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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-04666-00

Fecha
30 de octubre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-04666-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones contra la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado el 16 de julio de 2020, dentro del expediente nº. 25000-23-42-000-2014-00105-00. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE la presente actuación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-04666-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

30 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTISÉIS (26) ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ (E)

Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2021-04666-00
Actor: Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones
Demandado: Diana Marleny Clavijo García
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

Procede la Sala a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra
la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de
Estado, a través de la cual se confirmó la sentencia de primera instancia que accedió
a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a
favor de Diana Marleny Clavijo García.

ANTECEDENTES

Demanda inicial y su fundamento

1. La señora Diana Marleny Clavijo García estuvo vinculada como empleada de la
Contraloría General de la República desde el 18 de marzo de 1990 hasta el 30 de
junio de 2009. En la Resolución 16442 de 2011 (modificada por la Resolución 13943
de 2012 y confirmada esta última por la Resolución 2431 de 2012), la
Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante, Colpensiones) le reconoció
pensión especial de vejez, con base en la asignación mensual más elevada
devengada en el último semestre de servicios, según el Decreto 929 de 1976.

2. Contra la resolución indicada, la señora Diana Marleny Clavijo García presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, para que se reliquidara la
pensión referida, incluyendo todos los factores salariales devengados en el último
semestre de servicios, en aplicación integral del régimen pensional del Decreto 929
de 1976; esto, ante el hecho de que en la liquidación no se detallaron los factores
salariales y sus valores.

Expediente: 11001-03-15-000-2021-04666-00
Actor: Colpensiones
Demandada: Diana Marleny Clavijo García
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

3. Como sustento de sus pretensiones, indicó que era beneficiaria del régimen
pensional de transición normativa de la Ley 100 de 19931.

4. El 22 de julio de 2013, en audiencia inicial sin la comparecencia de Colpensiones
como demandada, el Tribunal Administrativo de Tolima accedió a las pretensiones.
Aseguró que Colpensiones no detalló los factores salariales ni los valores que
fueron tomados para realizar la liquidación. A raíz de ese vacío, el a quo revisó la
constancia laboral expedida por la Contraloría General de la República y los valores
correspondientes. Identificó que recibió bonificación especial y por servicios, así
como prima de vacaciones, de servicios y de navidad y ordenó a Colpensiones a
reliquidar la pensión incluyendo esos factores salariales2.

Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

5. Corresponde a la decisión adoptada el 29 de febrero de 20163, mediante la cual,
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la
sentencia de primera instancia.

6. Como fundamento de su decisión, el ad quem consideró que :

“[E]stá probado que la demandante consolidó su derecho pensional al amparo
del Decreto 929 de 1976, toda vez que para la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993, esto es, el 1 de abril de 1994, contaba con más de 35 años
de edad. (…)

Al establecer el ingreso base de liquidación de la referida prestación pensional,
el ISS consideró que de acuerdo con el Decreto 929 de 1976 debían tenerse
en cuenta todos los factores salariales que constituyan una remuneración
habitual y periódica, como son los establecidos en el Decreto 720 de 1978,
1158 de 1994 y 1045 de 1978, sin embargo, no enlistó en dicho acto de
reconocimiento pensional los factores que integraron la base de liquidación
inicial (…)

Al respecto, la Sala observa del Certificado de Sueldos y Factores Salariales
No. 02530 de 22 de octubre de 2012, expedido por la Directora de Talento
Humano de la Contraloría General de la República que obra al folio 15 del
expediente, que la demandante devengó en el último semestre de servicios,
comprendido entre el 27 de febrero al 28 de agosto de 2010, los factores de
sueldo, bonificación por servicios, bonificación especial denominada
quinquenio y las primas de vacaciones, servicios, navidad e indemnización de
vacaciones.

Bajo este supuesto, la Sala estima acertada la decisión de primera instancia,
en cuanto ordenó revisar la liquidación de la pensión de jubilación de la actora
e incluir los factores salariales correspondientes a: sueldo, bonificación por
servicios, bonificación especial, prima de vacaciones, prima de servicios y de

1 SAMAI, índice 2, archivo 4, Cuaderno Principal, folios 34-44.
2 SAMAI, índice 2, archivo 4, Cuaderno Principal, folios 75-95.
3 SAMAI, índice 2, archivo 4, Cuaderno Principal, folios 180-202.

