Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-04280-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-04280-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2021-04280-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
23 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTE ESPECIAL DE DECISIÓN
Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-04280-00
Demandante: JUANA MANUELA MARROQUÍN SANTOS
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –
DIAN-
Sentencia que resuelve recurso extraordinario de revisión
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Juana
Manuela Marroquín Santos contra la sentencia de 25 de junio de 2020, proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación núm.: 05001-23-33-000-2015-01256-
01.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La demanda ordinaria
1. La señora Juana Manuela Marroquín Santos, por intermedio de apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20111, instauró
demanda en contra de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales -
en adelante DIAN-, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución núm.
112412012000012 de 16 de mayo de 2012, por medio del cual se realizó la
liquidación oficial de aforo del impuesto al patrimonio del año 2008, y de la
Resolución núm. 900.056 de 17 de junio de 2013 que, en sede del recurso de
reconsideración, confirmó la decisión inicial.
2. Adujo la vulneración de los artículos 29 de la Constitución Política, 298-2 inciso
segundo y 796 del Estatuto Tributario, toda vez que, en su criterio, la DIAN realizó
la liquidación del impuesto al patrimonio del año 2008 tomando como base su
patrimonio líquido declarado en el impuesto de renta del año 2006, sin considerar
que dichos tributos son autónomos e independientes.
3.Señaló que en el impuesto de renta del año 2006 se incurrió en un error, dado
que “[…] declaró un patrimonio de $5.400.068.000; es decir, declaró un patrimonio
1
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-04280-00
Demandante: JUANA MANUELA MARROQUÍN SANTOS
igual o superior a los $3.000.000.000, patrimonio con el que el contribuyente no
contaba […]”, de allí que, en su entender, la DIAN no debía tener en cuenta dicha
declaración de renta, por ser contraria a la realidad.
4. Agregó que no presentó la declaración del impuesto al patrimonio del año 2008,
en razón a que “[…] su patrimonio real a 1. ° de enero de 2007 lo era únicamente la
suma de $982.000 representados en un bono para el desarrollo social y seguridad
interna […] con anterioridad al 1°de enero del año 2007, todos los bienes adquiridos
por JUANA MANUELA MARROQUIN SANTOS, cuando esta era menor de edad,
habían sido objeto de extinción de dominio con excepción de los bonos para el
desarrollo social y seguridad interna a los que se ha hecho alusión. […]”.
5. Refirió que el 5 de mayo de 2011, antes que se profirieran las resoluciones objeto
de enjuiciamiento, presentó corrección de la declaración de renta del año 2009, lo
cual es “[…] relevante en atención a lo previsto en el artículo 298-2 del Estatuto
Tributario y que se puso de presente […] al momento de postular el recurso de
reconsideración. […]”.
6. Mencionó que, como el patrimonio líquido declarado en la corrección del
impuesto de renta del año 2009 asciende a la suma de “[…] $1.902.000 […]”, la
demandante no es sujeto pasivo del impuesto al patrimonio del año 2008 y, aún en
el caso de liquidarse este, debe ser sobre ese patrimonio líquido, que da lugar a un
tributo de “[…] $22.824 […]” y una sanción por no declarar del 160% de dicha suma
que corresponde a “[…] $36.518.40. […]”.
7. Por su parte, la DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, por las
siguientes razones:
8.Mencionó que el impuesto al patrimonio fue creado por el artículo 25 de la Ley
1111 de 27 de diciembre de 2006, para los años gravables 2007, 2008, 2009 y 2010,
a cargo de las personas naturales o jurídicas contribuyentes declarantes del
impuesto sobre la renta.
9. Manifestó que el artículo 26 de la citada ley, modificatorio del artículo 293 del
Estatuto Tributario, previó como hecho generador el siguiente: “[…] El impuesto a
que se refiere el artículo anterior, se genera por la posesión de riqueza a 1° de enero
del año 2007, cuyo valor sea igual o superior a tres mil millones de pesos
($3.000.000.000) […]”.
10. Destacó que la señora Juana Manuela Marroquín, en su declaración del impuesto
de renta del año 2006, registró como patrimonio líquido la suma de “[…]
($5.400.068.000) […]”.
11. Argumentó que, en virtud de lo establecido en los artículos 282-2 y 746 del
Estatuto Tributario, y en razón a que la demandante omitió declarar el impuesto al
patrimonio para el año 2008, procedía liquidar dicho impuesto con base en la
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Demandante: JUANA MANUELA MARROQUÍN SANTOS
declaración de renta inmediatamente anterior a su causación, es decir, la del año
2006, que no había sido objeto de corrección y que se encontraba en firme.
I.2. La sentencia de primera instancia
12. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 28 de junio de 2018,
negó las pretensiones de la demanda, al considerar lo siguiente:
13. Encontró que la demandante era sujeto pasivo del impuesto al patrimonio en el
año gravable 2008, debido a que, en la declaración de renta del año 2006, denunció
un patrimonio líquido correspondiente a la suma de cinco mil cuatrocientos millones
sesenta y ocho mil pesos ($5.400.068.000), lo que se traduce en que, para el 1. °
de enero de 2007, tenía más de tres mil millones de pesos ($ 3.000.000.000).
