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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-04264-01

Fecha
3 de febrero de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-04264-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 16 de septiembre de 2021, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2021-04264-01 Demandante: Ernesto Gutiérrez Varela Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-04264-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

3 de febrero de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2021-04264-01
Demandante: Ernesto Gutiérrez Varela

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04264-01
Demandante: ERNESTO GUTIÉRREZ VARELA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
“A”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa por defectuoso funcionamiento de la
administración de Justicia. Defecto fáctico y desconocimiento
del precedente judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora contra la sentencia de 16 de septiembre de 2021,
dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro de la acción de tutela
en la que se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El actor manifestó que en ejercicio del medio de control de reparación directa
demandó a la Rama Judicial, con el objeto de acceder al reconocimiento de la
indemnización de perjuicios derivados del defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia producto del error acaecido en la diligencia de secuestro
que se ejecutó el 10 de julio de 2002 por órdenes del Juzgado Veintidós Civil
Municipal de Bogotá, sobre el predio denominado “Altamira” ubicado en Pandi,
Cundinamarca, de propiedad de la señora María Teresa Vargas, pero que
equivocadamente la funcionaria judicial incluyó el denominado “El Naranjo” que es
de su propiedad el cual era colindante y que no era objeto del proceso judicial que
se adelantaba en contra de la primera.

Señaló que en aquella ocasión se opuso a la diligencia de secuestro. Al respecto,
el Juzgado Veintidós Civil Municipal de Bogotá por auto de 27 de agosto de 2002,
fijó caución conforme con lo establecido en el artículo 678 del CPC, por la suma
de $1.000.000 que se aumentó a $2.000.000 en virtud del recurso que formuló la
parte ejecutante, sin embargo, adujo que no cumplió con esa carga, por lo que el 4
de diciembre de 2002 el precitado despacho judicial negó el levantamiento de la
medida de embargo.

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Demandante: Ernesto Gutiérrez Varela

Adujo que mediante providencia de 27 de marzo de 2012, el Juzgado Veintidós
Civil Municipal de Bogotá declaró la nulidad total de la diligencia de secuestro que
se adelantó el 10 de julio de 2002 sobre el terreno de propiedad del accionante, al
evidenciar el error en los linderos.

Mencionó que en providencia de 4 de abril de 2014, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá sancionó a la funcionaria judicial que fungía como Jueza
Veintidós Civil Municipal de Bogotá, en donde cursaba el proceso ejecutivo en el
que se dispuso la medida de secuestro contra el predio del actor.

Manifestó que mediante sentencia de 18 de septiembre de 2019, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que el daño no resultaba imputable al
Estado, en tanto el demandante tuvo la oportunidad de aprovechar el predio
porque el secuestre lo abandonó.

Indicó que contra esa decisión interpuso recurso de apelación en el que se
acreditaron los presupuestos que estructuran la responsabilidad del Estado “falla
en el servicio, daño antijurídico y nexo casal”.

Por último, relató que por medio de la sentencia de 19 de febrero de 2021, el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa, al encontrar que el demandante tuvo conocimiento del daño
desde el 10 de julio de 2002 y la demanda la presentó el 16 de junio de 2014, es
decir, transcurridos más de dos años. Aseveró que del mismo modo se condenó
en costas al demandante y como agencias en derecho se fijó la suma de
$13.659.263.

2. Fundamentos de la acción

El actor presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los
cuales consideró vulnerados con la sentencia de 19 de febrero de 2021, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, que declaró la
caducidad del medio de control de reparación directa que promovió contra la
Rama Judicial para obtener la indemnización de perjuicios causados por el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, al haberse incluido su
predio erróneamente en una diligencia de secuestro ordenada por el Juzgado
Veintidós Civil Municipal de Bogotá.

Adujo que se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, porque agotó los medios de defensa judicial
ordinarios de manera infructuosa. En este punto como “antecedentes de respaldo”
hizo referencia a las siguientes actuaciones:

“6. Pronunciamientos de entidades públicas, Fiscalía, Procuraduría, Personería,
Of. Mpal de asuntos agropecuarios, Alcaldía Municipal. Acreditan daño, perjuicios
y error en el embargo.

7. Fallos y actuaciones a favor. Tutela, Consejo Superior de la Judicatura entre
otros. Reconocen fallas en el embargo, actuaciones irregulares en el proceso.
Cargos contra las funcionarias públicas. Negligencia secuestre.

10. Peticiones de nulidad del secuestro por María Teresa Vargas. Con el ánimo de
cesar el perjuicio a su vecino. Dictámenes periciales”. (sic a toda la cita)

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Demandante: Ernesto Gutiérrez Varela

A su juicio, se configuraron los siguientes defectos:

Fáctico. Indicó que se omitió la valoración de las siguientes circunstancias
determinantes para el sentido de la decisión:

• Que el Juzgado Veintidós Civil Municipal de Bogotá por auto de 27 de
marzo de 2012, declaró la nulidad total de la diligencia de secuestro y es
desde ese momento que debe contabilizarse el presupuesto de la
caducidad.

