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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-04577-00

Fecha
28 de febrero de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-04577-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 41 El recurso se radicó el 15 de julio de 2021 y como quedó visto, se declaró infundado. 37 Número único de radicación: 110010315000202210457700 Actores: RAMIRO PARRADO GUTIÉRREZ y OTROS RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de 6 de agosto de 2020, proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas al accionante. Por la Secretaría liquídense. TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta providencia, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por el recurrente, en favor de las entidades que acudieron a participar en este trámite. CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA a los doctores SANDRA PATRICIA LESMES COGOLLOS42 y DARWIN EFREN ACEVEDO CONTRERAS 43 , en su condición de apoderados judiciales de la Fiscalía General de la Nación y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, según los poderes presentados al contestar este recurso. 42 Según índice 20 del registro SAMAI (34_RECIBEMEMORIALESPORCORREOEL ECTRONICO_SANDRALESMES(.DOCX) NroActua 20) 43 Según índice 16 del registro SAMAI (21_RECIBEMEMORIALESPORCORREOEL ECTRONICO_PODERDEAJALO216805(. PDF) NroActua 16) 38 Número único de radicación: 110010315000202210457700 Actores: RAMIRO PARRADO GUTIÉRREZ y OTROS RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN QUINTO: En firme esta providencia, archívese la actuación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-04577-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

28 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA “8” ESPECIAL DE DECISIÓN

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Número único de radicación: 11001031500020210457700
Actores: RAMIRO PARRADO GUTIÉRREZ Y OTROS

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión promovido por

los señores RAMIRO PARRADO GUTIÉRREZ, GABRIELA

ARROYAVE GÓMEZ, GABRIELA, NAZLY, XIOMARA ANDREA y

SULLIVAN PAOLA PARRADO ARROYAVE; y EDGAR, LUIS

ARIEL, HONORIO, JAIRO BENIGNO y REINEL PARRADO

GUTIÉRREZ contra la sentencia de 6 de agosto de 2020, proferida

por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado,

a través de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto

contra el fallo de 10 de julio de 2012, dictado por el Tribunal

Administrativo del Meta.

I. ANTECEDENTES

2

Número único de radicación: 110010315000202210457700
Actores: RAMIRO PARRADO GUTIÉRREZ y OTROS
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

1.1. El señor RAMIRO PARRADO GUTIÉRREZ 1 promovió

demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa,

por conducto de apoderado, contra la Rama Judicial - Dirección

Ejecutiva de Administración Judicial por la responsabilidad en los

perjuicios materiales y morales producto de la medida de

aseguramiento y detención, adoptada por la Resolución de 7 de

junio de 2000, que expidió la Unidad Nacional de Delitos contra la

Administración pública de la Fiscalía General de la Nación2.

1.2. Sustentó la solicitud de reparación de perjuicios en el hecho

de que mediante sentencia absolutoria fue exonerado de la

responsabilidad penal endilgada, según decisión proferida en

segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de

Bogotá.

1.3. Afirmó en la demanda contenciosa que la Fiscalía General de

la Nación inició investigación penal y profirió resolución acusatoria

y, en consecuencia, ordenó: i) su detención preventiva sin

beneficio de excarcelación el 7 de junio de 2000, en condición de

sindicado y presunto responsable de los delitos de fraude procesal

y falsedad material de documento público; y solicitó: ii) al

1
La demanda de reparación directa también se presentó por GABRIELA ARROYAVE GÓMEZ,
GABRIELA PARRADO ARROYAVE, NAZLY PARRADO ARROYAVE, XIOMARA ANDREA PARRADO
ARROYAVE, SULLIVAN PAOLA PARRADO ARROYAVE, EDGAR PARRADO GUTIÉRREZ, LUIS ARIEL
PARRADO GUTIÉRREZ, HONORIO PARRADO GUTIÉRREZ, JAIRO BENIGNO PARRADO GUTIÉRREZ y
REINEL PARRADO GUTIÉRREZ, quienes invocaron su condición de compañera permanente, hijas y
hermanos del señor RAMIRO PARRADO GUTIÉRREZ y pidieron la reparación de perjuicios causados
por la presunta privación injusta de la libertad del señor Ramiro Parrado Gutiérrez.
2
En adelante FGN.

3

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

presidente de la Asamblea Departamental de Vaupés que

procediera a la suspensión del cargo de diputado que desempeñaba

para la fecha el señor PARRADO GUTIÉRREZ.

1.4. Alegó que con la imposición de la medida de aseguramiento y

la consecuente suspensión en su cargo de diputado se le infringieron

a él y a su familia perjuicios, por cuanto: i) se le impidió culminar su

período constitucional, ii) debió cubrir el costo de los honorarios

profesionales y iii) padeció de dolor, angustia y sufrimiento debido a

que por el estatus que ocupaba fue estigmatizado.

1.5. Planteó la existencia de responsabilidad por error judicial,

porque “[…] se le decretó medida de aseguramiento sin beneficio

de excarcelación en primera instancia 3 , siendo absuelto

penalmente […]” por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de

Bogotá en sentencia de 21 de octubre de 2003, la que lo habilitó a

reclamar el reconocimiento de la compensación económica por el

padecimiento que se extendió durante 40 meses que duró el

proceso y la reivindicación de su nombre.

1.6. Surtido el trámite procesal con la notificación de la demanda

de reparación directa a la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal

Administrativo del Meta profirió fallo de 10 de julio de 2012, en el

3
En este caso la FGN profirió la medida de aseguramiento la que se mantuvo por el juez de primera
instancia que condenó penalmente al señor RAMIRO PARRADO GUTIÉRREZ.

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

que declaró no probadas las excepciones formuladas4 y denegó las

pretensiones de la demanda.

1.7. Como fundamento de esta decisión, y en lo que interesa a

este recurso extraordinario, se aprecia que luego de referir a la

sentencia absolutoria y a los hechos que la sustentaron, el fallador

precisó que la medida de aseguramiento dictada en contra del

accionante se fundó en indicios graves, los que para ese momento

resultaron suficientes para dictar la medida restrictiva de la libertad

y la sentencia condenatoria de primera instancia. Que este motivo

era suficiente para denegar las pretensiones.

II. PROVIDENCIA RECURRIDA EN REVISIÓN

Corresponde a la sentencia de 6 de agosto de 2020, proferida por

la Sección Tercera, Subsección “B”, del Consejo de Estado, que

resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de

primera instancia, en el sentido de CONFIRMAR la decisión que

denegó las súplicas de la demanda, por las consideraciones

expuesta por esta Corporación.

El fallo destacó que la apelación se sustentó en señalar: “[…] sí se

demostró la existencia de un daño antijurídico, porque en la

4
Las excepciones de Falta de Legitimación en la causa por pasiva e indebida representación
formuladas por la Nación – Rama Judicial.

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

sentencia penal absolutoria proferida por el Tribunal Superior de

Bogotá se concluyó que no existió prueba a lo largo de la

investigación penal que acreditara su responsabilidad. Por lo tanto,

el demandante Parrado Gutiérrez no estaba obligado a soportar

la carga causada por su privación de la libertad”.

