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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-04794-01

Fecha
27 de enero de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-04794-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 13 de septiembre de 2021, dictada por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-04794-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

27 de enero de 2022

Radicación:11001-03-15-000-2021-04794-01
Demandante:LECSY DEL SOCORRO PÉREZ AYAZO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04794-01
Demandante: LECSY DEL SOCORRO PÉREZ AYAZO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

Temas: Tutela contra fallo de tutela. Requisitos para la procedencia de
la tutela contra una decisión de esa misma naturaleza. Identidad
procesal

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte demandante, quien actúa en nombre propio, contra la
sentencia de 13 de septiembre de 2021, dictada por la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela en la que la
que se declaró la improcedencia de la solicitud por no cumplir con los parámetros
excepcionales para la procedencia de la tutela contra un fallo de esa misma
naturaleza.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante afirmó que presentó demanda laboral contra Caprecom en
liquidación, hoy Patrimonio Autónomo de Remanentes Caprecom liquidado, con el
fin de que se declarara la existencia de una relación laboral con la consecuente
condena al pago de prestaciones sociales, aportes a pensión y sanción moratoria.

Indicó que la demanda correspondió en primera instancia al Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Montería, que mediante sentencia de 5 de agosto de 2016
declaró la existencia de la relación laboral y condenó solidariamente a la
cooperativa Cooperamos y Caprecom EICE en liquidación a pagar unas sumas de
dinero por concepto de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas
de servicios, así como la sanción moratoria y los aportes a pensión faltantes
durante el período comprendido entre el 1 de marzo de 2010 y el 31 de diciembre
de 2013.

Sostuvo que luego de que la demandada apelara dicha decisión, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Montería en sentencia de 15 de noviembre de
2018 absolvió a las demandadas del pago de los intereses a las cesantías y la
sanción moratoria, y confirmó en lo demás la condena impuesta.

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Demandante:LECSY DEL SOCORRO PÉREZ AYAZO

Adujo que, en tal razón, la accionante presentó reclamación administrativa para el
pago de las acreencias reconocidas en los fallos judiciales, por lo que el 9 de
marzo de 2020 le fue remitido el contrato de transacción por concepto de
prestaciones sociales, pero no por el valor de los aportes a pensión, pues el juez
de primera instancia había ordenado su consignación al fondo donde estuviera
afiliada.

Refirió que al no reflejarse consignación alguna de sus aportes a seguridad social
en el fondo de afiliación Porvenir, el 12 de noviembre de 2020 la accionante
presentó derecho de petición en el que solicitó darle celeridad al proceso de pago
de aportes como consecuencia de la sentencia judicial.

Narró que ante la falta de respuesta a la petición presentó acción de tutela en
contra de Caprecom en liquidación, con el fin de que se le ordenara pagar a
Porvenir los aportes a pensión correspondientes al periodo laboral del 1º de marzo
de 2010 al 31 de diciembre de 2013.

Afirmó que el conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Montería, que en fallo del 23 de febrero de 2021
amparó los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, ordenó al
Patrimonio Autónomo de Remanentes Caprecom y a Fiduprevisora realizar el
trámite de pago y traslado a Porvenir de los aportes solicitados y ordenados
mediante las sentencias de 5 de agosto de 2016 y de 15 de noviembre de 2018.

Indicó que contra la anterior decisión Caprecom interpuso impugnación, la cual fue
desatada por el Tribunal Administrativo de Córdoba en sentencia de 15 de abril de
2021, en la que confirmó la orden de amparo del fallo de primera instancia y
declaró la carencia actual de objeto, al considerar que el Patrimonio Autónomo de
Remanentes de Caprecom ya había consignado el total de las cotizaciones por lo
que había cumplido lo ordenado.

