RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-04490-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-04490-01

Fecha
13 de enero de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-04490-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - REVOCAR la sentencia del 17 de septiembre de 2021 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que rechazó por improcedente el amparo solicitado por la parte accionante y, en su lugar, SEGUNDO. – NEGAR el amparo solicitado a través de la tutela presentada por el señor Juan Pablo Cardona Castaño con fundamento en las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO. – LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. CUARTO.- Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO.- REGISTRAR la presente providencia en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-04490-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

13 de enero de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., trece (13) de enero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: JUAN PABLO CARDONA CASTAÑO
Accionado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Tema: Vulneración derechos al debido proceso, igualdad y
acceso a la administración de justicia/ defectos
fáctico y sustantivo, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución /
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte
accionante en contra de la sentencia del 17 de septiembre de 2021
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado mediante la cual declaró improcedente la tutela de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia tiene
sustento en los siguientes:

1

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

1. HECHOS

El señor Juan Pablo Cardona Castaño presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa
• Ejército Nacional y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares con el
propósito que se declarara la nulidad de los actos administrativos a
través de los cuales se le negó la reliquidación de la asignación de
retiro teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor – IPC.

El Juzgado 52 Administrativo del Circuito de Bogotá, quien conoció del
proceso en primera instancia, mediante sentencia del 13 de
noviembre de 2018 accedió a las pretensiones del medio de control.

Recurrida la decisión anterior por la parte demandada, la Subsección
A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través de fallo del 22 de abril de 2021, revocó la
providencia apelada y, en su lugar, negó la reliquidación solicitada.

2. PRETENSIONES

La parte accionante pidió lo siguiente:

«Primera: CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales del
DEBIDO PROCESO (Art. 29 C.N.), la IGUALDAD (Art. 13 C.N.) y al
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Art. 228 de la
Constitución Política de 1991) que le asisten al señor JUAN PABLO
CARDONA CASTAÑO, los cuales han sido vulnerados por la SALA DE
ORALIDAD DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TOLIMA, quien en la
sentencia proferida el día 22 de Abril de 2021, expedida al resolver
recurso de apelación presentado dentro del trámite del Medio de
Control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO promovido
por JUAN PABLO CARDONA CASTAÑO en contra de la NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y la CAJA DE RETIRO DE LAS
FUERZAS MILITARES distinguido con el Radicado N° 2017-00557,
dispuso negar la reliquidación y el reajuste de los sueldos básicos
devengados en servicio activo y de la asignación de retiro legalmente
reconocida, así como dispuso condenar en costas a la parte
demandante; incurriendo en las causales contempladas por la

2

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

sentencia C – 590 de 2005 bajo los nomen iuris de “DEFECTO
SUSTANTIVO”, “DEFECTO FÁCTICO”, “DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE”, “VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN”,
“DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN” y “DEFECTO PROCEDIMENTAL POR
EXCESO RITUAL MANIFIESTO”.

Segunda: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN VALOR NI
EFECTO la sentencia proferida el 22 de Abril de 2021 por la SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN A DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, la cual fue proferida dentro del trámite del Medio de
Control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO promovido
por JUAN PABLO CARDONA CASTAÑO en contra de la NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y la CAJA DE RETIRO DE LAS
FUERZAS MILITARES distinguido con el Radicado N° 2017-00557,
mediante la cual se negó la reliquidación y el reajuste de los sueldos
básicos devengados en servicio activo y de la asignación de retiro
legalmente reconocida al señor JUAN PABLO CARDONA CASTAÑO.

Tercera: Como resultado de la petición contenida en el numeral
SEGUNDO (2), ORDENAR a la SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA que dentro del
término no mayor a ocho (08) días hábiles siguientes al momento en
que reciba el expediente, profiera sentencia en la cual se resuelva lo
siguiente:

a) Frente a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL:

1. DECLARAR la inaplicabilidad por excepción de inconstitucionalidad
fundamentada en el artículo 4° de la Constitución Política de 1991, de
los decretos 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000,
2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004, por
medio de los cuales se fijan los sueldos básicos del personal de
Oficiales, Suboficiales, Agentes y demás miembros de la Fuerza
Pública, se modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones en
materia salarial, en cada uno de los años del período comprendido
desde 1997 hasta 2004.

