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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-04730-01

Fecha
9 de diciembre de 2021
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-04730-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- MODIFÍCASE el fallo de tutela de 13 de agosto de 2021, proferido por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, el cual quedará así: “Primero.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse un hecho superado en cuanto a la presunta mora judicial por parte del Tribunal Administrativo de Córdoba. 9 Sentencia SU-695 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2021-04730-01 Demandante: Luis Eduardo Contreras Smith Segundo.- ÍNSTASE al Tribunal Administrativo de Córdoba para que como garantía de no repetición, se abstenga de incurrir en actuaciones como las que dieron lugar a la presentación de la acción de tutela. Tercero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Luis Eduardo Contreras Smith en relación con la pretensión de reliquidación pensional, por las razones expuestas”. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-04730-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

9 de diciembre de 2021

Radicado: 11001-03-15-000-2021-04730-01
Demandante: Luis Eduardo Contreras Smith

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04730-01
Demandante: LUIS EDUARDO CONTRERAS SMITH
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA, SALA CUARTA
DE DECISIÓN Y MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Temas: Tutela contra autoridad judicial. Tardanza en resolver recurso
de apelación contra auto que decreta medida cautelar. Proceso
ejecutivo en curso

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
promovida por el accionante, mediante apoderado judicial, contra la sentencia de
13 de agosto de 2021, proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” del
Consejo de Estado, que resolvió lo siguiente:

“PRIMERO. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, en relación con
la pretensión de amparo por la supuesta mora judicial alegada, de conformidad con las
razones aquí anotadas.

SEGUNDO. Negar la acción de tutela, en cuanto a la reliquidación pensional
pretendida por la parte actora, por lo expuesto en las consideraciones de esta
sentencia”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El señor Luis Eduardo Contreras Smith indicó que el 30 de octubre de 2008, la
Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, a través de Acta de Junta Médica
Laboral No. 27481 le determinó una disminución de la capacidad laboral del 78%
por origen común.

Sostuvo que con ocasión a la pérdida de capacidad laboral el Ministerio de
Defensa Nacional, mediante Resolución No. 755 de 17 de marzo de 2009, le
reconoció la pensión de invalidez en cuantía de $357.843, efectiva a partir de 22
de octubre de 1998.

Aseguró que al no estar conforme con el monto de su pensión, inició demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Defensa Nacional
con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución No. 755 de 2009 y, en
consecuencia, se reliquidara la prestación pensional (exp. No. 23001-33-31-001-
2010-00021-00).

El proceso correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Montería, que mediante sentencia del 19 de diciembre de 2011, accedió a las
pretensiones de la demanda. Agregó que la decisión fue confirmada por el

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Demandante: Luis Eduardo Contreras Smith

Tribunal Administrativo de Córdoba por sentencia de 6 de febrero de 2014. El
Ministerio de Defensa Nacional profirió las Resoluciones No. 4639 de 18 de
septiembre de 2014 y No. 1507 de 31 de marzo de 2015, por medio de las cuales
reliquidó la pensión del accionante e indexó la primera mesada pensional en
cumplimiento de la referida decisión judicial.

Manifestó que al encontrarse inconforme con la reliquidación efectuada por el
Ministerio de Defensa Nacional, inició un proceso ejecutivo con el fin de que se
ordenara el pago de la suma de dinero correspondiente al ajuste de las mesadas
pensionales una vez liquidada la pensión de vejez reconocida al actor, aplicando
la debida indexación de la base salarial, por las diferencias de los mayores valores
que resulten luego de aplicar la respectiva indexación y los ajustes a las mesadas
pensionales posteriores, igualmente, por los intereses corrientes y moratorios, más
la corrección monetaria desde que las obligaciones laborales se hicieron exigibles
hasta que se efectúen las liquidaciones definitivas, el cual fue radicado bajo el No.
23001-33-33-001-2017-00424-00.

