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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-04983-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
25 de agosto de 2021
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cuéter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-04983-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Niégase el amparo del derecho constitucional fundamental al debido proceso invocado por la señora Martha Cecilia Calderón Carmona y la Sociedad Ambiente Ecológico S. A. S., por las razones expuestas en las consideraciones. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-04983-00

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

25 de agosto de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR OCUPACIÓN DE INMUEBLE / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO - Adecuada valoración probatoria / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PERJUICIO MATERIAL / DAÑO EMERGENTE / LUCRO CESANTE / PERJUICIO MATERIAL - Improcedencia de percibir utilidad sobre inmueble perdido / LUCRO CESANTE - No probado

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra. (…) En el asunto sub judice las demandantes sostienen que la providencia acusada incurre en defecto fáctico, por cuanto se afirmó que no hubo merma en las utilidades a causa de la afectación de los predios, porque pudieron adquirir otro terreno y ejecutar todo el proyecto de viviendas de interés social, pese a que no obraba prueba de aquella aseveración, lo que imponía calcular el daño emergente sobre el valor de las casas que no se construyeron en el área afectada. (…) En los procesos de reparación directa concernientes a ocupaciones jurídicas de inmuebles, es dable reclamar el resarcimiento de perjuicios materiales, los cuales hacen referencia al deterioro patrimonial que sufre una persona con ocasión de un daño antijurídico, es decir, por una lesión de sus intereses pecuniarios que no está en la obligación de soportar. Ese agravio se clasifica en daño emergente y lucro cesante. El primero involucra el empobrecimiento directo que padece la persona por la ocurrencia del hecho dañoso; por su parte, el segundo es lo que deja de ingresar al patrimonio del afectado por el daño antijurídico. Para acreditar esos detrimentos el ordenamiento jurídico no establece una tarifa legal, por lo tanto, la parte demandante, en virtud del principio de libertad probatoria, puede demostrarlos a través de los medios de convicción que estime pertinente, siempre que se ajusten al sistema normativo. En controversias como la discutida en el proceso de reparación directa 63001-33-33-755-2014-00278-00 (dentro del que se profirió la providencia censurada), el reconocimiento del daño emergente tiene un carácter compensatorio, porque resarce la imposibilidad de los propietarios de disponer libremente de sus bienes, por consiguiente, su concesión impide el pago de lo que el bien dejó de producir (lucro cesante), pues por este concepto solo es dable otorgar los intereses sobre el valor fijado como indemnización por aquel agravio. (…) Así las cosas, cuando en una demanda de reparación directa se pida el resarcimiento de una ocupación jurídica de un inmueble, el daño emergente comprende la compensación del valor de este y no es procedente reconocer a título de lucro cesante lo que se dejó de recibir del bien, sino solo los intereses correspondientes al monto otorgado para indemnizar el primer perjuicio. Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, la Sala evidencia que en la demanda de reparación directa 63001-33-33-755-2014-00278-00 las tutelantes pidieron por concepto de daño emergente «el valor de las áreas de afectación», pero no el desagravio atañedero a las viviendas que no pudieron construir en el área afectada por el municipio de Armenia, situación por la cual las autoridades accionadas les concedieron el valor de los predios afectados, debidamente indexado, el cual fue fijado en el dictamen pericial practicado dentro de dicho trámite contencioso-administrativo.

En ese orden de ideas, no era dable que los señores magistrados demandados les confirieran a las actoras, como resarcimiento del daño emergente, una indemnización por los agravios derivados de la imposibilidad de edificar en el terreno afectado (valor del m2 de las viviendas que no pudieron levantar), pues de haber acontecido ello, se hubiere desconocido el principio de congruencia y emitido un fallo ultra petita, lo que le está vedado al juez contencioso-administrativo, tal como lo precisó el Consejo de Estado (…) Adicionalmente, se anota que la reparación de los daños que presuntamente causó la imposibilidad de edificar en el área afectada, no involucra un daño emergente, sino un lucro cesante, pues atañe a lo que las actoras esperaban que el predio produjera, es decir, concierne a la expectativa que tenían de recibir dinero por la venta de las viviendas que allí se construyeran. (…) Además, las accionantes no allegaron al proceso ordinario pruebas que acreditaran el empobrecimiento directo que presuntamente les produjo la imposibilidad de edificar en el área afectada, como gastos de modificaciones de planos o de compra de otro bien para realizar el proyecto de viviendas de interés social (suceso que advirtieron, pero no demostraron lo pagado y tampoco pidieron el reembolso de lo que cancelaron por ello), por ende, no era dable ordenar su compensación.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR OCUPACIÓN DE INMUEBLE / AUSENCIA DE DEFECTO POR VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN / EXPROPIACIÓN DE BIEN INMUEBLE – No se presentó

La violación directa de la Constitución se configura cuando el juez ordinario adopta una postura que la desconoce, y en el evento de la tutela contra providencia judicial, cuando (i) en esta se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de acuerdo con el precedente constitucional, (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (iii) el juez en sus decisiones vulnera derechos fundamentales sin aplicar el principio de interpretación conforme a la Carta Política. En el asunto sub examine las actoras indican que la providencia acusada adolece de violación directa de la Constitución Política, en razón a que desconoce el artículo 58 superior, dado que les expropiaron parte de sus predios, sin que hubiere una indemnización previa, por cuanto no se les reconoció el valor de las viviendas que dejaron de construir en el área afectada. No obstante, para la Sala esa afirmación carece de asidero jurídico, toda vez que no hubo una expropiación a las demandantes, sino una indebida afectación de sus inmuebles, lo que conllevó que se declarara administrativamente responsable al municipio de Armenia y se le ordenara pagarles a aquellas las compensaciones monetarias de los perjuicios a que había lugar, las cuales ascienden a $633ʼ679.177. Ahora bien, el hecho de que no se les haya otorgado a las demandantes la reparación de lo que presuntamente dejaron de recibir por no construir en el área afectada, no implica afirmar que sus terrenos fueron objeto de expropiación sin previa indemnización, pues no era dable ordenar ese resarcimiento, porque, se insiste, involucra un lucro cesante y el Consejo de Estado ha precisado que en los casos como el debatido en el proceso de reparación directa 63001-33-33-755-2014-00278-00, aquel corresponde a los intereses del monto del daño emergente, que compensa la limitación indebida de la propiedad.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Acción: Tutela

