Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-04262-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-04262-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-04262-00
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
19 de agosto de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / LEGITIMACIÓN POR PASIVA EN LA ACCIÓN DE TUTELA / MINISTERIO DEL INTERIOR / DESVINCULACIÓN DEL PROCESO – Petición negada / TERCERO CON INTERÉS LEGÍTIMO
Se tiene que el Ministerio del Interior solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional pues, a su juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva. No obstante, dicha petición será negada ya que su comparecencia al proceso se hizo en calidad de tercero, en atención al interés que le asiste en las resultas del presente trámite pues hizo parte del proceso que se cuestiona en sede de tutela.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN DEL ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO / FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA – No acreditado / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR DAÑOS CAUSADOS POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / OMISIÓN DEL DEBER - Omisión del deber funcional de brindar el apoyo necesario para materializar la orden judicial de desalojo / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
La parte accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al fundamentales al debido proceso, a la propiedad y al daño moral de la familia con ocasión de la sentencia del 23 de abril de 2021 por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, modificó la decisión del a quo, para en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda al considerar que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional – Policía Nacional era patrimonialmente responsable por los perjuicios causados con ocasión de la omisión del deber funcional de brindar apoyo necesario para materializar la orden judicial de desalojo del predio. (…) Se tiene entonces que, el tribunal accionado en su estudio sí analizó los elementos probatorios que la parte actora echa de menos, y del estudio de estos, en conjunto con las demás pruebas que obraron en el plenario, concluyó lo siguiente: i) los perjuicios materiales solicitados por el actor se limitaron a la destrucción de varias construcciones, enseres, cultivos y animales, pero no a la pérdida del inmueble en sí mismo; ii) no se observó la causación de un daño emergente ni de un lucro cesante pues no se demostró que para la fecha en que se configuró la omisión en la realización de la diligencia de desalojo, a saber el 1° de mayo de 2011, el actor estuviera explotando la finca, o que para ese momento aun existía la vivienda, las plantaciones y los bovinos a los que hizo menciones en la demanda; iii) ni del inventario físico aportado, ni el dictamen pericial ni las certificaciones de actividad agrícolas, ni los testimonios se probó cuáles eran los bienes que se encontraban en la hacienda “El Cimarrón” en el periodo de daño en comento, ni que se estuviera explotando tal inmueble, “en especial porque se había visto privado de su finca de manera previa por personas ajenas al proceso”. En este orden de ideas, el referido yerro será negado por esta Sala pues, tal y como se expuso la autoridad accionada sí valoró las pruebas en cuestión en debida forma. No obstante, concluyó que no había lugar reconocer perjuicios materiales ya que las pruebas en comento no demostraron la existencia de un daño emergente ni de un lucro cesante, debido a que se reitera, no se logró acreditar que para la fecha en que se causo el daño se estuviera explotando el predio o que se contara con bienes para esa época.
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA – Se ajusta a derecho / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – De los familiares del propietario / PRETENSIONES DE LA DEMANDA – Los perjuicios alegados por la omisión de desalojo no pueden extenderse a personas que no son propietarias ni habitantes del bien / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO – Les corresponde acreditar el supuesto de hecho de las normas cuyo efecto persiguen / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
Por otro lado, en cuanto al argumento que “no se debió declarar la falta de legitimación en la causa de los familiares” ello obedeció a que la autoridad judicial accionada consideró razonablemente que estas personas no estaban habilitadas para ser parte activa en el proceso ordinario, en tanto el petitum de la demanda se enmarcó en los menoscabos sufridos por la omisión en llevar a cabo la diligencia de desalojo de la finca “El Cimarrón” que no era de su propiedad, sino del señor [M.V.B.], sin que pueda entenderse que el daño les era extensible, puesto que no se probó que habitaran el lugar o que se hubieran visto perjudicados con tal situación. Lo anterior deviene razonable para esta Sala si se tiene en cuenta que el artículo 167 del Código General del Proceso establece que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. (…) El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, al proferir la sentencia del 23 de abril de 2021 no incurrió en el defecto fáctico alegado, y en consecuencia, no vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la propiedad y al daño moral de la familia toda vez que de conformidad con lo expuesto resulta razonable la decisión controvertida, mediante la cual se modificó la providencia de primera instancia, para en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda al considerar que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional – Policía Nacional era patrimonialmente responsable por los perjuicios morales ocasionados al señor [V.B.] con ocasión de la omisión del deber funcional de brindar apoyo necesario para materializar la orden judicial de desalojo del predio de su propiedad.
FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 167
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04262-00(AC)
Actor: MARIO VALLECILLA BORRERO Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – responsabilidad por falla en el servicio - defecto fáctico.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por el señor Mario Vallecilla Borrero y otros contra la sentencia del 22 de abril de 2021 proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, que modificó la decisión del a quo, para acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado por correo electrónico el 6 de julio de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Mario Vallecilla Borrero y otros, por medio de apoderado judicial, ejercieron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, con el fin de que le sean amparados los derechos fundamentales al debido proceso, a la propiedad y al daño moral de la familia.
2. Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías constitucionales con ocasión de la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada el 23 de abril de 2021, la cual modificó la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala Transitoria de 30 de octubre de 2017, en el curso del medio de control de reparación directa con radicado Nº 19001-33-31-000-2012-00159-01, instaurado por los accionantes contra el Departamento del Cauca, el municipio de Santander de Quilichao, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, Ejército Nacional, la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior.
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
“Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA – SUBSECCION A-, se tenga a la familia del doctor MARIO VALLECILLA BORRERO, (los hijos y la compañera permanente) como derechosos a los perjuicios morales, y al doctor VALLECILLA como derechoso no solo a los perjuicios morales, sino también a los perjuicios materiales demostrados en el proceso ampliamente. Igualmente para que se acabe la situación grave que sufre la familia VALLECILLA FERNANDEZ, se dé cumplimiento a la orden impartida por el Juzgado 2 PENAL MPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO, para que no continúe el estado inconstitucional que les ha tocado vivir (…)”
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El 14 de marzo de 2012 el señor Mario Vallecilla Borrero y otros presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el departamento del Cauca, el municipio de Santander de Quilichao, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder -, el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional, la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior de Justicia con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por no llevar a cabo la diligencia de desalojo de la finca denominada El Cimarrón, ubicada en la vereda de Aguablanca, de propiedad del primero mencionado y que fue ocupada por invasores.
5. El proceso fue conocido en primera instancia por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cauca, autoridad judicial que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al encontrar acreditada la mora frente al cumplimiento de la orden judicial de desalojo del inmueble objeto de la demanda y concluyó que el daño le era imputable al Ejército y a la Policía Nacional, debido a que no prestaron el acompañamiento respectivo. Como consecuencia, los declaró patrimonialmente responsables y los condenó al pago del daño moral por la suma de 30 SMLMV para el señor Vallecilla Borrero y 15 SMLMV para cada uno de los demás demandantes.
6. La parte resolutiva fue la siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FISCALÍA Y MINISTERIO DEL INTERIOR.
SEGUNDO: DECLARAR DE OFICIO la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva frente al INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER.
TERCERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional en atención al deber de colaboración armónica entre las entidades estatales para el cumplimiento de los fines del Estado, en los términos expuestos en la parte motiva del presente fallo.
CUARTO: DECLÁRESE administrativamente y extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y a la Policía Nacional por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de la omisión del deber funcional de brindar el apoyo necesario para materializar la orden judicial de desalojo, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: CONDÉNESE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y a la Policía Nacional a pagar las siguientes sumas de dinero a favor de los siguientes demandantes y por concepto de perjuicios morales:
-Treinta (30) SMLMV para el señor Mario Vallecilla Borrero, en condición de propietario de la finca “El Cimarrón”.
(…)
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
(…)”
7. En contra de la anterior decisión la parte demandante y la Policía Nacional interpusieron recurso de apelación, el cual fue desatado por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, que en sentencia del 23 de abril de 2021 modificó la sentencia del a quo, la cual quedó así:
“PRIMERO: DECLARAR PROBADA DE OFICIO la falta de legitimación en la causa por activa de Yolanda Ramírez Miranda, Mario Alfonso Vallecilla Fernández, María Andrea Vallecilla Fernández, Ximena Vallecilla Fernández y Liliana Vallecilla Fernández.
SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Departamento del Cauca, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior.
TERCERO: DECLÁRESE patrimonialmente responsables a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional por los perjuicios causados al señor Mario Vallecilla Borrero, con ocasión de la omisión del deber funcional de brindar apoyo necesario para materializar la orden judicial de desalojo del predio de su propiedad, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: CONDÉNESE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional a pagar al señor Mario Vallecilla Borrero la suma de treinta (30) SMLMV por concepto de perjuicios morales.
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda”
(…)”.
8. Los fundamentos de la decisión fueron los siguientes:
• Indicó que al actor se le causó un daño cierto, real y determinado debido a que se comprobó que no se llevó a cabo la diligencia de desalojo de la finca El Cimarrón, pues el inmueble se mantuvo ocupado por personas ajenas al propietario, pese a las órdenes judiciales para su devolución. Acotó que, igualmente el daño era antijurídico dado que el señor Vallecilla Borrero no estaba en el deber de soportar la prolongación de la privación del uso, goce y disposición de su inmueble, en tanto se había ordenado por el Juzgado Segundo Penal de Santander de Quilichao el desalojo de los ocupantes del predio.
-Agregó que el daño le era imputable al Ejército Nacional y a la Policía Nacional a título de falla del servicio, debido a la omisión en asistir a las diligencias que se programaron para su desalojo.
-Por otro lado, declaró la falta de legitimación en la causa por activa del grupo familiar del señor Vallecilla Borrero y en tal sentido, no reconoció perjuicios a su favor en tanto el petitum de la demanda se enmarcó en los menoscabos sufridos por la omisión en llevar a cabo la diligencia de desalojo de la finca “El Cimarrón” que no era de su propiedad, sino del señor Mario Vallecilla Borrero.
-Así mismo, negó el reconocimiento de los perjuicios materiales (daño emergente y lucre cesante) respecto del señor Mario Vallecilla Borrero en cuanto no acreditó que estuviera explotando el inmueble para la fecha en que se omitió llevar a cabo la diligencia de desalojo, ni que hubiera perdido bienes dentro de tal predio. Precisó que, en la medida que el daño no consistió en la pérdida del inmueble sino en su no devolución oportuna, tampoco había lugar a reconocer ninguna suma por concepto del valor del predio.
-Por último, mantuvo el reconocimiento de 30 SMLMV por concepto de perjuicios morales debido a las afectaciones que padeció el demandante al cercenársele su derecho de uso, goce y disposición de la hacienda El Cimarrón desde el 1° de mayo de 2011 hasta el 24 de septiembre de 2014, por cuenta de la falta de disposición del Ejército Nacional y la Policía Nacional para hacer efectivo el desalojo.
1.3. Fundamentos de la vulneración
9. La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la propiedad y al daño moral de la familia con ocasión de la sentencia del 23 de abril de 2021, proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, por medio de la cual se modificó la providencia del a quo, para en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda. Lo anterior, pues a su juicio se configuraron las siguientes irregularidades:
10. Defecto fáctico: Por otro lado, adujeron que estaban en desacuerdo con el fallo “en cuanto a que no se probó la explotación de la finca para la fecha en la cual se omitió llevar a cabo la diligencia de desalojo”. Frente al punto, expresaron que ello no fue posible demostrarlo porque la hacienda fue invadida desde el 31 de enero de 2007 por los indígenas, quienes se quedaron en la casa y se apoderaron de los bienes, muebles y enseres que tenía. Agregó que desde esa fecha el propietario no pudo volver a su finca y por ello, perdió su manejo.
11. Frente al punto, indicaron que obran las declaraciones que afirman que desde el 2007 no tenía posesión de su propiedad (declaraciones a folios 44 y 45 del proceso); un inventario de los bienes que componían la finca (folios 46 a 50); declaración realizada por el señor Vallecilla Borrero donde narró los hechos de los cuales fue objeto (folio 83-84).
