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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-04174-00

Tutela contra autoridad judicial

Fecha
26 de agosto de 2021
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-04174-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Jaime Antonio Joya Echeverría contra el Tribunal Administrativo de Boyacá. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2021-04174-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

26 de agosto de 2021

TUTELA CONTRA AUTORIDAD JUDICIAL / RECHAZO DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO / FALTA DE TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN / USO DE CORREO INHABILITADO PARA RECEPCIÓN RESPUESTAS Y SOLICITUDES / AUSENCIA DE VULNERACIÓN AL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VULNERACIÓN AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Corresponde a la Sala determinar si la falta de trámite por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá del recurso de apelación que el accionante interpuso contra la decisión que rechazó la acción de cumplimiento que promovió contra Colpensiones, con el fin de obtener el cumplimiento del acto administrativo mediante el que le fue reconocida una pensión de jubilación, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en tanto “privado del derecho que tengo a que una segunda instancia examine y valore las pruebas y sobre todo que se cumpla con las normas pertinentes y de manera integral los criterios plasmados por la H. Corte Constitucional y del H. Consejo de Estado; pues hasta el momento su examen y aplicación ha sido de manera parcial”. (…) [L]a falta de trámite del recurso de apelación contra la decisión que rechazó la acción de cumplimiento impetrada por el actor no vulnera en ninguna forma los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia invocados, en tanto la misma obedeció únicamente al actuar del demandante, quien, a pesar de haber sido advertido previamente vía correo electrónico que las respuestas y solicitudes relacionadas con el auto de 9 de junio de 2021 debían ser enviadas al correo electrónico: correspondenciatadmboy@cendoj.ramaiudicial.gov.co, remitió el recurso de apelación contra dicha decisión al buzón sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co, dirección electrónica destinada exclusivamente a las notificaciones emanadas de la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Boyacá, hecho del que no puede endilgarse responsabilidad alguna a la autoridad judicial accionada. (…) [S]e concluye que en el caso la autoridad judicial accionada, conforme con las normas aplicables, comunicó de manera previa al accionante el canal digital identificado para recibir oficios y comunicaciones en relación con el proceso que adelantaba, mismo que no fue utilizado por el [accionante], lo que determinó que su memorial de apelación no fuese recibido y, por ende, no tramitado, por el juez de conocimiento. (…) Por las anteriores razones, la Sala negará las pretensiones de la acción de amparo promovida por el [accionante] contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.

NOTA DE RELATORÍA: Con salvamento de voto de la consejera Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04174-00(AC)

Actor: JAIME ANTONIO JOYA ECHEVERRÍA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Temas: Acción de tutela contra autoridad judicial. Rechazo de acción de cumplimiento. Falta de trámite del recurso de apelación contra la decisión de rechazo de la demanda. Buzón de correo para notificaciones

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Jaime Antonio Joya Echeverría, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, vulnerados, supuestamente, por la falta de trámite del recurso de apelación que interpuso contra la decisión que rechazó la acción de cumplimiento que promovió contra Colpensiones, con el fin de obtener el cumplimiento del acto administrativo mediante el que le fue reconocida una pensión de jubilación.

I. ANTECEDENTES

Hechos

El accionante manifestó que presentó demanda de acción de cumplimiento contra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, con el fin de que diera cumplimiento al acto administrativo mediante el que le fue reconocida una pensión de jubilación, contenido en la Resolución Nº GNR-342480 de 5 de diciembre de 2013.

Afirmó que el trámite del proceso le correspondió al Tribunal Administrativo de Boyacá, quien rechazó la demanda mediante auto de 9 de junio de 2021, “por improcedente”.

Sostuvo que contra dicha decisión interpuso, a través de correo electrónico, recurso de apelación en el que manifestó que conforme a jurisprudencia del Consejo de Estado la apelación era viable, “memorial que no ha sido tenido en cuenta absolutamente para nada, tanto que ni siquiera aparece registrado o recibido en el sistema”.

