Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-04479-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Nulidad originada en la sentencia: la argumentación propuesta por la
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-04479-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-04479-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
7 de diciembre de 2021
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 25
Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
Bogotá D.C., siete [7] de diciembre de dos mil veintiuno [2021].
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04479-00
Recurrente: Ana Esther Lizarazo de Cáceres
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]
TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Se declara infundado /
NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA - La argumentación propuesta por la
recurrente no se adecúa a las hipótesis que estructuran la causal / INSTANCIA
ADICIONAL - Se pretende reabrir la discusión en torno al restablecimiento del
derecho que le fue negado a la recurrente en el proceso inicial / CONDENA EN
COSTAS - Aplicación de la Ley 2080 de 2021.
I. OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a pronunciarse en relación con el recurso extraordinario de
revisión formulado por la señora Ana Esther Lizarazo Cáceres en contra de la
sentencia del 16 de octubre de 2020, proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
II. ANTECEDENTES
1. La señora Ana Esther Lizarazo de Cáceres, a través de apoderado judicial,
presentó demanda de nulidad y restablecimiento1 del derecho en contra del
Servicio Nacional de Aprendizaje -en adelante el Sena-, con el fin de que se
anularan las Resoluciones Nos. 000323 del 14 de febrero de 2016 y 02913 del 13
de octubre de 2009, por medio de las cuales se le reconoció y reliquidó su pensión
de jubilación.
2. En sentencia del 9 de junio de 20162, el Tribunal Administrativo de Santander
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda3, providencia confirmada en
1
A título de restablecimiento del derecho, la señora Lizarazo de Cáceres solicitó la reliquidación de
su pensión de jubilación [transcripción literal, incluso con posibles errores]: “[...] con la inclusión de
todos los factores salariales devengados en el último año de servicios o el que resulte más
favorable de acuerdo al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 [...]” [índice No. 2 de la
plataforma tecnológica SAMAI].
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Índice No. 2 de la plataforma tecnológica SAMAI.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-04479-00
Recurrente: Ana Esther Lizarazo de Cáceres
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]
segunda instancia por la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, mediante fallo del 16 de octubre de 20204.
3. El 17 de junio de 20215, la señora Ana Esther Lizarazo de Cáceres interpuso
recurso extraordinario de revisión en contra de la referida sentencia de segunda
instancia, porque consideró que se configuró la causal prevista en el artículo 250-5
del CPACA.
Con la finalidad de sustentar la causal de revisión invocada, la parte recurrente
señaló que se le vulneró su derecho fundamental al debido proceso, toda vez que
no se tuvo en cuenta la normativa vigente para la época en la que adquirió la
calidad de pensionada, la cual, en su criterio, correspondía a la Ley 33 de 1985 y a
la Ley 100 de 1993.
Afirmó que el fallo de segunda instancia había adoptado las consideraciones
expuestas en la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, por lo
que se violó el “principio de irretroactividad de la ley”.
En síntesis, el extremo activo razonó su cuestionamiento de la siguiente manera
[se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:
[...] La tesis del Honorable CONSEJO DE ESTADO, en punto es
manifiestamente ilegal e inconstitucional, frente al objeto de las pretensiones
de la demanda, consistente: ... establecer el valor del monto de la pensión de
jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el
último año de servicios o el que resulte más favorable de acuerdo al Inciso
Tercero del Artículo 36 de la Ley 100 de 1993 [...] acogiéndose a la Sentencia
de Unificación de Sala Plena del 28 de Agosto de 2018 del Consejo de Estado
para calcular el monto pensional, para lo cual, ha de considerarse lo siguiente:
El honorable Despacho, para aplicar la Sentencia de Unificación de la Sala
Plena del 28 de Agosto de 2018 del Consejo de Estado [...] debió haber
3
El Tribunal a quo accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por estimar que la
demandante sí tenía derecho a la reliquidación pensional con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año -pues se consideró que la recurrente estaba cobijada por el
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993-, razón por la cual declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados; sin embargo, negó el restablecimiento del
derecho solicitado “[...] pues por una parte se configuró la prescripción trienal respecto de las
mesas reconocidas y pagadas en su favor en cumplimiento de los actos administrativos aquí
demandados, y por otra, no es viable ordenar al SENA que reliquide la pensión de la demandante y
pague a futuro la mesada pensional debidamente liquidada en los términos anteriormente
expuestos, pues, se insiste, no es dicha entidad quien tiene a su cargo actualmente [se refiere a
Colpensiones] y desde el mes de diciembre de 2009 el pago de la pensión en favor de la actora
[...]” [transcripción literal y aclaración añadida] [índice No. 2 de la plataforma tecnológica SAMAI].
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Índice No. 2 de la plataforma tecnológica SAMAI.
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Índice No. 2 de la plataforma tecnológica SAMAI.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-04479-00
Recurrente: Ana Esther Lizarazo de Cáceres
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]
confrontado igualmente, si había aumento de conformidad al Inciso Tercero
del Artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que es parte de las pretensiones de la
demanda, o sea, el correspondiente al promedio del IBL en los últimos 10
años.
[...]
La Sentencia de Unificación de Sala Plena del 28 de agosto de 2018 del
Consejo de Estado [...] viola el artículo 53 de la Constitución Política, que
consagra el principio de favorabilidad [...] y el principio de inescindibilidad de la
ley, porque al régimen de transición de los servidores públicos no le falta
ningún requisito o exigencia para el correcto reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación o vejez, como son: tiempo, edad y monto, consagrados
en la Ley 33 de 1985 y demás normas conexas y complementarias.