12. Otras irregularidades:
13. Indicaron que no están de acuerdo con la declaratoria de falta de legitimación en la causa por activa de estos como grupo familiar del señor Vallecilla Borrero en cuanto “no podían ser propietarios porque su padre ostenta el titulo de propietario porque no había fallecido para reclamar como herederos y era una imposibilidad demostrar el dominio, pero como en toda familia esta participa de los bienes que conforman la sociedad conyugal. No se puede ignorar el núcleo familiar, además de la unión de solidaridad que caracteriza a determinadas familias como en el caso presente.”
14. Agregaron que, contrario a lo sostenido por el ad quem, la familia del señor Vallecilla Borrero también ha sufrido un deterioro emocional, pues así no fueran propietarios “es la familia que compone el hogar del señor Mario Vallecilla y se sienten afectados por la impotencia de sus padres, la zozobra de haber perdido todos los esfuerzos, anhelos de tener un futuro para su vejez”.
15. Advirtieron que el derecho de propiedad es reconocido y garantizado por la Constitución Política y abarca todos los derechos patrimoniales de una persona, así mismo existen varios mecanismos ordinarios y extraordinarios, judiciales y administrativos que buscan proteger el derecho en caso de ser vulnerado o amenazado.
16. Finalmente concluyeron que se vulneró su derecho a la propiedad pues la Sala no ordenó la devolución del bien inmueble ni el cumplimiento de la orden de desalojo de la finca El Cimarrón, como lo hizo el a quo. Esto, pues si bien no hizo parte del petitum de la demanda, debió ordenarse “por la potísima razón que ha había una orden judicial que ordenaba la entrega del inmueble, efectuado el desalojo de los ocupantes, orden que jamás se cumplió”
1.4. Trámite de la acción de tutela
1.4.1. Auto admisorio
17. Mediante auto del 19 de julio de 2021, la magistrada ponente decidió, entre otras disposiciones, admitir la demanda y notificar a la parte actora, así como al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, como autoridad judicial accionada.
18. Así mismo, vinculó como terceros con interés al Departamento del Cauca, al municipio de Santander de Quilichao, al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a la Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio del Interior y al Juzgado Segundo Penal de Conocimiento de Santander de Quilichao y al Tribunal Administrativo del Cauca, Sala Transitoria y a la parte activa del proceso ordinario.
1.5. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.5.1. Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
19. Mediante escrito del el 23 de julio de 2021 la magistrada ponente de la decisión enjuiciada solicitó negar las pretensiones de la demanda al considerar que en el escrito de tutela únicamente se invocó la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, pero no se razonó sobre los demás requisitos establecidos por la Corte Constitucional para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, sin que se evidencie en el presente caso la configuración de ninguno de esos elementos.
20. Estimó que la sentencia cuestionada analizó de manera integral y conjunta las pruebas obrantes en el proceso, lo que le permitió concluir, con sustento en las normas y la jurisprudencia aplicable, que la Policía y el Ejército Nacional le causaron un daño antijurídico al señor Mario Vallecilla Borrero, por no prestar asistencia a las diligencias de desalojo convocadas para devolverle la finca “El Cimarrón.”
21. No obstante, indicó que frente a los perjuicios morales solicitados para el núcleo familiar, estos no demostraron estar legitimados en la causa por activa, en tanto el petitum de la demanda se enmarcó en los menoscabos sufridos por la omisión en llevar a cabo la diligencia de desalojo de la finca que no era de su propiedad, sino del señor Mario Vallecilla Borrero, sin que pueda entenderse que el daño les era extensible, puesto que no se demostró que habitaran el lugar o que se hubieran visto perjudicados con tal situación.
22. Asimismo, adujo que la razón por la cual no se ordenó la devolución del inmueble fue porque, como se argumentó en la sentencia, ello no fue solicitado en la demanda y, dado que la orden de devolución se profirió en varias decisiones judiciales de otras autoridades, no le correspondía al Consejo de Estado su ejecución.
23. Concluyó que lo que pretenden las partes es que se acceda a todas las pretensiones de la demanda de reparación directa, aunque la decisión fue debidamente razonada, motivada en derecho y en las pruebas aportadas en el proceso, sobre la base del petitum del escrito inicial, “aspectos que no deben ser ventilados por vía de tutela, pues tal acción constitucional no fue prevista para dirimir asuntos ordinarios, en especial cuando no existe una vulneración de derechos.”
