Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-04601-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-04601-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-04601-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-04601-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
7 de abril de 2022
Radicación: 11001 03 15 000 2021 04601 01
Accionante: Carlos Alberto Betancurt Santa
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., siete (7) abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04601-01
Accionante: CARLOS ALBERTO BETANCURT SANTA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS Y OTRO
Tesis: No incurre en defecto por desconocimiento del
precedente la providencia que negó a un docente
el reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra
del fallo de tutela proferido el 9 de noviembre de 2021 por la Subsección
B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, que negó el amparo
solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Carlos Alberto Betancurt Santa, actuando por conducto de
apoderado, promovió acción de tutela en contra de las sentencias
proferidas el 17 de septiembre de 2019 y el 14 de diciembre de 2020 por
el Juzgado Tercero Administrativo de Manizales y el Tribunal
Administrativo de Caldas, respectivamente, con el fin de que se amparen
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2021 04601 01
Accionante: Carlos Alberto Betancurt Santa
los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y seguridad
social; para ello formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] PRIMERO: DECLARAR que el JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CALDAS al proferir las sentencias de primera
y segunda instancia, vulneraron al señor CARLOS BETANCURT
SANTA los derechos fundamentales a: la igualdad frente a la
aplicación de la ley y el bloque de jurisprudencia relacionada con la
pensión de jubilación con tiempos OPS, los derechos adquiridos con
arreglo a la ley, el derecho a la seguridad social y demás derechos
constitucionales que resulten del estudio y análisis de los hechos que
fundamentan la acción.
SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS LEGALES las
sentencias de primer y segunda instancia emitidas por el JUZGADO
TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES EL 17
DE SEPTIEMBRE DE 2019 y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CALDAS EL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.
TERCERO: En su lugar, ORDENAR a la Corporación Judicial accionada
para que realice los trámites procesales pertinentes encaminados a
dictar sentencias fundamentadas en la normatividad vigente,
valorando en plenitud las pruebas aportadas y la línea
jurisprudencial vigente, al igual que realice la notificación de los
fallos conforme a lo establecido al procedimiento reglado en la
norma.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior se ordene a la entidad
accionada proferir sentencia a través de la cual se declare la nulidad
de los actos demandados y acto seguido se ordene el reconocimiento
de la pensión de jubilación del accionante bajo el marco legal de la
ley 33 de 1985 […]”.
[Mayúsculas del accionante]
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que nació el 11 de octubre de 1962 y en el año
2017 cumplió 55 años de edad.
1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 04601 00.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2021 04601 01
Accionante: Carlos Alberto Betancurt Santa
Afirmó que se ha desempeñado como trabajador del sector oficial y
docente del magisterio por más de 20 años.
Por lo anterior, solicitó a la Secretaría de Educación Departamental de
Caldas el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación de acuerdo
con la Ley 33 de 1985; sin embargo, a través de la Resolución nro. 4363-
6 del 11 de mayo de 2018, se negó lo pedido por el actor.
Inconforme con lo resuelto, presentó demanda bajo el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho pretendiendo la nulidad del
mencionado acto y que, en consecuencia, se ordenara el reconocimiento
y pago de la pensión.
Señaló que el proceso correspondió por reparto al Juzgado Tercero
Administrativo de Manizales que, en sentencia del 17 de septiembre de
2019, negó las pretensiones de la demanda.
Manifestó que interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo
de Caldas, en sentencia del 14 de diciembre de 2020, confirmó lo decidido
en primera instancia, por considerar que el accionante no cumplía con los
20 años de servicio, “esto debido a que desestimó el tiempo laborado para
el municipio de Aguadas como director de deportes, período durante el
cual realizó cotizaciones para pensión a la Caja de Previsión Social
Municipal. En lo que se refiere al tiempo laborado bajo la modalidad de
OPS afirmó el despacho que este no podía computarse por no haber
realizado aportes a seguridad social”2.