Al desatar el recurso de apelación, el fallo relacionó las pruebas

allegadas y concluyó que no se demostró el daño, pues no se

acreditaron las fechas en que el demandante estuvo privado de

libertad.

III. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

El señor PARRADO GUTIÉRREZ y sus familiares, quienes hicieron

parte del proceso ordinario, presentaron escrito ante esta

Corporación, en ejercicio del recurso extraordinario de revisión,

previsto en el artículo 248 del CPACA, a fin de que se infirme la

sentencia dictada en segunda instancia por el Consejo de Estado, que

confirmó la denegatoria de las pretensiones de la acción de

reparación directa.

La decisión objeto del recurso es la sentencia de segunda instancia

de 6 de agosto de 2020, proferida por la Sección Tercera,

Subsección “B”, del Consejo de Estado, dentro del expediente del

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medio de control de reparación directa radicado bajo el núm.

50001-23-31-000-2004-10888-02 (47199).

Como causal del recurso extraordinario invocaron la prevista en el

numeral 5 del artículo 250 del CPACA, la que, a juicio de los

actores, se configuró por la violación al debido proceso, en tanto la

providencia adolece de falta de motivación.

Explicaron que en el fallo no se aplicaron las formalidades que prevé

el artículo 187 del CPACA y se excluyeron de análisis las pruebas

que obraban en el expediente.

Alegaron, además, que la Sala no se pronunció sobre el reproche

referido a que el “daño se causó el día 21 de junio de 2000 por

la suspensión en el cargo de diputado, porque le impidió

percibir las dietas y dineros correspondientes al cargo hasta

la terminación de su período”, omisión que dicen no se justificó

en el fallo.

Plantearon que en la demanda se explicó que el daño ocurrido el 21

de junio de 2000 lo fue por la suspensión del cargo ocupado por

el señor PARRADO GUTIÉRREZ, según las resoluciones 082 y 083

de 2000, y las consecuencias derivadas de éstas al no haber

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percibido los dineros que le correspondían en su actividad como

diputado de la Asamblea de Vaupés.

Aseguraron que la sentencia debió considerar el momento de la

suspensión en el ejercicio de las funciones de Diputado, esto es, lo

dispuesto por las resoluciones 82 y 83 de 21 de junio de 2000 de

la Presidencia de la Asamblea; y que, contrario a lo concluido, no

se requería de una “efectiva detención física del diputado”,

pues a pesar de que el fallo recurrido haya considerado que no se

probó si hubo pérdida de la libertad, ello no significa que siguiera

percibiendo los emolumentos económicos por el ejercicio de su

cargo.

Estimó que su reclamó se sustentó en la suspensión como diputado

desde el 21 de junio de 2000 hasta la culminación de su período,

pero que la decisión judicial omitió abarcar tal examen, esto es: i)

verificar si esa suspensión ocurrió o no, ii) si efectivamente dejó

de recibir sus emolumentos, iii) si la causa fue la suspensión

solicitada por la Fiscalía General de la Nación, y iv) si fue absuelto

por la justicia por falta de pruebas.

Entonces, en el entender de los recurrentes, era desde la

suspensión de su cargo y hasta la terminación de su período que

debió analizarse la producción de daño reclamado, estudio que

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dijeron no se aprecia en la sentencia. Además, agregaron que la ley

penal determina que primero debe suspenderse del cargo al

servidor público y que lo consecuencial será su eventual detención

física, de acuerdo con el artículo 3595 de la Ley 600 de 2000.

Precisaron que la demanda de reparación no se fundó en que el

actor dejó de percibir los dineros y reconocimientos económicos de

diputado a partir de una detención física, caso en el que sería

necesario y útil probar los elementos de una privación de la libertad.

Bajo este razonamiento, señalaron que la declaratoria de nulidad

de la sentencia debe ordenar el reestudio del asunto a partir de la

suspensión del cargo y no a partir de cuándo fue detenido.

Como fundamento normativo del recurso expusieron, respecto de

la causal invocada, que “la completitud de la motivación está

estrechamente relacionada con el principio de congruencia

predicado de las resoluciones judiciales. De ahí que la motivación

de la sentencia no debe ser escasa ni insuficiente”.

5
“[…] ARTICULO 359. DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. <Para los delitos cometidos con
posterioridad al 1o. de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, con sujeción al proceso de
implementación establecido en su Artículo 528> Cuando se imponga medida de aseguramiento en
contra de un servidor público, en la misma providencia se solicitará a la autoridad respectiva que
proceda a suspenderlo en el ejercicio del cargo. Mientras se cumple la suspensión, se adoptarán las
medidas necesarias para evitar que el sindicado eluda la acción de la justicia.
Si pasados cinco (5) días desde la fecha en que se solicite la suspensión, ésta no se hubiere producido,
se dispondrá la captura del sindicado.
Igualmente se procederá para hacer efectiva la sentencia condenatoria.
No es necesario solicitar la suspensión del cargo cuando a juicio del funcionario judicial, la privación
inmediata de la libertad no perturba la buena marcha de la administración […]”

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Agregaron que la motivación suficiente se entiende como el

conjunto de elementos necesarios en la decisión judicial para que

ésta sea válida. Con base en esta explicación, aluden a que se

requiere un mínimo de razonamiento justificativo ineludible para

que la resolución judicial y su motivación se ajusten a las exigencias

normativas.

IV. TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO

4.1. Mediante proveído de 17 de septiembre de 2021 se admitió el

recurso6 y se ordenó notificar a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL -

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y a la FISCALÍA

GENERAL DE LA NACIÓN. Durante el término de traslado se

contestó la demanda, así:

4.1.1. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL

La entidad, mediante apoderado judicial, refirió que el recurso

extraordinario sólo tiene cabida en los precisos casos que señala la

ley y sobre la base de que se interponga dentro del término previsto

por el legislador.

6
En esa ocasión se estableció que el recurso interpuesto fue oportuno. El fallo cuestionado data del
6 de agosto de 2020 y se notificó por edicto electrónico fijado el 21 de octubre y desfijado el 23 de
octubre de 2020, por lo que adquirió ejecutoria el 28 de octubre de 2020, según el proceso ordinario
50001233100020041088802. A su turno, el escrito del recurso se radicó el 15 de julio de 2021, esto
es dentro del plazo previsto para el efecto. Cfr. Expediente Digital 3_ED_REMITE29(.DOCX) NroActua
2. Índice 2 SAMAI,

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Indicó que este recurso no es una tercera instancia, razón por la

cual el recurrente no puede mediante su interposición suplir las

deficiencias de orden probatorio en que incurrió en el proceso

ordinario y ahora pretender que la sentencia recurrida sea revisada

para remediar las omisiones cometidas en defensa de los intereses

de la parte que resultó desfavorecida.

En relación con el caso concreto, destacó que, no se reúnen los

requisitos para dar por probada la causal invocada, pues frente a

ésta, las causales son taxativas según el artículo 133 del Código

General del Proceso.

