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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-04127-01

Fecha
25 de febrero de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-04127-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada que declaró improcedente la solicitud de amparo y, en su lugar, DENEGAR las pretensiones de la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-04127-01 ACTORA: LINABEL VARGAS GUERRA SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-04127-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-04127-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: LINABEL VARGAS GUERRA

TESIS: MODIFICA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO Y, EN SU LUGAR,
DENIEGA LAS PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA DE LA
REFERENCIA. NO SE DESCONOCIÓ EL PRECEDENTE JUDICIAL
DISPUESTO PARA EL ASUNTO. LA SECCIÓN TERCERA APLICÓ LA
SENTENCIA DE UNIFICACIÓN VIGENTE PARA EL MOMENTO, ESTO
ES, LA SENTENCIA DE 29 DE ENERO DE 2020, POSICIÓN ACOGIDA
POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA SU-312 DE 2020.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 27 de agosto de 2021, proferida por la Sección

Tercera -Subsección “C”- del Consejo de Estado, que declaró

improcedente la solicitud de amparo.

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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-04127-01
ACTORA: LINABEL VARGAS GUERRA

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora LINABEL VARGAS GUERRA, actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de

Estado1, al proferir la providencia de 3 de noviembre de 2020,

dentro del medio de control de reparación directa identificado con el

número único de radicación 05001-23-33-000-2019-00572-01.

I.2.- Hechos

Refirió que, junto con otras personas, promovió demanda en

ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación

-Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, a fin de que se declarara

a dichas entidades administrativamente responsables por el daño

ocasionado con la muerte del señor HERNÁN DÍEZ VARGAS

1 En adelante la Sección Tercera.

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Q.E.P.D, como consecuencia de los hechos acaecidos el 15 de mayo

de 2004 en el corregimiento de Samaná – Antioquia, así como por

la tardanza en determinar la responsabilidad penal y hacer la

entrega de los restos.

Relató que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 2019-00572-00 y le correspondió por reparto al Tribunal

Administrativo de Antioquia que, mediante auto de 3 de julio de

2019, rechazó la demanda por haber operado el fenómeno jurídico

de la caducidad.

Indicó que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación el cual fue desatado por la Sección Tercera que, mediante

providencia de 3 de noviembre de 2020, confirmó parcialmente la

decisión del a quo, en el sentido de rechazar la demanda por haber

operado el fenómeno de la caducidad frente a la pretensión

tendiente a que se declarara la responsabilidad por la muerte del

señor HERNÁN DÍEZ VARGAS, no así respecto de la pretensión

relacionada con la tardanza en la entrega de los restos mortales del

mismo, por lo que dispuso:

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“[…] REVOCAR PARCIALMENTE la decisión de 3 de julio de
2019, el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Quinta Mixta,
la cual quedará así:

PRIMERO: RECHAZAR la demanda, por haber operado la
caducidad del medio de control, en relación con la pretensión
dirigida contra La Nación - Ministerio de Defensa- Ejército
Nacional, tendiente a que se declare la responsabilidad por la
muerte del señor Hernán Díez Vargas.

SEGUNDO: DECLARAR no configurada la caducidad respecto de
la pretensión relacionada con la tardanza en la entrega de los
restos mortales del señor Hernán Díez Vargas, por parte de la
Fiscalía General de la Nación.

TERCERO: NOTIFICAR la presente providencia a la parte actora
mediante estado electrónico, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.

CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen para lo de su cargo […]”.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada fundamentó su

decisión en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020,

proferida por el Consejo de Estado, pese a que la jurisprudencia

vigente para el momento en que se promovió la demanda era otra,

declarándose así erróneamente la caducidad de la acción en un

delito de lesa humanidad.

Señaló que la Sección Tercera vulneró sus derechos fundamentales

invocados al contar el término de caducidad desde el momento en

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que ocurrieron los hechos o desde la titularidad de los mismos por

parte del Ejército Nacional, pues el actuar de los uniformados

estaba provisto de la presunción de legalidad, de tal forma que la

caducidad solo debía iniciar su conteo desde que se estableció que

el daño era imputable al estado.