Señaló que el proceso se está tramitando ante el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Montería, que mediante auto de 19 de diciembre de 2018 libró
mandamiento de pago en contra del Ministerio de Defensa Nacional y decretó “el
embargo y retención de los dineros que la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Dirección de Veteranos tenga o llegare a tener en sus cuentas corrientes o de
ahorros en los bancos BBVA, Banco de Bogotá, Banco de Colombia, Banco
Agrario, Banco Sudameris, Banco Davivienda, Banco de Occidente, Banco
Colpatria, siempre y cuando no contengan dineros provenientes del sistema
general de participaciones, del sistema de seguridad social en salud y los demás
que de conformidad con la Constitución y la ley tengan el carácter de
inembargables”.

Así mismo, el 11 de febrero de 2019 el referido despacho judicial profirió auto en el
que concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada, el cual
fue admitido posteriormente por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala
Cuarta de Decisión, en el efecto devolutivo en providencia de 8 de mayo de 2019.

Indicó que mediante auto de 21 de diciembre de 2019, proferido por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Montería se corrió traslado de las
excepciones propuestas por la parte ejecutada.

Finalmente, refirió que a la fecha de presentación de la acción de tutela no ha
obtenido el cumplimiento de la sentencia de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo cual considera se origina en la falta de diligencia del Tribunal
Administrativo de Córdoba en resolver el recurso de apelación interpuesto contra
el auto de 19 de diciembre de 2018, por lo que considera que incurrió en mora
judicial injustificada.

2. Fundamentos de la acción

El actor interpuso acción de tutela con el fin de que se le ordene al Ministerio de
Defensa Nacional efectuar una nueva liquidación de su pensión de invalidez,
aplicando la debida indexación de la base salarial, desde el 22 de julio de 1998
fecha de la adquisición de estatus pensional, hasta el 17 de marzo de 2009, fecha
del reconocimiento efectivo de la pensión y, en consecuencia, los respectivos
reajustes a las mesadas pensiónales posteriores.

La pretensión se sustentó en que el proceso ejecutivo es ineficaz para la
protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, dado que el Tribunal Administrativo de
Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, incurrió en mora judicial injustificada por la
tardanza en resolver el recurso de apelación presentado contra el auto de 19 de

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Demandante: Luis Eduardo Contreras Smith

diciembre de 2018, proferido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Montería.

Aseguró que la acción de tutela resulta procedente como mecanismo transitorio
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable dado que es un “sujeto de
especial protección constitucional debido a que es un disminuido físico y
sensorial”.

Al respecto, mencionó las sentencias T-327 de 2015, T-014 de 2015 y T-456 de
2016, emanadas de la Corte Constitucional en las que se habilitó la procedencia
excepcional de la acción de tutela como mecanismo transitorio para el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez a sujetos de especial protección
constitucional.

Por otro lado, indicó que de conformidad con la sentencia T-554 de 1992, T-283
de 2013 y T-431 de 2012, el cumplimiento de los fallos judiciales es un imperativo
del Estado Social y Democrático de Derecho y hace parte de la garantía del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

Así mismo, refirió que la Corte Constitucional en la sentencia T-184 de 2015
reconoció que existen algunas circunstancias en las cuales la tutela procede para
solicitar derechos de tipo pensional, en especial cuando el accionante se
encuentra en alguno de estos supuestos:

• “Que la persona interesada haya adquirido el status de jubilado, o lo que es igual, que se le
haya reconocido su pensión.
• Que haya actuado en sede administrativa; es decir, que haya interpuesto los recursos de
vía gubernativa contra el acto que reconoció la pensión o haya presentado la solicitud de
reliquidación ante el respectivo fondo de pensiones y éste se hubiere negado.
• Que haya acudido a las vías judiciales ordinarias para satisfacer sus pretensiones, se
encuentre en tiempo de hacerlo o, en su defecto, demuestre que ello es imposible por
razones ajenas a su voluntad.
• Que acredite las condiciones materiales que justifican la protección por vía de tutela, esto
es, su condición de persona de la tercera edad, que la actuación resulta violatoria de sus
derechos fundamentales como la dignidad humana, la subsistencia, el mínimo vital y la
salud en conexidad con la vida u otras garantías superiores, y que el hecho de someterla al
trámite de un proceso ordinario hace más gravosa su situación personal”.