Por último, sostuvo que le fue informado que solo se realizaría el pago
correspondiente al mes de junio de 2012 dado que los períodos del 1° de marzo
de 2010 al 30 de mayo de 2012 fueron consignados por la Cooperativa de Trabajo
Asociado Cooperamos CTA y del mes de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2013
fueron realizados por la demandante como independiente, con lo cual se daba
pleno cumplimiento a los fallos judiciales, pues en estos se ordenó pagar los
aportes faltantes durante el periodo comprendido desde el 1º de marzo de 2010
hasta el 31 de diciembre de 2013.

2. Fundamentos de la acción

La accionante presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Córdoba, al considerar que la sentencia de tutela de 15 de abril de 2021, mediante
la cual se confirmó la orden de amparo del fallo de primera instancia y se declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado, en el marco de la solicitud de
amparo que presentó contra Caprecom, vulnera sus derechos fundamentales al
debido proceso, mínimo vital y la seguridad social, por cuanto, estima, la sentencia
laboral no fue cumplida de manera completa y absoluta sino parcialmente, pues se
encontraban pendientes de consignar los aportes a seguridad social.

Sostuvo que no es cierto que se haya dado cumplimiento total al fallo ya que, si
bien la Fiduprevisora, Patrimonio Autónomo de Remanentes Caprecom liquidado,
realizó el pago por concepto de aportes a seguridad social en pensión por el mes
de junio del año 2012, lo cierto era que en la sentencia proferida dentro del
proceso ordinario laboral se condenó al pago de los aportes a pensión durante el
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periodo comprendido entre el 1º de marzo de 2010 al 31 de diciembre de 2013.

Afirmó que a pesar de que cotizó como independiente para el mes de julio de 2012
al 31 de diciembre de 2013, el empleador debía reintegrar el dinero sufragado, tal
y como se ordenó en los fallos laborales.

Refirió que Caprecom no puede excusarse bajo el pretexto que el periodo de
tiempo condenado fue cotizado, “habida cuenta que no era un deber de la suscrita
sino de mi verdadera empleadora y es que, todas esas vicisitudes fueron
estudiadas en el proceso ordinario, no puede Caprecom negarse a cumplir un fallo
judicial y mucho menos una autoridad judicial (Tribunal Administrativo de Córdoba)
avalar esta situación”.

Por último, sostuvo que “de ser así, caeríamos en el equívoco de que si una
persona trabaja en una entidad bajo un supuesto contrato de prestación de
servicios -que en realidad es un contrato de trabajo- estaría obligada a no realizar
las cotizaciones o los pagos a la seguridad social como requisito indispensable
para que en una eventual y segura condena dentro del proceso laboral se pueda
condenar al empleador al pago de dichos emolumentos. Lo cual vulneraría los
derechos ciertos e indiscutibles del trabajador”, situación que, afirma, ya ha sido
decantada a su favor por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, en sentencia SL070-2021.

3. Pretensiones

La accionante plantea las siguientes:

“1. Que se tutelen mis derechos constitucionales al debido proceso, el mínimo vital
y a la seguridad social.

2. Que se revoque el fallo de tutela proferido por EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CÓRDOBA, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN, de fecha 15 de abril de la
presente anualidad, y se deje en firme el fallo de tutela proferido por el JUZGADO
SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA de
fecha 23 de febrero del año 2021”.

4. Pruebas relevantes

Al trámite de la tutela se allegó copia digital de las actuaciones surtidas en la
acción de tutela radicada con el Nº 2021-00044-01, actora: Lecsy del Socorro
Pérez Ayazo.

5. Trámite procesal

Por auto de 27 de julio de 2021, la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo
de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a las autoridades judiciales
accionadas, así como al Patrimonio Autónomo de Remanentes Caprecom
liquidado, a la Fiduprevisora y a Porvenir SA, en calidad de terceros con interés en
el resultado del proceso.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Patrimonio Autónomo de Remanentes Caprecom,
liquidado

El apoderado del patrimonio autónomo rindió informe en el que solicitó que se
declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva a su favor, en tanto, indicó,
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como lo pretendido por la accionante es que se revoque el fallo de tutela proferido
el 15 de abril del presente año, es al Tribunal Administrativo de Córdoba a quien
correspondía pronunciarse de fondo.

