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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-04611-00

Acción de tutela

Fecha
19 de agosto de 2021
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-04611-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por Medimás E.P.S. S.A.S., Gastroquirúrgica S.A.S. y el Hospital Universitario Erasmo Meoz, según lo indicado en esta decisión. SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción, en relación con la petición de la prisión domiciliaria, de conformidad con lo expuesto ut supra. TERCERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana del señor Willian Cristóbal Contreras Rozo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: EXHORTAR al INPEC - Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta para que en el marco de las competencias constitucionales, legales y reglamentarias se garantice al tutelante los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana bajo la tutela judicial efectiva del principio de integralidad en materia de salud, con el fin que se coordine la asistencia a las citas médicas con los especialistas que indique el médico tratante y se le ejecuten los procedimientos necesarios que sean ordenados, incluyendo tratamientos y medicamentos. QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. SEXTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2021-04611-00

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

19 de agosto de 2021

ACCIÓN DE TUTELA / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA JUDICIAL / SOLICITUD DE PRISIÓN DOMICILIARIA – Ante el juez competente / COMPETENCIA DEL JUEZ NATURAL / JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

En el asunto de la referencia, se tiene que el accionante como pretensión principal solicitó que se tutelaran sus derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana y a forma de pretensión subsidiaria, pidió que si lo anterior no fuese posible, se le otorgara el beneficio de prisión domiciliaria “para que esto no se siga propinando en modalidad de tortura ” Para la Sala es evidente que, frente a la pretensión subsidiaria, no se supera el requisito de subsidiariedad, en tanto es una petición que el actor debe hacer ante el juez ordinario competente, es decir, ante el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en su caso concreto. Lo anterior, en virtud de que dentro de su órbita funcional debe analizar si las circunstancias del caso han propiciado o no una pena en modalidad de tortura y si la prestación de los servicios de salud sería más eficiente si su pena no fuera intramural. Por lo anterior, se verifica que el accionante posee otro mecanismo de defensa judicial idóneo y efectivo que debe agotar, por lo que no puede el juez de tutela invadir esa esfera. Por consiguiente, esta Sección declarará improcedente la acción constitucional en lo referente a la petición de prisión domiciliaria, sin embargo, estudiará de fondo, más adelante la pretensión principal.

ENFOQUE DIFERENCIAL / SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL / PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD / DERECHO A LA SALUD DE LA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD – Se ha garantizado / MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA POBLACIÓN CARCELARIA Y PENITENCIARIA ANTE LA AMENAZA DE CONTAGIO DE COVID-19 – Suspensión de los procedimientos médicos electivos no urgentes / PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD - Implica el cumplimiento de todo lo ordenado por el médico tratante / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD – Entidad accionada se encuentra gestionando los trámites para el cumplimiento de lo recomendado por los especialistas / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / EXHORTO - Al INPEC Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta / ASISTENCIA A LAS CITAS MÉDICAS – Coordinación del INPEC para garantizarla

[A]l haberse advertido en el caso concreto que el accionante es un sujeto de especial protección constitucional en relación con el cual el Estado debe acudir en garantía de sus derechos fundamentales diferentes a la libertad, en esta oportunidad la Sala estudiará el caso aplicando enfoque diferencial, como metodología de análisis. (…) De conformidad con las pruebas aportadas al expediente, se tiene que el tutelante padece de hernia inguinal derecha y hemorroides internas y externas, razón por la cual ha sido remitido a distintos especialistas, entre ellos a medicina general, coloproctología, cirugía general y nutrición. Así mismo, se tiene que el accionante pertenecía al Régimen Subsidiado a través de Medimás E.P.S. S.A.S., desde el 1º de agosto de 2018 hasta el 31 de enero de 2020, a partir de ese momento se encuentra en estado retirado. En este punto, es necesario aclarar que quien presta el servicio de salud de las personas privadas de la libertad es la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC - P.A. Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019- integrado por las Sociedades Fiduprevisora S.A. y Fiduagraria S.A., a no ser que la persona recluida se encuentre como beneficiaria activa de alguna EPS, cosa que no ocurre en el presente caso. (…) En ese sentido se tiene que, los servicios de salud y la atención especial que requiere el accionante es prestada por P.A. Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019, ya que el señor [W.C.C.R.] no se encuentra afiliado a ninguno de los regímenes de salud, de conformidad con la constancia allegada al expediente. Así mismo, el INPEC debe garantizarle todas las condiciones y medios necesarios para que se efectúen los traslados a los centros de salud, de conformidad con el tratamiento ordenado por el médico tratante. En el caso concreto, se advierte que, como lo manifestó el director del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, al señor [W.C.C.R.] se le han brindado los servicios necesarios con el fin de que asista a valoraciones con distintos especialistas para ser diagnosticado y tratado adecuadamente, lo cual se encuentra probado (…) Además, se evidencia que la parte actora ha sido sometida a varios exámenes y consultas, muestra de ello son las historias clínicas allegadas por distintos prestadores de salud y resultados de exámenes y valoraciones. Sumado a lo anterior, ante el riesgo adicional a su salud que pueda generar un posible contagio de COVID-19, el establecimiento carcelario, como lo afirma el director del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, de conformidad con la circular 505 del 14 de diciembre de 2020 del Instituto Departamental de Salud, suspendió todos los procedimientos médicos electivos no urgentes y por ello no ha le habían dado trámite a la cita con el especialista en cirugía general y nutrición. (…) Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala es claro que la entidad accionada no ha vulnerado los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana, pues se ha dado cumplimiento dentro sus competencias a los requerimientos de los médicos tratantes para la asistencia a las valoraciones remitidas, así como las medidas relacionadas con la prevención de contagio de COVID-19 al interior del establecimiento carcelario. A pesar de que esta Sección no encontró vulnerados los derechos deprecados, tampoco es de recibo el argumento señalado por Ladmedis IPS Atalaya en relación con decretar la carencia actual de objeto por hecho superado, pues, si bien se evidencia que el INPEC ha actuado diligentemente para la atención en materia de salud del actor, todavía no se han ejecutado en su totalidad las valoraciones ordenadas que como ya se explicó, no han sido posibles en virtud de las circulares expedidas por el Instituto Departamental de Salud. Sin embargo, la accionada ha demostrado que se encuentra gestionando los trámites para que se dé total cumplimiento a lo recomendado por los especialistas.