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-04983-00 (AC)

Actor: MARTHA CECILIA CALDERÓN CARMONA Y SOCIEDAD AMBIENTE ECOLÓGICO S. A. S.

Demandado: MAGISTRADOS DE LA SALA PRIMERA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Tema: Tutela contra providencia judicial; derecho constitucional fundamental al debido proceso

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del trámite relacionado con la acción de tutela incoada por la señora Martha Cecilia Calderón Carmona y la Sociedad Ambiente Ecológico S. A. S. contra los señores magistrados de la sala primera de decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, por la presunta vulneración de su derecho constitucional fundamental al debido proceso.

ANTECEDENTES

La solicitud de amparo. La señora Martha Cecilia Calderón Carmona y la Sociedad Ambiente Ecológico S. A. S, por conducto de apoderado, presentan acción de tutela con el fin de obtener la protección de la garantía superior a la que se hizo referencia, presuntamente quebrantada por los señores magistrados de la sala primera de decisión del Tribunal Administrativo del Quindío.

Como consecuencia de lo anterior, piden se deje sin efectos el fallo de 26 de marzo de 2021, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Quindío (sala primera de decisión) modificó el de 11 de mayo de 2020, con el que el Juzgado Primero (1º) Administrativo de Armenia accedió a las pretensiones del medio de control de reparación directa promovido contra el municipio de Armenia y la Empresa Industrial y Comercial del Estado (E. I. C. E.) Amable (expediente 63001-33-33-755-2014-00278-00), para disminuir el monto de los perjuicios materiales reconocidos; en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas proferir una nueva providencia en la que confirmen la que decidió en primera instancia el mencionado trámite contencioso-administrativo.

Hechos. Relatan los accionantes que la señora Martha Cecilia Calderón Carmona es representante legal y socia de la Sociedad Ambiente Ecológico S. A. S., y compraron unos predios identificados con matrículas inmobiliarias 280-7620 y 280-7625, ubicados en el barrio Belén de Armenia, que tenían un área total de 4653 metros cuadrados (m2), con el propósito de construir viviendas de interés social.

Que la curaduría urbana segunda (2ª) de Armenia, por conducto de Resoluciones 2-209 y 1-1773 de 4 de septiembre de 2012, les concedió las licencias de urbanismo y construcción, sin embargo, determinó que 1209 m2 no podían ser intervenidos, en razón a una afectación realizada por la Administración municipal para la obra Avenida La Estación, la cual estaba a cargo de la E. I. C. E. Amable. En esos actos administrativos se indicó que dicha área correspondía a 423.49 m2 del terreno de matrícula inmobiliaria 280-7625 (que tiene un total de 2979 m2), cuya propietaria era la Sociedad Ambiente Ecológico S. A. S., y a 785.51 m2 del terreno de la señora Martha Cecilia Calderón Carmona, de matrícula inmobiliaria 280-7620 (que cuenta con 1674 m2).

Dicen que esos 785.51 m2 «fueron individualizados» a través de escritura pública 2441 de 6 de septiembre de 2013 ante la Notaría Tercera del Círculo de Armenia, documento elaborado con fundamento en linderos certificados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, no obstante, lograron suplir la referida afectación con la compra del predio de matrícula inmobiliaria 280-7621, lo que les permitió edificar la totalidad del proyecto de viviendas de interés social.

Que instauraron demanda de reparación directa contra el municipio de Armenia y la E. I. C. E. Amable (expediente 63001-33-33-755-2014-00278-00), orientada a que se les declarara administrativamente responsables de la ocupación jurídica permanente de sus propiedades, pues la mencionada afectación vial, al no ser registrada en los «folios de matrícula», no colmó las exigencias señaladas en el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, y se ordenara el pago de la respectiva compensación monetaria.

Sostienen que el asunto contencioso-administrativo fue asignado por reparto al Juzgado Primero (1º) Administrativo de Armenia, que el 11 de mayo de 2020 declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la E. I. C. E. Amable y accedió a las pretensiones ordinarias, con fundamento en que el municipio de Armenia incurrió en falla del servicio, al realizar la afectación de los predios identificados con matrículas inmobiliarias 280-7620 y 280-7625, comoquiera que no notificó la medida a los entonces propietarios de los referidos inmuebles ni la inscribió ante la autoridad competente, omisiones por las que se debía conceder por conceptos de (i) daño emergente a la Sociedad Ambiente Ecológico S. A. S. la suma de $204ʼ763.671 y a la señora Martha Cecilia Calderón Carmona $448ʼ165.767, y (ii) lucro cesante por $92ʼ143.652 a aquella y $201ʼ674.595 a esta.

Que el a quo indicó que el lucro cesante reconocido correspondía a los intereses civiles calculados sobre el valor del m2 de los bienes que no se construyeron durante el lapso comprendido entre el momento en que se materializó la restricción y la ejecutoria de la sentencia, y no a las presuntas utilidades que dejaron de recibir, por cuanto no acreditaron que «el éxito de las ventas» del proyecto de vivienda se perjudicara por la afectación vial, máxime cuando en la demanda indicaron que habían adquirido otro lote con la finalidad de ejecutar aquel en su totalidad.