Agregó que lo planteado con la solicitud de revisión es un asunto

estudiado en el medio de control de reparación directa.

Afirmó que el fallador de segunda instancia confirmó la denegatoria

de las pretensiones, pues no demostró, como le correspondía al

apelante, la causación de un daño antijurídico en manos de las

entidades accionadas y, en consecuencia, no logró acreditar la

responsabilidad atribuida a la Fiscalía General de la Nación y a la

Rama Judicial.

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Afirmó que la parte recurrente lo que pretende es reanudar la

controversia decidida en el fallo censurado, asunto que escapa al

objeto de este medio extraordinario.

4.1.2. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Por conducto de apoderada judicial, la entidad adujo que este

recurso no puede constituir una tercera instancia para revivir el

debate de la responsabilidad estatal que se surtió en el proceso

ordinario.

Se opuso a la prosperidad del recurso, por cuanto ni los

fundamentos alegados ni los documentos aportados dan cuenta de

su procedencia, en tanto alega hechos que no se enmarcan dentro

de las causales establecidas por el legislador en el artículo 250 del

CPACA.

Indicó que las inconformidades de los recurrentes se concentran en

la presunta falta de congruencia, en razón a que la autoridad

judicial desconoció dicho principio cuando omitió pronunciarse

sobre un reparo que fue planteado; no obstante, aseguró que lo

que en realidad pretenden los libelistas es cuestionar el criterio

empleado por dicho juzgador para no declarar la responsabilidad

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patrimonial de la Fiscalía General de la Nación, bajo la teoría del

error jurisdiccional.

Por todo lo anterior, concluyó que el recurso debe declararse

infundado, pues no puede ser empleado para debatir la

comprensión jurídica del juez natural de la causa y reabrir debates

propios de la instancia, mucho menos sin cumplir con la carga

argumentativa suficiente para conducir a la Sala Especial de

Revisión a la convicción de que se presentó un auténtico yerro.

4.3. La Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado,

no presentó concepto alguno respecto del recurso extraordinario.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1 Competencia de la Sala

En los términos del artículo 248 del CPACA, el recurso

extraordinario de revisión procede contra las sentencias

ejecutoriadas, dictadas por el Consejo de Estado, los tribunales y

los jueces administrativos.

Frente a la competencia asignada a esta Corporación, el artículo

249 del CPACA dispone que la Sala Plena conocerá del recurso

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extraordinario de revisión contra las sentencias dictadas por las

secciones o subsecciones del Consejo de Estado, sin exclusión de

aquella sección que profirió la decisión que se cuestiona.

En armonía con la anterior disposición, es preciso destacar que el

artículo 1077 del CPACA creó las Salas Especiales de Decisión para

resolver los procesos asignados por competencia a la Sala Plena de

lo Contencioso Administrativo, o aquellos que ésta les encomiende.

De este modo, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través de los

Acuerdos 321 de 2 de diciembre de 2014 y 080 de 2019,

reglamentó la integración8 y funcionamiento de las Salas Especiales

y les asignó, entre otras, la competencia para resolver 9 los recursos

extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las

secciones o subsecciones del Consejo de Estado.

7
“[…] ARTÍCULO 107. INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. […]
Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por
cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si
fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo
que al respecto establezca el reglamento interno […]”
8
“ARTÍCULO 28.- SALAS ESPECIALES DE DECISIÓN. Las Salas Especiales de Decisión creadas
por el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011 estarán integradas por un (1) magistrado de cada una de
las Secciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La designación de un nuevo
magistrado no modificará la integración de las Salas Especiales de Decisión. El nuevo Magistrado
entrará a formar parte de la Sala a que pertenecía quien se retiró. La conformación o modificación
de la integración de cada una de estas Salas será publicada en el sitio web del Consejo de Estado.
La Sala Plena podrá variar la conformación de las Salas Especiales de Decisión, previa publicación en
el sitio web del Consejo de Estado. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para la integración inicial de las Salas
Especiales de Decisión cada uno de los magistrados de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
hará Sala Especial de Decisión con los magistrados de las otras Secciones, en orden alfabético por
apellido […]”.
9
“ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.
2. […]”

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5.2 Generalidades del recurso extraordinario

Este recurso es un medio judicial de carácter extraordinario

establecido por el legislador como excepción al principio de

inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, que hacen tránsito a

cosa juzgada.

Su propósito es cuestionar la decisión judicial que ha adquirido

firmeza, ya que su controversia se sustenta en la ocurrencia de

alguna causal taxativa prevista en los artículos 250 del CPACA y 20

de la Ley 797 de 2003, que se tramitan bajo este procedimiento

especial.

El objeto del recurso extraordinario es el restablecimiento de la

justicia material y su procedencia se supedita a demostrar que la

decisión cuestionada es contraria a derecho. Ello ocurre cuando se

prueba que las circunstancias que surgieron con la sentencia se

encuadran en alguna de las causales delimitadas por el legislador

con lo cual procede la infirmación 10, tanto para “enmendar los errores

o ilicitudes cometidos en su expedición, así como [para] restituir el

derecho del afectado a través de una nueva providencia fundada en

razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento

jurídico”11.

10
El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 prevé la manera
en que el fallador debe proceder atendiendo la causal alegada que se encuentre fundada.
11
Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009. M.P María Victoria Calle.

15

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En estos términos, la Corte constitucional precisó:

“[…] La revisión, que no es un recurso sino una acción,
pretende, como lo ha señalado la doctrina y la
jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos
nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido
de justicia que de ella emana. La acción de revisión, en la
medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada,
es no sólo extraordinaria, sino que además procede por las
causales taxativamente señaladas por la ley, y no es
posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es
razonable, pues se trata de una figura que modifica
providencias amparadas en el principio de cosa juzgada, y por
ello las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas
e interpretadas en sentido restringido [...]”12.

Además, es oportuno destacar que su objeto y la naturaleza de

constituir un nuevo trámite ajeno al proceso en el cual se dictó la

decisión cuestionada, torna en improcedente su uso como medio

para plantear reproches a modo de una instancia adicional, en

razón a que está vedado cuestionar la interpretación normativa y

la valoración probatoria que sustentó la decisión del juez natural;

es decir, que en este trámite únicamente pueden ventilarse

aspectos que encuadren en alguna de las causales taxativas13 que

habilitan su procedencia.

5.3 De la causal invocada

12
Corte Constitucional. Sentencia C-450 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13
En Efecto, la taxatividad deviene de lo restrictivo y específico de su examen. Al respecto la
jurisprudencia destacó: “Las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso,
enlistadas de manera taxativa en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, dan cuenta
de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad
con la ley procesal, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por la vía del recurso
extraordinario que se analiza […]” Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 1° de
diciembre de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-2008-00480-00 (REV). Actor: Municipio
de Belmira y Otros. Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. C.P. Susana Buitrago
Valencia.

16

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

En el asunto bajo examen se invocó la causal 5ª del artículo 250 de

la Ley 1437 de 201114, cuyo texto es del siguiente tenor:

“[…] Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 20 de la ley 797 de 2003, son
causales de revisión:

[...]

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.[…].”

