Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-04256-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-04256-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-04256-00
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate (e)
5 de agosto de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACTOS DE CARÁCTER SANCIONATORIO / DESTITUCIÓN E INHABILIDAD DE SERVIDOR DE LA POLICÍA NACIONAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL - No configuración
¿Vulneró el Tribunal Administrativo de Boyacá los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad de la parte actora, por presuntamente incurrir en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento de precedente al proferir la providencia del 8 de junio de 2021, mediante la cual se revocó la decisión de primera instancia, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, para en su lugar negar las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuesto en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, al considerar que el accionante actuó con dolo? (…) La parte accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad con ocasión de la providencia del 8 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual revocó la decisión del a quo en el sentido de negar las pretensiones de la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En síntesis, los reproches formulados por el accionante giran en torno a que se incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria y falta de análisis de las mismas, defecto sustantivo al darle un alcance diferente a las normas aplicables al caso y desconocimiento del precedente judicial relacionado con el dolo y la culpa en el ámbito disciplinario. (…) Para la Sala si bien se logró evidenciar que dichos medios probatorios fueron allegados al proceso de forma legal y oportuna, no queda claro del razonamiento realizado por el accionante el porqué dichos medios probatorios son relevantes para la decisión. (…) Para esta Sala de Decisión es evidente que el Tribunal Administrativo de Boyacá realizó un análisis de la conducta disciplinable respecto de los tres ejes fundamentales para establecerla, a saber, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. (…) Así pues, de la lectura de los apartes citados se logra evidenciar que el tribunal realizó un análisis íntegro de las circunstancias de hecho y de derecho acordes al caso, y que adicionalmente concuerdan con la estructura para estudiar la conducta establecida en la sentencia que a juicio del accionante se desconoció por la autoridad accionada. De acuerdo con lo anterior se observa que el tribunal estableció jurídicamente que el nivel de culpabilidad doloso, esto es el conocimiento de la ilicitud y voluntad, era el aplicable al actor, toda vez que este tenía pleno conocimiento de que no podía ausentarse del área de jurisdicción del cuadrante, y que, además, aún sabiendo que se iban a desplazar fuera de la zona de actividad junto con su compañero ninguno de los dos reportó, o solicitó autorización para hacerlo. Adicionalmente hay que manifestar, que el tribunal accionado no desconoció, ni vulneró los derechos invocados por el extremo accionante, realizó una descripción detallada de las pruebas, que llevaron a establecer la conducta desplegada por el accionante, y finalmente la decisión fue integrada con los parámetros establecidos por la jurisprudencia, independientemente de que esta última no hubiera sido citada en el fallo objeto de controversia. (…) Concluye la Sala que se debe negar el amparo de los derechos fundamentales deprecados por el accionante, toda vez que no se configuró ninguno de los defectos planteados.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)
Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04256-00(AC)
Actor: JOHN NEY AYALA PÉREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la solicitud de amparo constitucional presentada por el señor John Ney Ayala Pérez contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado el 6 de julio del 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor John Ney Ayala Pérez, actuando a través de apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 8 de junio de 2021, que revocó la decisión de primera instancia del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, para en su lugar negar las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuesto en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, dentro del expediente con radicación No. 15001-33-33-005-2018-00201-01.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
“PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales tales como; DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, IGUALDAD, PREVALENCIA DE LA NORMA SUSTANCIAL SOBRE LA PROCEDIMENTAL y los demás que su Honorable despacho considere amparar de acuerdo a las facultades ultra y extra petita que goza un Juez constitucional y de tutela según Sentencia T- 104 veintitrés (23) de marzo del dos mil dieciocho (2018) La Honorable Corte Constitucional.
SEGUNDA: REVOCAR sentencia de segundo grado proferida el día ocho (8) de junio del dos mil veintiuno (2021) por la sala de decisión número cuatro (4) del Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del proceso MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO expediente:15001-33-33-005-2018-00201-01 por desconocer los principios de la apreciación probatoria máximas de la experiencia y la sana crítica y unidad probatoria.
TERCERA: ORDENARLE al Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá que el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la decisión se sirva dictar una nueva sentencia conforme a derecho de acuerdo a la parte considerativa adoptada por ustedes Honorables Magistrados.
CUARTA: CESAR la vulneración de los derechos fundamentales tales como; DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA JUSTICIA E IGUALDAD y los demás que su despacho considere atendiendo a las facultades ultra y extra petita que goza un Juez de tutela.
QUINTA: EXHORTAR a la Institución Policía Nacional a que cuando se realice un traslado de manera intempestiva por la necesidad del servicio al personal uniformado “nuevo en el sector” el deber de sus superiores de darle una inducción o explicación de que barrios están compuestos el cuadrante al cual fue asignado con el fin de evitar posibles faltas de tipo disciplinario.” (Sic en toda la cita)
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El señor John Ney Ayala Pérez en calidad de patrullero de la Policía Nacional, fue objeto de investigación disciplinaria llevada a cabo por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía Metropolitana de Tunja por “ausentarse de su lugar de facción o sitio donde preste su servicio sin permiso o causa justificada”, hechos ocurridos el 9 de marzo de 2017.
5. El 11 de mayo de 2018 la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía Metropolitana de Tunja resolvió, mediante sentencia de segunda instancia, sancionar al señor John Ney Ayala Pérez con destitución e inhabilidad por diez (10) años para ocupar cargos públicos, calificando la conducta investigada a título de dolo.
6. El 5 de septiembre de 2018, el señor Ayala Pérez interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento contra los actos sancionatorios, vinculando como demandada a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional; proceso que fue resuelto por el Juez Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, que accedió parcialmente a las pretensiones mediante sentencia de 23 de agosto de 2019, en la cual dispuso:
“(…) Aun cuando este juicio de nulidad y restablecimiento del derecho no constituye una tercera instancia del proceso disciplinario, en tanto que su objeto se contrae al control de legalidad de los actos administrativos acusados, para tal fin, y de cara a los argumentos que soportan los cargos de nulidad invocados, el Despacho considera importante destacar que no advierte que la valoración probatoria efectuada por los funcionarios que conocieron en primera y segunda instancia del proceso disciplinario adelantado contra el Patrullero JOHN NEY AYALA PEREZ (sic) hubiese sido sesgada de tal modo que solamente tuvieran en cuenta las pruebas que lo inculpan. Por el contrario, los actos administrativos enjuiciados hacen un sensato análisis de la totalidad del material probatorio recaudado e identifican con acierto las premisas fácticas que cada medio probatorio logró demostrar y desvirtuar, señalando que durante la investigación se notificó al accionante, con el fin de que controvirtiera lo señalado por sus superiores sin que existiera prueba que desvirtuara su presencia fuera del lugar de servicio.
