pronunciarse sobre el caso de Olaya Forero se limitó a aplicar lo dispuesto en la sentencia C-258 de 2013. Afirmó que en la providencia reprochada se examinaron cada una de las alegaciones de nulidad elevadas por la demandante.
En punto de lo anterior, sostuvo que la sentencia C-258 de 2013 estableció, como efecto inmediato, que todas las pensiones con cargo a los recursos públicos se ajustarían sin necesidad de reliquidación; además, que si bien es cierto que las consecuencias de la aludida decisión no cobijaban, en principio, a los regímenes diferentes al de los congresistas, cuando se expidió la SU-210 de 2017, se dijo expresamente que la regla de limitar las pensiones a 25 S.M.L.M.V. aplicaba a todos los regímenes especiales. Ultimó que la peticionara pretende acudir a la tutela como si fuese una tercera instancia, lo cual la torna improcedente.
5.4.- La otra autoridad vinculada guardó silencio frente a los hechos de la tutela.
CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela de Ana Margarita Olaya Forero en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.- Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si la providencia censurada incurrió en las causales específicas de procedencia alegadas.
En segundo, se expondrán, brevemente, los aspectos dogmáticos del control de convencionalidad y, seguidamente, se estudiará si en el caso concreto es necesario efectuar tal revisión, según lo solicitado por la accionante.
3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos de procedibilidad y de procedencia, con el fin de determinar si se vulneraron o no los derechos de orden superior.
4.- El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
4.1.- Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”.
En efecto, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar dos elementos, a saber: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos; y (ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
4.2.- En relación con las denuncias incoadas en contra de la Sección Segunda del Consejo de Estado, ab initio, esta Sala estima que estas no satisfacen el requisito de relevancia constitucional, puesto que se advierten como un medio dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado en la providencia del 25 de febrero de 2021, en tanto traen a colación argumentos que buscan editar el debate surtido dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000234200020150537400/01, para forzar una revisión de las conclusiones a las que arribó el juez natural, conforme pasa a explicarse.
4.3.- La accionante, en esencia, afincó sus reproches en que (i) su mesada pensional fue disminuida sin haberse solicitado previamente su permiso o haberse iniciado el proceso de revocatoria de los actos administrativos particulares y concretos, previsto en el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011; y (ii) se trasgredieron los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y buena fe, así como que se desconoció la protección derivada de los derechos adquiridos, pues su situación pensional estaba definida y consolidada desde noviembre de 2009, además, destacó que se aplicaron las reglas de la SU-210 de 2017, la que no estaba vigente a la fecha en que la UGPP reajustó el monto de su prestación pensional.
4.4.- Al verificar los argumentos vertidos en la sentencia del 25 de febrero del año en curso dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, se dilucidan las siguientes conclusiones:
“27. Conforme al marco normativo y jurisprudencial analizado y a lo expuesto en el recurso de apelación formulado por la parte demandada a continuación la Sala procederá a analizar la situación fáctica de la accionante a fin de determinar si la pensión que le fue reconocida debe ajustarse al tope de los 25 SMLMV en aplicación de lo ordenado en la sentencia C-258 de 2013. (…)
31. Ahora bien y teniendo en cuenta que en principio la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013 dispuso que sus efectos no podrían trasladarse en forma automática a otros regímenes especiales o exceptuados diferentes al de los congresistas, conforme se analizó, dicho criterio fue replanteado en la sentencia SU-210 de 2017 en la que expresamente al pronunciarse sobre unos fallos de esta corporación, relacionados con la aplicación del tope pensional a un ex funcionario de la Rama Judicial, señaló que a partir del Acto Legislativo 01 de 2005, el parámetro de control constitucional cambió al señalar expresamente que la regla del límite del monto de las pensiones a los 25 SMLMV, aplica no solo para el sistema general de pensiones, sino también para el régimen especial de [c]ongresistas y [m]agistrados.
32. Así mismo, expuso que tampoco es procedente considerar que la decisión de la sentencia C-258 de 2013 no cobija a las pensiones reconocidas con anterioridad a dicha sentencia de constitucionalidad, en virtud de que los l[í]mites de las mesadas pensionales han sido consagrados, al menos, desde la Ley 4ª de 1976, la Ley 71 de 1988 y la Ley 100 de 1993.
33. Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que los efectos de dicho fallo de constitucionalidad resultan aplicables a la situación pensional de la actora, como quiera que si bien se acreditó que le fue reconocida pensión de jubilación en aplicación de lo establecido por el Decreto 546 de 1971 como beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, dicha circunstancia no la exime de ello en virtud de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-210 de 2017 en la que determinó que dicho mandato es imperativo y categórico, y cobija a todas las prestaciones reconocidas bajo los regímenes pensionales especiales.
34. Así las cosas y teniendo en cuenta la obligatoriedad de las decisiones contenidas en la[s] sentencias de constitucionalidad a la luz de lo previsto por el artículo 241 de la Carta Política, para la sala no son de recibo los planteamientos de la accionante en cuanto a que los efectos de la sentencia C-258 de 2013 le resultan inaplicables y a que la UGPP desantendió las consideraciones de la sentencia de unificación jurisprudencial proferida el 12 de septiembre de 2014 por esta sección del Consejo de Estado en el proceso con radicación 250002342000201300632-01 (1434-2012), en la que se reiteró que el fallo C-258 de 2013 excluyó de su objeto a regímenes diferentes al contemplado en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 que tiene como únicos destinatarios a los ex congresistas.