2

Expediente: 11001-03-15-000-2021-04666-00
Actor: Colpensiones
Demandada: Diana Marleny Clavijo García
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

navidad percibidos por la demandante durante el último semestre de servicios,
teniendo en cuenta el régimen pensional aplicable en su condición de ex
servidora de la Contraloría General de la República (…)

Así mismo, y acogiendo la decisión mayoritaria de la Sala (expuesta en la
sentencia de 14 de septiembre de 2011) se tiene que para el caso concreto la
bonificación especial, quinquenio, sólo puede incluirse como factor salarial para
integrar la base de liquidación pensional de la demandante si fue causada de
acuerdo con el artículo 23 del Decreto 929 de 1976, esto es, al cumplir cinco
años de servicio, en cuyo caso deberá tenerse en cuenta de la misma forma
que los restantes factores devengados en el último semestre en que prestó sus
servicios a la Contraloría General de la República, a saber, en su sexta parte
1/6, tal y como lo establece el Decreto 929 de 1976.”(Subrayado por fuera
del texto)4

El recurso extraordinario de revisión

7. Colpensiones solicitó declarar la nulidad de la sentencia antes referida por haber
incurrido en la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
esto es, “[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”5.

8. La recurrente indicó que procedía la acción de revisión porque el fallo impugnado
generó un pago periódico en detrimento del erario, por una suma superior a la
prevista en la Ley y autorizada por la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional. Sostuvo que el ad quem debía atenerse al régimen de transición del
inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de ahí que no era posible incluir todos
los ingresos que percibió el funcionario en el último semestre de servicios, sino solo
aquellos que correspondieran con el listado de la norma. Afirmó, además, que
según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, el
ingreso base de liquidación (en adelante IBL) no era un aspecto sujeto a transición,
por lo que la pensión debió liquidarse con el promedio de los salarios devengados
en el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho o en los últimos diez años
y no con el último semestre de servicio, como lo dispuso la sentencia recurrida.

9. La demanda fue admitida a través de auto del 11 de marzo de 20226, que ordenó
notificar y correr traslado a la no recurrente y al Ministerio Público.

Oposición e intervenciones

10. En escrito de contestación, la parte no recurrente se opuso a las pretensiones
de la demanda. Sostuvo que la señora Diana Marleny Clavijo García es beneficiaria
de buena fe de la asignación pensional concedida por sentencia judicial. Exceptuó

4 SAMAI, índice 2, archivo 4, Cuaderno Principal, folios 180-202.
5 SAMAI, índice 2, archivo 2: “2_DemandaWeb_Demada-(.PDF)”
6 SAMAI, Índice 12.

3

Expediente: 11001-03-15-000-2021-04666-00
Actor: Colpensiones
Demandada: Diana Marleny Clavijo García
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

que la sentencia impugnada hizo tránsito a cosa juzgada y se profirió con base en
la jurisprudencia aplicable para el momento, que solo cambió hasta 20197.

11. En su concepto, el Ministerio Público sostuvo que se debe declarar fundado el
recurso extraordinario de revisión, porque concurren los elementos fácticos y
normativos de la causal invocada. Estimó que la sentencia impugnada fue expedida
con desconocimiento de la interpretación que hizo la Corte Constitucional del
régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 y la exclusión del IBL, en
sentencias SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-210 de 2017. Añadió que debía
aplicar el periodo del IBL fijado en la Ley 100 de 1993 y los factores salariales del
Decreto 1158 de 1994. Reconoció que en sentencias de unificación de la Sección
Segunda del Consejo de Estado para 20108 y 20169 se incluyó el IBL como
elemento que permanecía del régimen anterior en la transición normativa, como
consecuencia del principio de favorabilidad y progresividad, y solo hasta 201810
cambió el criterio y adoptó la posición de la Corte Constitucional. No obstante,
consideró que se debía haber aplicado la posición de esta última Corte al momento
de fallar, por los efectos que tienen las sentencias de constitucionalidad y la regla
prevista en el Acto Legislativo 01 de 2005, según la cual solo se liquidaría la pensión
con base en los ingresos sobre los que se hubiera cotizado al Sistema General de
Pensiones. Por último, instó a ordenar la reliquidación de la pensión así:

