RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-04636-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-04636-00

Acción de tutela

Fecha
26 de agosto de 2021
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-04636-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: RECONOCER como coadyuvante de la parte actora a la señora Daniela Soto Barrera, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR PROBADA las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Transporte y de Parques Nacionales Naturales de Colombia y al Ministerio del Transporte, por los motivos señalados en la parte motiva de este proveído. TERCERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por el señor Adadier Perdomo Urquina, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: EXHORTAR al Tribunal Administrativo del Huila con el fin de que requiera nuevamente a la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Neiva, para allegue el valor de la prueba pericial ordenada en auto del 13 de septiembre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. SEXTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2021-04636-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

26 de agosto de 2021

ACCIÓN DE TUTELA / SOLICITUD DE COADYUVANCIA EN LA ACCIÓN DE TUTELA / ACEPTACIÓN DE LA COADYUVANCIA / ACREDITACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO

[S]e admitirá la intervención de la señora [D.S.B.], dado que tiene un interés legítimo para intervenir en el asunto de la referencia, debido a que afirma que es habitante del Municipio de Acevedo – Huila y asegura que se ve afectada en razón a la supuesta demora en que ha incurrido la autoridad judicial demandada para adoptar una decisión de fondo en la acción popular en la cual se busca la protección de los derechos colectivos de los residentes de ese municipio por el mal estado de sus vías.

ACCIÓN DE TUTELA / AUSENCIA DE CONFIGURACIÓN DE LA MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA / MORA JUDICIAL JUSTIFICADA – En razón a que las entidades a las que les fue encargada la práctica de la prueba pericial no han tenido las capacidades para cumplir dicha orden / AMPARO DE POBREZA / AUSENCIA DE TRÁMITE DEL DICTAMEN PERICIAL – Por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura por ausencia de recursos para llevar a cabo la experticia / SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS - Por el estado de emergencia derivado de la pandemia del virus covid 19 / COVID 19 / ESTADO DE EMERGENCIA / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO JUDICIAL – Limitó el acceso físico a los Despachos / AUSENCIA DE ACREDITACIÓN DE UNA CONDUCTA NEGLIGENTE FRENTE A SUS DEBERES CONSTITUCIONALES – Por parte del juez natural / EXHORTO – Al Tribunal Administrativo del Huila con el objeto de que requiera nuevamente al Secretario de Infraestructura del Municipio de Neiva, para que allegue el valor del peritaje ordenado / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[E]s claro para la Sala que, aun cuando los términos consagrados en los artículo 28 de la Ley 472 de 1991 para el trámite de los procesos adelantados en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos no fueron cumplidos, es evidente que el retardo se justifica, en razón a que las entidades a las que le fue encargada la práctica de la prueba pericial no han tenido las capacidades para cumplir dicha orden, y a que deben reunirse los valores necesarios para llevar a cabo a la práctica de ésta, debido a que el actor cuenta con un amparo de pobreza. Así las cosas, debe tenerse presente que el Tribunal Administrativo del Huila sí ha cumplido las funciones adscritas a su cargo, al punto que, incluso, ordenó abrir un incidente de desacato en contra del Secretario de Infraestructura del Municipio de Neiva por no realizar gestiones tenientes al cumplimiento prueba que le fue encomendada, pero ha sido la falta de diligencia de dicha entidad para darle cumplimiento a la prueba requerida por la parte demandante y la ausencia de recursos para llevar a cabo la experticia, la que le ha impedido actuar con mayor celeridad en ese trámite procesal. Ahora, debe tenerse presente que, tanto en el proceso cuya mora se acusa como en los demás que se encuentran adelantándose en la Rama Judicial, se presentaron situaciones imprevisibles ajenas a la Administración de Justicia ocasionadas por virtud de la pandemia por COVID-19, de las que se derivó, entre otras medidas, la suspensión de términos judiciales y la adopción de protocolos de bioseguridad que, pese a limitar el acceso físico a los Despachos, no redujo la productividad en términos cuantitativos. En lo concerniente al nivel de complejidad del asunto, observa la Sala que también se encuentra configurado, toda vez que el proceso se encuentra en periodo probatorio, cumplido el cual debe el Despacho correr traslado para las alegaciones finales y, de acuerdo con lo que conste en el expediente, resolver si halla o no prosperidad el reparo que expuso el accionante frente a la protección de los derechos colectivos invocados en su libelo introductorio. Así las cosas, para la Sala no resulta viable declarar que el Tribunal Administrativo del Huila está incurriendo en mora judicial, pues lo cierto es que no se encuentra acreditada una conducta negligente frente a sus deberes constitucionales, dada la evidente justificación en el retraso en la emisión de una decisión definitiva. No obstante, se exhorta a dicha Corporación Judicial con el objeto de que requiera nuevamente al Secretario de Infraestructura del Municipio de Neiva, para que allegue el valor del peritaje ordenado en providencia del 13 de septiembre de 2019. En consecuencia, la Sala negará el amparo de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso sin dilaciones injustificadas, al acceso oportuno de sentencia judicial, como pilares de la recta administración de justicia, y los principios de eficacia de la acción popular, de oficiosidad y de prevalencia del derecho sustancial en el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, en razón a que el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Quinta de Decisión, no está actuando de una manera irracional frente a la demora en el trámite.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA RPOVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE CONFIGURACIÓN DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA APLICACIÓN NORMATIVA – El artículo 121 del CGP era incompatible con los procedimientos dispuestos en la Ley 472 de 1998 en concordancia con la Ley 1437 de 2011 / IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE PÉRDIDA DE COMPETENCIA EN LA ACCIÓN POPULAR / FALTA DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE TUTELA – No fue creada para controvertir asuntos resueltos en derecho por los jueces de conocimiento de conformidad con su autonomía y competencia constitucional / ACCIÓN DE TUTELA NO ES UNA TERCERA INSTANCIA – Del proceso ordinario / AUSENCIA DE CONFIGURACIÓN DEL DEFECTO ORGANICO / COMPETENCIA DEL JUEZ ADMINISTRATIVO –Conocerá de los procesos impetrados en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, cuando se originen en actos, acciones u omisiones de entidades públicas y personas privadas que desempeñen funciones administrativas

de la lectura de los argumentos esgrimidos en la providencia que se cuestiona y a juicio de esta Sala, no se configura el defecto sustantivo en ninguna de sus posibles situaciones respecto del auto objeto de la acción de amparo, en razón a que el Tribunal realizó una interpretación razonable, lógica y aceptable del régimen legal aplicable para acciones populares radicadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, señalando los motivos por los que no era procedente acceder a la petición de pérdida de competencia presentada por el [actor], debido a que el artículo 121 del CGP era incompatible con los procedimientos dispuestos para esa clase de asuntos en la Ley 472 de 1998 en concordancia con la Ley 1437 de 2011. Así las cosas, y pese a que el actor considera que las citadas normas de la Ley 472 de 1998 y del CPACA fueron indebidamente aplicadas, lo cierto es que la acción de tutela no fue creada para controvertir asuntos resueltos en derecho por los jueces de conocimiento de conformidad con su autonomía y competencia constitucional, como si se tratara de una tercera instancia, pues es un mecanismo excepcional y subsidiario al que pueden acudir los ciudadanos de manera extraordinaria cuando las decisiones judiciales adolezcan de los efectos que ha desarrollado la jurisprudencia constitucional. Lo que indica que no le corresponde al juez de tutela entrar a debatir la fuente formal aplicable o la interpretación que de ella hacen los jueces especializados, cuando de la lectura de la providencia se observa una interpretación razonable y lógica, pues ello está dentro de la autonomía funcional del juez llamado a resolver el caso. En conclusión, al no evidenciar que el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Quinta de Decisión, con la providencia proferida el 18 de febrero de 2021, confirmada el 18 de marzo de los corrientes, hubiera incurrido en el defecto alegado, el cargo no prospera. (…) [E]s pertinente señalar que la parte actora aduce que la autoridad judicial accionada incurrió en este defecto debido a que “(…) todas las actuaciones realizadas por la funcionaria judicial accionada son nulas de pleno derecho. Pues ya perdió la competencia para seguir conociendo del proceso”. Además, se advierte que el citado cargo se encuentra fundado en que, a juicio del actor, como han pasado más de tres (3) años desde la radicación de la acción popular sin que se expida el correspondiente fallo de primera instancia, la autoridad judicial demandada perdió automáticamente su competencia para conocer sobre dicho proceso en virtud de lo dispuesto en el artículo 121 del CGP. En tal orden, es claro para la Sala que no se incurre en el defecto orgánico, dado que el Tribunal Administrativo del Huila ostenta competencia para resolver el litigio que propuso el demandante en la demanda promovida en defensa de derechos e intereses colectivos de acuerdo con lo que establece el artículo 15 de la Ley 472 de 1998, según el cual, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos impetrados en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, cuando se originen en actos, acciones u omisiones de entidades públicas y personas privadas que desempeñen funciones administrativas. De ahí que, el Tribunal Administrativo del Huila sí tenga competencia para conocer el asunto de debate, como quiera que se trata de una demanda promovida a través del citado medio de control, en contra de, entre otras, varias entidades públicas del orden nacional, estas son, el Ministerio de Transporte, el Invias, la ANI y la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia, por lo que el cargo no tiene vocación de prosperidad.En suma, se negará el amparo deprecado, por las razones antes expuestas.