• Que mediante fallo de 4 de abril de 2014, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá “declaró y sancionó la conducta de la Dra. Marzia
Patricia Peña de Celis, como defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia”.

• Que los perjuicios se causaron por hechos de carácter sucesivo, pues la
administración y explotación del inmueble solo pudo ejercerse nuevamente
por el actor hasta que se declaró la nulidad de la diligencia de secuestro
practicada el 10 de julio de 2002 y cuando el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá declaró que el error en esa diligencia configuró el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Desconocimiento del precedente judicial. Al respecto, señaló que se
desatendieron las siguientes sentencias:

Corte Constitucional

• Sentencia SU-432 de 2015, que establece que para el estudio del
presupuesto de la caducidad deben valorarse todos los elementos que se
encuentran acreditados en el expediente, en tanto “es posible que la víctima
haya sufrido una lesión evidente, pero con posterioridad, por la actuación
de un tercero especializado, se tenga certeza de la configuración de la
magnitud o gravedad del daño, otorgándole a los afectados el
convencimiento necesario para solicitar una reclamación”.

• Sentencia T-342 de 2016, en la que se indica que cuando el daño es
continuado o de tracto sucesivo la caducidad se contabiliza desde que
cesaron los hechos que lo producen.

• Sentencia T-301 de 2019, en la que señala que deben aplicarse criterios de
flexibilización del cómputo del término de la caducidad de la acción, en aras
de garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia y la
reparación integral de las víctimas.

Al respecto, señaló que solo fue consciente del daño con el fallo de 4 de
abril de 2014, proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá
que calificó la actuación de la jueza como defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia.

Consejo de Estado

• Sentencia de 5 de octubre de 20161, a través de la cual se declaró
responsable patrimonialmente a la Superintendencia de Sociedades de los

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Sección Tercera, Subsección “A”, M.P. Hernán Andrade Rincón. Expediente No. 2004-00919-01.
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Demandante: Ernesto Gutiérrez Varela

daños derivados de la falta de entrega de un inmueble que había sido
objeto de una medida de intervención contra el demandante.

Finalmente, consideró que el desconocimiento de estos pronunciamientos
judiciales, configuraron un defecto procedimental.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERO: Ampararme los siguientes derechos fundamentales vulnerados por el
Consejo de Estado en el fallo de segunda instancia y por más de dieciocho (18)
años en el caso que nos ocupa.

1.1. Debido proceso y acceso a la administración de justicia. Artículo 29 CP.
1.2. Derecho al trabajo, en conexidad con la dignidad humana y a la
indemnización integral. Artículo 25 CP.
1.3. Derechos fundamentales a la salud por su conexidad con el derecho a la vida
consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política.
1.5. Derecho a la igualdad y debida diligencia, artículo 13.

SEGUNDO: Dejar sin efectos y revocar la sentencia proferida por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”,
Consejera Ponente: MARTHA NUBIA VELÁSQUEZ RICO del 19 de febrero de
2021 y notificada por estado el 12 de marzo de 2021. (Radicación No 25000-23-
36-000-2014-00830-01), poniendo de presente la necesidad de tener en cuenta
las particularidades de los hechos y soporte probatorio, con el fin de tomar como
punto de inicio del conteo de la caducidad una fecha posterior aquella en la que
ocurrió el hecho por un lado y de nulidad parcial por el otro.

TERCERO: Ordenar a la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección “A” se ordene admitir y tramitar el proceso de reparación directa y
profiera una nueva sentencia, en la cual se hagan una valoración adecuada del
precedente judicial, de las causales genéricas de procedibilidad y análisis fáctico
demostrado para el caso concreto a la hora de cuantificar los términos del medio
de control de reparación directa y resolver de fondo esta cruda situación que se
expone”.

4. Trámite procesal

Por auto de 9 de julio de 2021, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió
la demanda y ordenó notificar a la parte demandante y a la autoridad judicial
accionada, así como al Rama Judicial, como tercera interesada.

De igual forma, dispuso tener como pruebas los documentos efectivamente
aportados con la demanda.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”

La Magistrada ponente de la decisión objeto de tutela pidió que se declare
improcedente la acción de tutela o que se nieguen las pretensiones de la
demanda. Señaló que no incurrió en los defectos alegados por el accionante.

