Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-04360-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-04360-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-04360-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-04360-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
4 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04360-01
Demandante: ALEJANDRA CASTRILLÓN DUQUE Y OTROS
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
QUINDÍO Y OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala1 decide la impugnación interpuesta por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial del Quindío, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y por las señoras Alejandra Castrillón Duque, Libby Elena López Osorio y
Nancy Julieth Alegría Arteaga contra la sentencia del 8 de noviembre de 2021,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que
resolvió:
PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA
CAUSA de Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho al descanso de Alejandra Castrillón
Duque. En consecuencia, ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Armenia que, en el término de 10 días contados a
partir de la notificación de esta providencia, adelante las gestiones necesarias
para apropiar los recursos requeridos para garantizar el reemplazo del actor y,
por consiguiente, expida el correspondiente certificado de disponibilidad
presupuestal, con el fin de que, a su vez, la titular del Juzgado 2 de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá conceda el derecho a las
vacaciones y garantice el nombramiento provisional del respectivo reemplazo,
sin que se afecte el buen funcionamiento del servicio.
TERCERO: ORDENAR la titular del Juzgado 2 de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Calarcá que, en un plazo de 48 horas a partir de la
expedición del correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal,
conceda la solicitud de vacaciones de Alejandra Castrillón Duque, de forma
que se garantice su derecho al descanso.
1 Se advierte que, el 1 de febrero de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04360-01
Demandante: Alejandra Castrillón Duque y otros
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia
CUARTO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por Victoria Eugenia
Valencia Peña, Libby Elena López Osorio y Nancy Julieth Alegría Arteaga, por
las razones expuestas.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 8 de julio de 2021, las señoras Victoria Eugenia Valencia Peña, Libby Elena
López Osorio, Alejandra Castrillón Duque y Nancy Julieth Alegría Arteaga
interpusieron acción de tutela contra Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial del Quindío, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
la Presidencia de la República, porque consideraron vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la salud y «al descanso». Formularon
las siguientes pretensiones:
PRIMERA: se tutelen los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en
condiciones dignas, al descanso y a la salud de VICTORIA EUGENIA
VALENCIA PEÑA, LIBBY ELENA LÓPEZ OSORIO, ALEJANDRA
CASTRILLÓN DUQUE, NANCY JULIETH ALEGRÍA ARTEAGA.
SEGUNDA: en consecuencia, ordenar a la Dirección Administrativa Judicial
Seccional Quindío, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Consejo
Superior de la Judicatura que de acuerdo con sus competencias, adelanten
todas las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan, para
que se disponga asignación presupuestal para nombrar reemplazo de la
doctora ALEJANDRA CASTRILLÓN DUQUE, durante el disfrute de sus
vacaciones, y así mismo, para disponer asignación presupuestal para los
reemplazos de las doctoras VICTORIA EUGENIA VALENCIA PEÑA, LIBBY
ELENA LÓPEZ OSORIO, NANCY JULIETH ALEGRÍA ARTEAGA cuando
soliciten su período de vacaciones qque ya se han causado a la fecha y las
que se causen en futuras vigencias para cada uno de los servidores
mencionados.
TERCERO: Requerir a la Dirección Administrativa Judicial Seccional Quindío,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Consejo Superior d ela
Judicatura para que en adelante, eviten realizar conductas como la expuesta
en el presente caso, y procedan a emitir los respectivos certificados de
disponibilidad presupuestal para poder realizar el nombramiento de un
reemplazo de la persona que sale a disfrutar sus vacaciones en el Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá.
1.2. Hechos
En la demanda se indicó que el 8 de julio de 2021, la señora Alejandra Castrillón
Duque, oficial mayor del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
2
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04360-01
Demandante: Alejandra Castrillón Duque y otros
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia
Seguridad de Calarcá, solicitó sus vacaciones por cumplir un año de servicios,
para lo cual anexó el certificado de vacaciones expedido por la jefe del Área de
Talento Humano y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, proferido por la
coordinadora de ejecución presupuestal, en el que se señaló que «no existe
disponibilidad presupuestal de la presente vigencia fiscal en esta Seccional, para
atender la remuneración de reemplazo por estas vacaciones».