La Sentencia de Unificación de Sala Plena del 28 de Agosto de 2018 del
Consejo de Estado [...] viola los principios de la buena fe, la confianza legítima
y la seguridad jurídica de los actos administrativos expedidos y debidamente
ejecutoriados.
La Sentencia de Unificación de Sala Plena del 28 de Agosto de 2018 del
Consejo de Estado [...] viola el artículo 48 de la Constitución Política, que
consagra el derecho a la seguridad social integral.
Como consecuencia de todo lo anterior, se viola expresamente el Artículo 29
de la Constitución Política, correspondiente al derecho al debido proceso y al
derecho de defensa.
[...]
La Sentencia de Unificación de la Sala Plena del 28 de Agosto de 2018 del
Consejo de Estado [...] viola el Artículo 26 de la Convención Americana de
Derechos Humanos.
[...]
La Sentencia de Unificación de la Sala Plena del 28 de Agosto de 2018 del
Consejo de Estado [...] viola el principio de irretroactividad de la ley [...], así las
cosas se está violando los derechos adquiridos de mi poderdante, ya que
adquirió el estatus de pensionado en el año de 2005 y se está aplicando una
sentencia proferida posteriormente con efectos retroactivos.
[...]
La nulidad absoluta se origina, claramente en la sentencia proferida por el
Consejo de Estado que revoca la sentencia de primera instancia del 7 de junio
de 2016 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER,
para negar las pretensiones de la demanda consistente en la reliquidación de
la pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el
último año de servicios o la que resulte más favorables de acuerdo al Inciso
Tercero del Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues a causa de haberse
decidido se violó el Decreto 2462 de 1970, la Ley 119 de 1994, el Decreto
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-04479-00
Recurrente: Ana Esther Lizarazo de Cáceres
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]
Extraordinario 1045 de 1978, Artículo 45, entre otras, aplicables por el
Régimen de Transición consagrado en el Inciso 2 del Artículo 36 de la Ley 100
de 1993, y a su vez, los artículos 13, 29, 48, 53 y 58 de la Constitución
Política, entre otros.
Ahora, es deber del juzgador u operador judicial, garantizar y aplicar
inmediatamente el ordenamiento jurídico cuando se causa el derecho y se
está reclamando, donde el debate y soporte jurídico para el resultado del
proceso de la referencia, correspondía a la aplicación correcta de la norma
frente al derecho adquirido, la seguridad jurídica y la confianza legitima, y no a
la calificación que en principio haga el empleador del servició público y luego
confirme el juzgador […] de acuerdo a lo instituido constitucionalmente cuando
se violan derechos adquiridos, consecuencialmente se violó el debido proceso,
al cambiar el respectivo trámite para liquidar el monto pensional, o sea para la
edad y el tiempo, la Ley 33 de 1985 y para el monto, la Ley 100 de 1993, esto
es ilegal e inconstitucional, porque el ingreso de los servidores públicos al
sistema de seguridad social integral fue bajo la premisa de la seguridad
jurídica de respetar el régimen de transición o régimen aplicable,
circunstancias, que se apoyan en todo lo anteriormente dicho, porque es claro,
afirmar, que al violarse las normas constitucionales y en especial las que
vigilan o gobiernan el régimen de seguridad social integral, se está violando el
derecho al debido proceso y el derecho de defensa, porque en esta etapa de
segunda instancia se pone fin al proceso, ya la jurisprudencia, ha precisado
plenamente que es causal de nulidad la violación del artículo 29 de la
Constitución, atendiendo que la nulidad absoluta no se refiere a la prueba,
sino también cuando se omitió y/o aplicó otro trámite distinto para el respectivo
estudio, como fue el fenómeno de la prescripción para atacar la demanda de
nulidad y restablecimiento, atendiendo que los petitorios se refieren a las
prestaciones periódicas que se puede demandan en cualquier tiempo, y que
generó el recurso de apelación, sin haber cumplido el debido debate jurídico
de la demanda, para que fuera objeto expreso del recurso [...].
4. Mediante providencia del 27 de julio de 20216, se admitió el recurso
extraordinario de revisión, decisión que fue notificada en debida forma a la entidad
demandada y al Ministerio Público, así como también se comunicó a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
5. El Sena no contestó la demanda.
6. El Ministerio Público rindió su concepto7, en el sentido de solicitar que se
declare infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto.
Al respecto, señaló [se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:
[...] Estima esta vista fiscal, con sumo respeto, que no concurren en este caso
los elementos fácticos y normativos de la causal invocada por la recurrente, en
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Índice No. 4 de la plataforma tecnológica SAMAI.
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Índice No. 13 de la plataforma tecnológica SAMAI.
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Recurrente: Ana Esther Lizarazo de Cáceres
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]
tanto no es palmaria la violación del debido proceso ni el principio de
irretroactividad señalado, en la medida en que se trataba de un aspecto
inherente a la controversia sobre el que necesariamente había lugar a
pronunciamiento en sede de segunda instancia, y que en últimas la apelación
tenía como propósito la reliquidación pensional, aspecto que fue juzgado
conforme a la sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de
2018, imperante para la época de resolución del recurso [...].
7. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en el presente
proceso.
8. A través de providencia del 24 de agosto de 20218, se decretaron como
pruebas: [i] los documentos aportados9 con la demanda de revisión y [ii] el
expediente10 contentivo del proceso ordinario en este asunto11.
9. El expediente de este proceso ingresó al despacho para fallo el 27 de
septiembre de 202112.
10. La manifestación de impedimento
Mediante escrito del 7 de diciembre de 202113, el consejero Julio Roberto Piza
Rodríguez manifestó su impedimento para conocer del presente proceso, con
base en lo siguiente [transcripción literal]:
En los términos del artículo 141-1 CGP, comedidamente, considero que tengo
interés indirecto en el resultado del proceso, toda vez que soy beneficiario del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por
ende, la decisión que se adopte en este caso podría llegar a afectar
indirectamente mi situación pensional.
[...]
La controversia aquí́ planteada tiene que ver con la forma de liquidarse la
pensión a los beneficiarios del régimen de transición. Cualquiera que sea el
criterio jurídico que se adopte e independientemente de que le asista o no
razón a la recurrente, estimo que la decisión que se tome podría incidir en mi
situación pensional [...].
8
Índice No. 15 de la plataforma tecnológica SAMAI.
9
De las pruebas documentales aportados con la demanda de revisión, la Secretaría General de
esta Corporación corrió traslado -de dichos elementos de convicción- por el término de tres [3]
días, a partir del 26 de agosto de 2021 [índice No. 21 de la plataforma tecnológica SAMAI].
10
Índice No. 23 de la plataforma tecnológica SAMAI.
11
De esta prueba documental -expediente contentivo del proceso ordinario-, la Secretaría General
de esta Corporación corrió traslado por el término de tres [3] días, a partir del 21 de septiembre de
2021 [índice No. 24 de la plataforma tecnológica SAMAI].
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Índice No. 25 de la plataforma tecnológica SAMAI.
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Índice No. 26 de la plataforma tecnológica SAMAI.
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. La resolución del impedimento
El magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez señaló que se encuentra impedido
para conocer de este asunto con fundamento en la causal prevista en el artículo
141-1 del CGP14, precepto aplicable al presente proceso según la remisión
normativa contemplada en el artículo 13015 del CPACA.
Señaló que era beneficiario del régimen transición establecido en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 y, como consecuencia de ello, le asiste un interés indirecto en
el resultado de este proceso.
La Sala encuentra configurada la causal descrita en el artículo 141-1 del CGP,
habida cuenta de la calidad de beneficiario del magistrado Piza Rodríguez del
aludido régimen de transición pensional -tema conexo al análisis que se realiza en
este juicio-, motivo por el cual, con la finalidad de garantizar el pleno respeto al
principio de imparcialidad judicial, su impedimento se declarará fundado y se le
separará del conocimiento del presente asunto16.
2. El régimen procesal aplicable
Dado que la demanda contentiva del recurso extraordinario de revisión se
presentó el 17 de junio de 2021, resulta claro que al presente proceso le resultan
aplicables las disposiciones contenidas en el CPACA -con las modificaciones
introducidas por la Ley 2080 de 2021-, así como a las disposiciones del CGP, en
virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 30617 del primero de los
estatutos mencionados.
14
“Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes: 1. Tener el
juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso [...]” [se
destaca].
15
“Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán
recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil
[léase artículo 141 del Código General del Proceso] y, además, en los siguientes eventos: [...]”
[énfasis y aclaración añadida].
16
Cabe precisar que la manifestación de impedimento -sustentado con los mismos argumentos-
del consejero Julio Roberto Piza Rodríguez ya ha sido aceptada en asuntos de similares
características al que en este juicio se estudia. Consultar, entre otras, la siguiente providencia:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No.
17, sentencia del 6 de agosto de 2019, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
17
“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]
3. La procedencia del recurso extraordinario de revisión interpuesto y la
competencia de la Sala Especial de Decisión para resolverlo
En los términos del artículo 248 del CPACA “[e]l recurso extraordinario de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y
subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
por los tribunales administrativos y por los jueces administrativos”.
En el caso objeto de estudio se advierte que la interposición del recurso
extraordinario de la referencia resulta procedente, toda vez que tiene por objeto la
revisión de la sentencia del 16 de octubre de 2020, proferida por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual quedó ejecutoriada el 12 de
enero del 2021.
Por otra parte, de acuerdo con lo señalado en los artículos 111-218 y 24919 del
CPACA, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es
competente para conocer de los recursos extraordinarios de revisión formulados
en contra de las sentencias dictadas por las Secciones y/o Subsecciones de esta
Corporación.
Dentro de ese contexto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo
10720 del CPACA, mediante el Acuerdo No. 321 de 2014 -actualmente compilado
en el Acuerdo No. 080 de 201921- la Sala Plena del Consejo de Estado reglamentó
la creación de Salas Especiales de Decisión, a las cuales se les asignó la
competencia para resolver los recursos extraordinarios de revisión interpuestos en
18
“Artículo 111. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo
Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: [...] 2. Resolver los
recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o
subsecciones y los demás que sean de su competencia [...]” [énfasis añadido].
19
“Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por
las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión [...]” [se
destaca].
20
“Artículo 107. Integración y composición. El Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo
Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno. Estará integrado por
treinta y un (31) Magistrados. [...] Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de
decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos
sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende [...].