Explicó que conforme con lo previsto en el numeral 2, artículo 164 del CPACA, el
medio de control de reparación directa debe formularse dentro de los dos años
contados a partir de la ocurrencia de la acción u omisión que causó el daño o de
cuando el demandante tuvo conocimiento si se trató de una fecha posterior,
siempre que se demuestre la imposibilidad de haberlo conocido desde su
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Demandante: Ernesto Gutiérrez Varela

ocurrencia, a lo que agregó que el cumplimiento de dicho presupuesto debe
verificarse en cualquier etapa del proceso.

Señaló que como se expuso en la sentencia de 19 de febrero de 2021, el predio
“El Naranjo” de propiedad del actor fue objeto de aprehensión material en una
diligencia de secuestro que se adelantaba contra otro predio vecino, la cual se
llevó a cabo el 10 de julio de 2002. Agregó que en el proceso se evidenció que el
demandante se opuso a esa diligencia por medio de escrito presentado ante el
Juzgado Veintidós Civil Municipal de Bogotá el 22 de julio de 2002, lo que permitió
concluir que conoció del hecho que originó el daño desde ese momento y no
cuando se expidió el auto de 27 de marzo de 2012 que declaró la nulidad de la
diligencia de secuestro.

Manifestó que en la providencia cuestionada también se indicó que, si en gracia
de discusión, se aceptara que el daño se hizo palpable cuando se declaró la
nulidad de la diligencia de secuestro, entonces, el cálculo del presupuesto de la
caducidad iniciaría desde el auto de 8 de octubre de 2011, que declaró la nulidad
parcial de la diligencia de secuestro y se liberó el predio “El Naranjo” -causa
petendi del proceso-, elemento que pretende desconocer el accionante”.

Finalmente, aseveró que el actor acude a la acción constitucional como una suerte
de instancia adicional para revivir el debate superado en el proceso ordinario,
buscando que se analice nuevamente el presupuesto de la caducidad.

5.2. Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

El abogado de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal alegó que
el accionante incurrió en una actuación temeraria en tanto “sin motivo
expresamente justificado” presentó dos tutelas por el mismo hecho. Señaló que
previamente la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado conoció la
demanda presentada por el señor Ernesto Gutiérrez Varela, a través de
apoderada judicial, radicado No 11001-03-15-000-2021-01311-00, la cual declaró
improcedente. En ese marco, solicitó que se declare la temeridad de la acción de
tutela.

6. Sentencia de tutela impugnada

Mediante sentencia de 16 de septiembre de 2021, la Sección Primera del Consejo
de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la
autoridad judicial no incurrió en los defectos alegados.

Como cuestión previa se pronunció sobre la temeridad alegada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial. Al respecto, consideró que no se presenta en
este caso, pues la acción de tutela a la que hizo referencia fue promovida por la
señora Catherine Gutiérrez Castiblanco, quien manifestó actuar como apoderada
del señor Ernesto Gutiérrez Varela, sin embargo, no aportó el poder que acreditara
esa calidad, por lo que mediante providencia de 28 de mayo de 2021 se declaró
improcedente por falta de legitimación en la causa por activa.

En relación con la configuración del defecto fáctico por la falta de valoración de la
providencia de 27 de marzo de 2012, proferida por el Juzgado Veintidós
Administrativo de Bogotá por la cual se declaró la nulidad de la diligencia de
secuestro efectuada el 10 de julio de 2002, indicó que es un hecho que “no
desvirtúa la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada puesto que la
conclusión a la que arribó la Sección Tercera frente al fenómeno de la caducidad,
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fue que el actor tuvo conocimiento del hecho dañoso desde el mes de julio de
2002”.

Manifestó que la decisión objetada se encuentra fundamentada en la situación
fáctica expresada en la demanda y en las pruebas que obran en el expediente en
el marco de la autonomía judicial que permitía que se modificara la sentencia de
primera instancia, en la que se declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa.

En relación con el desconocimiento de la sentencia de 5 de octubre de 2016,
emanada de la Sección Tercera del Consejo de Estado, alegada como
desconocida, consideró que la misma no constituía precedente vinculante para el
caso analizado porque presenta situación fáctica diferente, principalmente porque
en ese caso no pudo restituirse el inmueble porque el mismo había sido invadido
por terceros y loteado por el descuido de la entidad demandada en el cuidado y
conservación del bien.

Por las razones expuestas, concluyó que la autoridad judicial accionada no
incurrió en los defectos alegados los cuales, a juicio del a quo, el actor consideró
configurados por el desacuerdo con la decisión y no por la violación de los
derechos fundamentales invocados.

7. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el actor
impugnó el fallo de primera instancia y pidió que se revocara, en razón a los
siguientes argumentos:

El actor consideró que por tratarse de una acción de tutela contra una providencia
dictada por la misma Corporación, el a quo “[e]l Consejo de Estado se limita a que
la acción no intente reabrir el debate de instancia para cubrir su error (como si
fuese un juez infalible) repitiendo que la acción constitucional no puede ser
considerada como una ‘'tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural y obvia analizar, como es su deber, que la causa, motivo o razón a la que
se atribuye la transgresión es de tal entidad que incide directamente en el sentido
de la decisión. obvia analizar, como es su deber, que la causa, motivo o razón a la
que se atribuye la transgresión es de tal entidad que incide directamente en el
sentido de la decisión”.