Finalmente, adujo que se incurrió en un desconocimiento del

precedente judicial, toda vez que se dejó de aplicar lo dispuesto por

la Corte Constitucional2 y el Consejo de Estado3, en lo que respecta

a la responsabilidad patrimonial del Estado producto de su actuar

antijurídico.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales

invocados y, en consecuencia:

“[…] se ordene dejar sin efectos la decisión de segunda instancia
proferida por Consejo de Estado dentro del proceso radicado número
05001233200020190057201 y se continúe el proceso también por las

2
Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001, M.P.
3
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 5 de marzo de 2021, C.P.
José Roberto Sáchica Méndez, expediente identificado con el número único de radicación
68001-23-31-000-2007-00723-01 (51443).
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 19 de marzo de 2021, C.P.
María Adriana Marín, expediente identificado con el número único de radicación 15001-23-
31-000-2004-00958-01 (56714).

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pretensiones relacionadas con la ejecución extrajudicial de Hernán
Diez Vargas […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La Sección Tercera sostuvo que la providencia y el

expediente contentivo del medio de control de reparación directa,

objeto de debate, contienen los argumentos y elementos necesarios

para que el juez de tutela tome la decisión que en derecho

corresponda.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,

Fiscalía General de la Nación y los señores IRENE GUERRA DE

VARGAS, HERMÓGENES VARGAS, JOSÉ MANUEL VARGAS

GUERRA, PROSPERO VARGAS ALARCÓN, JUAN DE DIOS

VARGAS ALARCÓN, SILVESTRE GUERRA, CRISTINA HENAO

VARGAS, ANGÉLICA MARÍA HENAO VARGAS, RAMONA,

CARMEN, LUZ MARINA, LUCINA, PRISCILA, HOLANDA,

RUBITH, MERY y YESENIA VARGAS GUERRA, vinculados como

terceros interesados, guardaron silencio.

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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Tercera -Subsección “C”- del Consejo de Estado,

mediante sentencia de 27 de agosto de 2021, declaró improcedente

la solicitud de amparo al considerar que este mecanismo

constitucional tiene un carácter excepcional, por lo que no

correspondía revisar ni evaluar la interpretación dada por el juez

natural del asunto, pues este recurso judicial no constituye una

instancia adicional al proceso ordinario, máxime cuando no se

advierte una decisión caprichosa o arbitraria en el asunto.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora presentó escrito de impugnación, el cual sustentó en los

siguientes términos:

Afirmó que, contrario a lo advertido por el a quo, el debate

planteado en el escrito de tutela sí constituye aspectos

constitucionales que deben ser puestos en conocimiento del juez de

amparo, comoquiera que lo que se discute es el desconocimiento

del artículo 90 de la Carta Política, entre otros, así como la

vulneración de los derechos fundamentales invocados.

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Sumado a lo anterior, reiteró que al ser la sentencia de unificación

de 19 de enero de 2020, posterior a la presentación de la demanda

y al recurso de apelación, no podía ser el criterio en el cual se

fundamentaba la decisión de la autoridad accionada, máxime

cuando se trataba de delitos de lesa humanidad, por lo que era

claro que no correspondía la declaratoria de caducidad.

Así las cosas, solicitó que se revoque la decisión del a quo y, en su

lugar, se amparen los derechos fundamentales invocados.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de

noviembre de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12

de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de

Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez

Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),

en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras

a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción

de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia

de la violación de derechos constitucionales fundamentales,

debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el

momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya
que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con

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la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse
de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga
claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos
que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que

se deje sin efecto la providencia de 3 de noviembre de 2020,

proferida por la Sección Tercera por medio de la cual confirmó la

decisión del a quo, de rechazar la demanda por haber operado el

fenómeno de la caducidad en relación con la pretensión encaminada

a que se declarara la responsabilidad por la muerte del señor

HERNÁN DÍEZ VARGAS Q.E.P.D., dentro del medio de control de

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reparación directa identificado con el número único de radicación

2019-00572-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia habida cuenta que, a juicio de la actora, la autoridad judicial

accionada fundamentó su decisión en la sentencia de unificación de

29 de enero de 2020, proferida por el Consejo de Estado, pese a

que la jurisprudencia vigente para el momento en que se promovió

la demanda era otra, declarándose así erróneamente la caducidad

de la acción de reparación directa.