35. Puesto que en la sentencia SU-210 de 2017, la Corte Constitucional señaló que el límite del monto de las pensiones a los 25 SMLMV aplica para el sistema general de pensiones, incluyendo el régimen especial del Decreto 546 de 1971 e igualmente advirtió que, no es dable alegar que la decisión de la sentencia C-258 de 2013 no cobija las pensiones reconocidas con anterioridad a que [e]sta última fuera proferida, en virtud de que dichos l[í]mites han sido consagrados desde las Leyes 4ª de 1976, 71 de 1988 y 100 de 1993, y aclaró que la dispersión en cuanto a su aplicación se resolvió en el sistema actual regido por el artículo 5° de la Ley 797 de 2003, que lo fijó en 25 SMLMV.
36. Por consiguiente, se impone para esta sala de decisión la obligación de revocar el fallo apelado que accedió a las pretensiones de la demanda, toda vez, que la demandante no logró demostrar que los actos acusados fueron expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse, en forma irregular y con desconocimiento del debido proceso, como quiera que la UGPP no estaba obligada a adelantar un procedimiento para la reducción del monto de su mesada pensional al no haberse demostrado que su pensión hubiera sido obtenida con fraude a la ley o abuso del derecho, que fueron las condiciones que se plantearon para su viabilidad en la sentencia C-258 de 2013”.
4.5.- En primer lugar, es pertinente resaltar que la UGPP basó su decisión de ajustar la mesada pensional de Olaya Forero, en la sentencia C-258 de 2013, además, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento por considerar que al caso no le era aplicable la precitada providencia de constitucionalidad; por ello, la sentencia dictada el 25 de febrero de 2021, se centró en determinar si el caso podía resolverse con fundamento en lo dispuesto en la C-258 de 2013 o no.
Al respecto, la Sección Segunda de esta Colegiatura, con sustento en la SU-210 de 2017, la cual se profirió en el interregno entre la expedición de la sentencia de primera y segunda instancia del ordinario, estableció que las consecuencias fijadas en la pluricitada decisión de la Corte Constitucional, en efecto, eran aplicables al caso de Olaya Forero. Por lo anterior, la providencia censurada no se puede estudiar aisladamente, pues su interpretación debe hacerse de manera conjunta y sistemática con la C-258 de 2013, ya que esta última es el sustento de aquella.
4.6.- Bajo ese hilo argumentativo, es menester acotar que en la C-258 de 2013, la Corte Constitucional indicó sobre los topes pensionales, lo siguiente:
“Respecto de la ausencia de topes, en vista de que tampoco existe una expresión en la disposición que respalde tal regla y ella es producto del derecho viviente, además de declarar en la parte motiva de este fallo que tal contenido normativo se opone a la Carta, la Sala señalará en la parte resolutiva que las mesadas correspondientes a pensiones reconocidas de conformidad con [el] régimen especial bajo estudio, no podrán superar los 25 smmlv, es decir, el tope más alto establecido en las normas vigentes, que también fue el criterio acogido por el constituyente derivado. (…)
Tal como se señaló en las sentencias C-089 de 1997 y C-155 de 1997, debe acudirse a las reglas de tope contenidas en la normativa legal y constitucional vigente, pues ellas reflejan la decisión democrática del Congreso en ejercicio de su facultad de establecer leyes y de reformar la Constitución. Así, tanto la Ley 797 de 2003 como el Acto Legislativo 01 de 2005 coinciden en una regla de tope de 25 smmlv, ese ha sido el criterio razonable fijado por el Congreso a partir de amplios debates y con fundamento en diferentes estudios aportados por el Ministerio de Hacienda y otros organismos públicos encargados de velar por la sostenibilidad del sistema de pensiones. De igual manera, y como se explicó en precedencia, en ausencia de norma expresa en el régimen especial, rige la del sistema general de pensiones, conforme a la cual las pensiones sí están sujetas [a] tope y, ese tope es 25 smlmv. Para la Sala, ese criterio razonable debe tomarse en consideración en esta oportunidad con miras a eliminar los obstáculos que la inexistencia de topes en el régimen derivado del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 genera.
Habiendo entonces encontrado que las expresiones ‘durante el último año y por todo concepto’, ‘Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal’, contenidas en el primer inciso del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, así como la expresión ‘por todo concepto’, contenida en su parágrafo, resultan inexequibles, y que no resultan ajustadas a la Carta algunas interpretaciones que de la norma han hecho las autoridades judiciales y administrativas, en los términos ya expuestos, debe entonces procederse a analizar cuáles son los efectos de la decisión que habrá de adoptar la Corte.
En primer lugar, es claro que, a partir de esta sentencia, ninguna pensión, causada bajo el régimen especial de [c]ongresistas consagrado en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, se podrá reconocer ni liquidar por fuera de las condiciones que fijan la interpretación conforme a la Constitución.
En segundo lugar, como efecto inmediato de la sentencia, a partir del 1 de julio de 2013 y sin necesidad de reliquidación, ninguna mesada pensional, con cargo a recursos de naturaleza pública, podrá superar el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por ello, todas las mesadas pensionales deberán ser reajustadas automáticamente a este tope por la autoridad administrativa.