(…)
Conforme a lo extractado en los fallos disciplinarios en el caso del patrullero JOHN NEY AYALA PEREZ (sic), la autoridad partió del hecho que ausentarse sin permiso de sus superiores, como se tipifica la falta imputada al actor, implica el comportamiento doloso del agente, es decir, el dolo lo manejan desde el punto de vista objetivo, presumiendo la mala fe del investigado, cuando en los actos acusados se sustenta la voluntad del actor para incurrir en la falta, en el hecho que omitió pedir instrucciones al Centro Automático de Despacho o al Oficial de Vigilancia o al Comandante de Estación, resaltando que el dolo como elemento de la culpabilidad no puede producirse por vía de omisión, pues en este siempre tiene que haber una acción positiva del infractor que conduzca a la comisión de la falta. En consecuencia, la autoridad disciplinaria dejó de lado la voluntad del agente en la comisión de la falta, la cual no se encuentra probada dentro de la actuación administrativa, por el contrario, sólo aparece demostrado el elemento cognitivo del dolo, pues el actor conocía que el ausentarse de su sitio de trabajo es falta disciplinaria, por cuando su formación policial le enseña ese aspecto de la falta, el elemento volitivo del mismo no aparece probado, por cuanto el actor era la primera vez que prestaba vigilancia en el cuadrante, por consiguiente no conocía los límites del mismo, por lo que se apoyó en el titular del cuadrante y actuó bajo el convencimiento de estar ejerciendo su deber dentro de los límites territoriales asignados, lo que evidencia que su conducta está lejos de ser dolosa.
Retomando lo anterior, como se dijo en materia disciplinaria deben acreditarse los dos elementos del dolo penal, el cognitivo y el volitivo, si no están lo suficientemente acreditados no se puede imputar la falta a este título. Entonces, al no existir voluntad del actor y acciones omisivas de éste, la culpabilidad necesariamente debe calificarse a título de culpa, ya sea gravísima o grave.
En este caso, los dos elementos del dolo no están acreditados, por consiguiente los actos demandados se encuentran viciados de nulidad parcial rompiendo en parte la presunción de legalidad que los cobijaba. Consecuencia del vicio aludido, se hace necesario ordenar el restablecimiento del derecho que corresponda al demandante, en la medida que para el Despacho sí incurrió en la falta que se le endilgó, pero no a título de dolo sino de culpa, por lo que prospera la pretensión de nulidad de forma parcial.”
7. Inconforme con la referida decisión, la parte accionada, a través de su apoderado judicial, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia de 8 de junio de 2021, el cual revocó la decisión de primera instancia y en consecuencia negó las pretensiones de la demanda, argumentando que:
“En el expediente no obra prueba de que el cuadrante No. 18 hubiera sido asignado para actividades de control en dicho lugar, por el contrario, el material probatorio indica que no estaban autorizados para hacer presencia en dicho establecimiento. Esto indica que el demandante y su compañero decidieron deliberadamente desplazarse al sitio, sin poner en conocimiento al Centro Automático de Despacho (CAD) o a la central de radio o solicitar su autorización como era su deber, situación que se hace más gravosa teniendo en cuenta que no fueron a realizar ninguna actividad de policía, pasando por alto las instrucciones dadas por el Comandante de Estación y el Comandante de servicio el mismo día de los hechos, en cuanto el personal debía reportar las actividades de policía a la central de radio, con la prohibición clara de que ningún cuadrante estaba autorizado para evadirse de la jurisdicción asignada.
Bajo ese contexto, resulta evidente que el comportamiento del demandante fue deliberado, originándose así el dolo disciplinario, por lo que a todas luces la falta desplegada por el actor, tal como lo consideró en los fallos disciplinarios, debe ser calificada como gravísima a título de dolo, en los términos del numeral 27 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, a cuyo tenor constituye falta gravísima: “Ausentarse del lugar de facción o sitio donde preste su servicio sin permiso o causa justificada”.
De conformidad con lo anterior, al demandante le es aplicable la sanción consagrada en el numeral primero del artículo 39 de la misma codificación en los siguientes términos:
“Artículo 39. CLASES DE SANCIONES Y SUS LÍMITES. Para el personal uniformado escalonado, se aplicarán las siguientes sanciones:
Para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima Destitución (sic) e Inhabilidad (sic) General (sic) por un término entre diez (10) y veinte (20) años.”
Ahora bien, la Sala comparte la graduación de la sanción impuesta en el proceso disciplinario, teniendo en cuenta que en el extracto de la hoja de vida del agente de policía se registraron 17 felicitaciones por su servicio y 3 condecoraciones, según los parámetros señalados en el artículo 40 de la Ley 1015 de 2006, por lo que se considera acertada la decisión de destitución e inhabilidad general por el termino (sic) de 10 años.
En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.”
1.4. Fundamentos de la solicitud
8. La parte actora aseguró que el Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, pues consideró que, al proferir la decisión del 8 de junio de 2021, incurrió en “vía de hecho” por defecto fáctico por indebida valoración probatoria y falta de análisis de las mismas, defecto sustantivo al darle un alcance diferente a las normas aplicables al caso y desconocimiento del precedente judicial relacionado con el dolo y la culpa en el ámbito disciplinario.