Señaló que la Sección Tercera vulneró sus derechos fundamentales

invocados al contar el término de caducidad desde el momento en

que ocurrieron los hechos, desconociendo así lo dispuesto por la

Corte Constitucional4 y el Consejo de Estado5 y que se trataba de

un delito de lesa humanidad.

4
Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001, M.P.
5
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 5 de marzo de 2021, C.P.
José Roberto Sáchica Méndez, expediente identificado con el número único de radicación
68001-23-31-000-2007.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 19 de marzo de 2021, C.P.
María Adriana Marín, expediente identificado con el número único de radicación 15001-23-
31-000-2004-00958-01.

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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

Sección Tercera -Subsección “C”- del Consejo de Estado que,

mediante sentencia de 27 de agosto de 2021, declaró improcedente

la solicitud de amparo al estimar que lo pretendido por la actora

con esta acción constitucional era crear una tercera instancia dentro

del proceso ordinario.

Inconforme con ello, la actora impugnó la anterior decisión al

estimar que, contrario a lo advertido por el a quo, la acción de

tutela de la referencia si resulta procedente, por lo que se debió

analizar las inconformidades expuestas en el escrito primigenio,

para lo cual reiteró los planteamientos allí dispuestos.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si la Sección

Tercera incurrió en desconocimiento del precedente al proferir la

providencia de 3 de noviembre de 2020, dentro del medio de

control de reparación directa identificado con el número único de

radicación 2019-00572-01.

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De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la

Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación.

La Sala observa que, contrario a lo advertido por el a quo, se

cumple con el requisito de la relevancia constitucional, por cuanto

la actora plantea con suficiente carga argumentativa, las razones

por las cuales, en su criterio, la autoridad judicial accionada incurrió

en desconocimiento del precedente y vulneró sus derechos

fundamentales invocados; contra la decisión cuestionada no

proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los

recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y

unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de

tutela se interpuso en un plazo razonable6 y, por último, la solicitud

identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados.

Verificado lo anterior, corresponde determinar si la autoridad

judicial accionada incurrió en el yerro endilgado, o si, por el

6 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201,
Consejero ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

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contrario, la Sección Tercera profirió su decisión con fundamentó en

el criterio jurisprudencial dispuesto para el asunto, al dictar la

providencia de 3 de noviembre de 2020, dentro del medio de

control de reparación directa identificado con el número único de

radicación 2019-00572-01.

Del desconocimiento del precedente judicial

En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de

acuerdo con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la

Constitución Política, el poder judicial es autónomo e independiente

y los Jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de

la ley. Esta regla general de independencia y autonomía no es

absoluta, ya que encuentra sus límites en la realización de otros

valores constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia

constitucional.

En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional

puntualizó:

“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca
el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la
Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino
también de trato por parte de las autoridades y

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concretamente igualdad en la interpretación y aplicación de la
ley por las autoridades judiciales, garantizándose de esta
forma la seguridad jurídica y con ella la certeza de la
comunidad respecto a la forma en la que se van a decidir los
casos iguales. Como resultado de lo anterior, surge como
límite a la autonomía e independencia de los Jueces el respeto
por el precedente7”.

De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte

Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente

constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela

cuando la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las

partes. En especial, respecto del precedente vertical, la

Jurisprudencia de esa Corporación ha sido enfática en sostener que

el Juez no sólo está vinculado por el artículo 13 de la Constitución

Política, que impone la igualdad de trato jurídico en la aplicación de

la ley, sino también que su autonomía se encuentra limitada por la

eficacia de los derechos fundamentales y, en particular, del debido

proceso judicial8.

No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha

admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio

precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y

7 Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de

2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de
la Corte Constitucional.

8 Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.

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cuando se sustenten debidamente las razones de su posición

(principio de razón suficiente)9.