Adujo que en este caso debe inaplicarse el presupuesto de la caducidad por
tratarse de un sujeto de especial protección constitucional “al ser campesino, de la
tercera edad y quien por causa del error judicial de embargo equivocado perdió
toda la productividad de su finca durante 10 años”.

Manifestó que en la decisión objetada no se tuvo en cuenta lo precisado por la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con “las diferencias
sustanciales, por un lado, entre daño y progresión de perjuicios y, por otro, entre el
daño que se produce de manera instantánea y el daño continuo o sucesivo.
También ha señalado que no se deben confundir aquellos eventos que
desencadenan una sucesión de daños, con los efectos de un daño que se difieren
o agravan con el tiempo. En el primero de los casos se trata de daños que,
aunque sucesivos, son independientes. En la segunda hipótesis, se trata de un
daño cuyos efectos aumentan o empeoran a medida que transcurre el tiempo.
Como evidentemente son circunstancias distintas, deben atenderse al momento
de establecer la caducidad”. A juicio del actor, esta diferenciación es la que
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permite contabilizar el presupuesto de la caducidad teniendo en cuenta el
momento en que se consolidó el daño.

Por último, reiteró las pretensiones de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si
debe confirmar la sentencia de 16 de septiembre de 2021, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, o si, por el contrario, debe revocarse, en tanto la
Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con la
sentencia de 19 de febrero de 2021, que declaró la caducidad del medio de control
de reparación directa que promovió contra la Rama Judicial con el fin de acceder
al reconocimiento de la indemnización de los perjuicios derivados del defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia que se configuró en la práctica de
la diligencia de secuestro practicada equivocadamente sobre su predio
denominado “El Naranjo”.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20124, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20145, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas

2
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
3
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
4
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
5
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto
fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin
motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viii) Violación directa de la
Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo14 y de la Corte
Constitucional15.

6
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
7
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
8
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
9
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
10
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
11
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese
engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
12
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa
la legitimidad de su órbita funcional.
13
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
14
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016
00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº
2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
15
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P.
Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de
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Demandante: Ernesto Gutiérrez Varela

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El actor interpuso acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, los cuales consideró vulnerados con la sentencia de 19 de febrero de
2021, dictada por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado que
declaró la caducidad del medio de control de reparación directa promovido contra
la Rama Judicial, al considerar que entre la ocurrencia del hecho que produjo el
daño -error en la diligencia de secuestro adelantada el 10 de julio de 2002- y la
presentación de la demanda -16 de junio de 2014- transcurrieron más de dos
años, por lo que se desconoció el plazo fijado en el literal i), numeral 2 del artículo
164 del CPACA.

4.2. En primera instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado negó las
pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que no se configuraron los
defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial alegados por el actor16,
en tanto la autoridad judicial accionada adoptó una decisión con fundamento en
los hechos narrados en el escrito de tutela y en los elementos probatorios que
obran en el expediente.

Del mismo modo, consideró que no se configuró el desconocimiento del
precedente judicial, pues la sentencia de 5 de octubre de 201617, alegada como
desconocida por el actor, no constituye precedente vinculante para el caso
analizado porque abordó una situación fáctica diferente.

4.3. El actor impugnó la decisión de primera instancia, al considerar que el a quo
desconoció el precedente judicial de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
torno a la forma de calcular el presupuesto de la caducidad.

También aseveró que el fallo de primera instancia “se limita a que la acción no
intente reabrir el debate de instancia” porque, a juicio del actor, al dirigirse la
demanda contra una providencia emanada del mismo Consejo de Estado, la
Sección Primera pretende “cubrir su error”. En ese sentido, pidió que se analice
“verdaderamente la vulneración de los derechos fundamentales” originada en la
decisión de declarar la caducidad del medio de reparación directa.

También consideró que debe inaplicarse el presupuesto de la caducidad porque
es un sujeto de especial protección constitucional, “al ser campesino, de la tercera
edad y quien por causa del error judicial de embargo equivocado perdió toda la
productividad de su finca durante 10 años”.

Con todo, aseveró que se cumple el presupuesto de la caducidad porque debe
tenerse en cuenta que es un daño sucesivo y no instantáneo, pues sus efectos se

2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre
otras.
16
Precisó que aun cuando se alegó el defecto procedimental, los argumentos se encuentra
relacionados con el defecto fáctico.
17
Sección Tercera, Subsección “A”, M.P. Hernán Andrade Rincón. Expediente No. 2004-00919-01.
9
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Demandante: Ernesto Gutiérrez Varela

mantuvieron en el tiempo, por lo que el cálculo debe iniciarse cuando cesó el
hecho que lo causó.

