Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05070-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05070-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-05070-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
4 de agosto de 2023
Radicado: 11001 03 15 000 2021 05070 00
Demandante: Julia Esther Mejía Montaño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINTA ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023).
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicado: 11001 03 15 000 2021 05070 00
Demandante: JULIA ESTHER MEJÍA MONTAÑO
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DEL TRABAJO – DIRECCIÓN
TERRITORIAL DEL MAGDALENA.
Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal 5 del artículo 250 del
CPACA
Recurso extraordinario de revisión
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto mediante apoderada
judicial por la señora Julia Esther Mejía Montaño contra la sentencia del 14 de mayo
de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que
confirmó el fallo del 20 de junio de 2018, del Tribunal Administrativo del Magdalena
que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
I. ANTECEDENTES
1. Antecedentes administrativos y demanda
Mediante Resolución nro.180 del 29 de agosto de 2016, corregida con Resolución
nro. 230 del 3 de octubre de 2016, la directora territorial del Magdalena del Ministerio
del Trabajo reubicó y trasladó a Julia Esther Mejía Montaño, quien se desempeñaba
como Inspectora de Trabajo y Seguridad Social de Ciénaga, a la sede de Santa
Marta Grupo de Resolución de Conflictos – Conciliación, a partir del 1° de septiembre
de 2016.
La señora Mejía Montaño promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Nación – Ministerio del Trabajo – Dirección Territorial del
Magdalena, con el fin de que se declarara la nulidad de los anteriores actos
administrativos y, como consecuencia, que se ordenara la reubicación en el cargo
que ocupaba como inspectora de trabajo y seguridad social de Ciénaga, Magdalena;
así mismo, que se condenara a la demandada al pago de 700 smlmv por concepto
de daño moral, y a 400 smlmv por concepto de daño a la vida de relación.
Lo anterior al considerar que: (i) se vulneró el derecho fundamental al debido
proceso al no haberse notificado en debida forma los actos por medio de los cuales
se ordenó su reubicación laboral, y al no indicarse los recursos procedentes; y, (ii)
por ejercer de forma arbitraria el ius variandi que se concretó en las siguientes
irregularidades porque: no se motivó el acto por medio del cual se ordenó la
reubicación de la demandante, se desmejoraron sus condiciones laborales, no se
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Demandante: Julia Esther Mejía Montaño
expidió en aras del buen servicio, existió persecución y acoso laboral que conllevó a
la decisión de reubicación.
El Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia del 20 de junio de 2018, negó
las pretensiones de la demanda, con el argumento de que no se probó que el
ejercicio del ius variandi haya obedecido a un acoso o persecución laboral por parte
de la directora territorial del Magdalena.
2. Sentencia recurrida en revisión
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 14 de
mayo de 2020, confirmó el fallo de primera instancia.
Luego de hacer referencia al derecho fundamental al debido proceso, señaló que la
indebida o falta de notificación de los actos administrativos no afecta su validez sino
exclusivamente su eficacia. Que, en el caso concreto, la señora Mejía Montaño tuvo
conocimiento de los actos administrativos, teniendo en cuenta que: (i) en oficio del 30
agosto de 2016, le solicitó a la directora territorial un plazo razonable para organizar
varios asuntos de la oficina a su cargo; (ii) con memorando del 30 de septiembre de
2016, la coordinadora del Grupo de Resolución de Conflictos y Conciliación le
informó a la directora territorial que la señora Mejía Montaño se presentó ante ella el
7 de septiembre de 2016, esto es, un día después de haber hecho entrega de sus
funciones en la inspección de Ciénaga; (iii) en comunicación del 11 de enero de
2017, la demandante le solicitó al director territorial del Magdalena de la época, que
le notificara los actos administrativos demandados, por medio de los cuales se
dispuso su reubicación a la sede de la Dirección Territorial de Santa Marta.
De lo anterior concluyó que, a pesar de la indebida notificación, la señora Julia
Esther Mejía Montaño conoció el contenido de los actos que ordenaron su
reubicación, y se podía entender notificada por conducta concluyente, pues ejerció
acciones dirigidas a discutir la decisión de la entidad empleadora.
Por otra parte, señaló que la falta de información respecto de los recursos
procedentes frente a los actos administrativos no es una causal de nulidad que
afecte su validez, sino que faculta al interesado para acudir directamente ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Posteriormente, se pronunció sobre el ejercicio irregular y arbitrario del ius variandi,
el concepto de planta global y flexible y la facultad de reubicación por parte del
nominador. Igualmente, se refirió a la planta global del Ministerio del Trabajo y a la
figura de desviación de poder de manera general y de aquella originada del contrato
laboral.