De igual modo, la asistente administrativa, Nancy Julieth Alegría Arteaga
manifestó que tiene pendiente un período de vacaciones causado y que se había
expedido la respectiva certificación del Área de Talento Humano y la Certificación
de Disponibilidad del 10 de junio de 2021, en el que se indicó que no existía
disponibilidad presupuestal.
La señora Libby Elena López Osorio, asistente jurídica del referido despacho,
sostuvo que también tiene un período de vacaciones causado, pero que el 8 de
julio de 2021 le indicaron que no existía disponibilidad presupuestal para designar
su reemplazo.
Por último, la señora Victoria Eugenia Valencia Peña, titular del juzgado, señaló
que tiene un período de vacaciones pendiente y que «se ha expedido la respectiva
certificación de Área de Talento Humano».
Se indicó que la titular del Juzgado Segundo Penal de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Calarcá no ha concedido las vacaciones a la empleada
Castrillón Duque «hasta tanto no se pueda designar un empleado que le
reemplace».
Indicaron que durante el 2020 no disfrutaron de sus vacaciones por el cúmulo de
trabajo, el cual se incrementó con la pandemia y, además, porque no cuentan con
la oralidad, ni tampoco tienen los expedientes digitalizados.
Expresaron que en el primer semestre del 2021, la titular del despacho y la
asistente jurídica hicieron uso de uno de los períodos de vacaciones que tenían
pendientes. Por lo que implica que durante cuatro meses del primer semestre «el
despacho ha contado con menos personal, situación que genera inequidad porque
3
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04360-01
Demandante: Alejandra Castrillón Duque y otros
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia
el personal que queda laborando debe realizar el trabajo del que sale a
vacaciones».
Finalmente, señalaron que mediante sentencia del 15 de abril de 2021, radicado
2021-00047-00, el Tribunal Administrativo del Quindío amparó los derechos de los
servidores judiciales del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Quindío y ordenó que se asignara presupuesto para el
nombramiento de los reemplazos en las vacaciones de cada uno de los
empleados.
1.3. Argumentos de la tutela
Las accionantes indicaron que las autoridades demandadas les están vulnerando
su derecho a la igualdad, toda vez que el Consejo de Estado ha proferido varias
sentencias en las cuales se ordena a las Direcciones Ejecutivas que realicen las
actuaciones necesarias para poder emitir los certificados de disponibilidad
presupuestal para nombrar el reemplazo de los funcionarios que salen a
vacaciones. Al respecto, citaron las sentencias del 12 de diciembre de 2018,
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado (radicado 2018-00756-01) y
la del 14 de mayo de 2020 (radicado 2020-00143-01), proferida por la Sección
Quinta de esta Corporación.
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 11 de octubre de 2021, el magistrado sustanciador del proceso
en primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a
las autoridades demandadas y, en calidad de tercero con interés, al Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá.
2.1. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Quindío solicitó que se
negaran las pretensiones de la tutela, toda vez que su decisión estuvo
fundamentada en el Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020, por el cual se
liquidó el presupuesto general de la Nación para el 2021 y en la Circular 44 de
2011, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso que solo se podrá expedir el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal para los funcionarios judiciales y no
para los empleados. Asimismo, que acataron el concepto proferido por la Unidad
de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
4
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04360-01
Demandante: Alejandra Castrillón Duque y otros
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia
DEAJRHO18-74, además porque el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad contaba con más de 3 cargos.
En relación con la señora Victoria Valencia Peña, expuso que para ella sí era
posible expedir certificado de disponibilidad presupuestal, pero que no había sido
solicitado por el respectivo nominador. Asimismo, indicó que tampoco se
encontraba acreditado que la accionante hubiera pedido el disfrute de sus
vacaciones.
Por último, reiteró que la concesión de las vacaciones es competencia exclusiva
de cada nominador.
2.2. La Presidencia de la República solicitó que se declarara la falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las acciones que
supuestamente vulneran los derechos fundamentales de las accionantes fueron
realizadas por otras autoridades.