2. DECLARAR LA NULIDAD del acto administrativo ficto de carácter
negativo, por medio del cual el Ministerio de Defensa Nacional negó
en sede administrativa el reajuste de los sueldos básicos y de las
prestaciones sociales devengadas en servicio activo.

3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL a realizar la reliquidación de los sueldos básicos que el
demandante devengó durante el período comprendido entre los años

3

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

1997 hasta la fecha en que se produjo su retiro del Ejército Nacional,
con el fin de propender por su reajuste de conformidad con el IPC
fijado por el DANE desde el año 1997 hasta la fecha en que se
produjo su retiro del Ejército Nacional para los años más favorables
en que el porcentaje de incremento fijado por el Gobierno sea inferior
al del IPC consolidado del año inmediatamente anterior; por cuanto
durante éste período el Sueldo Básico que el demandante percibió
mientras estuvo en actividad al servicio del Ejército Nacional fue
incrementado anualmente en margen inferior al IPC fijado por el
DANE para el año inmediatamente anterior.

4. En acatamiento a lo dispuesto en la pretensión anterior,
CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL a
realizar el incremento del salario básico que el demandante devengó
durante el período comprendido entre los años 1997 hasta la fecha en
que se produjo su retiro del Ejército Nacional, de conformidad con el
IPC fijado por el DANE y con retroactividad al año 1997 y hasta la
fecha en que se produjo su retiro del Ejército Nacional, cuando este
índice sea mayor que los porcentajes de variación establecidos
anualmente por Decreto para los sueldos básicos del personal de
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, en la escala gradual
porcentual que rige para las Fuerzas Armadas, modificando la base de
liquidación salarial para los años subsiguientes.

5. En cumplimiento de lo señalado en la pretensión tercera,
ORDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL tener
en cuenta el nuevo sueldo básico reajustado para así mismo
EFECTUAR la reliquidación y el cómputo con retroactividad, desde el
año 1997 hasta la fecha en que se produjo el retiro del demandante
del Ejército Nacional, de los valores económicos correspondientes a
todas las primas y prestaciones sociales que constituyen parte
integral de su asignación mensual de actividad, conforme con el IPC
fijado por el DANE, cuando este índice sea mayor que los porcentajes
de variación establecidos anualmente por Decreto para los sueldos
básicos del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares; modificando la base de liquidación prestacional anual para
los años subsiguientes desde 1997 en adelante hasta la fecha.

6. En cumplimiento a lo señalado en la pretensión del numeral
tercero, CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL a realizar la corrección de la hoja de servicios del
demandante en lo que se refiere a modificar la descripción de los
últimos haberes de nómina devengados y la descripción de las
partidas computables para reconocimiento de prestaciones sociales y
de la asignación de retiro, con el fin de calcular el nuevo sueldo
básico reajustado en concordancia con el IPC fijado por el DANE

4

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

cuando este índice sea mayor que los porcentajes de variación
establecidos anualmente por Decreto para los sueldos básicos del
personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, y a partir
de ello, determinar los nuevos valores económicos de los diferentes
porcentajes que componen cada una de las diferentes primas que
constituyen las partidas computables que deben tenerse en cuenta
para efectos de reconocimiento de la asignación de retiro.

8. (sic) CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL al pago de las costas que genere el trámite del presente
proceso.

b) Frente a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
(CREMIL):

1. DECLARAR la inaplicabilidad por excepción de inconstitucionalidad
fundamentada en el artículo 4° de la Constitución Política de 1991, de
los decretos 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000,
2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004, por
medio de los cuales se fijan los sueldos básicos del personal de
Oficiales, Suboficiales, Agentes y demás miembros de la Fuerza
Pública, se modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones en
materia salarial, en cada uno de los años del período comprendido
desde 1997 hasta 2004.

2. DECLARAR LA NULIDAD del Oficio N° 211 Nº 0018476 Consecutivo
Nº 2016-18476 de fecha 29 de Marzo de 2016 a través del cual se
negó en sede administrativa el reajuste de la asignación de retiro
reconocida al demandante.