ACCIÓN DE TUTELA / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – Por parte de los Parques Nacionales Naturales de Colombia y el Ministerio del Transporte / CONFIGURACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

Finalmente, en razón a que Parques Nacionales Naturales de Colombia y el Ministerio del Transporte, fueron vinculados en este proceso en calidad de terceros interesados, por ser parte demandada dentro del trámite del expediente de acción popular con número de radicado 41001 23 33 000 2018 00159 00 y a que esas entidades en sus respectivas contestaciones excepcionaron la falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitaron la desvinculación del presente asunto, la Sala accederá a sus peticiones, teniendo en cuenta que el objeto del amparo de la referencia está dirigido a cuestionar, entre otras cosas, la presunta mora en que habría incurrido el Tribunal Administrativo del Huila para resolver de fondo el mencionado proceso, por lo que dicha situación desborda el ámbito funcional y las competencias de las citadas entidades.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C, veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04636-00(AC)

Actor: ADADIER PERDOMO URQUINA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA – SALA QUINTA DE DECISIÓN

Tesis: No incurre en mora judicial el Tribunal Administrativo del Huila y por ende no vulnera los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso sin dilaciones injustificadas y al acceso de un juicio oportuno, como pilares de una recta y oportuna administración de justicia, si se interpuso una demanda en ejercicio del medio de control de defensa de derechos e intereses colectivos el 29 de abril de 2018, se decretó la práctica de un dictamen pericial el 13 de septiembre de 2019 y a la fecha no se ha practicado dicha prueba y por ende no se ha resuelto de fondo el proceso.

No incurre en defecto sustantivo la providencia que negó la solicitud de pérdida automática de competencia de un Tribunal Administrativo, con ocasión de una demanda impetrada en ejercicio del medio de control protección de los derechos e intereses colectivos, respecto de la cual, han transcurrido más de tres (3) años desde su radicación sin que se expida la correspondiente sentencia de primera instancia.

No incurren en defecto orgánico las providencias expedidas por un Tribunal Administrativo, con ocasión de una demanda del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, cuando han transcurrido más de tres (3) años desde su radicación sin que se expida la correspondiente sentencia de primera instancia.

ACCIÓN DE TUTELA – PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Adadier Perdomo Urquina en contra del Tribunal Administrativo del Huila – Sala Quinta de Decisión, invocando la protección de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso sin dilaciones injustificadas y al acceso de un juicio oportuno.

SÍNTESIS DEL CASO

El actor formuló las siguientes pretensiones:

“PRETENSIONES PRINCIPALES

Tutelar los derechos fundamentales invocados, como son el DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA; DEBIDO PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS; AL ACCESO OPORTUNO DE SENTENCIA JUDICIAL, COMO PILARES DE LA RECTA ADMONISTRACION DE JUSTICIA, y los PRINCIPIO DE EFICACIA DE LA ACCION POPULAR, DE OFICIOSIDAD Y DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL EN ACCION POPULAR, afectados por la MORA JUDICIAL a favor de ADADIER PERDOMO URQUINA.

Que como consecuencia de lo anterior se ordene a la Magistrada Beatriz Teresa Galvis, en el proceso de Acción popular con numero de radicado 41001233300020180015900 declararse impedida para seguir conociendo del presente proceso, por vencimiento de los términos traídos en el Art. 121 CGP y la ley 472 de 1998 para proferir sentencia en el contexto de la acción popular aquí referenciada.

Que se deje sin efecto alguno el auto del 18 de Febrero de 2021 que negó la pérdida de la competencia por mora en emitir sentencia en proceso Constitucional e Acción Popular.

Que se deje sin efecto alguno el auto del 28 de mayo de 2021, por medio del cual decidió no sancionar al Secretario de infraestructura del Municipio de Neiva la ciudad de Neiva.

5. Las demás que en derecho corresponda declarar de manera oficiosa”

Como fundamento de la anterior solicitud, esbozó los argumentos que pasan a sintetizarse:

Informó que las vías de acceso al Municipio de Acevedo - Huila se encuentran en un mal estado a causa del descuido y la omisión estatal en su mantenimiento. Por tal razón, manifestó que el día 23 de abril de 2018 impetró una demanda en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos en contra del Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (a partir de este momento Invias), la Agencia Nacional de Infraestructura (en adelante ANI), el Departamento del Huila, los municipios de Acevedo, de Pitalito y Suaza, éstos últimos del Departamento del Huila, la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia y la sociedad Aliadas para el Progreso, con el fin de buscar la protección de los derechos colectivos contemplados en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

Indicó que esa acción popular correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Huila, Sala Quinta de Decisión, bajo el número de radicado 41001 23 33 000 2018 00159 00.

Expresó que, en auto del 29 de junio de 2018, fue admitido el libelo introductorio y se dio el traslado correspondiente a las entidades accionadas, quienes contestaron y presentaron las excepciones que consideraron pertinentes.

Dijo que el Tribunal Administrativo del Huila, en auto del 13 de septiembre de 2019, abrió a pruebas el citado proceso. Sin embargo, resaltó que a la fecha han transcurrido más de veintidós (22) meses sin que se haya practicado la pericia que fue decretada y cuyo objeto es estudiar el estado de las vías del Municipio de Acevedo, demora que, aseveró, es ocasionada por “la posición dilatoria del despacho, situación que ha llevado a la parálisis del proceso y en estado de inefectividad de la acción popular, proceso que debe adelantar de manera preferente y sin dilaciones de ninguna índole”

Cuestionó que, desde la radicación de la demanda a la fecha de interposición de la tutela, han transcurrido más de tres (3) años y tres (3) meses, sin que el Tribunal haya dictado sentencia.

Aseveró que fue superado el término de veinte (20) días otorgado por la ley para la práctica de pruebas, igual que el plazo de un (1) año concedido por los artículos 120 y 121 del Código General del proceso (en adelante CGP) para proferir sentencia, trayendo como consecuencia que el funcionario judicial que conoce del asunto y el que lo llegare a estudiar en segunda instancia, perdieran automáticamente su competencia, máxime cuando el Despacho de conocimiento no ha manifestado justificación alguna por la demora.

Consideró que era evidente la actitud omisiva de la Magistrada Ponente del Tribunal Administrativo del Huila para otorgar la protección a los derechos colectivos conculcados y que por ello le pidió declarar su falta de competencia para seguir conociendo de dicho proceso. No obstante, alegó que esa solicitud fue negada en auto del 18 de febrero de 2021.

Expresó que el 24 de febrero de 2021 radicó un recurso de reposición en contra de la aludida decisión y que, en esa misma fecha, interpuso un incidente de nulidad por falta de competencia, los cuales fueros resueltos desfavorablemente en providencia del 18 de marzo de 2021.

Afirmó que se encuentra en un estado de indefensión debido a la renuencia de la autoridad judicial demandada para actuar y aplicar celeridad al trámite de la acción popular, por lo que se vio en la necesidad de comunicarse vía telefónica con el funcionario designado por la Secretaría de Planeación del Municipio de Neiva para la práctica de la prueba pericial ordenada en auto del 13 de septiembre de 2019, quien le dio a entender que no tenía conocimiento de dicha orden y que “él pensaba que se trataba de una mera visita a un tramo de pavimento”

Dijo que no sabía las causas por las que “hubo un cambio de magistrado ponente el magistrado JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO Magistrado (E), mediante auto del 10 de Mayo de 2021, pero la misma magistrada mediante AUTO del 28 de Mayo negó y cerro el incidente, dejando incólume el incumplimiento de la Secretaria de Planeación del Municipio de Neiva.”

Expresó que agotó todos los recursos que tenía dentro del citado proceso, sin que se diera trámite al mismo, por lo que su última opción era la presente acción de tutela.

Expuso que las providencias emitidas por la Magistrada ponente del Tribunal Administrativo del Huila adolecen de un defecto orgánico, dado que perdió competencia para seguir conociendo del proceso y en consecuencia las mismas eran nulas de pleno de derecho.

Aludió a que también se había incurrido en un defecto fáctico por la falta de pruebas en dicho proceso, en razón a que, como no se ha elaborado el dictamen pericial, ello impediría el esclarecimiento de los hechos indispensables para la solución del caso objeto de controversia.

Arguyó que, con la expedición del auto del 18 de febrero de 2021, se configura un defecto sustantivo, pues fue negada la petición de pérdida automática de competencia de la Magistrada ponente, con base en una norma que no tenía aplicación para esa clase de procedimientos.

TRÁMITE DE LA TUTELA

La acción fue admitida por medio de auto calendado el 26 de julio de 2021, en el que se ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Huila – Sala Quinta de Decisión.

Asimismo, se ordenó comunicar al Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías, a la Agencia Nacional de Infraestructura, al Departamento del Huila, a los Municipios de Acevedo, Pitalito, Suaza, todos del Departamento del Huila, a la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ello en razón al interés que les asiste en las resultas del proceso, toda vez que pueden verse afectados con la decisión definitiva que se adopte dentro del mismo.

Por otro lado, en la anotada providencia se negó la medida provisional solicitada por la parte actora en el libelo introductorio. Por último, se requirió al demandante para que allegara la dirección de notificación de la empresa denominada como Aliadas para el progreso.

El 28 de julio de 2021, la Secretaría General de esta Corporación surtió las notificaciones y comunicaciones en debida forma.

Mediante memorial remitido el 30 de julio de 2021, el Señor Adadier Perdomo Urquina dio respuesta al requerimiento previsto en el auto admisorio y procedió a enviar la dirección de notificación de la empresa Aliadas para el Progreso.

A través de escrito del 30 de julio de 2021, Parques Nacionales Naturales de Colombia solicitó su desvinculación del presente asunto, teniendo en consideración que la acción de tutela de la referencia está dirigida en contra del Tribunal Administrativo del Huila por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso la administración de justicia de la parte actora, sin que esa entidad tenga responsabilidad en los hechos que fueron esgrimidos en el líbelo introductorio.