Indicó que el Tribunal Administrativo de Boyacá, “sin haber admitido la demanda, ni correr traslado a la demandada, sin examinar ni valorar mis pruebas y argumentos y creyendo o suponiendo que si Colpensiones me debe alguna suma puedo acudir a proceso ejecutivo; declaró improcedente la acción y ordenó su archivo. Aclaro que no estoy pidiendo que Colpensiones me pague porque no me debe nada. Estoy simplemente pidiendo el cumplimiento de un acto administrativo proferido por Colpensiones”.

Finalmente, afirmó que el magistrado ponente del auto que rechazó la acción de cumplimiento “había conocido en otra oportunidad de estos hechos, luego creo que debió declararse impedido”.

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela con el fin de que protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada, por la falta de trámite del recurso de apelación que interpuso contra la decisión que rechazó la acción de cumplimiento que promovió contra Colpensiones, con el fin de obtener el cumplimiento del acto administrativo mediante el que le fue reconocida una pensión de jubilación, en tanto se ve “privado del derecho a que una segunda instancia examine y valore las pruebas y sobre todo que se cumpla con las normas pertinentes y de manera integral los criterios plasmados por la H. Corte Constitucional y del H. Consejo de Estado; pues hasta el momento su examen y aplicación ha sido de manera parcial”.

Agregó que “la única actuación o trámite que se surtió en su diligenciamiento por el Tribunal fue su rechazo”, y que “la ley 393 de 1997, solamente contempla como causal para que sea procedente el rechazo de la demanda, cuando habiéndose ordenado por el sr. Juez su corrección, ésta no se efectúa”.

Finalmente, sostuvo que “la Corte Constitucional ha indicado que, frente a la posibilidad de rechazo de la demanda de Acción de Cumplimiento, ésta procede en tres eventos particulares: i) Cuando se incumple con el lleno de los requisitos previstos en el artículo 10 de la ley 393 de 1997 y estos no son subsanados en el plazo previsto para ello; (ii) Cuando no se otorgue prueba de la renuencia de la autoridad o del particular en el cumplimiento, caso en el cual el rechazo es in limine; (iii) cuando se trate de una actuación temeraria, al haberse formulado con idénticas partes y contenidos, de manera simultánea ante varios jueces”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“Respetuosamente solicito tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la Administración de Justicia, ordenando al H. Tribunal Administrativo de Boyacá, que con la ponencia de un magistrado distinto del Dr. José Ascención Fernández Osorio, asuma el conocimiento de mi demanda de Acción de Cumplimiento y que si la halla procedente la admita y le dé el curso correspondiente”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digital del auto de 9 de junio de 2021, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Boyacá rechazó la acción de cumplimiento radicada con el Nº 2021-00421-00, actor: Jaime Antonio Joya Echeverría, y copia de los correos de 15 y 22 de junio de 2021, mediante los que el accionante allegó el recurso de apelación que interpuso contra dicha decisión.

5. Trámite procesal

Por auto de 1º de julio de 2021, el despacho admitió la demanda y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial demandada. Igualmente, a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº 63517 a 63520, todos de 7 de julio de 2021, a fin de darle cumplimiento a la referida decisión.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Boyacá

En escrito de 8 de julio de 2021, el magistrado que conoció de la acción de cumplimiento rindió informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, se desestimen las pretensiones, “en ausencia de vulneración iusfundamental alguna”.

Luego de hacer referencia a los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, indicó, respecto del argumento relacionado con la falta de trámite del recurso de apelación interpuesto por el actor contra el auto que rechazó la acción de cumplimiento que impetró contra Colpensiones, que dicho auto le fue notificado al actor mediante mensaje de datos enviado al buzón de correo electrónico por él señalado en la demanda de acción de cumplimiento (jaimeantonio0662@gmail.com), en el que se le informó que “las respuestas y solicitudes pueden ser enviadas a través del siguiente correo electrónico: HYPERLINK "mailto:correspondenciatadmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co" correspondenciatadmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co”.
Indicó que, en este sentido, en tanto conforme con las constancias de envío adjuntos al escrito de tutela el actor remitió memorial de apelación el día 15 de junio de 2021 al correo electrónico HYPERLINK "mailto:sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co" sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co, este no fue dirigido al correo habilitado para recibir y tramitar esa clase de documentos “tal y como se le indicó de manera expresa en la notificación del auto del 9 de junio de 2021, sino a uno que se utiliza únicamente para realizar notificaciones, por lo que nunca fueron recibidos por este Tribunal y, por ende, no hubo vulneración alguna al derecho de acceso a la administración de justicia, ni mucho menos al debido proceso”.