1.5.2. Ministerio del Interior
24. La oficina jurídica de la entidad mediante escrito enviado el 23 de julio de 2021 solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional por carecer de falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.5.3. Gobernación del Cauca
25. Mediante escrito enviado el 23 de julio de 2021 la oficina jurídica solicitó negar las pretensiones de la demanda respecto de dicho ente territorial, pues no tiene dentro de sus competencias legales alguna función relacionada con la protección de personas o bienes objeto de amenaza.
1.5.4. Fiscalía General de la Nación
26. La Dirección de Asuntos Jurídicos a través de escrito enviado el 27 de julio de 2021 solicitó declarar la improcedencia de la acción, por cuanto no se argumentó la configuración de alguna causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, “así como tampoco se vulnera el precedente judicial.”
1.5.5. Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
27. Por medio de escrito del 27 de julio de 2021 la jefe del área jurídica solicito negar las pretensiones de la demanda al considerar que la tutela no es el mecanismo jurídico válido para desconocer los efectos de la declaratoria del derecho sustancial plasmado en una sentencia definitiva, ya que ello atentaría contra la seguridad jurídica.
28. Agregó que, en todo caso los familiares del señor Vallecilla Borrero no acreditaron el derecho de dominio con el inmueble denominado El Cimarrón y en ese sentido, lo que pretenden es revivir un debate jurídico por medio del uso abusivo de la acción constitucional, “al tratar de convertir un mecanismo excepcional en una tercera instancia, razones suficientes para solicitar se nieguen las pretensiones de la demanda.”
1.5.6. Tribunal Administrativo del Cauca
29. Por escrito del 28 de julio de 2021 se limitó a enviar el expediente solicitado en medio digital.
1.5.7. Los demás sujetos pese a ser notificados en debida forma, no rindieron informe alguno.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
30. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por el señor Mario Vallecilla Borrero y otros, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado
31. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y le corresponde a las demás Secciones y Subsecciones de esta Corporación conocer de las solicitudes de amparo que se promuevan contra alguna de las autoridades judiciales que componen el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
2.2. Solicitud de desvinculación
32. Se tiene que el Ministerio del Interior solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional pues, a su juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva. No obstante, dicha petición será negada ya que su comparecencia al proceso se hizo en calidad de tercero, en atención al interés que le asiste en las resultas del presente trámite pues hizo parte del proceso que se cuestiona en sede de tutela.
2.3. Problema jurídico
33. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?
34. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:
¿El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A vulneró los derechos vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la propiedad y al daño moral de la familia por presuntamente incurrir en defecto fáctico al proferir la providencia del 23 de abril de 2021, por medio de la cual se modificó la decisión del a quo, para en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda al considerar que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional y la Policía Nacional son patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados con ocasión de la omisión del deber funcional de brindar apoyo necesario para materializar la orden judicial de desalojo del predio de su propiedad?
35. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades del defecto alegado y; (iv) análisis del caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
36. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema y declaró su procedencia.
37. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que contenga relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
38. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
39. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
40. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado por cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la providencia del 23 de abril de 2021 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, pues en su sentir, incurrió en un defecto fáctico.
41. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues en efecto, la parte actora considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la propiedad y al daño moral de la familia, por cuanto la autoridad judicial accionada al modificar la providencia de primera instancia, incurrió en un defecto fáctico al desconocer una serie de pruebas de las cuales, a su juicio se deprende que sí se debían reconocer los perjuicios materiales y morales a todo el grupo familiar.
42. En ese sentido, los argumentos que, en sentir de la parte tutelante, son irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, fueron analizados erróneamente por la autoridad judicial accionada, desconociendo el alcance y aplicación de su derecho fundamental al debido proceso, de igualdad y de acceso a la administración de justicia, omitiendo el deber del juez ordinario de actuar tanto como juez de legalidad, como de constitucionalidad y de convencionalidad en la causa ordinaria.
43. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza al derecho fundamental, después de haber agotado el procedimiento legal administrativo o judicial establecido por la ley para su protección, lo que implica que el mecanismo constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que busque reabrir el debate procesal.
44. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, eficacia y determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades públicas, concretamente el debido proceso, la igualdad y el acceso a la administración de justicia.