La ANI, en memorial del 30 de julio de 2021, se refirió al estado del proyecto Carretero Santana-Mocoa-Neiva. Al respecto de dicho contrato, manifestó que lo firmó junto con la empresa Aliadas para el Progreso, con el propósito de desarrollar un corredor vial de altas especificaciones a nivel departamental.

Alegó que ese negocio jurídico fue cedido a la empresa Ruta al Sur SAS, la cual cuenta con todas las facultades para realizar los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la concesión Santana, Mocoa, Neiva.

Luego de aludir al Decreto 4165 de 2011 en los artículos 3 y 4, que determinaron el objeto, las funciones y las obligaciones de la ANI, expresó que esa entidad no había incurrido en la violación de los derechos que son alegados en la demanda y que, por el contrario, ha adelantado todos los trámites y gestiones necesarios para poder proteger los derechos y garantías constitucionales de los administrados.

Resaltó que las peticiones de pérdida de competencia de la Magistrada que conoce la acción popular objeto de controversia y de la presunta mora judicial en que ésta habría incurrido no son imputables a esa entidad, quien apenas ha ejercido los trámites que le son propios a la parte demandada en ese proceso.

Sostuvo que en la presente acción no se cumplieron los requisitos de procedibilidad de una acción de tutela en contra de una providencia, dado que: (i) se estaba planteando el mismo conflicto de la acción popular en el trámite el tutela, por lo que no fue observada la subsidiariedad; (ii) sobre la inmediatez, indicó que no existe un perjuicio irremediable que amerite la protección constitucional solicitada; (iii) en relación con legitimación por pasiva de la ANI, iteró que se ha limitado a comparecer al proceso de acción popular en calidad de parte accionada, y (iv) en lo que hace a la trascendencia iuisfundamental del asunto, advirtió que lo que se demanda “es un mero reparo del actor con la decisión adoptada por el Tribunal accionado”.

En memorial del 2 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo del Huila– Sala Quinta de Decisión, dio respuesta a la acción de tutela de la referencia esgrimiendo los argumentos que pasan a sintetizarse:

Afirmó que el proceso de acción popular objeto de debate se encuentra pendiente del recaudo del material probatorio, pues se está a la espera de que la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Neiva allegue el informe técnico sobre el estado de las vías objeto de la demanda. Advirtió que ese estudio fue requerido nuevamente a dicho ente territorial en auto del 22 de julio de 2021.

Sostuvo que la solicitud presentada por el accionante en la que pidió la declaratoria de pérdida de competencia de la Magistrada Ponente para conocer de la acción popular objeto de controversia, fue negada en proveído del 18 de febrero de 2021, teniendo en cuenta que los términos para la instrucción del proceso, para la etapa de pruebas y para proferir sentencia, se encuentran regulados expresamente los artículos 28 a 35 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el CPACA, por lo que no era adecuado aplicar el artículo 121 del CGP.

Adujo que, en dicha decisión, también le informó al accionante que después de terminada la etapa probatoria sería fallado dicho asunto, dándole prelación por tratarse de un tema de carácter constitucional, pero sin dejar de lado los turnos de ingreso para proferir una decisión de fondo.

Aseveró que, frente al auto del 18 de febrero de 2021, el actor interpuso recurso de reposición que fue desatado en proveído del 18 de marzo de los corrientes, confirmando la providencia recurrida.

Insistió en que se le ha dado trámite a cada una de las solicitudes presentadas por el señor Adadier Perdomo y que en ningún momento ha guardado silencio sobre alguna de ellas. En este punto, efectuó el siguiente análisis, sobre las gestiones adelantadas para dar impulso a la etapa probatoria en dicho proceso:

“-Mediante auto calendado 13 de septiembre de 2019 (folio 651 a 653 C. 4) y proveído del 19 de noviembre de 2019 (folio 682 a 687), el despacho decretó prueba pericial con el objeto de que la Universidad Surcolombiana designara un ingeniero civil para llevar a cabo un estudio técnico conforme lo dispone el numeral 2° del artículo 229 del C.G.P.

• Sin embargo, mediante escrito del 30 de enero de 2020 (folio 905-906) el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad dio cuenta de la imposibilidad de prestar su colaboración para la práctica de la experticia, en razón de que la facultad era nueva (6 años) y no contaba con personal y los recursos técnicos para su realización; además, el asunto a tratar requería formación en vías y pavimento, lo que podía solventarse por el Director del INVIAS Regional Huila, como entidad vinculada al proceso.

• Conforme a la anterior respuesta, el 6 de febrero de 2020 (fl.991-1004), este despacho requirió en audiencia de práctica de pruebas a la Secretaría de Vías e Infraestructura del municipio de Neiva para que emitiera el informe técnico solicitado. No obstante, y luego de celebrada la continuación de la audiencia el 18 de febrero de 2020, en oficio radicado el 2 de marzo del 2020, la Secretaría de Infraestructura indicó que la demanda no fue dirigida a esa entidad, y por tal motivo no podía rendir el informe al que se hizo alusión (fl.1061).

• El 5 de agosto de 2020, esta Corporación ordenó por segunda vez a la Secretaría de Vías e Infraestructura de Neiva para que presentara el informe técnico. No obstante, en memorial radicado el 14 de septiembre de 2020 (archivo 3 expediente digital), esta entidad informó que no podía colaborar con la pericia requerida, por no contar con el personal idóneo y disponible para tal efecto.

• En virtud de lo indicado y la insistencia del actor en el recaudo de la prueba, en providencia del 22 de octubre de 2020, nuevamente el despacho requirió al municipio de Neiva para que informara el número de personas que integraba la Secretaría de Infraestructura, y cuáles de ellas tenía la profesión de ingeniero civil o topógrafo.

• Una vez dada la información en oficio del 10 de diciembre de 2020, (archivo 024 expediente digital), el 18 de febrero de 2021 el despacho ordenó nuevamente a la Secretaría de Infraestructura que presentara el informe, conforme lo mencionado en la audiencia del 11 de febrero de 2020 y lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 472 de 1998, y 234 del C.G.P.

• El 13 de enero del 2020, el actor solicitó que se declarara la pérdida automática de la competencia, pedimento que fue negado en auto del 18 de febrero de 2021 y confirmado el 25 (Sic) de marzo del mismo año (Archivo 037).

• El 10 de mayo de 2021, ante el incumplimiento del ente territorial, el despacho abrió incidente de desacato en contra del señor Norberto Palomino Ríos, en calidad de secretario de Infraestructura del municipio de Neiva. Sin embargo, el 28 de mayo siguiente, en atención a las pruebas allegadas por la entidad, esta instancia judicial declaró que el señor en cita no había incurrido en desacato (Archivo 044). De igual forma, en la misma decisión se puso de presente a la Secretaría de Infraestructura del Municipio la necesidad de precisar los costos y gastos que se requerían para practicar la prueba pericial y continuar el trámite de desembolso ante el Fondo Nacional de Derechos Colectivos.

• En atención a que la Secretaría de Infraestructura del Municipio no tenía claro el trámite que debía adelantar para obtener el desembolso de los recursos para llevar a cabo la prueba pericial, por cuanto el actor popular contaba con amparo de pobreza, esta Corporación emitió el auto interlocutorio el 22 de julio del 2021, con el fin de requerir lo ordenado en el auto del 28 de mayo de 2021, para que en el término de quince (15) días se diera cumplimiento a lo allí dispuesto, so pena de incurrir en sanción (Archivo 057).”

Expresó que no ha incurrido en ninguno de los defectos enunciados por el accionante en el escrito de la tutela, pues, si bien existe demora en el trámite de las pruebas, esa circunstancia no es atribuible a esa entidad, ya que ha realizado todas las gestiones pertinentes para que se practiquen las faltantes lo más pronto posible.

Arguyó que la demora en la realización de éstas no sólo se debe al retraso de las entidades que deben rendir el respectivo informe, sino que también se ha generado por el costo, dado que el actor cuenta con un amparo de pobreza, lo que implica que deba hacerse el trámite respectivo ante el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.

Advirtió que abrió un incidente de desacato en contra de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Neiva, quien le informó sobre la asignación del ingeniero civil que realizaría la visita técnica, por lo que está pendiente la consecución de los recursos para rendir el mismo.

Concluyó que “si bien la parte accionante puso de presente el cambio de magistrado ponente, sin que se hubiera dado celeridad al presente asunto, debo anotar que la anterior titular del despacho tuvo dos incapacidades, una del 14 de abril hasta el 26 de mayo de 2021, otorgada por el Consejo de Estado, mediante oficio 2021-1355 y otra desde el 27 al 31 de mayo. Así mismo, en virtud del Acuerdo No. 068 del 4 de mayo, expedido por el Consejo de Estado, la titular fue trasladada en propiedad al Tribunal Administrativo de Boyacá, por lo que el Presidente del Tribunal Administrativo del Huila asumió el encargo hasta el 26 de julio de 2021, momento en el que tomé posesión como magistrada en provisionalidad.”

A través de escrito enviado el 2 de agosto de 2021, la Entidad INVIAS pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela de la referencia debido a que la autoridad judicial demandada ha actuado de manera diligente dándole el debido curso a la citada acción popular.

Señaló que, en providencia del 22 de julio de 2021, fue otorgado un término de quince (15) días al Secretario de Infraestructura del Municipio de Neiva para expedir el informe técnico sobre el estado actual de la vía que es motivo de discusión. Adujo que dicho lapso vence el 12 de agosto de 2021, por lo que hasta después de esa fecha el Tribunal no podrá continuar con el respectivo trámite.