Enseguida, refirió que la acción de tutela también resulta procedente, de manera
excepcional, para ordenar el pago de la indexación de la primera mesada
pensional, frente a órdenes judiciales dictadas contra las entidades responsables
del pago de la pensión, incluso si no se ha agotado el procedimiento ejecutivo
ordinario, como sucede en su caso.

Advirtió que en el presente caso el proceso ordinario es ineficaz para dirimir el
conflicto pensional del señor Luis Eduardo Contreras Smith, por lo que la acción
de tutela resulta procedente.

En este orden de ideas, resaltó que “(i) el tutelante es una persona en condición
de discapacidad y que permanece desempleado; (ii) aportó al Sistema de
Seguridad Social aproximadamente por 20 años, logrando un total de 874,57
semanas de cotización; (iii) la mayor parte de sus necesidades básicas las cubren
sus padres, quienes son personas de 79 y 65 años de edad, y viven en zona rural
del municipio de Carmen de Carupa; (iv) los ingresos de sus progenitores
provienen de la venta de leche, fuente que varía dependiendo de la actividad
comercial; (v) presenta problemas como “atrofia muscular en las extremidades,
flexión de los dedos de las manos permanente [y que] no hay patrones funcionales
con los miembros superiores”.

Indicó que su discapacidad se originó al caerse de un árbol a los 18 años de edad,
situación que lo dejó en silla de ruedas. Manifestó que la acción de tutela es

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Demandante: Luis Eduardo Contreras Smith

procedente al ser un sujeto de especial protección constitucional, por su condición
de discapacidad, la cual hoy ya no le permite desempeñar sus funciones en el
campo laboral, y así suplir sus necesidades básicas.

Por último, en cuanto a la protección especial de las personas en situación de
discapacidad mencionó el artículo 13 de la Constitución Política y el artículo 4 de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

3. Pretensiones

El accionante formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Que se amparen de manera transitoria los derechos
fundamentales [al] MINIMO VITAL, DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS
JUDICIALES, a favor del accionante LUIS EDUARDO CONTRERAS SMITH,
identificado con cédula de ciudadanía Nº (…) de Lorica.

SEGUNDO: Que como consecuencia de la declaración anterior ORDENAR al
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL que en el término de Cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, que resuelva la presente
acción constitucional, proceda a reliquidar la pensión de invalidez reconocida
al actor, aplicando la debida indexación de la base salarial, desde el 22 de
julio de 1998 fecha de la adquisición de status pensional, hasta el 17 de
marzo de 2009, fecha del reconocimiento efectivo de la pensión; y en
consecuencia los respectivos reajustes a las mesadas pensionales
posteriores. Y a pagar a favor del accionante las diferencias por los mayores
valores que resulten luego de aplicar la respectiva indexación de la base
salarial con I.P.C., y los respectivos reajustes a las mesadas posteriores de
manera transitoria hasta que la jurisdicción contenciosa administrativa se
pronuncie de manera definitiva frente (sic) en el medio de control ejecutivo
Radicado 230013333001201700424, sin perjuicio de que realice los recobros
correspondientes”.

4. Pruebas relevantes

Con el escrito de tutela el actor allegó los siguientes documentos:

• Copia del auto de 19 de diciembre de 2018, que libró mandamiento de pago
y dictó medida de embargo proferido por el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Montería, en el marco del proceso ejecutivo No. 23001-33-
33-001-2017-00424-00.
• Copia de la providencia de 11 de febrero de 2019, que concedió el recurso
de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra el auto de 19 de
diciembre de 2018, emitido por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Montería.
• Copia del auto de 8 de mayo de 2019, mediante el cual se admitió el
recurso de apelación, proferido por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba.
• Copia del auto de 21 de diciembre de 2019, que corrió traslado de las
excepciones emanado del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Montería.

5. Trámite procesal

Por auto de 26 de julio de 2021, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “A”, admitió la acción de tutela y ordenó notificar el contenido de esa
providencia al demandante y a la parte demandada.

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Demandante: Luis Eduardo Contreras Smith

La Secretaría General libró los oficios Nº 72682 a 72686 de 28 de julio de 20211,
con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el auto admisorio.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de
Decisión

Mediante escrito de 30 de julio de 2021, el Magistrado a cargo del trámite del
recurso de apelación interpuesto contra el auto de 19 de diciembre de 2018,
solicitó que se nieguen las pretensiones del escrito de tutela.