2.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial argumentó que solo se iba a
pronunciar respecto de la señora Alejandra Castrillón Duque, porque era la única
que tenía pendiente la concesión del período de vacaciones; mientras que, por el
contrario, con las demás accionantes solo existía una expectativa y la Dirección
Seccional de Administración Judicial no había proferido ningún acto administrativo
que les hubiera negado el disfrute de sus vacaciones. Asimismo, señaló que a la
señora Castrillón Duque tampoco le habían negado las vacaciones, sino que
existía un pronunciamiento de la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Armenia que le informaba la imposibilidad de expedir CDP para nombramiento
del reemplazo.
Expresó que de conformidad con la Circular 44 del 23 de noviembre de 2011, la
expedición de recursos para el nombramiento de reemplazos solo es posible para
funcionarios judiciales y, por tanto, no se ajusta a las condiciones establecidas por
el Consejo Superior de la Judicatura. Solicitó que se declarara la falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues, a su juicio, no es la entidad obligada a
expedir los certificados de disponibilidad presupuestal para el nombramiento de
reemplazos de los servidores judiciales.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04360-01
Demandante: Alejandra Castrillón Duque y otros
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia
Por último, indicó que el juez de tutela no es el juez natural para resolver
situaciones «netamente» laborales, sino que se deben solucionar a través de las
acciones contenciosa administrativas. Asimismo, que de impartir una orden en el
sentido que lo pretenden las accionantes, se vulnerarían los principios de
planeación, presupuesto y servicio público esencial.
3. Fallo impugnado
La Sección Tercera, Subsección B, en providencia del 8 de noviembre de 2021,
accedió a las pretensiones de la demanda, en los términos expuestos al inicio de
esta providencia.
Como fundamento de su decisión, señaló que los medios de control previstos en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no
son eficaces «dado el tiempo que implica el desarrollo y trámite de un proceso
judicial» y, además, porque no se hicieron repartos contra la Circular PSAC11-44
del 23 de noviembre de 2011 del Consejo Superior de la Judicatura y, por tanto,
encontró superado el requisito de subsidiariedad.
Consideró que no se logró demostrar que las señoras Victoria Eugenia Valencia
Peña, Libby Elena López Osorio y Nancy Julieth Alegría Arteaga hubieran
presentado solicitudes de vacaciones ante sus nominadores, por lo que, en su
criterio, no existía un hecho vulnerador que acreditara que se hubiere negado el
derecho a gozar de las vacaciones y, en consecuencia, negó el amparo de los
derechos fundamentales de las referidas accionantes.
En relación con la señora Alejandra Castrillón Duque manifestó que, si bien la
solicitud de amparo no es el mecanismo idóneo para proferir órdenes que
implique erogaciones y apropiaciones presupuestales, en el presente asunto la
decisión de no expedir el CDP implicó que la titular del Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá retardara sin justificación
el disfrute de las vacaciones de la accionante. Indicó, además, que el hecho de
que no exista una norma que reglamente el procedimiento especial para nombrar
el reemplazo de los empleados judiciales no puede ser óbice para impedir el goce
de ese derecho. Expuso que, dada la naturaleza del servicio, en caso de no
nombrar un reemplazo de la señora Castrillón Duque, por cada día de vacaciones
aumenta la carga laboral, pues al reanudar sus funciones el empleado debería
6
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04360-01
Demandante: Alejandra Castrillón Duque y otros
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia
adelantar todo lo que no pudo hacer durante el receso y, en esas condiciones, la
cesación de sus funciones no garantizaría su derecho al descanso.
4. Impugnaciones
4.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Señaló que si bien la orden de tutela estaba dirigida exclusivamente a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración del Quindío era necesario que aquella
presentara un requerimiento formal a «esta entidad, para que le sean girados los
recursos, y al no estar de acuerdo con su decisión, toda vez que la considera
apartada de la norma reglamentaria que en dicha materia se ha expedido». Para
tal efecto, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
4.2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Quindío
Expuso que no vulneraron los derechos fundamentales de la señora Alejandra
Castrillón Duque, porque la concesión de las vacaciones son competencia
exclusiva del nominador. De igual modo, sostuvo que de conformidad con la
reglamentación del Consejo Superior de la Judicatura la expedición de certificados
de disponibilidad presupuestal solo es posible expedirlos cuando se trate de
vacaciones individuales de funcionarios y excepcionalmente de empleados cuando
los despachos cuenten con 3 o menos cargos. En lo demás, reiteró los
argumentos expuestos en el informe que rindió.