Al analizar el caso concreto, se refirió a las pruebas aportadas al proceso y concluyó
que no se demostró que se haya hecho un ejercicio irregular del ius variandi, al
considerar que: (i) la reubicación de un servidor de planta global tiene como único fin
responder a necesidades del servicio, por ello, el acto administrativo no requiere de
motivación expresa y es el actor quien debe desvirtuar la presunción de legalidad; (ii)
las actuaciones que señala la demandante como constitutivas de acoso laboral, no lo
son, pues son circunstancias propias de la dinámica del trabajo; (iii) respecto de los
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Demandante: Julia Esther Mejía Montaño
problemas de salud de la señor Mejía Montaño, si bien se probaron que se dieron
como consecuencia de la reubicación laboral, no se trata de una situación anterior a
la expedición de los actos demandados, que haya sido conocida de manera previa
por el nominador y que pudiera haber sido tenida en cuenta para adoptar la decisión,
tampoco obra prueba que demuestre que solicitó posteriormente su reubicación por
esa situación y, en todo caso, su lugar de residencia no varió; (iv) tampoco se probó
la existencia de situaciones sistemáticas y persistentes de acoso laboral, sino de
rumores o inferencias realizadas a partir del hecho de la reubicación de la actora.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
1. Escrito del recurso extraordinario de revisión
La señora Julia Esther Mejía Montaño, el 3 de agosto de 2021, interpuso recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del 14 de mayo de 2020, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, porque consideró que se
encuentra incursa en la causal 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo siguiente:
Indicó que la sentencia recurrida incurrió en un defecto sustantivo, porque
desconoció los artículos 67 y 137 del CPACA, según los cuales el incumplimiento de
la notificación personal del acto administrativo que ponga fin a una actuación
invalidará la notificación y la falta de notificación del acto administrativo que
demandando en nulidad significa un desconocimiento del derecho de audiencia y
defensa por lo que debió ordenarse la nulidad de los actos.
Aunado a lo anterior, indicó que el ad quem no tuvo en cuenta que acorde con el
artículo 1° de la Resolución 1742 de 2012 del Ministerio del Trabajo, el acto
administrativo de reubicación debe ser motivado y en el caso particular no lo estaba.
Que no es cierto que, en la legislación colombiana exista una presunción legal,
según la cual “(…) en todos los actos administrativos de traslado o reubicación de
servidores públicos de una planta global de personal, estos se expiden por
necesidades del servicio, y por tanto la administración no tiene la obligación de
motivarlos y mucho menos es cierto, que le corresponda al servidor público afectado,
desvirtuarla”.
Por otra parte, señaló que el ad quem incurrió en un defecto fáctico, al no darle
credibilidad a las pruebas testimoniales, de interrogatorios de parte, aportadas por la
demandante, decretadas y practicadas válidamente en el proceso, en los cuales se
puso de presente, las conductas de acoso laboral de los empleadores contra la
señora Mejía Montaño.
Aunado a lo anterior, aseguró que en la providencia acusada se ignoró y omitió la
valoración de las pruebas documentales (historia clínica e incapacidades dadas por
psiquiatra tratante, médicos y psicólogos), aportadas y decretadas dentro del
proceso, las cuales daban cuenta del daño moral y a la salud que sufrió la
demandante, como consecuencia de la reubicación intempestiva, esto es,
“enfermedad de estrés post traumático por cambio abrupto del sitio de trabajo y
acoso laboral”.
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Que, se vulneró el derecho fundamental al debido proceso, por desconocimiento del
precedente jurisprudencial respecto del abuso del ius variandi por parte del
empleador, toda vez que, no analizó sí la reubicación obedeció a razones objetivas y
válidas que la hicieran ineludible o, al menos, justificable.
Afirmó que el precedente jurisprudencial desarrollado por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado establecen que los actos administrativos de traslado y
reubicación de funcionarios de libre nombramiento y remoción, en plantas de
personal global y flexible, deben sustentarse de manera adecuada, exponiendo los
motivos por los cuales se dan los cambios y la necesidad de los mismos.
Que la sentencia acusada, no tuvo en cuenta que las condiciones de trabajo de la
señora Mejía Montaño cambiaron considerablemente y, eso tuvo repercusión directa
en su salud.
2. Trámite procesal
En auto del 25 de octubre de 2021, se admitió el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora Julia Esther Mejía Montaño, se ordenaron las notificaciones
de rigor1 y, por secretaría, se requirió al Tribunal Administrativo del Magdalena, para
que remitiera en calidad de préstamo, el expediente dentro del cual se tramitó el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número: 47001-23-
33-000-2017-00088-00.
Mediante auto del 5 de mayo de 2022, se tuvieron como pruebas los documentos
aportados con la demanda y la contestación de aquella, además, se negó por
impertinente la práctica de la prueba solicitada por la parte recurrente.