2.5.2. Tutela contra sentencia de tutela
45. La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza, pues la providencia cuestionada fue proferida en el trámite del medio de control de reparación directa con radicado Nº 19001-33-31-000-2012-00159-01, instaurado contra el Departamento del Cauca, el municipio de Santander de Quilichao, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, Ejército Nacional, la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior.
2.5.3. Inmediatez
46. En relación con el acatamiento del referido requisito, no se advierte ningún reproche, en vista que la providencia acusada fue proferida el 23 de abril de 2021 y sin que sea necesario establecer su fecha de ejecutoria, se advierte que se presentó en un término razonable (6 de julio de 2021), a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
2.5.4. Subsidiariedad
47. En consideración a dicho requisito, por tratarse de una providencia que resolvió en segunda instancia el proceso de reparación directa, es evidente el agotamiento de los recursos ordinarios.
48. Asimismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia, comoquiera que la inconformidad señalada por la parte actora no se adecúa a las causales establecidas en los artículos 250 y 257 de la Ley 1437 de 2011.
49. Así pues, superado el cumplimiento de los requisitos adjetivos, esta Sala entrará a estudiar el caso concreto.
2.6. Generalidades de los defectos alegados
2.6.1. Defecto fáctico
50. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 2015 precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión:
51. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento
Características
Omisión de decreto y práctica de pruebas indispensables para fallar el asunto
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere:
Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era conducente, pertinente o idónea.
Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
Así las cosas, se configura siempre que:
Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el juez.
Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso
Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo.
Valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación efectuada por el fallador resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
requiere entonces que:
La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez
La razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados resulta de vital importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.
Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde señalar:
Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con violación al artículo 29 constitucional.
Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento de la decisión.
52. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
53. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.
54. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba.
2.7. Caso concreto
55. La parte accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al fundamentales al debido proceso, a la propiedad y al daño moral de la familia con ocasión de la sentencia del 23 de abril de 2021 por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, modificó la decisión del a quo, para en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda al considerar que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional – Policía Nacional era patrimonialmente responsable por los perjuicios causados con ocasión de la omisión del deber funcional de brindar apoyo necesario para materializar la orden judicial de desalojo del predio.
56. En síntesis, el reproche formulado por los accionantes gira en torno a que: i) se configuró un defecto fáctico pues no se tuvieron en cuenta una serie de pruebas que, a su juicio, demostrarían que se debía acceder a la indemnización de los perjuicios materiales; ii) por otro lado, que no están de acuerdo con la declaratoria de falta de legitimación en la causa por activa del grupo familiar del señor Vallecilla Borrero ya que si bien no son propietarios, sí fueron emocionalmente afectados por los hechos; iii) que se les vulneró su derecho a la propiedad en cuanto no se ordenó la devolución del inmueble, ni el cumplimiento de la orden de desalojo de la finca.
57. De acuerdo con los argumentos de la demanda, la parte actora invocó el “desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes”. Así mismo, identificó el elemento de prueba presuntamente desconocido y demostró que este fue aportado y/o practicado de manera legal y oportuna en el proceso de reparación directa, así como su incidencia en la decisión.
58. Se reitera que la parte actora adujo que la autoridad judicial accionada omitió valorar las declaraciones que afirman que desde el 2007 no tenía posesión de su propiedad (a folios 44 y 45 del proceso); un inventario de los bienes que componían la finca (folios 46 a 50); declaración realizada por el señor Vallecilla Borrero donde narró los hechos de los cuales fue objeto (folio 83-84).
59. En primer lugar se tiene que, en la sentencia acusada se hizo un análisis de las normas que atinentes a los perjuicios materiales, de las cuales se extrajo lo siguiente: i) se traducen en las pérdidas económicas que se causan con ocasión de una acción, omisión u operación administrativa imputable a la entidad demandada; ii) solo pueden indemnizarse a título de daño emergente las sumas que empobrecieron a la víctima o que debieron sufragarse como consecuencia de la ocurrencia del hecho dañoso y del daño mismo; iii) el lucro cesante como la ganancia o provecho que deja de reportarse por no haberse cumplido la obligación.