4.3. Libby Elena López Osorio, Alejandra Castrillón Duque y Nancy Julieth
Alegría Arteaga
Indicaron que de conformidad con el numeral segundo de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia, el fallo es «nugatorio» pues la titular del Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad concedió las vacaciones
a la señora Castrillón Duque «para no vulnerar sus derechos fundamentales y en
atención a que las cuatro servidoras contábamos con dos períodos vencidos y por
disfrutar».
7
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04360-01
Demandante: Alejandra Castrillón Duque y otros
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia
Manifestaron que la orden de tutela contenida en el numeral tercero está superada
porque «el personal se vio en la necesidad de salir a vacaciones en estas
condiciones de desigualdad con los otros despachos de la misma categoría».
Señalaron que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas sí obtuvo tutela
favorable a sus intereses, pues sus tres servidores y la jueza salieron a
vacaciones contando con reemplazo remunerado. A su juicio, esa situación es
injusta, inequitativa y desigual.
Indicaron que el argumento según el cual solo hay presupuesto para el pago de
las vacaciones de los jueces es «nueva» porque la señora Libby Elena López
Osorio asumió el encargo no remunerado desde el 2010 hasta el 2018, «ya que la
Dirección Seccional y el Tribunal Superior manifestaban que si había servidores
que cumplieran los requisitos, debían ser nombrados sin pago alguno».
Respecto de las vacaciones pendientes y futuras, señalaron que la Dirección
Seccional solo expide los respectivos CDP cuando los despachos obtienen tutelas
favorables «sin que en este caso se resolviera sobre los períodos vacacionales
futuros». Asimismo, manifestaron que la titular del Juzgado otorgó las vacaciones
a las 3 servidoras, pero que con las pruebas aportadas en el escrito de tutela, la
Dirección Seccional manifestó que no existe presupuesto para el nombramiento de
reemplazo en el período de vacaciones.
Finalmente, concluyeron que en los términos del fallo de primera instancia los
servidores deberían presentar acción de tutela ante cada período que se pretenda
disfrutar de vacaciones «siendo una situación desgastante más aún porque se
resuelve la tutela pasados los términos para ello, generando una incertidumbre en
cuanto al amparo del derecho».
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue
reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1° establece que
«toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
8
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04360-01
Demandante: Alejandra Castrillón Duque y otros
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto», la cual, en principio, procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.
De conformidad con el numeral 1 del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo
que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, según reiterada jurisprudencia constitucional, el otro
mecanismo de defensa judicial debe ser idóneo y eficaz para proteger el derecho
que se considera vulnerado o amenazado. De no serlo, la tutela procederá como
medio principal de protección de los derechos fundamentales.
Así mismo, en el evento de existir esa otra herramienta de defensa, la tutela solo
será procedente si se propone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el
fallo proferido el 8 de noviembre de 2021 por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante el cual se accedió a las pretensiones de
la tutela interpuesta por la señora Alejandra Castrillón Duque y se negó el amparo
solicitado por las señoras Libby Elena López Osorio, Victoria Eugenia Valencia
Peña y Nancy Julieth Alegría Arteaga.
3. Análisis de la Sala
3.1. Caso concreto
En primer lugar, en relación con las vacaciones de la señora Alejandra Castrillón
Duque, la Sala advierte que de conformidad con la información que obra en el
expediente, la titular del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Calarcá profirió la Resolución 013 del 4 de agosto de 2021, por la
cual le concedió las vacaciones «durante 25 días contados a partir del día 17 de
agosto de 2021, hasta el 10 de septiembre de 2021 (inclusive)». Asimismo, se
advierte que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Quindío envió al
9
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04360-01
Demandante: Alejandra Castrillón Duque y otros
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia
Despacho el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 16421, mediante el Oficio
DESAJAR021-1748 del 29 de noviembre de 2021 «para el pago del reemplazo por
vacaciones de la doctora Alejandra Castrillón Duque».