Los topes existieron antes y después de la Ley 100 de 199[3]. La razón para su establecimiento reside en el hecho que, en los sistemas de prima media, la mesada pensional incorpora un componente sustancial de subsidio con recursos de naturaleza pública. Esto es, el sistema de aportes por cuenta del empleado y del empleador, no alcanza a generar los recursos para financiar una pensión vitalicia con las previsiones de los distintos regímenes sobre tiempo de servicios y tasa de reemplazo, lo cual implica que la diferencia se paga con recursos públicos. El legislador, en consonancia con previsiones constitucionales, encontró, que en materia pensional tales recursos deben destinarse a subsidiar las pensiones de las personas de más bajos ingresos y a ampliar la cobertura del sistema. (…)”. (Subrayado fuera del texto).
Claro es, entonces, que la referida Corporación determinó que los efectos de esa decisión tenían aplicación inmediata; también, que todas las pensiones que superaran los 25 S.M.L.M.V. deberían ajustarse a ese monto automáticamente y sin necesidad de reliquidación.
De hecho, la Corte insistió en distintos acápites de su decisión sobre la automaticidad del reajuste y en la no necesidad de un trámite o proceso reliquidatorio; como se ve, por ejemplo, en el capítulo destinado a las conclusiones:
“En las secciones anteriores han sido expuestos los argumentos por los cuales serán declaradas inexequibles algunas expresiones del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, cuyo alcance evolucionó en el derecho viviente en un sentido contrario a la Carta. También se ha explicado por qué es necesario que las pensiones obtenidas con abuso del derecho o con fraude a la ley sean reliquidadas a 31 de diciembre de 2013. Igualmente, como efecto inmediato de la sentencia, a partir del 1 de julio de 2013 y sin necesidad de reliquidación, ninguna mesada pensional, con cargo a recursos de naturaleza pública, podrá superar el tope de los 25 salarios”. (Subrayado fuera del texto).
En adición a lo anterior, el alto tribunal constitucional tuvo en cuenta la tensión que se suscitaba respecto de la protección derivada de los derechos adquiridos y los efectos de su decisión, sin embargo, estimó que no había afectación a dicho principio, pues los fines del Estado Social de Derecho hacían que este no fuese absoluto; sobre el particular, señaló:
“No obstante, no desconoce esta Corporación que el Constituyente estableció en el Acto Legislativo 1 de 2005 una protección a los derechos pensionales adquiridos según la cual, tal como se explicó en apartes previos, no es posible afectar la existencia misma del derecho a la pensión. Sin embargo, se analizará si los efectos del derecho, representados en el pago de las mesadas pensionales futuras, en razón del carácter retrospectivo de las normas, pueden ser cobijados por los efectos de este fallo.
Cabe desde aquí señalar que la garantía de los derechos adquiridos no es absoluta. De igual manera, esta Corporación ha afirmado sostenidamente, que ningún derecho, ni siquiera los derechos fundamentales, tienen este carácter.
En vista de lo anterior y en concordancia con lo estudiado en el acápite de derechos adquiridos de la parte motiva de esta providencia, constituyen elementos intangibles de los derechos adquiridos las relaciones ya consagradas o a (sic) las situaciones agotadas definitivamente, es decir, derechos que ya han ingresado de manera irreversible al patrimonio de la persona.
La consecuencia de ello es que esta sentencia no puede ser invocada para exigir devoluciones de dinero por concepto de ingresos pensionales.
No obstante, ello no se traslada de forma automática a los efectos que se proyectan hacia el futuro. Estos no son absolutamente inmunes, puesto que la intangibilidad s[o]lo se predica del derecho mismo -derecho a la pensión- y de los efectos ya producidos -mesadas pensionales pasadas-.
En atención a las anteriores consideraciones, resultaría contrario a todo lo previamente expuesto en relación con los propósitos del Estado Social de Derecho, de los principios de igualdad y los del sistema de seguridad social en pensiones, no someter, bajo ciertas condiciones, las mesadas futuras, a la declaratoria de inconstitucionalidad que aquí se constata. Cabe recordar que el pago de las mesadas pensionales causadas de conformidad con el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 cuenta con un importante componente de subsidio estatal, y por tanto, al tratarse de recursos de naturaleza pública, estos pueden ser legítimamente limitados, en aras de cumplir con los propósitos de un Estado Social de Derecho.
En materia pensional, el Acto Legislativo 1 de 2005 estableció que para que procediera la protección constitucional de los derechos pensionales estos debían: (i) ser adquiridos con arreglo a la ley, (ii) reconocidos conforme a derecho y (iii) en su causación se prohíbe el abuso del derecho”. (Subrayado fuera del texto).
Igualmente, estudió las consecuencias sobre las pensiones que se presumían de buena fe y, por lo tanto, estaban amparadas por la confianza legítima del beneficiario. Al respecto, aseveró:
“Además de esta condición, el derecho pensional fue adquirido cumpliendo todos los requisitos legales, atendiendo los criterios jurisprudenciales vigentes, bajo la convicción de estar actuando de buena fe y bajo los factores salariales de cotización establecidos por el Gobierno Nacional, no por voluntad del cotizante.
Estas mesadas, deben ser ajustadas, sin necesidad de hacer reliquidaciones caso por caso, hasta bajar a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tope pensional que fue dispuesto por el Constituyente como razonable. Es decir, aquí no se trata de una reliquidación sino de un ajuste hacia el futuro.