9. Respecto al defecto fáctico, el accionante adujo que la autoridad judicial accionada violó el principio rector de “unidad probatoria y libertad probatoria” al tomar la decisión cuestionada únicamente con el testimonio aportado por el subteniente Wilman López Mesa, sin analizar las demás pruebas obrantes en el proceso disciplinario tales como lo son el libro de minuta enviado por el capitán Oscar Alejandro Poveda, los testimonios del señor Yeison Manuel Jiménez Malaver y Jhonatan Leonardo Arévalo Velasco y el oficio suscrito por el mayor Neider Darío Zapata Parra, pruebas que demuestran que el señor Ayala Pérez no actuó con dolo y de las cuales se concluye que:
“I.) Se demostró que el patrullero AYALA PEREZ (sic) era la primera vez que lo habían visto en este lugar y además no ingreso al sitio conocido con el nombre Bar Texas siempre permaneció en la parte externa y quien ingreso al mismo fue su compañero ROA PINTO “Pág. 62 y 75” II) Estando probado no lo dio probado que los sectores conocidos como Bar Texas y la Frontera indica que no compete a ningún cuadrante y que queda a las afueras y que estos queda retirados de la jurisdicción y que para ir allá tiene que ir acompañado de dos (2) o tres (3) cuadrantes si es necesario donde iban los cuadrantes 16,17 y 18 y en ocasiones el 21. “Pág. 64” III) Está plenamente probado que los cuadrantes que deben estar pendientes del Bar Texas 16,17,18 y en ocasiones el 21 y que esas órdenes se daban en la formación debido a las riñas que se presentaban y un homicidio que había ocurrido y que en algunas oportunidades se pide apoyo y que en ocasiones se reporta o no porque a veces esta congestionada la línea “Pág. 75”. IV) Estando demostrado no lo dio por probado que el PT AYALA PREZ (sic) NO conocía la jurisdicción y la zona asignada es decir el cuadrante (18) ya que para el día de los hechos él se encontraba asignado al cuadrante número tres (3) y por la necesidad del servicio lo asignaron al cuadrante dieciocho (18) por motivo de reemplazo de una patrullera de nombre LUZ MARY con ocasión al estímulo del día de la mujer y ese mismo día lo pone a prestar el cuarto primer turno con el patrullero ROA PINTO “ Paginas 64,75 y 76” V) Dio probado sin estarlo que al PT AYALA PEREZ (sic) que se le había explicado que barrios conformaban el cuadrante 18 al cual fue asignado VI) Que el señor AYALA PEREZ (sic) tiene una hoja de vida intachable con diecisiete (17) felicitaciones y tres (03) condecoraciones “pagina 84” “ver paginas o folios 62,64,65,66,75,76 y 84 del fallo de primera instancia de la Oficina de Control Interno Disciplinario.”
10. En tal sentido, concluyó que se presentó un defecto fáctico por indebida valoración probatoria en virtud de la falta de análisis de las pruebas, valoración arbitraria, caprichosa y sin razón por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá que dio por probados hechos, sin tener en cuenta lo que realmente emerge del acervo probatorio, esto es que:
El señor Ayala Pérez fue trasladado, del cuadrante 3 al 18, el 8 de marzo de 2017 con el fin de cubrir un espacio dejado por una compañera por estímulo de la celebración del día de la mujer;
Que solo llevaba unas horas asignado al cuadrante 18 sin que el superior le diera instrucción respecto de qué barrios conformaban el cuadrante y;
Que el accionante siempre actuó de buena fe en sus labores, sin existir dolo en la realización de la conducta disciplinaria.
11. En cuanto al defecto sustantivo manifestó que hubo una indebida interpretación de la falta establecida en el numeral 27 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 “Código Disciplinario de la Fuerza Pública” que reza:
“ARTÍCULO 34. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes:
(…)27. Ausentarse del lugar de facción o sitio donde preste su servicio sin permiso o causa justificada.”
12. Argumentó que de la lectura del numeral mencionado, se concluye que para que opere dicha falta, debe establecerse que se actuó sin permiso o causa justificada, para lo cual, indicó que del acervo probatorio, de conformidad con el testimonio del patrullero Jhonatan Leonardo Arévalo Velasco y de la versión libre presentada por el accionante, en la formación a los policías se les impartía la orden de realizar controles a los sectores del Bar Texas y la Frontera, denotando que sí había un permiso dado a los uniformados respecto de los controles que debían realizarse en el lugar de los hechos objeto de investigación.
13. Por otra parte, respecto de la “causa justificada”, la parte accionante aduce que tenía más de una causa para no conocer el sitio y por ende salirse de su jurisdicción, por haber sido trasladado el mismo día del suceso que originó la investigación disciplinaria, que el patrullero Roa Pinto era el conductor de la motocicleta asignada a esta patrulla y que no aparece probado que el subteniente William Mesa le haya dado la inducción o explicación de qué barrios conformaban el cuadrante 18.
14. Igualmente precisó que los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá interpretaron mal el concepto de dolo, toda vez que aunque la Ley 734 de 2002 no lo define, de conformidad con el artículo 21 ibídem, debe remitirse a la definición establecida en el artículo 22 del Código Penal Ley 599 de 2000, en tal sentido, para que opere dicho título de imputación, la conducta desplegada por el agente debe ser conocida por este y que igualmente quiera su realización, sin embargo, para el caso sub examine no se configuró.
15. En tal sentido, en la configuración del dolo deben confluir dos elementos, el cognoscitivo y el volitivo, esto es, conocer la falta como primera medida y, querer hacerla, circunstancias que no fueron debidamente valoradas y probadas al interior del procedimiento disciplinario, empero, resultó condenado, denotando una calificación desproporcionada de la sanción, hechos que sí fueron valorados por la magistrada Beatriz Teresa Galvis Bustos quien salvó el voto en la decisión cuestionada, resaltando la falta del elemento volitivo.
16. Respecto al desconocimiento del precedente, adujo que no se tuvo en cuenta la decisión de 31 de enero de 2018 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado con radicación No. 17001-23-33-000-2014-00032-01(16302015), la cual precisó cuáles son los elementos que deben existir para declarar la responsabilidad disciplinaria: i) tipicidad; ii) antijuridicidad y; iii) culpabilidad. Todos estos desconocidos de manera frontal en la sentencia objeto de la presente acción constitucional.
1.5. Trámite de la acción de tutela
17. Mediante auto del 9 de julio de 2021, la magistrada que funge como ponente admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación a la parte actora, así como a los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá, en calidad de autoridad judicial accionada.
18. Así mismo, vinculó en calidad de terceros con interés al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, en su condición de juez de primera instancia del proceso ordinario; y a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, quien fungió como parte demandada en el contencioso objeto de la presente acción constitucional.
1.6. Intervenciones
19. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Boyacá
20. Con escrito enviado por correo electrónico el 16 de julio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la magistrada ponente de la decisión controvertida mediante la presente acción constitucional indicó que el fundamento de la sentencia fueron los elementos cognitivo y volitivo del dolo en la conducta desplegada por el actor, toda vez que se encontró demostrado que el disciplinado tenía pleno conocimiento de que ausentarse de su sitio de trabajo, sin ser previamente autorizado, constituía una falta disciplinaria sancionable, enmarcada como conducta típica en el numeral 27 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006.
21. En tal sentido, las razones que soportaron la decisión se fundamentan en el material probatorio obrante en el proceso, el ordenamiento jurídico aplicable, específicamente en las Leyes 1056 de 1953 y 734 de 2002.
22. Por tanto, concluyó que la decisión reprochada no incurrió en los defectos atribuidos por el accionante, ya que esta fue fruto del análisis juicioso de los hechos probados a la luz de las normas y la jurisprudencia que regula la materia, en un juicio hermenéutico que respetó las garantías procesales y el debido proceso, motivo por el cual solicitó se niegue la solicitud de amparo.