Caso concreto

Con el fin de abordar el cargo alegado se hace necesario traer a

colación la providencia acusada, que confirmó la decisión del a quo

de rechazar la demanda por haber operado el fenómeno de la

caducidad en relación con la pretensión encaminada a que se

declarara la responsabilidad por la muerte del señor HERNÁN DÍEZ

VARGAS Q.E.P.D.

La providencia cuestionada se traslitera a continuación:

“[…] 10. Una lectura integrada de los argumentos expuestos por
la parte actora en la demanda, permite a la Sala identificar que la
responsabilidad que se pretende de las entidades demandadas se
deriva de dos hechos: 1. la muerte del señor Hernán Díez Vargas,
quién fue asesinado por miembros del Ejército Nacional. Y, 2. la
tardanza en la entrega de sus restos mortales por parte de la
Fiscalía General de la Nación.

11. La Sala Plena del Consejo de Estado unificó las reglas
sobre la caducidad de las acciones de reparación directa en
Sentencia de Unificación de 29 de enero de 202010.
Estableció que en todos los casos, incluso en los que se
adelantan por crímenes atroces, debe aplicarse el artículo

9 Ver sentencia T-292 de 2006.
10Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia
del 29 de enero de 2020. No. de radicación: 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61033).

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164 de la Ley 1437 de 201111 y que, en consecuencia, el
término de caducidad se computa desde el momento en
que se tuvo conocimiento de la participación, por acción u
omisión del Estado, en la causación del daño, a menos que
haya impedimentos para ejercer materialmente la acción,
en cuyo caso se contará una vez sean superados12.

12. La Sala advierte que, si bien el 15 de mayo de 2004 se
dio la muerte del señor Hernán Díez Vargas, sólo el 17 de
enero de 2010 la parte actora tuvo conocimiento de la
participación del Estado los hechos, gracias a la
información de la Unidad de Derechos Humanos y de
Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General
de la Nación. En consecuencia, la demanda para reclamar
la responsabilidad por estos hechos caducaba el 18 de
enero de 2012, mucho antes del 25 de febrero de 201913,
día en que se presentó.

13. En la demanda, además, se pidió la reparación de los daños
ocasionados por la Fiscalía con la demora en “hacer entrega de
los restos a la familia para darle cristiana sepultura y poder
elaborar el duelo”. Los actores aseguraron que para la fecha de
presentación de la demanda la Fiscalía no había hecho entrega de
los restos mortales, y se pidieron varias pruebas para acreditarlo.
La forma en que se estructuró la narración de los hechos permite
a la Sala entender que los actores demandaron porque la alegada
omisión de la Fiscalía, que no había cesado aún, generó un daño
continuado consistente en la imposibilidad de dar sepultura al
señor Díez Vargas que, según lo afirmado en la demanda, fue
asesinado por el Ejército Nacional.

11 Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser
presentada:[…] 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:[…] i)
Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de
haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

12 El magistrado ponente de esta providencia no comparte la decisión adoptada en la
Sentencia de Unificación de 29 de enero de 2020. Salvó el voto porque considera que las
reglas unificadas son contra-convencionales y corren el riesgo de desconocer el estándar
vigente en materia de acceso a la justicia para las víctimas de crímenes atroces; sin
embargo, acoge sus reglas por ser una sentencia de unificación de la que no puede
apartarse en adelante. Vale la pena aclarar que respecto de dicha providencia también
salvó voto el magistrado Ramiro Pazos Guerrero
13 Se deja constancia que igualmente la solicitud de conciliación fue presentada de manera

posterior al vencimiento del término de caducidad, esto es, el 25 de septiembre de 2018,
declarándose fallida el 4 de diciembre de 2018, razón por la cual tampoco se suspendió
dicho término.

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14. Así las cosas, como a la fecha de esta providencia no existen
pruebas que acrediten que el cadáver del señor Hernán Díez
Vargas ha sido entregado a sus familiares, pues hasta ahora solo
se cuenta con la manifestación hecha en la demanda, y están
pendientes de practicar pruebas en relación con ese hecho, la
Sala declarará no probada la excepción de caducidad respecto de
ese hecho dañoso. Ello sin perjuicio de que más adelante esa
declaratoria pueda hacerse de oficio en la sentencia, si el material
probatorio que se recopile dentro del trámite del proceso así lo
determinara.