14. Precisó que el artículo 298-2 del Estatuto Tributario permite tener como base del
impuesto al patrimonio para efectuar la liquidación de aforo, el patrimonio líquido
registrado en la última declaración de renta aportada antes del período gravable
objeto de aforo, en este caso la de 2006, comoquiera que las correcciones de las
declaraciones de los años gravables 2008 y 2009 se circunscriben a hechos
ocurridos en vigencias posteriores de las que no pueden derivarse efectos
retroactivos.
15. Expuso que la declaración de renta de 2006 adquirió firmeza y no fue objeto de
corrección, de modo que el término para discutir dichas cargas probatorias feneció
y las afirmaciones relacionadas con la situación jurídica de los bienes que hacían
parte del patrimonio de la actora, no la exoneran del pago del impuesto al patrimonio
del año 2008.
16. Portanto, determinó que la consecuencia por no declarar ese tributo, de
conformidad con lo previsto en el artículo 298-2 del Estatuto Tributario, era una
sanción correspondiente al 160% del valor del impuesto que no fue oportunamente
declarado.
17. Por último, decidió no condenar en costas a la parte vencida, porque en el
expediente no se evidenció que se hubieran causado y tampoco se concretó una
conducta procesal que lo justificara.
I.3. El recurso de apelación
18. La accionante interpuso recurso de apelación en contra del fallo de 28 de junio
de 2018, por estimar que la liquidación de aforo del impuesto al patrimonio del año
2008 debió efectuarse con sustento en la corrección de la declaración de renta del
2009, dado que no resultaba acertado interpretar que la última declaración de renta
que presentó era la de 2006.
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Demandante: JUANA MANUELA MARROQUÍN SANTOS
19. Añadió que en el certificado del contador público aportado al proceso se
identifican los bienes que conformaban su patrimonio al 1.° de enero de 2007 y se
evidencia el error de la declaración del impuesto de renta del año gravable 2006.
20. Reiteró que los bienes declarados en el impuesto de renta del año 2006 fueron
objeto de extinción de dominio, razón por la que no podían ser tenidos en cuenta
para efectos de estimar su riqueza a 1.° de enero de 2007.
I.4. La sentencia de segunda instancia
21. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 25 de junio de
2020, confirmó el fallo apelado.
22. Precisó que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 282-2 del Estatuto
Tributario, “[…] «Los contribuyentes del Impuesto al Patrimonio que no presenten la
declaración correspondiente serán emplazados por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales para que declaren dentro del mes siguiente a la notificación
del emplazamiento. Cuando no se presente la declaración dentro de este término,
se procederá en un solo acto a practicar liquidación de aforo, tomando como base
el valor patrimonio líquido de la última declaración de renta presentada (…)» […]”
(subrayado del texto).
23. Estimó que “[…] la anterior regla jurídica consagra «un método de estimación
indirecta de la base gravable del impuesto al patrimonio, pues faculta a la
Administración para tener como patrimonio líquido a 1° de enero de 2007 el
declarado por el contribuyente a 31 de diciembre de 2006 en la liquidación privada
del impuesto sobre la renta del año gravable anterior. […]”.
24. Aclaró que la señora Juana Manuela Marroquín Santos no presentó la
declaración del impuesto al patrimonio del año 2008, por lo que la DIAN adelantó el
procedimiento de aforo, con fundamento en el patrimonio líquido declarado en 2006,
en virtud del artículo 298-2 del Estatuto Tributario, que habilita a la autoridad
tributaria para tomar como base la última declaración de renta presentada por el
contribuyente, es decir, la final a la fecha de causación del tributo.
25. Sostuvo que el extremo actor no allegó pruebas que permitieran desvirtuar el
patrimonio líquido que declaró en 2006, ni que la estimación indirecta de la base
gravable del tributo en cita se hubiese efectuado erradamente, pues si bien exhibió
los certificados de libertad y tradición de algunos inmuebles, de existencia y
representación de aportes en sociedades y del contador público, en los que se
relacionan los bienes que fueron objeto de extinción de dominio, no comprobó que
se tratara de los mismos bienes que conformaron el patrimonio denunciado en 2006.
26. Añadió que no se demostró que se hubiera incurrido en un error en la declaración
del impuesto de renta de 2006 y tampoco se corrigió.
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Demandante: JUANA MANUELA MARROQUÍN SANTOS
27. Porlo anterior, coligió la existencia del hecho generador del impuesto al
patrimonio del año 2008 y la omisión de declararlo, por lo que confirmó la sentencia
de primera instancia.
II. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
II.1. El recurso extraordinario -causal invocada-
28. La señora Juana Manuela Marroquín Santos, por intermedio de apoderado
judicial, instauró recurso extraordinario de revisión en el que solicitó que se infirmara
la sentencia de 25 de junio de 2020.
29. En criterio de la revisionista, en el sub examine se configura la causal de revisión
prevista en el numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437, esto es, nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación, porque la providencia censurada vulneró su derecho al debido proceso.
30. Mencionó que según lo dispuesto en la Ley 1111 de 2006, el impuesto al
patrimonio se causa por la posesión de riqueza a 1° de enero de 2007, no obstante,
señaló que en su caso no existía prueba que acreditara su obligación de pagar dicho
tributo en el año gravable 2008, toda vez que los bienes que fueron puestos a su
nombre, cuando tenía tres años de edad, fueron objeto de varios procesos de
extinción de dominio, motivo por el que no contaba con un patrimonio igual o
superior a tres mil millones de pesos ($3.000.000.000.) a 1.° de enero de 2007.