60. Posteriormente realizó un estudio respecto de las obligaciones a cargo de la Policía Nacional y Ejército Nacional para concluir que a dichas entidades les corresponde la garantía de los derechos de los habitantes del territorio nacional, así como la protección de su vida y sus bienes.
61. Frente al material probatorio que la parte actora echa de menos, la autoridad judicial accionada expresó lo siguiente:
“El 21 de marzo de 2007, Mario Vallecilla Borrero interpuso denuncia penal en la que indicó que la finca “El Cimarrón fue invadida desde el 31 de enero de ese año por un grupo de indígenas sin tierra y que cuando se acercó al predio, los ocupantes le dijeron que “esperaban que el INCODER les diera esa finca”.
(…)
Se aportó un inventario físico de la Hacienda el Cimarrón (sin fecha) elaborado por Carlos Rodrigo Herrera Sanclemente, quien dijo ser ingeniero agrónomo, pero no acreditó su profesión, ni anexó constancias que demostraran que tal inmueble contaba con varias construcciones y cultivos. Se aportaron varias fotografías, pero estas no otorgan claridad sobre el lugar donde fueron capturadas.
El 12 de febrero de 2016 se aportó un dictamen en el que se realizó un balance del estado de la finca “El Cimarron y se estimaron los daños por $1.159.706.459.
En la experticia se precisó que el predio presentaba un total abandono. Luego se indicó, con sustento en el inventario aportado, que la pérdida de las hectáreas de pasto, pino y bosque nativo ascendió a $116.391.000, que el ganado perdido ascendió a $27.830.000, que se privó al propietario de la producción del café en la que hubiera podido obtener $436.742.000, para un valor total de $1.159.706.459.”
62. Posteriormente dispuso un acápite especial denominado “el proceso penal por la ocupación de la finca El Cimarrón y las órdenes de desalojo del inmueble” en donde explicó cada una de las actuaciones surtidas dentro del proceso penal que inició el señor Vallecilla Borrero, en el cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán mediante sentencia del 24 de febrero de 2010 confirmó la decisión del a quo, y condenó a los señores Hernando Perdomo Guasaquillo, Wilfredo Collazos Díaz y Luis Carlos Guetio Muse por el delito de invasión de tierras o edificaciones y por el injusto daño al bien ajeno, y ordenó el desalojo de los ocupantes.
63. Paso seguido, en otro acápite explicó de manera detallada todas las labores encaminadas a la ejecución de la orden de desalojo, sin que alguna tuviera éxito, por diferentes motivos, entre los cuales están “múltiples situaciones de alteración del orden público” aunado a que “el Ejercitó indicó que para dicho procedimiento se requería personal de avanzada”.
64. Frente al punto, concluyó que quedó demostrado que la diligencia de desalojo del inmueble se programó en varias ocasiones, pero no pudo ser llevada a cabo por la ausencia del personal suficiente de la Policía Nacional y Ejército Nacional para efectuar el operativo. Como consecuencia, la ocupación de la finca El Cimarrón se extendió en el tiempo hasta el 24 de septiembre de 2014, “sin que a la fecha se conozca si el predio ya fue devuelto”.
65. Por último, se refirió a la actividad agrícola desempeñada por el señor Mario Vallecilla Borrero y las afectaciones que padeció por la prolongación de la ocupación de su finca (acápites 6.5. y 6.6 de la sentencia acusada).
66. Se tiene entonces que, el tribunal accionado en su estudio sí analizó los elementos probatorios que la parte actora echa de menos, y del estudio de estos, en conjunto con las demás pruebas que obraron en el plenario, concluyó lo siguiente: i) los perjuicios materiales solicitados por el actor se limitaron a la destrucción de varias construcciones, enseres, cultivos y animales, pero no a la pérdida del inmueble en sí mismo; ii) no se observó la causación de un daño emergente ni de un lucro cesante pues no se demostró que para la fecha en que se configuró la omisión en la realización de la diligencia de desalojo, a saber el 1° de mayo de 2011, el actor estuviera explotando la finca, o que para ese momento aun existía la vivienda, las plantaciones y los bovinos a los que hizo menciones en la demanda; iii) ni del inventario físico aportado, ni el dictamen pericial ni las certificaciones de actividad agrícolas, ni los testimonios se probó cuáles eran los bienes que se encontraban en la hacienda “El Cimarrón” en el periodo de daño en comento, ni que se estuviera explotando tal inmueble, “en especial porque se había visto privado de su finca de manera previa por personas ajenas al proceso”.