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al
respecto establezca el reglamento interno” [énfasis añadido].
21
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29-1 del Acuerdo No. 080 de 2019 -Reglamento
Interno del Consejo de Estado-, las Salas Especiales de Decisión son competentes para conocer
de los recursos extraordinarios de revisión formulados en contra de las sentencias de las
Secciones y/o Subsecciones de esta Corporación. La disposición en comento señala lo siguiente:
“Artículo 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de
competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado [...]” [se destaca].
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modificada por la Ley 2080 de 2021]
contra de las sentencias proferidas por las Secciones y/o Subsecciones de esta
Corporación.
4. La oportunidad para la presentación del recurso extraordinario de revisión
De conformidad con lo señalado en el artículo 251 del CPACA22, el término para
interponer el recurso extraordinario de revisión se determina en función de la
causal alegada. Así pues, como en este caso la señora Ana Esther Lizarazo de
Cáceres invocó el supuesto previsto en el artículo 250-5 de la Ley 1437 de 2011 -
el de nulidad originada en la sentencia-, el plazo para tal fin correspondía al de un
año contado desde el día siguiente a la ejecutoria del fallo objeto de impugnación.
La sentencia materia de revisión fue notificada mediante correo electrónico del 15
de diciembre de 2020, por lo que cobró ejecutoria23 el 1224 de enero de 202125.
En ese orden de ideas, como el recurso extraordinario de revisión se interpuso el
17 de junio 2021, su radicación fue oportuna26 -el término máximo para presentar
la demanda se vencería el 13 de enero de 2022-.
5. La legitimación en la causa por activa de la recurrente
La señora Ana Esther Lizarazo de Cáceres se encuentra legitimada en la causa
por activa para controvertir la sentencia del 16 de octubre de 2020, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pues fue quien
promovió el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictó
la decisión que resultó adversa a sus intereses.
6. El objeto y el alcance del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión tiene por objeto permitir que las sentencias
ejecutoriadas puedan ser analizadas nuevamente e invalidadas excepcionalmente
22
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del
año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia [...]” [se destaca].
23
El artículo 302 del CGP estableció cuándo adquieren ejecutoria las providencias judiciales en los
siguientes términos: “Artículo 302. Ejecutoria […] Las que sean proferidas por fuera de
audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de
recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes,
o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos” [énfasis añadido].
24
El 17 de diciembre de 2020, se celebró el “día de la justica”, de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 2766 de 1980.
25
Entre el 20 de diciembre de 2020 y el 10 de enero de 2021 transcurrió la vacancia judicial,
igualmente, el 11 de enero de 2021 fue festivo.
26
El artículo 118 del CGP se refirió al cómputo de términos de la siguiente manera: “Artículo 118.
Cómputo de términos […] En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia
judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado” [se
destaca].
8
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modificada por la Ley 2080 de 2021]
en aquellos casos en los que se han proferido por medios irregulares o carecen de
verdad, por razones o causales taxativamente establecidas en la ley, las cuales,
en términos generales, comparten la característica de no ser imputables a la parte
afectada.
Dicho recurso se introduce en la ley procesal con la finalidad de preservar el valor
de la justicia y la seguridad jurídica que brinda la figura de la cosa juzgada, toda
vez que las causales que permiten la procedencia del recurso de revisión son
taxativas y de aplicación restrictiva.
Al respecto, esta Corporación ha considerado lo siguiente [transcripción literal]:
[...] Este medio extraordinario de impugnación en la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo lo erige el legislador como excepción al principio
de la inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada
material; y con él se abre paso a la posibilidad de controvertir un fallo
ejecutoriado, siempre que el mismo resulte contrario a la Justicia y al Derecho,
de acuerdo con las causales establecidas en el artículo 188 del Código
Contencioso Administrativo y con el único fin de que se produzca una decisión
ajustada a la ley [...]27.
Su finalidad, como lo ha precisado la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, es “[...] conciliar nociones esenciales del ordenamiento
legal, como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el
principio de restablecimiento de la justicia material que persigue asegurar la
vigencia de un orden justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución Política
[...]”28.
En atención a su carácter extraordinario, no se trata de una instancia adicional
en la que puedan plantearse, nuevamente, argumentos de fondo en relación con
la sentencia que se pretende revisar, de modo que las pretensiones deben
limitarse a demostrar la configuración de alguno de los supuestos contemplados
en las causales para su procedencia29.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 18 de
octubre de 2005, radicación No. REV-173, C.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada por la
Subsección A de dicha Sección, en sentencia del 20 de febrero de 2020, expediente No. 61.519,
entre muchas otras providencias de esta Corporación.
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del julio 12 de 2005,
radicación No. REV-00143, C.P. María Claudia Rojas Lasso.
29
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de
Decisión, sentencia de 7 de abril de 2015, radicación No. 11001-03-15-000-2013-02724-00 [REV],
C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04479-00
Recurrente: Ana Esther Lizarazo de Cáceres
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]
7. La causal de revisión prevista en el artículo 250-5 del CPACA y su análisis
en el caso concreto
La causal contenida en el artículo 250-5 del CPACA establece que podrá
demandarse la revisión por “[...] [e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación [...]”.