“Se estima que se debería reliquidar la pensión de vejez de aquella persona,
según el escenario, de los anteriormente señalados, con el IBL del 75% del
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó la afiliada en el último
año de servicios, si se ajusta a las Leyes 33 y 62 de 1985, o en los últimos diez
años, o el tiempo que le hiciere falta, incluyendo los factores salariales sobre
los que haya efectuado aportes o cotizaciones, si es que se da aplicación al
inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Todo lo anterior hacia el
futuro, sin que se observe mérito para la devolución de las sumas pagadas en
exceso, pues, no se observa acreditada circunstancia alguna de actuación de
mala fe por parte de la pensionada.” 11

Período probatorio

12. En proveído del 3 de marzo de 202312, se incorporaron como pruebas las
aportadas por la parte demandante en copia simple del expediente prestacional de
Diana Marleny Clavijo García y copia simple del expediente ordinario del proceso
con Rad. nº. 73001-23-33-000-2013-00055-01.

7 SAMAI, Índice 21, archivo 40.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 4 de agosto de 2010. C.P: Víctor Hernando Alvarado

Ardila. Exp. 250002325000200607509 01.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación del 25 de febrero de 2016, Rad.

25000234200020130154101 (4683-2013). C.P. Gerardo Arenas Monsalve
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 28 de agosto de 2018,

expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01.
11 SAMAI, Índice 12.
12 SAMAI, Índice 16.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-04666-00
Actor: Colpensiones
Demandada: Diana Marleny Clavijo García
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

CONSIDERACIONES

13. El problema jurídico que debe ser resuelto se contrae a determinar si la
sentencia que se cuestiona debe ser revisada por haber ordenado el pago de una
pensión por una cuantía que excedió lo debido de acuerdo con la ley, en particular
si se debía calcular con el IBL fijado por la Ley 100 de 1993 o el previsto por el
Decreto 929 de 1978.

14. Comienza la sala por indicar que las pensiones reconocidas con cargo al erario
pueden ser revisadas “[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables”13, causal respecto de la cual el Consejo de Estado14 ha explicado que:

(i) Tiene como propósito de fortalecer el principio de moralidad que impone el
reconocimiento de una pensión, el cual debe estar precedido de un examen
exigente y riguroso frente a los montos autorizados, pues de lo contrario, un exceso
en tales sumas que contraríe lo dispuesto legalmente, afecta la liquidez y solvencia
del sistema pensional.

(ii) Aun cuando la revisión de una decisión judicial colisiona con los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica, éstos deben ceder excepcionalmente ante el fin
legítimo de identificar y ajustar la pensión cuya cuantía exceda aquella derivada del
derecho reconocido conforme a la ley15.

(iii) Esta causal se fundamenta en la inviabilidad de reconocer una pensión con un
monto superior al que corresponda por mandato legal, por lo que debe referir
exclusivamente “a la mayor liquidación del derecho”16.

El régimen de transición en el sistema general de pensiones

15. La Ley 100 de 199317 fue expedida por el Congreso de la República con el fin
de, entre otros, unificar la normativa pensional en el País con ocasión de la
diversidad de regímenes pensionales especiales existentes antes de su
promulgación, a partir de una reforma general al sistema de seguridad social.

16. En la vigencia de la Ley 100 de 1993 las condiciones pensionales anteriores
fueron modificadas, sin perjuicio de lo cual, con el objetivo de evitar menoscabar los

13 Este artículo fue analizado por la Corte Constitucional con ocasión de la acción pública de inconstitucionalidad

que formuló el ciudadano Jorge Miguel Pauker Gálvez contra los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003 y que
declaró inexequible la expresión “en cualquier tiempo”, contenida en el primero y tercero incisos del artículo 20
de la ley 797 de 2003. En lo demás este artículo fue declarado exequible.
14 Consejo de Estado. Sala Especial de Decisión 4. Sentencia del 1° de agosto de 2017. Exp. 11001-03-15-000-