3. Contestación al recurso
El Ministerio del Trabajo solicitó que se declare infundado el recurso extraordinario
de revisión, por lo siguiente:
Señaló que los cargos formulados por la recurrente no se refieren a un aspecto
procesal, sino que por el contrario se fundan en cuestionar la motivación, la
valoración probatoria y la aplicación normativa que el juzgador utilizó para expedir el
fallo, razón suficiente para declarar infundado el recurso.
Aseguró que, mediante el ejercicio del presente recurso, la señora Mejía Montaño
expone es su desacuerdo frente a la valoración probatoria hecha en la sentencia
acusada, referente a que la falta de notificación de los actos administrativos
demandados no los hacia nulos, porque “…[l]a indebida o falta de notificación de los
actos administrativos no afecta su validez sino exclusivamente su eficacia…”.
Respecto a la falta de motivación de los actos demandados, aseguró que se trata de
un nuevo cargo de nulidad que no fue presentado en la demanda y que por ello lo
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Se ordenó notificar personalmente, a través de los diferentes canales virtuales, a la Secretaría General del
Consejo de Estado, a la Nación – Ministerio del Trabajo – Dirección Territorial Magdalena, al Ministerio Público y
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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hace inviable o improcedente su presentación en esta oportunidad procesal, que en
la sentencia atacada se dejó sentado que los actos administrativos -Resolución 180-
16 de 29 de agosto de 2016, la directora territorial del Magdalena decidió reubicar a
la señora Julia Esther Mejía Montaño en la sede de Santa Marta, a partir del 1 de
septiembre de 2016- no requieren una motivación expresa.
Que en lo referente al ius variandi, en la sentencia se hizo un análisis detallado de
las razones por las cuales esa facultad del empleador fue ejercida dentro del marco
de la legalidad y, además, que la demandante no probó, siendo su obligación, el
defecto de abuso de poder que según ella estaba cubriendo los actos administrativos
de reubicación demandados.
4. Concepto del Ministerio Público
El Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto y solicitó
que se declare infundado el recurso extraordinario de revisión promovido por la
señora Julia Esther Mejía Montaño, por las siguientes razones:
Aseguró que los cargos formulados por la recurrente están encaminados a que se
haga un nuevo análisis sobre la materia ya debatida y resuelta, sin que realmente
exista una irregularidad concreta en la sentencia acusada, que imponga una
afectación al debido proceso.
Indicó que la recurrente hace alusión literal a los argumentos del ad quem que no
fueron favorables a sus pretensiones, para sustentar sus inconformidades, olvidando
la autonomía judicial. Que, la decisión adoptada fue razonable, pertinente y
conducente con la controversia y de los hechos se infieren situaciones que llevaron
al juzgador a establecer las respectivas conclusiones del caso, por ejemplo, el
análisis de los testimonios de la auxiliar administrativa y de los sindicalistas, o, en el
evento comprobado de ausencia de daño porque la afectación geográfica,
sucedánea con el traslado, mayormente no tuvo relevancia, etc.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en el inciso 1 del artículo 249 del CPACA, de los
recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones
del Consejo de Estado, conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin
exclusión de la sección que profirió la decisión.
El Acuerdo 321 del 2 de diciembre de 2014, expedido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, reglamentó la integración y
funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión de que trata el artículo 107 de la
Ley 1437 de 2011.
Por su parte, el numeral 1 del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019, asigna la
competencia a las Salas Especiales de Decisión de los recursos extraordinarios de
revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del
Consejo de Estado.
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De acuerdo con lo anterior, a la Sala Quinta Especial de Decisión del Consejo de
Estado le corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto por
la señora Julia Esther Mejía Montaño contra la sentencia del 14 de mayo de 2020,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
2. Oportunidad del recurso
El recurso extraordinario de revisión se presentó el 3 de agosto de 2021, es decir, en
vigencia del CPACA, por lo que, es procedente revisar el término de interposición,
conforme con lo previsto en el artículo 251 ejusdem, según el cual, el recurso podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia2.
Comoquiera que la sentencia que se cuestiona quedó ejecutoriada el 4 de agosto de
20203 y el recurso extraordinario de revisión se radicó el 3 de agosto de 2021, es
claro que la demanda se presentó dentro del término.
3. Legitimación en la causa
Respecto de la señora Julia Esther Mejía Montaño, recae el interés jurídico que se
debate en el sub examine, en tanto que, fue la parte demandante vencida dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de reproche.
Por su parte, la Nación – Ministerio del Trabajo – Dirección Territorial Magdalena,
está legitimada, pues fue parte demandada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el cual se profirió la sentencia que ahora se
cuestiona.