Al respecto, se ha sostenido lo siguiente [transcripción literal]:
[...] La Sala Plena de esta Corporación, de forma reiterada, ha dicho que para
que se configure la causal de revisión de ‘nulidad originada en la sentencia’,
es necesario que concurran dos circunstancias: A) Que el vicio que se alega
se configure en el momento procesal en que se profiere la sentencia, no antes.
B) Que el vicio alegado se fundamente en un desconocimiento grave o
insaneable de alguna ritualidad sustancial propia de esa actuación. (…) La
nulidad originada en la sentencia se produce cuando el acto procesal
consistente en dictar la providencia que desata el litigio se encuentra viciado
desde el punto de vista formal por circunstancias de lugar, tiempo o modo que
se consuman en el preciso instante en que el juez toma la decisión. Por tal
razón, en atención al carácter extraordinario del recurso de revisión, esta
Corporación ha entendido que esta causal de revisión se configura
únicamente cuando se acredita alguna de las causales de nulidad del
proceso, previstas de manera taxativa por el legislador en el artículo 140
del Código de Procedimiento Civil hoy, artículo 133 del Código General
del Proceso, siempre que ella pueda predicarse, exclusivamente, de la
sentencia cuya infirmación se solicita.
A las causales de nulidad previstas por ley debe agregarse la nulidad de la
prueba obtenida con violación al debido proceso, en los términos de
la sentencia C-491 de 1995, circunstancia que podría ocasionar la nulidad de
la sentencia por violación al debido proceso, si la decisión del juez se sustenta
únicamente en dicha prueba. También se ha admitido por la Sala Plena de
esta Corporación que la sentencia es intrínsecamente nula cuando la legalidad
de la decisión está viciada, entre otros supuestos excepcionales, por los
siguientes: I) Cuando se profiere sentencia condenatoria contra un tercero que
no fue vinculado al proceso. II) Cuando la sentencia no cuenta con el número
de votos necesarios para su aprobación. III) Cuando la sentencia carece de
motivación formal y material [...]30 [énfasis añadido].
Adicionalmente, la jurisprudencia ha considerado que el recurso extraordinario de
revisión previsto en el artículo 248 del CPACA, bajo la causal de “nulidad originada
en la sentencia que puso fin a proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”, es el mecanismo judicial idóneo para alegar la posible falta de
congruencia de un fallo de segunda instancia, lo cual puede traducirse en una
vulneración del derecho fundamental al debido proceso [transcripción literal]:
30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de
Decisión, providencia del 7 de junio de 2016, radicación No. 2015-02493-00, C.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04479-00
Recurrente: Ana Esther Lizarazo de Cáceres
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]
[...] El Consejo de Estado ha sostenido que la nulidad originada en la
sentencia se puede invocar como causal para la procedencia del recurso
extraordinario de revisión por vicios de incongruencia. Al respecto, la Sala
Especial de Decisión No. 22 de lo Contencioso Administrativo señaló lo
siguiente31:
2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de
la sentencia.
[L]a jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe
aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250
del CPACA, por nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras
razones, cuando al demandado se le condena por cantidad superior, o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la
invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.
Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra los
fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega
el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas implica una
actuación sin competencia.
(…) En términos generales, la congruencia se entiende como el deber legal
que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no incurrir en
fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia del
Consejo de Estado, en los siguientes términos: este principio de la
congruencia de la sentencia [C.C.A. Art. 170], exige de una parte que exista
armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se
denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella contenga,
sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en el
escrito de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la
decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso.
Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la
congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo ‘ultrapetita’ que
consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante,
‘extrapetita’: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o
cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por
una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y ‘minuspetita’:
cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.
La violación de dicho principio traería como consecuencia, igualmente la
violación al debido proceso, en la medida en que nuestro ordenamiento positivo
consagra etapas procesales exclusivas a que las partes manifiesten y
contradigan argumentos en defensa de sus derechos, siempre bajo el marco de
litis que se ha planteado desde la demanda.
31
Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 20 de febrero de 2020, radicación No. 11001-03-15-000-2019-03861-
01, C.P. María Adriana Marín”.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04479-00
Recurrente: Ana Esther Lizarazo de Cáceres
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto,
que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del
CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la
sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha
desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el
fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29
constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta
contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de
competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía
pronunciar.
Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión
cuando falta al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la
coherencia externa o interna, razón suficiente para calificar de inválida la
decisión, porque el fallador excede su competencia, la que se repite está
determinada por los cargos y pretensiones de la demanda.
Pues bien, estas reflexiones, con apoyo en jurisprudencia del Consejo de
Estado y en la doctrina de la Corte Constitucional, ratifican la tesis según la
cual la congruencia de los fallos es un elemento de validez de los mismos,
cuya inobservancia configura la causal de revisión de nulidad originada en la
sentencia, artículo 250, numeral 5 del CPACA [...]32.
Como se aprecia, para la configuración de esta causal de revisión resulta
indispensable que se funde en la ocurrencia de: [i] un supuesto configurativo de
las causales de nulidad procesal previstas taxativamente en el artículo 133 del
CGP, siempre que estas se prediquen respecto de la sentencia; [ii] las hipótesis
creadas jurisprudencialmente que comportan la violación del derecho fundamental
al debido proceso, tales como:
a. Haberse dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida
con violación al debido proceso.
b. Haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue
vinculada al proceso.
c. Proferir una sentencia sin motivarla.
d. Dictar un fallo inhibitorio injustificado.
e. Faltar al principio de congruencia.