En un caso de contornos fácticos y jurídicos similares, la Sala2 declaró configurada
la carencia de objeto por sustracción de materia, en el entendido de que la
controversia pierde objeto si el empleado ya disfrutó de sus vacaciones.
Bajo ese mismo enfoque, la Subsección considera que en el presente asunto debe
declararse una carencia actual de objeto, por sustracción de materia, la que,
según lo establecido por la Corte Constitucional, se configura cuando «concurren
circunstancias posteriores a la solicitud de tutela que, aunque no estén
relacionadas con el objeto de la solicitud, hacen que el titular pierda interés en el
pronunciamiento del juez por sustracción de materia3. Lo mismo puede ocurrir
cuando, por vía de ejemplo, una tercera parte asumió la carga solicitada, se perdió
el objeto jurídico respecto del cual el juez debía adoptar una decisión 4 o existe una
situación, distinta al hecho superado o daño consumado, que hace inocua la orden
de satisfacer la pretensión del amparo5»6.
Conviene mencionar que, si bien es cierto que el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991 establece que se puede impugnar el fallo de tutela «sin perjuicio de su
cumplimiento inmediato», también lo es que, dadas las particularidades del caso,
en el presente asunto no es necesario realizar un pronunciamiento de fondo
respecto de la vulneración de los derechos fundamentales invocados en la
demanda de tutela, por cuanto, como quedó establecido, a la fecha, la señora
Alejandra Castrillón Duque ya disfrutó de las vacaciones que estaba solicitando.
Ahora bien, respecto de los motivos de inconformidad presentadas por las señoras
Castrillón Duque, López Osorio y Alegría Arteaga consistentes en que no existió
2 Al respecto, ver sentencias del 19 de febrero de 2021, expediente 2020-00667-01, demandante:
Daniel Servio Potosí Arciniegas y del 18 de febrero de 2022, expediente 2021-07163-01,
demandante: Daniela Domínguez Mejía.
3 Original de la cita: «Sentencia T-484/16. Al respecto es posible consultar también la sentencia T-
419/17 en donde se concluyó, en el caso objeto de estudio, que debía optarse por esta categoría
pues, ‘(…) si bien la pretensión de la accionante no fue satisfecha, en términos de un hecho
superado; tampoco, se produjo una afectación a sus derechos fundamentales, que configure un
daño consumado’».
4 Original de la cita: «Sentencia T-203/13 y T-714/16».
5 Original de la cita: «Sentencia T-585/10».
6 Sentencia T-349 de 2018.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04360-01
Demandante: Alejandra Castrillón Duque y otros
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia
un pronunciamiento relacionado con las vacaciones pendientes y futuras por
disfrutar, al igual que el a quo, la Sala considera que las autoridades demandadas
no incurrieron en vulneración alguna de los derechos fundamentales, tal como
pasa a explicarse.
Al respecto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
consideró que:
27.En primer lugar, debe señalarse que, del material probatorio obrante en el
proceso, no logró demostrarse, de forma siquiera precaria, que Victoria
Eugenia Valencia Peña, Libby Elena López Osorio y Nancy Julieth Alegría
Arteaga hubieran presentado solicitudes de vacaciones ante sus respectivos
nominadores, la primera, en calidad de juez (funcionaria) y las demás como
empleadas. En ese orden de ideas, para la Sala no existe un hecho
vulnerador comoquiera que no hay prueba de que se hubiere negado el
derecho a gozar de vacaciones de las referidas accionantes. En otras
palabras, comoquiera que no hay constancia de que se hubieran presentado
las mencionadas solicitudes, mal haría el juez de tutela en considerar que
hubo violación alguna a los derechos fundamentales de aquellas, pues no
puede corroborarse la existencia de una decisión administrativa en ese
sentido.