15. En consecuencia, dado que la demanda justamente tiene por
objeto la indemnización de perjuicios derivados de un alegado
daño continuado, y que en esta etapa del proceso no es posible
determinar con certeza su existencia, pues hasta el momento solo
se cuenta con lo afirmado por la parte actora en la demanda, de
acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, se modificará
la decisión apelada, para admitir la demanda en lo relacionado
con la omisión de la Fiscalía de entregar el cuerpo del señor
Hernán Díez Vargas […]”. (Destacado fuera de texto).

De los apartes transcritos se infiere que la Sección Tercera, al

conocer del proceso de reparación directa, encontró que tal como lo

consideró el Tribunal Administrativo de Antioquia, la pretensión

encaminada a reclamar la responsabilidad por la muerte del señor

HERNÁN DÍEZ VARGAS Q.E.P.D. se encontraba caducada, por lo

que confirmó la decisión de rechazar la demanda frente a este

aspecto.

Ahora, en cuanto a la tardanza en la entrega de los restos mortales

del señor HERNÁN DÍEZ VARGAS Q.E.P.D. por parte de la Fiscalía

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General de la Nación, la Sección Tercera estimó que se trataba de

un daño continuado, por lo que ordenó admitir la demanda respecto

a tal pretensión.

Para lo que interesa en esta instancia constitucional, esto es, la

declaratoria del fenómeno de la caducidad para reclamar la

responsabilidad por la muerte del señor HERNÁN DÍEZ VARGAS

Q.E.P.D., la autoridad judicial accionada sostuvo que si bien la

muerte de su familiar se dio el 15 de mayo de 2004, sólo hasta el

17 de enero de 2010, la parte accionante tuvo conocimiento de la

participación de agentes del Estado en los hechos, momento en el

cual le fue notificado por parte de la Unidad de Derechos Humanos

y de Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la

Nación que había sido asesinado por miembros del Ejército

Nacional, de conformidad con lo mencionado por la misma parte

actora en el escrito de demanda.

Así las cosas, la Sección Tercera tuvo como fecha para empezar a

contabilizar el término de caducidad el 17 de enero de 2010, no así

el momento en el que ocurrieron los hechos, por lo que la parte

actora contaba hasta el 18 de enero de 2012, para promover la

demanda de reparación directa, no obstante, la misma fue

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promovida hasta el 25 de febrero de 2019, esto es, fuera del

término establecido para el efecto.

Para arribar a tal conclusión, la autoridad judicial accionada se

fundamentó en el criterio de unificación jurisprudencial fijado por la

Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación en sentencia

de 29 de enero de 2020, que dispone que, por regla general, la

caducidad para la reparación directa le es aplicable a todas las

demandas presentadas ante la jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo, incluidos los casos constitutivos de los delitos de

lesa humanidad y crímenes de guerra, eventos en los que el

cómputo del plazo comienza a contabilizarse desde que el

interesado advirtió o tuvo la posibilidad de saber que el Estado

participó en los hechos que se le reprochan, dado que es desde ese

momento que surge el interés para ejercer su derecho de acción.

A juicio de la actora, la providencia acusada desconoció el

precedente judicial dispuesto por la Corte Constitucional14 y el

Consejo de Estado15, toda vez que no era del caso declarar la

14
Corte Constitucional, Sentencia C-832 de 2001, M.P.
15
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 5 de marzo de 2021,
C.P. José Roberto Sáchica Méndez, expediente identificado con el número único de
radicación 68001-23-31-000-2007.

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caducidad de la acción, máxime cuando se trataba de un delito de

lesa humanidad, cometido por miembros de la fuerza pública.

Sumado a lo anterior, alegó la parte actora que no era posible

aplicársele la tesis dispuesta en la sentencia de unificación de 29 de

enero de 2020, comoquiera que el criterio vigente para el asunto al

momento de promover la demanda era otro.