2016-02022-00. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
15 Al respecto puede verse también: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 24 de

junio de 2021. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 11001-03-25-000-2018-01568-00 (5123-18).
16 Consejo de Estado. Sala Veinticinco Especial de Decisión. Sentencia del 8 de noviembre de 2021. C.P. Marta

Nubia Velásquez Rico. Exp. 11001-03-15-000-2020-04141-00 (REV).
17 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-04666-00
Actor: Colpensiones
Demandada: Diana Marleny Clavijo García
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

derechos y las expectativas legítimas de las personas que se encontraban próximas
a ser pensionadas o tuviesen cierto tiempo de servicio bajo los regímenes
anteriores, estableció un mecanismo de protección para quienes a su entrada en
vigencia tenían cierta edad o número de semanas de cotización, reconociendo la
posibilidad de pensionarse con algunas condiciones propias de los regímenes
abolidos -artículo 36-.

17. De esta forma, bajo el régimen de transición aquellas personas que al momento
de entrar en vigencia el sistema de seguridad social integral (1° de abril de 1994)
contaran con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres, o cuarenta
(40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios
cotizados, se les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el régimen
anterior al cual se encontraban afiliados, en relación con la edad, el tiempo de
servicio y el monto de la pensión.

18. En relación con el concepto de monto y los factores para establecer el ingreso
base de liquidación (IBL), desde la expedición de la norma se plantearon variadas
interpretaciones que en los años subsiguientes dieron lugar a decisiones
encontradas entre las altas corporaciones judiciales.

19. Inicialmente, la Corte Constitucional en sentencia C-168 de 1995, al estudiar la
constitucionalidad de los incisos 2º y 3º del artículo 36 citado, destacó el interés y
objetivo del legislador por salvaguardar las expectativas de quienes estaban
próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas de adquirir
el derecho a la pensión de jubilación; sin embargo, no dispuso reglas específicas
frente a la interpretación del artículo, o sobre si el monto estaba o no ligado al
concepto de base de liquidación18.

20. En providencias posteriores19, la Corte Constitucional aseveró que se vulneran
los derechos pensionales cuando no se aplica en su integridad el régimen en el que
se encuentra amparado el beneficiario de la transición, de manera que el monto y
la base de liquidación de la pensión forman una unidad inescindible y, por tanto, el
régimen de transición imponía implementar la totalidad de lo establecido en el
régimen anterior.

21. Por su parte, las subsecciones A y B de la sección segunda del Consejo de
Estado, adoptaron el criterio según el cual el monto de la pensión está conformado
por la tasa de reemplazo y el IBL, de manera que la persona beneficiaria de la
transición tenía derecho al reconocimiento pensiona, como había concluido también

18 En esta providencia la Corte solo se pronunció frente a la diferenciación que realizaba la normativa original

entre trabajadores de los sectores público y privado. Sobre este tema ver Consejo de Estado. Sección Segunda.
Subsección B. Sentencia del 14 de octubre de 2021. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Exp. 11001-03-25-000-
2016-01027-00 (4655-16).
19 Entre otras, pueden verse las sentencias T-1122 de 2000, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-830 de 2004,

C-177, T-1087 de 2006, T-711 de 2007, T-248 de 2008 y T-610 de 2009,

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-04666-00
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Referencia: Recurso extraordinario de revisión

la Corte Constitucional, con aplicación íntegra del régimen anterior y que regía su
situación jurídica.

22. La anterior posición fue además afianzada por la Sección Segunda del Consejo
de Estado en sentencia de unificación del 4 de agosto de 201020 donde, al analizar
la reliquidación de la pensión de un empleado bajo el régimen especial de la Ley 33
de 1985, y cuya situación particular se enmarcaba dentro de la transición
consagrada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, explicó que el régimen de
transición corresponde a “…un beneficio consagrado en favor de las personas que
cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo
que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto
de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados” y que “…la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los
factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los
mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos
devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios”.