Agregó que el Secretario General de esa Corporación, a través de constancia secretarial de 7 de julio de 2021, que adjuntó, precisó que “el único correo habilitado para que los usuarios remitan correspondencia a esta corporación es HYPERLINK "mailto:correspondenciatadmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co" correspondenciatadmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co, como se informa en los escritos de notificaciones. El correo sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co es utilizado para realizar notificaciones, tal como se informa en los oficios en que se envían las mismas. Por lo que es del caso aclarar que la Secretaría no está obligada a revisar éste, pues, se reitera, sólo se usa para tal fin y se informa a las partes cual es el canal digital apropiado para recibir memoriales”.

Afirmó que esa conclusión se encuentra conforme con lo decidido por el Consejo de Estado en asuntos similares, “entre otras, en las siguientes providencias: Sección Cuarta. Auto del 12 de diciembre de 2019. Rad. No. 1 1001-03-1 5- 000-2019-04236-00 (AC) A. Actor: MARÍA DEL CARMEN CORTÉS LOZANO Y OTROS. C.P. Dr. MILTON CHAVES GARCÍA, Sección Primera. Sentencia del 22 de octubre de 2020. Rad. No. 1 1001-03- 15-000-2020-02544-01 (AC). Actor: MARÍA CRISTINA RUIZ RODRÍGUEZ. C.P. Dr. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ”.

Respecto de la supuesta vulneración de derechos con ocasión del rechazo de la acción de cumplimiento elevada por el actor, indicó que en el auto de 9 de junio de 2021, “luego de hacerse referencia a los artículos 8 y 9 de la Ley 393 de 1997, se precisó que el Consejo de Estado ha determinado en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo 8, que son tres los requisitos mínimos para que salga avante la acción de cumplimiento, a saber: "a) Que la obligación que se pida hacer cumplir esté consignada en la ley o en acto administrativo, lo cual excluye de su fundamento y análisis las normas de la Constitución Política, que por general consagran principios y directrices; b) Que el mandato sea imperativo, inobjetable, y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad frente a la cual se reclama el cumplimiento; y, c) Que se pruebe la renuencia del exigido a cumplir, o que se pruebe que el cumplimiento se ha pedido directamente a la autoridad de que se trate”.

Refirió que, con base en ello, se procedió al análisis del caso en concreto y, atendiendo los supuestos fácticos expuestos por el actor, específicamente el hecho de que ya había acudido a la jurisdicción administrativa a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se procedió a verificar en el Sistema de Información de la Rama Judicial y se encontró que la Resolución Nº GNR 342480 de 5 de diciembre de 2013, respecto de la cual el accionante pretendía su cumplimiento por parte de Colpensiones, le reconoció una pensión de jubilación condicionada al retiro definitivo del servicio, hecho que acaeció el 28 de diciembre de 2014, por lo que la entidad demandada reliquidó dicha prestación mediante Resolución Nº GNR 202941 de 7 de julio de 2015 que, en todo caso, fue demandada ante esta jurisdicción a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Adujo que, con base en lo anterior, se advirtió que “el demandante solicitó el cumplimiento de un acto administrativo que no contiene un mandato imperativo e inobjetable, pues si bien reconoció un derecho, el mismo se encontraba sometido a una condición (retiro definitivo del servicio), que, al cumplirse, dejó al acto de reconocimiento pensional sin vigencia, en tanto dicha situación derivó en la expedición de un acto administrativo diferente, el cual reliquidó la pensión, de la que es beneficiario”, por lo que se “rechazó la demanda por improcedente”, pues, al no encontrarse vigente el acto administrativo que el actor pretendía que se cumpliera, no existía obligación alguna que debiera atender Colpensiones, “sustentación que permite evidenciar el respeto de los derechos fundamentales del actor en la decisión adoptada”.