En primer lugar, se resalta que respecto de la oportunidad para

presentar la demanda dentro del medio de control de reparación

directa, el literal i) del numeral 2, del artículo 164 del CPACA,

dispone lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA
DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda
deberá presentarse dentro del término de dos (2) años,
contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si
fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad
de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 19 de marzo de 2021, C.P.
María Adriana Marín, expediente identificado con el número único de radicación 15001-23-
31-000-2004-00958-01.

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Sin embargo, el término para formular la pretensión de
reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se
contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su
defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el
proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión
pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos
que dieron lugar a la desaparición; […]”. (Resaltado de la Sala).

Ahora bien, sobre el término para presentar la demanda en los

procesos de reparación directa en los que se discute la ocurrencia

de un daño antijurídico atribuible al Estado con ocasión de la

comisión de un delito de lesa humanidad, la Sección Tercera de

esta Corporación, mediante providencia de 29 de enero de 202016,

unificó su jurisprudencia en el siguiente sentido:

“[…] Las premisas establecidas por el legislador en materia de
responsabilidad patrimonial del Estado comparten la misma
finalidad de la imprescriptibilidad de la acción penal frente a los
delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, pues en los
dos ámbitos operan reglas en virtud de las cuales el término
pertinente no resulta exigible hasta tanto se cuente con
elementos para identificar a quien le resulta imputable el daño
pertinente.

En el primer evento –el penal– esta situación se predica de los
autores y partícipes del delito, bajo la imprescriptibilidad de la
acción y, en el segundo –en materia de responsabilidad
patrimonial del Estado–, dicho supuesto versa sobre los
particulares que ejerzan funciones administrativas y las entidades
que estén llamadas a indemnizar los perjuicios causados, caso en
el que se aplica el término de caducidad solo desde el momento
en que el afectado tuvo la posibilidad de saber que resultaron
implicadas en los hechos.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena.

Sentencia de unificación de 29 de enero de 2020. Proceso identificado con el núm. único
de radicación: 85001-33-33-002-2014-00144-01(61033)A Actores: Juan José Coba Oros y
otros; M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

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En suma, las situaciones que se pretenden salvaguardar con la
imprescriptibilidad penal en los casos de lesa humanidad y los
crímenes de guerra también se encuentran previstas en el campo
de lo contencioso administrativo, bajo la premisa del
conocimiento de la participación por acción u omisión del Estado,
al margen de que se trate de delitos de lesa humanidad o de
crímenes de guerra.

Así las cosas, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo
de Estado se unificará en relación con la caducidad de las
pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los
delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier
otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de
responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes
premisas: i) en tales eventos resulta exigible el término
para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo,
salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación
legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron
o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se
observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el
ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a
correr el plazo de ley.

Finalmente, se precisa que el término de caducidad para solicitar
al Estado la indemnización de un daño es inaplicable en aquellos
eventos en los que se adviertan circunstancias que hubiesen
impedido, desde el punto de vista material, el ejercicio del
derecho de acción, lo que puede ocurrir frente a los delitos de
lesa humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto
en el que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial
Estado, pues para tales efectos no resulta determinante la
situación causante del daño, sino la condición particular de quien
acude a la administración de justicia […]”.

De lo anterior se desprende que, conforme con la jurisprudencia de

unificación anteriormente citada, en los casos que se pretenda la

reparación de un daño antijurídico imputable al Estado con ocasión

de la comisión de un delito de lesa humanidad, la demanda deberá

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presentarse en los términos establecidos en el literal i) del numeral

2, del artículo 164 del CPACA, contándose el término para presentar

la demanda desde cuando los afectados conocieron o debieron

conocer la participación por acción u omisión del Estado y

advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial,

salvo que se presenten situaciones que impidan materialmente el

ejercicio del derecho de acción, circunstancia en la que el plazo

empezará a correr una vez sean estas superadas.