Indicó que la acción de tutela resulta procedente pues el actor no cuenta con otro
medio de defensa judicial, sin embargo, considera que no se configuró la mora
judicial alegada dado que no existe negligencia alguna por parte del despacho en
la tramitación del proceso ejecutivo que origina la presente acción.

Al respecto, explicó que revisado Sistema de Consulta de Procesos Nacional
Unificada, el proceso ejecutivo radicado bajo el No. 23001-33-33-001-2017-
00424-01, le fue asignado por reparto el 1 de marzo de 2019, con el fin de desatar
el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 19 de diciembre de 2018,
que libró mandamiento de pago y decretó medida cautelar. Manifestó que el
proceso ingresó al despacho el 20 de abril de 2019 y que el 8 de mayo de 2019
libró auto que admitió el recurso. Finalmente, sostuvo que el 12 de junio de 2019
ingresó al despacho para proferir decisión.

Destacó que antes de emitir el auto correspondiente debe atender otros asuntos
de acuerdo con el orden del sistema de turnos. A lo que agregó que la vacancia
judicial y las múltiples suspensiones de términos y cierres que se presentaron con
ocasión de la pandemia del Covid-19 han retardado la resolución de los trámites
judiciales a su cargo.

Aseguró que le fue concedida una comisión especial de estudios desde el 10 de
julio de 2020 al 10 de julio de 2021. Tiempo en el que se designó a la Magistrada
Gladys Arteaga Díaz en su reemplazo, quien realizó el inventario de procesos,
identificando aquellos a los que debía darse prelación por su naturaleza.

Mencionó que mediante Acuerdo PCSJA20-11589 de 6 de julio de 2020, el
Consejo Superior de la Judicatura adoptó como medida transitoria la creación de
un cargo de sustanciador para cada uno de los despachos del Tribunal, desde el
3 de agosto y el 11 de diciembre de 2020, lo que contribuyó a evacuar múltiples
asuntos, sin embargo, la medida no fue prorrogada.

Sostuvo que no se desconoció el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, pues el accionante ha tenido la posibilidad de someter
su controversia a la jurisdicción contencioso administrativa. Además, indicó que
no existe prueba en el expediente que dé cuenta de la afectación al mínimo vital
del señor Luis Eduardo Contreras Smith, a quien le fue reconocida la mesada
pensional e inició el proceso ejecutivo con el fin de obtener el pago de la
reliquidación pensional.

Por último, informó que el 30 de julio de 2021 “profirió auto mediante el cual se
rechazó por improcedente la solicitud de apelación adhesiva presentada por la
parte ejecutante dentro del proceso ejecutivo y una vez quede ejecutoriado el

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El demandante y la parte demandada fueron notificados a las siguientes direcciones de correo
electrónico: pacho.arteaga.2015@gmail.com; nayrapiedadl@hotmail.com;
setradmon@cendoj.ramajudicial.gov.co; tadmin02crb@notificacionesrj.gov.co;
tadmin04crb@notificacionesrj.gov.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co;
adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co; notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co.
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mismo se procederá a resolver sobre el recurso de apelación interpuesto por la
parte ejecutada el cual se encuentra en estudio”.

En memorial de 5 de agosto de 2021, el Magistrado Ponente indicó que mediante
auto de ese mismo día procedió a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte ejecutada contra el auto de 19 de diciembre de 2018. Aseguró que la
decisión sería notificada a través de estado de 6 de agosto de 2021, con lo cual el
interés de la parte actora se encuentra satisfecho. En consecuencia, pidió que se
declare la carencia actual de objeto por hecho superado.

6.2. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional

Mediante escrito allegado el 22 de agosto de 2021, la Coordinadora del Grupo de
Prestaciones Sociales de la cartera ministerial solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela, al considerar que no existe una conducta
respecto de la cual se pueda efectuar el juicio de vulnerabilidad. En su defecto,
solicitó que se desvincule del trámite constitucional.

