Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-04494-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-04494-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-04494-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
19 de agosto de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / AUTO QUE RECHAZA LA DEMANDA / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL - Constituye un verdadero negocio jurídico / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL - Extingue de manera definitiva la relación jurídica surgida del contrato estatal precedentemente celebrado / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO - Presupuesto para la prosperidad e inclusive procedencia de las pretensiones de la demanda de controversias contractuales / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO – Omisión / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO – Excepción para controvertir el acta de liquidación bilateral del contrato estatal / NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL – No se alegó como presupuesto lógico procesal para estudiar los vicios del consentimiento / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL - Negocio jurídico se encuentra vigente y sin ser controvertido / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
[E]l accionante controvierte el auto de 30 de septiembre de 2020 proferida por Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que confirmó la decisión de primera instancia que rechazó la demanda de controversias contractuales identificada con el radicado No. 25000-23-36-000-2018-00831-01 (64.393), al considerar que en este caso no es necesario realizar salvedades o reclamaciones en el acta de liquidación bilateral del contrato cuando se advierta que la entidad ha sido objeto de engaño por parte del contratista. La Sala pone de presente que, para resolver los reproches planteados, se hará el análisis en forma conjunta de los defectos encauzados, por estar estrechamente relacionados con el presupuesto de la primacía del derecho sustancial sobre el formal. (…) En primer lugar, se tiene que la sentencia presuntamente desconocida no es de unificación, como lo afirmó el accionante, y este corresponde a una decisión proferida por la misma Subsección que hoy es la accionada, esto es, de la “C” de la Sección Tercera de esta Corporación, al interior del proceso identificado con el radicado interno 52.666. Sin embargo, esta Sala procederá a determinar si la misma contiene una regla para resolver un problema jurídico específico. Ahora bien, en la sentencia presuntamente desatendida, entre otras pretensiones, se solicitó la nulidad del acta de liquidación bilateral, y versa acerca de los alcances del acta de liquidación del contrato, y los vicios del consentimiento para invalidarla. (…) se concluye que i) la liquidación bilateral del contrato estatal constituye un verdadero negocio jurídico, esto es, un contrato como tal, en donde las partes de común acuerdo realizan un balance final de la relación contractual, por medio del cual se extingue de manera definitiva la relación jurídica que surgió del contrato estatal precedentemente celebrado, ii) que la buena fe contractual radica en dirigir el comportamiento propio al cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo, y iii) que la nulidad del acta de liquidación bilateral debe ser alegada y demostrada por el interesado fundada en vicios en el consentimiento. (…) esta Colegiatura considera que, en efecto, la Sección Tercera de esta Corporación ha dispuesto una regla entorno a la necesidad de elevar salvedades y reclamaciones en el acta de liquidación bilateral del contrato estatal, como presupuesto para la prosperidad e inclusive procedencia de las pretensiones de demandas por controversias contractuales, circunstancia que, como se verá más adelante guarda relación con el principio de buena fe contractual, de que las partes dentro del contrato no pueden ir en contra sus propios actos. (…) En ese orden ideas, luego de analizar la providencia controvertida, esta Sección considera que la decisión del operador jurídico acusado se ajusta a derecho y no desconoció el criterio adoptado en la sentencia en cita, ya que este precedente, además de disponer la necesidad de advertir reclamaciones y salvedades en el acta de liquidación bilateral, como presupuesto de la prosperidad de las pretensiones, circunstancia que se advierte no se realizó en este caso, también establece que la nulidad del acta de liquidación bilateral debe ser alegada, aspecto que en este caso no se solicitó. (…) Luego, si se tiene que en cuenta que en el caso de la referencia se evidenció que las partes suscribieron un acta de liquidación bilateral sin salvedades, con fundamento en un principio de derecho (buena fe contractual), y no se solicitó la nulidad de dicha acta, resultaría plausible el argumento de la Subsección “C” de la Sección Tercera de esta Corporación, de cara a todos los antecedentes aquí citados , que una consecuencia de ello es la imposibilidad de solicitar perjuicios con ocasión a dicho negocio jurídico, e inclusive de acudir ante la jurisdicción para solicitar la declaratoria de incumplimiento de este.
Lo anterior, con el fin de garantizar la buena fe contractual y el hecho de que las partes no pueden ir en contra de sus propios actos. Ahora bien, como ya se expuso, también es cierto que el antecedente que alude la accionante contempla una excepción para controvertir el acta de liquidación bilateral del contrato aunque fuera suscrita sin salvedades, esto es, por vicios del consentimiento, sin embargo, para poder hacer alusión a ellos, en primera medida, como presupuesto lógico procesal, se debe alegar la nulidad del acto que contenga el vicio, sin embargo, en este caso, el accionante no atacó el acta de liquidación bilateral del contrato suscrito sin reclamaciones, luego ese negocio jurídico se encuentra vigente, sin ser controvertido, y el precedente a que se hizo alusión no puede ser aplicado al presente asunto, puesto que los supuestos fácticos son diferente (…) En consecuencia, como el contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes, y no puede ser invalidado, sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, lo acordado por los sujetos contractuales produce las consecuencias de su clausulado. Entonces, desde este punto de vista, resulta admisible el argumento de la autoridad accionada, que se resume en que la omisión o silencio en torno a las reclamaciones, reconocimientos, observaciones o salvedades en el acta de liquidación bilateral tiene por efecto el finiquito de los asuntos pendientes para las partes, no siendo posible discutir posteriormente esos hechos anteriores (excepto por vicios del consentimiento), consideración que a la postre se encuentra acorde al fundamento del antecedente presuntamente desconocido, el cual dispone que el acta de liquidación bilateral “extingue de manera definitiva la relación jurídica que surgió del contrato estatal precedentemente celebrado”.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04494-00(AC)
Actor: CLUB MILITAR
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C
Tutela contra providencia judicial – Defectos: sustantivo y desconocimiento del precedente - Niega -
Temas:
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el Club Militar contra la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
ANTECEDENTES
Solicitud
A través de mensaje de datos remitido al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado el 14 de julio de 2021, el establecimiento público de orden nacional denominado “Club Militar”, por conducto de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Las mencionadas garantías las estimó vulneradas por la autoridad judicial accionada, que, en providencia de 30 de septiembre de 2020 confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, de 28 de marzo de 2019, por medio de la cual rechazó el medio de control de controversias contractuales que instauró contra el Consorcio Armi, proceso identificado con el radicado No. 25000-23-36-000-2018-00831-01 (64.393).
Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente, se advierten los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
Indicó que el 8 de octubre de 2015, el Club Militar y el Consorcio Armi suscribieron el contrato No. 138 de 2015, cuyo objeto fue el mantenimiento correctivo de las áreas occidentales misionales de la sede principal de la entidad, en el cual se pactó un plazo de ejecución de cinco (5) meses y su iniciación se dio el 21 de octubre de 2015.
Precisó que durante la ejecución contractual se modificó el valor, así como su plazo, el cual se prorrogó hasta el 3 de mayo de 2016, o, hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurriera.
Afirmó que, luego de que se aceptara el acta de recibo final de obra No. 12, las partes suscribieron el acta de liquidación bilateral del contrato el 31 de agosto de 2016, sin salvedades, donde se estipuló que quedó un saldo pendiente de pago a favor del contratista.
Manifestó que en el año 2016 la Contraloría General de la República se enfocó en revisar el contrato de mantenimiento No. 138 de 2015, porque, según la accionante, “no era normal que las obras se hubieran entregado y recibido en tiempo record”.
Con ocasión de lo anterior, el demandante señaló que intentó concertar con el contratista en diferentes escenarios, sin embargo, estas negociaciones en realidad culminaron con un contrato de transacción suscrito el 6 de octubre de 2017, en el cual, el Club Militar se comprometió a realizar los pagos exigidos por el Consorcio Armi, donde la entidad aclaró que lo haría “solamente” por la presión de un eventual embargo de sus cuentas, pero continuaría con la revisión del contrato y a la espera del resultado de la auditoría de la Contraloría General de la República, contrato donde se incluyó una cláusula que establecía que, si se llegara a verificar alguna irregularidad, la transacción no impediría que se instauraran las acciones correspondientes para salvaguardar los intereses de la Nación.
Expuso que en el mes de diciembre de 2017 la Contraloría General de la República entregó el informe final de auditoría en el que expuso graves hallazgos relacionados con el Contrato No. 138 de 2015, lo que presuntamente ponía en evidencia que el Consorcio Armi había entregado al Club Militar obras incompletas o de inferior calidad o cantidad, haciéndolas ver como una ejecución adecuada del contrato.
Por lo anterior, el aquí accionante, el 3 de septiembre de 2018 presentó demanda en el ejercicio del medio de control de controversias contractuales, en contra del Consorcio Armi, por el incumplimiento del contrato de mantenimiento No. 138 de 2015, por “ejecutar de forma indebida el mismo, por omitir la entrega de la totalidad de las obras y bienes contratados, así como por haber elevado, injustificadamente, el valor de los bienes entregados”.
Dicho asunto le correspondió en primera instancia a la Subsección “C” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que el 28 de marzo de 2019 resolvió rechazar la demanda, de conformidad con el numeral 3º del artículo 169 del CPACA, esto es, porque dicho asunto no era susceptible de control judicial, en la medida que perseguía la declaratoria de incumplimiento de un contrato estatal que ya había sido extinguido por otro negocio jurídico -acta de liquidación bilateral-, sin que en este último se hubiesen hecho salvedades o se discutiera su legalidad.
En la mencionada providencia, el a quo agregó que el precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha insistido en que, quién no realice salvedades claras y expresas en el acta de liquidación bilateral, no puede luego acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa a pretender el reconocimiento de derechos que al momento de la liquidación no reclamó ni salvó.
El 30 de septiembre de 2020, la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió confirmar la decisión del tribunal, para lo cual, en primer lugar citó un auto de unificación, una sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y una de su propia Sala, en torno a los efectos del acta de liquidación bilateral del contrato estatal, para concluir, al igual que el tribunal, que no es posible acudir a la jurisdicción para la declaratoria de un incumplimiento contractual, si se llevó a cabo un acto de liquidación bilateral y en ese documento no quedó prevista algún tipo de salvedad; ya que con la suscripción de éste, se extinguen y se dan por finalizados los compromisos y las obligaciones del negocio jurídico inicial.
Agregó, que la cláusula cuarta del acuerdo de transacción celebrado entre las partes no tiene ninguna consecuencia jurídica frente a la finalización del contrato No. 138 de 2015, por cuanto lo estipulado en la transacción se limitó a acordar la forma y los tiempos de pago de los dineros reconocidos como adeudados en el acta de liquidación bilateral suscrita el 31 de agosto de 2016.