Igualmente, se advierte que la Sección Tercera ya tuvo la

oportunidad de pronunciarse sobre un caso análogo al que se

discute en la presente solicitud, en el que se señaló cómo debía

contarse el término para presentar la demanda, mediante

providencia de 8 de mayo de 202017, en el siguiente sentido:

“[…] El a quo rechazó la demanda por caducidad, con
fundamento en que, al no tratarse de un caso de lesa
humanidad, el término de caducidad debe contarse de
conformidad con lo previsto en el literal i) del numeral 2 de la Ley
1437 de 2011; en cambio, la parte actora considera que al
presente asunto no le son aplicables las normas sobre caducidad,
por tratarse de un daño originado en un delito de lesa
humanidad.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección

A. Auto de 8 de mayo de 2020. Proceso identificado con el núm. único de radicación
25000-23-36-000-2019-00563-01(65209); Actores: Ana Raquel Mora Gudiño y otros;
M.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E)

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Al respecto, se advierte que el 29 de enero de 2020 la Sala Plena
de la Sección Tercera unificó su postura en relación con la
caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra
y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria
de responsabilidad patrimonial del Estado; por tanto, para
resolver si la demanda que ahora se estudia fue o no oportuna, la
Sala deberá estarse a lo unificado por esta Corporación en la
sentencia que acaba de mencionarse, en la que se expresó que:
[…]

Así las cosas, al margen de que se trate o no de un crimen
de lesa humanidad, se concluye que, salvo que se
hubiesen presentado situaciones que impidieran
materialmente el ejercicio del derecho de acción, caso en
el cual el término de caducidad habría empezado a correr
una vez superadas tales circunstancias, el término de
caducidad para demandar debía empezar a correr desde
cuando la parte demandante conoció o debió conocer del
daño y advirtió que el mismo podía ser imputable al
Estado.

Según la demanda, el secuestro del señor Morelo García ocurrió
el 26 de abril de 2000 y se mantuvo por 8 meses, es decir, hasta
el 26 de diciembre de ese mismo año.

Lo acabado de mencionar permite establecer que el señor
Edinson Rafael Morelo García tuvo conocimiento del hecho
productor del daño y de que podía serle imputable al Estado
desde el mismo día en que se perpetró el secuestro; sin
embargo, el término de caducidad no empezó a correr desde ese
momento, pues la retención a la que fue sometido por grupos
subversivos le impedía materialmente ejercer su derecho de
acción.

Lo anterior es así, además, porque la Corporación ha estimado
que, en los eventos de daños con efectos continuados (vgr.
desplazamiento forzado, desaparición forzada o secuestro), el
término de caducidad de la demanda de reparación directa
debe empezar a contarse a partir de la cesación del daño,
cuando la persona aparezca, sea liberada o cuando están
dadas las condiciones de seguridad para que se produzca
el retorno al lugar de origen.

Por lo anterior, en relación con las demás personas que
conforman el grupo de demandantes, sus padres, hermanos y
compañera permanente, quien además actúa en representación

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de sus hijos menores, la Sala considera que el término de
caducidad empezó a correr desde el momento en que el señor
Edinson Rafael Morelo García recuperó su libertad, pues para ese
entonces ya estaban en condiciones de advertir la posibilidad de
imputar responsabilidad al Estado por el daño que alegan haber
sufrido, pues conocían que cuando fue retenido ilegalmente se
desempeñaba como soldado regular del Ejército Nacional y,
además, al menos a partir de su liberación, por la cercanía que
tenían con la víctima directa del hecho pudieron tener
conocimiento de las supuestas falencias en las que se habría
realizado el desplazamiento en el que el mencionado señor fue
retenido ilegalmente por grupo subversivos.

Según la demanda, el secuestro se perpetró el 26 de abril de
2000 y se mantuvo por 8 meses, es decir, hasta el 26 de
diciembre de ese mismo año; por tanto, la Sala concluye que
el término de caducidad empezó a correr a partir del 27 de
diciembre de ese año, pues para entonces ya había cesado
el daño y las circunstancias que le impedían al señor
Edinson Rafael Morelo García materialmente ejercer su
derecho de acción.