Adicionalmente, esta Sala Especial de Decisión señaló recientemente que, de
acuerdo con lo expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado33, igualmente podrían existir otros supuestos en que la
32
Original de la cita: Sentencia del 2 de febrero de 2016, expediente No. 11001-03-15-000-2015-
02342-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
33
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
sentencia del 8 de mayo de 2018, radicación No. 11001-03-15-000-1998-00153-01[REV], C.P.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04479-00
Recurrente: Ana Esther Lizarazo de Cáceres
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]
configuración de la causal de nulidad originada en sentencia por violación a la
garantía constitucional al debido proceso habría de tener cabida y que no
necesariamente se agotan de manera exhaustiva en los eventos señalados34.
En el presente caso, la parte recurrente considera que el fallo objeto de revisión
vulneró su derecho fundamental al debido proceso, toda vez que adoptó las
consideraciones planteadas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en
la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 para resolver el recurso de
apelación interpuesto en el marco del juicio ordinario, de ahí que, supuestamente,
se haya violado el “principio de irretroactividad de la ley”.
Como consecuencia de lo anterior, el extremo activo sostuvo que la tesis adoptada
por el ad quem es “[...] manifiestamente ilegal e inconstitucional frente al objeto de
las pretensiones de la demanda [...]”. Asimismo, indicó que el fallo de unificación
previamente mencionado -providencia que no es objeto de impugnación en este
proceso- violó una gran cantidad35 de preceptos convencionales, constitucionales
y legales.
Así las cosas, la recurrente insistió en el hecho de que la sentencia impugnada
debió reliquidar su pensión “[...] con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios o el que resultare más favorable de
acuerdo al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 [...]”.
El fallo cuestionado se fundamentó en el siguiente análisis [transcripción de forma
literal]:
[...] 2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación presentado por la parte actora,
corresponde a la Sala determinar si revoca el fallo de primera instancia que
declaró la nulidad de los actos demandados y negó el restablecimiento del
derecho.
Alberto Yepes Barreiro. Se precisa que la magistrada ponente de esta providencia no acompañó el
criterio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, anteriormente transcrito, en el sentido de
darle un entendimiento más amplio a la causal que se analiza, en tanto se considera que impartir
un tratamiento abierto a las causales de nulidad puede transgredir la seguridad jurídica por
repercutir en la taxatividad del régimen de nulidades; sin embargo, en esta providencia se acata la
postura mayoritaria de la Sala para estimar cumplido el requisito formal relativo a la indicación y
sustentación de la causal de revisión en comento.
34
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial de
Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021, radicación No. 11001-03-15-000-2020-03697-00
[REV].
35
La gran mayoría de preceptos -convencionales, constitucionales y legales- que la recurrente
estima vulnerados fueron reseñados en la transcripción del recurso extraordinario de revisión de la
referencia [ver el acápite de antecedentes].
13
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04479-00
Recurrente: Ana Esther Lizarazo de Cáceres
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]
La parte recurrente alega que tiene derecho a la reliquidación de su pensión
de jubilación con todos los factores salariales devengados en el último año de
servicios y que la condena debe ser impuesta al SENA.
[...]
4. Caso concreto
En el asunto sub examine el SENA reconoció la pensión de jubilación de la
actora en aplicación de la Ley 33 de 1985, con los factores sobre los cuales
realizó aportes en el último año de servicios. Sin embargo, la demandante
solicita que dicha entidad reliquide la mesada con todos los factores salariales
devengados.
El Tribunal declaró la nulidad de los actos acusados, al considerar que la
mesada debe liquidarse con todos los factores salariales percibidos en el
último año de servicios; pero negó el restablecimiento del derecho, porque
concluyó que si bien se trata de una pensión compartida, el pago completo lo
efectúa Colpensiones, en la medida que acaeció la condición resolutoria
prevista en las resoluciones dictadas por el SENA.
Inconforme con esta decisión, la demandante sostiene, que contrario a lo
afirmado por el Tribunal, el SENA sí le está cancelando una parte de la
mesada, y que posteriormente repite contra el Fondo Territorial de Pensiones;
por ello, el SENA debe ser condenado a reliquidar la pensión con todos los
factores salariales devengados en el último año de servicios de la interesada.
Visto lo anterior, en primera medida la Sala debe advertir que el criterio
jurisprudencial actual se opone al invocado por el a quo, empero como la
demandante es apelante única, en virtud del principio de la non
reformatio in pejus, su situación no puede ser desmejorada.
Para dar respuesta al problema jurídico planteado, la Subsección
aplicará la regla y subreglas jurisprudenciales fijadas por la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018, que constituye un precedente vinculante y obligatorio en
la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales. La misma Sala
Plena precisó que la sentencia de unificación se aplicaría con efectos
retrospectivos ‘(…) a todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo
los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables’.
[...]
La tesis que plantea esta Sala para dar respuesta al problema jurídico en el
caso concreto es la siguiente:
La señora Ana Esther Lizarazo de Cáceres no tiene derecho a la
reliquidación de su pensión de jubilación incluyendo la totalidad de los
factores salariales devengados durante el último año de servicios,
porque al ser beneficiaria del régimen de transición, adquirió el estatus
14
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04479-00
Recurrente: Ana Esther Lizarazo de Cáceres
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]
pensional al cumplir la edad y el tiempo de servicios previsto en la Ley
33 de 1985, y el monto de su pensión corresponde al 75% (tasa de
remplazo) sobre un ingreso de liquidación IBL equivalente ‘el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante
los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo
el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez
o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE’.