Informó que el Ministerio de Defensa Nacional mediante Resolución No.755 de 17
de marzo de 2009, reconoció y ordenó el pago de una pensión mensual de
invalidez a favor del accionante. Además, sostuvo que la mesada pensional fue
liquidada en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Montería y el Tribunal Administrativo de Córdoba, a través de los actos
administrativos Nos. 4639 de 18 de septiembre de 2014 y No.1507 de 31 de
marzo de 2015.

Aseveró que desde el momento en que fue reconocida la pensión de invalidez, se
han venido cancelando de manera ininterrumpida las mesadas pensionales a favor
del señor Luis Eduardo Contreras Smith, con los respectivos incrementos
decretados por el Gobierno Nacional, lo cual, en su sentir, desvirtúa la vulneración
del derecho fundamental al mínimo vital.

Como prueba de dicha afirmación aportó el certificado de nómina del mes de julio,
el cual se adjunta a continuación:

Adujo que la acción de tutela fue interpuesta contra un trámite que se encuentra
en curso, a pesar de que no es la indicada para presionar el sentido de un fallo
judicial. Además, aseguró que en el presente caso no ha existido vulneración
alguna a los derechos fundamentales del actor, por lo que debe negarse el
amparo solicitado.

Por último, resaltó que la principal pretensión del accionante es obtener el pago de
sumas de dinero frente a lo cual la acción de tutela resulta improcedente, de
conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia T-606
de 2000.

6.3. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Montería guardó
silencio.

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7. Sentencia de tutela impugnada

En sentencia de 13 de agosto de 2021, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “A”, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado en
relación con la supuesta mora judicial por parte del Tribunal Administrativo de
Córdoba, al encontrar que la autoridad judicial demandada dio trámite al proceso
ejecutivo y resolvió el recurso de apelación, sin necesidad de intervención del juez
de tutela.

Lo anterior, teniendo en cuenta que por auto de 5 de agosto de 2021, resolvió
modificar el numeral segundo de la providencia objeto de apelación que había
decretado la medida de embargo, la cual quedó así: “Segundo: DECRETAR el
embargo y retención de las sumas de dineros que tenga depositadas la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Veteranos en las cuentas
destinadas al pago de conciliaciones y sentencias judiciales y las de libre
destinación que tenga la ejecutada en las cuentas corrientes o de ahorro en las
entidades bancarias Banco BBVA, Banco de Bogotá, Banco de Colombia, Banco
Agrario, Banco Sudameris, Banco Davivienda, Banco de Occidente, Banco
Colpatria. Y en caso de estas no ser suficientes, posteriormente el juez podrá
acudir a los de destinación específica”.

Destacó que la providencia fue notificada por estado de 6 de agosto de la presente
anualidad.

Por otro lado, en cuanto a la pretensión consistente en que se ordenara al
Ministerio de Defensa Nacional que procediera a “reliquidar la pensión reconocida
al actor”, advirtió que el actor ya hizo uso del mecanismo ordinario de defensa
judicial (proceso ejecutivo) para obtener la protección de los derechos cuyo
amparo reclama por vía de tutela, el cual se encuentra en curso.

Enseguida sostuvo que aun cuando el actor alegó ser una persona en situación de
discapacidad, que no cuenta con un empleo y que la mayoría de sus necesidades
básicas son cubiertas por sus padres, en realidad no existe prueba alguna que
“permita inferir que de no acceder a la pretensión de reliquidación de su mesada
pensional se comprometa la vulneración de otro tipo de derechos fundamentales
(mínimo vital, dignidad humana, etc.), contrario sensu, se observa que en la
actualidad el señor Luis Eduardo Contreras Smith goza de una pensión de
invalidez de $1.696.210, ingreso periódico que le permite solventar sus
necesidades mientras el juez natural de la causa define lo concerniente al reajuste
de la mesada que reclama”.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
accionante, mediante apoderado judicial, manifestó que impugnaba la decisión
proferida por el a quo y solicitó que fuera revocada. Sin embargo, no indicó las
razones de su inconformidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de impugnación.

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2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si confirma la decisión proferida por la Sección
Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado el 13 de agosto de 2021, en la que
se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la presunta
mora judicial del Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, y
se negó la pretensión de reliquidación pensional, o, si por el contrario, debe
revocarse y acceder a las pretensiones formuladas en la solicitud de amparo.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición
que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en las
casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para
interponer la acción de tutela (…)”.