En lo que respecta al entendimiento de esta causal, la Sala precisa

que su ocurrencia ha sido examinada por la jurisprudencia de esta

Corporación, aclarando que puede provenir de una nulidad

procesal, en los términos del artículo 133 del CGP, o de una de

carácter constitucional, fundada en el artículo 29 Superior 15.

En uno u otro caso, los requisitos para su formulación se concretan

así:

1. Debe existir una sentencia que ponga fin al proceso ordinario

y contra la que no procede recurso de apelación.

14
En vigencia del CCA correspondía a la enlistada en el numeral 6° del artículo 188, por lo tanto,
cuando se haga mención a esta como consecuencia de decisiones judiciales dictadas en su vigencia
ha de entenderse que se trata de la prevista ahora en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
15
Sobre el particular esta Corporación precisó: “[…] las causales de nulidad de la sentencia son las
previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las
que se originen en la sentencia por violación del debido proceso constitucional, contemplado en el
artículo 29 […]”. CONSEJO DE ESTADO. Sala Especial núm. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-
01639-00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. C.P. Olga
Melida Valle de De la Hoz

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2. El vicio de nulidad debe configurarse en el momento de la

expedición de la sentencia. De este modo, no es procedente

controvertir circunstancias que acaecieron con anterioridad a ésta,

y que por oportunidad debieron ser alegadas cuando ocurrieron,

según el artículo 13416 del CGP.

3. En su alegación debe identificarse la irregularidad o el vicio

grave y su influencia sobre la decisión, con la cual se acredite que

de no haber acaecido el resultado sería distinto. De lo anterior se

evidencia que no resultan aceptables errores en la aplicación de la

ley o in iudicando.

Ahora bien, para acreditar la ocurrencia de alguna de las causales

de nulidad es posible recurrir a las previstas en el Código General

del Proceso como constitutivas de este vicio en los términos del

artículo 133, restringido, como se dijo atrás, a la expedición de la

sentencia.

En este primer escenario 17 , la jurisprudencia se decantó por

identificar que para la interpretación de la causal invocada debía

16
“ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de
las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. […]”
17
El Consejo de Estado desde la previsión de este recurso extraordinario y en específico, para esta
causal de nulidad originada en la sentencia ha transitado por diversas posturas de interpretación de
las cuales se identificaron 3 etapas según se lee en la providencia 3 de febrero de 2015. Radicación
número: 11001-03-15-000-1998-00157-01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P.
Olga Mélida Valle de De La Hoz (E), que las recoge así: i) Las causales de nulidad de la sentencia
son las que define la jurisprudencia, ii) Las causales de nulidad de la sentencia son las que expresa
y taxativamente define el artículo 140 del CPC –art. 133 CGP, y iii) Las causales de nulidad de la
sentencia son las previstas tanto en la jurisprudencia como en el artículo 140 del CPC.

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acudirse al artículo 140 del CPC, hoy 133 del CGP, a fin de delimitar

las circunstancias en las cuales se podría encuadrar la nulidad

invocada, y para ello ejemplarizó algunas situaciones que podrían

dar lugar a su configuración. Al respecto es del caso traer a colación

el siguiente pronunciamiento18:

“[…] De forma más clara expresó la sentencia del 4 de
noviembre de 1999 - exp. 2185 - que las nulidades a las
que remite el recurso extraordinario de revisión, por la
causal sexta, son las previstas en el artículo 140 del
CPC19. El razonamiento fue el siguiente: i) la sentencia hace
parte del proceso, y lo concluye; ii) como lo señala el artículo
140, el proceso solamente es nulo por las causales allí
señaladas; por tanto iii) la nulidad que se origina en la
sentencia se configura solo por las causales previstas en la
disposición referida.

A partir del razonamiento precedente, se destacaron
algunos eventos que configurarían la nulidad originada
en la sentencia, los cuales no se aducen como causales
de nulidad propiamente dicha, sino eventos,
circunstancias, ejemplos, que se desprenden de las
causales del artículo 140, cuya abstracción se concretiza. La
providencia señaló:

“La sentencia, que es la providencia mediante la cual se
decide sobre las pretensiones de la demanda y las
excepciones de fondo y con la cual, de ordinario, concluye el
proceso, es, obviamente, parte del proceso en que se
dicta. Y el proceso es nulo, en todo o en parte, solo por
las causas establecidas en el artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil.
“Así, por ejemplo, la nulidad que tiene origen en la
sentencia puede ocurrir, según el artículo 140 referido, (i)
cuando se provee sobre aspectos para los que el juez no
tiene jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando,
(ii) sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, o (iii)
sin más actuación se dicta sentencia después de
ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la
perención del proceso, porque así se revive un proceso
legalmente concluido, o (iv) cuando se dicta sentencia

18
Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo - Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia de 3 de febrero de 2015. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00157-
01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz (E)
19
Debe entenderse que en la normativa vigente se entiende el artículo 133 del CGP.

19

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como única actuación, sin el previo trámite correspondiente,
porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando
(v) se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en esta, o (vi) se condena a quien
no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo
concerniente, también (vii) se pretermite íntegramente la
instancia (numeral 3); o cuando, (viii) sin más actuación,
se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre
otros eventos. (…)

“Ninguna de las causas de nulidad establecidas en el artículo
140 del Código de Procedimiento Civil alegó el recurrente en
apoyo del cargo de nulidad de la sentencia, lo cual sería
bastante para desestimar el recurso […]”. (Cursiva fuera de
texto)”

A esta remisión normativa se sumó la interpretación contenida en

la sentencia de exequibilidad20 de la Corte Constitucional C-491-95.

Allí, la Corte entendió que además de las causales del artículo 140

del CPC21 debía comprender la de violación al debido proceso, bajo

el entendido que es una garantía que debe observarse en el trámite

procesal y que su previsión está en la Constitución Política. Al

respecto precisó:

“[…] Al examinar las causales de nulidad previstas en el art.
140, claramente se advierte que allí no aparece
enlistada la referida nulidad de carácter constitucional.
Sin embargo, esta omisión obedece a la circunstancia de
que dicha norma es anterior a la Constitución de 1991.

20
En el proceso de control de constitucionalidad se cuestionó el inciso 1° del artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989,
específicamente la expresión “solamente” de la frase “Causales de nulidad: El proceso es nulo en
todo o en parte, solamente en los siguientes casos: […]". Del examen de constitucionalidad la Corte
concluyó “Declarar EXEQUIBLE la expresión acusada del inciso 1° del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989, con la
advertencia expresa de que dicho artículo reguló las causales de nulidad legales en los procesos
civiles. En consecuencia, además de dichas causales, es viable y puede invocarse la prevista
en el art. 29 de la Constitución, según el cual, "es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación del debido proceso", que es aplicable en toda clase de procesos […]”
21
Actualmente está previsto en el artículo 133 del CGP.