Ahora, es importante resaltar que la protección del derecho a la salud de una persona, en aplicación del principio de integralidad, implica el cumplimiento de todo lo ordenado por el médico tratante. Así las cosas, si al tutelante se le ha ordenado consulta con distintos especialistas, el INPEC, en el ejercicio de sus funciones, debe coordinar lo pertinente para que los mismos lo atiendan. (…) la Sala exhortará al INPEC – Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta, para que, en el marco de las competencias constitucionales, legales y reglamentarias, se garantice al señor [W.C.C.R.] los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana, bajo la tutela judicial efectiva del principio de integralidad en materia de salud, con el fin de que se coordine la asistencia a las citas médicas con los especialistas que indique el médico tratante.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04611-00(AC)

Actor: WILLIAN CRISTÓBAL CONTRERAS ROZO

Demandado: INPEC - COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE CÚCUTA

Temas: Tutela de fondo – Derecho a la salud, vida y dignidad humana de las personas privadas de la libertad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por el señor Willian Cristóbal Contreras Rozo contra el INPEC – Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta.

ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 16 de julio de 2021 al correo electrónico de la Secretaría General de esta Corporación HYPERLINK "mailto:tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co" , el señor Willian Cristóbal Contreras Rozo, quien se encuentra recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta, presentó acción de tutela, en nombre propio, contra el INPEC – Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana.

2. El actor estimó vulneradas las referidas garantías constitucionales por parte de la entidad accionada por considerar que, no le ha prestado el servicio oportuno de salud que requiere, “ni los tratamientos, ni la medicina de sanidad”.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos invocados y, en consecuencia, pidió:

“(…) ordenándole a la autoridad accionada que por favor me otorguen el derecho a la vida a la salud a la dignidad humana etc., de no ser así por favor concederme la prisión domiciliaria para que esto no se siga propinando en modalidad de tortura” (sic a toda la cita).

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 17 de septiembre de 1997, el señor Willian Cristóbal Contreras Rozo, fue recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta.

5. En el transcurso de la pena sufrió de las siguientes patologías:
Hernia lumbar discal parte izquierda.
Hernia inguinal derecha.
Hemorroides internas.
Brote escabiosis.

1.3. Fundamentos de la vulneración

6. El accionante adujo que la Corte Constitucional ha fijado reglas en relación con el derecho a la vida y a la integridad personal, cuya protección es obligación del Estado quien tiene la posición de garante cuando una persona se encuentra recluida en establecimientos penitenciarios y carcelarios. Relató que de ello se le exige asumir íntegramente la responsabilidad inherente a la seguridad, vida e integridad física del privado de la libertad, para que al momento en que retome su libertad, sea devuelto en las mismas condiciones físicas y psíquicas en las que se encontraba al momento de su captura.

7. En virtud de lo anterior, citó como sustento las siguientes sentencias de tutela proferidas por la Corte Constitucional:
T-535 de 1998.
T-590 de 1998.
T-847 de 2000.
T-966 de 2000.
T-267 de 2015.

8. Explicó que la Alta Corte referida ha clasificado los derechos de la población carcelaria en tres categorías:
Aquellos que pueden ser suspendidos como consecuencia de la pena impuesta (como la libertad física y la libre locomoción).
Aquellos que son restringidos debido al vínculo de sujeción del recluso para con el Estado (como derechos al trabajo, a la educación, a la familia, a la intimidad personal y el libre desarrollo de la personalidad).
Derechos que se mantienen incólumes y, por ende, no pueden limitarse ni suspenderse a pesar de que el titular se encuentra sometido al encierro en razón a que son inherentes a la naturaleza humana, tales como: la vida, la integridad personal, la dignidad, la igualdad, la salud, el derecho de petición, entre otros.

9. De ello argumentó que, desde el momento en que la persona privada de la libertad quedaba bajo la supervisión del Estado, surgía la responsabilidad de garantizarle plenamente los derechos fundamentales que no le fueron limitados y debía contar con el acompañamiento de las instituciones del Estado para evitar su vulneración. Lo anterior lo fundamentó citando las siguientes providencias de la Corte Constitucional:
T-424 de 1992.
T-522 de 1992.
T-546 de 1992.
T-219 de 1993.
T-388 de 1993.
T-437 de 1993.
T-420 de 1994.
T-705 de 1996.
T-153 de 1998.
T-1030 de 2003.
T-851 de 2004.
T-624 de 2005.
T-684 de 2005.
T-566 de 2007.
T-894 de 2007.
T-274 de 2008.
T-272 de 2013.
T-686 de 2016.
T-560 de 2016.
C-328 de 2016
A-121 de 2018.