En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y
subsidiario de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona,
cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El accionante interpuso acción de tutela con el fin de obtener el amparo de
sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, al considerarlos vulnerados por cuenta de la tardanza
del Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, en resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra el auto de 19 de
diciembre de 2019, proferido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Montería, que libró mandamiento de pago y decretó la medida cautelar de
embargo en el marco del proceso ejecutivo con radicado No. 23001-33-33-001-
2017-00424-01. El recurso de apelación se admitió únicamente en cuanto a la
orden relacionada con el decreto de la medida cautelar.

Sostuvo que dicha tardanza demuestra la falta de eficacia del proceso ejecutivo
para resolver el asunto, por lo que solicitó al juez constitucional que se ordene al
Ministerio de Defensa Nacional que proceda a efectuar una nueva liquidación de
su pensión de invalidez “aplicando la debida indexación de la base salarial, desde
el 22 de julio de 1998 fecha de la adquisición de status pensional, hasta el 17 de
marzo de 2009, fecha del reconocimiento efectivo de la pensión; y en
consecuencia los respectivos reajustes a las mesadas pensionales posteriores. Y
a pagar a favor del accionante las diferencias por los mayores valores que resulten
luego de aplicar la respectiva indexación de la base salarial con I.P.C., y los
respectivos reajustes a las mesadas posteriores de manera transitoria hasta que la
jurisdicción contenciosa administrativa se pronuncie de manera definitiva frente
(sic) en el medio de control ejecutivo Radicado 230013333001201700424”.

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Demandante: Luis Eduardo Contreras Smith

Además, afirmó que es un sujeto de especial protección constitucional porque se
encuentra en condición de discapacidad, permanece sin empleo y depende de sus
padres de 79 y 65 años de edad para garantizar la mayor parte de sus
necesidades.

4.2. El juez constitucional de primera instancia declaró la carencia actual de objeto
por hecho superado en relación con la pretensión de amparo por la supuesta mora
judicial, al encontrar que el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de
Decisión, dio trámite a la demanda ejecutiva presentada por la parte actora y, de
hecho, ya resolvió el recurso de apelación en el proceso ejecutivo, sin necesidad
de intervención del juez de tutela. Además, negó la pretensión formulada contra el
Ministerio de Defensa Nacional, teniendo en cuenta que el actor acudió al proceso
ejecutivo para obtener la protección de los derechos fundamentales cuyo amparo
solicita, el cual aún se encuentra en curso.

Por último, advirtió que no existe prueba en el expediente que permita inferir que
de no acceder a la pretensión de reliquidación de su mesada pensional se
comprometería la efectividad de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la
dignidad humana.

4.3. El actor impugnó la decisión y solicitó que fuera revocada, sin embargo, no
sustentó las razones de su inconformidad.

4.5. En primer lugar, la Sala aclara que efectuará el estudio de la impugnación
presentada por el demandante aun cuando en la misma no se hubieran expresado
los motivos de inconformidad con lo decidido en primera instancia, pues, conforme
con la jurisprudencia constitucional sobre la materia, en casos como el presente el
juez constitucional debe considerar la solicitud inicial y los demás elementos que
aparezcan en el expediente para basar en ellos su decisión.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia T-538 de 20172,
sostuvo:

“2.1. En la línea del examen que se realiza, interesa poner de relieve que el
Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta-,
por medio de providencia del 25 de agosto de 2016 se sirvió confirmar, en
segunda instancia, la negativa adoptada por el juez de tutela de primer grado
al estimar, básicamente, que aun cuando el apoderado judicial del actor
presentó escrito de impugnación en término, aquel no incluía ningún tipo
de argumento de oposición frente al contenido de la decisión que pretendía
censurar, debido a que su sustentación había sido radicada en forma
extemporánea.

2.2. Analizado el expediente en cuestión, y teniendo en cuenta la jurisprudencia
constitucional relacionada con el trámite que debe surtir el recurso de
impugnación tratándose de acciones de tutela, es claro que las autoridades
judiciales no pueden, bajo ninguna circunstancia, convertir en un requisito sine
qua non la obligatoria sustentación de un recurso que para el caso particular
del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales no se exige.