El auto que puso fin al proceso se notificó el 29 de abril de 2021 y la solicitud de tutela se radicó vía web el 13 de julio de 2021.
Fundamentos de la solicitud
La parte actora considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, porque en su sentir el auto de 30 de septiembre de 2020 proferido por la Subsección “C” de la Sección Tercera de esta Corporación, al interior del expediente con radicado interno No. 64.393, no tuvo en cuenta la primacía del derecho sustancial sobre el formal.
Con el fin de justificar tal alegación, en primera medida hizo alusión a los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, asimismo, de manera general, citó apartes de las sentencias C-037 de 1996, C-426 de 2002 y SU-636 de 2015, luego, “aterrizando a la situación que nos atañe”, afirmó que la providencia controvertida desconoció el precedente contenido en la sentencia de “unificación” de 29 de enero de 2018, Consejero Ponente, Jaime Orlando Santofímio Gamboa, que a su juicio establece que, si bien, “el Honorable Consejo de Estado ha aclarado que no se puede acudir a las controversias contractuales cuando el contratista pretenda el restablecimiento económico del contrato, si este estuvo de acuerdo con el cruce de cuentas plasmado en la liquidación. Pero es extremadamente claro, también, al indicar que esta vía sigue abierta cuando el Estado evidencie que ha sido víctima de engaño por parte del contratista”.
Por último, advirtió que “no puede afirmarse que la demanda que nos ocupa atenta contra el principio de buena fe, pues no está demostrado que la entidad contratante haya conocido las circunstancias reclamadas antes de la firma de la liquidación. Tampoco la buena fe se afecta por el hecho de haberse suscrito el contrato de transacción, por el contrario, en dicho acto jurídico se dejó la salvedad de forma expresa y transparente, muy a pesar de que el Consejo de Estado haya considerado que no tiene efectos jurídicos”.
Petición de amparo constitucional
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
“1. Que se entiendan vulnerados los derechos del Club Militar al libre acceso a la administración de justicia y al debido proceso.
2. Que, como consecuencia de lo anterior, se revoque la providencia del Consejo de Estado que confirma el rechazo de la demanda, y se le ordene su admisión, en clara aplicación de lo dispuesto por la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado.”
Trámite de la acción
Mediante auto de 16 de julio de 2021, el Despacho ponente admitió la solicitud de tutela, y ordenó: (i) notificar a la parte actora, así como a los magistrados de la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado; y (ii) en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” y al Consorcio Armi.
Finalmente, dispuso que, a través de la oficina de sistemas de la Corporación, se publicara en la página web del Consejo de Estado la información correspondiente a la acción de la referencia.
Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes, se presentaron las siguientes intervenciones:
Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 26 de julio de 2021, el ponente de la decisión demandada intervino en el presente trámite constitucional, en el sentido de solicitar que se nieguen las pretensiones porque i) lo que se busca con la solicitud de amparo es reabrir el debate que ya se zanjó en el proceso ordinario, razón por la cual debe recordarse que la acción de tutela no es una tercera instancia, en la que puedan ventilarse asuntos que ya fueron definidos por el funcionario natural, máxime cuando no corresponde al juez de tutela establecer si existe un mejor criterio de interpretación que el utilizado por el juez ordinario, quien es el llamado a servir como parámetro de decisión de las controversias, ii) la providencia presuntamente desconocida, catalogada como de unificación, es una providencia de subsección que no tiene la característica que el tutelante le está dando, y iii) la sentencia en la que el demandante está fundamentando su inconformidad contra la decisión que confirma el rechazo de la demanda formulada a través del medio de control de controversias contractuales, en aquel asunto se formuló como pretensión que se declarara la nulidad del acta de liquidación bilateral del contrato, lo que no ocurrió en el proceso en el que la Subsección que integra confirmó la decisión de rechazo de la demanda, pues, si bien se había realizado la liquidación bilateral del contrato, que evidenciaba que las partes de común acuerdo definieron las prestaciones, derechos y obligaciones que aún subsisten a favor o a cargo de cada uno de los contratantes, este acto jurídico no se demandó, por el contrario, solo se pretendió la nulidad del contrato que ya había sido finiquitado.
El representante legal del Consorcio Armi, solicitó que se negara la solicitud de amparo, comoquiera que el apoderado del accionante, faltando a sus compromisos legales, relacionados de manera particular con el ejercicio de su profesión, sólo entregó al despacho de conocimiento información sesgada que falta a la verdad, pues sindica que existió un detrimento patrimonial del Estado, que permite afirmar que existe algún tipo de responsabilidad fiscal, sin informar que el proceso respectivo adelantado por parte de la Contraloría General de la República ya concluyó con decisión de archivo del proceso, decisión confirmada en grado de consulta por parte de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la citada autoridad mediante auto de 21 de octubre de 2020.
Luego, el Club Militar pretende usar un informe de auditoria preventiva, preliminar, de la Contraloría de la República, no solo como fundamento errado de un proceso ordinario, sino que ahora pretende usarlo como fundamento para adelantar una acción de tutela.
Por último, advirtió que, dadas las graves acusaciones, arbitrarias y la falta de entrega de información completa respecto de la actuación de la Contraloría General de la República que se usa como fundamento para la acción, solicitó que se compulsaran copias al Consejo Superior de la Judicatura, para lo de su competencia, conforme lo establecido en el artículo 81 del CGP.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, pese a que fue debidamente notificado, no rindió informe.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la parte actora contra la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa – solicitud de remisión de copias -
El Decreto 306 de 1992 estableció que “Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto”.