10. Refirió que la salud es un derecho fundamental y por ello el acceso de los internos a los servicios de salud no se puede ver restringido por su reclusión. Por el contrario, su acceso se convierte en una obligación del Estado. Como fundamento citó las siguientes sentencias de tutela de la Corte Constitucional:
T-065 de 1995.
T-173 de 1995.
T-714 de 1996.
T-389 de 1998.
T-535 de 1998.
T-583 de 1998.
T-607 de 1998.
T-575 de 1999.
T-958 (no especificó año).
T-172 de 2003.
T-703 de 2003.
T-762 de 2014.
T-391 de 2015.
T-762 de 2015.
T-132 de 2016.
T-287 de 2016.
T-378 de 2016.
T-020 de 2017.

11. Reiteró que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud a la población reclusa, a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Además, alegó que este también debe dar solución oportuna y eficaz a sus necesidades, precisamente por la imposibilidad que tienen los privados de la libertad de buscar la atención médica por sus propios medios. Citó las siguientes sentencias de tutela de la Corte Constitucional:
T-535 de 1998.
T-825 de 2010.
T-190 de 2013.
T-266 de 2013.

12. Refirió que la obligación de prestación del servicio de salud radica en cabeza del INPEC y de los directores de los centros carcelarios. Además de que ello implicaba la entrega de medicamentos, cuidado médico, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes de diagnóstico, seguimiento de los tratamientos indicados y cualquier otro componente que fuera considerado necesario por los médicos para el restablecimiento de la salud de los internos. Fueron citadas las siguientes sentencias de tutela de la referida Corte:
T-606 de 1998.
T-530 de 1999.
T-233 de 2001.
T-521 de 2001.
T-172 de 2002.
T-254 de 2005.
T-346 de 2006.
T-654 de 2006.
T-161 de 2007.
T-750 de 2012.
T-762 de 2015.

13. Argumentó que en sentencia T-143 de 2017, la Corte Constitucional estableció que el cuidado de la salud a cargo del establecimiento carcelario debía ser oportuno aún en los casos en los que la patología admitiera espera. En las ocasiones en que el preso presentara dolores intensos, la atención debía ser inmediata por razones humanitarias, de tal manera que la demora en la prestación del servicio no se convirtiera en una modalidad de tortura.

14. En virtud de todo lo anterior, el accionante puso de presente que jamás había recibido un cuidado oportuno de su salud, ni había recibido en tiempo sus tratamientos, medicinas ni salidas al área de sanidad, lo cual le ha ocasionado constantes torturas y una pena cruel e inhumana que vulneraba sus derechos fundamentales.

1.4. Trámite de la acción de tutela

15. Mediante auto del 28 de julio de 2021, la Magistrada Ponente admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación al accionante, y al INPEC- Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta, como autoridad judicial accionada.
16. Igualmente, ordenó la vinculación en calidad de terceros con interés jurídico de Ladmedis IPS Atalaya, a Medimás E.P.S. S.A.S., Gastroquirúrgica S.A.S., a la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz y a la Clínica Medical Duarte, como entidades prestadoras de servicios de salud al servicio del señor Willian Cristóbal Contreras Rozo, y les ordenó remitir las historias clínicas e informes detallados de su condicón de salud.

Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:

INPEC - Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta

17. Con escrito enviado el 4 de agosto del 2021, el director encargado del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta - COCUC, indicó que su interés siempre había sido prestar la atención requerida a la población privada de la libertad en cuanto a su salud se refiere. Por ello mencionó las acciones realizadas por el COCUC, para dar cumplimiento a ello en el caso específico del señor Contreras Rozo:

28 de agosto de 2020 – Valoración por el Doctor Harold Barrios Barrios.
Diagnóstico: Hernia inguinal derecha desde hace 8 años, sangrado anal intermitente por hemorroides.
Plan: manejo analgésico oral y tópico y valoración por cirugía general.
Solicitud del área de atención en salud del INPEC de autorización para consulta de primera vez por especialista en cirugía general y traslado a Hospital Universitario Erasmo Meoz.
Solicitud al Hospital Universitario Erasmo Meoz asignación de cita para consulta de primera vez por especialista en cirugía general. Esta fue programada para el 2 de diciembre de 2020.
29 de mayo de 2021 – Valoración Doctor Pablo A. Pabón
Diagnóstico: Colectis crónica, más hemorroides internas.
Plan: valoración por nutrición.
Área de atención en salud del INPEC solicita a UTEFICIENTE valoración por nutrición.

18. Resaltó que, en virtud de la pandemia y las medidas sanitarias tomadas al respecto para contenerla, por medio de circulares el director del Instituto Departamental de Salud dejó clara la alerta roja hospitalaria por incremento en el porcentaje de ocupación en las UCI, ordenó suspender las cirugías con fines estéticos, cirugía ambulatoria y electivas programadas no urgentes. Adujo que se establecía en la circular que dichos procedimientos no urgentes podían reprogramarse para una fecha futura si era poco probable la afectación de la salud del paciente.

19. Sin embargo, refirió que, en aras de dar cumplimiento a lo requerido, solicitaron la actualización de la autorización para los servicios de especialistas en cirugía general y nutrición, de los cuales estaban a la espera. Por lo anterior, solicitó que se negara el amparo constitucional.

1.4.1.2. E.SE. Hospital Universitario Erasmo Meoz

20. Con escrito enviado el 4 de agosto de 2021, la subgerente de servicios de salud mencionó que después de revisados los registros de ADRES se evidenció que el señor Willian Cristóbal Contreras Rozo se encontraba retirado de Medimás Subsidiado desde el 13 de julio de 2016.