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• No se opone a la norma del art. 29 de la Constitución
la circunstancia de que el legislador señale
taxativamente las causales o motivos de nulidad, por
las siguientes razones:

La Constitución en el art. 29 señala los fundamentos básicos
que rigen el debido proceso; pero corresponde al legislador
dentro de su facultad discrecional, aunque con arreglo a
criterios objetivos, razonables y racionales, desarrollar a
través de las correspondientes fórmulas normativas las
formas o actos procesales que deben ser cumplidos para
asegurar su vigencia y respeto. En tal virtud, la regulación
del régimen de las nulidades, es un asunto que atañe
en principio al legislador, el cual puede señalar, con
arreglo a dichos criterios y obedeciendo al principio de
la proporcionalidad normativa, las causales o motivos
que generan nulidad, a efecto de garantizar la regularidad
de las actuaciones procesales y consecuentemente el debido
proceso.

Conforme a lo anterior no corresponde, en principio, al
Constituyente señalar las causales de nulidad en los procesos.
La aludida nulidad constitucional que consagra el art.
29, constituye una excepción a dicha regla. […]

Es el legislador, como se advirtió antes, quien tiene la facultad
para determinar los casos en los cuales un acto
procesal es nulo por carencia de los requisitos formales
y sustanciales requeridos para su formación o
constitución. Por consiguiente, es válido, siempre que se
respete la Constitución, el señalamiento taxativo de las
nulidades por el legislador. […]

Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta
a los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido
proceso, el acceso a la justicia y los derechos procesales de
las partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140
del C.P.C., para indicar que en los casos allí previstos es
posible declarar la nulidad, previo el trámite incidental
correspondiente, pero advirtiendo, que además de dichas
causales legales de nulidad es viable y puede ser
invocada la consagrada en el art. 29 de la Constitución,
según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba
obtenida con violación del debido proceso", esto es, sin
la observancia de las formalidades legales esenciales
requeridas para la producción de la prueba,
especialmente en lo que atañe con el derecho de
contradicción por la parte a la cual se opone ésta. Por lo tanto,
se declarará exequible la expresión demandada, con la
referida advertencia.

Al mantener la Corte la expresión "solamente" dentro de la
referida regulación normativa, respeta la voluntad política del

21

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legislador, en cuanto reguló de manera taxativa o
específicamente las causales legales de nulidad en los
procesos civiles, las cuales ahora con el cambio
constitucional se encuentran adicionadas con la
prevista en la norma del art. 29, a la cual se hizo
referencia. […]”22

Bajo este análisis, la Corporación 23 ha delimitado que la causal

examinada se predica, entre otras, cuando la sentencia: i) no

cuenta con el número de votos necesarios para su aprobación; ii)

se profiere dentro de un proceso culminado por desistimiento,

transacción o perención; iii) se dicta en un proceso que se

encuentra suspendido o interrumpido; iv) se profiere fallo

condenatorio contra un tercero que no fue vinculado al proceso; v)

se profiere sentencia con falta de competencia o de jurisdicción;

vi) el fallo carece de motivación formal y material, vii) se aprecia

incongruencia24; viii) se profiere un fallo inhibitorio injustificado 25

y ix) se dicta con violación al principio de la non reformatio in pejus.

Este examen, sobre el alcance y contenido de la causal invocada,

impone que el recurrente en ejercicio de su derecho de acción

precise la razón que invoca como constitutiva de nulidad; y que ella

22
Corte Constitucional. Sentencia C-491-95 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
23
En una inicial etapa, la jurisprudencia identificó que ocurriría cuando: i) la sentencia hubiera sido
firmada por un número diferente de magistrados al que ordena la ley; ii) que la sentencia se hubiera
proferido dentro de un proceso que había culminado por desistimiento, transacción o perención; iii)
que se profiera en un proceso que se encuentre suspendido o interrumpido. (Sentencia de Sala Plena
del 08 de septiembre de 1992. Exp. 039. Tesis reiterada por la Sección Segunda en la sentencia del
18 de mayo de 1993. Exp. 4092. Tesis reiterada en sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado,
el 1 de diciembre de 1997. Exp. 080.) Y luego se agregaron las siguientes: i) Cuando se condena a
quien no es parte; ii) cuando la sentencia se profiere con falta de competencia o de jurisdicción, y
iii) cuando carezca completamente de motivación.
24
Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de febrero de
2016. Expediente núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
25
Sentencia de 8 de mayo de 2018 dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado C.P. Alberto
Yepes Barreiro. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).

22

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obedezca bien a las causales taxativas que prevé el artículo 133 del

CGP o a la invocación de transgresión del derecho fundamental del

debido proceso, en una de las circunstancias identificadas por la

jurisprudencia.

Aclarado este contexto, la Sala se ocupará de examinar el reproche

invocado por la parte actora a fin de identificar si se configura la

causal invocada.

5.4 Del caso concreto

En esta oportunidad le corresponde a la Sala identificar si como lo

alegan los recurrentes, se demuestra, de una parte, la falta de

motivación del fallo; y, de la otra, la existencia de incongruencia

entre lo pedido y lo decidido en el proceso ordinario, ya que

aseguran que el fallador de segunda instancia no resolvió el asunto

objeto de decisión del recurso de apelación, con lo que se incurrió

en la causal invocada de nulidad de la sentencia.

Para tal fin, la Sala analizará el concepto y contexto en el que se

presentan estos eventos que explican la causal, para luego resolver

sobre las razones en que se funda, así:

5.4.1 La falta de motivación

23

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En lo que respecta a este reproche, es oportuno destacar que la

Jurisprudencia de esta Corporación 26 ha sido enfática en señalar

que la nulidad originada en la sentencia, por ausencia de

motivación, se presenta únicamente ante la carencia total de

pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho

que le permiten arribar a una decisión 27.

5.4.2. El principio de congruencia

En cuanto a la congruencia, corresponde a un atributo de la decisión

judicial y se traduce en la armonía que deber estar presente en su

estructura interna, esto es, la parte motiva y resolutiva del fallo,

como en la externa, entendida como la coherencia entre la decisión

y lo pedido por las partes.

Este principio es una garantía de que gozan las partes para exigir

del fallador una decisión que resuelva la controversia formulada, no

solo frente a las pretensiones que formula el actor, sino respecto

del pronunciamiento que el juez debe realizar de la defensa de

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia de 27 de febrero de 2019, C.P. Guillermo Sánchez Luque, núm. único de radicación 54001-
33-31-006-2011-00207-01 (59706).
27
Sobre el particular se lee: “[…] la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, se presenta solamente ante la carencia total de pronunciamiento del juez
sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión. En efecto,
esta causal no procede para controvertir las razones del fallo ni para corregir los errores de
apreciación de los hechos y de las pruebas, en que, a juicio del recurrente, hubiera incurrido el
fallador. Un entendimiento distinto equivaldría a convertir el recurso en un juicio en que se discutirían
nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada […]” (La negrillas y subrayas
fuera de texto).

24

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quien funge como parte accionada y que, generalmente, se propone

a título de excepciones.

Ahora, la congruencia en la decisión de segunda instancia está

atada a la competencia del superior funcional y al examen que le

corresponde realizar como consecuencia de la revisión de la

providencia de primer grado y el reproche de los apelantes, para

que, según su análisis, la revoque, modifique o si lo encuentra

pertinente, la confirme, de acuerdo con el artículo 320 28

armonizado con el 28129, ambos del CGP.