Recalcó que la autoridad accionada no ha incurrido en negligencia y que, por eso, no se puede declarar la pérdida de competencia automática de la misma, dado que esa figura procesal sólo procede cuando existan dilaciones injustificadas.

El Ministerio de Transporte, en memorial del 2 de agosto de 2021, pidió se declare la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, bajo los siguientes argumentos:

Expresó que esa cartera ministerial no es la encargada de velar por los estados de las vías del país, debido a que dichas facultades son del resorte del INVÍAS, la ANI o del Municipio donde se encuentren las carreteras.

Afirmó que no existe la vulneración de los derechos que invoca el señor Perdomo Urquina, pues de la lectura del escrito demandatorio lo que se advierte es un interés particular frente a los daños causados a su predio.

Arguyó que tampoco fue desconocido el derecho al debido proceso administrativo, en razón a que el accionante no ha radicado ninguna petición ante las autoridades que fueron demandadas en el asunto de la referencia.

Por último, solicitó que se la desvincule del presente asunto y que no “se le debe deducir ningún tipo de responsabilidad al MINISTERIO DE TRANSPORTE por mí representado, en los hechos motivo de la acción, de ser ellos comprobados por AUSENCIA DEL NEXO CAUSAL ENTRE EL AGENTE IMPUTADO COMO RESPONSABLE Y EL PRESUNTO DAÑO CAUSADO”

En el índice 17 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI, reposa una solicitud de coadyuvancia a la parte actora que fue presentada por la señora Daniela Soto Barrera, bajo los siguientes fundamentos:

Afirmó que la figura de la coadyuvancia se encuentra prevista en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, norma que le otorga la garantía de participar dentro de los procesos de tutela cuando la decisión que sea adoptada en ese trámite pueda afectar sus derechos. Dijo que esa clase de solicitudes se pueden realizar mientras no se haya dictado sentencia de única o en segunda instancia.

Mencionó que la acción popular que es objeto de debate busca evitar el daño contingente, la cesación de peligro, amenaza y la vulneración o agravio por el mal estado de las vías al interior del Municipio de Acevedo – Huila, incluyendo las calles en el casco urbano, y también las carreteras de acceso a los Municipios de Suaza y Pitalito del mismo Departamento.

Sostuvo que la autoridad judicial accionada tomo una posición dilatoria sobre ese proceso, por lo que se vio en la necesidad de acudir al mecanismo de la acción de tutela.

Consideró que, además de los derechos enunciados por el tutelante, también se ven vulnerados el de la vida, salud, trabajo y mínimo vital, dado que las carreteras destapadas de ese municipio representan cerca del noventa y tres por ciento (93 %) de las existentes, lo que perjudicaba a pequeños y grandes agricultores, quienes no alcanzan a llevar sus productos a los centros de distribución. Además, recalcó que en ese municipio los accidentes son constantes debido a la falta de señalización.

El Departamento del Huila, las Alcaldías Municipales de Acevedo, Pitalito y Suaza - Hula, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la empresa Aliadas para el Progreso, no emitieron ninguna manifestación en relación con la presente acción de amparo.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo previsto por el numeral séptimo del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

Cuestión previa.

De manera previa a abordar el fondo del asunto, observa la Sala que la señora Daniela Soto Barrera, en escrito visible en el índice número 17 del Sistema de Gestión SAMAI, intervino en el presente asunto, pidiendo se la reconozca como coadyuvante de la parte actora.

A efectos de resolver la procedencia de dicha solicitud es preciso indicar que, sobre la figura de la coadyuvancia en una petición de amparo, el inciso 2° del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, señala lo siguiente:

“Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes.

(…)

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en el cómo coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.”

En relación con la interpretación de la mencionada disposición, la Corte Constitucional la ha definido tanto en escenarios en los que se adelanta esta acción contra providencias judiciales como en los que dichas decisiones no son el objeto de la controversia. En sentencia T-1062 de 2010, sostuvo:

“4. La coadyuvancia en la acción de tutela

La reglamentación procesal de la acción de tutela prevé, en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, las figuras de la coadyuvancia y de la agencia oficiosa como dos instituciones procesales distintas. Respecto de la primera de estas, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el coadyuvante “es un tercero que tiene con una de las partes una relación sustancial que, indirectamente, puede verse afectada si la parte a la que coadyuva obtiene un fallo desfavorable.”

En este orden de ideas, la misma jurisprudencia indica que “el coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del proceso, las facultades que le son permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la parte, pues de la esencia de la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única o de segunda instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer pretensiones propias.”

Frente a este planteamiento, es claro entonces que la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia.” (Subrayas de la Sala)

De ahí que, tratándose de la figura de coadyuvancia en el procedimiento de una acción de tutela, únicamente es exigido que el interviniente acredite tener un interés legítimo para participar en el trámite judicial. Ahora bien, sobre el alcance del escrito de intervención, se observa que dicho tercero debe compartir los hechos y fundamentos de derecho en que se fundamenta el escrito demandatorio, sin que le sea permitido agregar nuevos planteamientos o realizar reclamaciones propias.

En ese sentido, se pronunció esta Sección en providencia del 9 de abril de 2019, al estudiar la procedencia de la coadyuvancia en una acción de tutela dirigida en contra del Consejo Superior de la Judicatura y de la Universidad Nacional, como consecuencia del Concurso de Jueces y Magistrados llevado a cabo a través de la Convocatoria No. 27 de 2018; veamos:

“En calidad de terceros interesados, los ciudadanos Gustavo Adolfo Sandova, Cirley González, Grace Vanessa Carrillo Carrillo, José Antonio Velásquez Santiago, Jhonattan José Rodríguez Silva, Edgar Miguel Acero Sánchez, Jesús Alejandro Portilla, Ricardo Antonio Peralta Castellanos, Adelma Isabel Ávila Doria, Tatiana Ocampo Noreña, Viviana Quetema, Gustavo Adolfo Campiz Jiménez, Katerin De Castro Mulford, María Patricia Rosero, Julio Cesar Castillo Inocencio, Pablo Antonio Guerrero Patiño, Álvaro Mauricio Montoya Correa, Cayetano Vásquez Sánchez, Hernán Alejandro Olano García, Paola Rodríguez, Ángela Carolina Salamanca Pulido, Giovany Alonso Arredondo Guerrero, Teci Negron, Sandra Paola Artunduaga Tole, Viviana Quetama, Ciro Alfonso Gómez García, Gabriel Jaime Aguilar Correa, Alexander Mateus Rodríguez, Natalia Ramos Yépez, Fabio Alberto Burbano Vásquez, Margarita María Serna Álzate, Grace Vanessa Carrillo, Dayana Norato Montoya, Luis Miguel Martín Albarracín, María Patricia Valencia Rodríguez, Hernán Cristóbal Vargas Galeano, Giovana Carolina Cantillo García, Mónica Isaza, William Herrera Hernández y Euver Bohórquez Olivero, solicitaron el amparo de los mismos derechos fundamentales invocados por la parte actora, presuntamente vulnerados por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura para que, como consecuencia de ello, se haga entrega de la misma documentación solicitada por la respectiva parte actora.

Sobre el particular y para resolver el asunto, la Sala estima pertinente resaltar que, dentro del trámite de las acciones de tutela, son considerados sujetos procesales: i) el actor o actores, que son los titulares de los derechos fundamentales presuntamente afectados o amenazados por las conductas que se debaten; ii) las personas o entidades públicas contra quienes se dirige la acción y; iii) los terceros que tengan interés legítimo en el resultado del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

De acuerdo con ésta última disposición, los terceros con interés pueden actuar como coadyuvantes de alguna de las partes; por lo que las facultades para su intervención en el proceso se limitan, como lo establece la figura de la coadyuvancia, a apoyar las razones o argumentos para la determinación y protección de un derecho ajeno.

Ello es así, porque, por definición, los coadyuvantes son aquellos terceros que no reclaman un derecho propio para que sobre él haya decisión en el proceso, sino que tienen un interés personal en la suerte que corra la parte que coadyuva.

Por tanto, si bien pueden realizar distintas actuaciones dentro del proceso, no les es permitido intervenir para presentar sus propias pretensiones, aunque la cuestión que alegue o pretenda, guarde similitud con la situación fáctica demandada de alguna de las partes.” (Subrayas de la Sala).

A propósito de coadyuvancias en acciones de tutela adelantadas contra providencias judiciales, la Corte Constitucional en sentencia T-269 de 2012, dijo:

“en la acción de tutela contra providencias judiciales los parámetros para estudiar la intervención de los terceros son mucho más estrictos. En primer lugar, siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un interés legítimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no están facultados para solicitar la protección de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicitó el amparo, pues es la solicitud de este último la que le da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una acción de tutela diferente y no que presente en el trámite de amparo de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad.

Esto último es indispensable atendiendo al carácter excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Aun cuando por regla general el juez constitucional no puede entrar a examinar los fallos de otros jueces excepto en las extraordinarias situaciones en las que la providencia es violatoria de los derechos fundamentales, en los eventos en los que adquiere potestad para hacerlo por reunirse los requisitos generales y específicos de procedibilidad, su competencia sigue teniendo como límites los principios de seguridad jurídica, autonomía judicial y respeto por la cosa juzgada. Ellos se verían afectados en una medida mucho mayor si el juez constitucional avoca el estudio, no solo de los defectos planteados por el accionante, sino sobre otros defectos ‘nuevos’ que otros intervinientes pudieran aducir, toda vez que podrían ventilarse en una acción de carácter excepcional y subsidiaria la totalidad de los aspectos debatidos en las instancias precedentes. Un escenario como el planteado convertiría la acción de tutela en una tercera instancia, pese a que la Corte ha proscrito expresamente esta hipótesis. En este sentido, admitir las controversias propuestas por los terceros dentro del proceso de tutela en relación con sus propios derechos y con independencia de los hechos y derechos planteados por el accionante, desnaturalizaría la acción constitucional”. (Subrayado por la Sala)

En tal contexto, se admitirá la intervención de la señora Daniela Soto Barrera, dado que tiene un interés legítimo para intervenir en el asunto de la referencia, debido a que afirma que es habitante del Municipio de Acevedo – Huila y asegura que se ve afectada en razón a la supuesta demora en que ha incurrido la autoridad judicial demandada para adoptar una decisión de fondo en la acción popular en la cual se busca la protección de los derechos colectivos de los residentes de ese municipio por el mal estado de sus vías.