Indicó que conforme a lo verificado en la historia laboral de la accionante se
evidenció que el único periodo que se encontraba pendiente de pago era el
correspondiente al mes de junio de 2012, por lo que se canceló la planilla del
aporte a seguridad social en pensión de la señora Pérez Ayazo correspondiente a
ese periodo por un valor de $396.500.

Afirmó que en el proceso ordinario se ordenó efectuar los pagos de aportes de
seguridad social a la accionante del periodo comprendido entre el 1º de marzo del
2010 al 31 de diciembre del 2013 que se encontraran faltantes de pago, razón por
la cual solo se canceló el mes de junio de 2012.

6.2. Aun cuando fueron notificados en debida forma, los demás vinculados
guardaron silencio.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, en sentencia de 13 de
septiembre de 2021, declaró la improcedencia de la solicitud por no cumplir con
los parámetros excepcionales para la procedencia de la tutela contra un fallo de
esa misma naturaleza, en tanto, indicó, en el caso no se encuentra demostrada
una situación de fraude.

Adujo que los disensos que la demandante invocó para cuestionar la providencia
que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado se refieren, de
manera exclusiva, al presunto incumplimiento de un fallo laboral, por cuanto
presuntamente quedaron pendientes de consignar los aportes a la seguridad
social desde el 1º de marzo de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2013.

Por último, sostuvo que, en consecuencia, como no se demostró o cuando menos
alegó una situación de fraude en el caso, era forzoso concluir que la solicitud era
improcedente.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, por
cuanto, sostuvo, “contrario a lo dicho por el Honorable Consejo de Estado, sí
existió fraude procesal en la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Córdoba toda vez que, a pesar de existir un fallo judicial de índole laboral por parte
del Tribunal Superior de Montería, la accionada decidió hacer caso omiso y
convalidar el desacato a la mentada decisión judicial por parte de CAPRECOM”.

Refirió que al interior del proceso judicial Caprecom no reprochó la condena por
concepto de los aportes a pensión, pues, “solo se limitó a establecer que lo
pactado entre las partes fue un contrato de prestación de servicios, no un contrato
laboral y que no se lograron demostrar los elementos contemplados en el artículo
23 del CST y, al desatar la apelación e incluso el grado jurisdiccional de consulta,
el Tribunal Superior de Montería revocó los intereses de cesantías y la sanción
moratoria; lo que significa que dejó incólume la condena por concepto de aportes
a pensión”.

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Reiteró que Caprecom no puede excusarse bajo el pretexto de que el periodo de
tiempo condenado fue cotizado, “habida cuenta que no era un deber de la suscrita
sino de mi verdadera empleadora y es que, todas esas vicisitudes fueron
estudiadas en el proceso ordinario, no puede Caprecom negarse a cumplir un fallo
judicial y mucho menos una autoridad judicial (Tribunal Administrativo de Córdoba)
avalar esta situación”.

Adujo, como lo indicó en escrito de tutela que “de ser así, caeríamos en el
equívoco de que si una persona trabaja en una entidad bajo un supuesto contrato
de prestación de servicios -que en realidad es un contrato de trabajo- estaría
obligada a no realizar las cotizaciones o los pagos a la seguridad social como
requisito indispensable para que en una eventual y segura condena dentro del
proceso laboral se pueda condenar al empleador al pago de dichos emolumentos.
Lo cual vulneraría los derechos ciertos e indiscutibles del trabajador”.

Concluyó que en el caso sí existe fraude procesal, habida cuenta de que “carecen
de justificación los argumentos esgrimidos por la accionada que vulneran
flagrantemente, desde que se inició el proceso en el 2014 hasta la fecha 2021, mis
derechos fundamentales, ciertos e indiscutibles”, en tanto Caprecom “indujo en
error al Tribunal Administrativo de Córdoba, pues, con los documentos que allegó
le hizo creer que había dado cumplimiento total al fallo judicial, cuando lo cierto es
que solo canceló los aportes a pensión correspondientes al mes de junio de 2012,
omitiendo el pago de los demás periodos declarados y condenados por las
agencias judiciales respectivas”.