Afirman que contra la anterior decisión interpusieron recurso de apelación, al igual que lo hizo el ente territorial demandado, con el argumento de que la E. I. C. E. Amable también debía ser condenada, porque era la encargada de construir la Avenida La Estación y de desarrollar las labores orientadas a tal fin. Por su parte, el municipio de Armenia aseveró que el Acuerdo 19 de 2009 estableció «unas posibles vías a ejecutarse», sin embargo, como la aludida Avenida carecía de diseños y estudios previos, no se conocían los lugares por los que se construiría, por lo que no era dable que la curaduría urbana segunda (2ª) de esa ciudad dispusiera que estaban afectados los inmuebles en los que se iban a edificar las viviendas de interés social.

Que el 26 de marzo de 2021 el Tribunal Administrativo del Quindío (sala primera de decisión), desató las precitadas alzadas, en el sentido de modificar el fallo de primera instancia, para reducir a $142ʼ345.892 y a $263ʼ858.709 la compensación monetaria por daño emergente otorgada a la Sociedad Ambiente Ecológico S. A. S. y a la señora Martha Cecilia Calderón Carmona, en su orden. Además, fijó el lucro cesante en $79ʼ713.699 para aquella empresa y $147ʼ760.877 para esta.

Agregan que las autoridades accionadas afirmaron que los elementos de convicción adosados al proceso contencioso-administrativo no demostraban que la E. I. C. E. Amable haya incurrido en acción u omisión alguna con incidencia en el hecho dañoso, en cambio, sí acreditaban que el municipio de Armenia realizó una afectación vial, en cumplimiento del plan de ordenamiento territorial, sin que se haya atendido el trámite previsto en el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, toda vez que no se le notificó la medida a los entonces propietarios de los predios identificados con matrícula inmobiliaria 280-7620 y 280-7625 ni se registró ante el organismo competente.

Que los señores magistrados demandados señalaron que en la demanda ordinaria se pidió el resarcimiento del daño emergente por la imposibilidad de ejercer a plenitud las prerrogativas de propietarios, mas no por la de construir en el área afectada, como lo asumió el a quo, circunstancia por la cual la indemnización de ese perjuicio debía calcularse sobre el valor del metro cuadrado que integra el aludido terreno. En lo que atañe al lucro cesante, se indicó que correspondía a los intereses de lo reconocido por concepto de daño emergente y no era dable calcularlos sobre el valor del m2 de los inmuebles que se dejaron de construir allí.

Aducen que solicitaron oportunamente la aclaración y adición de la precitada sentencia, con el argumento de que no tuvo en cuenta que las pruebas allegadas a las diligencias ordinarias acreditaban lo que dejaron de recibir por no poder edificar en la zona afectada, peticiones desestimadas el 22 de abril de 2021 por parte del Tribunal Administrativo del Quindío (sala primera de decisión), al considerar que lo pretendido era modificar la decisión, pero no obtener una explicación sobre frases que ofrecieran duda o un pronunciamiento sobre un aspecto de la controversia que no se analizó.

Que la providencia atacada adolece de defecto fáctico, habida cuenta de que aseguró que no hubo disminución de las utilidades porque el proyecto de viviendas de interés social se hizo en su totalidad, toda vez que pudieron comprar otro predio, pese a que no obraba prueba alguna de la que se infiriera que recibieron todo el dinero que esperaban por la venta de los referidos inmuebles, razón por la cual aquella aserción carece de respaldo probatorio, por ende, el resarcimiento del daño emergente debía comprender el valor de las casas que no se levantaron en el área afectada por el municipio de Armenia.

Aseveran que la sentencia censurada también incurre en violación directa de la Constitución Política, puesto que no atendió el artículo 58 superior, que prevé que no es dable expropiar sin que haya una indemnización, lo cual avalaron las autoridades accionadas al indicar que no debía reconocer como daño emergente el valor de las viviendas que se dejaron de construir en razón a la medida decretada. Además, los señores magistrados demandados, en atención a la postura que acogieron, condicionaron indebidamente el monto del lucro cesante a lo otorgado por concepto de daño emergente, toda vez que concluyeron que el reconocimiento de este impedía el resarcimiento pleno de aquel.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través de auto de 4 de agosto de 2021, admitió la presente acción, ordenó notificar a los señores magistrados de la sala primera de decisión del Tribunal Administrativo del Quindío y dispuso vincular a los señores alcalde de Armenia y gerente de la E. I. C. E. Amable, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 El señor alcalde de Armenia, a través de la señora directora del departamento administrativo jurídico de ese ente territorial, pide declarar «improcedente la acción de tutela» de la referencia, por cuanto no ha vulnerado el derecho constitucional fundamental invocado por las actoras y la determinación judicial cuestionada, aunque fue contraria a sus intereses, se profirió en atención al ordenamiento jurídico y luego de valorar en debida forma las pretensiones de la demanda ordinaria y las pruebas oportunamente adosadas.

2.1.2 Los señores magistrados de la sala primera de decisión del Tribunal Administrativo del Quindío y gerente de la E. I. C. E. Amable guardaron silencio en la oportunidad prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983 de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por las accionantes, que aducen quebranto de su derecho constitucional fundamental al debido proceso.