La Sala procede a pronunciarse respecto de: (i) la naturaleza y marco legal de la
acción extraordinaria de revisión y, (ii) el alcance y requisitos de la causal 5 del
artículo 250 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
4. Naturaleza y marco legal del recurso extraordinario de revisión
En los términos del artículo 249 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
2
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos
que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco
(5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del
mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.
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Según notificación obrante en el índice 16 de SAMAI del proceso en el cual se tramitó el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
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Administrativos y por los jueces administrativos, en los eventos contemplados en el
artículo 250 del CPACA4.
Respecto de la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, la Corte
Constitucional lo ubica como una verdadera acción contra decisiones injustas, a fin
de restablecer la justicia material5, en el mismo sentido, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de la Sala Especial
Número Tres6, explicó que, en general, es un medio de impugnación excepcional
contra la sentencia, que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada. Se
propone con el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la vigencia del
ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados por las sentencias injustas.
Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad
interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la
sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario.
Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la
labor funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material.
De ahí que, el ámbito de revisión esté restringido por las causales que el legislador
ha determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de
situaciones excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten
interpretaciones más allá de lo que en buena ley se deduce de su texto.
Las causales de revisión previstas en el artículo 250 CPACA básicamente tienen que
ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos
decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del
debido proceso. Esas causales, como es apenas obvio, no aluden a errores
sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o
la interpretación errónea de una norma sustancial. No es un recurso que proceda por
violación de la ley7.
4
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos
en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de
cosa juzgada y fue rechazada”.
5
Sentencia C-418 de 1994.
6
Ver, sentencia del 6 de septiembre de 2016, expediente con radicado número: 11001031500020130199800.
M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Sala Especial de Decisión número 3.
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Ibídem.
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Demandante: Julia Esther Mejía Montaño
5. Del alcance y requisitos de la causal quinta: -“5. Existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”.
De la lectura del numeral 5 del artículo 250 del CPACA, es posible advertir que para
que se configure la causal, deben concurrir los siguientes requisitos: (i) que la
providencia que es recurrida mediante el recurso extraordinario de revisión ponga fin
al proceso; (ii) que contra esta decisión no proceda el recurso de apelación y, (iii)
que la nulidad alegada haya ocurrido en el momento en que se dictó la sentencia y
8
no antes .
Pues bien, por regla general, los motivos de nulidad que afectan la sentencia son
aquellos eventos descritos en el artículo 133 del Código General del Proceso9 –
antes el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil – y por violación del artículo
29 de la Constitución Política10, ocurre lo propio en las distintas jurisdicciones11.
Será entonces, en los eventos en los que algunas de las circunstancias descritas en
la precitada norma se configuren en el momento procesal de la expedición de la
sentencia que se habilita el recurso extraordinario de revisión12, pues recuérdese, que
de conformidad con el parágrafo del artículo 133 del Código General del Proceso, las
demás irregularidades del proceso que no se impugnan oportunamente se tendrán
8
Recuérdese, que de conformidad con el parágrafo del artículo 133 del Código General del Proceso, las demás
irregularidades del proceso que no se impugnan oportunamente por los mecanismos que establece el código se
tendrán por subsanadas.
9
La comprensión del artículo 133 del Código General del Proceso permite advertir que las causales de nulidad
tienen que ver básicamente con sucesos del siguiente orden:
1. Que el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Que el juez proceda contra providencia ejecutoriada del superior, reviva un proceso legalmente concluido o
pretermita íntegramente la respectiva instancia.
3. Que se adelante después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si,
en estos casos, se reanude antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado
judicial carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica
de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la
sustentación del recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas
como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo
con la ley debió ser citado.
10
la Corte Constitucional en las sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001 precisó que la
nulidad originada en la sentencia no se restringe a las causales que prevé el Código General del Proceso – antes
Código de Procedimiento Civil-, que, adicionalmente, puede derivar de la violación al debido proceso establecido
en el artículo 29 de la Constitución Política.
11
La jurisdicción civil [Artículos 379 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.], la jurisdicción penal
[Artículos 192 y siguientes de la Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal], la jurisdicción ordinaria laboral
[Artículo 62 y siguientes del Código de Procedimiento Laboral] y la jurisdicción de lo contencioso administrativo
[artículo 250 y siguientes del Código de lo Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo].
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Salvo algunos eventos en los que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo
ser advertida por el afectado, caso en el cual el interesado tiene la carga de probar que no tuvo la oportunidad de
proponer la nulidad o alegar el vicio oportunamente. De lo contrario, la causal de revisión en cuestión se
convertiría en una anormal oportunidad para que las partes subsanen las omisiones del proceso ordinario y
aleguen nulidades o errores procesales que debieron proponer dentro del término oportuno. Al respecto, ver
sentencias del 3 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2018-01235-00 y del
3 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-20120-00643-00.