Finalmente, indicó que el fraude procesal hace referencia a la práctica de ciertas
maniobras, argucias o artimañas para evitar el cumplimiento de una obligación
impuesta mediante resolución judicial, “como por ejemplo en el caso de marras
donde existe un fallo laboral por parte del Juzgado Tercero Laboral del Circuito y
Tribunal Superior de Montería y, la entidad CAPRECOM a través de su escrito
de impugnación indujo en error al Tribunal Administrativo de Córdoba, agencia
judicial que creyó que se había dado cumplimiento a la decisión laboral, pero,
como se alega en esta oportunidad y se observa en el expediente de tutela objeto
de censura, la entidad CAPRECOM no ha dado cumplimiento TOTAL a la
sentencia judicial”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si
debe revocar la sentencia de tutela de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción, en tanto en el caso “sí existió fraude procesal en la
decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Córdoba toda vez que, a pesar
de existir un fallo judicial de índole laboral por parte del Tribunal Superior de
Montería, la accionada decidió hacer caso omiso y convalidar el desacato a la
mentada decisión judicial por parte de CAPRECOM”, y este último “indujo en
error al Tribunal Administrativo de Córdoba, pues, con los documentos que allegó
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le hizo creer que había dado cumplimiento total al fallo judicial, cuando lo cierto es
que solo canceló los aportes a pensión correspondientes al mes de junio de 2012,
omitiendo el pago de los demás periodos declarados y condenados por las
agencias judiciales respectivas”.

3. Improcedencia general de la acción de tutela contra providencias de la
misma naturaleza

La Sala, en principio, había sostenido que la acción de tutela contra fallos de la
misma naturaleza era improcedente, en virtud de las diferentes sentencias de la
Corte Constitucional que tuvieron como sustento la sentencia SU-1219 de 2001.

Esa Corporación judicial en la sentencia T-272 de 20141, indicó:

“3.1. La Corte Constitucional ha consolidado una extensa línea de precedentes, en donde
ha fundamentado la posibilidad de interponer una acción de tutela contra providencias
judiciales cuando éstas vulneran derechos fundamentales, especialmente el debido
proceso o el acceso a la administración de justicia.
(…)

1.2. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también ha precisado que la
posibilidad de interponer una acción de tutela contra providencias judiciales no incluye
aquellos casos en los cuales la providencia judicial es otra tutela. Es decir, los
precedentes han establecido que la acción de tutela dirigida contra otra tutela no es
procedente. El criterio unificado de la Corte frente a la improcedencia general de la
acción de tutela contra fallos de tutela, fue precisado en la sentencia SU-1219 de 2001.
En dicha providencia se reiteraron las razones constitucionales por las cuales no
procede la acción de tutela contra fallo de tutela.

En síntesis, en esa decisión la Corte indicó que no es procedente la tutela contra
tutela porque de lo contrario (i) implicaría instituir un recurso adicional para insistir en la
revisión de tutelas que con anterioridad no fueron seleccionadas, (ii) supondría crear
una cadena interminable de demandas, con lo cual resultaría afectado el principio de
seguridad jurídica, (iii) se afectaría el mecanismo de cierre hermenéutico de la
Constitución, confiado a la Corte Constitucional, y (iv) la tutela perdería su efectividad,
pues “quedaría indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela
decidiera no insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar
que su posición coincida con la opinión de algún juez. En este evento, seguramente el
anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos hasta volver a vencer”.

1.3. Así mismo, la sentencia de unificación de la Corte antes citada, precisó que
cuando un juez de tutela falla en la interpretación de la Constitución, incurre en una
arbitrariedad o afecta el debido proceso por configurar una vía de hecho, éstos pueden
resolverse en el proceso de eventual revisión ante la Corte Constitucional, consagrado en
el artículo 241 Superior. En otras palabras, una interpretación errada o incompleta de la
Constitución puede ser ajustada en sede de revisión”.