Visto lo anterior, tendrá que precisarse el alcance de los planteamientos efectuados por la citada coadyuvante en su escrito de intervención, a efectos de determinar su procedencia, a la luz de los requisitos jurisprudenciales anteriormente señalados.

Pues bien, tal y como se indicó en los antecedentes, el demandante en el libelo introductorio invocó como vulnerados sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso sin dilaciones injustificadas y al acceso de un juicio oportuno, como pilares de una recta y oportuna administración de justicia, como consecuencia de la presunta mora judicial en que ha incurrido el Tribunal Administrativo del Huila para expedir la sentencia de primera instancia en la acción popular identificada con número de radicado 41001 23 33 000 2018 00159 00. Igualmente, cuestiona que la providencia del 18 de febrero de 2021, confirmada en sede de reposición en proveído del 18 de marzo de 2021, incurrieron en defecto sustantivo, y que los autos proferidos con posterioridad a esa fecha adolecen de un defecto orgánico, como quiera que la autoridad judicial accionada perdió automáticamente su competencia para conocer ese asunto.

Por su parte, la señora Soto Barrera, además de compartir los citados reparos, señaló que fueron desconocidos los derechos fundamentales a la vida, salud, trabajo y al mínimo vital, en razón a la falta de pavimentación de las carreteras del Municipio de Acevedo – Huila y de la mora de la autoridad accionada para pronunciarse de fondo sobre la mencionada acción constitucional.

Por consiguiente, es claro para la Sala que los reproches referidos a éstos últimos derechos fundamentales no pueden ser analizados en esta sede, toda vez que se trata de planteamientos distintos al expuesto en el libelo introductorio, que deberán ser ventilados en un proceso diferente, pues no han sido invocados por el señor Adadier Perdomo Urquina en el trámite de la referencia.

Hechos

El señor Adadier Perdomo Urquina, en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, presentó demanda en contra del Ministerio de Transporte, el Invias, la ANI, el Departamento del Huila, el Municipio de Acevedo – Huila, el Municipio de Pitalito - Huila, el Municipio de Suaza - Huila y la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia. A dicho proceso le correspondió el radicado nro. 41001 23 33 000 2018 00159 00.

El Tribunal Administrativo del Huila, Sección Quinta de Decisión, en auto del 29 de junio de 2018, admitió el escrito introductorio y ordenó el trámite de rigor.

La Corporación Judicial demandada, en providencia del 13 de septiembre de 2019, decretó la práctica del dictamen pericial solicitado por la parte accionante y ordenó oficiar a la Universidad Surcolombiana a efectos de que designaran un ingeniero civil que realizara el estudio técnico.

Sin embargo, ese ente universitario señaló que no contaba con la experiencia para llevar a cabo dicho informe, circunstancia que condujo a que, en auto del 6 de febrero de 2020, el mismo fuera encomendado a la Secretaría de Vías e Infraestructura del Municipio de Neiva.

El 13 de enero de 2021, el actor solicitó a la Magistrada ponente del Tribunal Administrativo del Huila que declarara su pérdida automática de competencia para conocer de esa acción popular, solicitud que fue negada en providencia del 18 de febrero de 2021 y confirmada en proveído del 18 de marzo de los corrientes, tras haber sido interpuesto un recurso de reposición.

El Tribunal Administrativo del Huila, en auto del 10 de mayo de 2021, abrió incidente de desacato en contra del Secretario de Infraestructura del Municipio de Neiva, que fue archivado en proveído del 28 de ese mes y año. Igualmente, en esta última providencia, el mencionado funcionario fue requerido para que indicara de forma detallada cuál era el valor y costo de la prueba pericial decretada.

En proveído del 12 de julio de 2021, se ordenó al Secretario de Infraestructura del Municipio de Neiva que, en un plazo de quince (15) días, estimara el valor del peritaje.

Inconforme con lo acontecido y evidenciando lo que, a su juicio, configura mora judicial, el señor Adadier Perdomo Urquina interpuso la acción de tutela de la referencia invocando la protección de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso sin dilaciones injustificadas y al acceso de un juicio oportuno, como pilares de una recta, oportuna administración de justicia. Dicha petición fue coadyuvada por la ciudadana Daniela Soto Barrera.

También indicó que la providencia del 18 de febrero de 2021 incurrió en un defecto sustantivo y que las demás proferidas en ese trámite de acción popular adolecen del defecto orgánico.

Planteamiento

Teniendo en cuenta lo anterior, lo que advierte la Sala es que son dos los reproches con fundamento en los cuales se interpuso la acción de tutela de la referencia, a saber: (i) el atinente a la mora judicial en la que, a juicio del actor, incurrió el Tribunal Administrativo del Huila, pues no ha emitido sentencia que resuelva un conflicto originado en una demanda impetrada en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 144 del CPACA, y (ii) el referido a la inconformidad sobre las providencias expedidas en el sentido de rechazar la solicitud de pérdida de competencia respecto de las cuales se invocan los defectos sustantivo y orgánico.

Mora Judicial

Bajo tal perspectiva, la Sala tendrá que definir en primer lugar si incurre en mora judicial el Tribunal Administrativo del Huila y por ende vulnera los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso sin dilaciones injustificadas y al acceso de un juicio oportuno, como pilares de una recta y oportuna administración de justicia, si se interpuso una demanda en ejercicio del medio de control de defensa de derechos e intereses colectivos el 29 de abril de 2018, se decretó la práctica de un dictamen pericial el 13 de septiembre de 2019 y a la fecha no se ha practicado dicha prueba y por ende no se ha resuelto de fondo el proceso.

Al respecto, es menester referir que el artículo 29 de la Constitución Política consagró el derecho fundamental al debido proceso, normativa que debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Así mismo, dispuso en el artículo 228 que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”, prescribiendo en el artículo 229 el derecho de acceso a la administración de justicia.

La Corte Constitucional, en la sentencia T - 803 de 2012, se refirió a la violación del debido proceso por mora judicial en los siguientes términos:

“9.2. Esta corporación ha definido la mora judicial como ‘un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia’, y que se presenta como ‘resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos’. No obstante, para establecer si la mora en la decisión oportuna de las autoridades es violatoria de derechos fundamentales, es preciso acudir a un análisis sobre la razonabilidad del plazo y establecer el carácter ‘injustificado’ en el incumplimiento de los términos.

De esta manera, ‘puede afirmarse que, de conformidad con la doctrina sentada por esta Corporación, la mora judicial o administrativa que configura [la] vulneración del derecho fundamental al debido proceso, se caracteriza por: (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii) [el desborde del] concepto de plazo razonable que involucra [un] análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y el análisis global de procedimiento;[y finalmente;] (iii) la falta de motivo o justificación razonable en la demora’ (…)”.

Así entonces, la jurisprudencia constitucional coincide en que la tardanza en la resolución de un asunto sometido al conocimiento de la jurisdicción, en circunstancias específicas, puede derivar en vulneración al derecho fundamental al debido proceso, de manera que habrá que analizar “(i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión de la dependencia, (ii) el cumplimiento de las funciones propias de su cargo por parte del funcionario, (iii) complejidad del caso sometido a su conocimiento y (iv) el cumplimiento de las partes de sus deberes en el impulso procesal”, en aras de determinar si se está ante un escenario de mora judicial injustificada o si la ponderación de las circunstancias específicas explica el retardo.

En ese sentido, esa Corporación ha entendido como justificada la mora judicial cuando “[s]e está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende, o se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles”.

En tal orden, resolver el problema propuesto a la luz de los criterios descritos, impone efectuar un relato del historial del proceso motivo de la litis: pues bien, la demanda adelantada en el expediente identificado con el número 41001 23 33 000 2018 00159 00 fue radicada el 20 de abril de 2018 y repartida inicialmente al Despacho de la Dra. Lida Yannette Manrique Alonso, entonces Magistrada del Tribunal Administrativo del Huila, quien posteriormente sería remplazada por la doctora Beatriz Teresa Galvis Bustos.

Mediante providencia del 29 de junio de 2018, dicha autoridad judicial admitió el líbelo introductorio; el 13 de septiembre de 2019, abrió el proceso para pruebas, decretando la práctica del dictamen pericial solicitado por la parte demandante y ordenando oficiar a la Universidad Surcolombiana a efectos de que designaran un ingeniero civil que realizara el estudio técnico. Sin embargo, dicha institución universitaria manifestó que no contaba con la experiencia para realizar el informe, razón por la cual, en auto del 6 de febrero de 2020, se ofició a la Secretaría de Vías e Infraestructura del Municipio de Neiva, para que lo efectuara.

Posteriormente, el 12 de enero de 2021, el accionante solicitó a la Magistrada Ponente del Tribunal Administrativo del Huila que declarara su pérdida automática de competencia para conocer de esa acción popular, petición que fue negada en auto del 18 de febrero del mismo año y confirmada en proveído del 18 de marzo de los corrientes.