1.6.2. Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
23. Mediante escrito allegado el 22 de julio de 2021, el jefe del Área Jurídica manifestó que del escrito de tutela se puede apreciar la inexistencia del defecto sustantivo invocado por el accionante, toda vez que la sala de decisión del Tribunal accionado fundamentó su decisión en la debida aplicación e interpretación del numeral 27 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, lo anterior por cuanto el señor Ayala Pérez conocía su competencia y estaba obligado a reportar las actividades a la central de radio, sin que pudiera evadirse de su jurisdicción.
24. Por tal motivo, indicó que no es dable que el accionante en su escrito de tutela argumente que hubo falencias en el trámite disciplinario, ya que contó con los términos y etapas procesales para debatir y allegar las pruebas requeridas en su debido momento, para demostrar que la conducta por la cual se le investigó era un supuesto de hecho.
25. En cuanto al análisis probatorio, indicó que el tribunal valoró cada una de las pruebas documentales aportadas al expediente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, asignándole una carga valorativa a cada una de ellas.
26. Manifestó que “la sanción disciplinaria es la consecuencia jurídica derivada cuando el servidor público vulnera el deber funcional, en virtud de las relaciones especiales de sujeción está obligado a cumplir; la cual se impone después de haber agotado unas etapas procesales (investigación y juzgamiento) culminando con un fallo de responsabilidad disciplinaria, el cual debe estar debidamente motivado y soportado sobre pruebas que conduzcan a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinado; igualmente debe estar sometido a los límites constitucionales como son: los principios de razonabilidad, proporcionalidad, la proscripción de la responsabilidad objetiva y de justicia, es así como la sanción disciplinaria cumple una función preventiva, correctiva y de garantía de la buena marcha de la Institución y de la función pública.”
27. Finalmente solicitó sea declarada la improcedencia de la presente acción constitucional, por cuanto no se evidencia la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable o una amenaza inminente e injustificada que amerite la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio.
1.6.3. Si bien el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Tunja fue notificado de la presente acción en debida forma, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
28. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor John Ney Ayala Pérez contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
29. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
30. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991, en los artículos 1°, 10º, 46 y 49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y los personeros municipales.
31. Desde la expedición por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-416 de 1997, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.
32. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.
33. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, la Corte Constitucional indicó que la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
34. En la sentencia T-435 de 2016, el Alto Tribunal Constitucional estableció las condiciones que deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de las cuales hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó reiterado en la sentencia SU-454 de 2016, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.
35. De esa manera, la Corte Constitucional en la sentencia T-697 de 2006, indicó que, de conformidad con su jurisprudencia y lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, se tiene que “un primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela es la exigencia de que quien solicite el amparo, se encuentre “legitimado en la causa” para presentar la solicitud de protección de sus derechos fundamentales. La legitimación “por activa” exige que el derecho cuya protección se invoca, sea un derecho fundamental radicado en cabeza del demandante y no, en principio, de otra persona”.
36. En relación con el caso de la agencia oficiosa, la Corte Constitucional ha establecido que, “Cuando la acción de tutela es interpuesta por intermedio de agente oficioso, la jurisprudencia constitucional ha señalado los siguientes elementos normativos: (i) el agente oficioso debe manifestar que está actuando como tal; (ii) del escrito de tutela se debe poder inferir que el titular del derecho está imposibilitado para ejercer la acción de tutela, ya sea por circunstancias físicas o mentales; (iii) la informalidad de la agencia, pues esta no implica que deba existir una relación formal entre el agente y los agenciados; (iv) la ratificación de lo actuado dentro del proceso.”
37. Finalmente, es importante recordar que, la mencionada Corte, en la Sentencia de Unificación SU-173 de 2015, estableció que, “La legitimación en la causa es un presupuesto procesal exigido en la acción de tutela, debido a que los derechos fundamentales son inherentes a las personas y, además, son intransferibles, aun tratándose de personas jurídicas o entidades territoriales (…) La legitimación para ejercitar la acción de tutela a favor de terceros es excepcional y por lo mismo sólo puede intentarse cuando el interesado demuestre que se ven afectados sus derechos fundamentales y que se halle imposibilitado para deprecar por sí mismo el amparo constitucional; así los interesados son aquellas personas a quienes la decisión afecte directamente en sus derechos fundamentales, esto es, las partes del litigio.”
38. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el señor John Ney Ayala Pérez es el titular de los derechos fundamentales que reclama, en consideración a que fue parte demandante en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho mediante el cual se dictó la providencia censurada.
39. En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.
40. En relación con la autoridad judicial, se advierte que la demanda se dirigió contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, que profirió la decisión que, a juicio de la parte actora, vulneró sus derechos fundamentales, por lo que se encuentra legitimado por pasiva.
2.3. Problema jurídico
41. De conformidad al examen de la situación fáctica expuesta por la parte actora, del material probatorio recaudado, de las causales de procedibilidad de la acción de tutela invocadas y del informe presentado por la autoridad judicial accionada, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:
¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?
42. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:
¿Vulneró el Tribunal Administrativo de Boyacá los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad de la parte actora, por presuntamente incurrir en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento de precedente al proferir la providencia del 8 de junio de 2021, mediante la cual se revocó la decisión de primera instancia, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, para en su lugar negar las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuesto en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, al considerar que el accionante actuó con dolo?
43. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y de encontrarse superados; (iii) las generalidades de los defectos alegados; y iv) el análisis del caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema y declaró su procedencia.
45. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
46. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
47. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
48. En el sub judice se advierte que en lo que se refiere a la declaratoria de nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se sancionó al accionante, el asunto es de relevancia constitucional, por cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la providencia del 8 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá pues, en su sentir, incurrió en el defecto fáctico por indebida valoración probatoria y falta de análisis de las mismas, defecto sustantivo al darle un alcance diferente a las normas aplicables al caso y desconocimiento del precedente judicial relacionado con el dolo y la culpa en el ámbito disciplinario.
49. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues en efecto, el accionante considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, con ocasión de la providencia que revocó la decisión de primera instancia, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, para en su lugar negar las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
50. En ese sentido, los argumentos que a juicio del tutelante eran irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, concretamente a la interpretación y alcance al título de imputación respecto al dolo, ya que a su criterio la conducta objeto de sanción disciplinaria fue desplegada a título de culpa, situación que modificaría sustancialmente la sanción y efectos del proceso disciplinario.
