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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-04813-01

Fecha
27 de enero de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-04813-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de septiembre de 2021 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que negó el amparo solicitado por la parte actora, por los motivos expresados en el proveído. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-04813-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

27 de enero de 2022

!
Demandante: Marco Alfonso Barrientos Puyana
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2021-04813-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-04813-01
Demandante: MARCO ALFONSO BARRIENTOS PUYANA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Tema: Tutela contra providencia judicial. Facultad del juez superior
cuando hay apelación adhesiva. Niega amparo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de primera instancia proferida el 16 de septiembre de 2021 por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A. En dicha providencia, el juez de tutela
de primera instancia negó el amparo solicitado por el accionante.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Mediante mensaje de datos enviado el 26 de julio de 20211, el señor Marco
Alfonso Barrientos Puyana, por conducto de apoderado, formuló acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Santander, en procura de que se protejan sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

2. En sentir de la parte accionante, la trasgresión de las citadas garantías
constitucionales tuvo lugar con ocasión de la sentencia del 4 de febrero de 2021,
dictada por la referida autoridad judicial, al interior del proceso de reparación directa
identificado con número de radicado 68-001-33330-14-2013-00230-012.

!
1
Se envió al correo que recibe las demandas en el Tribunal Administrativo de Santander y luego fue
remitido a esta Corporación.
2
Este proceso fue presentado por el actor contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Fiscalía General de la Nación.
1

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Demandante: Marco Alfonso Barrientos Puyana
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2021-04813-01

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, solicitó el amparo de los derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia, pidió:

“1. Comedidamente me permito solicitar a los Honorables Magistrados del
Consejo de Estado, TUTELAR los Derechos Fundamentales
Constitucionales al DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, previstos en los Artículos 13, 29, y 229
de la citada carta, del señor MARCO ALFONSO BARRIENTOS PUYANA,
identificado con la CC N° 19.171.809 de Bogotá.
2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos jurídicos el Fallo
proferido el pasado 4 de febrero de 2021, por el Honorable Tribunal
Administrativo de Santander, con ponencia de (sic) la Honorable Magistrado
RAFAEL GUTIERREZ SOLANO, mediante el cual se REVOCÓ la Sentencia
proferida el 30 de marzo de 2016 por el Juzgado catorce (14) Administrativo
Oral de Bucaramanga, dentro del proceso del medio de control de
Reparación Directa con el radicado: 68-001-33330-14-2013-00230-01
adelantado por el Señor MARCO ALFONSO BARRIENTOS PUYANA en
contra de la NACION (sic) – RAMA JUDICIAL – DIREECION (sic)
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL – FISCALIA GENERAL DE
LA NACION (sic), por el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia – falla en el servicio de justicia – mora judicial – prescripción de la
acción penal.
3. Así las cosas, se ORDENE al Honorable Tribunal Administrativo de
Santander, proferir una nueva Sentencia, bajo las reglas del recurso de
APELACION (sic) interpuesto por la parte demandante, es decir haga un
análisis y se proceda a REVOCAR O CONFIRMAR según sea el caso, los
numerales CUARTO Y QUINTO del recurso interpuesto dentro del proceso
del medio de control de Reparación Directa con el radicado: 68-001-33330-
14-2013-00230-01 adelantado por el Señor MARCO ALFONSO
BARRIENTOS PUYANA en contra de la NACION – RAMA JUDICIAL –
DIREECION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL – FISCALIA
GENERAL DE LA NACION, por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia – falla en el servicio de justicia – mora judicial –
prescripción de la acción penal; Y para ello se someta a reparto con
magistrados diferentes que no estuvieron en el fallo de segunda instancia y
que conforman el Tribunal Administrativo de Santander.
PETICIÓN ESPECIAL
Comedidamente me permito solicitar a los Honorables Magistrados, en el
evento de proferirse fallo de Tutela favorable a mi poderdante, se sirva
ordenar dentro de las 48 horas siguientes el cumplimiento de la misma, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991,
so pena de incurrir en desacato”. (Sic para toda la cita)

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El actor presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa, contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – Fiscalía General de la Nación, debido a que consideró que se le generaron
daños morales y materiales como consecuencia de la mora judicial en que incurrió
la entidad al interior de una investigación penal por la denuncia que presentó el

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accionante contra el señor Luis Jesús Pinzón Mejía, por haber incurrido
presuntamente en el delito de estafa.