A través de Acuerdo No. 068 del 4 de Mayo de 2021, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, se ordenó el traslado de la doctora Galvis Bustos al Tribunal Administrativo de Boyacá, circunstancia que condujo a que Jorge Alirio Cortés Soto, en su calidad Presidente del Tribunal Administrativo de Huila, conociera en encargo de esa acción popular hasta el 26 de julio de los corrientes, momento en el que la Magistrada Martha Isabel Piñeros Rivera asumió el trámite de ésta.

En proveído del 10 de mayo de 2021, se abrió incidente de desacato en contra el Secretario de Infraestructura del Municipio de Neiva, que fue archivado en auto del 28 de mayo de ese año. En esta última providencia, también, se requirió al mencionado Secretario para que indicara cuál era el valor de los gastos y costos necesarios para la realización de la prueba pericial decretada a su cargo, ello con el objeto de agotar el respectivo trámite ante el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.

En auto del 12 de julio del 2021, fue requerido nuevamente el Secretario de Infraestructura del Municipio de Neiva, para que, un plazo de quince (15) días, allegara la información sobre el valor del peritaje.

Bajo tal perspectiva, es claro para la Sala que, aun cuando los términos consagrados en los artículo 28 de la Ley 472 de 1991 para el trámite de los procesos adelantados en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos no fueron cumplidos, es evidente que el retardo se justifica, en razón a que las entidades a las que le fue encargada la práctica de la prueba pericial no han tenido las capacidades para cumplir dicha orden, y a que deben reunirse los valores necesarios para llevar a cabo a la práctica de ésta, debido a que el actor cuenta con un amparo de pobreza.

Así las cosas, debe tenerse presente que el Tribunal Administrativo del Huila sí ha cumplido las funciones adscritas a su cargo, al punto que, incluso, ordenó abrir un incidente de desacato en contra del Secretario de Infraestructura del Municipio de Neiva por no realizar gestiones tenientes al cumplimiento prueba que le fue encomendada, pero ha sido la falta de diligencia de dicha entidad para darle cumplimiento a la prueba requerida por la parte demandante y la ausencia de recursos para llevar a cabo la experticia, la que le ha impedido actuar con mayor celeridad en ese trámite procesal.

Ahora, debe tenerse presente que, tanto en el proceso cuya mora se acusa como en los demás que se encuentran adelantándose en la Rama Judicial, se presentaron situaciones imprevisibles ajenas a la Administración de Justicia ocasionadas por virtud de la pandemia por COVID-19, de las que se derivó, entre otras medidas, la suspensión de términos judiciales y la adopción de protocolos de bioseguridad que, pese a limitar el acceso físico a los Despachos, no redujo la productividad en términos cuantitativos.

En lo concerniente al nivel de complejidad del asunto, observa la Sala que también se encuentra configurado, toda vez que el proceso se encuentra en periodo probatorio, cumplido el cual debe el Despacho correr traslado para las alegaciones finales y, de acuerdo con lo que conste en el expediente, resolver si halla o no prosperidad el reparo que expuso el accionante frente a la protección de los derechos colectivos invocados en su libelo introductorio.

Así las cosas, para la Sala no resulta viable declarar que el Tribunal Administrativo del Huila está incurriendo en mora judicial, pues lo cierto es que no se encuentra acreditada una conducta negligente frente a sus deberes constitucionales, dada la evidente justificación en el retraso en la emisión de una decisión definitiva. No obstante, se exhorta a dicha Corporación Judicial con el objeto de que requiera nuevamente al Secretario de Infraestructura del Municipio de Neiva, para que allegue el valor del peritaje ordenado en providencia del 13 de septiembre de 2019.

En consecuencia, la Sala negará el amparo de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso sin dilaciones injustificadas, al acceso oportuno de sentencia judicial, como pilares de la recta administración de justicia, y los principios de eficacia de la acción popular, de oficiosidad y de prevalencia del derecho sustancial en el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, en razón a que el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Quinta de Decisión, no está actuando de una manera irracional frente a la demora en el trámite.

Resuelto lo anterior, procederá la Sala absolver lo concerniente a los defectos sustantivo y orgánico que fueron invocados en la demanda.

Análisis de las providencias emitidas el 18 de febrero de 2021 y 18 de marzo de 2021.

Al respecto de las providencias objeto de reproche, observa la Sala que el demandante cuestiona las expedidas el 18 de febrero y el 18 de marzo de los corrientes, por medio de las cuales se negó la petición de pérdida automática de competencia del Tribunal Administrativo del Huila y se confirmó dicha decisión al resolver un recurso de reposición, respectivamente. Sobre las mismas el accionante afirmó que adolecen de defecto sustantivo al aplicar disposiciones de las Leyes 472 de 1998 y 1437 de 2011, cuando el artículo 121 del CGP prevé un plazo perentorio de un (1) año para que sea expedida la correspondiente sentencia de primera instancia, so pena de que los funcionarios de conocimiento pierdan sus facultades para conocer del trámite puesto a su consideración.

Asimismo, controvierte las demás decisiones judiciales proferidas por la autoridad accionada a partir del 18 de marzo de 2021, pues, a juicio del señor Perdomo Urquina, el Tribunal Administrativo del Huila ya no era competente para su expedición y, por ende, las mismas eran nulas de pleno derecho.

Enseguida se verificará el cumplimiento de los requisitos generales de la acción de tutela en contra de las anotadas providencias.

Requisitos generales

Tratándose de tutelas contra providencias judiciales, la jurisprudencia constitucional adoptó los siguientes requisitos de carácter general, los cuales han sido acogidos por esta Corporación:

“[…] a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones13. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable14. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración15. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora16. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible17. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela18. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. […]”

En esta medida, advierte la Sala que: (i) no procedían otros medios de defensa en contra de la providencia del 18 de febrero de 2021, toda vez que el Tribunal Administrativo del Huila confirmó su decisión de negar la petición de pérdida automática de competencia en auto del 18 de marzo de 2021; (ii) fue cumplido el requisito de inmediatez, por cuanto el último proveído en cuestión fue notificado a las partes el 19 de marzo de los corrientes, sin que se haya sobrepasado el término de seis (6) meses; (iii) por otro lado, la accionante esgrimió que la providencia accionada adolecía de defecto sustantivo y que las proferidas con posterioridad a esa fecha incurrieron en defecto orgánico debido a que ese Tribunal no tenía competencia para su expedición, y (iv) no se trata de una providencia contenida de una sentencia de tutela.

Ahora, en cuanto al requisito de relevancia constitucional, se debe verificar que el escrito demandatorio: (i) invoque la vulneración de derechos fundamentales, (ii) exponga las razones de vulneración de esos derechos fundamentales, y (iii) que la transgresión suponga un atentado contra el núcleo esencial de los derechos invocados, requisitos que exigen del juez de la tutela un examen de las razones del actor para afirmar que hay amenaza o vulneración de un derecho fundamental, comparadas con su núcleo fundamental.

En ese orden, se advierte que la parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso sin dilaciones injustificadas y al acceso de un juicio oportuno.

En consecuencia, el estudio del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional se efectuará en relación con el derecho fundamental al debido proceso, en la medida que, desde la perspectiva constitucional, éste integra las demás garantías que fueron antes señaladas.

Así, en relación con el derecho fundamental al debido proceso, es pertinente indicar que, conforme lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, el núcleo fundamental al debido proceso está integrado por las siguientes garantías: i) el principio de legalidad; ii) el principio del juez natural; iii) el derecho a la observancia de las formas propias de cada juicio; iv) el principio de favorabilidad; v) el derecho a la presunción de inocencia; vi) el derecho a la defensa; vii) derecho a la publicidad de las actuaciones procesales y la no dilatación injustificada de las mismas; viii) el derecho a presentar y controvertir pruebas; ix) el derecho a impugnar las providencias; x) el principio de non reformatio in pejus; xi) el derecho a no declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o ciertos parientes; xii) el principio de independencia judicial; xiii) el derecho de acceso a la administración de justicia.

Ahora bien, en lo concerniente a los argumentos expuestos en el escrito de tutela que sustentan la configuración de los defectos sustantivos y orgánico, se observa que el accionante reprocha a la decisión enjuiciada, que fue resuelta con base en normas que no eran aplicables en un trámite de acción popular y a que eran nulas las actuaciones proferidas por la autoridad demandada, toda vez que esa Corporación judicial había perdido automáticamente su competencia al no dictar la sentencia de primera instancia dentro del año siguiente a la radicación de la demanda.

Siendo ello así, a juicio de la Sala, dichos reparos tienen la connotación de comprometer el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, por cuanto se cuestiona un atributo principal que determina incluso la posibilidad de que se declare la nulidad de una futura sentencia que defina la controversia, cual es el de la competencia del Tribunal Administrativo del Huila para continuar conociendo de la mencionada acción popular.

Así las cosas, como quiera que se cumple el requisito general de relevancia constitucional en relación con el derecho fundamental al debido proceso, procederá la Sala a analizar de fondo la presente acción constitucional, a la luz de los defectos que se aducen respecto de las providencias emitidas en el proceso adelantado en ejercicio del artículo 144 del CPACA.