4.4. La Sala considera necesario precisar que, contrario a lo manifestado por el
accionante en la impugnación al expresar que “[e]l Consejo de Estado se limita a
que la acción no intente reabrir el debate de instancia para cubrir su error (como si
fuese un juez infalible) repitiendo que la acción constitucional no puede ser
considerada como una ‘'tercera instancia”, el juez de tutela de primera instancia sí
efectuó un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda y
encontró que la autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos fáctico y
desconocimiento de precedente judicial, y que, en consecuencia, no vulneró los
derechos fundamentales invocados. Por lo tanto, no le asiste razón al actor
cuando señala que se declaró la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplirse el presupuesto de la relevancia constitucional.

Lo anterior, se puede evidenciar en lo expresado en el ordinal primero de la parte
resolutiva del fallo impugnado en donde se expresa con claridad que la decisión
que se adopta es la de “DENEGAR la solicitud de amparo”, así como de las
consideraciones en donde se expresa lo siguiente:

“Lo anterior pone de manifiesto que la autoridad judicial accionada no incurrió en los
defectos alegados, por lo que si la decisión no era la que esperaba la parte actora, ello
no implica la vulneración de los derechos fundamentales ni la ocurrencia de algunos de
los defectos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial”.

Del mismo modo, indicó que la acción de tutela cumplía los requisitos generales
de procedencia, como lo es el de relevancia constitucional, por lo que “reabrir el
debate” no fue un asunto que se hubiese encontrado acreditado, contrario a lo
expuesto por el accionante. Al respecto, la providencia expresó lo siguiente:

“La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, por cuanto el actor plantea con suficiente carga argumentativa las
razones por las cuales, en su criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales”

4.5. De otra parte, el actor insistió en el escrito de impugnación que para calcular
el requisito de la caducidad deben aplicarse las reglas establecidas para los
eventos en que el daño respecto del cual se reclama la indemnización es sucesivo
y no instantáneo.

Sobre ese particular, la Sala observa que la autoridad judicial accionada
fundamentó la decisión de declarar la caducidad del medio de control de
reparación directa en que se acreditó que el demandante tuvo conocimiento del
hecho que originó el daño el 22 de julio de 2002, teniendo en cuenta que en esa
fecha radicó un memorial ante el Juzgado Veintidós Civil Municipal de Bogotá
oponiéndose a la diligencia de secuestro llevada a cabo el 10 de julio de 2002 en
la cual, equivocadamente, se incluyó el predio “El Naranjo” de su propiedad sin
que este fuera objeto del proceso judicial, produciendo el daño respecto del cual
pretendía la indemnización de perjuicios y, en razón a ello, negó la posibilidad de
iniciar el conteo de la caducidad desde el auto de 27 de marzo de 2012. Al
respecto, expresó la sentencia objeto de tutela:

“En vista de que el actor conocía el error en la diligencia de secuestro desde mucho
tiempo antes de la notificación del auto de 27 de marzo de 2012, por el cual se decretó
la nulidad total de la diligencia de secuestro cuestionada, esta circunstancia impone
concluir que el término de caducidad del medio de control de reparación directa se
debe empezar a contabilizar desde el día siguiente al conocimiento del hecho dañoso,
desde el 23 de julio de 2002 -día siguiente al memorial de oposición a la diligencia de
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Demandante: Ernesto Gutiérrez Varela

secuestro-, de modo que el plazo para ejercer el derecho de acción feneció el 23 de
julio de 2004 y como la demanda se radicó el 16 de junio de 2014, se concluye que se
presentó por fuera del plazo establecido en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del
CPACA”.

Del mismo modo, explicó las razones por las cuales en caso de que se admitiera
que la caducidad debía calcularse desde que se declaró la nulidad de la diligencia
de secuestro, lo correcto sería iniciar desde la providencia de 5 de octubre de
2011, proferida por el Juzgado Veintidós Civil Municipal de Bogotá que, de manera
precedente, había declarado la nulidad parcial de la diligencia de secuestro y
liberó el predio “El Naranjo” de dicha medida cautelar, sin embargo, explicó que en
ese caso, también habría operado la caducidad, en tanto dicha providencia se
notificó por estado el 7 de octubre de 2011 y, por lo tanto, el plazo para formular el
medio de control venció el 8 de octubre de 2013 y la demanda se presentó el 16
de junio de 2014. En ese sentido, sostuvo:

“Adicionalmente, se debe señalar que a idéntica consecuencia jurídica se arribaría
si se analizara el conteo de la caducidad bajo el razonamiento del Tribunal a quo,
es decir, desde que supuestamente habría quedado en evidencia el error de la
diligencia de secuestro con la declaratoria de nulidad; no obstante, se debe indicar
que, contrario a lo afirmado en la sentencia de primera instancia en la que se dijo
que dicho yerro se puso en conocimiento con la providencia de 27 de marzo del
2012, la cual se notificó el 29 de marzo siguiente, lo cierto es que, mediante
providencia de 5 de octubre de 2011, el Juzgado 22 Civil Municipal de Bogotá
declaró la nulidad parcial del secuestro y liberó el predio “El Naranjo” de dicha
medida cautelar, proveído que se notificó por estado de 7 de octubre de 201145, y
en el que se señaló lo siguiente (transcripción literal, incluso con posibles errores):

“Siendo ello así, y como quiera que técnicamente se encuentra demostrado que la autoridad
comisionada incurrió en un defecto al momento de alinderar el predio denominado Altamira,
por cuanto secuestro una parte correspondiente al predio el Naranjo el cual no se encuentra
embargado en el presente asunto deviene procedente la declaratoria de nulidad parcial de la
diligencia de secuestro llevada a cabo el 10 de julio de 2002 en lo que respecta a la parte
correspondiente al predio el Naranjo, teniendo en cuenta para tal fin los linderos establecidos
en el respectivo certificado de tradición así como el dictamen que se realizó por la perito
(Ingeniero Civil) Hillmar Fanny Castro Herrera, que obra a folios 111 a 126.

Por lo expuesto el Juzgado Veintidós Civil Municipal de Bogotá, D.C. RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR el auto de 28 de enero de 2009, por lo considerado en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO En su lugar, se DECLARA LA NULIDAD PARCIAL de la diligencia de secuestro
llevada a cabo el 10 de julio de 2002, conforme a las consideraciones señaladas en la parte
motiva de esta providencia. (…). (se destaca)”.

Por lo anterior, el término de caducidad se contabilizaría desde el 8 de octubre de
2011 -día siguiente a la notificación del auto que declaró la nulidad parcial de la
diligencia de secuestro- de modo que el plazo para ejercer el derecho de acción
culminaba el 8 de octubre de 2013, y como la demanda se radicó el 16 de junio de
2014, se concluye que en este escenario hipotético la demanda también se
presentó por fuera del plazo establecido en el literal i) del numeral 2 del artículo
164 del CPACA”.

En la acción de tutela el accionante insistió en que el conteo debe iniciar desde
que se notificó del auto de 27 de marzo de 2012, en el que se declaró la nulidad
total de la diligencia de secuestro o desde que por auto de 4 de abril de 2014 el
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá sancionó a la funcionaria judicial
que fungía como Jueza Veintidós Civil Municipal de Bogotá, cuando se presentó el
error en la diligencia de secuestro, y calificó esa actuación como defectuoso
funcionamiento de la administración.

Al respecto, el a quo consideró que la decisión adoptada por la Sección Tercera
Subsección “A” del Consejo de Estado resulta razonable, pues la misma se adoptó
conforme a los hechos expuestos en la demanda y a los elementos probatorios

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Demandante: Ernesto Gutiérrez Varela

que obran en el expediente. A esa conclusión arribó a partir de lo establecido en el
artículo 164 del CPACA.

En efecto, sobre el presupuesto de la caducidad en el medio de control de
reparación directa el literal i), numeral 2, artículo 164 del CPACA, aplicable al caso
bajo estudio, establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda
deberá ser presentada: (…)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…)

i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad
de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. […]”.

Entonces, resulta claro que el plazo fijado por el legislador para promover el
medio de control de reparación directa es de dos años, los cuales se contabilizan
a partir del día siguiente al de la ocurrencia del hecho que causó el daño o cuando
el demandante tuvo conocimiento de este.

Al respecto, en sentencia de 2 de agosto de 201918, esta Corporación explicó que
“el cómputo del plazo debe analizarse en cada caso en particular a partir de los
hechos que son presentados con el fin también de garantizar el acceso a la
administración de justicia, razón por la cual, no necesariamente el cómputo de
dos años debe efectuarse con la realización pura y simple del hecho causante del
daño, sino que resulta necesario, dependiendo del caso, que ese hecho hubiera
sido conocido por el afectado o hubiera estado en condiciones de conocerlo”.