Alegó que la sentencia proferida por el tribunal incurrió en defecto fáctico
porque omitió valorar el certificado de tiempo de servicios expedido por
la Alcaldía Municipal de Aguadas en el que consta que al señor Betancur,
“en su calidad de empleado público, le fueron efectuados los descuentos
2
Ibídem.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2021 04601 01
Accionante: Carlos Alberto Betancurt Santa
con destino a seguridad social por el tiempo comprendido entre los años
1987 y 1997 con destino a la Caja de Previsión Social del Municipio y
posteriormente con destino al ISS, por lo que el tiempo debe ser
computado para la pensión de jubilación que se está solicitando bajo el
marco de la Ley 33 de 1985”3.
De otro lado, argumentó que, en lo relacionado con el “tiempo laborado
por mi mandante en virtud a sus vinculaciones como docente contratista
entre los años 2000 y 2003 a cargo de la Secretaría de Educación
Departamental de Caldas solicito se tenga en cuenta que el Consejo de
Estado en sentencia de unificación de fecha 22 de enero del 2015,
radicación nro. 25000 2342 000 2012 02017, señaló que la vinculación
como OPS en la actividad docente goza de plenos efectos pensionales”4.
Adujo que en las sentencias atacadas se configuró el defecto de violación
directa de la Constitución toda vez que se vulneraron los derechos
fundamentales a la igualdad, acceso efectivo a la administración de
justicia, derechos adquiridos con justo título, seguridad social integral y
seguridad jurídica.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. Por auto del 22 de julio de 20215, la Subsección B, Sección Segunda,
del Consejo de Estado, admitió la tutela y dispuso notificar a los
magistrados que integran la sala sexta de decisión del Tribunal
3
Ibídem.
4
Ibídem.
5
Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 04601 00.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2021 04601 01
Accionante: Carlos Alberto Betancurt Santa
Administrativo de Caldas y al Juez Tercero Administrativo de Manizales,
así como vincular a la Ministra de Educación Nacional6.
Igualmente, requirió al Juzgado Tercero Administrativo de Manizales que
allegara copia digital del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado con el nro. 17001 3333 003 2018 00315 00, del cual se
remitieron las piezas procesales correspondientes a la primera instancia7.
3.2. Las autoridades judiciales accionadas y el Ministerio de Educación
guardaron silencio.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Luego de que el proyecto inicialmente presentado no alcanzara la mayoría
para ser aprobado, la Subsección B, Sección Segunda de esta
Corporación, mediante sentencia del 9 de noviembre de 2021, dispuso lo
siguiente8:
“[…] PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales
del señor Carlos Alberto Betancurt Santa, en la acción de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Manizales, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia […]”.
Para dilucidar el asunto precisó que el accionante alega que la decisión
acusada incurrió en defecto fáctico por omitir valorar el certificado de
tiempo de servicios expedido por la Alcaldía de Aguadas, que da cuenta
de los descuentos efectuados con destino a seguridad social durante los
años 1987 a 1997, y en desconocimiento del precedente, respecto de la
“sentencia de unificación del 22 de enero de 2015, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, “en la que se señaló que la vinculación
6
Esta orden se cumplió el 23 de julio de 2021. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2021 04601 00.
7
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 04601 00.
8
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 04601 00.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2021 04601 01
Accionante: Carlos Alberto Betancurt Santa
como OPS en la actividad docente goza de plenos efectos pensionales”
(…)”.
En relación con el defecto fáctico estimó que no estaba configurado por
las siguientes razones:
“[…] Como sustento del defecto alegado la parte actora sostuvo que
el Tribunal Administrativo de Caldas omitió valorar la certificación de
tiempos de servicios expedida por la alcaldía de Aguadas, que da
cuenta de los descuentos efectuados con destino a seguridad social
durante los años 1987 a 1997.
Al respecto, contrario al decir del actor, el Tribunal accionado sí
valoró la referida certificación, dando por acreditado que el señor
Betancurt Santa laboró como Director de Deportes Grado 1 del 22
de junio de 1988 al 31 de diciembre de 1992 (4 años, 6 meses y
nueve días), y Director de Escuela Municipal de Educación Física del
1 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 1997 (4 años, 11 meses
y 30 días); diferente es, que se considerara que dicha vinculación
no le confiere la calidad de docente.