23. Posteriormente, en sentencia C-258 de 2013 y al estudiar la constitucionalidad
del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, concerniente al régimen pensional de los
congresistas, la Corte Constitucional varió su posición y concluyó, entre otras cosas,
que (i) “Como factores de liquidación de la pensión solo podrán tomarse aquellos
ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, tengan carácter
remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones
respectivas”; y (ii) “Las reglas sobre ingreso base de liquidación (IBL) aplicables a
todos los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los artículos
21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso”.

24. Además, en sentencia SU-230 de 2015, la Sala Plena de la Corte Constitucional
aclaró respecto de las reglas aplicables al IBL antes indicadas y establecidas en el
fallo C-258 de 2013, que “…el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son
las reglas contenidas en este [artículo 36 de la Ley 100 de 1993] las que deben
observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen
especial al que se pertenezca”.

25. Acompasada con la anterior determinación, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado profirió sentencia de unificación el 28 de
agosto de 201821, donde precisó que en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 el legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de obtener la
pensión con el IBL que consagraba el régimen previo al que se encontraban
afiliados al entrar en vigor aquella, de manera que, según el principio de
favorabilidad, al momento de la liquidación pensional, se debe determinar el IBL

20 Consejo de Estado. Sección segunda. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Exp. 25000-23-25-000-2006-

07509-01 (112-2009).
21 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de agosto de 2018. C.P.

César Palomino Cortés. Exp. 52001-23-33-000-2012-00143-01. Posición reiterada por la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 11 de junio de 2020. C.P. César Palomino Cortés. Exp.
52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013).
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más benéfico para el pensionado, en la medida en que el régimen de transición
permite optar por el promedio de lo cotizado durante: (i) el lapso que le hiciere falta
entre la entrada en vigor de la Ley 100 (1º de abril de 1994) y la adquisición del
estatus pensional, si fuere inferior a 10 años; (ii) todo el tiempo, si el monto es
superior, actualizado anualmente con el índice de precios al consumidor (IPC); o (iii)
los últimos 10 años, conforme al artículo 21 ibidem.

26. Se determinó, además, que la tesis que adoptó la Sección Segunda de la
Corporación en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual
el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores
salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que estaban
simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos devengados
por el trabajador, va en contravía de los principios de solidaridad y sostenibilidad
financiera en materia de seguridad social, desconociendo la voluntad del legislador
al expedir la Ley 100 de 1993, quien bajo el régimen de transición fijó el IBL como
elemento que permite cumplir “…con la finalidad no solo de unificar la base de la
pensión para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como
manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad
financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema General de Pensiones”.

27. Por tanto, concluyó el Consejo de Estado que, para efectos de liquidar la
pensión de jubilación en el régimen de transición, el IBL está regulado por el inciso
3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues al momento de estructurar los
beneficios de ese régimen fue el propio legislador quien dispuso que estaría
gobernado en unos aspectos por la normativa que antes de entrar en vigor se
aplicaba al beneficiario, y en otros, por el régimen en comento, que incluye la
determinación del IBL22, de manera que los factores salariales para tal fin no pueden
incluir todos aquellos devengados por el trabajador en los términos del régimen
anterior (en este caso Ley 33 de 1985), sino únicamente aquellos respecto de los
cuales se hubiesen realizados los correspondientes aportes.

28. Es importante destacar que la jurisprudencia del Consejo de Estado precisó que
no puede entenderse que las pensiones reconocidas o reliquidadas en el régimen
de transición, con fundamento en la tesis que antes sostenía la Sección Segunda,
lo fueron per se con abuso del derecho o fraude a la ley, por lo que “…si se llegare
a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya

22 En este mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia había señalado en su momento que “…con el régimen

de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no quiso el legislador mantener para
los beneficiarios la aplicación en su totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino
solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por reiterado y pacífico, el criterio de que
dicho régimen comporta para sus beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del
Sistema General de Pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y
monto de la pensión. Y que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales
disposiciones legales, sino que pasa a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez
años para adquirir el derecho por el inciso 3º del artículo 36 citado” . Sala de Casación Laboral, sentencia del 17
de octubre de 2008. Radicación 33.343.

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reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la
prosperidad o no de la causal invocada”.