Por su parte, en cuanto a la integración normativa, el artículo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015, dispone:
“Artículo 2.2.3.1.1.3. De los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto por el Decreto 2591 de 1991. Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto.
Cuando el juez considere necesario oír a aquel contra quien se haya hecho la solicitud de tutela, y dicha persona sea uno de los funcionarios que por ley rinde declaración por medio de certificación jurada, el juez solicitará la respectiva certificación.” (Negritas y subrayas por fuera del texto original)
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Colegiatura considera que se puede acudir a los principios generales del Código General del Proceso, cuando resulte necesario resolver un aspecto del trámite de la acción de tutela, lo cual no quiere decir que se pueda alterar su diseño preferente y sumario, o la implementación, en su integridad, de dicho compendio procesal.
De conformidad con lo expuesto, no es dable al juez constitucional aplicar todas las figuras procesales civiles al trámite constitucional, comoquiera que ello desvirtuaría sus características de preferente y sumario.
Ahora, si bien esta Sala en algunos casos ha dispuesto la remisión de copias al Consejo Seccional de la Judicatura, hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial, lo cierto es que no se advierte una conducta que de manera diáfana amerite deba ser investigada o en principio resulte contraria a la lealtad procesal, toda vez que los argumentos expuestos entorno a la presunta responsabilidad fiscal o contractual que pueda tener en Consorcio Armi con ocasión a la ejecución del contrato de mantenimiento No. 138 de 2015, se basan en argumentos de defensa fundados en un reporte preliminar de una autoridad competente, es decir, no deviene de una acusación arbitraria, sino de la interpretación netamente subjetiva de los alcances del mencionado reporte fiscal. En todo caso, se advierte que, si el Consorcio considera o insiste en alguna falta al estatuto de la abogacía por parte del apoderado de la parte accionante, este podrá, si lo estima pertinente, por sí mismo promover la querella disciplinaria respectiva ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presentó una vulneración al derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por parte de la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ocasión de la expedición del auto de 30 de septiembre de 2020, que confirmó la providencia de 28 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva, (iii) generalidad de los defectos que fundamentan la solicitud de tutela, y (iv) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está revestido de relevancia constitucional, por cuanto, al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto, se evidencia una tensión o contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de las garantías constitucionales alegadas por la parte actora, se infiere que la autoridad judicial incurrió en los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente, por lo que se evidencia que la controversia versa sobre un asunto constitucional y trasciende un estudio de lo meramente legal.
2.5.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura la parte accionante fue proferida en el marco del medio de control de controversias contractuales identificado con el radicado No. 25000-23-36-000-2018-00831-01 (64.393), promovido por el Club Militar contra el Consorcio Armi.
2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la decisión cuestionada, mediante la cual la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la providencia del 28 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, fue emitida el 30 de septiembre de 2020 y notificada el 29 de abril de 2021. Luego, como la solicitud de amparo fue radicada el 13 de julio de 2021, es claro que el mecanismo constitucional fue ejercido antes de transcurridos 6 meses, lo cual resulta ser un término que a juicio de la Sala es razonable.
2.5.4. Respecto a la subsidiariedad, se tiene que la parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial distinto a la tutela para conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarle a sus derechos fundamentales. Esto teniendo en cuenta que contra la providencia proferida por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado no procede ningún recurso, y que los cargos alegados por la parte accionante no encuadran en las causales de procedencia de los recursos extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
Superado lo anterior corresponde a la Sección analizar el cargo que fundamenta la solicitud de tutela.
2.6. De la generalidad de los defectos
A juicio de la parte demandante, sus garantías constitucionales invocadas fueron transgredidas con ocasión de la providencia de 30 de septiembre de 2020 proferida por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual resolvió confirmar la decisión de primera instancia, en el sentido de rechazar la demanda de controversias contractuales identificada con el radicado No. 25000-23-36-000-2018-00831-01 (64.393), al considerar que la misma no era susceptible de control judicial, lo anterior, por cuanto, a juicio del accionante, la autoridad reprochada desconoció lo dispuesto en la sentencia de 29 de enero de 2018 de la Sección Tercera de esta Corporación, al interior del expediente identificado con el radicado interno 52.666, la cual, en su sentir, establece que, si bien “el Honorable Consejo de Estado ha aclarado que no se puede acudir a las controversias contractuales cuando el contratista pretenda el restablecimiento económico del contrato, si este estuvo de acuerdo con el cruce de cuentas plasmado en la liquidación. Pero es extremadamente claro, también, al indicar que esta vía sigue abierta cuando el Estado evidencie que ha sido víctima de engaño por parte del contratista”. Asimismo, adujo que se desatendieron los artículos 228 y 229 de la Constitución Política.
Ahora bien, como el accionante no determinó un defecto en específico en contra de la providencia controvertida, la Sala analizará la presente acción de tutela a través del sustantivo y de desconocimiento del precedente, los cuales se adecúan a los fundamentos de su solicitud de amparo constitucional.
2.6.1. Referente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional, ha explicado que este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.
Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
No se hace una interpretación razonable de la norma.
La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.
La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma .
Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.