31. Aseveró que los impuestos relacionados con esos bienes estaban a cargo de la
Dirección Nacional de Estupefacientes y debían cancelarse en el momento en el
que se declarara la extinción de dominio.
32. Agregó que en la declaración de renta del año 2006 se registró erróneamente el
patrimonio líquido por la suma de cinco mil cuatrocientos millones sesenta y ocho
mil pesos ($5.400.068.000), conformado por los bienes que se encontraban bajo la
custodia del Estado colombiano, razón por la que la liquidación oficial de aforo debió
tenerse en cuenta el patrimonio denunciado en la corrección de la declaración
correspondiente al año 2009.
33. Argumentó que en el trámite administrativo y en el proceso judicial no se
valoraron en debida forma los certificados de libertad y tradición y del contador
público aportados en la demanda ordinaria, en los que se evidenciaba la extinción
del dominio de los bienes reportados en la declaración de renta del año gravable
2006.
34. Aunado a lo anterior, señaló que no se efectuaron pruebas de oficio, omisión que
conllevó a que se empleara la declaración de renta del año 2006 como prueba
indirecta “[…] vulnerando principios y garantías procesales como pro homine, la
certeza, la duda la justicia tributaria, justicia material, la buena fe, la confianza
legítima y la legalidad de las actuaciones […]”.
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-04280-00
Demandante: JUANA MANUELA MARROQUÍN SANTOS
35. Afirmó, de forma general, que no se decretaron las pruebas solicitadas por la
accionante.
36. Aseguró que no se analizaron las circunstancias particulares de la contribuyente,
en virtud de las cuales correspondía invertir la carga de la prueba, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, y aplicar los
principios in dubio pro contribuyente y pro homine.
37. Por último, consideró que el “[…] fallador tributario aplico (sic) una norma y un
procedimiento inadecuado y de forma irregular determinando un impuesto al
patrimonio cuando la persona objeto de esa determinación y sanción no tiene
patrimonio en el país [...]”.
II.2. Trámite del recurso extraordinario de revisión
38. El recurso extraordinario de revisión fue presentado ante la Secretaría General
del Consejo de Estado el 6 de julio de 2021 y luego de efectuarse el correspondiente
reparto, se asignó su conocimiento a la Sala Veinte Especial de Decisión, con la
radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-04280-00.
39. Mediante proveído de 16 de julio de 2021 se admitió el recurso extraordinario de
revisión y se solicitó a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia que
allegara copia digital del expediente ordinario núm.: 05001-23-33-000-2015-01256-
01, en el que se profirió la sentencia de 25 de junio de 2020; expediente
debidamente incorporado al plenario y que se encuentra visible en el índice 15 del
expediente digital.
40. Mediante auto de 16 de septiembre de 2021 se tuvo por oportunamente
presentada la contestación de la demanda por parte de la DIAN y se resolvió sobre
el decreto y práctica de las pruebas solicitadas por las partes. En dicha providencia
se negaron 2 pruebas solicitadas por la parte recurrente, consistentes en que se
incorporara al plenario la declaración extraprocesal rendida por la señora Juana
Manuela Marroquín Santos y que se ratificara dicha declaración.
41. La accionante instauró recurso de reposición y en subsidio de súplica en contra del
auto de pruebas, los cuales se resolvieron el 19 de octubre de 2021 y el 4 de abril de
2022, respectivamente, en el sentido de confirmar la providencia recurrida.
42. Vencido el plazo de fijación en lista2, el expediente pasó para sentencia.
2
Cfr. índice 40 del expediente digital en SAMAI.
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-04280-00
Demandante: JUANA MANUELA MARROQUÍN SANTOS
II.3 Intervención de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
43. LaDIAN, por intermedio de apoderado judicial, arguyó que la demandante
pretende reabrir el debate de las instancias del proceso ordinario y cuestionar la
apreciación de los hechos y la valoración de las pruebas aportadas al plenario, por
ende, las supuestas irregularidades no se originaron en la sentencia objeto de
examen.
44. Mencionó que el decreto de pruebas de oficio es un mecanismo dispositivo de la
administración y del juez, y que la carga dinámica de la prueba implica que el
contribuyente debe demostrar los hechos que alega dentro de las oportunidades
señaladas en el ordenamiento jurídico.
45. Expuso que la inactividad probatoria de oficio y la supuesta omisión en la
valoración del certificado del contador, no configuran la causal de nulidad originada
en la sentencia, por cuanto no hacen parte de las irregularidades enlistadas en el
Código General del Proceso y en la jurisprudencia, que habilitan su estudio a través
de este mecanismo extraordinario de revisión.
46. Agregó que en el trámite administrativo y en el judicial la revisionista tuvo la
oportunidad de presentar y controvertir las manifestaciones de la autoridad
tributaria, no obstante, los elementos de convicción que aportó no lograron
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados.
47. Por último, solicitó que se condenara en costas al extremo actor.
II.4. Intervención del Ministerio Público
48. El Procurador Delegado ante el Consejo de Estado, que interviene como agente
del Ministerio Público en el proceso de la referencia, pidió que se resolviera de
manera desfavorable el recurso extraordinario de revisión por lo siguiente:
49. Manifestó que no se desconoció el valor probatorio de los elementos de
convicción aportados por la demandante al proceso y que su examen permitió
establecer que no eran suficientes para desvirtuar la veracidad de la declaración de
renta del año gravable 2006.