En este orden de ideas, disminuir aún más su monto aplicando en forma retroactiva las consideraciones de esta providencia en relación con el ingreso y los factores de liquidación atentaría contra los derechos adquiridos y el principio de confianza legítima de quienes accedieron a ellas dentro de las condiciones especiales de un régimen vigente, que incluso había sido declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1992”. (Subrayado fuera del texto).
De conformidad con lo anterior, la guardiana de la Constitución consideró que limitar los montos pensionales a 25 S.M.L.M.V. no constituía una vulneración a los principios aludidos, pues ello no obedecía propiamente a una reliquidación, sino a un reajuste hacia futuro, el cual está respaldado por la intelección del Constituyente. Otra cosa sería disminuir la pensión en una cuantía superior al límite de los 25 S.M.L.V., caso en el cual sí se desconocerían derechos adquiridos y la confianza legitima, así como la buena fe, por lo que, para modificar el monto de las pensiones adquiridas con fraude a la ley o con abuso del derecho, sí es necesario realizar un procedimiento administrativo o judicial, pues no es un reajuste sino una disminución considerable en su cuantía.
Ahora bien, a partir de haberse dictado la prenombrada sentencia de constitucionalidad, se suscitó una discusión sobre su aplicación, pues en algunos casos sus efectos se extendieron a personas jubiladas bajo regímenes distintos al consagrado en la Ley 4ª de 1992. No obstante, esta problemática también fue resuelta por el alto tribunal constitucional, que en sentencia de unificación 210 de 2017, manifestó:
“En efecto, en la Sentencia C-258 de 2013, dentro de los condicionamientos que la Corte introdujo al artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, se señaló en la parte resolutiva que ‘[l]as mesadas correspondientes a pensiones reconocidas de conformidad con este régimen especial, no podrán superar los veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1º de julio de 2013’.
Como se explicó en los fundamentos de esta decisión, a partir del Acto Legislativo 01 de 2005, el parámetro de control constitucional cambió al señalar expresamente que la regla del límite del monto de las pensiones a los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, aplica no solo para el sistema general de pensiones, sino también para el régimen especial de Congresistas y Magistrados. Por tal razón, no podía la Sección Segunda del Consejo de Estado desconocer dicho tope pues, sobre el particular, la Corte había tomado una decisión que había hecho tránsito a cosa juzgada constitucional en la materia, y, por tanto, era de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades públicas.
Tampoco era de recibo el argumento de la Sección Segunda, según el cual la sentencia se había causado con anterioridad al fallo de constitucionalidad, y que por tanto no se regía por sus efectos, pues la orden emitida por la Sentencia C-258 de 2013 cobijaba a todas las prestaciones de [c]ongresistas, y por extensión de [m]agistrados de [a]ltas [c]ortes, que hubiesen sido reconocidas, incluso con anterioridad a dicha decisión de constitucionalidad.
Desde las Sentencias C-089 de 1997 y C-155 de 1997, esta Corporación ha señalado que cuando las normas especiales de los regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993, no disponían de un límite cuantitativo para las mesadas, lo procedente era aplicar el tope señalado en las reglas generales de la Ley 100 de 1993.
Además, como se señaló en la Sentencia C-258 de 2013, la fijación de límites a los subsidios que el Estado destina al pago de las más altas pensiones por medio del establecimiento de topes, es un asunto previsto desde antes de la expedición del mismo Acto Legislativo 01 de 2005, e incluso con anterioridad a la promulgación de la Ley 100 de 1993. Así por ejemplo, la Ley 4ª de 1976 (pensiones del ISS original), establecía un valor máximo de 22 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Posteriormente, la Ley 71 de 1988 (pensión por aportes) disminuyó el tope a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y finalmente, la Ley 100 de 1993 lo elevó, en su artículo 18, a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes para los afiliados al régimen de prima media.
Dicha dispersión en los montos se resolvió en el sistema actual regido por el artículo 5° de la Ley 797 de 2003, que fijó el tope de las pensiones a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ese mismo criterio fue el acogido por el Acto Legislativo 01 de 2005, y con base en él, la Sentencia C-258 de 2013, en su parte resolutiva, previó textualmente ‘que a partir del 1° de julio de 2013 ‘ninguna pensión reconocida en aplicación del régimen demandado podrá superar los 25 SMMLV’.
Dicha orden es imperativa y categórica, y cobija a todas las prestaciones reconocidas bajo los regímenes pensionales especiales, como el de Congresistas y Magistrados de las Altas Cortes, pues, como lo explicó la Corte, el Acto Legislativo 01 de 2005 tuvo como propósito limitar y reducir los subsidios que el Estado destina a la financiación de las pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los regímenes pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993”.(Subrayado fuera del texto).
En efecto, la discusión generada sobre los topes a las pensiones y su extensión a prestaciones reconocidas bajo regímenes especiales concluyó con la referida decisión, la cual explicó que los cotos a los montos pensionales aplicaban a todos los regímenes especiales, pues ello guardaba relación con la teleología del ordenamiento jurídico, que, incluso desde antes de la Ley 100 de 1993, había buscado limitar estas prestaciones en procura de ampliar la cobertura del Sistema de Seguridad Social.
4.7.- En virtud de lo anterior, se torna evidente que la parte accionante busca utilizar la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, pues sugiere reabrir un debate zanjado en sede ordinaria. Como se vio, los argumentos que se pretenden esgrimir a través de la solicitud de amparo fueron evaluados por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, la cual constituye el sustento, tanto de la UGPP, como de la autoridad denunciada, para considerar ajustado al ordenamiento jurídico limitar el monto pensional de Olaya Forero a 25 S.M.L.M.V.