51. Así las cosas, es evidente la tensión alegada por la parte actora frente a la razonabilidad de la decisión pues, en su criterio, el Tribunal Administrativo de Boyacá limitó con su actuar el acceso a la justicia y violó su derecho fundamental al debido proceso y a la igualdad.
52. Teniendo en cuenta lo anterior, las garantías constitucionales mencionadas que subyacen en el sub lite, por ser aquellas cuya protección pretende el accionante, tienen rango constitucional al tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta, lo que implica que la misma trascienda el ámbito meramente legal.
53. En virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando prima facie resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza a los derechos fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal administrativo o judicial establecido por la ley para su protección.
54. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades públicas.
2.5.2. Tutela contra tutela
55. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza, pues, la providencia judicial demandada fue proferida en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el señor John Ney Ayala Pérez contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.
2.5.3. Inmediatez
56. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos con ocasión de la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá del 8 de junio de 2021, la cual fue notificada por correo electrónico el 10 del mismo mes y año, y la acción de tutela se presentó el 6 de julio de 2021, de tal manera que sin necesidad de establecer la fecha de ejecutoria, para la Sala es un término razonable para el uso del mecanismo de amparo constitucional.
57. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
2.5.4. Subsidiariedad
58. En consideración al requisito de subsidiariedad, por tratarse de una providencia que resolvió el recurso de apelación que interpuso la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, contra la decisión proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Tunja el 23 de agosto de 2019, en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N° 15001-33-33-005-2018-00201-01 es evidente el agotamiento de los recursos ordinarios.
59. Así mismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia, comoquiera que las inconformidades señaladas por la parte actora no se adecúan a las causales establecidas en los artículos 250 y 258 de la Ley 1437 de 2011.
60. Superados todos los requisitos de procedibilidad adjetiva, la Sala abordará de fondo el amparo solicitado, no sin antes resaltar el carácter excepcional de la acción de tutela, la cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en las decisiones judiciales.
2.6. Generalidades de los defectos alegados
2.6.1. Defecto sustantivo
61. La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.
62. Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos:
63. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
No se hace una interpretación razonable de la norma.
La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.
La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.
Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
64. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente.
2.6.2. Defecto fáctico
65. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 2015 precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión:
66. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento
Características
Omisión de decreto y práctica de pruebas indispensables para fallar el asunto
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere:
Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era conducente, pertinente o idónea.
Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere que, de forma específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
Así las cosas, se configura siempre que:
Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el juez.
Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso
Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo.
Valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
Se requiere entonces que:
La parte precise cual o cuales de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez.
La razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.
Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde señalar:
Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con violación al artículo 29 constitucional.
Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento de la decisión.
67. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
68. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.
69. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba.
2.6.3. Desconocimiento del precedente
70. La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.
71. Sin embargo, resulta necesario advertir que “…debe aceptarse que no todas las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes generan una regla o subregla, pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una actividad creadora del juez”.
2.7. Caso concreto
72. La parte accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad con ocasión de la providencia del 8 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual revocó la decisión del a quo en el sentido de negar las pretensiones de la demanda presentada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
73. En síntesis, los reproches formulados por el accionante giran en torno a que se incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria y falta de análisis de las mismas, defecto sustantivo al darle un alcance diferente a las normas aplicables al caso y desconocimiento del precedente judicial relacionado con el dolo y la culpa en el ámbito disciplinario.
74. Adujo que la autoridad judicial accionada tomó su decisión únicamente con respaldo en el testimonio rendido por el subteniente Wilman López Mesa, sin analizar pruebas como el libro de minuta enviado por el capitán Oscar Alejandro Poveda, los testimonios del señor Yeison Manuel Jiménez Malaver y Jhonatan Leonardo Arévalo Velasco y el oficio suscrito por el mayor Neider Darío Zapata Parra.
75. Para la Sala si bien se logró evidenciar que dichos medios probatorios fueron allegados al proceso de forma legal y oportuna, no queda claro del razonamiento realizado por el accionante el porqué dichos medios probatorios son relevantes para la decisión, como pasará a explicarse.
76. Respecto de la minuta de vigilancia enviada por el capitán Oscar Alejandro Poveda mediante el oficio de 10 de marzo de 2017, se logra evidenciar que el accionante fue asignado al cuadrante 18 el mismo día de los hechos, situación que quedó plenamente probada por el tribunal, el cual indicó:
“El 8 de marzo de 2017 fue trasladado al cuadrante No. 18 cuyo titular era el patrullero Yeferson Samuel Ria Pinto, para cubrir una compañera que estaba de permiso por ser el día de la mujer. Este cuadrante vigila otros barrios de la misma ciudad. El titular de la zona llevaba 8 meses en el cargo, por lo que conocía muy bien el sector.”
77. Por otra parte el accionante en el escrito de tutela indicó que del testimonio rendido por el señor Yeison Manuel Jiménez Malaver, se puede corroborar que el no ingresó al Bar Texas, lugar de ocurrencia de los hechos investigados en el proceso disciplinario, pero tampoco resulta evidente para esta Sala de Decisión, porqué dicho testimonio tendría influencia alguna respecto de la decisión objeto de la presente controversia, cuando de la lectura del fallo se logra extraer que en el numeral 53 el tribunal lo da como hecho probado al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
78. Ahora bien, respecto del testimonio rendido por el patrullero Jhonatan Leonardo Arévalo Velasco y el oficio suscrito por el mayor Neider Darío Zapata Parra, el actor manifiesta que son preponderantes para establecer el desconocimiento por parte del actor, como eximente de responsabilidad, de que el lugar de los hechos no correspondía a la jurisdicción del cuadrante al que fue asignado el día 9 de marzo de 2017, empero, se debe precisar que al igual que con los anteriores medios probatorios referenciados, el tribunal estableció dichos hechos como probados al interior del fallo atacado, específicamente en el numeral 51 de la decisión, razón por la cual no resulta plausible determinar la ocurrencia del defecto fáctico planteado por el accionante.
79. El extremo accionante consecuentemente señaló que hubo una indebida interpretación de la falta establecida en el numeral 27 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 “Código Disciplinario de la Fuerza Pública”, toda vez que para que dicha falta opere, debe establecerse que se actuó sin permiso o causa justificada, hecho que, a su juicio, está demostrado por la falta de conocimiento del cuadrante en el que prestó su servicio y las órdenes impartidas en las formaciones al personal policial, donde se les indicaba que debían realizar controles en el Bar Texas y el sector la Frontera.