Con posterioridad, en la sentencia SU-627 de 201522 la Corte Constitucional,
rectificó su jurisprudencia e indicó que excepcionalmente, la acción de tutela
procede contra sentencias de tutela, cuando se adviertan casos de fraude,
supuesto que se agrega a los dos que habían sido contemplados por la
jurisprudencia: irregularidad grave en el curso de una acción de tutela e incidente
de desacato, con la precisión que la improcedencia absoluta, sin ninguna
excepción, recae en las sentencias de tutela que dicte la Sala Plena o las Salas
deRevisión de esa Corporación. En esa ocasión, la Corte expresó:

“4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia
proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

1 M. P. María Victoria Calle Correa.

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Sentencia de 1º de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.

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4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
deque no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de
Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas
sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de
la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,
siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz
para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con
posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros
que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela
no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional.” (Negrilla y subraya de la Sala)

El citado criterio jurisprudencial ha sido acogido por esta Sala, teniendo en cuenta
que la unificación realizada por la Corte Constitucional trasciende del caso
concreto y fija reglas de derecho que deben ser acatadas por todas las
autoridades públicas.

De este modo, se concluye que la jurisprudencia constitucional ha establecido que
las subreglas para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias que se dicten dentro de un trámite tutelar, además de la verificación
de los requisitos generales contra decisiones judiciales3, son: (i) que la providencia
acusada haya sido proferida por otro juez o tribunal diferente a la Corte
Constitucional y que ésta configure el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta;
(ii) cuando con anterioridad a la sentencia de tutela el juez omite su deber de
informar, notificar o vincular a los terceros que resulten afectados por la demanda
de tutela y, por último, (iii) cuando se trata de obtener la protección de un
derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite incidental de
desacato.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. En el presente caso, la accionante considera que la sentencia de 15 de abril
de 2021, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Córdoba confirmó la orden

3
(i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora
(…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…)7

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de amparo del fallo de primera instancia y declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado, en el marco de la acción de tutela que presentó contra Caprecom,
vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y la seguridad
social, por cuanto, considera, la sentencia laboral no fue cumplida de manera
completa y absoluta sino parcialmente, pues se encontraban pendientes de
consignar los aportes a seguridad social consignados durante el periodo
comprendido entre julio de 2012 y diciembre de 2013.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, en sentencia de 13 de
septiembre de 2021, declaró la improcedencia de la solicitud por no cumplir con
los parámetros excepcionales para la procedencia de la tutela contra un fallo de
esa misma naturaleza, en tanto, indicó, en el caso no se encuentra demostrada
una situación de fraude.

Refirió que los disensos que la demandante invocó para cuestionar la providencia
que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado se refieren, de
manera exclusiva, al presunto incumplimiento de un fallo laboral, por cuanto
presuntamente quedaron pendientes de consignar los aportes a la seguridad
social desde el 1º de marzo de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2013 y sostuvo
que, en consecuencia, como no se demostró o cuando menos alegó una situación
de fraude en el caso, era forzoso concluir que la solicitud era improcedente.

La accionante impugnó la anterior decisión, para lo cual adujo que en el caso “sí
existió fraude procesal en la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Córdoba toda vez que, a pesar de existir un fallo judicial de índole laboral por parte
del Tribunal Superior de Montería, la accionada decidió hacer caso omiso y
convalidar el desacato a la mentada decisión judicial por parte de CAPRECOM”,
y este último “indujo en error al Tribunal Administrativo de Córdoba, pues, con los
documentos que allegó le hizo creer que había dado cumplimiento total al fallo
judicial, cuando lo cierto es que solo canceló los aportes a pensión
correspondientes al mes de junio de 2012, omitiendo el pago de los demás
periodos declarados y condenados por las agencias judiciales respectivas”.