En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con plantear un desacuerdo con las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano constitucional.
4.8.- Además, la Sección Segunda de esta Corporación estimó razonable acudir a las reglas trazadas en la SU-210 de 2017, pues, al margen de la fecha de su expedición, esta se limitó a fijar la interpretación más razonable y conforme a la Constitución, de cara a una discusión jurídica que se venía presentando.
4.9.- Al respecto, debe insistirse en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho, que dieron origen a la controversia.
4.10.- En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso, no se encuentra superado y hace que la acción constitucional resulte improcedente en relación con los cargos endilgados a la Sección Segunda del Consejo de Estado.
5.- La realización del control de convencionalidad en el caso concreto
5.1.- Resulta innegable que los jueces de la República están en la obligación de revisar en todos los casos que no se pongan en riesgo derechos reconocidos en el Sistema Interamericano de Derecho Humanos; esto corresponde a un ejercicio en el que se deben observar las dinámicas propias de la evolución del derecho, el contexto del caso y la necesidad de instrumentos eficaces para salvaguardar los derechos de los administrados.
Sobre el control de convencionalidad, esta Corporación ha indicado que este, además de ser de obligatoria observancia, ostenta una marcada relevancia cuando se advierta la posible vulneración de derechos humanos, la infracción del Derecho Internacional Humanitario o la conculcación de principios o reglas del ius cogens.
Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que:
“En la jurisprudencia de la Corte Interamericana (Corte IDH), ha surgido el concepto ‘control de convencionalidad’ para denominar a la herramienta que permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y su jurisprudencia. (…)
Consiste en verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas con la CADH, la jurisprudencia de la Corte IDH y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte.
Debe ser realizado de oficio por toda autoridad pública.
Su ejercicio se realiza en el ámbito de competencias de cada autoridad. Por tanto, su ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias a la CADH o bien su interpretación conforme a la CADH.
La obligación que está siempre presente tras el control de convencionalidad es la de realizar un ejercicio hermenéutico que haga compatibles las obligaciones del Estado con sus normas internas.
Es baremo de convencionalidad la normativa internacional y la jurisprudencia de la Corte IDH, tanto contenciosa como consultiva.
La obligatoriedad de realizar el control deriva de los principios del derecho internacional público y de las propias obligaciones internacionales del Estado asumidas al momento de hacerse parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
En relación con el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia del control de convencionalidad, es menester hacer referencia al caso Almonacid Arellano vs. Chile, el cual constituye un hito frente a esta materia. En esa oportunidad, la Corte IDH manifestó:
“124. La Corte es consciente [de] que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermad[o]s por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.
5.2.- Ahora bien, la accionante citó, como sustento de sus pretensiones, el caso “Cinco pensionistas vs. Perú”, por lo que la Sala procederá a verificar si, efectivamente, la Sección Segunda convocada omitió o trasgredió tal precedente convencional. En esa oportunidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte IDH una demanda con el fin de que se decidiera si:
“[E]l Estado violó los artículos 21 (Derecho a la Propiedad Privada), 25 (Protección Judicial) y 26 (Desarrollo Progresivo) de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de dicho tratado, debido a la modificación en el régimen de pensiones que los señores Carlos Torres Benvenuto, Javier Mujica Ruiz-Huidobro, Guillermo Álvarez Hernández, Reymert Bartra Vásquez y Maximiliano Gamarra Ferreyra (en adelante ‘las presuntas víctimas’, ‘los cinco pensionistas’ o ‘los pensionistas’) venían disfrutando conforme a la legislación peruana hasta 1992, y por el incumplimiento de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional del Perú ‘que ordenaron a órganos del Estado peruano pagar a los pensionistas una pensión por un monto calculado de la manera establecida en la legislación vigente para el momento en que [e]stos comenzaron a disfrutar de un determinado régimen pensionario’.
Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado que otorgara una compensación por el daño moral causado a las presuntas víctimas, y que cumpliera con lo dispuesto en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia del Perú el 2 de mayo, 28 de junio, 1 y 19 de septiembre, y 10 de octubre, todas de 1994, y las emitidas por el Tribunal Constitucional del Perú el 9 de julio de 1998, 3 de agosto y 21 de diciembre, ambas de 2000, de manera que las presuntas víctimas y sus familiares recibieran las diferencias que se les dejaron de pagar en el monto de sus pensiones desde noviembre de 1992 y los respectivos intereses, así como que se les continuara pagando un monto nivelado de sus pensiones. Además, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado que derogara y cesara, de manera retroactiva, los efectos del artículo 5 del Decreto-Ley Nº 25792 de 23 de octubre de 1992. Finalmente, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado que investigara los hechos, estableciera las responsabilidades por la violación a los derechos humanos cometida en el presente caso, y condenara al Estado a pagar las costas y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante el Sistema Interamericano”.