3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar la sentencia de 26 de marzo de 2021, por cuyo conducto el Tribunal Administrativo del Quindío (sala primera de decisión) modificó la de 11 de mayo de 2020, con la que el Juzgado Primero (1º) Administrativo de Armenia accedió a las pretensiones del medio de control de reparación directa promovido por las tutelantes contra el municipio de Armenia y la E. I. C. E. Amable (expediente 63001-33-33-755-2014-00278-00), para disminuir el monto de los perjuicios materiales reconocidos; y en caso afirmativo, si se ha vulnerado la garantía superior al debido proceso invocada en la solicitud de amparo.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.

Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público.

En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó:
[…] 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales […].

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
Esta Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por las razones que se exponen a continuación:

La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública» (artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos.

En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional si bien la acción de tutela resulta procedente contra providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico.

En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales, rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 2012, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos.
Por último, en el fallo de 5 de agosto de 2014, proferido por la sala plena de lo contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio de que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron el de inmediatez y subsidiariedad.

3.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso de las actoras; (ii) contra la sentencia acusada no procede recurso alguno, por cuanto fue emitida en segunda instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de la aludida garantía superior; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la determinación judicial atacada quedó ejecutoriada el 28 de abril de 2021 y la solicitud de amparo se instauró el 30 de julio siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (3 meses y 2 días); y (v) la providencia acusada no desató una acción de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, esta Sala examinará el fondo del asunto conforme a las causales específicas denominadas defecto fáctico y violación directa de la Constitución Política.

3.5.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, se destaca:

a) El concejo de Armenia, a través de Acuerdo 9 de 2009, adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial para el período comprendido entre el 2009 y el 2023, en el cual se estableció la construcción de varios proyectos viales, dentro de los que se encontraba la Avenida La Estación, por lo que la alcaldía de ese ente territorial, mediante Decreto 93 de 1º de diciembre de 2010, dispuso la afectación de los predios por los que pasaría aquella, entre estos, los identificados con matrículas inmobiliarias 280-7620 y 280-7625, ubicados en el barrio Belén de esa ciudad.

b) El 28 de junio de 2012 la señora Martha Cecilia Calderón Carmona compró el inmueble correspondiente a la matrícula inmobiliaria 280-7620, que contaba con 1674 m2, y ese mismo día la Sociedad Ambiente Ecológico S. A. S. (de la cual aquella es socia y representante legal) adquirió el predio al que se le asignó la matrícula inmobiliaria 280-7625, que contaba con un área de 2979 m2, zonas que destinarían a la edificación de viviendas de interés social, por lo que el 5 de mayo de 2012 pidieron de la autoridad competente el otorgamiento de las licencias de urbanismo y construcción.

c) La curaduría urbana segunda (2ª) de Armenia, por medio de Resoluciones 2-209 y 1-1773 de 4 de septiembre de 2012, otorgó las referidas licencias a las tutelantes, con la finalidad de que construyeran en los precitados inmuebles, sin embargo, indicó que no podían intervenir 785.51 m2 del primer terreno (280-7620) y 423.49 m2 del segundo (280-7625), en razón a que sobre estos recaía una afectación vial para la obra de la Avenida La Estación, a cargo de la E. I. C. E. Amable.

d) El terreno afectado fue «individualizado» mediante escritura pública 4444 de 2 de diciembre de 2013 y se le concedió la matrícula inmobiliaria 280-194378.

e) Con el propósito de ejecutar la totalidad del proyecto de viviendas de interés social, las demandantes compraron el bien identificado con matrícula inmobiliaria 280-7621, para cuyo efecto se realizó el englobe de los predios que adquirieron, a través del documento señalado en la letra precedente.

f) El 10 de diciembre de 2014 las tutelantes promovieron medio de control de reparación directa contra el municipio de Armenia y la E. I. C. E. Amable (expediente 63001-33-33-755-2014-00278-00), encaminado a que se les (i) declarara administrativamente responsables de los perjuicios ocasionados por afectar los inmuebles que adquirieron sin cumplir las exigencias señaladas en el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, puesto que no se inscribió la medida en los folios de matrícula inmobiliaria y tampoco fue notificada a los entonces propietarios; y (ii) ordenara reconocerles por conceptos de daño emergente «el valor de las áreas de afectación» y de lucro cesante «las utilidades no percibidas» por no poder construir algunas viviendas en esos terrenos o «el interés civil sobre el valor de los bienes entre el momento en que se consolidó la ocupación y el ejecutoria de la respectiva sentencia».

Además, se pidió «ordenar la protocolización» del fallo ejecutoriado en la oficina de instrumentos públicos de Armenia, en atención a que las áreas afectadas eran propiedad de las entidades allí demandadas.

g) El asunto contencioso-administrativo le fue asignado por reparto al Juzgado Quinto (5º) Administrativo de Descongestión de Armenia, que el 7 de abril de 2015 lo admitió, pero el expediente fue enviado al Juzgado Primero (1º) Administrativo de esa ciudad, que el 10 de agosto de 2017 celebró audiencia inicial, en la que decretó como pruebas los documentos que dan cuenta de los hechos expuestos en precedencia y un dictamen pericial, con el fin de determinar el valor comercial de los inmuebles afectados, el cual fue elaborado por el señor Hernán Sánchez Gutiérrez, miembro de Lonja Propiedad Raíz del Quindío, quien concluyó que el precio del terreno afectado de los bienes de matrículas inmobiliarias 280-7620 y 280-7625 eran de $245ʼ273.250 y $132ʼ319.451, respectivamente, y que el valor de esa área construida ascendía a $175ʼ797.875 y $60ʼ064.876, en su orden.

h) El 11 de mayo de 2020 el Juzgado Primero (1º) Administrativo de Armenia declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la E. I. C. E. Amable y administrativamente responsable al municipio de Armenia por el hecho dañoso que motivó la presentación de la demanda ordinaria, en razón a que no inscribió en los registros catastrales la afectación vial de los predios de las demandantes, como lo consagra el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, lo que comporta falla del servicio.