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Radicado: 11001 03 15 000 2021 05070 00
Demandante: Julia Esther Mejía Montaño
por subsanadas y que, en los términos del inciso final del artículo 135 ejusdem, será
rechazada de plano toda solicitud de nulidad que se funde en hechos que se
propongan después de saneada la nulidad, sin perjuicio de las nulidades insaneables
que describe el parágrafo del artículo 136 de la misma norma.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de mayo de
2011, en el expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2008-00294-00,
identificó algunos eventos es los que se predica la existencia de la nulidad originada
en la sentencia, en los siguientes términos:
“En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado
normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia
después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento,
aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta
sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no
ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o,
en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada
con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso
13
al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación[ ]”.
Aunado a lo anterior, esta Corporación ha previsto que la causal de nulidad originada
en la sentencia también comprende la violación al principio de congruencia, así:
“Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación
del principio de congruencia cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o
por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en
ésta; también se configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los
14
puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)”
Se resalta que la Sala Plena de esta Corporación dio un nuevo alcance a la referida
causal, en lo que concierte al derecho al debido proceso. En sentencia de unificación
del 8 de mayo de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, en el
expediente con radicado número: 11001-03-15-000-1998-00153-0115, se refirió
ampliamente al derecho a la tutela judicial efectiva o recurso judicial efectivo y
consideró que el recurso de revisión y las causales que dan lugar a su solicitud,
constituyen un mecanismo judicial destinado a la protección de derechos
fundamentales como el de acceso a la justicia y el debido proceso, es decir, es
13
Al respecto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 20 de octubre
de 2009, dentro del expediente con radicado número: 2003-00133-00, señaló que la nulidad originada en la
sentencia por ausencia de motivación, se presenta solamente ante la carencia total de pronunciamiento del
juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad. REV 2014-
00440-00.
15
En esa oportunidad, la Sala Plena estableció que se configura la nulidad originada en la sentencia i) cuando se
presenta alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se dictó el
fallo de segunda instancia, objeto del recurso de revisión, [actualmente artículo 133 del Código General del
Proceso] y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció esta
Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en la
Sentencia C-739 de 2001 y entró a determinar si un fallo inhibitorio no justificado, es causal de nulidad
constitucional por violación de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a una tutela
judicial efectiva.
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Radicado: 11001 03 15 000 2021 05070 00
Demandante: Julia Esther Mejía Montaño
un instrumento o medio de control adicional que el legislador diseñó para la
protección de esos derechos fundamentales y, por tanto, hacen parte del haz de
acciones para la satisfacción plena del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva16.
Al respecto, precisó que toda persona tiene derecho al debido proceso y, por tal
razón, a que los procesos judiciales sean resueltos de fondo cuando el cumplimiento
de los presupuestos procesales así lo permita, pues de lo contrario, iría en
detrimento no solo del derecho al debido proceso, sino del derecho de acceso a una
real y efectiva administración de justicia, dado que la no resolución de las
controversias judiciales, fundada en motivos caprichosos, equivale a una falta de
tutela judicial efectiva y, en forma genérica a una vulneración al debido proceso.
Por tal razón, la Sala concluyó, que también hay una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, artículo 29 Constitucional, cuando una autoridad
judicial dicte sin fundamento válido, razonable, una sentencia inhibitoria, por
considerarla una clara denegación de justicia.
Al tiempo, estableció que, en adelante, «los eventos definidos tradicionalmente por la
jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos de nulidades originadas en
sentencia, no son taxativos».
En ese sentido, en aras de hacer efectivos los derechos a la tutela judicial efectiva, al
acceso a la administración de justicia y al debido proceso, estableció como subregla
jurisprudencial: es deber del juez decidir de fondo los litigios cuando las circunstancias así
se lo permitan, lo que significa que la violación a tales preceptos cuando se expide un fallo
inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión alegada.
Finalmente, se precisa que esta causal no procede para controvertir las razones del
fallo ni para corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en
que, a juicio del recurrente, hubiera incurrido el fallador. Un entendimiento distinto
equivaldría a convertir el recurso en un juicio en que se discutirían nuevamente los
hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada17. En los términos de la sentencia
del 11 de octubre de 200518, “no se trata de controvertir la corrección o incorrección del
juzgamiento, ni de corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en que
a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador, pues eso equivaldría a convertir el
recurso en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos, ya
dilucidados con fuerza de cosa juzgada; sino de la inobservancia de las reglas propias de la
sentencia, que vician su validez”.