Para ahondar en esta estructura, se prohíja la siguiente decisión 30

en la que se precisó:

“[…] Ello significa que es procedente el recurso
extraordinario de revisión contra los fallos dictados por esta
jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega el
desconocimiento del principio de la congruencia, que en
últimas implica una actuación sin competencia. […]

En términos generales, la congruencia se entiende como el
deber legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus
decisiones de NO INCURRIR en fallos ultrapetita,

28
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del
coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71. […]”
29
“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y
con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la
demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada
a más tardar en su alegato de conclusión, o que la ley permita considerarlo de oficio.”
30
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de
Decisión. Sentencia de 2 de febrero de 2016. Radicación número: 11001-03-15-000-2015-02342-
00(REV). Actor: Luis Ángel Torres Gómez. CP Alberto Yepes Barreiro.

25

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extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia
del Consejo de Estado, en los siguientes términos:

“Este principio de la congruencia de la sentencia [C.C.A. Art.
170], exige de una parte que exista armonía entre la
parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se
denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que
ella contenga, sea concordante con lo pedido por las
partes tanto en la demanda, como en el escrito de
oposición, denominada congruencia externa, es decir, se
tome la decisión conforme se ha marcado la controversia en
el proceso.

“Cuando en una providencia judicial, no se respeta el
principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina
ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un
mayor derecho que el invocado por el demandante,
“extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido
reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se
acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida
de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el
pronunciamiento sobre una de las pretensiones.”31

Además, la congruencia también se puede calificar según las
relaciones que se produzcan entre la sentencia, entendida
como un todo, y lo pedido y planteado por las partes.

En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la
sentencia. Se puede identificar porque en líneas generales es
lo que preceptuaba el artículo 170 del C.C.A., y las normas
del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte
demandante como por la parte demandada. Y, en el
segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que
es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la
parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la
providencia.

Las dos formas de congruencia han sido abordadas por la
jurisprudencia de esta Corporación en los siguientes
términos:

“Se reitera32 que el principio de congruencia de la sentencia,
exige de una parte, que exista armonía entre la parte
motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se
denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión
que ella contenga, sea concordante con lo pedido por
las partes tanto en la demanda, como en el escrito de
oposición, denominada congruencia externa, es decir, se
tome la decisión conforme se ha marcado la controversia en
el proceso.

31
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia de 16 de
agosto de 2002. Expediente: 760012324000199704345-01 (12668). Actor: Productora de Papeles
Propal S.A. Demandado: Municipio de Yumbo – Valle del Cauca. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
32
Sentencia de 16 de agosto de 2002, expediente 12668, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

26

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Este principio fundamental busca no solo la protección del
derecho de las partes a obtener una decisión judicial que dé
certeza jurídica al asunto que se ha puesto a consideración de
un juez, sino la salvaguarda del derecho de defensa de la
contraparte, quien ha dirigido su actuación a controvertir los
argumentos y hechos expuestos en la demanda.

La violación de dicho principio traería como consecuencia,
igualmente la violación al debido proceso, en la medida en que
nuestro ordenamiento positivo consagra etapas procesales
exclusivas a que las partes manifiesten y contradigan
argumentos en defensa de sus derechos, siempre bajo el marco
de litis que se ha planteado desde la demanda.

En materia contenciosa la demanda marca el límite dentro del
cual el funcionario judicial debe pronunciarse para decidir la
controversia, las normas violadas y su concepto de violación,
se constituyen en el marco de análisis y estudio al momento
proferir la sentencia […]”33(Subrayas y mayúsculas fuera del texto
original)

En atención a la exposición anterior, la Sala procede al examen de

los reclamos de este recurso.

5.4.3 Análisis del asunto bajo examen

5.4.3.1 Falta de motivación

Examinada la explicación de los recurrentes es claro que, aunque

plantearon la ausencia de motivación, su alegación no configura tal

vicio, pues se funda en un reproche sobre el pronunciamiento del

juez ante la ocurrencia de la conducta en la que se fundó el daño,

lo que descarta que la providencia esté viciada de nulidad por este

motivo; además, se sustenta también en la presunta ausencia de

33
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia de 21 de
noviembre de 2007. Expediente: 500012331000200200198-02 (15770). Actor: Germán Darío
Ospina Garzón. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. C.P. María Inés
Ortiz Barbosa.

27

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

valoración probatoria, reproche que es improcedente de alegarse

bajo este recurso extraordinario.

Estos argumentos son suficientes para que la Sala advierta que,

contrario a lo alegado, la sentencia fue motivada, circunstancia

diferente es que las razones que se esgrimieron no sean

compartidas por los recurrentes.

En estos términos no hay lugar a dar por probado este reproche.

5.4.3.2 Falta de congruencia

Conforme se expresó en el escrito del recurso extraordinario, el

reproche de los recurrentes también se circunscribió en la

presunta falta de congruencia existente en el fallo de segunda

instancia, porque señalan que el ad quem no se pronunció

respecto del daño que se produjo por la suspensión del cargo de

diputado de la Asamblea de Vaupés, por lo que, a juicio de éstos,

incurrió en la violación de este principio.

Insistieron que el fallador “debió” examinar la ocurrencia de la

suspensión de su cargo como hecho que acreditaba la producción

del daño, el cual se extendió hasta la terminación del período para

el cual el señor PARRADO GUTIÉRREZ resultó electo.

28

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Ante tal hecho, aseguran que la ley penal ordena que se suspenda

del cargo al servidor público y que luego se proceda a su detención

física, luego, bajo tal lógica, dicen que el reproche de la demanda

no se sustentó en la detención física, sino en la suspensión del

cargo de diputado, como efecto de la imposición de la medida de

aseguramiento, lo que no imponía la necesidad de probar la

detención en la que se sustentó el Consejo de Estado para

confirmar el fallo denegatorio.

Así las cosas, ese es el examen que estimaron como omitido por el

juez de segunda instancia y que pretenden los recurrentes se

corrija bajo la infirmación de la sentencia para que se ordene

resolver el planteamiento solicitado.

A partir de estas explicaciones se examinará si el fallo incurre o no

en la causal de nulidad invocada.

Para ello es necesario comprobar si le asiste razón o no a este

razonamiento, por lo que se acudirá al procedimiento que la Corte

Constitucional decantó para establecer si existe la violación del

principio de congruencia, mediante un análisis comparativo, así:

“[…] El alcance que en esta jurisprudencia se le da al principio
de congruencia implica que puede llegar a ser desconocido
por:

29

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“1. Resolver sobre elementos o puntos no comprendidos en la
relación jurídico-procesal (extra petita);
2. Proveer más de lo que el demandante pide (ultra petita); y
3. Ser deficiente por dejar de proveer, positiva o
negativamente, acerca de puntos integrantes de la
demanda o sobre las excepciones que, además de aparecer
probadas, hayan sido alegadas por el demandado cuando así lo
exija la ley (citrapetita).”[42]

Los anteriores supuestos se pueden evidenciar con relativa
facilidad, comparando el contenido de fondo de la
relación jurídico-procesal y lo resuelto por el juzgador
en el respectivo fallo[43]. Valga decir que en los primeros dos
supuestos se da un exceso en el ejercicio jurisdiccional,
mientras que en el último hay un defecto u omisión más
conocido como fallo omiso o diminuto […]”34.