Que el daño emergente a reconocer a la señora Martha Cecilia Calderón Carmona y a la Sociedad Ambiente Ecológico S. A. S. asciende a $448ʼ165.767 y $204ʼ763.671, respectivamente, que corresponden a la actualización del valor del m2 de los inmuebles que se dejaron de construir.

Indica que no era dable otorgar el lucro cesante por las presuntas utilidades que dejaron de recibir las tutelantes como consecuencia de no poder construir en el área afectada, porque estas compraron otro bien (identificado con matrícula inmobiliaria 280-7621) para materializar en su totalidad el proyecto de viviendas de interés social y no se allegó prueba que demostrara que lo edificado fue inferior a lo que se planeó inicialmente. No obstante, la indemnización de dicho perjuicio equivale al pago de los intereses civiles sobre el valor del m2 de los bienes que no se edificaron (6% anual), conforme al artículo 1617 del Código Civil, desde la ocupación indebida hasta la ejecutoria de la sentencia, que asciende a $92ʼ143.652 para la Sociedad Ambiente Ecológico S. A. S. y a $201ʼ674.595 para la señora Martha Cecilia Calderón Carmona.

i) Contra la anterior decisión las partes interpusieron recursos de apelación; la actora, dado que también debió condenarse a la E. I. C. E. Amable, pues era la encargada de la ejecución de la obra, por ende, la de efectuar los trámites atañederos a las afectaciones de predios; y la demandada, habida cuenta de que la Avenida La Estación aún no cuenta con diseños ni estudios previos que permitieran tener certeza de su trazado, por lo tanto, la curaduría urbana segunda (2ª) del Armenia no podía determinar el área de afectación de los inmuebles.

j) El 26 de marzo de 2021 el Tribunal Administrativo del Quindío (sala primera de decisión) desató las precitadas alzadas, en el sentido de modificar el fallo apelado, para reducir la indemnización otorgada por concepto de (i) daño emergente a la Sociedad Ambiente Ecológico S. A. S. y a la señora Martha Cecilia Calderón Carmona a $142ʼ345.892 y a $263ʼ858.709, respectivamente, y (ii) lucro cesante a $79ʼ713.699 para aquella empresa y $147ʼ760.877 para esta.

Que la afectación de la propiedad de las demandantes la realizó el municipio de Armenia sin atender el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, puesto que no se la notificó a los entonces dueños ni la inscribió en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria, lo que les limitó a aquellas el ejercicio de las prerrogativas de propietarias, porque no pudieron disponer de la totalidad de los predios que adquirieron, omisión que involucra una falla del servicio, la cual no le es atribuible a la E. I. C. E. Amable, por cuanto no estuvo involucrada en la planificación de la Avenida La Estación, sino que era la encargada de ejecutar la eventual obra.

Asevera que en la demanda las actoras pidieron el reconocimiento del daño emergente, en razón a que se les impidió ejercer a plenitud sus prerrogativas de propietarias (por lo que solicitaron el pago del precio del metro cuadrado del terreno), situación diferente a la expresada por el a quo, que dijo que deprecaron el resarcimiento de ese perjuicio porque no pudieron edificar en el espacio afectado, por lo que no era dable otorgar por ese concepto, como lo hizo aquel, el valor del m2 de los bienes que se dejaron de construir.

Que el lucro cesante se reclamó sobre las utilidades dejadas de recibir o intereses civiles de los bienes ocupados, sin embargo, no era dable calcularlo sobre aquellas, toda vez que las demandantes, según lo dicho en el escrito inicial, construyeron todo el proyecto de viviendas de interés social luego de comprar un lote cercano, por ende, se presume que no dejaron de obtener los rendimientos económicos esperados, máxime cuando no allegaron pruebas que demostraran lo contrario.

Concluye que tampoco era dable concederles a las tutelantes el lucro cesante en la forma ordenada por el juez de primera instancia, porque al reconocérseles el daño emergente se les compensó la imposibilidad de disponer a plenitud de sus propiedades, en consecuencia, la indemnización de aquel daño solo comprende los intereses del valor otorgado por este perjuicio, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, motivo por el cual a la Sociedad Ambiente Ecológico S. A. S. y a la señora Martha Cecilia Calderón Carmona les correspondían por lucro cesante $79ʼ713.699 y $147ʼ760.877, respectivamente.

3.5.2 Defecto fáctico. Una providencia judicial se encuentra viciada por defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra. Al respecto, el alto tribunal constitucional indicó:

[…] el defecto fáctico positivo, procede de una inadecuada valoración del acervo probatorio o cuando se funda una decisión en una prueba no apta para ello. Por su parte el defecto negativo, alude a aquella omisión en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. En esta situación se incurre cuando se produce la negación de una prueba o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.

Se advierte que si bien el juez goza de un amplio margen de autonomía al momento de valorar las pruebas, ello no comprende ejercer dicha prerrogativa de manera arbitraria, puesto que debe observar criterios objetivos que garanticen la razonabilidad de las deducciones de cada medio probatorio, lo que se logra en atención a las reglas de la sana crítica, conforme lo prevé el artículo 176 del Código General del Proceso (CGP), norma aplicable en la jurisdicción contencioso-administrativa a partir del 1º de enero de 2014, como lo sostuvo la sala plena de esta Corporación. El tenor de esa norma es el siguiente:

Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.

El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.

Asimismo, las aludidas reglas de la sana crítica hacen referencia a parámetros impuestos por la lógica, la ciencia y la experiencia.