La aplicación del régimen de transición para el reconocimiento pensional del
SENA en favor de la actora, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, es como a continuación se muestra:
Consolidación del
Derecho (edad/55 Ingreso Base de Tasa
Beneficio años + tiempo de Liquidación de
de la servicio o número (artículo 21 de la Ley 100 de reemp
transición de semanas 1993/Decreto 1158 de 1994) lazo,
pensional cotizadas/20 años) Artícu
(Artículo Artículo 1 Ley 33 de lo 1
36 de la 1985. Ley 33
Ley 100 de
de 1993) Edad Tiempo Periodo Factores 1985
de
servicio
El promedio de
La actora 55 años 20 años los salarios o Los 75%
a la fecha rentas sobre establecidos
de entrada los cuales ha en el
en Adquirió el estatus cotizado el Decreto
vigencia jurídico por edad el 17 afiliado 1158 de
de la Ley de enero de 2005. durante los 1994.
100 de diez (10) años
1993 anteriores al
contaba reconocimiento
con más de la pensión
de 35
años.
Con fundamento en lo anterior, la Sala precisa que contrario a lo
decidido por el A quo, los acusados no son nulos, pues es improcedente
la reliquidación pensional del accionante tomando como ingreso base de
liquidación la totalidad de los factores devengados en el último año de
servicios, incluyendo aquellos sobre los que no realizó los aportes al
Sistema. Ello, en consonancia con el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual
dispuso que ‘Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en
cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones’. Sin embargo, dada su calidad de apelante única, se
confirmará el fallo apelado [...] [se deja destacado en negrillas y en
subrayas].
15
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04479-00
Recurrente: Ana Esther Lizarazo de Cáceres
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]
Revisado el fallo materia de revisión, la Sala encuentra que en la sentencia
proferida el 16 de octubre de 2020 -aquí cuestionada-, se indicó que el criterio
jurisprudencial vigente y aplicable al caso sometido a su consideración, era el
opuesto al que utilizó el a quo para acceder parcialmente a las pretensiones de la
demanda -en el proceso ordinario-, pero en todo caso mantuvo incólume la
declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados, en
consideración a la condición de apelante única de la señora Lizarazo de Cáceres.
Aunque es cierto que la sentencia cuestionada adoptó las consideraciones
plasmadas en el fallo de unificación del 28 de agosto de 2018 proferido por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación36, ello no significa que
se haya violado el derecho fundamental al debido proceso de la recurrente.
En ese sentido, conviene advertir que en la sentencia que aquí se controvierte, de
forma expresa, se señaló que para resolver el problema jurídico objeto de análisis
se “[...] aplicará la regla y subreglas jurisprudenciales fijadas por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2018 [...]” en la cual esta Corporación precisó acerca de su alcance, en el sentido
de indicar que tendría efectos retrospectivos. La mencionada consideración fue
desarrollada en los siguientes términos [transcripción literal]:
[...] 115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado
aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se
acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales
que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a
través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la
cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables.
116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la
seguridad jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la
Seguridad Social, por ello no puede invocarse el principio de igualdad,
so pretexto de solicitar la no aplicación de esta sentencia [...] [se destaca].
De acuerdo con lo que se acaba de citar, la Sala observa que la sentencia de
unificación que se comenta determinó cuáles serían sus efectos en el tiempo,
pues indicó que su aplicación sería frente a los casos que estuvieran pendientes
36
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 28
de agosto de 2018, radicación No. 52001-23-33-000-2012-00143-01 [IJ], C.P. César Palomino
Cortés.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04479-00
Recurrente: Ana Esther Lizarazo de Cáceres
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]
de ser resueltos tanto en vía administrativa como en sede judicial -en el marco de
las acciones ordinarias37-.
Incluso, el fallo de unificación exceptuó su aplicación respecto de los casos en los
que hubiera operado la cosa juzgada, lo cual, evidentemente, no sucedió en el
proceso inicial que antecede a este juicio extraordinario.
De otro lado, la Sala encuentra que en el fallo de unificación se anticipó la
posibilidad de que se alegara la violación del principio de igualdad, lo cual quedó
excluido, tras considerarse que las rectificaciones jurisprudenciales que se
efectuaron “[...] garantizan la seguridad jurídica y dan prevalencia a los
principios fundamentales de la Seguridad Social [...]”.
Con base en los argumentos que anteceden, esta Sala concluye que la sentencia
impugnada acató y aplicó correctamente el fallo de unificación jurisprudencial del
28 de agosto de 2018, toda vez que sus efectos en el tiempo son retrospectivos,
de modo que, contrario a lo señalado por la recurrente, el “principio de
irretroactividad de la ley” no se vulneró y, como consecuencia de ello, su derecho
fundamental al debido proceso no sufrió afectación alguna por cuenta de la
providencia que se pretende infirmar.