(…)

Visto lo anterior, en caso de que el recurrente se limite a expresar que impugna
o apela sin acompañar a esa simple manifestación la expresión de los motivos
de inconformidad con lo decidido en primera instancia, el operador jurídico
debe considerar la solicitud inicial y los demás elementos que aparezcan en el
expediente para basar en ellos su decisión”.

2
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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4.4. En este sentido, la Sala efectuará el análisis de conformidad con los
argumentos presentados en el escrito de tutela y en los informes allegados por la
parte demandada, contrastándolos con la decisión objeto de impugnación.

Al respecto, se advierte, como lo resolvió el a quo, que en el asunto bajo examen
se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado en cuanto a la
supuesta mora judicial por parte del Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala
Cuarta de Decisión, dado que mediante auto de 5 de agosto de 2021 se resolvió el
recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra el auto de 19 de
diciembre de 2018, en el sentido de modificar la orden de embargo contenida en el
ordinal segundo de dicha providencia.

Además, se logró constatar que la decisión fue debidamente notificada mediante
estado electrónico de 6 de agosto de 20213, como se observa a continuación:

Cabe resaltar que en sentencia SU-274 de 20194, la Corte Constitucional reiteró
que “ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron
origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la
solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial”. Ello se justifica en que al
desaparecer el supuesto de hecho que motivó la presentación de la solicitud,
cualquier determinación por el juez constitucional sería inocua y no atendería el
objetivo de esta acción consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política.

En términos concretos dijo la Corte, “la materia o amenaza cesa porque ha tenido
lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho
o la inocuidad de las pretensiones”.

Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte
Constitucional ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto, que
permite evidenciar la imposibilidad material del juez constitucional para dictar
alguna orden para salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido
solicitada. Este fenómeno se materializa a través de tres figuras: (i) hecho
superado; (ii) daño consumado y (iii) el acaecimiento de una situación
sobreviniente.

El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto
2591 de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de
la acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba
la afectación ius fundamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se
superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar

3
Disponible en: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2191692/58908748/ESTADO+117+-
+06-08-2021.pdf/d9bd919f-4a7d-4cdb-8d21-474b0a473bf4, última consulta realizada el 29 de
noviembre de 2021.
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M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
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el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad,
la accionada ha dejado de desconocer”5.

De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela
se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela, dé en principio, una orden al respecto”6.

Por último, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una tercera modalidad
que comprende supuestos de hecho que no se encajan en un hecho superado o
un daño consumado, la cual ha denominado acaecimiento de una situación
sobreviniente, “que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la
vulneración predicada (…), ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no
le correspondía, o porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado
de la litis”7.

En este orden de ideas, como quiera que mediante auto de 5 de agosto de 2021,
con ocasión de la interposición de la acción de tutela, la autoridad judicial
demandada resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 19 de
diciembre de 2018, la Sala considera que se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado, en cuanto a la supuesta situación de mora judicial.

No obstante, y a pesar de que se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado, la Sala no puede pasar desapercibida la circunstancia de que en un
trámite ejecutivo que, en principio se espera que sea expedito, hayan transcurrido
dos (2) años, cinco (5) meses y cuatro (4) días desde que el Tribunal
Administrativo de Córdoba recibió el recurso de apelación presentado contra el
auto de 19 de diciembre de 2018 (1 de marzo de 2019) hasta que se profirió la
providencia que lo resolvió (5 de agosto de 2021), razón por la cual, en virtud de lo
señalado en el artículo 24 de Decreto 2591 de 19918, se instará al Tribunal
Administrativo de Córdoba para que como garantía de no repetición, se abstenga
de incurrir en actuaciones como las que dieron lugar a la presentación de la acción
de tutela.