Así las cosas, la Sala advierte que, en efecto, en el expediente no existe
documento alguno que acredite que la titular del Juzgado Segundo de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad le hubiere negado el derecho a disfrutar de las
vacaciones a las señoras Libby Elena López Osorio y Nancy Julieth Alegría
Arteaga, ni tampoco que el nominador de la juez Victoria Eugenia Valencia Peña
impuso barreras en relación con el disfrute y goce de sus vacaciones a las que
tenía derecho. Asimismo, que el a quo sí se pronunció respecto de las vacaciones
que tenían pendientes por disfrutar.
En la sentencia T-279 de 1997, la Corte Constitucional precisó que la solicitud de
amparo resultará «viable» siempre que se origine en hechos «ciertos y
reconocidos de cuya ocurrencia se puede inferir la violación de derechos
fundamentales», pues la tutela no puede prosperar sobre «la base de actos o
hechos inexistentes o imaginarios, lo cual, por el contrario, conduce a
congestionar la administración de justicia de modo innecesario y perjudicial para
ésta».
En el mismo sentido, la sentencia T-652 de 2012 de la misma Corporación indicó
que cuando se constate que algún derecho fundamental se encuentre
11
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04360-01
Demandante: Alejandra Castrillón Duque y otros
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia
«efectivamente amenazado o vulnerado» el juez de tutela «no debe esperar la
vulneración del derecho fundamental, para conceder la protección solicitada, sino
que debe también acudir a la defensa de los derechos fundamentales invocados
cuando estos se encuentran amenazados».
Respecto de las características que debe tener la amenaza para que proceda la
tutela como mecanismo de protección, en la sentencia T-647 de 2002, se indicó
que:
Sin embargo, tal amenaza no puede contener una mera posibilidad de
realización, pues si ello fuera así, cualquier persona podría solicitar protección
de los derechos fundamentales que eventualmente podrían serle vulnerados
bajo cualquier contingencia de vida, protección que sería fácticamente
imposible prodigarle, por tratarse de hechos inciertos y futuros que escapan al
control del estado.
De ésta manera, si no existe una razón objetivada, fundada y claramente
establecida por la que se pueda inferir que los hechos u omisiones amenazan
los derechos fundamentales del tutelante, no podrá concederse el amparo
solicitado. La amenaza debe ser entonces, contundente, cierta, ostensible,
inminente y clara, para que la protección judicial de manera preventiva evite la
realización del daño futuro.
En los términos de la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela deberá
declararse improcedente cuando la parte demandante no logre demostrar la
efectiva amenaza o vulneración a sus derechos fundamentales, pues la amenaza
debe ser cierta, inminente y clara o, en otros términos, no procede cuando se
solicite el amparo sobre hechos futuros e inciertos.
Así las cosas, como se anticipó, la Sala modificará la decisión de primera instancia
que amparó los derechos fundamentales de la señora Alejandra Castrillón Duque
y, en su lugar, declarará la carencia actual de objeto por sustracción de materia.
Además, confirmará el fallo de primera instancia, en relación con las vacaciones
futuras y pendientes solicitadas por las señoras Libby Elena López Osorio, Nancy
Julieth Alegría Arteaga y Victoria Eugenia Valencia Peña, pues no se logró
acreditar que las autoridades demandadas hubieran negado el disfrute y goce del
derecho al descanso de las servidoras judiciales del Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá7.
7 Se advierte que, en los casos en que se solicita a través de la acción de tutela el disfrute y goce
de las vacaciones individuales, previamente solicitadas al nominador, la tesis mayoritaria de la Sala
consiste en que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad, porque los
demandantes pueden cuestionar el acto que niega las vacaciones en ejercicio del medio de control
12
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04360-01
Demandante: Alejandra Castrillón Duque y otros
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Modificar la sentencia del 8 de noviembre de 2021, proferida por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual quedará así:
PRIMERO. Declarar la carencia actual de objeto por sustracción de materia, por lo
razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Confirmar, en lo demás, el fallo impugnado.
TERCERO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.
CUARTO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
de nulidad y restablecimiento del derecho; criterio que, valga aclarar, no comparte la magistrada
ponente de esta decisión y frente al cual presenta salvamentos de voto. Ver, entre otras, las
sentencias (i) del 4 de junio de 2021, exp. 2021-01959-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, y (ii)
del 24 de septiembre de 2021, exp. 2021-05459-00, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
13
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.