Finalmente, respecto del argumento relacionado con el supuesto impedimento que tendría para conocer de la acción de cumplimiento por haber conocido de los hechos expuestos en otra oportunidad, aclaró que de los mismos conoció en la segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación Nº 150013333012-201 7-00083-00, en donde esa Corporación confirmó el fallo apelado que negó las pretensiones de la demanda, lo que no configura la causal contemplada en el numeral 2 del artículo 141 del Código General del Proceso, esto es, haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, en tanto el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no es una instancia de la acción de cumplimiento, siendo éstas dos acciones diferentes e independientes.

6.2. Respuesta de Colpensiones

En escrito de 8 de julio de 2021, la Directora de Acciones Constitucionales de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva a su favor, en tanto, sostuvo, lo solicitado por el actor no puede ser atendido por esa administradora por no ser de su competencia administrativa y funcional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la falta de trámite por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá del recurso de apelación que el accionante interpuso contra la decisión que rechazó la acción de cumplimiento que promovió contra Colpensiones, con el fin de obtener el cumplimiento del acto administrativo mediante el que le fue reconocida una pensión de jubilación, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en tanto “privado del derecho que tengo a que una segunda instancia examine y valore las pruebas y sobre todo que se cumpla con las normas pertinentes y de manera integral los criterios plasmados por la H. Corte Constitucional y del H. Consejo de Estado; pues hasta el momento su examen y aplicación ha sido de manera parcial”.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1.1 En el presente caso, el actor considera que la falta de trámite por la autoridad judicial accionada del recurso de apelación que interpuso contra la decisión que rechazó la acción de cumplimiento que promovió contra Colpensiones, con el fin de obtener el cumplimiento del acto administrativo mediante el que le fue reconocida una pensión de jubilación, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por cuanto se ve “privado del derecho a que una segunda instancia examine y valore las pruebas y sobre todo que se cumpla con las normas pertinentes y de manera integral los criterios plasmados por la H. Corte Constitucional y del H. Consejo de Estado; pues hasta el momento su examen y aplicación ha sido de manera parcial”.

Agregó que “la única actuación o trámite que se surtió en su diligenciamiento por el Tribunal fue su rechazo”, y que “la ley 393 de 1997, solamente contempla como causal para que sea procedente el rechazo de la demanda, cuando habiéndose ordenado por el sr. Juez su corrección, ésta no se efectúa”.

En la contestación, el ponente del auto que rechazó la acción de cumplimiento instaurada por el actor indicó que este remitió el memorial de apelación el día 15 de junio de 2021 al correo electrónico HYPERLINK "mailto:sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co" sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co, correo no habilitado para recibir y tramitar esa clase de documentos, tal y como se le indicó de manera expresa en la notificación del auto del 9 de junio de 2021, por lo que en el caso no hubo vulneración alguna al derecho de acceso a la administración de justicia, ni al debido proceso, en tanto el recurso nunca fue recibido por ese tribunal.

4.1.2. Ahora bien, en el caso que originó la controversia, el accionante presentó acción de cumplimiento contra Colpensiones, con el fin de que se diera cumplimiento a la Resolución Nº GNR 342480 de 5 de diciembre de 2013, mediante la cual la entidad le reconoció una pensión de jubilación condicionada al retiro definitivo del servicio, hecho que acaeció el 28 de diciembre de 2014. Del auto de 9 de junio de 2021, se observa que la autoridad judicial accionada rechazó la demanda luego de encontrar que la entidad demandada reliquidó la prestación reconocida al accionante mediante Resolución Nº GNR 202941 de 7 de julio de 2015, acto administrativo que dejó sin efectos aquel cuyo cumplimiento se pretendía y que había sido demandado ante la jurisdicción contencioso administrativa, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

La Sala, del análisis de las pruebas obrantes en el expediente observa que, en efecto, el auto de 9 de junio de 2021, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Boyacá rechazó por improcedente la acción de cumplimiento presentada por el actor, fue notificado el 11 de junio de 2021 mediante mensaje enviado al correo electrónico HYPERLINK "mailto:jaimeantonio0662@gmail.com" jaimeantonio0662@gmail.com, en el que se le indicó expresamente que “las respuestas y solicitudes pueden ser enviadas a través del siguiente correo electrónico: HYPERLINK "mailto:correspondenciatadmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co\"" correspondenciatadmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co".