5. El proceso le correspondió por reparto en primera instancia al Juzgado
Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que en providencia
del 30 de marzo del 2016, declaró responsable a la Nación – Rama Judicial, por los
hechos relatados en la demanda y la condenó a pagarle al señor Barrientos Puyana
la suma de 90 smlmv por concepto de daño moral. Además, dispuso negar el
reconocimiento de perjuicios materiales y no condenó en costas a la parte vencida.

6. Inconforme con la decisión de negar los perjuicios materiales y de no
condenar en costas, el accionante presentó recurso de apelación contra la decisión
proferida por el a quo. A este recurso se adhirió el la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

7. En segunda instancia, el Tribunal accionado, por medio de la sentencia del 4
de febrero del 2021, que se cuestiona en este asunto, dispuso revocar la decisión
de primera instancia y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

1.4. Sustento de la vulneración

12. El accionante manifestó que, en la providencia judicial que se cuestiona, el
tribunal demandado incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente, ya que no tuvo en cuenta que la apelación se presentó sobre unos
puntos específicos y por tal motivo, no podía revocar la sentencia de primera
instancia, pues de esa manera, vulneró el principio de non reformatio in pejus, por
haber sido apelante único. Al respecto, precisó que si bien la entidad presentó
apelación adhesiva, este hecho no implica que el juez pueda decidir de fondo el
asunto sin limitaciones, y en esa medida, afirma que se vulneraron los derechos
alegados.

1.5. Actuaciones relevantes

1.5.1. Admisión de la acción de tutela

13. Mediante auto del 29 de julio de 2021, el magistrado ponente de la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado: i) admitió la acción de tutela; ii)
ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander y; iii)
vinculó a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, en calidad
de terceros con interés legítimo.

1.5.2. Intervenciones

14. Remitidos los oficios del caso por correo electrónico y mediante
correspondencia certificada, intervino únicamente la Fiscalía General de la Nación
en los siguientes términos:

15. Considera que se debe negar el amparo porque la providencia enjuiciada se
ajustó a derecho. Además, adujo que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, ya que el accionante no probó que no existiera otro medio idóneo
para proteger sus derechos y además, no acreditó un perjuicio irremediable.

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16. Los demás interesados guardaron silencio, a pesar de que se les remitió el
auto admisorio, conforme la actuación número 7 del expediente digital de primera
instancia.

1.6. Sentencia de primera instancia

17. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia
del 16 de septiembre de 2021, decidió negar el amparo solicitado por el accionante.

18. Expuso que no se configuraron los defectos alegados por el actor, pues
tratándose de la apelación adhesiva dentro del proceso contencioso administrativo,
existe una posición clara al interior de la Corporación que indica que ese hecho no
impide que el juez de segunda instancia se vea limitado para fallar el fondo del
asunto. Al respecto, citó la providencia del 7 de mayo del 2015 proferida por la
Sección Primera de esta Corporación3, en la cual se dejó claro dicho criterio.

19. Con fundamento en lo expuesto, afirmó que el juzgador de segunda instancia
no estaba limitado a analizar los puntos de la apelación presentada por el actor,
pues como se presentó apelación adhesiva por parte de la entidad demandada, ese
hecho permitía conocer de fondo el asunto sin ninguna limitación, como en efecto
lo hizo.

1.7. Impugnación4

20. El apoderado de la parte actora impugnó la decisión, para lo cual adujo que
el juez constitucional de primera instancia no hizo una lectura adecuada de los
incisos primero y segundo del artículo 328 del CGP5. En ese orden de ideas,
consideró que como el señor Barrientos Puyana no apeló la totalidad de la sentencia
de primera instancia, sino apenas unos puntos de la condena, el juez debió limitarse
a analizar sólo esos aspectos, sin poder abordar de fondo el asunto, pues afirma
que el hecho de que la entidad haya presentado apelación adhesiva no lo habilita
para ello.

1.8. Vinculación en segunda instancia

21. El despacho sustanciador de esta providencia se percató que hubo una
inconsistencia en la vinculación. Lo anterior porque no se vinculó al Juzgado
Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que profirió la decisión
de primera instancia en el proceso de reparación directa que es controvertido
mediante la presente acción de tutela.