En este punto, la Sala no observa contraevidente el análisis
probatorio efectuado en la decisión acusada, pues, tal como allí se
señaló, quedó acreditada la vinculación del actor a la alcaldía de
Aguadas, situación distinta es que, para definir la pretensión de
reconocimiento pensional docente elevada por el actor, las labores
allí desarrolladas no fueran consideradas como actividad docente;
sin que tenga injerencia ni coherencia el argumento de que,
supuestamente, se desconocieron las cotizaciones para pensión
efectuadas ante la Caja de Previsión Social Municipal efectuadas
durante ese lapso.
En este orden de ideas, se observa que el Tribunal Administrativo de
Caldas no realizó una interpretación contraevidente de las pruebas
decretadas y aportadas al expediente, en el entendido en que
discriminó cada una de ellas al punto de especificar los hechos
probados que derivaban de las mismas, esto es, cada uno de los
tiempos laborados por el actor […]”.
En lo atinente al defecto por desconocimiento del precedente explicó que9:
“[…] En el caso bajo estudio, aduce el señor Betancurt Santa que el
Tribunal accionado basó su decisión en la sentencia de la sección
segunda del Consejo de Estado del 22 de enero de 201510, «en la
9
Ibídem.
10
CP Alfonso Vargas Rincón (E). Expediente 25000234200020120201701.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2021 04601 01
Accionante: Carlos Alberto Betancurt Santa
que se señaló que la vinculación como OPS en la actividad docente
goza de plenos efectos pensionales».
Al respecto, de manera pedagógica, se le informa a la parte actora
que la referida decisión no fue una sentencia de unificación, y que,
si bien constituye un antecedente, no resulta un “precedente” de
obligatorio acatamiento por parte de los Jueces y Magistrados de la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en los términos de los
artículos 10 y 270 de la Ley 1437 de 2011.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala aclara al actor que, si bien las
vinculaciones docentes bajo OPS tienen pleno efecto en los
reconocimientos pensionales, lo cual no está en discusión, el
Tribunal Administrativo de Caldas reconoció el tiempo por él
laborado bajo dicha modalidad, cosa distinta es, que no fue tenido
en cuenta, pero, por no acreditarse que se hubieran realizado
aportes a pensión durante los lapsos correspondientes.
Conclusión probatoria que no fue objetada […]”.
[Negrillas en la providencia]
5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora lo impugnó
con fundamento en lo siguiente11:
Alegó que “el fallo constitucional impugnado” desconoce el precedente
horizontal contenido en la sentencia del 3 de junio de 2021 proferido por
la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, expediente nro.
50001 2333 000 2018 00357 01, dado que en esta providencia “se
concedió la pensión de jubilación a favor de la docente (…) quien prestó
sus servicios como docente en el sector público, incluyendo varios años
laborados bajo la modalidad de ordenes de prestación de servicios, caso
análogo que se debate en esta instancia constitucional”12.
11
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 04601 00.
12
Ibídem.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2021 04601 01
Accionante: Carlos Alberto Betancurt Santa
Anotó que “además del pronunciamiento anterior, se encuentra que la
reciente y reiterada línea jurisprudencial, elaborada por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, arrima
la tesis según la cual la entidad territorial que haya vinculado docente
bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, OPS, o
cualquier otra figura similar, está en la obligación de reconocer y pagar
todas las prestaciones sociales por todo el tiempo laborado bajo esta
forma irregular de vinculación, como quiera que en la misma subyacen
los elementos propios de la relación laboral”, y para ello citó las siguientes
sentencias13:
• “1. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
B. M.P.: Gerardo Arenas Monsalve. Referencia 850012331000200300482
01”.
• “2. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
A. Radicación nro. 680012315000200002841 01. C.P.: Alfonso Vargas
Rincón”.