De igual forma, de los anexos de la solicitud de amparo constitucional, se observa que mediante mensaje de datos enviado desde la dirección personal del accionante el 15 de junio de 2021 al correo electrónico HYPERLINK "mailto:sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co" sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co, este formuló recurso de apelación contra dicha decisión, y el día y el 22 de junio siguiente remitió otro memorial a esa misma dirección de correo en el que manifestaba su inconformidad por cuanto, sostuvo, “hasta el día de hoy no se ha producido ningún pronunciamiento, pero lo que me extraña es que ni siquiera ese memorial que contiene la apelación SE HALLA COMO RECIBIDO en el sistema”.

En este sentido, la falta de trámite del recurso de apelación contra la decisión que rechazó la acción de cumplimiento impetrada por el actor no vulnera en ninguna forma los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia invocados, en tanto la misma obedeció únicamente al actuar del demandante, quien, a pesar de haber sido advertido previamente vía correo electrónico que las respuestas y solicitudes relacionadas con el auto de 9 de junio de 2021 debían ser enviadas al correo electrónico: HYPERLINK "mailto:correspondenciatadmboy@cendoj.ramaiudicial.gov.co" correspondenciatadmboy@cendoj.ramaiudicial.gov.co, remitió el recurso de apelación contra dicha decisión al buzón HYPERLINK "mailto:sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co" sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co, dirección electrónica destinada exclusivamente a las notificaciones emanadas de la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Boyacá, hecho del que no puede endilgarse responsabilidad alguna a la autoridad judicial accionada.

La anterior conclusión se encuentra conforme con lo previsto en el Decreto Legislativo 806 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, aplicable al caso, cuyo artículo 3º establece los deberes de los sujetos procesales en relación con las tecnologías de la información y las comunicaciones de la siguiente manera:

“Artículo 3. Deberes de los sujetos procesales en relación con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es deber de los sujetos procesales realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de medios tecnológicos. Para el efecto deberán suministrar a la autoridad judicial competente, y a todos los demás sujetos procesales, los canales digitales elegidos para los fines del proceso o trámite y enviar a través de estos un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen, simultáneamente con copia incorporada al mensaje enviado a la autoridad judicial.

Identificados los canales digitales elegidos, desde allí se originarán todas las actuaciones y desde estos se surtirán todas las notificaciones, mientras no se informe un nuevo canal. Es deber de los sujetos procesales, en desarrollo de lo previsto en el artículo 78 numeral 5 del Código General del Proceso, comunicar cualquier cambio de dirección o medio electrónico, so pena de que las notificaciones se sigan surtiendo válidamente en la anterior.

Todos los sujetos procesales cumplirán los deberes constitucionales y legales para colaborar solidariamente con la buena marcha del servicio público de administración de justicia. La autoridad judicial competente adoptará las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento”. (Resaltado de la Sala).

De lo anterior, se concluye que en el caso la autoridad judicial accionada, conforme con las normas aplicables, comunicó de manera previa al accionante el canal digital identificado para recibir oficios y comunicaciones en relación con el proceso que adelantaba, mismo que no fue utilizado por el señor Joya Echeverría, lo que determinó que su memorial de apelación no fuese recibido y, por ende, no tramitado, por el juez de conocimiento.

En este sentido, el recurso cuya falta de trámite sustenta la vulneración iusfundamental que soporta la presente solicitud no fue allegado debidamente al proceso conforme lo prevén las normas aplicables, pues si bien es cierto que el actor acreditó que envió al correo electrónico HYPERLINK "mailto:sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co" sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co un escrito con ese propósito el 15 de junio de 2021, lo cierto es que en tanto ese buzón electrónico solamente se utiliza para realizar notificaciones del tribunal accionado, no se recibió por parte de esa autoridad judicial recurso alguno en el canal digital identificado para ese efecto, lo que descarta la vulneración de los derechos alegada por la falta de trámite del mismo.