2.6.2. Al Respecto de este defecto, desconocimiento del precedente, esta Sección precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta Corte como órgano de cierre en determinada materia para solucionar un conflicto jurídico en particular, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.
Sin embargo, resulta necesario advertir que «…debe aceptarse que no todas las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla, pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una actividad creadora del juez.»”.
2.7. Caso concreto
Como viene de explicarse, el accionante controvierte el auto de 30 de septiembre de 2020 proferida por Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que confirmó la decisión de primera instancia que rechazó la demanda de controversias contractuales identificada con el radicado No. 25000-23-36-000-2018-00831-01 (64.393), al considerar que en este caso no es necesario realizar salvedades o reclamaciones en el acta de liquidación bilateral del contrato cuando se advierta que la entidad ha sido objeto de engaño por parte del contratista.
La Sala pone de presente que, para resolver los reproches planteados, se hará el análisis en forma conjunta de los defectos encauzados, por estar estrechamente relacionados con el presupuesto de la primacia del derecho sustancial sobre el formal. Razón por la cual, a esta Colegiatura le resulta pertinente hacer alusión a lo que se dispuso en la sentencia de “unificación” presuntamente desconocida y a las consideraciones de la autoridad judicial accionada para confirmar el rechazo de la demanda.
En primer lugar, se tiene que la sentencia presuntamente desconocida no es de unificación, como lo afirmó el accionante, y este corresponde a una decisión proferida por la misma Subsección que hoy es la accionada, esto es, de la “C” de la Sección Tercera de esta Corporación, al interior del proceso identificado con el radicado interno 52.666. Sin embargo, esta Sala procederá a determinar si la misma contiene una regla para resolver un problema jurídico específico.
Ahora bien, en la sentencia presuntamente desatendida, entre otras pretensiones, se solicitó la nulidad del acta de liquidación bilateral, y versa acerca de los alcances del acta de liquidación del contrato, y los vicios del consentimiento para invalidarla. En efecto, la providencia establece lo siguiente:
“6.3.- El acta de liquidación bilateral es un negocio jurídico que no puede ser desconocido por las partes – no se encuentra acreditado el vicio del consentimiento que lo invalide.
Finalmente, resta anotar que como también quedo especificado en la parte conceptual de estas consideraciones, la liquidación bilateral del contrato estatal constituye un verdadero negocio jurídico, en donde las partes de común acuerdo definen las prestaciones, derechos y obligaciones que aún subsisten a favor o a cargo de cada uno de los contratantes, de manera que aquí se realiza el balance final de cuentas y se determina quién le debe a quién y cuánto, o se establece si cada una de las partes se haya a paz y salvo respecto de la otra y de ésta forma se extingue de manera definitiva la relación jurídica que surgió del contrato estatal precedentemente celebrado.
En el caso de autos, la Sala encontró que el contrato de obra No. 3490 de 2007 fue liquidado de manera bilateral mediante Acta de Liquidación No. 125 suscrita el 6 de diciembre de 2010 por el Consorcio KGO y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, donde el contratista no dejó salvedad alguna por concepto de desequilibrio económico ni invocó la existencia de algún rubro pendiente por pago en la relación contractual; contrario sensu, al contratista se le reconoció la suma de $6.283.561.867.88, se insiste, sin que éste hubiera manifestado alguna objeción al respecto.
En este sentido, también se dijo que en su carácter de negocio jurídico en el diseño, suscripción y ejecución del acuerdo liquidatorio, cada una de las partes está obligada a obrar conforme a la buena fe objetiva e informar a la otra parte, de manera clara y específica, aquellas inconformidades y situaciones que pretende que se le reconozcan, mencionando los motivos o razones que lo llevan a reclamar y haciendo las salvedades del caso si ellas no fueren atendidas o aceptadas, dentro del acta de liquidación bilateral.
En el caso de autos el consorcio contratista suscribió el acta de liquidación sin prever los sobrecostos que hoy reclama ante la jurisdicción contencioso administrativa, amparado en una buena fe subjetiva que hizo consistir en la supuesta convicción de que la entidad contratante le reconocería los ajustes a los precios del asfalto por vía de conciliación.
Sin embargo, la Sala considera que no es de recibo el alegato presentado por el demandante para justificar su omisión ante el cumplimiento del deber de información, toda vez que, como también se dijo, la buena fe contractual no radica en un estado de convicción sino en dirigir el comportamiento propio al cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo, entre ellas el deber de informar a la otra parte; lo que no se hizo en el caso de autos, donde, pese a ser el momento de la liquidación la última oportunidad para manifestar su inconformidad, el contratista guardó silencio y suscribió el acuerdo liquidatorio sin ninguna salvedad.
(…)
A la sazón debe recordarse que en la parte conceptual de la ratio decidendi quedó explicado que, para la validez del consentimiento expresado en un negocio jurídico, se requiere que éste se halle exento de vicios tales como la fuerza, el dolo o el error, siendo este último la “discordancia entre la realidad y lo que una de las partes cree sobre la identidad de las cosas, las calidades esenciales o accidentales de ellas, la naturaleza del negocio jurídico que se celebra, o la persona con la que se celebra.
Asimismo, debe reiterarse que la nulidad relativa debe ser alegada y demostrada por el interesado, pues si el interesado alega que el acuerdo liquidatorio se encuentra viciado de nulidad relativa por vicios en el consentimiento - error, pero no demuestra dicha circunstancia, es imposible decretar la nulidad.