6. Planteamiento del problema jurídico
En los términos del recurso, a la Sala le corresponde estudiar si la sentencia
proferida el 14 de mayo de 2020, por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
16
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de junio de 2012, Rad. 11001-03-15-000-2012-00676-00.
17
Sentencias del 16 de agosto de 2018, expediente con radicado número: 23001-33-31-003-2007-00107-01
[47300], Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, M.P. Guillermo Sánchez Luque Consejo de
Estado, que reitera la sentencia del 11 de octubre de 2005, Rad. 00794-00 de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo.
18
Expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2003-00794-01 M.P. Ligia López Díaz, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo.
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Demandante: Julia Esther Mejía Montaño
Subsección A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con número 47001-23-33-000-2017-00088-01, está incursa en la causal de revisión
prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
Para lo anterior, la Sala establecerá si los argumentos planteados por la parte
recurrente se enmarcan dentro de los presupuestos para alegar la causal invocada.
7. De la solución al problema jurídico planteado
La señora Julia Esther Mejía Montaño pidió que se dejara sin efecto la sentencia del
14 de mayo de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, que confirmó el fallo del 20 de junio de 2018, del Tribunal
Administrativo del Magdalena que negó las pretensiones de la demanda, referente a
declarar nulos los actos administrativos en los cuales se dispuso su traslado de lugar
de trabajo y, como consecuencia, se ordenara la reubicación en el cargo que
ocupaba como inspectora de trabajo y seguridad social de Ciénaga, Magdalena.
La petición de la señora Mejía Montaño se funda en que, la sentencia cuestionada se
encuentra incursa en la causal 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al haber incurrido en un defecto
material o sustantivo, en un defecto fáctico y en desconocimiento del precedente
jurisprudencial desarrollado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
Sin embargo, la Sala considera que los cargos formulados no cumplen el
presupuesto de procedibilidad de la causal invocada, toda vez que la pretensión de la
parte recurrente es reabrir el debate que ya se dio ante el juez natural de la causa,
como si el recurso extraordinario de revisión constituyera una tercera instancia, por
las razones que se pasan a explicar:
7.1. Respecto al defecto material o sustantivo
La parte recurrente afirma que en la sentencia acusada, se incurrió en defecto
material o sustantivo, porque: (i) se desconocieron los artículos 67, 137 y 138 del
CPACA, al no tener en cuenta que, los actos administrativos acusados no señalaron
los recursos y la oportunidad de su procedencia; (ii) se omitió el contenido de la
Resolución nro. 1742 de 2012 y la Circular nro. 00035, en las cuales el Ministerio del
Trabajo le ordenó a los Directores Territoriales, motivar las decisiones de reubicación
laboral; y, (iii) el ad quem consideró legítima la reubicación laboral, bajo la presunción
de derecho, que siempre se efectúa por necesidades del servicio, cuando no existe
disposición legal en ese sentido.
Frente a ello, se advierte que fueron alegatos propuestos en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho y en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo
del 20 de junio de 2018, del Tribunal Administrativo del Magdalena, los cuales se
resolvieron en la sentencia acusada.
Respecto a la indebida o falta de notificación de los actos administrativos
demandados, el ad quem señaló no afectaban su validez sino su eficacia. Además,
hizo referencia al precedente desarrollado por la Sección Segunda de la Corporación
y precisó que, si bien el Decreto 01 de 1984 como en la Ley 1437 de 2011, prevén
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Demandante: Julia Esther Mejía Montaño
que la falta o la irregularidad de la notificación genera como consecuencia que el
acto administrativo no produzca los efectos para los cuales se profirió, ese criterio no
aplica si la parte interesada manifiesta que conoce el acto o interpone los recursos
legales procedentes.
Posteriormente, relacionó las pruebas que obraban en el expediente, que daban
cuenta que la actora tuvo conocimiento de los actos administrativos que ordenaron
su reubicación, lo que llevó a que infiriera que se podía tener notificada por conducta
concluyente, al haber ejercido acciones dirigidas a discutir la decisión de la entidad
empleadora.
En cuanto a la falta de información sobre los recursos procedentes, señaló que no
era causal de nulidad que afectara la validez del acto, sino que facultaba al
interesado para acudir directamente ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, como había ocurrido en el caso concreto, toda vez que, la señora
Mejía Montaño no interpuso los recursos procedentes contra los actos
administrativos, pero convocó a conciliación al Ministerio del Trabajo, el 3 de febrero
de 2017.
Luego de expuestos esos argumentos, el ad quem concluyó:
“De acuerdo con lo expuesto, esta Corporación concluye que no se vulneró el derecho
fundamental al debido proceso por el hecho de que no se hayan notificado las
resoluciones 180 del 29 de agosto de 2016 y 230 del 3 de octubre de 2016 en debida
forma, y por no haber indicado los recursos procedentes en contra de estas, pues se
reitera, no son requisitos de validez del acto administrativo, sino de eficacia, y en este
sentido, teniendo en cuenta el comportamiento de Julia Esther Mejía Montaño, se puede
concluir que tuvo pleno conocimiento de los actos en cita.”