50. Anotó que la contribuyente procuró invertir la carga de la prueba con el propósito
de alegar la omisión del decreto de pruebas de oficio, sin tener en cuenta su deber
de allegar al plenario los soportes de sus afirmaciones.
51. Indicó que de acuerdo con la información que declaró la contribuyente en el año
gravable 2006, se logró establecer la posesión de riqueza como hecho generador
del impuesto al patrimonio, entonces, no estimó adecuado aducir de manera
extemporánea que existió un error en dicha declaración.
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-04280-00
Demandante: JUANA MANUELA MARROQUÍN SANTOS
52. Finalmente, recordó que el propósito del recurso extraordinario de revisión no es
enmendar los errores del juez o de las partes.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
III.1. Competencia y oportunidad
53. El artículo 248 de la Ley 1437 dispone que el recurso extraordinario de revisión
procede en contra de las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y
subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
por los tribunales administrativos y por los juzgados administrativos.
54. En tratándose del recurso extraordinario de revisión instaurado en contra de las
sentencias proferidas por las secciones y subsecciones del Consejo de Estado, el
artículo 249 de la Ley 1437 prevé que la competencia radica en la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de la citada Corporación, sin exclusión de la Sección
que profirió la decisión.
55. De conformidad con el artículo 107 ibidem, las Salas Especiales de Decisión del
Consejo de Estado decidirán los procesos sujetos al conocimiento de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo de la Corporación en los asuntos que esta última
les encomiende, salvo en los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por
inconstitucionalidad.
56. Al respecto, el artículo 29 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 –Reglamento
Interno del Consejo de Estado–, al asignar los asuntos de conocimiento de las Salas
Especiales de Decisión, dispuso lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias
de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.
[…]”
57. Por su parte, los artículos 251 y 252 de la Ley 1437 prevén que este recurso
extraordinario puede interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia, mediante escrito que debe reunir los requisitos establecidos
en esta última disposición, con indicación precisa y razonada de la causal en que
se funda, acompañada de los documentos necesarios y de las pruebas
documentales que el recurrente tenga en su poder y las que pretenda hacer valer.
58. En el caso concreto, se advierte que la señora Juana Manuela Marroquín Santos,
mediante escrito presentado el 6 de julio de 20213, interpuso el recurso
extraordinario de revisión en contra de la sentencia proferida por la Sección Cuarta
3
Cfr. Índice 2 del expediente digital en SAMAI.
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-04280-00
Demandante: JUANA MANUELA MARROQUÍN SANTOS
del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho núm. 05001-23-33-000-2015-01256-01, el 25 de junio de 2020;
providencia que fue notificada por estado el 3 de julio de 20204 y quedó
ejecutoriada5 el 8 de julio del mismo año, es decir, que el recurso se presentó antes
del vencimiento del término de un año que señala la norma.
59. En consecuencia, la Sala es competente para decidir el recurso extraordinario de
revisión de la referencia, en la medida en que fue instaurado oportunamente y
promovido en contra de una sentencia ejecutoriada proferida por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, motivo por el cual se cumplen los presupuestos procesales
para su estudio de fondo.
III.2. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión
60. El recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de la cosa
juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas, ha sido instituido por el legislador
para enmendar los errores o ilícitos cometidos en la expedición de tales
providencias.
61. El citado recurso procede por las causales taxativas que en cada caso haya
definido el legislador, y tiene como propósito garantizar la justicia real y material
como valor fundante del Estado de Derecho, tal y como lo sostuvo la Corte
Constitucional en sentencia C-871 de 2003, en la cual señaló lo siguiente:
“[…] Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues
puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para
enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite
en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos
casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan
que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone
al principio “res iudicata pro veritate habertur” para evitar que prevalezca una
injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia
injusta y reabrir un proceso ya fenecido […]”.
62. Así las cosas, en la medida en que, a través de este recurso se puede ver alterada
la certeza brindada por la cosa juzgada, el mismo procede por las causales
expresamente señaladas por la ley, imposibilitando alegar o acudir a otras 6;
taxatividad que resulta razonable, pues se trata de un mecanismo que modifica
providencias que se consideraban inmutables y definitivas, razón por la cual los
motivos que dan lugar a la revisión deben ser aplicados e interpretados en sentido
restringido7.
63. Por tal razón, el recurso extraordinario de revisión no puede ejercerse como un
medio de impugnación para abordar el fondo del asunto que fue objeto de análisis
en el trámite ordinario, dado que este control autónomo vincula su procedencia a
4
Cfr. Índice 15 del expediente ordinario en SAMAI.
5
Conforme con el artículo 302 de la Ley 1564.
6
Corte Constitucional. Sentencia C – 0004 de 20 de enero de 2003. M.P.: Eduardo Montealegre Lynett.
7
Ibidem.
10
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-04280-00
Demandante: JUANA MANUELA MARROQUÍN SANTOS
las causales previstas por el legislador en los artículos 250 de la Ley 1437 y 20 de
la Ley 797 de 29 de enero de 20038. Es por ello que, su naturaleza excepcional
impide: (i) reabrir el debate jurídico, probatorio o fáctico, propio de las instancias
ordinarias; (ii) subsanar las omisiones de las partes en el curso del proceso; y (iii)
cuestionar la interpretación normativa del juez natural.