!
3
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera. Consejero Ponente:
Guillermo Vargas Ayala. Bogotá, D.C., 7 de mayo de 2015. Radicación Número: 85001-23-33-000-
2014-00216-01(Ac). Actor: Jeiner Noel Zorro Bohórquez y otros.
4
El fallo de primera instancia fue notificado el 28 de septiembre del 2021 y la impugnación se
presentó el 1º de octubre del mismo año. Así, por haber sido interpuesta en término, en auto del 14
de octubre del 2021, el magistrado ponente de primer grado la concedió.
5
Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones.

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22. Por lo anterior, mediante auto del 7 de diciembre de 2021, se dispuso su
inclusión en el presente trámite constitucional, otorgándole la posibilidad de, si a
bien lo tenía, declarar la nulidad de lo actuado.

23. Surtida la notificación correspondiente, el juez se pronunció, indicando cuáles
fueron las actuaciones que se dieron en el proceso de reparación directa y afirmó
que no vulneró los derechos fundamentales alegados por el actor.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

24. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el
señor Marco Alfonso Barrientos Puyana contra la sentencia de primera instancia
proferida el 16 de septiembre de 2021 por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019! de la
Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

25. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

26. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19917, en los artículos 1, 10, 46 y
49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier
persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí
misma; ii) a través de representante; iii) apoderado; o iv) por medio de la agencia
oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de
promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores
del pueblo y los personeros municipales8.

27. Con fundamento en el marco conceptual expuesto9, la Sala advierte que el
señor Marco Alfonso Barrientos Puyana, es la titular de los derechos fundamentales
que reclama, en razón a que es la parte demandante dentro del proceso de
reparación directa en el que se cuestiona la providencia aquí enjuiciada.

!
6
Reglamento interno de la Corporación.
7
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
8
Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas
Hernández
9
Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta,
ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones
de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva.
5

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28. En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa,
presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de
procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.

29. Asimismo, la demanda se dirigió contra el Tribunal Administrativo de
Santander, entidad que profirió la providencia objeto de censura, razón por la cual,
se encuentra legitimada por pasiva.

2.3. Problemas jurídicos

30. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida el 16 de septiembre de 2021 por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, que negó la acción de tutela, para lo cual
se deberán resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?
31. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

• El Tribunal Administrativo Santander, ¿vulneró los derechos invocados
por la parte actora, por presuntamente incurrir en defecto sustantivo, al
proferir la sentencia del 4 de febrero de 2021, que revocó el proveído de
primera instancia y negó las pretensiones de la demanda, a pesar de que
el actor impugnó la decisión del A quo sólo respecto de unos puntos de la
condena y la entidad presentó apelación adhesiva?
2.4. Razones jurídicas de la decisión

32. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; y (iii) el análisis del caso concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

33. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
10
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema11 y declaró su
procedencia12.

34. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y; iv)
!
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
11
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
12
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.

35. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

36. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.6.1. Relevancia constitucional

37. Para la Sala es necesario precisar que este requisito se encuentra superado
por cuanto en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la
providencia del 4 de febrero de 2021 emitida por la autoridad demandada
comoquiera que, a su juicio, incurrió en el defecto sustantivo, trasgrediendo así sus
derechos fundamentales, ya que aduce que no debió analizar de fondo el asunto,
sino limitarse a los puntos sobre los cuales formuló apelación en contra de la
sentencia de primera instancia.

38. Lo anterior, ante la identificación de la garantía constitucional en cita, permite
establecer a esta Sección que no se trata de un debate de orden exclusivamente
legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho
o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión.

39. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste la presunta violación
o amenaza a unos derechos fundamentales, pilares del sistema judicial, como lo
son los invocados en la presente acción de amparo.

40. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su
eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas.

2.6.2. Tutela contra sentencia de tutela

41. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia judicial demandada fue proferida en el proceso de

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reparación directa que promovió el actor contra la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Fiscalía General de la Nación.

2.6.3. Inmediatez

42. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, con ocasión de la sentencia de 4 de febrero de 2021, y la petición de amparo
se presentó el 26 de julio del 2021. Por ende, la Sala considera que la presente
acción de tutela se interpuso dentro de un término razonable.

43. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201413,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200514, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial, y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir
y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
ocasión de providencias judiciales.

2.6.4. Subsidiariedad

44. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora considera
vulnerados, la Sala precisa que, en lo atinente la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander y que resolvió el recurso de apelación, este era el único
que procedía contra la decisión de primera instancia que había accedido
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

45. Asimismo, frente a los argumentos del accionante, se advierte que no es
procedente, por un lado, el recurso extraordinario de revisión, pues los motivos que
lo sustentan no encuadran en los requisitos y causales establecidos en la Ley, y
tampoco el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, en la medida que
en la situación bajo estudio no se cumplen los presupuestos previstos en los
artículos 258 y 27015 de la Ley 1437 de 2011.