Al pronunciarse, la Corte IDH estimó que Perú había vulnerado, entre otros, el artículo 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, puntualmente, porque:
“103. A la luz de lo señalado en la Constitución Política del Perú, de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional peruano, de conformidad con el artículo 29.b) de la Convención -el cual prohíbe una interpretación restrictiva de los derechos-, y mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, esta Corte considera que, desde el momento en que los señores Carlos Torres Benvenuto, Javier Mujica Ruiz-Huidobro, Guillermo Álvarez Hernández, Maximiliano Gamarra Ferreyra y Reymert Bartra Vásquez pagaron sus contribuciones al fondo de pensiones regido por el Decreto-Ley Nº 20530, dejaron de prestar servicios a la SBS y se acogieron al régimen de jubilaciones previsto en dicho decreto-ley, adquirieron el derecho a que sus pensiones se rigieran en los términos y condiciones previstas en el mencionado decreto-ley y sus normas conexas. En otras palabras, los pensionistas adquirieron un derecho de propiedad sobre los efectos patrimoniales del derecho a la pensión, de conformidad con el Decreto-Ley Nº 20530 y en los términos del artículo 21 de la Convención Americana.
104. b) Segundo Punto. Conforme a lo señalado anteriormente, ha quedado establecido que las presuntas víctimas tienen un derecho adquirido al pago de una pensión y, más precisamente, a una pensión cuyo valor se nivele con la remuneración percibida por las personas que estén desempeñando las mismas o similares labores a aqu[e]llas que ejercía el beneficiario de la pensión en el momento de retirarse del cargo. Entonces, la controversia se plantea en relación con otro punto. Las personas que desempeñan iguales o similares labores a las que ejercían los cinco pensionistas pueden estar sometidas a dos regímenes distintos, el de actividad pública y el de actividad privada, y sus remuneraciones varían, según que estén sujetos a uno u otro, siendo notoriamente más elevada la del segundo régimen que la del primero. En consecuencia, la disposición de acuerdo con la cual los cinco pensionistas percibirán una pensión equivalente al del personal en actividad, entraña una ambigüedad que es preciso aclarar para definir cuáles son el contenido y los alcances del derecho adquirido a la pensión. (…)
115. La Corte observa que, si bien cuando los trabajadores de la SBS pasaron al régimen de la actividad privada (1981) la pensión nivelada podía haberse fijado de conformidad con el salario que percibía un funcionario sujeto al régimen público de similar nivel o categoría al de las presuntas víctimas, esto no fue interpretado así por las autoridades del Estado. Aún más, fue el propio Estado quien, desde que [e]stos se acogieron al régimen de pensión del Decreto-Ley Nº 20530, les reconoció, mediante actos administrativos, un monto de pensión nivelable de acuerdo con el salario de un funcionario activo de la SBS. Adicionalmente, pero más importante aún que ello, al resolver las acciones de garantía interpuestas por los cinco pensionistas, los tribunales internos ordenaron seguirles pagando las mesadas pensionales en los términos en que se venía haciendo, es decir, nivelándolas con la remuneración percibida por los funcionarios activos de la SBS, que pertenecen al régimen de actividad privada. Esto configuró, en beneficio de los pensionistas, un derecho amparado por las sentencias de garantía, que al ser desconocido por el Estado, los afectó patrimonialmente, violando el artículo 21 de la Convención.
116. Si bien el derecho a la pensión nivelada es un derecho adquirido, de conformidad con el artículo 21 de la Convención, los Estados pueden poner limitaciones al goce del derecho de propiedad por razones de utilidad pública o interés social. En el caso de los efectos patrimoniales de las pensiones (monto de las pensiones), los Estados pueden reducirlos únicamente por la vía legal adecuada y por los motivos ya indicados. Por su parte, el artículo 5 del Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante ‘Protocolo de San Salvador’) s[o]lo permite a los Estados establecer limitaciones y restricciones al goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, ‘mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos’. En toda y cualquier circunstancia, si la restricción o limitación afecta el derecho a la propiedad, [e]sta debe realizarse, además, de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 21 de la Convención Americana.
117. Más aún, en vez de actuar arbitrariamente, si el Estado quería dar otra interpretación al Decreto-Ley N˚ 20530 y sus normas conexas, aplicables a los cinco pensionistas, debió: a) realizar un procedimiento administrativo con pleno respeto a las garantías adecuadas, y b) respetar, en todo caso, por sobre las decisiones de la administración, las determinaciones que adoptaron los tribunales de justicia”. (Subrayado fuera del texto).
5.2.1.- Visto lo anterior, se presentan ostensibles diferencias entre los presupuestos fácticos del caso estudiado por la Corte IDH y el de Olaya Forero. En primer lugar, se debe tener en cuenta que en esa oportunidad los pensionados acudieron al sistema judicial interno, el cual les dio la razón y, en consecuencia, dictó decisiones que los respaldaban y en las que se ordenó la reparación de los derechos de los afectados.
En segundo, que en aquel caso, Perú modificó, sin motivos aparentes, las reglas legales fijadas en el Decreto 20530, mientras que en el sub judice, la Corte Constitucional, en la SU-210 de 2017, fue clara al indicar que, a partir de la Ley 100 de 1993, e incluso antes, se había buscado poner coto a las pensiones desproporcionadas e irrazonables, al punto que si un régimen especial no tenía un límite fijado, era menester acudir al establecido en el general, que corresponde a 25 S.M.L.M.V.; ello implica que la limitación de los montos pensionales no obedeció a una modificación legal, sino a una interpretación conforme emitida por el órgano de cierre en materia constitucional.