[…]

Para la época de ocurrencia de los hechos, el artículo 136 del
Decreto 01 de 1984 establecía que la acción de reparación
directa caducaba al vencimiento del plazo de 2 años contados a
partir del día siguiente al del acaecimiento de la causa a la que se
atribuye el daño o, según la jurisprudencia de esta Corporación a
la que ya se hizo alusión, en el caso de daños continuados a
partir del día siguiente a su cesación, por lo que, al tener en
cuenta que, según la parte actora, el señor Edinson Rafael
Morelo García fue liberado el 26 de diciembre de 2000 y la
demanda se presentó el 1 de abril de 2019, cabe concluir
que fue extemporánea […]”.

Así las cosas, la Sala destaca que tales inconformidades no tienen

vocación de prosperidad, en la medida que la Sección Tercera no

incurrió en desconocimiento del precedente dado que aplicó la

sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, tesis vigente al

momento de dictar la sentencia de segunda instancia, criterio que,

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por demás, fue acogido por la Corte Constitucional en sentencia SU-

312 de 13 de agosto de 2020.

Sumado a lo anterior, las sentencias presuntamente desconocidas18

se fundamentaron en el criterio que le fue aplicado a la providencia

objeto de debate, por lo que resulta evidente que no se incurrió en

desconocimiento del precedente.

La Corte Constitucional ha definido que el cambio en la postura

jurisprudencial de un tema por el respectivo órgano de cierre,

conlleva un carácter vinculante general e inmediato del precedente.

En efecto, la sentencia SU-406 de 2016 dispuso:

“[…] A la luz de lo anterior, se observa que el cambio de una
determinada posición jurisprudencial por el respectivo órgano de
cierre, implica una modificación en la interpretación jurídica, es
decir, del contenido normativo de determinada disposición y que,
en atención al carácter vinculante general e inmediato del
precedente, determina la aplicación judicial -en el orden
horizontal y vertical- del derecho sustancial o procesal, según sea
el caso […]”.

18
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 5 de marzo de 2021,
C.P. José Roberto Sáchica Méndez, expediente identificado con el número único de
radicación 68001-23-31-000-2007-00723-01 (51443).
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 19 de marzo de 2021, C.P.
María Adriana Marín, expediente identificado con el número único de radicación 15001-23-
31-000-2004-00958-01.

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Además, se resalta que esta Sala, en sentencia de 23 de abril de

202119, en un asunto similar al presente discurrió sobre el

particular así:

“[…]Asimismo, se advierte que el Tribunal no desconoció el
precedente judicial establecido por la Sección Tercera y la Corte
Constitucional sobre la forma en que debe contarse el término
para presentar la demanda en los casos en que se presentan
graves violaciones del derecho internacional humanitario, como
son los delitos de lesa humanidad, pues, como ya se dijo, según
la posición actual de la Sección Tercera, establecida en la
sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, incluso en
dichos casos, es aplicable el término para presentar la demanda
el señalado en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del
CPACA […]”.

Así las cosas, la Sección Tercera atendiendo que las reglas

jurisprudenciales fijadas en la sentencia de 29 de enero de 2020,

debían aplicarse a todos los casos pendientes de solución tanto en

vía administrativa como en vía judicial, aplicó en la decisión

acusada la tesis allí expuesta, de tal forma que para la Sala la

autoridad judicial accionada no incurrió en el yerro endilgado, por lo

que el hecho de que la actora no comparta la posición allí

dispuesta, no significa que la decisión sea arbitraria, sino que, de

conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, confirmó la decisión del a quo de declarar la

19Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 23 de abril de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, identificada con número único
de radicación 11001-03-15-000-2021-00809-00.

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caducidad del medio de reparación directa frente a la pretensión

encaminada a reclamar la responsabilidad por la muerte del señor

HERNÁN DÍEZ VARGAS Q.E.P.D.

De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad de la parte

actora con las razones de la providencia judicial acusada, no así la

vulneración de los derechos fundamentales invocados, motivo por

el cual, al no haberse acreditado el yerro endilgado, la Sala

modificará la providencia impugnada que declaró improcedente la

solicitud de amparo y, en su lugar, denegará las pretensiones de la

acción de tutela, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva

de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada que declaró

improcedente la solicitud de amparo y, en su lugar, DENEGAR las

pretensiones de la acción de tutela, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia

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ACTORA: LINABEL VARGAS GUERRA

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el

artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para

su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de febrero

de 2022.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto

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