Del mismo modo, apoyado en la sentencia de 10 de marzo de 2011, proferida por
la Sección Tercera de esta Corporación19, el mencionado pronunciamiento
recordó que para el estudio del presupuesto de la caducidad debe determinarse si
el daño es continuado o sucesivo, para lo cual precisó las diferencias
conceptuales en los siguientes términos:

“De igual forma, se ha diferenciado el daño continuado de los daños sucesivos por
causa homogénea, esto es, aquellos daños que se generan como efecto de sucesivos
hechos u omisiones administrativas, y ha manifestado que en estos últimos eventos el
término de caducidad corre de manera independiente para cada uno de estos daños:

[H]a reconocido la jurisprudencia que ocurren eventos en los cuales los daños pueden
provenir de un acontecimiento de agotamiento instantáneo, pero que también
puedan –ocasionalmente– provenir de un hecho que se va produciendo de manera
paulatina o progresiva y que esas distintas circunstancias se proyectan, también, en
el ámbito de la contabilización del término de caducidad de la acción. En el primer caso
no cabe duda en cuanto a que el término para interponer la demanda resarcitoria ha de
empezar a contabilizarse a partir del día siguiente a aquel en que se produjo el
acontecimiento dañoso (y esta constituye la regla general), pero también puede
ocurrir que los efectos del daño se agraven con el tiempo, o que fenómenos
sucesivos y homogéneos puedan producir daños continuos. En eventos como
estos últimos, se ha señalado por la jurisprudencia, que ha de tenerse cuidado de
no confundir la producción de daños sucesivos con el agravamiento de los
efectos de un mismo daño, pues en este último evento el término para ejercitar la
acción debe empezar a contarse desde el acaecimiento del hecho que le dio
origen, y no así cuando los daños se producen de manera paulatina como efecto de
sucesivos hechos u omisiones, o causas dañosas diversas, en cuyo caso el término

18
M.P. Ramiro Pazos Guerrero. Expediente 2003-02005-02.
19
C.P. Hernán Andrade Rincón. Expediente 20109,
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Demandante: Ernesto Gutiérrez Varela

para reclamar la indemnización de perjuicios corre de manera independiente para cada
uno de los daños derivados de esos sucesivos eventos”. (Negrilla y subrayado fuera del
texto original)

Entonces, en el caso bajo análisis, el hecho que produjo el daño respecto del cual
el demandante pretendía la indemnización de perjuicios fue el error acaecido en la
diligencia de secuestro que se llevó a cabo el 10 de julio de 2002, en donde
equivocadamente se incluyó el predio del actor denominado “El Naranjo”, sin que
fuese objeto del proceso judicial correspondiente.

Con fundamento en lo anterior, para la Sala resulta razonable concluir que dicha
circunstancia la conocía el actor, al menos el 22 de julio de 2002, como lo indicó la
autoridad judicial accionada, cuando radicó un memorial ante el Juzgado Veintidós
Civil Municipal de Bogotá, en el que se opuso a la diligencia de secuestro y, por lo
tanto, calcular desde ese momento el presupuesto de la caducidad de
conformidad con lo establecido en el artículo 164 del CPACA.

Ahora bien, el actor consideró que la autoridad judicial accionada debió estudiar el
presupuesto de la caducidad teniendo como referente el auto de 27 de marzo de
2012 que declaró la nulidad total de la diligencia de secuestro ejecutada el 10 de
julio de 2002, teniendo en cuenta que, a su juicio, el daño es de carácter sucesivo
y que fue en ese momento en el que cesó la vulneración.

Empero, para la Sala el error en la diligencia de secuestro causó un daño
instantáneo, pues desde ese momento el predio “El Naranjo” quedó afectado con
esa medida cautelar, es decir, que no puede concluirse que se trata de un
supuesto de daño continuado que permita efectuar el conteo del término de la
caducidad desde otro momento, como lo propone el demandante en el escrito de
tutela.

Por último, en torno a la inaplicación del requisito de caducidad en consideración a
su condición de campesino y persona de la tercera edad, la Sala advierte que este
no fue un aspecto expresado en la demanda ordinaria y, por lo tanto, la autoridad
judicial accionada no tuvo oportunidad de ejercer el derecho de contradicción y
defensa, así como tampoco fue objeto de la decisión de primera instancia por lo
que no es procedente un estudio al respecto.

Con todo, resulta importante precisar que la Sala no encuentra acreditado de qué
manera esas condiciones hubiesen impedido al actor acudir a la administración de
justicia dentro del plazo establecido para formular la demanda de reparación
directa o tener conocimiento del daño, circunstancias que podrían llegar a habilitar
un estudio sobre ese punto en el trámite de segunda instancia, en aras de
garantizar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

4.6. De otra parte, la Sala encuentra necesario analizar lo manifestado en el
escrito de tutela frente al desconocimiento del precedente judicial, aun cuando no
fue un argumento desarrollado expresamente en el escrito de impugnación, en
aras de garantizar un estudio integral de la decisión de primera instancia. Al
respecto, el actor señaló que se desconocieron las decisiones referenciadas en los
fundamentos de la acción.