2.8 . Nociones sobre el defecto invocado: defecto sustantivo

46. La Corte Constitucional ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja

!
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
15
Este último fue modificado por el artículo 78 de la Ley 2080 de 2021.
8

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de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe
los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”16

47. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable
al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente,
inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
legislador.

b) No se hace una interpretación razonable de la norma.

c) La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.

d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición.

e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.

f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

48. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la
existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han
presentado anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga
argumentativa.

2.9 . Caso concreto

49. Aunque en un principio el accionante manifestó que la providencia enjuiciada
incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, lo cierto es que en
la impugnación sólo se hizo referencia al primer yerro, sin que se ahondara sobre el
segundo. Por tal motivo, se analizará el caso concreto únicamente teniendo en
cuenta ese reproche.

50. Así entonces, se tiene que la parte accionante considera que el Tribunal
accionado no acató en debida forma los incisos 1º y 2º del artículo 328 que
establecen lo siguiente:

“Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.”

!
16
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-159 de 06.03.02., M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
9

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Demandante: Marco Alfonso Barrientos Puyana
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
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51. Adujo que el inciso primero es muy claro al indicar que, en segunda instancia,
el juzgador sólo puede conocer sobre los puntos que son objeto del recurso de
apelación, y que en el segundo inciso se indica que únicamente es posible decidir
sin limitaciones cuando ambas partes hayan apelado, lo que el demandante
considera que no ocurrió en este caso, en vista de que se trató de una apelación
adhesiva. Por lo tanto, como el accionante limitó su impugnación sobre unos puntos,
era sobre estos que debía decidir el juzgador y no sobre la totalidad del fallo de
primera instancia.

52. En este punto, la Sala advierte que la norma citada establece como uno de
los supuestos en los cuales el juez de segunda instancia puede fallar sin
limitaciones, y es cuando la parte que no haya apelado se “hubiere adherido al
recurso”, esto es, haya formulado apelación adhesiva, como ocurrió en el proceso
ordinario de reparación directa en el que se expidió la decisión enjuiciada, ya que
así actuó la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

53. En ese orden de ideas, es claro para el legislador que cuando existe una
apelación adhesiva, ambas partes están en desacuerdo con la sentencia, lo que
habilita al juzgador de segunda instancia a decidir el asunto sin limitaciones. Así se
pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia C-165 de 1999, al respecto:

“La competencia del fallador de segunda instancia cuando existe apelación
adhesiva es amplia, pues según lo dispone el artículo 357 del C.P.C.,“cuando
ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el
superior resolverá sin limitaciones”. El aparte subrayado es el impugnado, por que,
en criterio del demandante, autoriza la revisión por parte del juez no sólo de lo
desfavorable sino también de lo favorable al apelante.

El demandante incurre en un error al interpretar esta disposición pues, cuando una
de las partes se adhiere al recurso presentado por la otra, es obvio concluir que las
dos están en desacuerdo con la decisión judicial materia de apelación, por ser
desfavorable a sus pretensiones y, por esta razón, ambas solicitan al juez de
segunda instancia que la modifique o revoque en lo que a cada uno le interesa. Por
consiguiente, no se vulnera el artículo 31 del estatuto superior, por que lo que éste
precepto prohibe es agravar la situación del apelante único, que no es el caso a que
se refiere la expresión aquí acusada.

(…)

Así pues, es claro que cuando ambas partes apelan el juez no está sujeto a la
prohibición contenida en el inciso segundo del artículo 31 de la Constitución y, por
tanto, goza de libertad para decidir sin limitaciones sobre la providencia objeto de
apelación. Criterio que ya había señalado la Corte, cuando expresó: ‘si hay adhesión
en la apelación, o ambas partes apelan puntos distintos de la sentencia, el superior
queda entonces en libertad para tomar la decisión que crea más ajustada a la ley’.

54. Ese criterio también lo ha sostenido el Consejo de Estado, como lo indicó la
Sección Segunda, Subsección “A” en la sentencia de primera instancia, y que la
Sala vuelve a citar:

“En relación con el instituto de la apelación por adhesión, anteriormente regulado
por el artículo 353 CPC, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia ha manifestado lo siguiente:

Dicho precepto autoriza a la parte que no apeló, en la oportunidad procesal
contemplada en el artículo 352 de la citada codificación, adherirse a la alzada
interpuesta por su contendor en los aspectos que le son desfavorables, acto que
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puede ejercitar hasta antes del vencimiento del término para alegar en segunda
instancia.