3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, CONDENAR a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS
MILITARES (CREMIL) a realizar la reliquidación de los sueldos básicos
que hacen parte de la asignación de retiro que el demandante
devenga en la actualidad (en su condición de SARGENTO PRIMERO
(RA) del EJERCITO NACIONAL) con el fin de propender por su
reajuste de conformidad con el ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
fijado por el DANE para el período comprendido entre 1997 hasta la
fecha de su retiro del Ejército Nacional, cuando este índice sea mayor
que los porcentajes de variación establecidos anualmente por Decreto
para los sueldos básicos del personal de Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares; estableciendo la verdadera base salarial que debió
servir de fundamento para la determinación o fijación de la
asignación de retiro a partir del día 20 de Enero de 2014 (fecha de su
reconocimiento y pago de la primera mesada) hasta la actualidad;
teniendo en cuenta que el hecho de la inclusión de las variaciones

5

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

económicas generadas por el IPC fijado por el DANE como factor para
el reajuste y liquidación de los sueldos básicos y las prestaciones
sociales que hacen parte de la asignación salarial mensual de
actividad que le fue cancelada a mi representado desde el año 1997
hasta la fecha en que se produjo su retiro del Ejército Nacional,
modifica el valor de la base prestacional de la asignación de retiro
que la entidad ha venido cancelando al demandante desde la fecha de
reconocimiento de dicha prestación vitalicia hasta la actualidad,
puesto que dicho valor de la base de liquidación de la asignación de
retiro que CREMIL ha tenido en cuenta para la liquidación y pago de
la prestación, naturalmente difiere del que debió pagar la Caja De
Retiro De Las Fuerzas Militares (CREMIL) si se hubiese incluido el
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) fijado por el DANE para
el período comprendido entre 1997 hasta la fecha de su retiro del
Ejército Nacional como factor para la determinación del sueldo básico
de los miembros de la Fuerza Pública (en su condición de empleados
públicos) y de las demás partidas computables que sirven de
fundamento para calcular el monto dinerario de la asignación de
retiro, toda vez que según lo señalado en los artículos 13 y 14 del
Decreto 4433 de 2004, tales partidas se liquidan de acuerdo al sueldo
básico de actividad dispuesto para cada grado.

4. En acatamiento a lo dispuesto en la pretensión anterior,
CONDENAR a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
(CREMIL) a realizar el incremento del salario básico y por
consiguiente de la asignación de retiro devengada por mi mandante,
reajustando la base pensional de liquidación de la asignación de
retiro, con el fin de incorporar al sueldo básico correspondiente al
grado de SARGENTO PRIMERO cancelado desde el día 20 de Enero de
2014 (fecha de reconocimiento y pago de la primera mesada) hasta
la actualidad, los valores económicos resultantes del cómputo de los
porcentajes correspondientes al IPC fijado por el DANE desde el año
1997 hasta la fecha en que se produjo su retiro del Ejército Nacional
(cuando este índice sea mayor que los porcentajes de variación
establecidos anualmente por Decreto para los sueldos básicos del
personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares), en
consideración a que el IPC ha sido establecido como factor para la
determinación del sueldo básico que sirve de fundamento para
calcular el sueldo básico y las partidas computables sobre las cuales
se liquida la asignación de retiro, según lo disponen los artículos 13 y
14 del Decreto 4433 de 2004, para que a raíz de ésta nueva base
pensional, a partir del 20 de Enero de 2014 se reliquide la asignación
de retiro con sus nuevos montos en la forma y con los porcentajes
previstos en la Ley.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

5. En acatamiento a lo señalado en la pretensión tercera, ORDENAR a
la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES (CREMIL) tener en
cuenta el nuevo sueldo básico reajustado, conforme con el IPC fijado
por el DANE, para la reliquidación y cómputo con retroactividad
(desde el día 20 de enero de 2014 en adelante) de todas las partidas
y primas que constituyen parte integral de la asignación de retiro que
el demandante devenga en la actualidad.