III.3. De la causal invocada
64. La causal del recurso extraordinario de revisión que invoca el demandante, es la
prevista en el numeral 5. del artículo 250 de la Ley 1437 cuyo tenor literal es el
siguiente:
“[…] Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación […]”.
65. De esta manera, se evidencia que el legislador restringió la procedencia de este
mecanismo extraordinario a las sentencias ejecutoriadas contra las que no
procedan recursos, con el fin de corregir errores graves y la perpetración de
decisiones injustas o irregulares. Sin embargo, la jurisprudencia ha admitido la
posibilidad de analizar esta causal cuando el vicio se presente en el momento
previo a dictar el fallo y el afectado no pueda advertirlo, evento que deberá
demostrarse con suficiencia en el trámite de revisión9.
66. En ese orden de ideas, por regla general, no es admisible valerse de esta causal
para controvertir nulidades procesales ocurridas en una etapa previa a la decisión
definitiva, debido a que su formulación se somete a las reglas de oportunidad
consagradas en el artículo 134 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201210, sin perjuicio
del deber del juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que advierta antes
de dictar sentencia.
67. Bajoestas glosas, la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo11 ha sostenido, a título enunciativo, que las irregularidades
8
“[…] Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales […]”.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tercera Especial de Decisión. Sentencia de 3 de
diciembre de 2019. Radicación: 11001-03-15-000-2018-01235-00. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Séptima Especial de Decisión. Sentencia de 3 de diciembre de 2019.
Radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala
Dieciséis Especial de Decisión. Sentencia de 5 de mayo de 2020. Radicación: 11001-03-15-000-2017-02519-00. C.P. Nicolás
Yepes Corrales.
10
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de mayo de 2011, número único de
radicación 11001-03-15-000-2008-00294-00. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Quinta
Especial de Decisión. Sentencia de 19 de mayo de 2023. Radicación: 11001-03-15-000-2022-00179-00. C.P. Milton Chaves
García. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 2 de
agosto de 2023. Radicación: 11001-03-26-000-2019-00092-00. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia de 14 de agosto de 2018.
Radicación: 11001-03-15-000-2014-03093-00. C.P. Guillermo Sánchez Luque. Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo. Sala Veintiuno Especial de Decisión. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Radicación: 11001-
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-04280-00
Demandante: JUANA MANUELA MARROQUÍN SANTOS
sustanciales del procedimiento que pueden considerarse como nulidades
originadas en la sentencia son las siguientes:
“[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia
en proceso terminado normalmente por sentencia en firme, iii) cuando sin más
actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera
sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la
perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin
el previo trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por
cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por
causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha
sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la
sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o
adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la
providencia carece completamente de motivación. […]”.
68. Visto lo anterior, la Sala procederá a efectuar el análisis de fondo de los
argumentos expuestos en el recurso, para, luego, determinar si se configura o no la
causal de revisión invocada por la parte recurrente.
III.4. Problema jurídico
69. Corresponde determinar si se configura o no la causal del numeral 5. del artículo
250 de la Ley 1437, dado que, según la demandante, la sentencia objeto de revisión
está viciada de nulidad por vulnerar su derecho fundamental al debido proceso, al
determinar que debía pagar el impuesto al patrimonio del año gravable 2008, sin
que existiera prueba del hecho generador de la obligación.
III.5. De la configuración o no de la causal de revisión alegada
70. Del análisis de los argumentos planteados por el recurrente, la Sala Especial de
Decisión evidencia que su inconformidad se concreta en los siguientes cargos:
71. (i) La inexistencia de prueba que demuestre la configuración del hecho generador
de la obligación tributaria de declarar el impuesto al patrimonio por el año gravable
2008.
72. (ii) El desconocimiento de los certificados de libertad y tradición y del contador
público aportados al proceso.
73. (iii) La omisión de decretar y practicar pruebas de oficio y las solicitadas por la
accionante.
03-15-000-2017-00811-00. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiuno
Especial de Decisión. Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Radicación: 11001-03-15-000-2014-01303-00(REV). C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Cuarta Especial de Decisión.
Sentencia de 1º de septiembre de 2020. Radicación: 11001-03-15-000-2020-00266-00. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-04280-00
Demandante: JUANA MANUELA MARROQUÍN SANTOS
74. (iv) La inobservancia de la carga dinámica de la prueba, prevista en el artículo
167 de la Ley 1564 y de los principios in dubio pro contribuyente y pro homine.
75. (v) La aplicación “[…] de una norma y un procedimiento irregular determinando
un impuesto al patrimonio cuando la persona objeto de esa sanción no tiene
patrimonio alguno en el país […]”.
76. Para efectos de resolver, la Sala resalta que el problema jurídico planteado en el
fallo objeto de revisión, se circunscribió a lo siguiente:
“[…] determinar la legalidad de los actos demandados, atendiendo a los
cargos de la apelación que la demandante formuló respecto de la
sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquía, Sala Tercera de
Oralidad, proferida el 28 de junio de 2018, por medio de la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.
En concreto, los cargos de la impugnación llevan a la Sala a determinar
si la demandante realizó el hecho generador del impuesto al patrimonio
del año 2008, por poseer un patrimonio superior a $3.000.000.000.