4.2. Del análisis de las razones que soportan la impugnación presentada, la Sala
observa que, como fue señalado por el a quo, la presente solicitud de amparo es
improcedente, en tanto en el caso no se observa la existencia de una cosa
juzgada fraudulenta, lo que desatiende los requisitos de procedibilidad de la tutela
contra una decisión de esa misma naturaleza, desarrollados en la jurisprudencia
constitucional en la sentencia SU-627 de 2015, acogidos por esta Corporación.

Esta Sala ha precisado4 que, en los términos de la Corte Constitucional5, un
comportamiento puede calificarse como fraudulento cuando una actuación que en
apariencia se ajusta a la prescripción normativa, en realidad conlleva una
situación manifiestamente contraria a un principio del ordenamiento superior. En
este sentido, el fraude se presenta como un supuesto de infracción indirecta de la
ley, por dos razones: “por una parte, los actos realizados en fraude a la ley no
impiden la debida aplicación de la norma que se hubiese tratado de eludir. Por
otra, producen una situación que atenta contra el orden constitucional y los
principios que inspiran el reconocimiento de un derecho previsto por una
disposición particular, la cual es empleada para obtener el resultado no deseado
por el legislador”6.

4 Sentencia de 15 de abril de 2021, exp. 2020-05097-01, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
5 Sentencia T- 073 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
6 Ibídem. 8

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Demandante:LECSY DEL SOCORRO PÉREZ AYAZO

En el caso concreto la Sala no advierte fraude en la interpretación del Tribunal
Administrativo de Córdoba concerniente al cumplimiento por parte de Caprecom
de otorgar una respuesta clara y de fondo en relación con la orden de pagar la
cotizaciones a pensión faltantes durante el periodo comprendido entre el 1º de
marzo de 2010 y el 31 de diciembre de 2013, conforme con la cual, al no haberse
aportado al expediente las consideraciones del fallo proferido por el Tribunal
Superior de Montería, en el que se confirmó la orden proferida por el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Montería de pagar a favor de la demandante los
aportes a pensión faltantes durante el mencionado período, en el caso no era
dable analizar la inconformidad de la accionante con la forma en la que debían ser
acatadas las aludidas decisiones judiciales, pues se trataba de nuevos
argumentos que desbordaban la competencia del juez de tutela.

En efecto, de las pruebas aportadas, la Sala observa que el análisis del tribunal
accionado frente al cumplimiento de la referida orden de pago se realizó a partir de
la literalidad de lo indicado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Montería, quien ordenó el pago de los aportes faltantes a pensión, por lo que el
mismo no se observa fraudulento. Sobre el particular, se refirió el Tribunal
Administrativo de Córdoba de la siguiente manera:

“Con la sustentación de la impugnación presentada por el PAR
CAPRECOM LIQUIDADO, se adjuntó planilla de autoliquidación de
aportes por valor de $396.500.oo al fondo de pensiones, respuesta del
día 25 de febrero de 2021, referido al soporte de pago de seguridad
social informando a la actora del pago correspondiente al mes de junio
de 2012, dado que los períodos del 1 de marzo de 2010 al 30 de mayo
de 2012, fueron realizados por la Cooperativa de Trabajo Asociado
Cooperamos C.T.A. Y del mes de julio de 2012 al 31 de diciembre de
2013 registra la demandante el pago como independiente.

También fue anexado con la impugnación pantallazo del correo electrónico
lecsyestrella@hotmail.com en donde se remite por parte del Par Caprecom
liquidado a la demandante, respuesta al pago de aportes de seguridad social
y plantilla de pago, correo electrónico que corresponde con el indicado por la
demandante en esta acción.

Sobre esta respuesta la demandante refiere en esta instancia que se debió
reintegrar el dinero sufragado por ella en el período de julio de 2012 a 31 de
diciembre de 2013 por parte del Par Caprecom, porque la orden judicial del 5
de agosto de 2016 y 15 de noviembre de 2018 proferida por el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Montería y la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Montería, respectivamente, ordenó los aportes desde "el 1 de
Marzo de 2010 hasta el 31 de Diciembre de 2013". De allí que considere que
se cumplió con la orden de tutela parcialmente por cuanto la parte
demandada canceló solo el mes de junio de 2012, debiendo pagar los
períodos señalados en las sentencias mencionadas.