Ahora en lo referente a la presunción de legalidad, según la cual, en las plantas
globales de trabajo, se presume que las reubicaciones se dan por necesidades del
servicio, la sentencia recurrida trajo a colación del Decreto 1083 de 201519, que en el
artículo 2.2.5.4.6.20 prevé que la reubicación de un empleo debe responder a
necesidades del servicio. Norma que es posterior, a la Resolución nro. 1742 de 2012
y la Circular nro. 00035, que la accionante alega como desconocidas.
Acorde con lo anterior, se evidencia que la inconformidad de la parte recurrente se
centra en la interpretación normativa que dio el ad quem a las disposiciones que
regulan la notificación de los actos administrativos y la información sobre los recursos
procedentes, así como de las normas que regulan la reubicación del empleo de
funcionarios públicos.
19
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.”
20
«Artículo 2.2.5.4.6 Reubicación. La reubicación consiste en el cambio de ubicación de un empleo, en otra
dependencia de la misma planta global, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo.
La reubicación de un empleo debe responder a necesidades del servicio y se efectuará mediante acto
administrativo proferido por el jefe del organismo nominador, o por quien este haya delegado, el cual deberá ser
comunicado al empleado que lo desempeña.
La reubicación del empleo podrá dar lugar al pago de gastos de desplazamiento y ubicación cuando haya cambio
de sede en los mismos términos señalados para el traslado».
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Recuérdese que el recurso extraordinario de revisión no está dado para insistir en
argumentos que fueron analizados y despachados desfavorablemente por los jueces
de instancia.
7.2. Defecto fáctico
Por otra parte, la señora Mejía Montaño señaló que, se configuró un defecto fáctico:
(i) al restarle credibilidad a la prueba testimonial, de interrogatorios de parte,
aportadas por la demandante; y, (ii) por la indebida valoración de las pruebas
aportadas al proceso, con los cuales se acreditaba el daño antijurídico causado a la
salud con el traslado de sede laboral y las conductas de acoso laboral en su contra,
al respecto se refirió a la historia clínica e incapacidades dadas por psiquiatra
tratante, médicos y psicólogos.
Sobre esto, se evidencia que el ad quem hizo la relación de las pruebas aportadas al
proceso, las valoró y en su conjunto determinó que no estaban acreditadas las
conductas de acoso laboral señalas por la demandante, por lo siguiente:
“Respecto del acoso y persecución laboral las pruebas no son concluyentes, pues si bien
es cierto, algunos de los testimonios hicieron referencia a rumores relativos a este hecho,
ninguno lo afirma categóricamente, ni narra situaciones concretas respecto de las cuales
haya tenido conocimiento de primera mano, sino que infieren la veracidad de esta
acusación a partir de la reubicación de la demandante.
Es decir, en el proceso no se probó la existencia de situaciones sistemáticas y
persistentes de acoso laboral, sino de rumores o inferencias realizadas a partir del hecho
de la reubicación de la demandante.”
Frente al estado de salud de la señora Mejía Montaña, la providencia acusada,
señaló:
“En relación con los problemas de salud de Julia Esther Mejía Montaño, es de resaltar
que está acreditado que estos se presentaron con ocasión de la reubicación que se
presentó en la planta de personal.
Sin embargo, no se trata de una situación anterior a la expedición de los actos
demandados, que haya sido conocida de manera previa por el nominador y que pudiera
haber sido tenida en cuenta para adoptar la decisión.
Además, a partir del interrogatorio de parte, se infiere que, a pesar de los problemas de
salud de la hoy demandante, esta no solicitó posteriormente su reubicación con
fundamento en la situación de angustia y depresión que se presentó con ocasión de su
reubicación.
Por otra parte, la ubicación geográfica del empleo no alteró su lugar de residencia, lo que
le permitía mantener los demás vínculos diferentes al laboral, y atender las citas médicas
con sus médicos de confianza.”
De la lectura del recurso de revisión, se observa que lejos de sustentar la causal de
revisión invocada, lo que hace es cuestionar la valoración probatoria que hizo el juez
de instancia, como si el recurso extraordinario de revisión se constituyera en una
especie de instancia adicional para revivir discusiones jurídicas, respecto de un
asunto que se encuentra definido por el juez natural de conocimiento.
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Se recuerda que el recurso extraordinario de revisión no es una instancia adicional
para controvertir la legalidad de los actos demandados en el proceso ordinario sino
para analizar, con base en las taxativas causales de procedencia del recurso, si debe
romperse o no la cosa juzgada.