En el asunto sub judice las demandantes sostienen que la providencia acusada incurre en defecto fáctico, por cuanto se afirmó que no hubo merma en las utilidades a causa de la afectación de los predios, porque pudieron adquirir otro terreno y ejecutar todo el proyecto de viviendas de interés social, pese a que no obraba prueba de aquella aseveración, lo que imponía calcular el daño emergente sobre el valor de las casas que no se construyeron en el área afectada.

Con el propósito de determinar si la anterior aseveración tiene o no asidero jurídico, cabe anotar que el artículo 90 de la Constitución Política se constituye en la fuente de la responsabilidad extracontractual del Estado, pues es su «cláusula general», puesto que prevé los elementos que deben concurrir para que se configure, los cuales son: (i) un daño antijurídico, esto es, un perjuicio que la persona no está en la obligación de soportar; (ii) una acción u omisión de los servidores públicos concernientes al cumplimiento de sus funciones; y (iii) una relación causal entre el hecho dañoso y la actuación o negligencia de aquellos.

En virtud de dichos presupuestos, resulta acertado afirmar que hay lugar a declarar la responsabilidad extracontractual del Estado cuando sus agentes, en acatamiento de sus funciones, por acción u omisión, causan menoscabo a una persona que no debe resistirlo.

Así las cosas, el nexo causal hace referencia a la relación necesaria que debe mediar entre el hecho generador del detrimento y el resultado, es decir, para que se comprometa patrimonialmente a la Administración, es indispensable que esta haya causado el perjuicio.

Ahora bien, el artículo 140 del CPACA establece que el Estado compromete su responsabilidad extracontractual «por  ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos», evento que abarca la limitación del derecho de dominio de los inmuebles a causa de afectaciones impuestas por la Administración (ocupación jurídica), toda vez que restringen las facultades de las que gozan los propietarios.

Cabe advertir que en caso de que dicha afectación se imponga sin atender el sistema normativo, se configura una falla del servicio que habilita al perjudicado para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativo, a través del medio de control de reparación directa, y pedir el resarcimiento de los correspondientes daños. Sobre el particular el Consejo de Estado indicó:

[…] la Ley 9ª de 1989, modificada por la Ley 388 de 1997, determinó los procedimientos para adquirir bienes particulares susceptibles de enajenación en aras del desarrollo de obras públicas de interés social y estableció que, por las razones indicadas en el artículo 10º, la administración puede declarar la utilidad pública un bien particular e iniciar el proceso de enajenación voluntaria. […] la afectación debe notificarse personalmente al propietario y ser inscrita en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, so pena de inexistencia […].

[…] la Sociedad accionante, al hacer referencia a una “afectación fáctica”, alude a lo que la jurisprudencia de esta Corporación, en diferentes ocasiones, ha denominado ocupación jurídica, esto es: las acciones de la administración capaces de limitar los derechos reales que un particular ejerce sobre un bien inmueble, sin que se cumplan los requisitos y las formalidades establecidas en la Ley para tal fin. En tales casos, como lo ha precisado la jurisprudencia, el eventual afectado deberá adelantar la acción de reparación directa […].

El artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, modificada por la Ley 388 de 1997, estipula sobre las afectaciones de bienes originas en construcciones de obras públicas, lo siguiente:

Toda afectación por causa de una obra pública tendrá una duración de tres (3) años renovables, hasta una máximo de seis (6) y deberá notificarse personalmente al propietario e inscribirse en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, so pena de inexistencia. La afectación quedará sin efecto, de pleno derecho, si el inmueble no fuere adquirido por la entidad pública que haya impuesto la afectación o en cuyo favor fue impuesta, durante su vigencia.

[…]

Para los efectos de la presente Ley, entiéndese por afectación toda restricción impuesta por una entidad pública que limite o impida la obtención de licencias de urbanización, de parcelación, de construcción, o de funcionamiento, por causa de una obra pública, o por protección ambiental.

En atención a lo expuesto en precedencia, una afectación de bienes debe acatar el trámite establecido en la precitada norma, porque de lo contrario se configura una falla del servicio pasible de indemnización en sede contencioso-administrativa.

En los procesos de reparación directa concernientes a ocupaciones jurídicas de inmuebles, es dable reclamar el resarcimiento de perjuicios materiales, los cuales hacen referencia al deterioro patrimonial que sufre una persona con ocasión de un daño antijurídico, es decir, por una lesión de sus intereses pecuniarios que no está en la obligación de soportar.

Ese agravio se clasifica en daño emergente y lucro cesante. El primero involucra el empobrecimiento directo que padece la persona por la ocurrencia del hecho dañoso; por su parte, el segundo es lo que deja de ingresar al patrimonio del afectado por el daño antijurídico. Para acreditar esos detrimentos el ordenamiento jurídico no establece una tarifa legal, por lo tanto, la parte demandante, en virtud del principio de libertad probatoria, puede demostrarlos a través de los medios de convicción que estime pertinentes, siempre que se ajusten al sistema normativo.

En controversias como la discutida en el proceso de reparación directa 63001-33-33-755-2014-00278-00 (dentro del que se profirió la providencia censurada), el reconocimiento del daño emergente tiene un carácter compensatorio, porque resarce la imposibilidad de los propietarios de disponer libremente de sus bienes, por consiguiente, su concesión impide el pago de lo que el bien dejó de producir (lucro cesante), pues por este concepto solo es dable otorgar los intereses sobre el valor fijado como indemnización por aquel agravio. En esos términos lo dijo el Consejo de Estado, al indicar:

[…] si en la demanda se solicita el pago del daño emergente al momento de producirse la ocupación, debidamente indexado, la indemnización es compensatoria y comporta legalmente la transferencia de la propiedad ocupada a la entidad condenada, de manera tal que el único lucro cesante susceptible de reconocerse será la rentabilidad del dinero. Por lo tanto, no es posible solicitar al mismo tiempo la compensación indemnizatoria (daño emergente) – con su respectiva rentabilidad (lucro cesante) – y el pago de lo que el terreno hubiere dejado de producir.