21. Además, de la historia clínica que reposaba en el Hospital Universitario, advirtió que el accionante registraba entre los años 2016 al 2019, atenciones ambulatorias por diferentes especialidades médicas. En el 2016 fue valorado en varias ocasiones por dermatología y el 7 de marzo de 2019 asistió a valoración con cirugía general por presentar hemorroides, en dicha ocasión le ordenaron colonoscopia y valoración por coloproctólogo; sin embargo, se reportó que desde hace 2 años el paciente no ha regresado al hospital.

22. Refirió que en virtud de que el accionante se encontraba privado de libertad, bajo custodia del INPEC y bajo la responsabilidad de la dirección del Centro Carcelario de Cúcuta, estos eran los que debían garantizar que el paciente recibiera la atención requerida.

23. Por lo anterior, solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto ni la Constitución ni la ley los facultaba para hacer frente de forma directa a la petición presentada por el accionante.

1.4.1.3. Gastroquirúrgica S.A.S.

24. Con escrito enviado el 2 de agosto de 2021, la gerente de la empresa manifestó que los hechos de la acción de tutela son ajenos a su conocimiento, por ello, solicitó la absolución por no existir legitimación en la causa por pasiva.

25. Además dentro de las pruebas aportadas, se encontró que el 2 de marzo de 2017, le fue realizado al señor Contreras Rozo una colonoscopia total por el especialista en coloproctología. De igual forma, le realizaron el mismo procedimiento el 17 de julio de 2019.

1.4.1.4. Medimás E.P.S. S.A.S.

26. Mediante escrito remitido el 2 de agosto del presente año, el profesional jurídico puso de presente que al accionante se encuentra con estado retirado, en el sistema de salud Régimen Subsidiado a través de Medimás E.P.S. S.A.S. Además, refirió que:

“De acuerdo con validación del estado del usuario se informa que dicho retiro fue reportado en las bases enviadas por el INPEC a MEDIMAS, ya que a través de los procesos de novedades enviados de forma mensual se indicó que el usuario no cumple con las condiciones para pertenecer al Régimen Subsidiado.
Es importante aclarar que al no reportar cotización por pertenecer al régimen subsidiado y no tener relación laboral al usuario no se le han emitido o reconocido incapacidades medicas derivadas de las patologías que padece”.
27. Argumentó que en la presente acción de tutela se hacía evidente una falta de legitimación en la causa, toda vez que le correspondía al Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta – INPEC, la responsabilidad y por ello no estaba llamada a responder por las pretensiones del accionante.
28. Explicó que “el Juez Constitucional no se puede basar en supuestos y partir del hecho que la accionada se ha negado al suministro de los servicios que requiera el paciente para mejorar su salud a los que tiene pleno derecho en el POS, en este caso pertinentes para el tratamiento de la patología del paciente, desvirtuándose así uno de los requisitos de procedencia de la acción de tutela y es que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales sea ACTUAL y que REALMENTE exista”. (Subrayado del texto).
29. Por lo anterior, solicitó su desvinculación del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.4.1.5. Ladmedis IPS Atalaya

30. Mediante escrito allegado el 30 de julio del presente año, la apoderada de la organización alegó que nunca habían negado prestaciones de servicios de salud ni vulnerado derechos fundamentales al usuario. Además, resaltó que no se podía solicitar por medio de la tutela prestación de servicios de salud que no se hubieran vulnerado y que su hubieran prestado.

31. Por lo tanto, solicitó que se excluyera a la organización Ladmedis de cualquier fallo que tutelara los derechos fundamentales del accionante por carencia de objeto y/o hecho superado.

1.4.1.6. Clínica Medical Duarte

32. El gerente médico adjuntó la historia clínica del accionante.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

33. De conformidad con el numeral 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, cuando la acción de tutela se interponga contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, como es el caso, esta será repartida para su conocimiento en primera instancia a los Jueces del Circuito o con igual categoría.

34. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha sido enfática en indicar que solo existe una regla sobre el régimen de competencias en materia de tutela y es el referente a las demandas dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación, cuyo conocimiento corresponde a los Jueces Civiles del Circuito, de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

35. En tal sentido, no le es dable a ninguna autoridad judicial, en su condición de juez constitucional, declarar su falta de competencia para conocer de las acciones de tutela instauradas por las personas que estimen vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales, razón por la cual este despacho avocará competencia para conocer del asunto.

2.2. Legitimación en la acción de tutela

36. Se tiene que tanto Medimás E.P.S. S.A.S., como Gastroquirúrgica S.A.S. y el Hospital Universitario Erasmo Meoz, solicitaron la desvinculación del presente trámite constitucional, pues, a su juicio, carecen de legitimación en la causa por pasiva. No obstante, dichas peticiones serán negadas ya que las vinculaciones al proceso se hicieron en calidad de terceros, mas no como la entidad contra la cual se encuentre dirigido el reparo señalado por la parte actora, en atención al interés que le asiste en las resultas del presente trámite, dado que el señor Contreras Rozo ha sido usuario de esos servicios de salud y el asunto objeto de controversia radica en la vulneración del derecho a la salud, a la vida y a la dignidad humana de él.

2.3. Problema jurídico

37. Corresponde a la Sala dar respuesta al siguiente interrogante:

¿Se vulneraron los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana del señor Willian Cristóbal Contreras Rozo, con ocasión de la ineficiente prestación de los servicios de salud por el INPEC – Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta?

38. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) panorama general de la acción de tutela; (ii) subsidiariedad; (iii) protección especial para personas que se encuentran privadas de la libertad en establecimiento carcelario; (iv) el derecho a la salud de la población privada de la libertad; y (v) el caso concreto.

2.4. Razones jurídicas de la decisión

2.4.1. Panorama general de la acción de tutela

39. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

40. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamental que se dice vulnerado o amenazado.

41. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental.

2.4.2. Subsidiariedad

42. La Sala considera necesario indicar que el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

43. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

44. En el asunto de la referencia, se tiene que el accionante como pretensión principal solicitó que se tutelaran sus derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana y a forma de pretensión subsidiaria, pidió que si lo anterior no fuese posible, se le otorgara el beneficio de prisión domiciliaria “para que esto no se siga propinando en modalidad de tortura”.

45. Para la Sala es evidente que, frente a la pretensión subsidiaria, no se supera el requisito de subsidiariedad, en tanto es una petición que el actor debe hacer ante el juez ordinario competente, es decir, ante el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en su caso concreto.

46. Lo anterior, en virtud de que dentro de su órbita funcional debe analizar si las circunstancias del caso han propiciado o no una pena en modalidad de tortura y si la prestación de los servicios de salud sería más eficiente si su pena no fuera intramural.

47. Por lo anterior, se verifica que el accionante posee otro mecanismo de defensa judicial idóneo y efectivo que debe agotar, por lo que no puede el juez de tutela invadir esa esfera.

48. Por consiguiente, esta Sección declarará improcedente la acción constitucional en lo referente a la petición de prisión domiciliaria, sin embargo, estudiará de fondo, más adelante la pretensión principal.

2.4.3. Protección especial para personas que se encuentran privadas de la libertad en establecimiento carcelario

49. La Corte Constitucional ha reconocido que en Colombia existe un estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria, con ocasión de vulneración masiva y generalizada de los derechos fundamentales de quienes se encuentran privados de la libertad.

50. Al respecto ha considerado que, entre las causas de esa situación se encuentran los problemas de hacinamiento, la infraestructura deteriorada, los defectuosos servicios de salud y alimentación y la ausencia de una política criminal carcelaria integral y adecuada.

51. Es así como la Corte ha dispuesto diferentes órdenes tendientes a la materialización de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, con el fin de que cese el “quebrantamiento constitucional (…) y (que) la Norma Superior reivindique su vigencia allí donde, en términos materiales, no la está teniendo”, con sustento en el criterio de la “especial relación de sujeción” que se genera entre la población penitenciaria y el Estado durante el tiempo de reclusión, en virtud del cual el Estado se encuentra en la obligación de garantizar a los reclusos el ejercicio de derechos en el contenido que no sea objeto de limitación y, en especial, los fundamentales que deben permanecer intactos (como la vida, salud, integridad personal, debido proceso, entre otros).

52. Siguiendo la misma línea de pensamiento, ha considerado que “el núcleo esencial de la protección, respeto y garantía de los derechos  fundamentales de las personas privadas de la libertad radica en hacer efectivas las “condiciones materiales de existencia” que les permitan a los reclusos sobrellevar su permanencia con dignidad, obligación que se mantiene desde la captura o entrega del detenido o condenado y hasta el instante en que la persona adquiera su libertad”.

53. En consecuencia, al haberse advertido en el caso concreto que el accionante es un sujeto de especial protección constitucional en relación con el cual el Estado debe acudir en garantía de sus derechos fundamentales diferentes a la libertad, en esta oportunidad la Sala estudiará el caso aplicando enfoque diferencial, como metodología de análisis.

54. Sobre el enfoque diferencial se ha pronunciado igualmente el Consejo de Estado, para advertir que “corresponde al sistema judicial dar una respuesta efectiva dirigida a garantizar su especial protección constitucional, bajo estándares establecidos en los instrumentos internacionales y en la Constitución Política. En razón a ello, les corresponde abordar cada caso con un enfoque diferencial y activar todos los poderes derivados de la actividad judicial dirigidos a sancionar, reparar y prevenir”.

55. La aplicación de este método de interpretación y aplicación del derecho obliga a las autoridades judiciales accionadas a dar una lectura integral del patrón fáctico de la demanda, incluyendo todas las circunstancias que deriven del relato de las víctimas y de los testigos, bajo un criterio menos riguroso y menos apegado a la literalidad.

2.4.4. El derecho a la salud de la población privada de la libertad

56. Sobre el particular, la Sala considera pertinente indicar en primer término que, en relación con el derecho a la salud, existen abundantes pronunciamientos de la Corte Constitucional, que ha precisado el alcance del mismo en los siguientes términos:

“En reiterada jurisprudencia de esta Corporación se ha dispuesto que el derecho a la salud es un derecho fundamental de carácter autónomo. Según el artículo 49 de la Constitución Política, la salud tiene una doble connotación -derecho constitucional y servicio público-. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Se observa una clara concepción en la jurisprudencia de esta Corte acerca del carácter de derecho fundamental de la salud que envuelve un contenido prestacional. Partiendo de este presupuesto, le corresponde al Estado como principal tutor dotarse de los instrumentos necesarios para garantizar a los ciudadanos la prestación de la salud en condiciones que lleven consigo la dignidad humana, por lo que ante el abandono del Estado, de las instituciones administrativa y políticas y siendo latente la amenaza de transgresión, el juez de tutela debe hacer efectiva su protección mediante este mecanismo, sin excepción. El derecho a la salud es un derecho fundamental y tutelable, que debe ser garantizado a todos los seres humanos igualmente dignos, siendo la acción de tutela el medio judicial más idóneo para defenderlo, en aquellos casos en los que la persona que requiere el servicio de salud es un sujeto de especial protección constitucional.”