6. En acatamiento a lo dispuesto en la pretensión tercera, CONDENAR
a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES (CREMIL) a
cancelar al demandante, las diferencias que resulten entre la
reliquidación anteriormente deprecada y los montos económicos
generados por el reajuste anual de la asignación de retiro, atendiendo
el hecho de que la reliquidación de la base pensional con fundamento
en la falta de inclusión del ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
(IPC) fijado por el DANE para el período comprendido entre 1997 y la
fecha de retiro del demandante del Ejército Nacional (cuando este
índice sea mayor que los porcentajes de variación establecidos
anualmente por Decreto para los sueldos básicos del personal de
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares), como factor para la
determinación del sueldo básico de los miembros de la Fuerza Pública
(en su condición de empleados públicos) y para la determinación de
las partidas computables señaladas en los artículos 13 y 14 del
Decreto 4433 de 2004, hace que el monto de la asignación se vaya
incrementando de manera cíclica y a futuro en forma ininterrumpida,
pues las diferencias reconocidas a la base pensional se deben utilizar
para la liquidación de las mesadas posteriores, como quiera que si la
base pensional de liquidación de la asignación de retiro se modificó
con ocasión de la inclusión del ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
(IPC) fijado por el DANE como factor para el reajuste y liquidación de
los sueldos básicos y las prestaciones sociales que hacen parte de la
asignación salarial mensual de actividad que le fue cancelada desde el
año 1997 hasta la fecha en que se produjo su retiro del Ejército
Nacional, esas variaciones naturalmente inciden en los pagos futuros
que se derivan de aplicar los incrementos contemplados en la Ley
para la reliquidación de la asignación de retiro.

7. CANCELAR con retroactividad al 20 de enero de 2014, todos los
valores adeudados en forma indexada, dando aplicación a los
artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

8. CONDENAR a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
(CREMIL) al pago de las costas que genere el trámite del presente
proceso.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

Todo ello, ajustándose a la normatividad tanto sustancial como
procedimental vigente y tomando los correctivos necesarios para el
respeto de los Derechos Fundamentales del Debido Proceso y al
Acceso a la Administración de Justicia del señor JUAN PABLO
CARDONA CASTAÑO». (sic a toda la cita)

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante aseguró que la providencia del 22 de abril de
2021 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos
fundamentales invocados en protección, pues incurrió en los
siguientes defectos1:

 Defecto sustantivo: toda vez que inaplicó el artículo 271 de la
Ley 1450 de 2011 y el parágrafo 3 del artículo 1 del Decreto 122 de
1997 y los Decretos 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de
2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004, según los cuales
le asiste derecho a la reliquidación reclamada.

 Defecto fáctico: porque no se tuvieron en cuenta las pruebas
documentales aportadas, como la certificación de sueldos básicos, de
incrementos anuales y la hoja de servicios, de acuerdo con las cuales
en el periodo comprendido entre 1997 y el 2004, se le realizaron
incrementos a su salario por un margen inferior al IPC fijado por el
DANE y percibió una asignación básica inferior a los dos salarios
mínimos legales mensuales vigentes.

 Desconocimiento del precedente: en el entendido que
desconoció la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, la Corte Constitucional y los tribunales administrativos del

1
Si bien en el escrito de la tutela la parte accionante señaló que la sentencia atacada también incurrió en
el defecto de decisión sin motivación y en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, solo
hizo mención a estos, pero de forma alguna los argumentó.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

país, en la que se ha indicado reiteradamente que el salario y las
pensiones no pueden ser reajustadas por una suma inferior al IPC del
año inmediatamente anterior en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 53 de la Constitución Política y los artículos 2 y 4 de la Ley 4
de 1992. En ese sentido destacó las sentencias C-409 de 1994, T-063
de 1995, T-102 de 1995, T-418 de 1996, T-276 de 1997, SU-519 de
1997, C-710 de 1999, C- 815 de 1999, SU- 599 de 1995, C-1433 de
2000, C-1064 de 2001, C-1017 de 2003, C – 931 de 2004 y C-862 de
2006 proferidas por la Corte Constitucional en las cuales ha sostenido
que es obligación del Gobierno Nacional mantener el poder
adquisitivo constante de los salarios de los servidores y empleados o
funcionarios públicos, como es su caso.

Asimismo, citó la sentencia del 26 de noviembre de 2018, proferida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado en el radicado 25000-
23-42-000-2015-06050-01 (3602-2017), que a su juicio determinó
que «conforme la regla jurisprudencial fijada por la Corte
Constitucional, se tiene que no puede el Gobierno nacional hacer
incrementos inferiores al IPC a quien devengue hasta dos (2) salarios
mínimos legales mensuales vigentes», lo cual debió ser tenido en
cuenta por el Tribunal.