5.2.2.- En adición a lo anterior, huelga recordar que la Corte IDH afirmó que los derechos pensionales no eran absolutos y que los emolumentos pensionales podían limitarse por razones de interés público. En ese sentido, al alto tribunal constitucional, en la C-258 de 2013, señaló:
“En la actualidad el sistema de pensiones enfrenta grandes dificultades que obstaculizan el cumplimiento de los principios y finalidades contempladas en el artículo 48 de la Constitución, este último tal como fue reformado por el Acto Legislativo 01 de 2005.
En efecto, pese a las finalidades y principios reconocidos en el artículo 48 Superior, reiterados y desarrollados por la Ley 100 de 1993, para 2005 el sistema de pensiones solamente cobijaba al 57% de la población colombiana económicamente activa, de los cuales únicamente el 42% eran cotizantes activos. Estos datos, entre otros, motivaron la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005.
Dados los indicios de las serias dificultades que enfrenta el sistema, el [m]agistrado [s]ustanciador solicitó varias pruebas técnicas con el fin de tener una visión global del problema. Además, durante la audiencia pública celebrada en el curso del proceso, también se obtuvieron datos significativos sobre el asunto. En resumen, la información recaudada muestra lo siguiente:
En cuanto a la cobertura, los informes allegados ilustran que pese al aumento del número de pensiones reconocidas, la mayor parte de la población en edad de pensionarse continúa sin poder acceder a una pensión. (…)
El reciente informe de la Defensoría del Pueblo titulado ‘Doctrina Defensorial en Seguridad Social No. 2, Año 2012’, remitido a este proceso, explica además que la población más pobre del país se encuentra fuera del sistema general de pensiones: ‘si la población económicamente activa en Colombia es de 22.906.000, tan s[o]lo un 26.5% tiene acceso a la protección que otorga el Sistema General de Pensiones (como cotizantes activos), en lo referente a las prestaciones que cubren las contingencias de vejez, invalidez y muerte. De acuerdo con el Gobierno [N]acional, la población más pobre está por fuera del sistema general de pensiones, 92% de los individuos que ganan menos de 1SMLMV no está afiliado al sistema’.
A su turno, el Ministro de Trabajo, en el curso de la audiencia pública que tuvo lugar el 24 de enero de 2013, reportó que hay casi 23 millones de colombianos en el mercado laboral, pese a lo cual los afiliados activos en el sistema -quienes han pagado al menos una cotización en los últimos 6 meses- representan tan solo el 28%. (…)
En resumen, el sistema de pensiones enfrenta grandes obstáculos que impiden el cumplimiento de los mandatos del artículo 48 Superior. Concretamente, debido a los arreglos normativos vigentes, debe destinar la mayor parte de los recursos disponibles al pago de las pensiones de valores más altos. Como muestran las cifras antes traídas a colación, el promedio de la población pensionada devenga mesadas cuyo valor oscila entre 1 y 2 smmlv; sin embargo, la mayor parte de los recursos deben destinarse al pago de mesadas de más de 16 smmlv, las cuales representan una minoría dentro del sistema. Además, el número de personas pensionadas ha venido en aumento sin que ello haya sido compensado por un incremento del número de cotizantes. Como consecuencia de estos y otros obstáculos, la mayoría de la población pobre del país no es cubierta por el sistema”.
Diáfanamente, se observa que la Corte Constitucional, en la sentencia en la cual se cimentó la decisión reprochada, realizó un juicioso estudio de la situación pensional del país, y a partir de este determinó que gran parte de los recursos destinados a atender el pago de las pensiones se limitaba a cubrir las pensiones más altas, las cuales superaban desproporcionadamente el monto del resto; lo que, a la postre, es un obstáculo latente para incrementar la cobertura del Sistema de Seguridad Social.
Así, la C-258 de 2013 claramente está basada en la protección del interés público, particularmente, en la ampliación de la cobertura del sistema de pensiones y en la redistribución de los recursos públicos con el fin de que estos lleguen a las personas que se encuentran en mayor estado de necesidad y protección, lo que está en consonancia con la postura sostenida por la Corte IDH en el caso mencionado.
5.2.3.- También hay lugar a precisar que, según lo expuesto en líneas precedentes, el órgano de cierre en materia constitucional, explicó las razones por las cuales con la pluricitada decisión no se afectaban los derechos adquiridos ni los principios constitucionales alegados por la actora, ya que esta se limitó a fijar un límite de conformidad con el ordenamiento jurídico y la teleología del legislador.
5.3.- Por otra parte, la tutelante también trajo a colación el caso Acevedo Buendía y otros vs. Perú. No obstante, los hechos y fundamentos de esa decisión de la Corte IDH son similares a los del caso anterior. En efecto, la revisar la ficha técnica de ese trámite convencional, se observan los siguientes antecedentes:
“- Los hechos del presente caso se iniciaron cuando los 273 miembros de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General de la República del Perú se acogieron al régimen de pensiones regulado por el Decreto Ley Nº 20530, el cual establece una pensión de jubilación nivelable progresivamente con la remuneración del titular en actividad de la Contraloría General de la República (CGR) que ocupara el mismo puesto o función análoga a la que ellas desempeñaban a la fecha de su jubilación. Sin embargo, el 7 de julio de 1992 se publicó el Decreto Ley Nº 25597, que encargó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asumir el pago de las remuneraciones, pensiones y similares que hasta ese momento le correspondía pagar a la CGR, y recortó el derecho de los integrantes de la Asociación a continuar recibiendo una pensión nivelable conforme al Decreto Ley Nº 20530.