57. Como se lee, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para salvaguardar el derecho fundamental a la salud – el cual además tiene una connotación de servicio público esencial- cuando quiera que este se vea afectado, ya sea porque no se brinda una atención en salud en condiciones dignas, o porque la misma es negada de manera latente, lo que sugiere la intervención inmediata del juez de tutela.

58. En el caso de la población privada de la libertad, el derecho a la salud cobra una connotación de especial importancia, pues además de constituirse en un derecho fundamental autónomo, obedece a una responsabilidad directa del Estado, en tanto que, es a este último a quien le corresponde velar y garantizar la asistencia integral en salud de la persona durante su reclusión para el descuento de su pena privativa.

59. Al respecto el máximo órgano constitucional ha precisado sobre el particular:

“La Corte Constitucional ha señalado que para el Estado nace el deber de respetar la dignidad humana de las personas privadas de la libertad, ya que constituye el pilar central de la relación entre el Estado y la persona, y es, además, una norma fundamental de aplicación universal, reconocida expresamente por los tratados y convenios de derechos humanos prevalentes en el orden interno.

El Estado tiene la obligación de utilizar todos los medios necesarios para garantizar la salud en condiciones oportunas, adecuadas, eficientes y continuas, de tal manera que se mantenga la vida del interno en un contexto digno y de calidad. Esta obligación se genera, no sólo porque el Estado es el encargado de la organización, dirección y reglamentación de la salud; sino también surge como consecuencia de que los internos únicamente cuentan con los servicios médicos que ofrece la cárcel a través de la EPS contratada. El Estado, mediante las instituciones penitenciarias y carcelarias, se encuentra bajo la obligación de garantizar, de forma continua y eficaz, el derecho a la salud de los internos. Ello implica que todos los servicios médicos deben prestarse sin interrupciones u obstáculos de carácter administrativo y/o financiero”. (Se resalta).

60. De lo anterior se desprende una clara obligación del Estado, a través de las instituciones penitenciarias y carcelarias, de garantizar la asistencia médica de las personas que se encuentran privadas de la libertad, así sea en virtud de un trámite de extradición, sin que se puedan oponer razones de carácter administrativo o financiero para prestar la atención médica integral que requiera la población recluida.

2.5. Caso concreto

61. En el sub judice el señor Willian Cristóbal Contreras Rozo solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana, debido a que se encuentra recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta y padece de hernia lumbar discal parte izquierda, hernia inguinal derecha, hemorroides internas y escabiosis, motivo por el cual ha argumentado que no se le están prestando los servicios de salud adecuadamente para tratar sus patologías.

62. De conformidad con las pruebas aportadas al expediente, se tiene que el tutelante padece de hernia inguinal derecha y hemorroides internas y externas, razón por la cual ha sido remitido a distintos especialistas, entre ellos a medicina general, coloproctología, cirugía general y nutrición.

63. Así mismo, se tiene que el accionante pertenecía al Régimen Subsidiado a través de Medimás E.P.S. S.A.S., desde el 1º de agosto de 2018 hasta el 31 de enero de 2020, a partir de ese momento se encuentra en estado retirado.

64. En este punto, es necesario aclarar que quien presta el servicio de salud de las personas privadas de la libertad es la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC- P.A. Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019- integrado por las Sociedades Fiduprevisora S.A. y Fiduagraria S.A., a no ser que la persona recluida se encuentre como beneficiaria activa de alguna EPS, cosa que no ocurre en el presente caso.

65. Ahora, el Artículo 8° del Decreto 1142 de 2016 “Por el cual se modifican algunas disposiciones contenidas en el Capítulo 11 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, y se adoptan otras disposiciones.”, dispone:

“Artículo 8°. Modifíquese el artículo 2.2.1.11.3.3 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así: “Artículo 2.2.1.11.3.3. Funciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). En desarrollo de las funciones previstas en el Decreto-ley 4151 de 2011 y demás leyes que fijen sus competencias, corresponde al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en relación con la prestación de los servicios de salud de la población privada de la libertad: “dentro de las cuales quedan pendientes para llevar a cabo”: (…) Garantizar las condiciones y medios para el traslado de personas privadas de la libertad a la prestación de servicios de salud, tanto al interior de los establecimientos de reclusión como cuando se requiera atención extramural, de conformidad con los artículos 2.2.1.11.4.2.3 y 2.2.1.11.4.2.4 del presente capítulo, y realizar las acciones para garantizar la efectiva referencia y contra referencia.” (Negrillas fuera de texto)

66. En ese sentido se tiene que, los servicios de salud y la atención especial que requiere el accionante es prestada por P.A. Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019, ya que el señor Willian Cristóbal Contreras Rozo no se encuentra afiliado a ninguno de los regímenes de salud, de conformidad con la constancia allegada al expediente. Así mismo, el INPEC debe garantizarle todas las condiciones y medios necesarios para que se efectúen los traslados a los centros de salud, de conformidad con el tratamiento ordenado por el médico tratante.