 Violación directa de la Constitución: puesto que omitió tener en
cuenta los principios previstos en el artículo 53 de la Constitución
Política, de favorabilidad y de primacía de la realidad sobre las
formas, según los cuales tiene derecho al reajuste pretendido de
conformidad con el IPC.

4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 21 de julio de 2021, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de la referencia y

9

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que dictaron la sentencia reprochada, como
accionados, y a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional y a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares-CREMIL, como
terceros interesados, para que en el término de tres (3) días
siguientes a la respectiva notificación de dicha providencia, se
pronunciaran sobre los hechos que originaron la solicitud
constitucional.

5. INTERVENCIONES

5.1. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL, por
intermedio de apoderada judicial, solicitó que se declarara la
improcedencia de la tutela, por cuanto ha actuado conforme a
derecho de tal manera que no ha vulnerado ninguna de las garantías
fundamentales del accionante y porque, la sentencia deprecada pasó
a ser cosa juzgada, esto es, el debate que pretende reabrir ya se
encuentra concluido.

5.2. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, a través de uno de sus
magistrados, aseguró que la acción de la referencia es improcedente,
por cuanto la providencia reprochada tuvo fundamento en un criterio
jurídico razonable como puede advertirse de su contenido
argumentativo. Además, resaltó que el fallo se profirió con sustento
en los principios constitucionales de autonomía e independencia
judicial que los habilitó para aplicar y darle alcance a la ley aplicable
al asunto puesto en su conocimiento.

5.3. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
guardó silencio.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a
través de sentencia del 17 de septiembre de 2021, declaró
improcedente la acción de tutela, pues consideró que carece de
relevancia constitucional en el entendido que no se advirtió que la
decisión cuestionada fuera arbitraria y porque los argumentos
expuestos por la parte accionante están orientados a volver sobre la
controversia definida por el juez natural de la causa.

7. IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia, pues
afirmó que la tutela sí cumplió con el requisito de relevancia
constitucional en la medida que el fallo reprochado vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia, en ese sentido reiteró las razones
expuestas en el escrito de la acción referidas a la configuración de los
defectos alegados.

Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a desatar la presente
controversia.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 20192,
en cuanto dispone que «las tutelas que sean de competencia del

2
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala
de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».

2. PROBLEMAS JURÍDICOS

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a responder si:

 ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

 ¿La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al expedir la sentencia del 22
de abril de 2021, incurrió en los defectos sustantivo, fáctico, en
un desconocimiento del precedente y en una violación directa de
la Constitución y, por consiguiente, vulneró los derechos
fundamentales invocados por el accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra las providencias judiciales, ii) los
requisitos generales de procedibilidad, iii) los defectos sustantivo, el
fáctico, el desconocimiento del precedente y la violación directa de la
Constitución y iv) el caso concreto.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL
CASO

3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente3 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
Corporación4, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.

Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el
contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara
después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos
generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la

3
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
4
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

13

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la
necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:

i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.

ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro
está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.

iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en
que se presentó la presunta vulneración y el tiempo de
presentación de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de
velar por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en
la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave

14

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se
genera independientemente de la incidencia que tengan en el
litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

v. Identificación de la situación fáctica que devino en la
vulneración de derechos: que quien acciona identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.

vi. Que no se trate sentencias de tutela.

3.2. DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional5, el defecto
material o sustantivo se origina en primer momento cuando la
autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia,
fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o
inconstitucionales6, es decir, se da en los casos en que la autoridad
judicial se basa en, “(i) una norma no aplicable al caso, ya sea,
porque la norma,(a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó
cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es
inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está
vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a
la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del
margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da
aplicación a las sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas

5
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de
2015, entre otras.
6
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.

15

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y
finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el
ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la
disposición”7.

En segundo momento, el defecto material o sustantivo se origina
cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una
contradicción evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos
que la explican. En este orden de ideas, se produce cuando la
decisión “(vi) se funda en una hermenéutica no sistémica de la
norma, es decir, con omisión del análisis de otras disposiciones que
regulan el caso, (vii) cuando desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso en concreto,(viii) no se encuentra debidamente
justificada y por ende afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin
un mínimo de argumentación se desconoce el precedente judicial, (x)
y cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente
a una manifiesta violación de la Constitución”8. Este defecto, se
presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se debe
demostrar que la decisión judicial es irrazonable, desproporcionada,
arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela
resultaría improcedente9.