Frente a este argumento la Sala advierte que con la acción de tutela no
se adjuntaron todos los folios que componen los fallos precitados, por
tanto, se desconoce cuáles fueron las consideraciones que soportaron
la orden incorporada en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia del 5 de agosto de 2016, confirmada por el Tribunal Superior
de Montería. Solo se destaca la orden de pagar los aportes faltantes
durante el periodo comprendido "desde el 1 de Marzo de 2010
hasta el 31 de Diciembre de 2013".

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Así las cosas, como la solicitud de tutela busca obtener respuesta de fondo al
derecho de petición presentado el 12 de noviembre de 2020, en cumplimiento
de la orden judicial del 5 de agosto de 2016 y 18 de noviembre de 2018,
proferidas por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Montería y la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Montería, respectivamente, es dable concluir
que se ha acatado la orden de primera instancia en esta acción constitucional.
Situación que trae consigo la configuración del fenómeno jurídico de la
carencia actual de objeto por hecho superado.

Por otro lado, se tiene que la alegación de la demandante en esta instancia
supone una inconformidad sobre la forma en que deben ser acatadas las
aludidas decisiones jurisdiccionales, en ese orden refiere hechos nuevos que
no fueron expuestos a la parte demandada tampoco al juez de tutela de
primera instancia, por ello se estima dichos planteamiento y solicitudes
desbordan la competencia del juez constitucional.

Aunado a lo anterior, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
exigir el cumplimiento de sentencia judicial, en la medida que cuando se
pretende el cumplimiento de una providencia judicial que contiene una
obligación económica, lo pertinente es abortar el estudio del cumplimiento
mediante proceso ejecutivo, sin que sea suficiente que el actor alegue
afectación a un derecho fundamental so pretexto de acudir a la acción de
tutela ''pues sería imposible que ante el incumplimiento de una decisión que,
en principio le favorecía, no se produzca alguna afectación". (Resaltado de la
Sala).

De este modo, los argumentos propuestos por la accionante no demuestran que
se incurra en alguna de las circunstancias previstas en la sentencia SU-627 de
2015 para la procedencia excepcional de la tutela contra una providencia dictada
en otro proceso de tutela. En realidad, se trata de una inconformidad respecto de
la negativa por parte de Caprecom a reintegrar el dinero consignado por ella en el
período de julio de 2012 a 31 de diciembre de 2013 por aportes a pensión,
inconformidad que no es suficiente para que la Sala analice de fondo la sentencia
cuestionada, pues, se insiste, no se cumple con el requisito establecido por la
Corte Constitucional para la procedibilidad excepcional de la acción de tutela
contra una sentencia de tutela, esto es, que exista fraude y por tanto, se esté ante
el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta.

Como se anotó, las providencias que se profieren en el trámite de tutela no
pueden atacarse mediante el mecanismo de la tutela, pues los principios de
seguridad y coherencia del ordenamiento jurídico impiden que las providencias del
juez de tutela se revisen por otro juez de tutela.

4.3. De igual forma, la Sala observa que los argumentos que soportan la supuesta
vulneración de derechos guardan relación con los alegatos de la acción de tutela
que se cuestiona, lo que desatiende nuevamente los requisitos de procedibilidad
de la tutela contra una decisión de esa misma naturaleza, desarrollados en la
jurisprudencia constitucional en la sentencia SU-627 de 2015 y acogidos por esta
Corporación.

Al respecto, valga indicar que, como se anotó, tratándose de tutela contra
decisiones de la misma naturaleza, el eventual estudio de la existencia de una
decisión fraudulenta, señalado en la sentencia SU-627 de 2015, requiere la
verificación de que la solicitud no guarda identidad procesal con la acción de tutela
cuestionada.