67. En el caso concreto, se advierte que, como lo manifestó el director del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, al señor Contreras Rozo se le han brindado los servicios necesarios con el fin de que asista a valoraciones con distintos especialistas para ser diagnosticado y tratado adecuadamente, lo cual se encuentra probado con:

Copia de valoración INPEC 28 de agosto del 2020, por el Doctor Harold Barrios Barrios.
Copia de autorización CFSU1449114 consulta de primera vez por especialista en cx general.
Copia de cita para consulta de primera vez por especialista en cirugía general, 02 -12-2020 Hospital Universitario Erasmo Meoz.
Copia valoración Doctor Pablo Pabón 29-05-2021 remite a nutrición.
Copia de correo electrónico a UTEFICIENTE solicitando valoración por nutrición al PPl según valoración medica 29-05-2021.
Copia soporte solicitud actualización de autorización al Fiduciaria Central S.A. mediante plataforma Milenium - Fideicomiso Fondo Nacional de Salud

68. Además, se evidencia que la parte actora ha sido sometida a varios exámenes y consultas, muestra de ello son las historias clínicas allegadas por distintos prestadores de salud y resultados de exámenes y valoraciones.

69. Sumado a lo anterior, ante el riesgo adicional a su salud que pueda generar un posible contagio de COVID-19, el establecimiento carcelario, como lo afirma el director del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, de conformidad con la circular 505 del 14 de diciembre de 2020 del Instituto Departamental de Salud, suspendió todos los procedimientos médicos electivos no urgentes y por ello no ha le habían dado trámite a la cita con el especialista en cirugía general y nutrición.

70. Sin embargo, como parte de la respuesta otorgada, aducen y prueban por medio de una captura de pantalla, la solicitud realizada a través de la plataforma Millenium que indica lo siguiente:

“En aras de dar cumplimiento a lo requerido por su Honorable despacho, el Área de Atención en Salud INPEC, Solicita mediante Plataforma milenium FIDUCIARIA CENTRAL S.A. Fideicomiso Fondo Nacional de Salud PPL Actualización de la autorización para servicio ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL, del cual estamos a la espera para solicitud de asignación de cita al Hospital Erasmo Meoz y de esta forma dar materialización al requerimiento del PPL en cuanto a su patología se refiere y según requerimiento del Galeno tratante, del cual estaremos enviando ampliación a su Honorable Despacho.

Su señoría con todo respeto y como puede observar, la Dirección del Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Cúcuta por intermedio del Área de Atención en Salud al PPL , dentro de su competencia, está atenta gestionando ante el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019, las autorizaciones para las atenciones médicas ordenadas, requiriendo a las distintas IPS asignar cita para la materialización de procedimientos autorizados, y una vez asignada la cita llevar a cabo la remisión con las medidas de seguridad pertinentes para el cumplimiento de las diversas diligencias médicas, actuado acorde a lo que legalmente le corresponde (…)”.

71. Además, por medio de correo electrónico del 7 de agosto de 2021, prueba el accionado que solicitó de manera urgente la valoración nutricional ordenada por el Doctor Pablo Pabón el 29 de mayo de 2021.

72. Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala es claro que la entidad accionada no ha vulnerado los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana, pues se ha dado cumplimiento dentro sus competencias a los requerimientos de los médicos tratantes para la asistencia a las valoraciones remitidas, así como las medidas relacionadas con la prevención de contagio de COVID-19 al interior del establecimiento carcelario.

73. A pesar de que esta Sección no encontró vulnerados los derechos deprecados, tampoco es de recibo el argumento señalado por Ladmedis IPS Atalaya en relación con decretar la carencia actual de objeto por hecho superado, pues, si bien se evidencia que el INPEC ha actuado diligentemente para la atención en materia de salud del actor, todavía no se han ejecutado en su totalidad las valoraciones ordenadas que como ya se explicó, no han sido posibles en virtud de las circulares expedidas por el Instituto Departamental de Salud. Sin embargo, la accionada ha demostrado que se encuentra gestionando los trámites para que se dé total cumplimiento a lo recomendado por los especialistas.

74. Ahora, es importante resaltar que la protección del derecho a la salud de una persona, en aplicación del principio de integralidad, implica el cumplimiento de todo lo ordenado por el médico tratante. Así las cosas, si al tutelante se le ha ordenado consulta con distintos especialistas, el INPEC, en el ejercicio de sus funciones, debe coordinar lo pertinente para que los mismos lo atiendan.

75. La aplicación del principio de integralidad en salud se traduce en la práctica y para el caso concreto en que, si la parte actora requiere de una dieta especial o una cirugía, que sean ordenadas por el médico especialista, es obligación del Estado colombiano, a través de las autoridades que tienen a su cargo su custodia y cuidado cumplir a cabalidad con las especificaciones de los expertos médicos.

76. En efecto, de este principio no están excluidas las personas que se encuentren privadas de su libertad, pues si bien dicha condición permite restringir el pleno goce de algunos derechos fundamentales, lo cierto es que no significa que la población carcelaria no sea sujeto de derechos.

77. Por lo anterior, la Sala exhortará al INPEC – Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta, para que, en el marco de las competencias constitucionales, legales y reglamentarias, se garantice al señor Contreras Rozo los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana, bajo la tutela judicial efectiva del principio de integralidad en materia de salud, con el fin de que se coordine la asistencia a las citas médicas con los especialistas que indique el médico tratante.

2.6. Conclusión

78. La Sala negará el amparo de los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la dignidad humana del señor Willian Cristóbal Contreras Rozo, debido a que las referidas garantías constitucionales no han sido vulneradas por las autoridades accionadas.

79. Además, declarará improcedente la acción constitucional, respecto de la solicitud de prisión domiciliaria, por no superar el requisito de subsidiariedad, en virtud de que para dicha petición dispone de otro mecanismo judicial efectivo e idóneo.