3.3. DEL DEFECTO FÁCTICO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

7
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
8
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
9
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.

16

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

Sobre el particular la Corte Constitucional10 ha identificado dos
dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa11, que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u
omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva12, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la
intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el
juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido,
toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas
no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado
se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas
pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el
ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de
un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»13.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

10
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998,
T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
11
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
13
Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.

17

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

3.4. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de
protección y trato por parte de las autoridades y específicamente la
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las
autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad
jurídica y con ella la certeza en los jueces van a decidir los casos
iguales de la misma forma14.

En ese sentido, el precedente judicial15 es la figura jurídica que sirve
como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en
el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias
jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la
aplicación del derecho16.

En ese orden la Corte Constitucional ha diferenciado lo que constituye
un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto sentido 17.
Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión de una
controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de Derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber

14
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
15
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que
precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe
necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.
16
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012,
vol. 18, no 1, p. 249-266.
17
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

18

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios
de transparencia e igualdad”18.

Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un
precedente, cuando “(i) los hechos relevantes que definen el asunto
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a
los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso
presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para
su aplicación”19.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales20, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les
impone el deber de señalar una justificación razonable, seria,
suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las razones por las
cuales se apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que,
en palabras de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del
derecho y los principios de autonomía e independencia que
caracterizan la labor judicial21.

18
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
19
Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
20
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico
y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas
por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso
concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
21
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

19

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

3.5. VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN

Frente a este defecto, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones
ha referido que se origina en la obligación que les asiste a todas las
autoridades de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en
el artículo 4° de la Carta Política, según el cual «la Constitución es
norma de normas. En todo caso de incompatibilidad
entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales.»22

La jurisprudencia constitucional también ha sostenido
que procede la tutela contra providencias judiciales
por violación directa de la Constitución en dos casos: (i) cuando se
deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o
(ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Carta:

«En el primer evento (inaplicación ius fundamental), la Corte ha
dispuesto que procede la tutela: (i) cuando en la solución del caso se
dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con
el precedente constitucional; (ii) cuando se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata; y (iii) cuando el juez en sus
resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución. En el
segundo, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en
cuenta en sus fallos que la Constitución es norma de normas y, por lo
tanto, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a
las legales mediante el ejercicio de la excepción de
inconstitucionalidad»23.

Aunque, en principio, la violación directa de la Constitución puede
tener una relación directa con otras causales especiales de
procedencia, como los defectos sustantivos o el desconocimiento del
precedente, la fuerza normativa de la Constitución (art. 4) implica
que esta sea reconocida como una causal independiente.

22
SU-336 de 2017, Corte Constitucional
23
Sentencia T-094 de 2013, T-209 de 2015 y SU-542 de 2016, Corte Constitucional.

20

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

4. CASO CONCRETO

De conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto y
orientados por el primer problema jurídico planteado, la Sala de
Subsección evidencia de las pruebas obrantes en el plenario que:

(i) A diferencia de lo considerado por el a quo la Sala de Decisión
considera que la pretensión de amparo constitucional es de marcada
relevancia constitucional, en la medida en que se contrae a establecer
de manera central si la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la providencia del 22
de abril de 2021, incurrió en la violación de los derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso, libertad y acceso a la
administración de justicia del accionante;

(ii) se agotaron todos los medios de defensa porque contra la
sentencia del Tribunal no procedía recurso alguno,

(iii) cumplió con el requisito de inmediatez toda vez que la
interposición de la acción se dio en un lapso «razonable y
proporcionado» por cuanto la providencia reprochada se profirió el 22
de abril de 2021 y la tutela se presentó el 14 de julio de 2021,

(iv) de encontrarse probados los defectos alegados estos tienen la
vocación de vulnerar las garantías fundamentales invocadas en
protección;

(v) se identificaron los hechos que sustentan la acción y los derechos
que se consideran vulnerados en razón a la actuación de la parte
accionada, motivo por el cual este requisito se encuentra cumplido, y

21

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

(vi) no se trata de una tutela contra tutela toda vez que la decisión
reprochada fue proferida por la jurisdicción contencioso administrativa
dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

De acuerdo con lo expuesto, la acción de la referencia cumple con
todos los requisitos de la tutela contra providencia, de tal forma que a
continuación se resolverá el segundo problema jurídico propuesto.