Para la apelante, el impuesto al patrimonio no debe determinarse con el
patrimonio de la declaración de renta del año 2006, registrado en la suma
de $5.400.068.000, sino con el de la declaración de corrección del año
2009, por $1.902.000, por ser la última declaración presentada, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 298-2 del E.T.
Además, porque el patrimonio del año 2006 fue determinado de forma
errónea, con unos bienes que realmente no eran de propiedad de la
contribuyente, en tanto habían sido objeto de extinción de dominio. […]”.
77. En relación con el análisis de las pruebas aportadas al proceso, se indicó:
“[…] [L]a Sala encuentra que la actora no aportó pruebas idóneas que
desvirtuaran el patrimonio líquido declarado en el año 2006, y que
permitieran hacer una estimación directa del patrimonio líquido a 1º de
enero de 2007, para de esa forma, superar la estimación indirecta de la base
gravable del impuesto al patrimonio realizada por la DIAN.
La actora aportó certificados de libertad y tradición, y certificado de
existencia y representación legal, que informan que ciertos inmuebles y
aportes en sociedades fueron objeto de extinción de dominio, pero lo
cierto es que no demostró que esos bienes eran los mismos que
conformaron el patrimonio declarado en el año 2006. Más todavía, cuando
esa declaración no fue corregida, y la extinción de dominio de esos bienes
había operado desde los años 1997, 2003 y 2004.
El certificado de contador público aportado por la actora no lleva a la Sala
al convencimiento del hecho que pretende probar, esto es, la conformación
del patrimonio declarado en el año 2006. Todo, porque la certificación se
agota en realizar simples afirmaciones o enunciados sobre los bienes que
se incluyeron en el patrimonio del año 2006, sin hacer referencia u ofrecer
detalle sobre los documentos que soporten lo afirmando en este.
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-04280-00
Demandante: JUANA MANUELA MARROQUÍN SANTOS
La falta de soporte del certificado no puede justificarlo la contribuyente con el
argumento de que no estaba obligada a llevar contabilidad, porque ello no obsta
para que lleve un control financiero de la actividad que ejerce -ingresos y
egresos- y de su patrimonio -activos y pasivos-, que permita respaldar esos
conceptos.
La calidad de “prueba suficiente” que le otorga la norma tributaria a la
certificación de contador público, no puede limitarse a simples
afirmaciones sobre las operaciones de orden interno y externo carentes
de respaldo documental. El profesional de las ciencias contables es
responsable de la contabilidad o de la revisión y análisis de las operaciones de
un ente social o de las personas naturales y está en capacidad de indicar los
soportes, asientos y libros contables, u otros documentos soportes donde
aparecen registrados las afirmaciones vertidas en sus certificaciones.
Por tanto, el certificado del contador público no permite demostrar en este
caso que los bienes relacionados en ese documento fueron los que
conformaron el patrimonio declarado en el impuesto de renta del año
2006. Pero, principalmente, se advierte que en este proceso no se encuentra
probado que la contribuyente hubiere incurrido en un error en la declaración de
renta del año 2006, ni la misma fue objeto de corrección.
En ese contexto, el certificado no puede ser considerado como prueba para
desvirtuar el patrimonio declarado en el impuesto de renta, teniendo en cuenta
que no expresa los documentos que le sirven de soporte para determinar el
patrimonio que fue declarado en el año 2006 por la demandante.
En consecuencia, la demandante no desvirtuó la estimación indirecta de que
trata el artículo 298-2 del ET, como era su carga probatoria. Así, el patrimonio
líquido debe mantenerse como había sido declarado en el impuesto sobre la
renta del año gravable 2006. […]” (negrilla fuera del texto).
78. Con base en lo anterior, el juez ordinario consideró que el “método de estimación
indirecta”, establecido en el artículo 298-2 del Estatuto Tributario, facultó a la DIAN
para tomar como base del impuesto al patrimonio del año gravable 2008, el monto
declarado en el impuesto de renta del año 2006, por cuanto:
“[…]Se dice que el artículo 298-2 faculta a la DIAN para tomar como base del
impuesto al patrimonio del año 2008, el patrimonio de la declaración de renta
del año 2006, porque debe entenderse que «la última declaración de renta
presentada» a que se refiere la norma, es la declaración final a la fecha de
causación del tributo, en tanto es el momento en que se conforman los
elementos que determinan la obligación tributaria a cargo del contribuyente,
como el hecho generador y la base gravable.
No puede perderse de vista que la obligación tributaria nace como
consecuencia de la realización del hecho generador y, por tanto, lo
consecuente es que el mismo deba determinarse con la última declaración de
renta presentada en el período gravable del impuesto al patrimonio respectivo.
Por esas razones, puede tomarse como referente del hecho generador del
impuesto al patrimonio, el patrimonio líquido declarado en el impuesto de
renta del año 2006, detrayéndose de este, los valores patrimoniales
autorizados por la ley.
[…]
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-04280-00
Demandante: JUANA MANUELA MARROQUÍN SANTOS
No le asiste razón a la actora, cuando afirma que la última declaración
presentada es la de corrección del año 2009, por cuanto la misma es
posterior a la fecha de causación del tributo y, en consecuencia, del
momento en que se conformaron los elementos de la obligación tributaria del
impuesto al patrimonio del año 2008. Esto es así, porque la posesión de riqueza
gravada con el impuesto al patrimonio debe determinarse con hechos
económicos que se entiendan realizados en el momento en que se causa el
tributo.