(…)
Dado lo anterior, la Sala encuentra que en el caso de autos no existen razones para invalidar la liquidación bilateral celebrada entre las partes, pues, se itera, el consenso establecido en la liquidación bilateral del contrato – sin salvedades -, en cuanto negocio jurídico sólo puede invalidarse ante la probanza de algún vicio de nulidad del contrato, lo cual no ha quedado establecido en el caso de autos y en consecuencia no hay lugar a desconocer el acuerdo de voluntades suscrito entre las partes.
(…) (Negrillas y subrayas por fuera de texto)
De lo anterior, se concluye que i) la liquidación bilateral del contrato estatal constituye un verdadero negocio jurídico, esto es, un contrato como tal, en donde las partes de común acuerdo realizan un balance final de la relación contractual, por medio del cual se extingue de manera definitiva la relación jurídica que surgió del contrato estatal precedentemente celebrado, ii) que la buena fe contractual radica en dirigir el comportamiento propio al cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo, y iii) que la nulidad del acta de liquidación bilateral debe ser alegada y demostrada por el interesado fundada en vicios en el consentimiento.
Por su parte, el auto de 30 de septiembre de 2020 proferida por la Subsección “C” de la misma Sección, dentro del expediente No. 64.393, que aquí se controvierte, consideró al respecto de los alcances del acta de liquidación bilateral del contrato lo siguiente:
“La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el primero (01) de agosto de dos mil diecinueve (2019), al unificar jurisprudencia respecto del cómputo de caducidad del medio de control de controversias contractuales en la Ley 1437 de 2011, frente a casos de liquidación extemporánea del contrato, enunció respecto del acta de liquidación bilateral del contrato:
“Al contemplar este marco normativo, la Sala entiende que el acta de liquidación bilateral extemporánea no deja de ser un acto jurídico eficaz y vinculante para las partes del contrato estatal, y así lo reconoce explícitamente el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Bajo esa óptica, no puede perderse de vista que ese acuerdo, que se traduce en el balance final del contrato, significa la culminación del vínculo contractual, expresa el estado financiero, así como el grado de satisfacción de las obligaciones emanadas del negocio jurídico, y contiene los acuerdos, conciliaciones y transacciones que finiquitan las posibles divergencias presentadas al momento de culminar la relación contractual, al punto de servir de título ejecutivo de las obligaciones allí plasmadas. De esta manera, solo hasta el momento en que se suscribe o produce la liquidación, las partes saben cuál es el resultado final de la ejecución del contrato y podrán determinar la necesidad o no de demandar.”
En términos similares esta subsección se pronunció respecto del acta bilateral del contrato en los siguientes términos:
[…la Corporación, de manera uniforme, ha definido el acto de liquidación bilateral o por mutuo acuerdo como [“un negocio jurídico extintivo en el que las partes en ejercicio de su autonomía privada definen las cuentas del mismo, precisan el estado en que quedaron las prestaciones –créditos y deudas recíprocas– y se obligan a lo estipulado en el documento que se suscribe y la contiene”. Por lo tanto, cuando en ésta no se consigne, como salvedad, alguna “inconformidad sobre cifras o valores y en general sobre su contenido, está asistida de un negocio jurídico pleno y válido”, el acta de liquidación bilateral constituye título ejecutivo].
A lo que se agregó: “No es pues necesario que se aporte el contrato liquidado, para configurar el título ejecutivo, debido a que en la liquidación se define el estado económico del negocio jurídico, así como el balance final de las obligaciones de las partes, debiendo estarse a lo resuelto y consignado en el acta”
Interpretación que no resulta extraña, ni reciente en la Corporación, ya que, con anterioridad a esto, la Sala de la Sección Tercera se había referido al referido documento en los siguientes términos:
Así, el acta de liquidación bilateral del contrato constituye el acuerdo en el cual las partes en documento escrito hacen constar el balance de su relación y establecen, de manera definitiva, el estado en que queda cada una de ellas respecto de las obligaciones y derechos provenientes del contrato.
Así las cosas, de las anteriores consideraciones se puede concluir que, en los casos donde se llevó a cabo el acto de liquidación bilateral del contrato y en el documento no quedaron previstas ningún tipo de salvedades, no es posible acudir ante la jurisdicción para solicitar la declaratoria de incumplimiento de este, ya que, con la suscripción del documento se extinguieron y dieron por finalizados los compromisos y las obligaciones adquiridas en él.” (Negrillas y subrayas por fuera de texto)
De lo expuesto, esta Colegiatura considera que, en efecto, la Sección Tercera de esta Corporación ha dispuesto una regla entorno a la necesidad de elevar salvedades y reclamaciones en el acta de liquidación bilateral del contrato estatal, como presupuesto para la prosperidad e inclusive procedencia de las pretensiones de demandas por controversias contractuales, circunstancia que, como se verá más adelante guarda relación con el principio de buena fe contractual, de que las partes dentro del contrato no pueden ir en contra sus propios actos.
Aclarado lo anterior, esta Sección hará alusión a las consideraciones de la autoridad judicial accionada para confirmar el rechazo de las pretensiones de la multicitada demanda:
“La Sala no comparte los argumentos esbozados por la entidad accionante en el recurso de apelación, pues suponen un desarrollo que se aparta del que correspondería en atención a los alcances y a la manera como ésta ha entendido la suscripción del acta bilateral liquidatoria, en el ocaso de un contrato estatal. (Ver aparte 2.2 del escrito).