29. Con fundamento en lo anterior, la Secciones Segunda23 y Cuarta24 del Consejo
de Estado, así como las Salas Especiales de Decisión25, han reiterado que solo
hasta el 28 de agosto de 2018 varió la tesis adoptada por la sección segunda desde
el año 2010, en relación con los factores salariales y el periodo que conforman el
IBL de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, de manera que, como lo prevé los fallos de unificación del año 2018 y
el de 2020, sus reglas tienen carácter vinculante y obligatorio, pero solo serán
aplicables a aquellos “…casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha
operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables”26.

Caso concreto

30. Es importante precisar que la entidad recurrente no discute el reconocimiento
del derecho efectuado a favor de la señora Diana Marleny Clavijo García,
consistente en obtener la pensión de vejez bajo el régimen de transición pensional
de la Ley 100 de 1993, sino que la inconformidad se circunscribe a (i) la inclusión
de factores salariales que no se encuentran contemplados en el Decreto 1158 de
1994, y que, por tanto, no pueden ser tomados para la determinación del IBL y (ii)
el período del IBL, en el sentido de que la liquidación no se debió calcular con base
en la asignación más alta percibida en el último semestre de servicios, sino con el
promedio de los ingresos percibidos en los 10 años previos a su retiro o por el tiempo
que le hiciere falta si era menos de 10 años, según el artículo 21 de la Ley 100 de
1993.

31. Ab initio, la Sala deja sentado que la normativa y el período aplicado para la
liquidación de la pensión no fue objeto de cuestionamiento en el proceso ordinario,
porque la misma entidad recurrente fue quien aplicó las reglas de liquidación del
Decreto 929 de 1976 en su integridad y no se pronunció en la contestación de la
demanda, en la audiencia inicial donde se profirió sentencia de primera instancia, ni
en el recurso de apelación; menos aún traje a debate judicial tal aspecto vía
reconvención. Es en el recurso extraordinario de revisión que la recurrente

23 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 29 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-

15-000-2020-03272-00. Explicó que, para el caso particular, “…no era exigible una interpretación normativa
distinta a la acogida y menos era viable determinar que la decisión no se acompasaba con una tesis
jurisprudencial que no existía para el momento en que fue proferida”.
24 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 18 de febrero de 2021 C.P. Milton Chaves García.

Exp.11001-03-15-000-2020-03272-01.
25 Consejo de Estado. Sala Especial de Decisión 12. Sentencia del 10 de septiembre de 2019. C.P. Ramiro

Pazos Guerrero, expediente 11001-03-15-000-2016-01410-00 (REV). Señaló en esa oportunidad: “Como quedó
expuesto, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ha tenido diferentes interpretaciones jurisprudenciales; sin
embargo, para cuando se adoptó la decisión aquí cuestionada, la interpretación mayoritaria y vigente en esta
Corporación era la sostenida en la sentencia de unificación de la Sección Segunda de 2010”.
26 Consejo de Estado. Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de agosto de 2018. C.P.

César Palomino Cortés. Exp. 52001-23-33-000-2012-00143-01.
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-04666-00
Actor: Colpensiones
Demandada: Diana Marleny Clavijo García
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

cuestiona la conformación del IBL por (i) la inclusión de factores salariales que, a su
juicio, no están determinados por la Ley y (ii) la liquidación del IBL con un periodo
que no correspondía al fijado por la Ley 100 de 1993 y la interpretación que al
respecto hizo la jurisprudencia, que generan pagos en exceso en la mesada
pensional.

32. En la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora Diana
Marleny Clavijo García solicitó declarar la nulidad de la resolución que le reconoció
la pensión de vejez para que se reliquidara con base en los ingresos más altos que
devengó en el último semestre de servicios. Su demanda no tuvo por objeto debatir
el periodo de tiempo para definir ese promedio.

33. A la par de lo anterior, Colpensiones guardó silencio en el término de traslado
del auto admisorio de la demanda y no compareció a la audiencia inicial en la que
el Tribunal Administrativo de Tolima profirió sentencia. Dicho de otra manera no
contestó la demanda, no ejerció las prerrogativas del demandado y dejó de
participar en la audiencia inicial en la que se definió, entre otros, el objeto del litigio.