En observancia de lo anterior, la Sala examinará la pretensión del

medio de control y lo resuelto por el juez ordinario, tanto en la

primera instancia como en la segunda, producto del recurso de

apelación interpuesto, así:

PRETENSIÓN DE REPACIÓN DIRECTA
“[…] La Nación Colombiana (Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de la
Rama Judicial- Consejo Superior de la Adjudicatura (sic)), es
Administrativamente responsable de los perjuicios materiales y
morales causados a los señores RAMIRO PARRADO GUTIÉRREZ, su
compañera permanente GABRIEL ARROYAVE GÓMEZ, su señor Padre
MOISES PARRADO ZANABRIA, su señora madre CANDIDA GUTIÉRREZ
TORRES, sus hijas XIOMARA ANDREA PARRADO ARROYAVE, NAZLY
PARRADO ARROYAVE, de sus hijas menores SULLIVAN PAOLA
PARRADO ARROYAVE y GABRIELA PARRADO ARROYAVE, sus hermanos
EDGAR PARRADO GUTIÉRREZ, LUIS ARIEL PARRADO GUTIÉRREZ,
HONORIO PARADO GUTIÉRREZ Y REINEL PARRADO GUTIÉRREZ, POR
LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO Y DETENCIÓN de que fue
objeto el primero de los nombrados por disposición de la
resolución calificatoria de junio 7 de 2000 emitida por la Unidad
Nacional de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía
General de la Nación y haber sido exonerado por sentencia
absolutoria definitiva de segunda instancia emitida por el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá mediante Acta 069 de Octubre
21 de 2003”.
EXPLICACIÓN DEL FALLO 1ª INSTANCIA
“[…] El REGIMÉN DE RESPONSABILIDAD aplicable al presente caso será
el denominado error judicial por privación injusta de la libertad

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Corte Constitucional. Sentencia T-714 de 2013. M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

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avalado en la actualidad por el H. CONSEJO DE ESTADO, en el que se
estableció que es ilegitimo para un Estado Social de Derecho como el
nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una
investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento
de conservación del interés y seguridad general de la
comunidad, en la investigación y sanción de los delitos, cuando
no existieren fundamentos jurídicos ni fácticos que la
justifiquen […].
La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del
derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidado protección y
defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre
que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe
ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el
juzgador.
“[…] En conclusión, para la Sala la medida de aseguramiento dictada
en el accionante se fundó en indicios graves que en su momento
eran suficientes para dictar la medida restrictiva de la libertad
[…]”
RESUELVE: […] NEGAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA […]”
RECURSO DE APELACIÓN
“[…] ES PUES EL ANALISIS CIENTIFICO JURÍDICO PENAL realizado por
los juzgadores competentes en lo que respecta a su última instancia
quien determina si o no existió error grave en la administración de
justicia, que falló en contra de los intereses de mi mandante y
privo (sic) del derecho fundamental a la libertad, obligación que
le corresponde proteger y defender al estado creando un daño
antijurídico que imploro al superior sea resarcido, pues lo (sic) análisis
y fundamentos que en la época argumentaron los operadores judiciales
del Estado no se ajustan a derecho y quien desafortunadamente en esta
sentencia están siendo abalados (sic) administrativamente sin tener en
cuenta que se acabó con la vida y la carrera que venía forjando su
futuro y el de su familia desde muy bajos escalafones de la
administración pública […]”.
FALLO OBJETO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO
“[…] 9.- La sentencia de primera instancia será confirmada
porque la parte actora no demostró el daño, pues no acreditó las
fechas en las que el demandante Ramiro Parrado Gutiérrez
estuvo efectivamente privado de la libertad. 10.- En el expediente
obran las siguientes pruebas documentales relativas a la privación de
la libertad del demandante Parrado Gutiérrez: (i) la resolución del 7 de
junio de 2000 por medio de la cual la Fiscalía profirió acusación y
ordenó medida de detención preventiva sin beneficio de
excarcelación contra el demandante Parrado Gutiérrez; (ii) la orden
de captura, sin fecha, expedida por el Fiscal Unidad Nacional
Anticorrupción para la captura del demandante Parrado Gutiérrez; (iii)
la constancia secretarial del 21 de junio de 2000 de la Fiscalía Unidad
Nacional de Fiscalías Especializada en Delitos contra la Administración
Pública; (iv) la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado
Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogotá el día 16 de enero de
2001 y, (v) la sentencia absolutoria proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá el 21 de octubre de 2003. 11.- En
ninguna de estas pruebas documentales aparecen las fechas en

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las que el demandante Ramiro Parrado Gutiérrez estuvo
efectivamente privado de la libertad, […]
12.- Así las cosas, la Sala no encuentra acreditado el daño, dado
que no existe prueba de que el demandante haya sido
efectivamente privado de la libertad […]”.

De acuerdo con lo anterior, encuentra la Sala que, contrario a lo

invocado por la parte actora de este recurso, el fallo de segunda

instancia no se dictó con desconocimiento del principio de

congruencia aludido, habida cuenta que el ad quem se ocupó de

examinar los argumentos del recurso de apelación, soportado en el

planteamiento de la demanda que sustentó que la causa del daño

que pidieron se les indemnizara radicaba en la detención

preventiva de la libertad, que valga señalar, constituyó la

petición de responsabilidad, lo que impide predicar que se configuró

la causal invocada.

En efecto, el reproche que invocan los recurrentes si bien

corresponden a un hecho de los alegados en la demanda para

sustentar su pretensión indemnizatoria, no significa como lo

pretende ahora, que tengan el alcance de modificar la reclamación

por la cual se ejercitó el medio de control, esto es, la resolución

que ordenó la detención preventiva y la sentencia de

primera instancia que declaró penalmente responsable al

señor RAMIRO PARRADO GUTIÉRREZ.

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De esta manera, los razonamientos que expuso el fallador para

establecer la inexistencia del daño bajo el régimen de

responsabilidad estudiado y el hecho invocado como causante, no

pueden alterarse, pues ello devendría en modificar el objeto de

control y ello sí podría afectar la decisión judicial.

De este modo, los argumentos expuestos en este recurso de

carácter extraordinario en realidad lo que reflejan es una

inconformidad respecto de la decisión adoptada por el ad quem,

que evidencia que lo que pretenden es modificar la conducta

productora de los supuestos perjuicios, esta vez ya no resultante

de la detención injusta de la libertad, sino de la suspensión en el

ejercicio de las funciones desempeñadas que padeció el señor

PARRADO GUTIÉRREZ, producto de tal decisión.