Es importante precisar que la posibilidad de utilizar como base gravable del
impuesto al patrimonio, el patrimonio líquido reportado en la declaración del
impuesto sobre la renta, no se funda en la presunción de veracidad de los
hechos consignados en tal declaración (artículo 746 del ET), ni en el valor
probatorio de la misma. El fundamento estriba en la decisión del legislador de
adoptar un método de estimación indirecta de la base gravable del impuesto al
patrimonio que toma como dato de la realidad para determinar indirectamente
la base gravable el patrimonio líquido reportado en la declaración de renta. […]”
(negrilla fuera del texto).
79. Así las cosas, se observa que en la sentencia objeto de revisión se realizó el
análisis probatorio de las pruebas allegas al plenario, concretamente, se valoraron
los certificados de libertad y tradición y el certificado expedido por el contador
público que la revisionista indica que no se estudiaron; cuestión distinta es que el
juez ordinario haya determinado que dichas pruebas no tenían la vocación de
desvirtuar la información tributaria contenida en la declaración de renta del año
2006.
80. Por ello, los argumentos i) y ii) del recurso no están llamados a prosperar, dado
que la sentencia objeto de revisión se fundamentó en las pruebas obrantes en el
expediente y analizó aquellas que la revisionista echa de menos.
81. Adicionalmente, por cuanto lo pretendido es cuestionar los criterios
hermenéuticos que sirvieron de fundamento a la decisión cuestionada, aspecto que
escapa de la finalidad de la causal de revisión contenida en el numeral 5. del artículo
250 de la Ley 1437.
82. En relación con el cargo iii) del recurso, asociado a que se omitió el decreto de
pruebas de oficio, la Sala encuentra que, de conformidad con el artículo 213 de la
Ley 1437, el ad quem tenía la potestad de decretar las pruebas de oficio que
estimara necesarias para el esclarecimiento de la verdad. En ejercicio de esa
facultad discrecional, evaluó el acervo probatorio y estimó que era suficiente para
decidir de fondo el asunto puesto en su conocimiento.
83. En ese sentido, dicho argumento tampoco hace parte de los eventos que
viabilizan la configuración de la causal invocada, en razón a que se circunscribe a
asuntos propios de la labor intelectual del juez de la causa y excede los límites del
recurso extraordinario de revisión, que no se instituyó para enmendar las falencias
de la etapa probatoria o el incumplimiento de los deberes de las partes.
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-04280-00
Demandante: JUANA MANUELA MARROQUÍN SANTOS
84. Por otro lado, la recurrente alegó, de manera general, que no se decretaron las
pruebas que solicitó, sin especificar su contenido, el impacto que hubieran tenido
en la decisión definitiva y la etapa en el que se produjo el vicio, en orden a establecer
si fue en el momento previo a la expedición de la sentencia definitiva y no pudo
advertirlo oportunamente.
85. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la interposición del
recurso extraordinario de revisión “[…] exige una carga argumentativa precisa por
parte del recurrente, toda vez que, esta debe hacerse de manera técnica, rigurosa
y fundamentada, y que impida la reapertura de aspectos que fueron tratados por el
juez de instancia. De ahí que, tampoco sea un instrumento procesal para discutir
los fundamentos jurídicos de las providencias12. […]”.
86. Nótese, entonces, que el libelista no decantó con suficiencia el cargo alegado y
que el ordenamiento jurídico contempla medios de defensa ordinarios para
controvertir las decisiones que se adopten en materia probatoria, de tal forma que
resulta contrario a los propósitos de este recurso ahondar en este cuestionamiento.
87. En lo que atañe al argumento iv) del recurso, se observa que la revisionista adujo
que la supuesta anomalía de la carga dinámica de la prueba se presentó desde el
trámite administrativo adelantado por la DIAN, por consiguiente, lo que se pretende
es trasladar el deber de aportar o solicitar el decreto y práctica de aquellas pruebas
que estimaba eran determinantes para acceder a sus pretensiones en el proceso
ordinario.
88. El artículo 167 de la Ley 1564 establece que “[…] según las particularidades del
caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las
pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar
[…]”, es decir que la revisionista tuvo a su alcance la posibilidad de advertir un
eventual desequilibrio en las oportunidades procesales establecidas por el
legislador, sin que sea el recurso extraordinario de revisión una nueva oportunidad
procesal para ello.
89. En cuanto al cargo v) del recurso, según el cual se aplicó “[…] una norma y un
procedimiento irregular determinando un impuesto al patrimonio cuando la persona
objeto de esa sanción no tiene patrimonio alguno en el país […]” y el
desconocimiento de los principios in dubio pro contribuyente y pro homine, se reitera
que el juez revisor no está habilitado para cuestionar los criterios hermenéuticos
que sirvieron de fundamento a la decisión cuestionada, en la medida que un
entendimiento distinto vulneraría el principio de cosa juzgada.
90. En consecuencia, este argumento del recurso tampoco está llamado a prosperar,
en tanto que desborda la finalidad de la causal de revisión prevista en el numeral 5.
del artículo 250 de la Ley 1437.
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Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia de 13 de
octubre de 2020. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2019-00119-00. C.P. Alberto Montaña Plata.