Así las cosas, respecto del pago de intereses deprecados en la demanda, advierte la Sala que si bien el actor va a recibir el valor equivalente al valor comercial del terreno[,] debidamente actualizado[,] con el propósito de que se le repare integralmente el daño sufrido, tiene derecho, también a título de lucro cesante, a que se le reconozca los intereses que pudo recibir sobre ese capital […].

Con este reconocimiento se reitera la jurisprudencia de la Sala en el sentido de que el interés puro se reconoce a título de lucro cesante, porque busca compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital y, en consecuencia, hace parte de la indemnización integral y es compatible con la indexación.

Así las cosas, cuando en una demanda de reparación directa se pida el resarcimiento de una ocupación jurídica de un inmueble, el daño emergente comprende la compensación del valor de este y no es procedente reconocer a título de lucro cesante lo que se dejó de recibir del bien, sino solo los intereses correspondientes al monto otorgado para indemnizar el primer perjuicio.

Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, la Sala evidencia que en la demanda de reparación directa 63001-33-33-755-2014-00278-00 las tutelantes pidieron por concepto de daño emergente «el valor de las áreas de afectación», pero no el desagravio atañedero a las viviendas que no pudieron construir en el área afectada por el municipio de Armenia, situación por la cual las autoridades accionadas les concedieron el valor de los predios afectados, debidamente indexado, el cual fue fijado en el dictamen pericial practicado dentro de dicho trámite contencioso-administrativo.

En ese orden de ideas, no era dable que los señores magistrados demandados les confirieran a las actoras, como resarcimiento del daño emergente, una indemnización por los agravios derivados de la imposibilidad de edificar en el terreno afectado (valor del m2 de las viviendas que no pudieron levantar), pues de haber acontecido ello, se hubiere desconocido el principio de congruencia y emitido un fallo ultra petita, lo que le está vedado al juez contencioso-administrativo, tal como lo precisó el Consejo de Estado, en los siguientes términos:

[…] el campo de la controversia jurídica y de la decisión del juez, encuentra su límite en las pretensiones y hechos aducidos en la demanda y en los exceptivos alegados por el demandado; por tanto no le es dable ni al juez ni a las partes modificar la causa petendi a través del señalamiento extemporáneo de nuevos hechos, o a través de una sutil modificación de las pretensiones en una oportunidad diferente a la legalmente prevista para la modificación, adición o corrección de la demanda, respectivamente, so pena de incurrir en la violación al principio de congruencia. El actor sólo cuenta con dos oportunidades para precisar la extensión, contenido y alcance de la controversia que propone, es decir para presentar el relato histórico de los hechos que originan la reclamación y para formular las pretensiones correspondientes: la demanda y la corrección o adición de la misma […].

Adicionalmente, se anota que la reparación de los daños que presuntamente causó la imposibilidad de edificar en el área afectada, no involucra un daño emergente, sino un lucro cesante, pues atañe a lo que las actoras esperaban que el predio produjera, es decir, concierne a la expectativa que tenían de recibir dinero por la venta de las viviendas que allí se construyeran.

No obstante, ese resarcimiento no podía efectuarse en atención al criterio jurisprudencial del Consejo de Estado analizado en precedencia, en virtud del cual el otorgamiento del daño emergente en los casos relacionados con la responsabilidad patrimonial de la Administración por ocupación jurídica de un inmueble, impone que el lucro cesante corresponda únicamente a los intereses de la indemnización de aquel perjuicio, porque con él se compensó la restricción de las propietarias de disponer de los bienes.

Además, las accionantes no allegaron al proceso ordinario pruebas que acreditaran el empobrecimiento directo que presuntamente les produjo la imposibilidad de edificar en el área afectada, como gastos de modificaciones de planos o de compra de otro bien para realizar el proyecto de viviendas de interés social (suceso que advirtieron, pero no demostraron lo pagado y tampoco pidieron el reembolso de lo que cancelaron por ello), por ende, no era dable ordenar su compensación.

Con base en lo expuesto en precedencia, para la Sala no es recibo la aseveración de las demandantes, consistente en que el fallo atacado incurre en defecto fáctico (puesto que no cuenta con respaldo probatorio la afirmación de que no perdieron utilidades en la construcción que surtieron), pues, además de que no se comprobó que la venta de los inmuebles se haya afectado a causa de la imposibilidad de edificar en el área afectada (pese a que aquellas tenían la carga de la prueba), el reconocimiento del daño emergente impedía que se ordenara una compensación pecuniaria sobre el particular, dado que, se reitera, ello comporta un lucro cesante y, en casos como el debatido en el proceso 63001-33-33-755-2014-00278-00, este perjuicio corresponde únicamente a los interés de lo reconocido por la limitación a la propiedad (daño emergente).

Resulta oportuno aclarar que no corresponde a la realidad que los señores magistrados demandados no hayan valorado en debida forma los medios de convicción arrimados al mencionado expediente contencioso-administrativo, porque los analizaron integralmente para concluir que el municipio de Armenia comprometió su responsabilidad patrimonial en los hechos debatidos en las referidas diligencias, por lo tanto, era dable reconocer la indemnización en los términos fijados en el fallo censurado (que atiende el dictamen pericial practicado).