Al respecto, se advierte que la decisión judicial reprochada fue
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el 22 de abril de 2021, en el trámite
de segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho iniciado por el señor Juan Pablo Cardona Castaño contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL, con el propósito que le
fuera reajustado su sueldo y prestaciones sociales aplicando el IPC
para el periodo comprendido entre 1997 y 2004.

En la precitada sentencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
revocó el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones de
la demanda. Esta decisión judicial a criterio de la parte accionante
incurrió en un (i) defecto sustantivo, puesto que inaplicó el artículo
271 de la Ley 1450 de 2011, el parágrafo 3 del artículo 1 del Decreto
122 de 1997 y los Decretos 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000,
2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004, según
los cuales le asiste derecho a la reliquidación reclamada, (ii) defecto
fáctico, porque no tuvo en cuenta las pruebas documentales que
demostraron que su sueldo no fue incrementado de acuerdo con el
IPC durante el periodo solicitado, (iii) desconocimiento del
precedente, toda vez que obvió la jurisprudencia reiterada de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y los
tribunales administrativos frente a las cuales debió acceder a sus

22

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

requerimientos y (iv) violación directa de la Constitución, en el
entendido que la sentencia no desarrolló los principios de
favorabilidad y de realidad sobre las formas previstos en la
Constitución que fundamentan sus pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho.

A propósito, sobre el defecto sustantivo y la violación directa de
la Constitución, la Sala de Subsección advierte que no se configuró
ninguno de los defectos señalados porque, contrario a lo manifestado
por el accionante, está demostrado que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca al momento de solucionar el problema jurídico
planteado «determinar si el demandante tiene o no derecho a que se
le reliquide o reajusten salarios con aplicación del IPC, para el período
comprendido entre el día 1º de enero de 1.997 y 31 de diciembre de
2.004, cuando aún se encontraba en servicio activo» enmarcó su
análisis en las normas constitucionales contenidas en los artículos 25
y 48 que prevén los derechos al trabajo y la seguridad social,
respectivamente y el artículo 122 según el cual los empleos públicos,
como el desempeñado por el señor Juan Pablo Cardona Castaño,
tienen un salario determinado y este no puede ser indicado u
ordenado por un funcionario judicial.

Ahora bien, siguiendo esa línea jurídica, el Tribunal procedió a
analizar las pruebas aportadas al expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho, sobre las cuales manifestó lo siguiente:

«[…]

Se tienen como demostrados e indiscutidos en el proceso, los
siguientes hechos relevantes, a saber: que el demandante estuvo
vinculado laboralmente en el Ejército Nacional; que para la época
comprendida entre el día 1º de enero de 1.997 y el 31 de
diciembre de 2.004, se encontraba en servicio activo; que
cumplido los requisitos para acceder al reconocimiento de la
asignación de retiro (pensión), le fue reconocida por medio de la

23

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

Resolución No. 8591 de 2.013, con efectividad a partir del día 20
de enero de 2.014.

En ese orden de cosas, encontrándose en servicio activo
durante el período de 1.997 a 2.004, es claro y evidente,
que durante ese lapso recibió debidamente actualizado el
sueldo y prestaciones sociales, dado que el Gobierno
Nacional declara y ordena mediante decretos anuales el
incremento o reajuste el sueldo para cada año. Ese
incremento salarial es precisamente para mantener el
equilibrio y poder adquisitivo del salario (de la moneda).
Por esta potísima e indiscutida razón es claro que el
demandante recibió y le fue pagado el salario que para cada
año del período reclamado le correspondía debidamente
actualizado.

Debe quedar en claro, que la reclamada diferencia porcentual en el
incremento o reajuste con el IPC, y el sistema de incremento a
través del procedimiento administrativo de la oscilación, solamente
se presentó durante esos años (1.997 a 2.004, inclusive), respecto
del personal militar y de Policía que se encontraban retirados del
servicio activo y que se les había reconocido asignación de retiro.
Por consiguiente, encontrándose para entonces el demandante en
servicio activo, ha de excluirse la posibilidad de que estuviera
disfrutando de asignación de retiro y, sólo en tal hipótesis podría
reclamar la diferencia porcentual en el incremento de la asignación
del IPC respecto del sistema de la oscilación.