Una vez se han explicado las razones por las cuales el fallo de unificación sí era
aplicable en el caso concreto, lo que la Sala observa es que la sentencia que se
desea revisar desarrolló con precisión cuál debió ser la resolución del proceso
ordinario, pues pese a que se determinó que los actos administrativos enjuiciados
no eran nulos -de acuerdo con el criterio jurisprudencial actual-, se dejó incólume
la declaratoria de nulidad para no vulnerar el principio constitucional de la non
reformatio in pejus.
Como consecuencia lógica de esa consideración, el ad quem concluyó que la
recurrente no tenía derecho a la reliquidación pensional pretendida; sin embargo,
confirmó la decisión de primera instancia, pues la condición de apelante única de
la señora Lizarazo Cáceres impedía que los actos administrativos demandados -
en sede ordinaria- se declararan ajustados al ordenamiento jurídico.
37
Como es el caso de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la
señora Lizarazo de Cáceres, pues dicho medio de control es de naturaleza ordinaria.
17
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04479-00
Recurrente: Ana Esther Lizarazo de Cáceres
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]
Así las cosas y en suma de todo lo anterior, es más que evidente que la supuesta
vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la recurrente realmente
no se materializó, toda vez que, en contraposición a lo afirmado por el extremo
activo, la sentencia de primer grado no se revocó.
En adición a lo que se acaba de señalar, la Sala detecta que la recurrente alega
que la sentencia de unificación antes mencionada -providencia que no es objeto
de análisis directo y principal en este recurso- vulneró múltiples preceptos
convencionales, constitucionales y legales.
En ese orden de ideas, es claro que el recurso extraordinario de revisión que se
analiza desbordaría su propósito y alcance, puesto que el fallo que se pretendería
revisar -tácitamente- es el de unificación y no el de la segunda instancia del
proceso que antecede a este mecanismo extraordinario de impugnación.
Con todo y la inconsistencia conceptual arriba identificada, se puede colegir que,
en el entendido de que las imputaciones que se formulan en el recurso objeto de
estudio estuviesen dirigidas hacia el fallo de segundo grado -del juicio ordinario-,
es evidente que esos cargos están destinados a fracasar en relación con la causal
de revisión prevista en el artículo 250-5 del CPACA, dado que ninguna de las
acusaciones formuladas se encuadra en alguno de los supuestos de nulidad
procesal a los cuales se refiere el artículo 133 del CGP y tampoco en las hipótesis
jurisprudenciales que han sido desarrolladas para el efecto.
Así pues, la Sala observa que la recurrente, a través del recurso extraordinario de
revisión, concentró su cuestionamiento en la forma en la que la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado debió, en su criterio, efectuar la
reliquidación pensional perseguida en la demanda inicial, al punto de insistir en
este juicio extraordinario las pretensiones formuladas en el proceso ordinario.
Por cuenta de lo que se acaba de indicar, es claro que el extremo activo pretende
reabrir, en su integridad, la discusión en torno al restablecimiento del derecho que
le fue negado en el proceso primigenio, lo cual desvirtúa la naturaleza y la
finalidad del recurso extraordinario de revisión.
En suma, como la argumentación propuesta por la recurrente no se adecúa a
ninguna de las hipótesis -legales y jurisprudenciales- que estructuran la causal
prevista en el artículo 250-5 del CPACA y, adicionalmente, se advierte -con amplia
claridad- que la pretensión del extremo activo es lograr una tercera instancia para
18
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04479-00
Recurrente: Ana Esther Lizarazo de Cáceres
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]
revivir el debate jurídico surtido en el proceso ordinario -en lo relativo al
restablecimiento del derecho de la demandante-, la Sala declarará infundado el
recurso extraordinario de revisión interpuesto.
8. La procedencia de la condena en costas en el caso concreto
Como se indicó en líneas previas, conviene reiterar que a este asunto le resultan
aplicables las disposiciones procesales contenidas en el CPACA -modificado por
la Ley 2080 de 2021-, así como las reglas adjetivas fijadas en el CGP.
En tal virtud, con la modificación que introdujo el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021 al artículo 255 del CPACA, existe norma especial que impone la condena en
costas cuando el recurso extraordinario de revisión se declara infundado. Así lo
prevé el inciso final de la referida disposición legal:
Artículo 255. Sentencia [modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021]. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
[...]
Si se declara infundado el recurso [extraordinario de revisión], se
condenará en costas y perjuicios al recurrente [énfasis y complementación
añadida].
En ese orden de ideas, como el recurso extraordinario de revisión se declarará
infundado, en principio, sería procedente la condena en costas a cargo de la
recurrente.
No obstante lo anterior, la Sala estima que en este caso no hay lugar a condenar
en costas al extremo recurrente, toda vez que la entidad pública contra la que se
interpuso el recurso extraordinario de revisión no intervino en este proceso y ni
siquiera constituyó apoderado judicial que permitiera considerar, cuando menos,
que habría ejercido la vigilancia del juicio de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala Especial de Decisión No.
25, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el consejero
Julio Roberto Piza Rodríguez y, como consecuencia de ello, separarlo del
conocimiento del presente asunto.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-04479-00
Recurrente: Ana Esther Lizarazo de Cáceres
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje
Referencia: Recurso extraordinario de revisión [Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021]
SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora Ana Esther Lizarazo de Cáceres en contra de la
sentencia del 16 de octubre de 2020, proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas, por los motivos analizados en
esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CON ACLARACIÓN DE VOTO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
CON SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
CON IMPEDIMENTO
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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