Sostuvo que “el yerro judicial se origina en el desconocimiento de la
jurisprudencia que al respecto a fijado el Honorable Consejo de Estado en
relación a la validez de la cual gozan los períodos laborados por los
docentes oficiales bajo la modalidad de órdenes de prestación de
servicios, dando así una aplicación asistemática de la línea jurisprudencial
establecida para el régimen excepcional de las prestaciones sociales de
los docentes afiliados al FOMAG, arribando a una conclusión opuesta a la
que se ha expuesto en la materia”14.
13
Ibídem.
14
Ibídem.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2021 04601 01
Accionante: Carlos Alberto Betancurt Santa
Por auto del 27 de enero de 2022 se concedió la impugnación15 y la misma
fue asignada por acta de reparto el 14 de febrero de 202216.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199117, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201518, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202119, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201920 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente21:
15
Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 04601 00.
16
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 04601 01.
17
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
18
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
19
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
20
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
21
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con el nro.17001 3333 003 2018 00315 02. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2021 04601 00.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2021 04601 01
Accionante: Carlos Alberto Betancurt Santa
6.2.1. El señor Carlos Alberto Betancur Santa, actuando por conducto de
apoderado, promovió demanda bajo el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de
Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
pretendiendo lo siguiente:
“[…] PRIMERA: Declarar la nulidad del acto administrativo contenido
en la Resolución nro. 4363 – 6 del 11 de mayo de 2018 notificada
por aviso el día 07 de junio de 2018, a través del cual la Secretaría
de Educación del Departamento de Caldas actuando en nombre y
representación de la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, niega el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación bajo el marco de
la Ley 33 de 1985 al señor CARLOS ALBERTO BETANCUR SANTA.
SEGUNDA: A título de restablecimiento del derecho, se condene. A
la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, para que a partir del 11 de
octubre de 2017, fecha de constitución del derecho, reconozca y
pague al señor CARLOS ALBERTO BETANCUR SANTA en su condición
de docente oficial la pensión de jubilación bajo el marco de la ley 33
de 1985, en una cuantía equivalente al 75% del salario básico y
demás factores salariales devengados durante el año
inmediatamente anterior al cumplimiento del estatus, esto es,
asignación básica, bonificación mensual docentes, prima de
vacaciones docentes, prima de navidad, prima de servicios y horas
extras.
TERCERA: Se condene a la parte demandada a pagar a mi
poderdante todas las mesadas pensionales dejadas de cancelar
desde la fecha de constitución del derecho hasta el día que se haga
efectivo el pago, incluidas las primas consagradas en la ley y los
aumentos anuales automáticos que ordena la Ley 71 de 1988,
incluyendo la actualización de los valores objeto de la condena de
acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor (IPC) y tal
como lo autoriza el artículo 187 del C.P.A.C.A […]”.
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero
Administrativo de Manizales que, en sentencia del 17 de septiembre de
2019, negó las pretensiones.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2021 04601 01
Accionante: Carlos Alberto Betancurt Santa
6.2.3. La parte demandante interpuso recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo de Caldas, en sentencia del 14 de diciembre de 2020,
confirmó lo resuelto por la primera instancia22.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, la Subsección B, Sección Segunda de esta
Corporación, en el fallo del 9 de noviembre de 2021, negó el amparo de
los derechos fundamentales del accionante por considerar que no estaban
configurados los defectos fáctico y desconocimiento del precedente.
El actor impugnó la decisión e insistió que la sentencia atacada sí
desconoció el precedente fijado por la Sección Segunda del Consejo de
Estado y reitera el argumento expuesto en el escrito de tutela, según el
cual “la vinculación como OPS en la actividad docente goza de plenos
efectos pensional”. Para ello, aludió a las providencias proferidas en los
procesos con radicados números: 50001 2333 000 2018 00357 01, 85001
2331 000 2003 00482 01 y 68001 2315 000 2000 02841 01.
Por consiguiente, la Sala se circunscribirá a lo que es motivo de
impugnación y a continuación examinará si la sentencia atacada por vía
de tutela incurrió en el mencionado defecto.