80. Por otro lado, exhortará al INPEC - Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta para que en el marco de las competencias constitucionales, legales y reglamentarias se garantice al tutelante los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana bajo la tutela judicial efectiva del principio de integralidad en materia de salud, con el fin que se coordine la asistencia a las citas médicas con los especialistas que indique el médico tratante y se le ejecuten los procedimientos necesarios que sean ordenados, incluyendo tratamientos y medicamentos.

DECISIÓN

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por Medimás E.P.S. S.A.S., Gastroquirúrgica S.A.S. y el Hospital Universitario Erasmo Meoz, según lo indicado en esta decisión.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción, en relación con la petición de la prisión domiciliaria, de conformidad con lo expuesto ut supra.

TERCERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana del señor Willian Cristóbal Contreras Rozo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: EXHORTAR al INPEC - Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta para que en el marco de las competencias constitucionales, legales y reglamentarias se garantice al tutelante los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana bajo la tutela judicial efectiva del principio de integralidad en materia de salud, con el fin que se coordine la asistencia a las citas médicas con los especialistas que indique el médico tratante y se le ejecuten los procedimientos necesarios que sean ordenados, incluyendo tratamientos y medicamentos.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAUJO OÑATE
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Solamente citó las sentencias sin hacer referencia a algún aparte específico dentro de ellas, sin citar textualmente ni aplicar lo referido en ellas al caso concreto.
No especificó en cuáles providencias la Corte Constitucional ha hecho la clasificación explicada.
Solamente se citan las providencias, sin aportar citas textuales de ellas.
No cita ningún aparte textual de las sentencias.
No se cita ningún aparte textual de las sentencias.
Solo referencia las sentencias mas no las cita textualmente.
Folio 8 de la respuesta allegada por Medimás E.P.S. S.A.S.
El INPEC es una entidad del orden nacional, de conformidad con el artículo 3° del Acuerdo N° 002 del 2010 “por el cual se adopta el Estatuto Interno de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC
Folio 6 del escrito de tutela.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 5.03.20.. Rad. 11001-03-15-000-2019-00279-00.
En efecto, desde el proferimiento de la sentencia T-596, 10.12.92 la Corte precisó que, “Si bien es cierto que la condición de prisionero determina una drástica limitación de los derechos fundamentales, dicha limitación debe ser la mínima necesaria para lograr el fin propuesto. Toda limitación adicional debe ser entendida como un exceso y, por lo tanto, como una violación de tales derechos. La órbita de los derechos del preso cuya limitación resulta innecesaria, es tan digna de respeto y su protección constitucional es tan fuerte y efectiva como la de cualquier persona no sometida a las condiciones carcelarias. Los derechos no limitados del sindicado o del condenado, son derechos en el sentido pleno del término, esto es, son derechos dotados de poder para demandar del Estado su protección.” Esta posición se ha reiterado en pronunciamientos posteriores, de los cuales los más recientes son contenidos en las sentencias T-267, 10.07.18. M.P. Carlos Bernal Pulido y T-260, 6.06.19. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
Corte Constitucional, Sentencia T-260 de 2019.
Ob. Cit. Además las sentencias de constitucionalidad C-442, 25.05.11. M.P. Humnerto Sierra Porto, C-936, 23.11.10 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y C-370, 18.05.06. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Alvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
Al respecto, la Corte ha considerado que omitir cumplir con la garantía de los derechos, resulta contario al objetivo de resocialización, como fue indicado en la Sentencia T-153 del 28 de abril de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, considerando que, para entonces, “(n)adie se atrevería a decir que los establecimientos de reclusión cumplen con la labor de resocialización que se les ha encomendado. Por lo contrario, la situación descrita anteriormente tiende más bien a confirmar el lugar común acerca de que las cárceles son escuelas del crimen, generadoras de ocio, violencia y corrupción”. Sobre el mismo tema ver las sentencias T-389, 31.07.98. M.P. Fabio Monron Díaz, T-714, 16.12.96. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-065, 21.02.95. M.P. Alejandro Martinez Caballero, T-473, 19.10.95. M.P. Fabio Moron Díaz, T-424, 24.06.92. M.P. Nicolás Murillo Gutiérrez
y T-324, 4.05.2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio de la Corte Constitucional. En el mismo sentido es importante destacar el pronunciamiento contenido en la Sentencia T-781, 20.10.11. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, Sentencia 15.11.18,. Rad. 11001-03-15-000-2018-00622-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Sentencia 28.04.16.. Rad. 52001-23-33-000-2016-00336-01.
Corte Constitucional, sentencia T-737, 17.10.13. M.P. Alberto Rojas Rios.
Corte Constitucional, sentencia T-588A, 15.08.14. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Decreto 1142 de 2016, artículo 2.2.1.11.3.1. Contratación de los servicios de salud. El reglamento del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad definirá las contrataciones que deberán someterse al análisis y recomendación directa de sus miembros y los lineamientos generales que deberán atenderse para las demás contrataciones. La entidad fiduciaria, de acuerdo con las instrucciones que le sean impartidas por la USPEC con base en las recomendaciones y lineamientos de que trata el inciso anterior, contratará con personas jurídicas o naturales y efectuará los pagos en los términos que se estipulen en dichos contratos, con cargo a los recursos del Fondo.

Folio 2 de la respuesta allegada por el INPEC.
Corte IDH. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Fondo. Sentencia del 19 de enero de 19951. Serie C No. 20. En los términos del artículo 5.2 de la Convención toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos.

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