80. En tal sentido, el tribunal indicó que del estudio del fallo sancionatorio proferido al interior del proceso disciplinario, se constató que los agentes tienen la obligación de realizar “reporte de la actividad de Policía a la central de radios” y que “no existe reporte por parte de la patrulla del cuadrante 18 que permita determinar la actividad que se iba a realiza (sic) allí o que por el contrario el centro automático de despacho le hubiera enviado un caso de Policía menos aún que algún cuadrante encargado de dicho cierre de establecimiento en el bar Texas hubiera requerido su apoyo”. Así pues, tal y como lo planteó el tribunal:
“(…) se puede concluir que para la fecha de los hechos la vigilancia del lugar denominado Bar Texas se encontraba en la jurisdicción del cuadrante No. 16, razón por la cual no se justificaba la presencia del cuadrante No. 18, que integraba el demandante, máxime si se tiene en cuenta que no estaba autorizado para realizar el desplazamiento por el Oficial de Vigilancia, no se estaba adelantando ningún procedimiento oficial, ni tampoco se demostró que hubiera mediado solicitud de apoyo de otra patrulla.”
81. Por tal razón, la interpretación al numeral 27 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 por parte del tribunal, se da con relación a un análisis sistemático de los hechos, junto con la norma en comento, dando validez a la decisión tomada al interior del proceso disciplinario demandada a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
82. Igualmente el accionante indicó que los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá realizaron una errada interpretación del concepto de dolo, toda vez que aunque la Ley 734 de 2002 no lo define, de conformidad con el artículo 21 ibídem, debe remitirse a la definición establecida en el artículo 22 del Código Penal Ley 599 de 2000, en tal sentido, para que opere dicho título de imputación, la conducta desplegada por el agente debe ser conocida por este y que igualmente quiera su realización, para lo cual deben confluir los elementos cognoscitivo y el volitivo, esto es, conocer la falta como primera medida y, querer hacerla, circunstancias que no fueron debidamente valoradas y probadas al interior del procedimiento disciplinario.
83. Adicionalmente adujo que para que exista una declaración de responsabilidad disciplinaria se debe configurar la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, de conformidad con lo establecido en la sentencia con radicación No. 17001-23-33-000-2014-00032-01(16302015) proferida el 31 de enero de 2018 por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la cual se dispuso:
“(…)
(i) El marco jurídico de la culpabilidad en materia disciplinaria.
En materia disciplinaria la responsabilidad implica el análisis de la conducta del sujeto disciplinable desde tres (3) diversos factores, a saber la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad, los cuales por el diseño y estructura del derecho disciplinario adquieren connotaciones especiales diferentes a los decantados por otras manifestaciones del ius puniendi del Estado.
Este último factor –la culpabilidad- está expresamente regulado en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, el cual dispone que en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa lo cual significa en términos de la jurisprudencia constitucional que “El titular de la acción disciplinaria no solamente debe demostrar la adecuación típica y la antijuridicidad de la conducta, pues ésta debe afectar o poner en peligro los fines y las funciones del Estado, sino también le corresponde probar la culpabilidad del sujeto pasivo manifestando razonadamente la modalidad de la culpa”, principio legal que deriva del mandato consagrado en el artículo 29 superior en virtud del cual “Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”.
Atendiendo a lo anterior, como se puede observar el artículo 13 de la Ley 734 de 2002 –antes trascrito-, no trae una descripción conceptual de la culpabilidad es decir no define que debe entenderse por tal sino que consagra una regla de prohibición –no puede haber responsabilidad objetiva- y los grados o niveles que la componen, esto es el dolo y la culpa.
El contenido de los grados de culpabilidad sancionables en materia disciplinaria –dolo y culpa-, puede establecerse, como lo ha definido previamente la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, para el dolo atendiendo al código penal -por remisión expresa del artículo 21 de la Ley 734 de 2002- y para la culpa de conformidad con el artículo 44 –parágrafo- de la Ley 734 de 2002 en el cual se definen los conceptos de culpa gravísima –ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento- y culpa grave -inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones-, tal y como se describe en el siguiente cuadro:
CULPABILIDAD EN MATERIA DISCIPLINARIA
FORMA DE CULPABILIDAD
DESCRIPCIÓN
SUSTENTO JURÍDICO
1
Dolo
Conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción y querer su realización. (Conocimiento y voluntad).
Artículo 22 de la Ley 599 de 2000 – código penal-.
2
Culpa gravísima
Ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.
Ley 734 de 2002, articulo 44, parágrafo.
3
Culpa grave
Inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.
Ley 734 de 2002, articulo 44, parágrafo.
En ese orden, es en el análisis de la culpabilidad donde se valora el aspecto subjetivo de la conducta, por lo tanto atendiendo a lo anterior y al contenido del artículo 13 de la Ley 734 de 2002 –antes transcrito-, es este factor el que determina si en un caso concreto se aplicó o no responsabilidad objetiva y para el cual en nada influye o tiene importancia a efectos de responsabilidad la causación o no de un daño.
Por esto, cuando en una decisión de la autoridad disciplinaria no existe referencia alguna a la valoración subjetiva de la conducta del sujeto disciplinable, en otras palabras cuando se estructura la responsabilidad sin un estudio por lo menos formal de la culpabilidad estamos ante una aplicación de responsabilidad objetiva prohibida por el artículo 13 de la Ley 734 de 2002 y, en ese miso orden, cuando a pesar del estudio formal de la culpabilidad de las pruebas del expediente se desprende que la conducta no fue cometida dentro de los grados de culpa descritos por la ley estamos ante la ausencia de culpabilidad en los términos del artículo 44 –parágrafo- de la Ley 734 de 2002. Lo anterior se resume en el siguiente esquema:
CONTENIDO DEL FACTOR “CULPABILIDAD” EN LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA. (Análisis desde el aspecto subjetivo de la conducta).
1
Análisis formal
Ley 734 de 2002, artículo 13. Debe constar en la decisión disciplinaria el análisis de lo subjetivo de la conducta so pena de incurrir en responsabilidad objetiva.
2
Análisis material
El análisis subjetivo de la conducta además debe permitir que esta se subsuma en las descripciones de culpa del artículo 44 –parágrafo- de la Ley 734 de 2002 y/o de dolo del condigo penal –con la salvedad realizada por la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado-, so pena de ausencia de culpabilidad.
84. Así pues, con el fin de establecer si se incurrió en desconocimiento del precedente citado, se hará un comparativo de la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, respecto de los parámetros establecidos por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
85. En tal sentido, el tribunal en la decisión objeto de la presente acción constitucional manifestó:
“60. En materia disciplinaria la responsabilidad implica el análisis de la conducta del sujeto disciplinable desde tres diversos factores, a saber: la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad.