Desconocimiento del precedente judicial
De manera previa a abordar el alcance del defecto aludido, se debe
precisar que la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha
definido como precedente judicial “la sentencia o conjunto de ellas,
anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia o semejanza en
los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por
22
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 04601 00.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2021 04601 01
Accionante: Carlos Alberto Betancurt Santa
las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”23. Al respecto,
estableció como criterios para concluir cuando se está ante un
precedente, los siguientes: “i) que en la ratio decidendi de la sentencia
anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a
resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al
propuesto en el nuevo caso y iii) que los hechos del caso sean
equiparables a los resueltos anteriormente”24.
Bajo los parámetros indicados, un precedente se configura cuando la
sentencia pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva
jurídica y fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar,
unos mismos hechos relevantes, probados y debidamente connotados e
iguales fundamentos en derecho. A estos efectos, el examen de los
requisitos que deben cumplirse para que se ataque la sentencia en sede
de tutela por desconocimiento del precedente, impone al actor la carga
de identificar el problema jurídico que resolvió la sentencia cuestionada
para compararlo con el problema jurídico resuelto por el precedente,
determinando consecuentemente su identidad en los hechos y en el
derecho.
Visto así, el desconocimiento del precedente supone que la sentencia
cuestionada sea idéntica con aquél en su objeto y causa, entendiéndose
por el primero la pretensión jurídica analizada, y por la causa los hechos
en que se funda dicha pretensión y los fundamentos normativos de la
misma. No habrá entonces desconocimiento del precedente si la sentencia
analizada difiere en cualquiera de los aspectos indicados.
Ahora bien, debe destacarse que el deber de respeto o sometimiento a
los precedentes judiciales no es absoluto. En efecto, una comprensión
23
Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018, T-499 de 2017, T-292 de 2006 y
Auto 397 de 2014.
24
Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y SU-053 de 2015.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2021 04601 01
Accionante: Carlos Alberto Betancurt Santa
excesiva del deber de atenerse a ellos podría suponer la negación de los
principios de autonomía e independencia judicial.
Precisamente por lo anterior la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha establecido que el juez puede apartarse válidamente de los
precedentes, bien sean estos verticales u horizontales, siempre y cuando
se justifiquen de manera clara y precisa las razones para ello. A este
respecto, dicha Corporación precisó que resulta válido que las autoridades
judiciales, merced a la autonomía que les reconoce la Carta Política,
puedan en eventos concretos apartarse del precedente; pero aclaró que,
en cualquier caso, esa opción argumentativa está sometida a estrictos
requisitos, entre otros (i) hacer explícitas las razones por las cuales se
aparte de la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de escrutinio
judicial –requisito de transparencia-, y (ii) demostrar suficientemente
que la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera
los derechos, principios y valores constitucionales –requisito de
suficiencia-25.
En el escenario hasta aquí esbozado, es posible concluir que, cuando un
juez desconoce una regla jurisprudencial vinculante y plenamente
aplicable a determinada situación, sin cumplir con la carga argumentativa
descrita, incurre en la causal de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales relacionada con el desconocimiento del
precedente judicial y, en consecuencia, vulnera el derecho fundamental a
la igualdad de las personas que acudieron a la administración de justicia.
Contrario sensu, cuando la sentencia que difiere del precedente
fundamenta su decisión de manera razonable y suficiente, justificando tal
posición, no resultará procedente la acción de tutela por esta causal
específica.
Finalmente, la jurisprudencia ha sido reiterativa en señalar las premisas
bajo las cuales habrá de interpretarse una decisión judicial acusada de
25
Corte Constitucional. Sentencia C-634 de 2011.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2021 04601 01
Accionante: Carlos Alberto Betancurt Santa
incurrir en el defecto en mención, anotando al respecto que se debe: “i)
determinar la existencia de un precedente o de un grupo de precedentes
aplicables al caso concreto y distinguir las reglas decisionales contenidas
en estos precedentes; ii) comprobar que el fallo judicial impugnado debió
tomar en cuenta necesariamente tales precedentes pues de no hacerlo
incurriría en un desconocimiento del principio de igualdad; iii) verificar si
el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente judicial por
encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado, o
por considerar que la decisión debería ser adoptada de otra manera para
lograr una interpretación más armónica en relación con los principios
constitucionales, y más favorable a la vigencia y efectividad de los
derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro homine”26.