Ese medio impugnativo fue instituido, entonces, a favor de la contraparte del
apelante, la que podrá acudir al mismo sólo cuando la providencia de primera
instancia le haya sido parcialmente favorable, esto es, contenga decisiones que
le causan un agravio.

Confirma que el adversario de quien propuso la alzada es el legitimado para
adherirse a ella, el hecho de que la competencia del fallador ad quem es amplia
cuando existe apelación adhesiva, pues según lo dispone el artículo 357 del
estatuto procesal civil “cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

Por supuesto que la adhesión de un litigante al recurso presentado por su
contrario comporta que los dos están en desacuerdo con la providencia atacada,
por ser desfavorable a sus pretensiones y, por ello, ambas solicitan al juzgador
que la modifique o revoque en lo que a cada uno le interesa, lo cual le permite
resolver sin límite alguno.

Tal mecanismo no es autónomo, en cuanto se subordina a la actuación de la
contraparte en el pleito, puesto que si ésta no apela no puede haber adhesión.
Incluso, está sujeto a los efectos del trámite de la alzada principal como
expresamente lo señala la norma transcrita, lo cual implica que si se desiste de
la primigenia por cualquier razón o por otro motivo no puede ventilarse correrá
igual suerte la adhesiva.

En la actualidad esta figura es regulada por el parágrafo del artículo 322 del
Código General del Proceso (en adelante CGP), de acuerdo con el cual:

PARÁGRAFO. La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por
otra de las partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable. El
escrito de adhesión podrá presentarse ante el juez que lo profirió mientras el
expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior hasta el vencimiento
del término de ejecutoria del auto que admite apelación de la sentencia. El escrito
de adhesión deberá sujetarse a lo previsto en el numeral 3 de este artículo.

De este precepto se deriva que la apelación adhesiva (i) constituye un
mecanismo excepcional para que la parte que no apeló oportunamente el
fallo se sume al recurso interpuesto por su contraparte en lo que la
providencia le fuere desfavorable; (ii) supone la presentación de un escrito de
adhesión ante el juez que profirió el fallo o ante su superior; (iii) tiene una
exigencia de oportunidad, pues el escrito en comento deberá radicarse antes
de que quede ejecutoriado el auto que admite la apelación del fallo
impugnado; y que además, por virtud de la remisión al numeral 3º del artículo
322 del CGP, (iv) implica un deber de motivación breve y precisa de las razones
de inconformidad con la decisión impugnada, so pena de que sea declarado
desierto por el ad quem.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que según lo previsto por el inciso 2º
del artículo 328 CGP la adhesión de una parte al recurso interpuesto por su
contraparte tiene como efecto ampliar la competencia del fallador de
segunda instancia, que en virtud de tal adhesión queda habilitado para
decidir el asunto “sin limitaciones”. En caso contrario aplican las restricciones
a su competencia fijadas por el mismo artículo 328, que le impone pronunciarse
“solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante” (art. 328 inc. 1º
CGP) y le impide “hacer más desfavorable la situación del apelante único” (art.
328 inc. 4º CGP)”17. (Negrilla por fuera del texto original).
!
17
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera. Consejero Ponente:
Guillermo Vargas Ayalo. Bogotá, D.C., 7 de mayo de 2015. Radicación Número: 85001-23-33-000-
2014-00216-01(Ac). Actor: Jeiner Noel Zorro Bohórquez y otros.

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55. En consecuencia, en sentir de esta Sala de Decisión, es evidente que la
autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto sustantivo alegado por el
demandante, dado que, se advierte que cuando existe apelación adhesiva, el
juzgador de segundo grado bien puede decidir de fondo el asunto, sin ninguna
limitación, como en efecto lo hizo la autoridad judicial accionada, sin que esto
amerite ningún reproche.

56. En este orden de ideas, la Sala confirmará la providencia de primera
instancia expedida en el trámite de esta tutela, que negó el amparo deprecado por
el señor Barrientos Puyana.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

3 FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de septiembre de 2021 proferida por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que negó el amparo
solicitado por la parte actora, por los motivos expresados en el proveído.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012”.

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