61.- En el presente asunto, la actuación desplegada por el demandante, al dirigirse hacia el Bar Texas ubicado en el Kilómetro 1.5 de la Vía Tunja – Villa de Leyva sin contar con la autorización del Oficial de Vigilancia y ausentarse de su límite territorial dentro del cuadrante 18°, se enmarca dentro de la conducta tipificada en el numeral 27 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006.
62.- Así mismo la antijuridicidad que se predica en el sub lite tiene que ver con la afectación del deber funcional sin que medie ningún tipo de justificación. En otras palabras, representa el aspecto cognitivo y hace referencia al conocimiento de antijuridicidad de la conducta, es decir, sobre los hechos constitutivos de la infracción, lo que en efecto ocurrió, pues el agente investigado conocía las consecuencias de realizar un desplazamiento no autorizado por fuera de los límites de su jurisdicción, tal y como se verá al analizar el material probatorio.”
86. Para esta Sala de Decisión es evidente que el Tribunal Administrativo de Boyacá realizó un análisis de la conducta disciplinable respecto de los tres ejes fundamentales para establecerla, a saber, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Sin embargo, posteriormente realizó un análisis más minucioso respecto del último elemento, donde precisó:
“(… )en cuanto a la culpabilidad, materia de la alzada, el artículo 13 de la Ley 734 de 2002 dispone que en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa lo cual significa que “El titular de la acción disciplinaria no solamente debe demostrar la adecuación típica y la antijuridicidad de la conducta, pues ésta debe afectar o poner en peligro los fines y las funciones del Estado, sino también le corresponde probar la culpabilidad del sujeto pasivo manifestando razonadamente la modalidad de la culpa”, principio legal que deriva del mandato consagrado en el artículo 29 superior en virtud del cual toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable.
64.- Como se puede observar, el artículo 13 de la Ley 734 de 2002 no define la culpabilidad y sólo consagra una regla de prohibición sobre la responsabilidad objetiva, además de referirse a las modalidades de culpabilidad.
65.- En relación con el contenido de los grados de culpabilidad sancionables en materia disciplinaria, la Sala Plena del Consejo de Estado ha señalado que para el dolo debe acudirse al Código Penal, por remisión expresa del artículo 21 de la Ley 734 de 2002 y para la culpa al parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 en el cual se definen los conceptos de culpa gravísima y culpa grave, así:
66.- Artículo 22 de la Ley 599 de 2000: “La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización”.
67.- Parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002: “Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones”.
68.- En cuanto al dolo como modalidad de culpabilidad, debe analizarse los dos elementos que lo configuran a saber: el cognitivo y el volitivo. El aspecto cognitivo hace referencia al conocimiento de la antijuridicidad de la conducta, es decir, sobre los hechos constitutivos de la infracción, ya sea que ésta se materialice por acción u omisión. El elemento volitivo, por su parte, es la voluntad libre del agente para dirigir su comportamiento. (…)”
87. Finalmente, luego de hacer el recuento jurídico relativo a los grados de culpabilidad aplicables en el procedimiento disciplinario demandado, concluyó describiendo de qué manera se configuró el elemento cognitivo de la conducta desplegada por el accionante:
“(…) frente al elemento cognitivo del dolo, en el proceso quedó demostrado que el señor John Ney Ayala Pérez tenía pleno conocimiento de que el hecho de ausentarse de su sitio de trabajo, sin ser previamente autorizado, constituía una falta disciplinaria sancionable. Además no se demostró que el día de los hechos en el Bar Texas se hubiera adelantado una actividad policial o propia del servicio, pues, por el contrario, se presentaron situaciones ajenas al mismo, relacionados con el abuso sexual en contra de una menor de edad, protagonizados por el patrullero Yeison Manuel Jiménez Malaver, con quien se había trasladado el demandante.
70.- En este orden de ideas, no se entiende cómo el patrullero John Ney Ayala Pérez haya asumido una actitud pasiva frente a las razones que motivaron el desplazamiento a dicho lugar y se limitó a quedarse afuera del establecimiento en espera de su compañero, sin que mediara una justificación soportada en el servicio.”
88. En tal sentido, para esta Sala de Decisión la controversia no versa sobre el elemento cognitivo de la conducta, el cual claramente se encuentra probado, toda vez que, como agente de la Policía Nacional, el accionante debía tener conocimiento respecto de la manera en que debía proceder, y la consecuencia que le acarrearía ausentarse de su lugar de trabajo al estar fuera del margen de su jurisdicción.
89. Por tanto, se estudiará a continuación el elemento volitivo de la conducta desplegada por el agente y su estudio por parte de la autoridad accionada.
90. El Tribunal Administrativo de Boyacá indicó en la decisión del 8 de junio de 2021 que:
“(…) en lo que respecta al elemento volitivo considera la Sala que, contrario a lo manifestado por el juez de primera instancia, tal elemento también se encuentra probado en el sub lite por las siguientes razones:
72.- En primer lugar, es preciso traer a colación la declaración del Subintendente WILMAN LÓPEZ MEZA rendida en diligencia ante la autoridad disciplinaria de primera instancia, (…) el cual afirmó:
“(...) el cuadrante 16 es el encargado de supervisar que se haga el cierre del establecimiento en el horario, que es hasta las 00:00 horas, según lo estipulado en el Decreto 0247 de 26/09/2014 emanado de la alcaldía municipal de Tunja, (…) el cuadrante 16 se envía en compañía de otra patrulla con el fin de evitar que se presente alguna novedad contra los policías (...). La jurisdicción del cuadrante 18 solo tiene responsabilidad zona urbana y va hasta aproximadamente curva de muerto, barrio la fuente y a este cuadrante no le corresponde hacer presencia en el bar Texas. De igual manera si no hay servicio de vigilancia que presta el cuadrante 16, ellos estaban en el deber de informar a la central de radio de la actividad que se va a realizar ya que este bar al sitio del cuadrante queda ubicado aproximadamente a más de un kilómetro vía Tunja Villa de Leyva (...) el cuadrante 18 (…) No estaba autorizado, nunca me informaron como oficial de vigilancia el desplazamiento, ni me pidieron autorización y de igual manera no le informaron a la central de radio. (…) no se estaba presentando ningún caso de policía y no se estaba solicitando apoyo para realizar dicho desplazamiento”.
(…) Por otra parte, el patrullero Pablo Yamith Pedreros Castiblanco, quien declaró (…)que la persona que estaba obligada a reportar los casos de policía que correspondía a la jurisdicción del cuadrante 18 era el patrullero John Ayala Pérez.