En el asunto bajo examen, el impugnante alegó que la sentencia atacada
incurrió en este defecto porque considera que la jurisprudencia de esta
Corporación ha establecido que el tiempo laborado por un docente en el
sector público bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios,
debe tenerse en cuenta para el reconocimiento de la pensión y, para ello,
citó las providencias proferidas en los procesos con radicados números:
50001 2333 000 2018 00357 01, 85001 2331 000 2003 00482 01 y 68001
2315 000 2000 02841 01.
La Sala, en aras de verificar si las aludidas providencias constituyen
precedente, verifica lo siguiente:
-) En cuanto a la sentencia proferida el 3 de junio de 2021 por la
Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, en el proceso
radicado con el nro. 50001 2333 000 2018 00357 01, la Sala observa que
no constituye precedente, comoquiera que fue proferida con posterioridad
a la providencia que se ataca por vía de tutela, la cual se expidió el 14 de
diciembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Caldas.
26
Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y T-351 de 2011.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2021 04601 01
Accionante: Carlos Alberto Betancurt Santa
En este punto, se recuerda que el actor alegó en la impugnación que “el
fallo constitucional impugnado” desconoce el precedente horizontal
contenido en la sentencia del 3 de junio de 2021; sin embargo, la Sala
precisa que los defectos que el interesado invoca son examinados en la
providencia que se controvierte a través de la tutela, esto es, la proferida
el 14 de diciembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Caldas,
debido a que la finalidad de este mecanismo constitucional es establecer
si la providencia objeto de tutela incurrió en alguno de los yerros
desarrollados por la jurisprudencia constitucional.
En todo caso, se aclara que la sentencia proferida el 3 de junio de 2021
por la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, tampoco
constituía un precedente para resolver la presente tutela en primera
instancia, ya que dicha providencia se expidió en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, y no en sede constitucional.
-) En lo atinente a la sentencia proferida el 9 de julio de 2009 por la
Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, en el proceso nro.
85001 2331 000 2003 00482 01, la Sala observa que no constituye
precedente, dado que lo pretendido en ese caso era que se declarara la
nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento y pago de las
prestaciones salariales y sociales dejadas de percibir en virtud de
contratos de prestación de servicios y, a título de restablecimiento del
derecho, se ordenara el pago del auxilio de cesantía; intereses a las
cesantías; la sanción moratoria por el no pago oportuno de las mismas;
las diferencias salariales respecto del escalafón docente en el que se
encuentran sus pares de trabajo; las dotaciones de vestido y calzado de
labor; los auxilios de movilización y transporte; las primas de navidad y
alimentación y el pago de las vacaciones en dinero.
Mientras que lo pretendido por el aquí accionante en la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho que promovió era que se
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2021 04601 01
Accionante: Carlos Alberto Betancurt Santa
reconociera y pagara una pensión de jubilación de acuerdo con la Ley 33
de 1985, de donde se desprende que no existe identidad fáctica ni jurídica
entre los dos procesos.
-) Frente a la sentencia proferida el 23 de octubre de 2008 por la
Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, en el proceso con
radicado nro. 68001 2315 000 2000 02841 01, la Sala observa que
tampoco constituye precedente, toda vez que no guarda identidad fáctica
ni jurídica con el asunto examinado, puesto que lo pretendido en esa
oportunidad era que se declarara la existencia de una relación laboral
entre las partes y, por consiguiente, se ordenara el reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales como cesantías, prima de vacaciones, prima
de servicios, vacaciones y prima de navidad.
Conforme con lo analizado, la Sala concluye que la sentencia
controvertida no incurrió en el defecto de desconocimiento del precedente
invocado por el actor, razón por la que confirmará el fallo proferido el 9
de noviembre de 2021 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo
de Estado, que negó el amparo de los derechos fundamentales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 9 de noviembre de 2021 por
la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, según lo
explicado en precedencia.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2021 04601 01
Accionante: Carlos Alberto Betancurt Santa
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la
Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del
término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.