Esta argumentación, además, se revela contraria a la razonabilidad de los hechos con los que la demandante pretende soportar la demanda. En ellos, da cuenta de que el Club Militar estuvo de acuerdo en dar por finalizado y cumplido el contrato de obra No. 138 de 2015, mediante acta de liquidación bilateral suscrita por las partes el 31 de agosto de 2016. (…)
Por otra parte, en el escrito de demanda y en el recurso de apelación, tan solo se da a entender de la existencia de un vicio que podría contener el acta de liquidación bilateral del contrato causado por el contratista, argumento que tampoco encuentra soporte en el relato de hechos sustentatorios de la demanda, donde la actora da cuenta de que, en por lo menos 3 ocasiones revisó la legalidad, la integridad y las resultas del contrato que hoy pretende se declare incumplido, las cuales son: a) La suscripción del acta de liquidación bilateral. b) La revisión del contrato de Mantenimiento No. 138 de 2015, descrita en los apartes 2.3.6 y 2.3.7, c) La celebración del contrato de Transacción celebrado entre el Consorcio Armi, el Consorcio JC y el Club Militar, cuyo objeto se describió en el aparte 2.3.8 de la presente providencia.
Por último, respecto del parágrafo de la cláusula cuarta del contrato de Transacción celebrado entre el Club Militar y el Consorcio Armi, el 6 de octubre de 2017, sin necesidad de entrar a realizar un análisis del mismo, la Sala evidencia, que no tenía ninguna consecuencia jurídica frente a la finalización del contrato 138 de 2015, lo anterior, por cuanto el contrato de transacción se limitó a acordar la forma y los tiempos de pago, de los dineros reconocidos como adeudados en el acta de liquidación bilateral del contrato suscrita por las partes el 31 de agosto de 2016.”
En ese orden ideas, luego de analizar la providencia controvertida, esta Sección considera que la decisión del operador jurídico acusado se ajusta a derecho y no desconoció el criterio adoptado en la sentencia en cita, ya que este precedente, además de disponer la necesidad de advertir reclamaciones y salvedades en el acta de liquidación bilateral, como presupuesto de la prosperidad de las pretensiones, circunstancia que se advierte no se realizó en este caso, también establece que la nulidad del acta de liquidación bilateral debe ser alegada, aspecto que en este caso no se solicitó. En efecto, el accionante, en la demanda contenciosa elevó las siguientes peticiones:
“PRIMERA.- Que se declare que el CLUB MILITAR y el CONSORCIO ARMI suscribieron y ejecutaron el Contrato estatal de Mantenimiento No. 138 de 2015.
SEGUNDO.- Que se declare que el CLUB MILITAR cumplió con las obligaciones derivadas del Contrato de Mantenimiento No. 138 de 2015, así como del contrato de Transaccion suscrito entre las partes el 6 de octubre de 2017, y su Otrosí, celbrado el 26 de diciembre de 2017.
TERCEA.- Que se declare que el CONSORCIO ARMI incumplió el Contrato de Mantenimiento No. 138 de 2015 al ejecutar de forma indebida el mismo, por omitir la entrega de la totalidad de las obras y bienes contratados, así como por haber elevado, injustificadamente, el valor de los bienes entregados.
(…) “
Luego, si se tiene que en cuenta que en el caso de la referencia se evidenció que las partes suscribieron un acta de liquidación bilateral sin salvedades, con fundamento en un principio de derecho (buena fe contractual), y no se solicitó la nulidad de dicha acta, resultaría plausible el argumento de la Subsección “C” de la Sección Tercera de esta Corporación, de cara a todos los antecedentes aquí citados, que una consecuencia de ello es la imposibilidad de solicitar perjuicios con ocasión a dicho negocio jurídico, e inclusive de acudir ante la jurisdicción para solicitar la declaratoria de incumplimiento de este. Lo anterior, con el fin de garantizar la buena fe contractual y el hecho de que las partes no pueden ir en contra de sus propios actos.
Ahora bien, como ya se expuso, también es cierto que el antecedente que alude la accionante contempla una excepción para controvertir el acta de liquidación bilateral del contrato aunque fuera suscrita sin salvedades, esto es, por vicios del consentimiento, sin embargo, para poder hacer alusión a ellos, en primera medida, como presupuesto lógico procesal, se debe alegar la nulidad del acto que contenga el vicio, sin embargo, en este caso, el accionante no atacó el acta de liquidación bilateral del contrato suscrito sin reclamaciones, luego ese negocio jurídico se encuentra vigente, sin ser controvertido, y el precedente a que se hizo alusión no puede ser aplicado al presente asunto, puesto que los supuestos fácticos son diferente.
Al respecto, resulta pertinente hacer alusión a que la autoridad judicial accionada analizó la demanda con el fin de indagar si el accionante alegó, en los fundamentos de la misma, la nulidad del acta de liquidación bilateral del contrato, mas allá de omitir elevar tal pretensión, no obstante, concluyó que no se encontró un vicio del consentimiento que fundara tal petición porque “la actora da cuenta de que, en por lo menos 3 ocasiones revisó la legalidad, la integridad y las resultas del contrato que hoy pretende se declare incumplido, las cuales son: a) La suscripción del acta de liquidación bilateral. b) La revisión del contrato de Mantenimiento No. 138 de 2015, descrita en los apartes 2.3.6 y 2.3.7, c) La celebración del contrato de Transacción celebrado entre el Consorcio Armi, el Consorcio JC y el Club Militar, cuyo objeto se describió en el aparte 2.3.8 de la presente providencia”.