[…]» Destacado fuera del texto original

Congruente con dichas pruebas, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, concluyó:

«[…]

Se tiene entonces, como proposición jurídica inobjetable, que estando
en servicio activo el demandante durante el período respecto del cual
reclama reajuste con base en el IPC diferencial, deviene evidente que
no le asiste derecho a los créditos laborales pretendidos en la
demanda y ordenados por medio de la providencia impugnada.

[…]»

24

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

De conformidad con lo transcrito, la Sala de Decisión considera que el
defecto fáctico tampoco se configuró, porque la autoridad judicial
accionada tuvo en cuenta el acervo probatorio aportado al proceso,
esto es, la fecha de vinculación del accionante, el periodo en que se
encontraba en servicio activo, el acto de reconocimiento de la
asignación de retiro, los incrementos recibidos durante el periodo
requerido, lo cual sustentó su decisión de negar las pretensiones de la
demanda.

Por último, en cuanto al desconocimiento del precedente, tampoco
se encuentra mérito para declarar su existencia, puesto que la
decisión contenida en la sentencia deprecada no contraviene la
posición jurisprudencial del superior jerárquico del Tribunal, en la
medida que el Consejo de Estado ha dicho en varias oportunidades
que el reajuste requerido teniendo en cuenta el IPC, es procedente
tratándose de las asignaciones de retiro, pero no para los sueldos de
quienes se encontraban en servicio activo, como era el caso del
accionante24.

En ese orden de ideas es importante destacar que no desconoció las
sentencias C-409 de 1994, T-063 de 1995, T-102 de 1995, T-418 de
1996, T-276 de 1997, SU-519 de 1997, C-710 de 1999, C- 815 de
1999, SU- 599 de 1995, C-1433 de 2000, C-1064 de 2001, C-1017
de 2003, C – 931 de 2004 y C-862 de 2006 proferidas por la Corte
Constitucional, de conformidad con las cuales se debe garantizar el
poder adquisitivo de los salarios de los servidores públicos, por
cuanto el Tribunal verificó, según el material probatorio aportado al
expediente contencioso, que al señor Juan Pablo Cardona Castaño le
fue actualizado su salario mientras estuvo en servicio activo, tal como

24
Recientemente la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 28 de enero de 2021,
proferida en el expediente número 25000-23-42-000-2017-00214-01 (3524-2019), mantuvo esta
posición.

25

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

se puede advertir del texto de la providencia cuestionada arriba
transcrito.

Por otra parte, en lo relacionado con el fallo de la Sección Segunda
del Consejo de Estado proferido en el proceso 25000-23-42-000-
2015-06050-01, se observa que en esa ocasión, de hecho, se negó el
reajuste conforme al IPC solicitado por el demandante quien hacia
parte de la Fuerza Pública, «toda vez que los incrementos efectuados
a la asignación básica del actor en las anualidades referidas fueron
realizados conforme a los lineamientos contenidos en los decretos
que para el efecto expidió el Gobierno Nacional, por lo que la
inaplicación de sus efectos no es viable en los términos planteados
por el demandante», lo cual quiere decir que tampoco, respecto a
esta decisión judicial, el Tribunal accionado desconoció el precedente
como lo consideró el señor Juan Pablo Cardona Castaño.

En conclusión, con fundamento en las consideraciones manifestadas,
la Sala de Decisión revocará la decisión impugnada que declaró
improcedente la acción constitucional de la referencia y en su lugar
negará el amparo solicitado a través de la tutela presentada por el
señor Juan Pablo Cardona Castaño, porque no se encontraron
configurados los defectos alegados contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

26

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04490-01
Accionante: Juan Pablo Cardona Castaño

IV. FALLA

PRIMERO. - REVOCAR la sentencia del 17 de septiembre de 2021
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, que rechazó por improcedente el amparo solicitado por la
parte accionante y, en su lugar,

SEGUNDO. – NEGAR el amparo solicitado a través de la tutela
presentada por el señor Juan Pablo Cardona Castaño con fundamento
en las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.

TERCERO. – LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

CUARTO.- Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable Corte
Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO.- REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada en la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

27

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.