• El 27 de mayo de 1993 la Asociación interpuso una acción de amparo contra la CGR y el MEF ante el Sexto Juzgado en lo Civil de Lima, a fin de que declarara la inaplicación de los dispositivos legales mencionados a favor de sus integrantes. Luego de haber interpuesto una serie de recursos, la Asociación interpuso un recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional del Perú, el cual, mediante las sentencias emitidas con fecha 21 de octubre de 1997 y 26 de enero de 2001, ordenó “que la Contraloría General de la República cumpla con abonar a los integrantes de la Asociación actora las remuneraciones, gratificaciones y bonificaciones que perciben los servidores en actividad de la citada Contraloría que desempeñen cargos idénticos, similares o equivalentes a los que tuvieron los cesantes o jubilados”, respecto de doscientos setenta y tres integrantes de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General de la República.
• El Estado dio cumplimiento parcial a un extremo de la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, al nivelar las pensiones a partir de noviembre de 2002. Sin embargo, no cumplió con restituir los montos pensionarios retenidos desde el mes de abril del año 1993 hasta octubre de 2002”.
Al igual que en el caso de los cinco pensionistas contra Perú, las reclamaciones de los demandantes estaban respaldadas por decisiones del Tribunal Constitucional de ese país, en las cuales expresamente se declaró que la modificación de las condiciones prestacionales había sido ilegal. Por otra parte, se insiste, en el sub examine la limitación de la pensión de Olaya Forero se basó en un asunto de interés público y fue respaldada por la C-258 de 2013, dictada, precisamente, por la Corte Constitucional colombiana.
5.4.- Así, esta Sala no advierte la necesidad de efectuar un control de convencionalidad en el caso concreto, pues en las sentencias de la Corte IDH a las que hizo referencia la parte accionante, tal y como se expuso, refulgen diferencias sustanciales con los presupuestos factuales del caso de Olaya Forero.
5.5.- Aunado a lo anterior, se debe reiterar en este punto que, sin perjuicio de los principios de universalidad y oficiosidad que rigen el control de convencionalidad, la acción de tutela no es un medio para traer a colación argumentos que no fueron discutidos o debatidos al interior del trámite ordinario, pues ello no solo desconoce el derecho de contradicción del extremo opuesto de la litis, sino que busca invalidar una actuación judicial con base en alegatos que no fueron puestos en conocimiento de la autoridad que decidió el caso, lo que dificulta la administración de justicia y permite que la referida institución convencional se convierta en una defensa adicional, y sorpresiva, para los casos en que la decisión no sea favorable.
En consecuencia, se debe precisar que, una vez revisados los fundamentos y el concepto de violación expuestos en la demanda primigenia, así como los alegatos de conclusión allegados en primera y segunda instancia dentro del medio de nulidad y restablecimiento del derecho, por la demandante, la Sala advierte que en ninguno de esos hitos procesales la accionante hizo referencia a los casos de la Corte IDH en los que ahora sustentó su escrito tuitivo; por lo cual, al margen de los análisis precedentes, la petición tendiente a ejercer el control no satisface el requisito de subsidiariedad que debe revestir cualquier denuncia que se haga a través de este mecanismo constitucional.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por Ana Margarita Olaya Forero, en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de la Sala
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Consejero de Estado
Aclaración de Voto Cfr. Rad. 11001-03-15-000-2019-01299-00
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero Ponente
Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI con certificado 73ECBE7C43758388 09513FC2C20678A8 237F6455B8FE2D54 101A7FD06D7998FA. Obra poder en el documento subido en SAMAI con certificado A7D4EEA17CDE330B BE379E587624A458 160E36150FB047B1 A5FA9D46BBF4314C. Obra correo electrónico en el archivo digital subido en SAMAI con certificado 938F89A6981A6FD3 E7F7662915A0B3D3 6BBE7F9F6206F30B 46A1BA0B559E8553. A folio 32 del escrito de tutela en el documento subido en SAMAI con certificado 73ECBE7C43758388 09513FC2C20678A8 237F6455B8FE2D54 101A7FD06D7998FA. Promovido por Ana Margarita Olaya Forero en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–. Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y sus familiares.
“Artículo 97. Revocación de Actos de Carácter Particular y Concreto. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional. Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa”. A folio 32 del escrito de tutela en el documento subido en SAMAI con certificado 73ECBE7C43758388 09513FC2C20678A8 237F6455B8FE2D54 101A7FD06D7998FA. De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela. Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución. Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005. Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001 03 15 000 2012 02201 01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Promovido por Ana Margarita Olaya Forero en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–. A folios 9-11 del archivo digital subido en SAMAI con certificado B77B2F4446392BAA 4EFDBD123DFA811E BB437D6EEA57FE7C 8795B7E8C8E5DE25. Corte Constitucional. C-258 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Ibidem. Ibidem. Ibidem. Corte Constitucional. SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda Amarís. Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009. Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018. Sección Quinta del Consejo de Estado, sentencia del 17 de junio de 2021, rad. 1001032800020190006100, C.P.
Luis Alberto Álvarez Parra. Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia del 12 de marzo de 2021, rad. 11001031500020200068801, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 7: Control de Convencionalidad; año 2019, HYPERLINK "https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo7.pdf" https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo7.pdf
Ver ficha técnica en HYPERLINK "https://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/acevedobuendia.pdf" https://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/acevedobuendia.pdf
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