En consecuencia, como el contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes, y no puede ser invalidado, sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, lo acordado por los sujetos contractuales produce las consecuencias de su clausulado. Entonces, desde este punto de vista, resulta admisible el argumento de la autoridad accionada, que se resume en que la omisión o silencio en torno a las reclamaciones, reconocimientos, observaciones o salvedades en el acta de liquidación bilateral tiene por efecto el finiquito de los asuntos pendientes para las partes, no siendo posible discutir posteriormente esos hechos anteriores (excepto por vicios del consentimiento), consideración que a la postre se encuentra acorde al fundamento del antecedente presuntamente desconocido, el cual dispone que el acta de liquidación bilateral “extingue de manera definitiva la relación jurídica que surgió del contrato estatal precedentemente celebrado”.
En consecuencia, esa Sala considera que la providencia controvertida está debidamente motivada con sustento en un principio que gobierna los contratos estatales (buena fe contractual), sumado a diversos antecedentes de carácter horizontal aplicables al caso concreto, en la cual se argumentaron las razones por las cuales se considera que no es viable reclamar perjuicios con ocasión de actos contractuales que suscribieron en el ejercicio de la autonomía y voluntad de las partes, sin que ninguna de ellas haya manifestado alguna observación, salvedad o reclamo al respecto, decisión que se encuentra acorde a su vez con la autonomía e independencia judicial con la que cuenta el juez de conocimiento, así como de la norma en cita.
2.8. Conclusión
De acuerdo con lo expuesto, esta Sala de Decisión negará la solicitud de amparo promovida por el accionante, al no encontrar configurados los defectos encauzados en el sustantivo y desconocimiento del precedente, de conformidad con las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de remitir copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, con el fin de que se investigue la conducta del apoderado de la parte demandante, según lo expuesto.
SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela promovida por el Club Militar contra la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con fundamento en la parte considerativa de este proveído.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2354 de 2012.”
La solicitud de tutela se envió en primer lugar el 13 de julio de 2021 al buzón electrónico de “Recepción de tutelas y hábeas corpus en línea de la Rama Judicial”, de la ciudad de Bogotá “apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co”, mensaje de datos que se reenvió al día siguiente a esta corporación. Creado mediante la Ley 124 de 1948.
“El contratista CONSORCIO ARMI y el supervisor Ing. JAVIER A. DIAZ MARTÍNEZ, dejan constancia que a la fecha se le adeuda al contratista el pago al Acta de Recibo Final de obra No. 12 por un valor de $943.220.522,22.”
Esta providencia se notificó el 4 de abril de 2019. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, auto de unificación de 1 de agosto de 2019, exp. 05001-23-33-000-2018-00342-01(62009), M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia 10 de abril de 1997, rad. 10.608. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 2009, Rad. 32.666. Reiterado en el auto de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 7 de diciembre de 2010, Rad. 08001-23-31-000-2009-00019-02, en auto de 30 de julio de 2019, Rad. 63.243, y “en auto de la Subsección C del 26 de agosto de 2019”. Revisión constitucional del proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”
Que resolvió: Declarar EXEQUIBLE el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, tal y como fue subrogado por el artículo 14 del Decreto 2304 de 1989, siempre y cuando se entienda que la acción de nulidad también procede contra los actos de contenido particular y concreto, cuando la pretensión es exclusivamente el control de la legalidad en abstracto del acto, en los términos de la parte motiva de esta Sentencia. Si bien el accionante no identificó plenamente la sentencia presuntamente desconocida, la Sala logró identificarla y aclara que corresponde al expediente No. 680012333000201300118 01 (52.666). Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras. Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería. Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas. Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera auto del 1 de agosto de 2019. Exp n.° 62009,
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 2009, exp. 32666; reiterado en el auto de sala plena de lo contencioso administrativo del 7 de diciembre de 2010, rad. núm. 08001-23-31-000-2009-00019-02(ij); reiterado en el auto del 30 de julio de 2019, exp.63243., Reiterado en auto de Sala de Subsección C del 26 de agosto de 2019. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 10 abril de 1997. Exp. n.º 10.608. Este pronunciamiento fue reiterado en la Sentencia de 9 marzo de 1998, Exp. No. 11.101: “La liquidación final del contrato tiene como objetivo principal, que las partes definan sus cuentas, que decidan en qué estado queda después de cumplida la ejecución de aquél; que allí se decidan todas las reclamaciones a que ha dado lugar la ejecución del contrato, y por esa razón es ese el momento en que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes. La liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio jurídico, por ende no puede con posterioridad demandarse reclamaciones que no hicieron en ese momento”, citado a su vez en el trámite de consulta con radicado 11001-03-06-000-2015-00067-00 (2253) del 28 de junio de 2016. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, auto de unificación de 1 de agosto de 2019, exp. 05001-23-33-000-2018-00342-01(62009), M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia 10 de abril de 1997, rad. 10.608; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 2009, Rad. 32.666. Reiterado en el auto de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 7 de diciembre de 2010, Rad. 08001-23-31-000-2009-00019-02, en auto de 30 de julio de 2019, Rad. 63.243, y “en auto de la Subsección C del 26 de agosto de 2019”.
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