Defecto Sustantivo

Este defecto alude al aspecto normativo que sustenta las decisiones judiciales, y se erige como causal de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias en consideración a que, si bien la competencia asignada a los jueces para interpretar y aplicar las normas jurídicas se encuentra amparada por los principios de autonomía e independencia, ésta no es absoluta, pues al ser una atribución que emana de la función pública de administrar justicia está limitada por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

Ahora bien, los criterios señalados suponen que la irregularidad que se invoca debe ser de tal importancia y gravedad que haya dado lugar a una decisión violatoria de derechos fundamentales, pues la configuración del defecto sustantivo no puede darse a partir de cualquier diferencia con la interpretación en que se funda una decisión judicial; ello, ya que el derecho es dinámico y constituye una ciencia cultural en la que bien pueden debatirse vías jurídicas distintas para resolver un mismo caso, y todas ellas resultar razonables y compatibles con las garantías y derechos fundamentales de los sujetos procesales, pues son distintas las escuelas de pensamiento jurídico y variados los métodos de interpretación que se utilizan para resolver un problema. Precisamente de ello deriva la autonomía de los jueces en su labor de administración de justicia y la necesidad de establecer órganos de cierre.

Ahora bien, resulta pertinente precisar que en la jurisprudencia constitucional se han identificado varias situaciones que ponen de presente la existencia de un defecto material en una providencia judicial. En atención a los presupuestos que las configuran, dichos eventos pueden agruparse en i) el defecto sustantivo que plantea un conflicto en relación con la fuente formal de la providencia que se ataca y, ii) el defecto sustantivo en torno al método de interpretación de la norma jurídica que fundamenta la decisión, a saber:

Defecto sustantivo respecto de la fuente:

Tiene lugar cuando la sentencia se fundamenta en una norma que indiscutiblemente no es aplicable al caso bajo examen por cuanto, a) es inexistente, b) ha sido declarada contraria a la Constitución, o c) está derogada y por tanto perdió vigencia. Asimismo, tiene lugar este defecto cuando de forma manifiestamente arbitraria y grosera se aplica una norma legal que no se adecúa a la situación fáctica del caso, lo cual debe ser debidamente alegado y probado ante el juez constitucional, a riesgo de desconocerse la autonomía del funcionario judicial que dictó la providencia.

Defecto sustantivo en torno al método:

Se configura cuando la fuente formal de la sentencia radica en una norma aplicable al asunto bajo examen, por lo que hay acuerdo al respecto, pero la hermenéutica que de ella se hace no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable y aceptable, o “[…] la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes […]”, o cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática.

Así las cosas, tendrá que definirse si incurre en defecto sustantivo la providencia que negó la solicitud de pérdida automática de competencia de un Juez de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con ocasión de una demanda impetrada en ejercicio del medio de control protección de los derechos e intereses colectivos, si han transcurrido más de tres (3) años desde su radicación sin que se expida la correspondiente sentencia de primera instancia.

En consecuencia, en aras de determinar si se incurrió en el aludido defecto, es necesario retrotraerse a lo analizado en la providencia censurada. Pues bien, en el auto del 18 de febrero de 2021, que negó la solicitud de perdida automática de competencia, el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Quinta de Decisión, planteó lo siguiente como problema jurídico:

“(…) con el fin de resolver la solicitud de pérdida automática de competencia bajo el fundamento señalado en el artículo 121 del C.G.P., debe indicarse que tal disposición normativa es incompatible e inaplicable en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues no existe vacío normativo en la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.) en lo que respecta a la duración del proceso y los términos en que se debe proferir la sentencia, que sugiera acudir a otro cuerpo normativo para resolver tal aspecto.”

Para resolver explicó lo siguiente:

“En efecto, el artículo 306 del C.P.A.C.A. señala:

“Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”

Tratándose de los términos de instrucción del proceso, la etapa de pruebas y el término para proferir la sentencia, éstos se encuentran regulados expresamente en los artículos 28 a 35 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el C.P.A.C.A., por consiguiente, resulta inapropiado acudir al Código General del Proceso para regular estos aspectos que si se encuentran regulados en una norma específica.

Por lo que al no existir vacío normativo que permita la aplicación del artículo 121 de C.G.P. no solo en la Ley 472 de 1998 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”, sino en el procedimiento contencioso administrativo, no es viable acceder a la solicitud realizada por el actor popular.

Sobre el particular, es preciso traer al presente análisis los argumentos expuestos por la Magistrada de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, en su artículo titulado “La vigencia del Código General del Proceso en los procesos de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”, en donde indicó:

“…El artículo 121 del Código General del Proceso que prevé un (1) año como término máximo para la duración del proceso, en primera instancia, y seis (6) meses en segunda, también resulta incompatible con el procedimiento administrativo.

La primera razón que sustenta esta afirmación es la congestión judicial actual de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo que en la práctica hace imposible dar cumplimiento a esa previsión. Y, aunque este argumento no es jurídico sino práctico, tiene plena comprobación en el hecho de que en la Jurisdicción Ordinaria Civil la aplicación de la Ley 1564 de 2012 está suspendida, entre otras razones, por la congestión de procesos.

Desde la perspectiva jurídica existen argumentos para sustentar la incompatibilidad del aludido artículo 121. Cabe mencionar que tal norma no fue introducida al ordenamiento jurídico colombiano por el Código General del Proceso, sino que fue establecida por el artículo 9 de la Ley 1395 de 2010, en realidad lo que hizo la Ley 1564 de 2012 fue reproducirla.

No obstante, y sin perjuicio de las discusiones que sobre la unidad de materia se puedan suscitar, el artículo 200 de la Ley 1450 del 26 de junio de 2011, que estableció el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2011-2014, excluyó la aplicación del término de duración de los procesos a los asuntos que son del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

No se desconoce el hecho de que esa norma de la Ley 1395 de 2010 fue derogada por el artículo 626 [c] del Código General del Proceso, pero el contenido normativo del artículo 121 ejusdem es el mismo, por tanto, es indiscutible que el mandato del artículo 200 de la Ley 1450 se mantiene, es decir, que el término”

En ese mismo sentido, en el auto del 18 de marzo de 2021 que confirmó el anterior proveído al resolver el recurso de reposición interpuesto, fue sostenido:

“Establecido lo anterior, lo primero que debe señalarse es que si bien, las acciones populares, tienen una norma especial para su procedimiento, como es la Ley 472 de 1998, también lo es que en relación con su conocimiento, se indica en el artículo 15 de dicha disposición, que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las Acciones Populares originadas en actos, acciones u omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigentes sobre la materia.

En consecuencia se advierte que el presente litigio se encuentra bajo el conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues dentro del mismo fungen como parte pasiva, entidades de carácter público como el Municipio de Pitalito, Municipio de Acevedo y el Ministerio de Transportes, entre otros, por tanto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 472de 1998, el proceso se rige de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre la materia, esto es, la Ley 472 de 1998 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA-Ley 1437de 2011.

En segunda medida, se considera que el artículo 121 del CGP, es incompatible e inaplicable en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo al presente asunto, pues no existe vacío normativo en la norma especial ni en la Ley 1437 de 2011, en lo que respecta a la duración del proceso y los términos en que se debe proferir cualquier decisión, que sugiera acudir a otro cuerpo normativo para resolver tal aspecto, y adicional a ello en materia de reglas y factores de competencia, existen las disposiciones contenidas en los artículos 154 a 158 del CPACA, en las que no se contempla causales de pérdidas de competencia.

Ahora bien, si bien es cierto que el artículo 306 del CPACA, permite acudir a las normas del CGP en los aspectos no contemplados, es de resaltarse que en la Ley 1437 de 2011 se establecen los términos en los que deben proferirse las decisiones, por lo tanto, no es dable acudir a lo normado en el artículo 121 del C.G.P.

Al respecto, ha sostenido la jurisprudencia contenciosa administrativa que tratándose de los términos de instrucción del proceso, la etapa de pruebas y el término para proferir la sentencia, se encuentran regulados expresamente en el CPACA, y para este caso, en particular en los artículos 28 a 35 de la Ley 472 de 1998,y, en lo no regulado en estos, en la Ley 1437 de 2011,por lo tanto, resulta inapropiado acudir al Código General del Proceso, en aspectos que si se encuentran regulados en una norma específica y en la disposición a la cual remite está en caso de vacío normativo en materia de acciones populares que se tramiten ante esta jurisdicción.”

En este orden de ideas, de la lectura de los argumentos esgrimidos en la providencia que se cuestiona y a juicio de esta Sala, no se configura el defecto sustantivo en ninguna de sus posibles situaciones respecto del auto objeto de la acción de amparo, en razón a que el Tribunal realizó una interpretación razonable, lógica y aceptable del régimen legal aplicable para acciones populares radicadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, señalando los motivos por los que no era procedente acceder a la petición de pérdida de competencia presentada por el señor Adadier Perdomo Urquina, debido a que el artículo 121 del CGP era incompatible con los procedimientos dispuestos para esa clase de asuntos en la Ley 472 de 1998 en concordancia con la Ley 1437 de 2011.

Así las cosas, y pese a que el actor considera que las citadas normas de la Ley 472 de 1998 y del CPACA fueron indebidamente aplicadas, lo cierto es que la acción de tutela no fue creada para controvertir asuntos resueltos en derecho por los jueces de conocimiento de conformidad con su autonomía y competencia constitucional, como si se tratara de una tercera instancia, pues es un mecanismo excepcional y subsidiario al que pueden acudir los ciudadanos de manera extraordinaria cuando las decisiones judiciales adolezcan de los efectos que ha desarrollado la jurisprudencia constitucional.

Lo que indica que no le corresponde al juez de tutela entrar a debatir la fuente formal aplicable o la interpretación que de ella hacen los jueces especializados, cuando de la lectura de la providencia se observa una interpretación razonable y lógica, pues ello está dentro de la autonomía funcional del juez llamado a resolver el caso.

En conclusión, al no evidenciar que el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Quinta de Decisión, con la providencia proferida el 18 de febrero de 2021, confirmada el 18 de marzo de los corrientes, hubiera incurrido en el defecto alegado, el cargo no prospera.