De estas declaraciones se puede concluir que para la fecha de los hechos la vigilancia del lugar denominado Bar Texas se encontraba en la jurisdicción del cuadrante No. 16, razón por la cual no se justificaba la presencia del cuadrante No. 18, que integraba el demandante, máxime si se tiene en cuenta que no estaba autorizado para realizar el desplazamiento por el Oficial de Vigilancia, no se estaba adelantando ningún procedimiento oficial, ni tampoco se demostró que hubiera mediado solicitud de apoyo de otra patrulla.
(…) Lo anterior se corrobora con la copia de las minutas de vigilancia del 7 al 9 de marzo de 2017:
“(...) realizar patrullajes constantes por cada una de las jurisdicciones, reporte de las actividades de policía a la central de radios, atender de manera oportuna los casos de policía, incrementar las medidas de seguridad operacional, respeto por los derechos humanos, aplicar el SEA policía ningún cuadrante está autorizado para evadirse de la jurisdicción”.
76.- En dicha minuta se observa, además, que están consignados los nombres de todos los agentes de policía, entre ellos el del demandante y el de su compañero, el cuadrante asignado a cada uno de ellos y el turno correspondiente, razón por la que es evidente que toda la información señalada en la minuta era conocida por los policiales y en esa medida el señor Ayala Pérez conocía su competencia y estaba obligado a reportar las actividades de su jurisdicción a la central de radio, sin que pudiera evadirse de su jurisdicción.
(…)
78.- En el expediente no obra prueba de que el cuadrante No. 18 hubiera sido asignado para actividades de control en dicho lugar, por el contrario, el material probatorio indica que no estaban autorizados para hacer presencia en dicho establecimiento. Esto indica que el demandante y su compañero decidieron deliberadamente desplazarse al sitio, sin poner en conocimiento al Centro Automático de Despacho (CAD) o a la central de radio o solicitar su autorización como era su deber, situación que se hace más gravosa teniendo en cuenta que no fueron a realizar ninguna actividad de policía, pasando por alto las instrucciones. (…)”
91. Así pues, de la lectura de los apartes citados se logra evidenciar que el tribunal realizó un análisis íntegro de las circunstancias de hecho y de derecho acordes al caso, y que adicionalmente concuerdan con la estructura para estudiar la conducta establecida en la sentencia que a juicio del accionante se desconoció por la autoridad accionada.
92. De acuerdo con lo anterior se observa que el tribunal estableció jurídicamente que el nivel de culpabilidad doloso, esto es el conocimiento de la ilicitud y voluntad, era el aplicable al actor, toda vez que este tenía pleno conocimiento de que no podía ausentarse del área de jurisdicción del cuadrante, y que, además, aún sabiendo que se iban a desplazar fuera de la zona de actividad junto con su compañero ninguno de los dos reportó, o solicitó autorización para hacerlo.
93. Adicionalmente hay que manifestar, que el tribunal accionado no desconoció, ni vulneró los derechos invocados por el extremo accionante, realizó una descripción detallada de las pruebas, que llevaron a establecer la conducta desplegada por el accionante, y finalmente la decisión fue integrada con los parámetros establecidos por la jurisprudencia, independientemente de que esta última no hubiera sido citada en el fallo objeto de controversia.
2.8. Conclusión
94. Concluye la Sala que se debe negar el amparo de los derechos fundamentales deprecados por el accionante, toda vez que no se configuró ninguno de los defectos planteados.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad deprecados por el señor John Ney Ayala Pérez, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 1983 de 2017 y el Decreto 333 de 2021.
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/CONS_P91.HTM" \l "86" 86 de la Constitución Política”.
Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera Carbonell.
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511, 08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero López, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Corte Constitucional, Sentencia T-004 del 11 de enero de 2013. M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo
Corte Constitucional, Sentencia SU-173 del 16 de abril de 2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00. Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00. Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05025-00;
Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 23 de enero de 2020, Exp: 11001-03-15-000-2019-04664-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 30 de enero de 2020, exp: 11001-03-15-000-2019-04374-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 13 de febrero de 2020, exp: sentencia del 13 de febrero de 2020, exp: 11001-03-15-000-2020-00137-00, M.P. Rocío Araújo Oñate. Corte Constitucional, Sentencia SU-195, 12.03.12, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU.159, 06.03.02, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Sentencia T-043, 27.01.05, M.P.Marco Gerardo Monroy Cabra; Sentencia T-295, 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Sentencia T-657, 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; Sentencia T-686, 31.08.07, M.P. Jaime Córdoba Triviño; Sentencia T-743, 24.07.06, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Sentencia T-033, 01.02.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, Sentencia T-792, 01.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras. Corte Constitucional, Sentencia T-189, 03.03.05, M.P. Manuel José cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia T-205, 04.03.04, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Corte Constitucional, Sentencia T-800, 22.09.06, M.P. Jaime Araújo Rentería. Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia SU-159, 06.03.02, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencias T-051, 30.01.09, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101, 28.10.2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, Sentencia T-018, 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, Sentencia T-086, 08,02,07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia T-231, 13.04.94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
Corte Constitucional, Sentencia T-807, 26.08.04, M.P. Clara Inés Vargas
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 23 de enero de 2020, Exp: 11001-03-15-000-2019-04664-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 30 de enero de 2020, exp: 11001-03-15-000-2019-04374-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 13 de febrero de 2020, exp: sentencia del 13 de febrero de 2020, exp: 11001-03-15-000-2020-00137-00, M.P. Rocío Araújo Oñate. Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01. Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad: 11001-03-15-000-2013-02690-01
“ARTÍCULO 34. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes:
(…)27. Ausentarse del lugar de facción o sitio donde preste su servicio sin permiso o causa justificada.”
Artículo 4°; 23; 43 # 9; 184 # 1 C.D.U. Artículo 5° C.D.U. Artículo 13; 43 # 1; 44 parágrafo C.D.U. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. Magistrada Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia de 19 de febrero 2015. Expediente N°:11001-03-25-000-2012-00783-00. Demandante: Alfonso Ricaurte Riveros. En esta providencia la Subsección identificó y analizó los factores que determinan la responsabilidad explicando la forma como estos influyen en la determinación de la sanción así como las diferencias en relación con el derecho penal. Ibídem. Sentencia C-155 de 2002, Ma. Po. Clara Inés Vargas Hernández. Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado. Magistrada Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Auto de marzo de 2015, radicado 2014-03799-00. ACTOR: GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO.
En esta providencia la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado analizó el factor “culpabilidad” y estableció que el contenido de los conceptos culpa grave y culpa gravísima tienen contenido propio en el artículo 44, parágrafo de la Ley 734 de 2002 mientras que el concepto de dolo debe ser observado desde el artículo 22 del código penal.
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