Se destaca que el hecho de que las autoridades accionadas no hayan accedido a la reparación en la forma consignada en la demanda, no involucra la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales denominada defecto fáctico, en razón a que en acatamiento de sus competencias jurisdiccionales tienen la potestad de examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de los elementos probatorios obrantes en el expediente, así como la de otorgarles diferentes grados de certeza, siempre que lo hagan de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, como aconteció en el asunto materia de controversia.

Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) acerca de los elementos de convicción, están precedidas de una valoración objetiva, integral y razonable de ellas, lo que imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias a las garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite. En lo que atañe a este aspecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.

El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.

Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto” […].

Así las cosas, la Sala evidencia que la aserción de las autoridades accionadas, según la cual no era dable ordenar un resarcimiento a favor de las demandantes por la imposibilidad de construir en el área afectada por el municipio de Armenia, no comporta una deducción arbitraria o caprichosa de las pruebas adosadas al proceso de reparación directa 63001-33-33-755-2014-00278-00, sino a la correcta aplicación del criterio jurisprudencial aplicable al sub lite.

3.5.3 Violación directa de la Constitución Política. La violación directa de la Constitución se configura cuando el juez ordinario adopta una postura que la desconoce, y en el evento de la tutela contra providencia judicial, cuando (i) en esta se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de acuerdo con el precedente constitucional, (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (iii) el juez en sus decisiones vulnera derechos fundamentales sin aplicar el principio de interpretación conforme a la Carta Política.

En el asunto sub examine las actoras indican que la providencia acusada adolece de violación directa de la Constitución Política, en razón a que desconoce el artículo 58 superior, dado que les expropiaron parte de sus predios, sin que hubiere una indemnización previa, por cuanto no se les reconoció el valor de las viviendas que dejaron de construir en el área afectada.

No obstante, para la Sala esa afirmación carece de asidero jurídico, toda vez que no hubo una expropiación a las demandantes, sino una indebida afectación de sus inmuebles, lo que conllevó que se declarara administrativamente responsable al municipio de Armenia y se le ordenara pagarles a aquellas las compensaciones monetarias de los perjuicios a que había lugar, las cuales ascienden a $633ʼ679.177.

Ahora bien, el hecho de que no se les haya otorgado a las demandantes la reparación de lo que presuntamente dejaron de recibir por no construir en el área afectada, no implica afirmar que sus terrenos fueron objeto de expropiación sin previa indemnización, pues no era dable ordenar ese resarcimiento, porque, se insiste, involucra un lucro cesante y el Consejo de Estado ha precisado que en los casos como el debatido en el proceso de reparación directa 63001-33-33-755-2014-00278-00, aquel corresponde a los intereses del monto del daño emergente, que compensa la limitación indebida de la propiedad.

A partir de los anteriores prolegómenos y comoquiera que la providencia cuestionada no adolece de defecto fáctico ni de violación directa de la Constitución Política, se impone negar el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. Niégase el amparo del derecho constitucional fundamental al debido proceso invocado por la señora Martha Cecilia Calderón Carmona y la Sociedad Ambiente Ecológico S. A. S., por las razones expuestas en las consideraciones.

2º. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

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SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Artículo 37 de la Ley 9ª de 1989: «Para los efectos de la presente Ley, entiéndese por afectación toda restricción impuesta por una entidad pública que limite o impida la obtención de licencias de urbanización, de parcelación, de construcción, o de funcionamiento, por causa de una obra pública, o por protección ambiental». Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de 2014, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). La providencia que decidió la solicitud de aclaración y adición del fallo cuestionado (presentada oportunamente) se notificó por estado el 23 de abril de 2021. De que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Sección tercera, subsección A, sentencia de 16 de agosto de 2012, C. P. Hernán Andrade Rincón, expediente 25000-23-26-000-1998-01229-01. Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño. Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez. Sentencia T-474 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández. Auto de 25 de junio de 2014, C. P. Enrique Gil Botero, expediente: 25000-23-36-000-2012-00395-01.
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste». Corte Constitucional, sentencia C-38 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de abril de 2018, C. P. María Adriana Marín, expediente 25000-23-26-000-2004-02010-01. Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 9 de febrero de 2021, C. P.

Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 25000-23-36-000-2016-01574-00: «La ocupación de un bien inmueble será jurídica cuando de una actuación administrativa se derive la imposibilidad para el propietario de ejercer su derecho, es decir, de realizar las conductas que le permitan desarrollar las facultades de uso y disposición respecto de su derecho de propiedad». Sección tercera, subsección C, sentencia de 8 de junio de 2019, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, expediente 05001-23-31-000-1998-00311-01.
«Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones». Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia de 20 de octubre de 2014, M. P. Enrique Gil Botero, expediente: 05001-23-31-000-2004-04210-01. Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de 10 de agosto de 2016, C. P. Hernán Andrade Rincón, expediente: 23001-23-31-000-2005-00380-01. Sección tercera, subsección A, sentencia de 9 de julio de 2014, C. P. Hernán Andrade Rincón, expediente 25000-23-26-000-1998-01792-01. Sección tercera, subsección A, sentencia de 25 de enero de 2017, C. P. Hernán Andrade Rincón, expediente 11001-03-26-000-2016-00052-00. Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 12 de septiembre de 2012, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente: 76001-23-25-000-1998-01471-01: «[…] compete a la parte que alega un hecho o a quien lo excepciona o lo controvierte; por lo tanto, es indispensable demostrar, por los medios legalmente dispuestos para tal fin, los hechos que sirven de fundamento fáctico de la demanda […]». Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2011, M. P. Juan Carlos Henao Pérez: «[…] la expropiación puede ser definida como una operación de derecho público por la cual el Estado obliga a un particular a cumplir la tradición del dominio privado al dominio público de un bien, en beneficio de la comunidad y mediante una indemnización previa […]»

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