4.6.1. Valga indicar que el precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que
incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el
vertical, que está conformado por las decisiones de los jueces de superior
jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

13
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Demandante: Ernesto Gutiérrez Varela

En definitiva, para examinar la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las
siguientes reglas20:

1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer
las razones por las que estima que se desconoció15.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado de
aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre el
precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del
precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial.
Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez
expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la
decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez
21
hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto .
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho
a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la confianza
legítima.

4.6.2. La Sala observa que el a quo analizó únicamente el aparente
desconocimiento de la sentencia de 5 de octubre de 2016, proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado. Al respecto, consideró que ese pronunciamiento
no constituía precedente judicial aplicable al caso concreto, pues abordó un
asunto diferente al del accionante, en tanto en aquella oportunidad el daño se
produjo por la imposibilidad material de devolver un inmueble que había sido
objeto de toma de posesión ordenada por la Superintendencia de Sociedades,
porque el mismo fue loteado e invadido por terceros, valoración que fue acertada y
que se comparte en esta oportunidad.

4.6.4. Ahora bien, en relación con las sentencias emanadas de la Corte
Constitucional, la Sala encuentra que la autoridad judicial accionada no
desconoció reglas jurisprudenciales fijadas en las mismas, que tuviera que aplicar
para resolver el caso concreto.

La sentencia SU-432 de 201522, se refiere a una acción de tutela presentada contra
providencia judicial dictada en un proceso ordinario laboral en la que no se analizó
el presupuesto de caducidad en el medio de control de reparación directa, por lo
que no sería aplicable al asunto bajo examen.

En la sentencia T-342 de 201623, se abordó el estudio de una solicitud formulada
contra una providencia judicial dictada en una acción de reparación directa que
declaró la caducidad y negó las pretensiones de la demanda, al encontrar que no
se configuraron los defectos fácticos y por desconocimiento de precedente judicial
alegados por el accionante.

Sobre dicho presupuesto, indicó que en virtud del principio pro danmatum es
posible que no se calcule desde el acaecimiento del daño sino desde que este se
hizo palpable. No obstante, encontró que ello no resultaba aplicable al caso

20
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
21
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se
demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de
juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se
refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el
caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
22
M.P. María Victoria Calle Correa.
23
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
14
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concreto, en tanto bajo las reglas de la sana crítica y el principio de autonomía
judicial, la autoridad judicial accionada valoró los elementos probatorios que
obraban en el expediente y determinó que cuando ocurrió el hecho (muerte del
padre de los demandantes) también se conoció el daño, lo que ello fue producto
de una falla en la prestación del servicio médico e iniciaron las actuaciones
administrativas para reclamar por ello, situación fáctica distinta a la ahora
analizada lo que permite concluir que no es un precedente aplicable.

En la sentencia T-301 de 2019, se resolvió una acción de tutela promovida contra
una providencia judicial que declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa que promovió el demandante con el objeto de acceder a la
indemnización de perjuicios derivados de la pérdida del ojo como consecuencia de
un accidente laboral. En este caso, la Corte explicó que se trataba de un daño
sucesivo porque la pérdida del ojo no se produjo cuando acaeció el accidente de
trabajo, sino que se originó en los efectos médicos que continuaron produciéndose
después de ese acontecimiento, y que conllevó una infección que obligó a los
médicos a extraer el glóbulo ocular.

Por lo tanto, el conteo de la caducidad se efectuó desde el momento de la cirugía,
aun así, la autoridad judicial accionada consideró que había operado la caducidad,
decisión que el juez constitucional, en contraste con lo considerado por el
accionante encontró razonable, al considerar que no era posible tener como
referente la fecha en que se declaró la pérdida de la capacidad laboral para tal
efecto y, por lo tanto, negó las pretensiones de la demanda. Empero, también es
un caso en el que los hechos que dieron lugar al debate constitucional difieren del
asunto bajo examen.

Así las cosas, para la Sala la autoridad judicial accionada no incurrió en
desconocimiento de los precedentes judiciales invocados por el demandante dado
que los supuestos fácticos en los que se sustentaron difieren del asunto bajo
estudio, lo que, sin duda, incide en la forma en que se realiza el conteo del término
de caducidad, a lo que se agrega que en el presente caso sí fue posible
determinar que el posible daño causado al ahora demandante tuvo un momento
cierto e instantáneo, por lo que no era posible aplicar el supuesto consistente en el
daño continuado, precisado por la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional.

4.7. Con fundamento en lo expuesto, la Sala no encuentra razones para revocar la
decisión adoptada por el a quo, en tanto evidencia que la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado no incurrió en los defectos alegados, pues
adoptó una decisión razonable y acorde con el ordenamiento jurídico y la
jurisprudencia, razón por la cual se confirmará el fallo impugnado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 16 de septiembre de 2021, proferida por
la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.

15
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Demandante: Ernesto Gutiérrez Varela

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

16
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