67. En este orden de ideas, el referido yerro será negado por esta Sala pues, tal y como se expuso la autoridad accionada sí valoró las pruebas en cuestión en debida forma. No obstante, concluyó que no había lugar reconocer perjuicios materiales ya que las pruebas en comento no demostraron la existencia de un daño emergente ni de un lucro cesante, debido a que se reitera, no se logró acreditar que para la fecha en que se causo el daño se estuviera explotando el predio o que se contara con bienes para esa época.
68. Otras irregularidades:
69. Por otro lado, en cuanto al argumento que “no se debió declarar la falta de legitimación en la causa de los familiares” ello obedeció a que la autoridad judicial accionada consideró razonablemente que estas personas no estaban habilitadas para ser parte activa en el proceso ordinario, en tanto el petitum de la demanda se enmarcó en los menoscabos sufridos por la omisión en llevar a cabo la diligencia de desalojo de la finca “El Cimarrón” que no era de su propiedad, sino del señor Mario Vallecilla Borrero, sin que pueda entenderse que el daño les era extensible, puesto que no se probó que habitaran el lugar o que se hubieran visto perjudicados con tal situación.
70. Lo anterior deviene razonable para esta Sala si se tiene en cuenta que el artículo 167 del Código General del Proceso establece que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
71. En palabras de la Corte Constitucional la carga de la prueba “le corresponde a las partes, quienes deben acreditar los hechos que invocan a su favor y que sirven de base para sus pretensiones. Este deber, conocido bajo el aforismo “onus probandi”, exige la realización de ciertas actuaciones procesales en interés propio, como la demostración de la ocurrencia de un hecho o el suministro de los medios de pruebas que respalden suficientemente la hipótesis jurídica defendida. De ahí que, de no realizarse tales actuaciones, según la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, el resultado evidente sea la denegación de las pretensiones, la preclusión de las oportunidades y la pérdida de los derechos”
72. Por último, y respecto del argumento atinente a que se le vulneró su derecho a la propiedad porque no se ordenó la devolución del bien inmueble ni el cumplimiento de la orden de desalojo de la finca El Cimarrón, también será negado ya que ello obedeció a que, tal y como se argumentó en la sentencia acusada, no fue solicitado en la demanda “ni es competencia de esta Corporación la ejecución de las decisiones del Juzgado 2 Penal del municipio de Santander de Quilichao”, lo cual también resulta razonable para esta Sala.
2.8. Conclusión
73. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, al proferir la sentencia del 23 de abril de 2021 no incurrió en el defecto fáctico alegado, y en consecuencia, no vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la propiedad y al daño moral de la familia toda vez que de conformidad con lo expuesto resulta razonable la decisión controvertida, mediante la cual se modificó la providencia de primera instancia, para en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda al considerar que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional – Policía Nacional era patrimonialmente responsable por los perjuicios morales ocasionados al señor Vallecilla Borrero con ocasión de la omisión del deber funcional de brindar apoyo necesario para materializar la orden judicial de desalojo del predio de su propiedad
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el Ministerio del Interior, por las razones expuestas.
SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la propiedad y al daño moral de la familia deprecados por el señor Mario Vallecilla Borrero y otros de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
Yolanda Ramírez Miranda, Mario Alfonso Vallecilla Fernández, María Andrea Vallecilla Fernández, Liliana Vallecilla Fernández y Ximena Vallecilla Fernández.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00. Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00. Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05025-00; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 23 de enero de 2020, Exp: 11001-03-15-000-2019-04664-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 30 de enero de 2020, exp: 11001-03-15-000-2019-04374-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 13 de febrero de 2020, exp: sentencia del 13 de febrero de 2020, exp: 11001-03-15-000-2020-00137-00, M.P. Rocío Araújo Oñate. Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01. Artículo 1614 del Código Civil, y el artículo 16 de la Ley 446 de 1998. Artículo 167. Carga de la prueba: Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.// No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.// Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.// Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. Corte Constitucional, sentencia T-074 del 02.03.2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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