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-04280-00
Demandante: JUANA MANUELA MARROQUÍN SANTOS
91. Por último, cabe destacar que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, al resolver recursos extraordinarios de revisión interpuestos por
la recurrente por hechos similares a los debatidos en el proceso de la referencia, ha
llegado a las mismas conclusiones de la presente decisión, como se observa:
[…] la Sección Cuarta del Consejo de Estado no desconoció el material
probatorio obrante en el proceso con el que se acreditaba que se había
declarado la extinción de dominio sobre unos bienes que figuraban a nombre
de la señora Marroquín Santos; pero lo que no encontró probado la
autoridad judicial era que dichos bienes, sobre los cuales se adelantaron
los procesos de extinción de dominio, fueran los mismos que se
incluyeron en la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente
al año gravable 2006 y que sumaban el valor reportado como patrimonio
líquido.
71.La Sala considera que esta conclusión a la que llegó la Sección Cuarta
del Consejo de Estado no configura una causal de nulidad por violación
del debido proceso, pues se trata de una decisión adoptada en ejercicio del
principio de la sana crítica, basada en el análisis de las pruebas allegadas al
proceso, en especial, si se tiene en cuenta que la declaración del impuesto
sobre la renta del año gravable de 2006 no fue corregida por la
contribuyente, y dicho documento sirvió de base para establecer el
impuesto al patrimonio del año 2010, motivo por el cual, la parte actora no
podía pretender que se restara el valor probatorio a esta declaración, sin
desvirtuar su presunción de veracidad.
72. Lo que demuestra lo anterior es que la pretensión de la recurrente es que
se estudie nuevamente la totalidad las pruebas que obran dentro del expediente
de nulidad y restablecimiento del derecho, porque no comparte la valoración
probatoria Consejo de Estado. Los argumentos que se exponen en el
recurso extraordinario de revisión no son otros que los planteados dentro
del mismo proceso ordinario.
73. A juicio de la Sala, el recurso extraordinario de revisión no puede, so
pretexto de alegar la configuración de esta causal, convertirse en una
tercera instancia con el fin de controvertir nuevamente las decisiones
adoptadas por los jueces del proceso ordinario, máxime cuando lo
pretendido no es más que corregir la falencia u omisión en la carga de la prueba
para que se resuelvan de forma favorable sus pretensiones.
[…]
[…] es evidente que la recurrente cuestiona la valoración probatoria efectuada
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al no considerar todas las pruebas
en su conjunto, ni haber decretado pruebas de oficio, para establecer que la
contribuyente no tenía la obligación tributaria de declarar el impuesto al
patrimonio, y que de haberlo hecho, la conclusión sería anular los actos
acusados, lo que a juicio de la Sala no constituye una violación al debido
proceso, máxime cuando la señora Marroquín tuvo todas las oportunidades
para allegar o solicitar las pruebas que desvirtuaran la presunción de
legalidad de los actos demandados, pudiendo ejercer una debida defensa.
Se reitera que no es válido aducir el no ejercicio de la facultad oficiosa del juez
para suplir la carga probatoria que le asiste al interesado.
78. Así las cosas, no se evidencia ninguna violación al debido proceso, que
implique la configuración de la causal invocada en el recurso extraordinario de
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-04280-00
Demandante: JUANA MANUELA MARROQUÍN SANTOS
revisión, razón por la cual se declarará infundado el mismo. […]”.13 (negrilla
fuera del texto).
92. En suma, las objeciones de la señora Juana Manuela Marroquín Santos se
dirigen a explorar asuntos de carácter probatorio que escapan a la finalidad de este
mecanismo de impugnación extraordinario y no constituyen vulneración al debido
proceso.
93. En consecuencia, la Sala Especial de Decisión considera que no se acreditó la
configuración de la causal de revisión prevista en el numeral 5. del artículo 250 de
la Ley 1437, razón por la cual declarará infundado el recurso.
III.6. De la condena en costas
94. La Sala estima que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25514 de la Ley 1437
y en el numeral 8. 15 del artículo 365 de la Ley 1564, procede condenar en costas a
la recurrente, por concepto de agencias en derecho, dado que el recurso
extraordinario se declarará infundado y se acreditó la labor defensiva de la DIAN.
95. Paraefectos de la liquidación de las agencias en derecho, el consejero
sustanciador dictará un auto posterior, de conformidad con lo establecido en el
numeral 3.16 artículo 366 de la Ley 1564, una vez quede en firme la presente
sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veinte Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora Juana Manuela Marroquín Santos contra la sentencia de
25 de junio de 2020, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación núm.
05001-23-33-000-2015-01256-01.
SEGUNDO: CONDENAR en costas, por concepto de agencias en derecho, a la
parte recurrente.
TERCERO: Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría General,
INGRESAR el expediente al despacho del consejero ponente para lo de su
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Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Dos Especial de Decisión. Sentencia de 29 de
septiembre de 2023. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-04433-00. C.P. César Palomino Cortés. Del mismo modo ver:
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Diecisiete Especial de Decisión. Sentencia de 8 de
febrero de 2023. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-04069-00. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas y Consejo de
Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia de 29 de septiembre de
2021. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-00309-00. C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
14
Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021.
15
Por remisión del artículo 306 de la Ley 1437.
16
Ibidem.
18
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-04280-00
Demandante: JUANA MANUELA MARROQUÍN SANTOS
competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Veinte Especial de Decisión
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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