Defecto orgánico.

La Corte Constitucional ha precisado que esta causal de procedencia de la acción de tutela encuentra su fundamento en el respeto de la garantía del juez natural establecido en el artículo 29 de la Constitución y se configura cuando una persona o un asunto objeto de litigio es juzgado por alguien que carece de competencia, de conformidad con las normas que regulan los procedimientos judiciales. El mismo Tribunal ha indicado que la falta de competencia constituye un defecto orgánico que afecta el derecho al debido proceso en la medida en que ésta delimita el campo de acción de la autoridad judicial para garantizar el principio de seguridad jurídica.

Según la jurisprudencia constitucional dos son los momentos a partir de los cuales se puede configurar este defecto, a saber: “(i) cuando el peticionario se encuentra supeditado a una situación en la que existe una actuación consolidada y no tiene otro mecanismo de defensa, como es el caso de una decisión que está en firme y que fue dada por un funcionario que carecía de manera absoluta de competencia; y (ii) cuando, en el transcurso del proceso, el actor puso de presente las circunstancias de incompetencia y dicha situación fue desechada por los jueces de instancia, incluso en el trámite de recursos ordinarios y extraordinarios, validándose así una actuación erigida sobre una competencia inexistente.”

Igualmente, la misma Corte ha señalado que existen dos hipótesis a partir de las cuales se configura el defecto aludido: “(i) la funcional, cuando la autoridad judicial extralimita en forma manifiesta el ámbito de sus competencias constitucionales y legales; y (ii) la temporal, cuando a pesar de tener ciertas atribuciones o competencias, la autoridad judicial las ejerce por fuera del término previsto para ello.”

Siendo ello así, deberá evaluarse si incurren en defecto orgánico las providencias expedidas por un Tribunal Administrativo con ocasión de una demanda del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, si han transcurrido más de tres (3) años desde su radicación sin que se expida la correspondiente sentencia de primera instancia.

En este punto, es pertinente señalar que la parte actora aduce que la autoridad judicial accionada incurrió en este defecto debido a que “(…) todas las actuaciones realizadas por la funcionaria judicial accionada son nulas de pleno derecho. Pues ya perdió la competencia para seguir conociendo del proceso”.

Además, se advierte que el citado cargo se encuentra fundado en que, a juicio del actor, como han pasado más de tres (3) años desde la radicación de la acción popular sin que se expida el correspondiente fallo de primera instancia, la autoridad judicial demandada perdió automáticamente su competencia para conocer sobre dicho proceso en virtud de lo dispuesto en el artículo 121 del CGP.

En tal orden, es claro para la Sala que no se incurre en el defecto orgánico, dado que el Tribunal Administrativo del Huila ostenta competencia para resolver el litigio que propuso el demandante en la demanda promovida en defensa de derechos e intereses colectivos de acuerdo con lo que establece el artículo 15 de la Ley 472 de 1998, según el cual, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos impetrados en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, cuando se originen en actos, acciones u omisiones de entidades públicas y personas privadas que desempeñen funciones administrativas.

La norma en cuestión es del siguiente tenor:

“Articulo 15. jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las Acciones Populares originadas en actos, acciones u omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigentes sobre la materia.

En los demás casos, conocerá la jurisdicción ordinaria civil”

A su vez, el numeral 16 del artículo 152 del CPACA señala las competencias de los Tribunales Administrativos en primera instancia, así:

“Articulo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas” (Subrayas de la Sala).

De ahí que, el Tribunal Administrativo del Huila sí tenga competencia para conocer el asunto de debate, como quiera que se trata de una demanda promovida a través del citado medio de control, en contra de, entre otras, varias entidades públicas del orden nacional, estas son, el Ministerio de Transporte, el Invias, la ANI y la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia, por lo que el cargo no tiene vocación de prosperidad.

En suma, se negará el amparo deprecado, por las razones antes expuestas.

Falta de Legitimación en la Causa

Finalmente, en razón a que Parques Nacionales Naturales de Colombia y el Ministerio del Transporte, fueron vinculados en este proceso en calidad de terceros interesados, por ser parte demandada dentro del trámite del expediente de acción popular con número de radicado 41001 23 33 000 2018 00159 00 y a que esas entidades en sus respectivas contestaciones excepcionaron la falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitaron la desvinculación del presente asunto, la Sala accederá a sus peticiones, teniendo en cuenta que el objeto del amparo de la referencia está dirigido a cuestionar, entre otras cosas, la presunta mora en que habría incurrido el Tribunal Administrativo del Huila para resolver de fondo el mencionado proceso, por lo que dicha situación desborda el ámbito funcional y las competencias de las citadas entidades.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: RECONOCER como coadyuvante de la parte actora a la señora Daniela Soto Barrera, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Transporte y de Parques Nacionales Naturales de Colombia y al Ministerio del Transporte, por los motivos señalados en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por el señor Adadier Perdomo Urquina, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: EXHORTAR al Tribunal Administrativo del Huila con el fin de que requiera nuevamente a la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Neiva, para allegue el valor de la prueba pericial ordenada en auto del 13 de septiembre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 26 de agosto de 2021.

(Firmado electrónicamente)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente
Consejero de Estado

(Firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Consejero de Estado

(Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

(Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

Visto en el índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Folio 18 del escrito de tutela visto en el índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Visible en el folio número 10 ibídem
Visible en el documento “036 Resuelve Nulidad.pdf” del índice 9 íbidem
Visible en el folio número 13 del escrito de tutela. Íbidem. Visto en el índice 4 íbidem. Visto en el índice 7 ibídem. Visto en el índice 10 ibídem. Visto en el índice 11 íbidem
Visible en el índice 12 íbidem. Visible en el índice 13 íbidem. Visto en el documento “057 Autoqueresuelvesolicitud.pdf” en el índice 9 íbidem. Visible en el índice 13 íbidem. Visible a folio 4 ibídem. Visible en el índice 16 íbidem. Folio 8 ibídem. Enviada desde el correo HYPERLINK "mailto:sotodaniela1697@gmail.com" sotodaniela1697@gmail.com al correo de la Secretaría General, el 9 de agosto de 2021.
“ARTICULO 1°. Modífícacíón del arlículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.(…)”
Ver sentencia T-304 de 1996. Ibídem. Corte Constitucional, sentencia T-1062 del 16 de diciembre de 2010. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
“Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior. Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud” (Negrillas fuera de texto). El coadyuvante podrá independientemente efectuar todos los actos procesales permitidos a la parte a la que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de ésta. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 9 de abril de 2019. Proceso radicado número: 11001 03 15 000 2019 00329 00. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Visto en el documento “10.PDF” en el índice 9 íbidem. Nota original de la providencia en cita: [61] Sentencia T-945 A de 1998. Nota original de la providencia en cita: [62] Ibídem. Nota original de la providencia en cita: [63] Sentencia T-297 de 2006. Corte Constitucional. Sentencia T - 803 del 2012. Corte Constitucional, sentencia T - 366 de 2005. Op. Cit. T- 803 de 2012. Visible en el documento “1.PDF” en el índice 9 de SAMAI. Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Visto en el índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Así lo ha entendido la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-248 de 2018, en la que expresamente se indicó “De conformidad con los artículos 29, 31, 33 y 228 de la Constitución Política, el debido proceso constitucional se integra por las siguientes garantías: (…)(vii) el derecho de publicidad de las actuaciones procesales y la no dilación injustificada de las mismas (…) y (xiii) el derecho de acceso a la administración de justicia.”
Corte Constitucional. Sentencia T-248 de 2018. Corte Constitucional, Sentencia T-757 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2017, M.P.: Diana Fajardo Rivera, en la cual se reitera lo señalado en las sentencias SU-399 de 2012 M.P.

Humberto Antonio Sierra Porto, SU-400 de 2012 M.P. (e): Adriana María Guillén Arango, SU-416 de 2015 M.P: Alberto Rojas Ríos y SU-050 de 2017 M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2017, M.P.: Diana Fajardo Rivera. Visto en el documento “027NiegaSolicitudPerdidaCompetencia.pdf”, en el índice 9 íbidem. Corte Constitucional. Sentencias SU-210 de 2017, SU-565 de 2015 y SU-198 de 2013. Corte Constitucional. Sentencias SU-210 de 2017 SU-198 de 2013 y T-522 de 2016. Corte Constitucional. Sentencias SU-565 de 2015, T-309 de 2013, T-313 de 2010 y T-058 de 2006. Por ejemplo, en la sentencia T-522 de 2016 , se encontró que se configuraba la causal en mención debido a que en un proceso ejecutivo, el Juzgado 1º Civil Municipal de Chaparral ordenó el secuestro, embargo, remate y adjudicación de unos bienes no siendo el funcionario judicial competente para ello pues los implicados eran miembros de la comunidad indígena Yaguara y los bienes que se afectaban con la medida cuestionada hacían parte de esta comunidad, siendo por tanto los competentes para dirimir el conflicto, las autoridades de la propia comunidad indígena. Así también, en la sentencia T-313 de 2010 se concluyó que se configuraba la causal en razón a que el Juzgado Promiscuo Municipal de Sincé, Sucre no tenía la jurisdicción y menos la competencia para juzgar y condenar al pago de una cuantiosa suma de dinero a una entidad pública como el INVIAS. Corte Constitucional. Sentencias SU-565 de 2015, T-309 de 2013 y T-313 de 2010. Visible en el índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
PAGE1

Radicado: 11101 0315 000 2019 00588 00
Demandante: José Omar Vallejo Alvis

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
PAGE

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.