La Sala considera importante recalcar que, conforme con el artículo 109 del Código General del Proceso, los “memoriales podrán [adosarse] y las comunicaciones transmitirse por cualquier medio idóneo”, y estos se entenderán radicados en tiempo si se reciben de manera satisfactoria antes del cierre del despacho del día en que vence el término, lo que no ocurrió en el presente caso, en el que el actor envió el recurso propuesto a una dirección electrónica diferente a la que le fue señalada para ese efecto en la notificación de la decisión de rechazo de la demanda, por lo que la vulneración alegada no se configuró, ni puede atribuírsele al tribunal accionado.

Por lo demás, en tanto el accionante no hizo uso del medio idóneo dispuesto para ventilar las controversias relacionadas con el rechazo de la acción de cumplimiento que elevó y con el supuesto impedimento en cabeza de magistrado ponente para conocer de dicho proceso, esto es, el recurso de apelación contra el auto de 9 de junio de 2021 que rechazó la demanda, la Sala se relevará del estudio de dichos alegatos, por cuanto, como se indicó en precedencia, la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela supone que esta solo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados, mismos que, en el presente caso, no fueron usados por causas atribuibles exclusivamente al accionante.

Por las anteriores razones, la Sala negará las pretensiones de la acción de amparo promovida por el señor Jaime Antonio Joya Echeverría contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Jaime Antonio Joya Echeverría contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Consejera
SALVA VOTO

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero

SALVAMENTO DE VOTO DE LA CONSEJERA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Con el debido respeto por la decisión mayoritaria, salvo el voto en la sentencia del proceso en referencia, que negó las pretensiones de la acción de tutela interpuesta para solicitar la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que el señor Jaime Antonio Joya Echeverría consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Boyacá, ante la falta de trámite al recurso de apelación que interpuesto contra el auto del 9 de junio de 2021 que rechazó la acción de cumplimiento que promovió contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, Radicación Nro. 2021-00421-00.
La providencia de la cual me aparto, concluyó que no se encontraba acreditada la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor, ya que la falta de trámite del recurso de apelación contra el auto de rechazo de la acción de cumplimiento que promovió:

“…obedeció únicamente al actuar del demandante, quien, a pesar de haber sido advertido previamente vía correo electrónico que las respuestas y solicitudes relacionadas con el auto de 9 de junio de 2021 debían ser enviadas al correo electrónico correspondenciatadmboy@cendoj.ramaiudicial.gov.co, remitió el recurso de apelación contra dicha decisión al buzón HYPERLINK "mailto:sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co" sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co, dirección electrónica destinada exclusivamente a las notificaciones emanadas de la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Boyacá, hecho del que no puede endilgarse responsabilidad alguna a la autoridad judicial accionada”. Y agregó la decisión que, “…en el caso la autoridad judicial accionada, conforme con las normas aplicables, comunicó de manera previa al accionante el canal digital identificado para recibir oficios y comunicaciones en relación con el proceso que adelantaba, mismo que no fue utilizado por el señor Joya Echeverría, lo que determinó que su memorial de apelación no fuese recibido y, por ende, no tramitado, por el juez de conocimiento [.] En este sentido, el recurso cuya falta de trámite sustenta la vulneración iusfundamental que soporta la presente solicitud no fue allegado debidamente al proceso conforme lo prevén las normas aplicables, pues si bien es cierto que el actor acreditó que envió al correo electrónico HYPERLINK "mailto:sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co" sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co, un escrito con ese propósito el 15 de junio de 2021, lo cierto es que en tanto ese buzón electrónico solamente se utiliza para realizar notificaciones del tribunal accionado, no se recibió por parte de esa autoridad judicial recurso alguno en el canal digital identificado para ese efecto, lo que descarta la vulneración de los derechos alegada por la falta de trámite del mismo…”. 2. Si bien esta Sala de Decisión en casos similares al sub examine, ha señalado que, en los eventos en los que los recursos, memoriales o documentos son enviados a correos diferentes a los dispuestos por las autoridades judiciales para dichos efectos, no puede considerarse una decisión vulneradora de derechos fundamentales aquella que decide tenerlos como no presentados; lo cierto es que, a mi juicio, tal postura debe reconsiderarse en aras de garantizar intereses superiores como la aplicación de los principios de prevalencia del derecho sustancial y de justicia material; así como garantizar el derecho fundamental al debido proceso, de defensa y contradicción, a la segunda instancia, y al acceso a la administración de justicia. 3. Tal conclusión obedece, no solo a lo recurrente de esta situación, lo cual es indicador de la necesidad de adoptar medidas administrativas tendientes a solucionar esta falencia del sistema que incumbe a la administración de justicia, sino también al hecho cierto de que, la parte interesada radicó oportunamente el recurso de apelación contra el auto del 9 de junio de 2021, en uno de los buzones con que cuenta el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Y si bien en los oficios de notificación elaborados y remitidos por la Secretaría de esa Corporación, expresamente se indicó que la dirección de correo HYPERLINK "mailto:sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co" sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co es de uso exclusivo para el envío de notificaciones, y que las respuestas y solicitudes dirigidas a los distintos medios de control debían ser enviadas al correo electrónico correspondenciatadmboy@cendoj.ramaiudicial.gov.co, no puede pasarse por alto que se trata de bandejas de correo electrónico que pertenecen a la misma Corporación, de manera que nada impide que la información equivocadamente remitida al correo exclusivo para notificaciones, se re-direccione al buzón de correo y/o al servidor público o despacho que corresponda, para que dicho memorial fuera allegado al expediente y de esta manera, se le impartiera el trámite respectivo al recurso interpuesto oportunamente por el demandante de la acción de cumplimiento. Como el traslado o remisión del escrito contentivo del recurso interpuesto, de una bandeja de correo a otra no se hizo, ni tampoco el sistema rechazó el correo enviado al correo errado, o le generó alguna alerta al remitente indicando la inoperancia de ese buzón para la recepción de documentos, la información no hizo parte del expediente, y por tal motivo no se le dio trámite; cuando lo cierto es, que dentro del término legal el señor Jaime Antonio Joya Echeverría interpuso recurso de apelación contra el auto del 9 de junio de 2021, y por tanto debió ser concedido, en aras de garantizar el derecho a la doble instancia, como elemento integrante del derecho al debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política. 4. No debe olvidarse que el principio de justicia material “se opone a la aplicación formal y mecánica de la ley en la definición de una determinada situación jurídica. Por el contrario, exige una preocupación por las consecuencias mismas de la decisión y por la persona que es su destinataria, bajo el entendido de que aquella debe implicar y significar una efectiva concreción de los principios, valores y derechos constitucionales”. Aunque es innegable que las formas y normas procesales buscan la materialización de los derechos sustanciales, existen casos en los que el juez debe preferir la garantía de la justicia material sobre consideraciones de índole formal. Justamente, considero que en el caso del tutelante la decisión debió apuntar a una solución que, en aplicación del principio a la justicia material, tuviera en cuenta las condiciones especiales de su caso, a fin de que en aplicación del principio prevalencia del derecho sustancial consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política, y por consiguiente, el acceso efectivo a la administración de justicia a que se refiere el artículo 229 ibídem, se tuviera en consideración la presentación oportuna del recurso de apelación contra el auto de rechazo de la demanda, pese a que se hubiera radicado en un buzón equivocado, pero perteneciente a la misma Corporación.

En estos términos queda expuesto mi salvamento de voto.

Atentamente,

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: jaimeantonio0662@gmail.com; HYPERLINK "mailto:sectradmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co" sectradmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co;, HYPERLINK "mailto:sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co" sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co, HYPERLINK "mailto:notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co" notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co, HYPERLINK "mailto:tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co" tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, adm04nei@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Anexo 4, solicitud de tutela.
Anexo 4, solicitud de tutela.
Ver, providencias del: (i) 16 de julio de 2021, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2021-02394-00; (ii) 12 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2019-04236-00 y, (iii) sentencia de tutela del 30 de octubre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2019-02420-01.
Corte Constitucional. Sentencia T-339 de 2015 y T-429 de 1994.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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