4.5. De otra parte, la Sala estima que la pretensión consistente en ordenar al
Ministerio de Defensa Nacional que proceda a efectuar una nueva liquidación de
su pensión de invalidez aplicando la debida indexación de la base salarial, desde
el 22 de julio de 1998 hasta el 17 de marzo de 2009, hasta que la jurisdicción
contencioso administrativa tome la decisión definitiva en el proceso ejecutivo
resulta improcedente, dado que en el asunto bajo examen el medio ordinario de
defensa judicial al que acudió el señor Luis Eduardo Cortes Smith y el cual se
encuentra en curso, esto es, el proceso ejecutivo, resulta idóneo para obtener la
protección de los derechos fundamentales invocados, pues en el marco de dicho
trámite judicial se libró mandamiento de pago y se dictó la medida cautelar de
embargo de sumas de dinero a su favor para garantizar el pago de la obligación
contenida en la sentencia de 6 de febrero de 2014.

5
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
6
Cfr. SU-225 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada.
7
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
8
“ARTICULO 24. PREVENCION A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado
los efectos del acto impugnado, o éste se hubiera consumado en forma que no sea posible
restablecer al solicitante en el goce de su derecho conculcado, en el fallo se prevendrá a la
autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron
mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo
con lo establecido en el artículo correspondiente de este Decreto, todo sin perjuicio de las
responsabilidades en que ya hubiere incurrido.
El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para
evitar la repetición de la misma acción u omisión”.
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Demandante: Luis Eduardo Contreras Smith

De este modo, el actor debe esperar a que la autoridad judicial a cargo del trámite
ejecutivo profiera la decisión definitiva en aras de garantizar el pago de las sumas
eventualmente adeudadas por el señor Luis Eduardo Contreras Smith.

Además, tampoco se observa la configuración de un perjuicio irremediable que
haga necesaria la intervención del juez constitucional mediante el amparo
transitorio, ya que el demandante no demostró siquiera de manera sumaria que la
indebida liquidación de su mesada pensional sin la indexación de su primera
mesada pensional por parte del Ministerio de Defensa Nacional genere un
perjuicio inminente que requiera la adopción de medidas urgentes e
impostergables en los términos señalados por la Corte Constitucional9.

Por el contrario, la Sala reconoce que el accionante se encuentra en situación de
discapacidad, lo cierto es que actualmente es beneficiario de una pensión de
invalidez en un monto de $1.696.210 y está incluido en la nómina pensional de la
mencionada cartera ministerial, con lo cual se descarta una posible afectación a su
derecho fundamental al mínimo vital. A lo que se agrega que la inconformidad
puesta a consideración en el proceso ejecutivo es por la forma en la que el
Mininisterio de Defensa Nacional le dio cumplimiento a la orden de reliquidación
pensional, debate eminentemente probatorio que debe ser resuelto por el juez de
la ejecución.

En este orden de ideas, se concluye que la acción de tutela resulta improcedente
para ordenar que se ajuste la liquidación pensional con la debida indexación de la
primera mesada pensional, pues el actor inició el proceso ejecutivo con tal fin, el
cual se encuentra en curso y resulta eficaz e idóneo para la protección de sus
derechos fundamentales, al punto que se decretó medida cautelar de embargo de
sumas de dinero la cual fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Córdoba.
A lo que se agrega que no se comprobó la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.

En consecuencia, la Sala modificará la sentencia de 13 de agosto de 2021,
proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, en el
sentido de declarar la carencia actual por hecho superado en cuanto a la presunta
mora judicial por parte del Tribunal Administrativo de Córdoba. Así mismo, instará
al Tribunal Administrativo de Córdoba para que como garantía de no repetición,
se abstenga de incurrir en actuaciones como las que dieron lugar a la
presentación de la acción de tutela y, por último, declarará la improcedencia de la
acción de tutela frente a la reliquidación pensional pretendida por el demandante.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- MODIFÍCASE el fallo de tutela de 13 de agosto de 2021, proferido por
la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, el cual quedará así:

“Primero.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse un
hecho superado en cuanto a la presunta mora judicial por parte del Tribunal
Administrativo de Córdoba.

9
Sentencia SU-695 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Demandante: Luis Eduardo Contreras Smith

Segundo.- ÍNSTASE al Tribunal Administrativo de Córdoba para que como garantía
de no repetición, se abstenga de incurrir en actuaciones como las que dieron lugar a la
presentación de la acción de tutela.

Tercero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor
Luis Eduardo Contreras Smith en relación con la pretensión de reliquidación
pensional, por las razones expuestas”.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

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