7.3. Desconocimiento del precedente jurisprudencial
La recurrente indicó que se desconoció el precedente jurisprudencial desarrollado
por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, respecto del abuso del ius
variandi por parte del empleador.
Lo primero que se debe indicar, es que acorde con el criterio desarrollado por el
Consejo de Estado, el desconocimiento del precedente judicial «no constituye un
vicio formal de la sentencia, en el que se pueda sustentar alguna de las causales
previstas por el legislador para la procedencia del recurso extraordinario de revisión”,
pues se trata de una “inconformidad de quien la recurre frente a las consideraciones
y decisión plasmadas por el Ad quem en la sentencia de segunda instancia, como
consecuencia de haber resuelto de manera desfavorable sus pretensiones»21. En
ese sentido, en este escenario el argumento en cuestión resultaría improcedente,
pues debería ser encausado a través de mecanismos como el recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia ꟷcuando se trate de una sentencia de unificación del
Consejo de Estadoꟷ, o la acción de tutela.
Conviene señalar además, que, tal y como lo ha indicado esta Corporación en
anteriores oportunidades, el recurso extraordinario de revisión es un medio de
impugnación excepcional de las sentencias, cuyo objeto es el rompimiento de la cosa
juzgada, según la cual, una vez en firme la sentencia no es procedente una nueva
discusión sobre el asunto ya resuelto. Por lo tanto, para que el recurso sea
procedente, debe comprobarse la existencia de un motivo o causal de revisión, que
de manera inequívoca demuestre la aptitud suficiente para variar los resultados de la
decisión.
Luego, de ninguna manera las afirmaciones en que la recurrente basó el recurso
extraordinario de revisión pueden ser entendidas como verdaderos argumentos que
se enmarquen dentro de los requisitos de la causal invocada, pues, como se vio, no
cumple con alguno de los presupuestos fácticos que la jurisprudencia de esta
Corporación ha determinado para la procedencia del mismo.
En suma, los cargos no prosperan y, en consecuencia, se impone declarar infundado
el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Julia Esther Mejía
Montaño, contra la sentencia del 14 de mayo de 2020, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A.
Condena en costas
21
CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 2, sentencia de
4 de agosto de 2020, radicado 11001-03-15-000-2016-03553-00(REV). En igual sentido, Sala Especial de
Decisión No. 13, sentencia de 7 de abril de 2015 (11001-03-15-000-2013-02724-00 REV), y Sección Quinta,
sentencia de 19 de julio de 2012 (13001-23-31-000-2007-00173-01 REV).
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Lo primero que debe señalarse es que el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, fue
modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, para prever que “Si se declara
infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”.
Sin embargo, el numeral cuarto del artículo 86 de la referida Ley 2080 de 2021, al
referirse sobre su vigencia, precisó “en estos mismos procesos, los recursos interpuestos,
la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los
términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que
se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.”
Teniendo en cuenta que, en el caso concreto, el recurso extraordinario de revisión se
interpuso en vigencia de la Ley 2080 de 2021 – 4 de agosto de 2021-, es aplicable al
presente asunto la modificación introducida por al artículo 255 del CPACA.
Acorde con lo anterior, en el presente caso procede la condena en costas, teniendo
en cuenta que la causal alegada en el recurso extraordinario de revisión no tiene
vocación de prosperidad y por tanto se declarará infundado.
Como está probada la intervención de la Nación - Ministerio del Trabajo, con el
escrito de oposición del recurso, en cumplimiento del numeral 4 del artículo 366 del
Código General del Proceso, se condenará en costas por concepto de agencias en
derecho, en suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la
fecha en que se profiere esta sentencia, atendiendo los criterios y tarifas
establecidos por el numeral 9 del artículo 5 del Acuerdo número PSSAA16-10554 de
2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura22. Lo anterior, teniendo en
cuenta, la naturaleza, calidad y duración de la gestión desplegada por el apoderado
de la demandada en el trámite del recurso de revisión, la cual se evidencia en el
plenario.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión, administrando justicia, en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
la señora Julia Esther Mejía Montaño contra la sentencia del 14 de mayo de 2020,
proferida por la Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado con nro. 47001-23-33-000-2017-00088-01, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Condenar en costas a la parte recurrente, únicamente por concepto de
agencias en derecho, a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha en que
se profiere la presente sentencia.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver al despacho de origen para lo de su
cargo.
22
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”
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Radicado: 11001 03 15 000 2021 05070 00
Demandante: Julia Esther Mejía Montaño
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente de la Sala
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
(Firmado electrónicamente)
NICOLÁS YEPES CORRALES
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