34. Así, en el proceso ordinario se probó que la señora Diana Marleny Clavijo
García tenía 55 años al 2 de julio de 2010, y que había prestado sus servicios
durante más de 10 años exclusivamente a la Contraloría General de la República y
más de 20 años de servicio posteriores a la vigencia del Decreto 929 de 1976. De
ahí que debía reconocérsele la pensión de vejez de conformidad con los requisitos
de edad, tiempo y tasa pensional definidos por el sistema anterior al cual se
encontraba afiliada, esto es, el consagrado en el Decreto citado. Esta norma
contenía los requisitos y condiciones para acceder al derecho pensional en los
siguientes términos:

“ARTÍCULO 7. Los funcionarios y empleados de la Contraloría General tendrán
derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50 si son mujeres,
y cumplir 20 años de servicio continuo o discontinuo, anteriores o posteriores a
la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido
exclusivamente a la Contraloría General de la República a una pensión
ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios
devengados durante el último semestre.” (Subrayado por fuera del texto)

35. En sentencia de primera instancia, atendiendo al llamado de la actora, el
Tribunal Administrativo del Tolima determinó que Colpensiones dejó de detallar los
factores salariales sobre los cuales se hizo la liquidación, de manera que,
analizados los valores, no se aplicaron de forma correcta las reglas de unificación
de la sentencia del 4 de agosto de 2010, proferida por el Consejo de Estado, según
la cual se debían incluir todos los ingresos devengados. De ahí concluyó que debía
calcularse el IBL con la inclusión de todos los factores salariales percibidos o
devengados en el último semestre laborado.

36. La sentencia objeto de revisión, al resolver el recurso de apelación de la señora
Diana Marleny Clavijo García, se profirió antes de la sentencia de unificación de

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-04666-00
Actor: Colpensiones
Demandada: Diana Marleny Clavijo García
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

2018, y con referente a la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010. Según
este precedente, la Ley 100 de 1993 no tenía una lista taxativa de factores salariales
que compusieran el IBL y por eso, se debía dar aplicación integral al régimen
pensional anterior, inclusive en cuanto al periodo que se debe considerar para
determinar los ingresos más altos percibidos y que conforman la base de liquidación
pensional. En ese sentido, en caso de incluirse ingresos sobre los cuales no se
cotizó al sistema de seguridad social, se autorizó el descuento correspondiente en
la liquidación. De esta decisión se lee:

“Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices
jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los
servidores públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que
constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de
manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios,
independientemente de la denominación que se les dé, tales como, asignación
básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas
extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios
prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre
otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que
reciba el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se
señalaron a título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como
retribución directa del servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los
riesgos o infortunios a los que el trabajador se puede ver enfrentando. (…).

Con base en lo anteriormente expuesto, en el caso concreto el actor tiene
derecho a la reliquidación del beneficio pensional que le fue reconocido
incluyendo los factores salariales devengados durante el último año de
servicios y que la entidad accionada no tuvo en cuenta al liquidar su prestación.
(…)

De otro lado, se comparte la decisión del Tribunal en cuanto ordenó el
descuento de los aportes correspondientes a los factores salariales cuya
inclusión se ordena y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal.
Esta tesis ha sido sostenida en otras oportunidades por esta Corporación, y se
ha reiterado en las consideraciones de la presente sentencia, en el sentido que
la referida omisión por parte de la administración no impide el reconocimiento
de dichos conceptos para efectos pensionales, toda vez que aquellos pueden
ser descontados por la entidad cuando se haga el reconocimiento
prestacional.” 27.

37. Las reglas de unificación que limitaron los factores y el periodo de liquidación y
ordenaron aplicar el IBL previsto en la Ley 100 de 1993, no solo fueron posteriores
al fallo impugnado sino a la época en que fue reconocido el derecho pensional. La
sentencia de unificación de 201828 si bien definió que los factores salariales que

27 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 4 de agosto de 2010. C.P: Víctor Hernando Alvarado

Ardila. Exp. 250002325000200607509 01.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 28 de agosto de 2018,

expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01. Si bien hace referencia al régimen de transición para servidores
públicos con base en la Ley 33 de 1985, en la parte resolutiva sentó jurisprudencia sobre tres elementos. El