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En el presente caso, la accionante presentó una primera acción de tutela contra
Caprecom, en la que solicitó que se ampararan los derechos de petición y a la
seguridad social, y formuló las siguientes pretensiones:

“1. Que se tutelen mis derechos fundamentales a la vida digna, seguridad
social, al mínimo vital y todos los que usted señor juez en su sabiduría
encuentre vulnerados.
2. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a las accionadas dar
cumplimiento DEFINITIVO a las sentencias de fecha 5 de agosto de 2016 y
15 de noviembre de 2018 proferidas por el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Montería y la Sala Segunda del Tribunal Superior de Montería
dentro del proceso ordinario laboral identificado con radicado No. 23 001 31
05 003 2014 00210.

3. Asimismo, ORDENAR a las accionadas a pagar a PORVENIR S.A., el
cálculo actuarial correspondiente al pago de los aportes a pensión que
me corresponde por el tiempo laborado y reconocido desde el 1º de
marzo de 2010 al 31 de diciembre de 2013.

4. Se vincule a PORVENIR S.A., a fin de que certifique que las accionadas no
han consignado el valor de los aportes a pensión que me corresponde como
consecuencia de la sentencia judicial arriba referenciada”.

De otra parte, en la presente acción de tutela, la actora indicó que el Tribunal
Administrativo de Córdoba vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, mínimo vital y la seguridad social, en tanto, sostuvo, “la sentencia laboral
no fue cumplida de manera completa y absoluta sino parcialmente, pues se
encontraban pendientes de consignar los aportes a seguridad social (…) y no es
cierto que se haya dado cumplimiento total al fallo ya que, si bien la Fiduprevisora,
Patrimonio Autónomo de Remanentes Caprecom liquidado realizó el pago por
concepto de aportes a seguridad social en pensión por el mes de junio del año
2012, lo cierto era que en la sentencia proferida dentro del proceso ordinario
laboral se condenó al pago de los aportes a pensión durante el periodo
comprendido entre el 1º de marzo de 2010 al 31 de diciembre de 2013”.

En ese sentido, si bien en la impugnación la accionante señala la existencia de
una situación de fraude en la sentencia objetada, lo cierto es que la solicitud de
amparo promovida se dirige, finalmente, a controvertir la falta de pago de los
aportes a pensión durante el periodo comprendido entre el 1º de marzo de 2010 al
31 de diciembre de 2013, que también debatió en la primera acción de tutela que
presentó, en la que se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, lo
que desatiende los requisitos para la procedencia excepcional de la tutela contra
otra decisión de tutela, en tanto las dos solicitudes guardan identidad fáctica, por
lo que la Sala confirmará el fallo de primera instancia que declaró la
improcedencia del amparo solicitado.

Es decir, si bien la primera solicitud contenía pretensiones relativas al amparo del
derecho de petición por la falta de respuesta de las solicitudes elevadas por la
actora a la entidad demandada, de los fundamentos y las pretensiones de la
misma se evidencia que el debate propuesto se hallaba dirigido también a
promover el análisis del cumplimiento de lo ordenado en las sentencias mediante
las que le fue reconocido el pago de los aportes consignados a pensión durante el
periodo comprendido entre el 1º de marzo de 2010 al 31 de diciembre de 2013,
argumentos que se reiteran en la presente solicitud, lo que evidencia la identidad
procesal entre las solicitudes, y reafirma el incumplimiento de los requisitos de
procedibilidad de la tutela contra una decisión de esa misma naturaleza,
desarrollados en la jurisprudencia constitucional en la sentencia SU-627 de 2015.
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4.4. Por lo demás, la Sala recuerda a la actora que, en caso de considerar que las
órdenes derivadas de la sentencia declarativa proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Montería no se han cumplido a cabalidad, cuenta con el
proceso ejecutivo para obtener el pago de las obligaciones a las que cree tener
derecho.

Por las anteriores razones, la Sala confirmará la sentencia impugnada.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 13 de septiembre de 2021, dictada por
la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo del
Consejo.

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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