Este nuevo panorama escapa del análisis del juez extraordinario y

desborda el objeto de este recurso, pues, evidentemente, lo aquí

alegado es un reproche diferente al planteado como causa del daño

que se pidió indemnizar en la demanda ordinaria, y que ahora se

soporta en que esta circunstancia se indicó como un fundamento

de hecho en el plenario.

Para la Sala conferir el entendimiento que sugieren los recurrentes,

conllevaría alterar la competencia del juez ordinario y actuar como

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una tercera instancia para modificar la identificación del daño, lo

que podría causar la afectación del derecho al debido proceso de

las entidades accionadas.

Entonces, comoquiera que lo que se alegó fue la privación injusta

de la libertad de una persona, era necesario que se probara, de

acuerdo con el artículo 90 de la C.P., la causación del daño

antijurídico invocado, pero que tal y como se lee en el fallo recurrido

no se acreditó tal detención intramural, razonamiento en el que se

fundó el ad quem para confirmar la decisión y que lo relevó de

examinar la ilicitud de la decisión de los funcionarios judiciales y el

examen de los presuntos perjuicios padecidos. Así se lee en la

sentencia recurrida:

“[…] 11.5.- En el hecho séptimo de la demanda se afirmó que
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante
decisión del 23 de octubre de 2001, revocó la medida de
aseguramiento y ordenó la libertad inmediata del
demandante Ramiro Parrado Gutiérrez. Sin embargo, la
parte actora no allegó la referida providencia.

11.6.- En el fallo absolutorio del 21 de octubre de 2003 no se
señala si la orden de captura reiterada en la sentencia
condenatoria se hizo efectiva durante el trámite de la
segunda instancia.

11.7.- En el proceso no obra certificación alguna dictada por las
autoridades penitenciarias relativa a la privación de la libertad
del demandante Parrado Gutiérrez.

12.- Así las cosas, LA SALA NO ENCUENTRA ACREDITADO
EL DAÑO, DADO QUE NO EXISTE PRUEBA DE QUE EL
DEMANDANTE HAYA SIDO EFECTIVAMENTE PRIVADO DE
LA LIBERTAD. En consecuencia, se confirmará la decisión de
negar las pretensiones de la demanda.

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Todo lo anterior lleva a concluir que la congruencia externa no se

vio afectada con el fallo proferido por el Consejo de Estado, pues

en realidad los argumentos que expuso el apelante fueron objeto

de decisión; y, como se aprecia, ante el juez de la apelación no se

hicieron las alegaciones que ahora sustentan este recurso.

Así pues, atendiendo a la evidencia comparativa del fallo

cuestionado, se colige que el Consejo de Estado sí se pronunció

sobre el asunto sometido a debate. En estos términos, se declarará

infundado el recurso extraordinario de revisión al no probarse la

causal invocada.

5.5 Condena en costas

Las costas procesales se definen 35 como la “erogación económica

que debe asumir la parte que resulte vencida en un proceso judicial,

que se compone de las i) expensas 36 y las ii) agencias en

derecho37”.

35
Consejo de Estado - Sala Plena. Exp. 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU. Sentencia de
6 de Agosto de 2019. C.P. Rocío Araújo Oñate.
36
“73. […] responden a los gastos necesarios para tramitar el proceso, tales como son el valor de
copias, publicaciones, impuestos de timbre, honorarios de peritos, honorarios de auxiliares de la
justicia, gastos de desplazamiento por diligencias fuera del despacho judicial, gasto de traslado de
testigos, por citar algunos ejemplos”.
37
“74. Las […] -agencias de derecho-, obedecen a la suma que el juez debe ordenar en beneficio de
la parte favorecida con la condena en costas, para reconocerle los costos afrontados por la
representación de un abogado o, si actuó en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y
esfuerzo dedicados a la causa.”

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En la jurisdicción de lo contencioso administrativo su fijación varió

con respecto a lo estatuido en el CCA 38, al pasar de un criterio

subjetivo39 a uno objetivo valorativo40, en el que se requiere que

el juez revise si se causaron.

De este modo, en el CPACA se prevé que las costas se fijan de

manera objetiva valorativa contra la parte vencida en juicio, es

decir, no operan de manera automática, pues al juzgador le

corresponde valorar si se configura alguna de las hipótesis previstas

por el legislador, salvo en los recursos extraordinarios de

revisión.

En efecto, la condena en costas en el recurso extraordinario fue

objeto de reforma por la Ley 2080 de 2021, en el sentido de prever

que, en los términos del artículo 255 ibidem, cuando “se declare

infundado [el recurso] se condenará en costas”, mandato que

resulta imperativo para el fallador que adopte esta decisión.

Para verificar entonces su aplicación basta establecer que este

proceso se presentó luego de entrar en vigor la Ley 2080 de 2020

38
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo - sección segunda - subsección a.
Sentencia de 28 de febrero de 2020. Radicación número: 19001-23-33-000-2017-00086-01(2445-
18). C.P. William Hernández Gómez.
39
esa valoración estaba atada a la prueba del comportamiento de la parte y a la mala fe o temeridad
durante el proceso.
40
En cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total
o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso.

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que modificó el CPACA y que, al decidirse el recurso, éste se declaró

infundado.

En el caso bajo examen se dan los presupuestos requeridos 41, lo

que impone que se fijen de acuerdo con la naturaleza, calidad y

duración de la gestión útil.

Con tal propósito y en observancia del artículo 366 del Código

General del Proceso y del Acuerdo PSAA16-10554 de

2016, contentivo de las tarifas de agencias en derecho expedido

por el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala, de acuerdo con

las actuaciones procesales realizadas, fijará las agencias en

derecho en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha

de esta providencia, en favor de cada una de las entidades que

acudieron a participar en este trámite.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena

de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de

decisión, administrando justicia en nombre de la República

y por autoridad de la Ley,

FALLA

41
El recurso se radicó el 15 de julio de 2021 y como quedó visto, se declaró infundado.

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PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de

revisión interpuesto contra la sentencia de 6 de agosto de 2020,

proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo

de Estado, de conformidad con las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas al accionante. Por la Secretaría

liquídense.

TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente

a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta

providencia, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a

pagar por el recurrente, en favor de las entidades que acudieron a

participar en este trámite.

CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA a los doctores SANDRA

PATRICIA LESMES COGOLLOS42 y DARWIN EFREN ACEVEDO

CONTRERAS 43 , en su condición de apoderados judiciales de la

Fiscalía General de la Nación y de la Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial, según los poderes presentados al contestar

este recurso.

42
Según índice 20 del registro SAMAI (34_RECIBEMEMORIALESPORCORREOEL
ECTRONICO_SANDRALESMES(.DOCX) NroActua 20)
43
Según índice 16 del registro SAMAI (21_RECIBEMEMORIALESPORCORREOEL
ECTRONICO_PODERDEAJALO216805(. PDF) NroActua 16)

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QUINTO: En firme esta providencia, archívese la actuación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y

aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OMAR JOAQUÍN BARRETO
Presidenta SUÁREZ
Salva parcialmente el voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Aclara el voto

(Firmado electrónicamente)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

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