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-04666-00
Actor: Colpensiones
Demandada: Diana Marleny Clavijo García
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

pueden ser reconocidos son aquellos respecto de los cuales se hayan efectuado los
correspondientes aportes o cotizaciones al sistema de pensiones, puntualizó que
solo aplicaría para procesos administrativos y judiciales en curso y futuros, sin
afectar las decisiones previas que estuvieran en firme, así:

“115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación
al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta
sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este
pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en
vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo
los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables.” (Subrayado por fuera del texto)

38. Aunque el Ministerio Público advirtió que la sentencia impugnada se profirió en
aplicación de las reglas de interpretación vigentes, consideró que se debía dar
aplicación prevalente a las sentencias de constitucionalidad, a saber: SU-230 de
2015, SU-427 del 11 de agosto de 2016 y SU-210 de 2017 y del Acto Legislativo 1
de 2005. De la enunciación de las sentencias citadas, se tiene que dos de ellas son
posteriores a la sentencia impugnada y, en cuanto a la primera, la Sección Segunda
del Consejo de Estado, para esa época, sostenía la aplicación integral (incluido el
IBL) de los regímenes especiales previos a la Ley 100 de 1993, como se venía
aplicando por la Corporación29. En cuanto al Acto Legislativo referido, según el cual
“para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre
los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”, se destaca que la
sentencia impugnada confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Tolima que
en el punto cuarto decidió:

“CUARTO. Se ordena los descuentos por aportes en el evento en que no se
haya hecho con antelación debidamente indexados, correspondientes a los
factores que aún no han sido incluidos y sobre los cuales no se haya efectuado
la deducción legal en su oportunidad”30.

39. Según lo anterior, se concluye que la sentencia impugnada hizo tránsito a cosa
juzgada, aplicó las reglas de interpretación vigentes al momento de proferir
sentencia y no fue contraria a las sentencias de constitucionalidad ni inaplicó el Acto
Legislativo 1 de 2005, por lo que no está acreditado que la cuantía del derecho
reconocido excediera lo debido de acuerdo a la ley. Por esta razón, y en aplicación
de la sentencia de unificación citada, no es posible volver sobre el asunto y revocar
las decisiones en firme.

tercero es: “Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores
públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones”.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 7 de febrero de

2013, expediente 1723-2012, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Posición reiterada en sede de revisión por la
Sala Uno Especial de Decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia del 16 de diciembre de
2022, expediente 11001-03-15-000-2020-05060-00. C.P. María Adriana Marín.
30 SAMAI, índice 2, archivo 4, Cuaderno Principal, folio 93.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-04666-00
Actor: Colpensiones
Demandada: Diana Marleny Clavijo García
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

40. En consecuencia, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión interpuesto en contra de la sentencia del 29 de febrero de 2016 proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Costas

41. El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021, establece que “[s]i se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente”. No obstante, el artículo 188 del CPACA impide condenar
en costas en los procesos en que se ventile un interés público.

42. Al respecto, la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado 31 ha
reiterado que la acción de revisión iniciada por las causales del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 tiene como fin preservar el interés público, porque busca la defensa
del principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional y de la seguridad
social. Por eso, no se condenará en costas.

PARTE RESOLUTIVA

43. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis (26) Especial de Decisión,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones contra la
sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado
el 16 de julio de 2020, dentro del expediente nº. 25000-23-42-000-2014-00105-00.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE la presente actuación.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA MILTON CHAVES GARCÍA
Ausente con excusa

31 Entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 1 de agosto de

2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Sentencia del
5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro; Sentencia del
22 de noviembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2019-01749-00, C.P. Gabriel Valbuena Hernández;
Sentencia del 2 de junio de 2022, radicado 11001-03-15-000-2020-02983-00, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
Sentencia del 5 de junio de 2023, expediente 11001-03-15-000-2021-06622-00, C.P. Jaime Enrique Rodríguez
Navas.
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-04666-00
Actor: Colpensiones
Demandada: Diana Marleny Clavijo García
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Ausente con excusa

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaro voto
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al
aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda
que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el
sistema Samai.

VF

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