Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-05088-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-05088-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-05088-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
20 de enero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-05088-00
Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera -Subsección B
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-05088-00
Demandante: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Demandado: CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN - TERCERA - SUBSECCIÓN
B
Temas: Tutela contra providencia judicial – defectos sustantivo,
desconocimiento de precedente y fáctico – medio de control de
reparación directa - privación injusta de la libertad1.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contra el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito presentado el 4 de agosto del 2021, en la Secretaría General del
Consejo de Estado, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, actuando por
intermedio de apoderado, ejerció acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, con el fin de que sean protegidos sus “derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la contradicción y a la igualdad al
condenarse de forma arbitraria a la Rama Judicial”.
2. La entidad accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con
ocasión de la decisión adoptada por el Consejo de Estado - Sección Tercera
1 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00136-00;
Sentencia 13.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04159-01; Sentencia del
13.02.20, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00145-00; Sentencia 30.01.20,
M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2019-02962-01; Sentencia 30.01.20, M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00.
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Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera -Subsección B
Subsección B, el 9 de julio de 2020, en la que revocó la decisión del Tribunal
Administrativo de Caldas, que había negado las pretensiones, para en su lugar,
condenar parcialmente a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General de la
Nación con ocasión de la privación injusta de la libertad del señor Duván Augusto
Castro Núñez.
3. En consecuencia, el Consejo de Estado - Sección Tercera ordenó a las
autoridades referidas, emitir un comunicado presentando disculpas a la víctima, por
el daño antijurídico causado, en el marco del proceso de reparación directa con
radicación 17001233100020090026701 (45973).
4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
“1. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
contradicción y a la igualdad al condenarse de forma arbitraria a la Rama Judicial, dentro
del expediente de reparación directa No. (sic) en el que actúan como demandantes el
señor Duván Castro Núñez y otros; y demandada la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía
General de la Nación.
2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor y efecto la sentencia de fecha 9
de julio de 2020, dentro del proceso de reparación directa No. 17001-23-31-000-2009-
00267-01 en el que actúan como demandantes el señor Duván Castro Núñez y otros; y
se ordene por consiguiente, a la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado
proferir un nuevo fallo en el que deniegue las pretensiones de la demanda”. (sic)”2.
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
5. El señor Duván Castro Núñez (víctima directa) y su grupo familiar3 presentaron
demanda de reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía
General de la Nación, con el fin de que se declarara a las entidades patrimonial y
administrativamente responsables de los perjuicios causados con ocasión de la
presunta privación injusta de la libertad del señor Castro Núñez, a quien le fue
impuesta medida de aseguramiento con detención preventiva por los delitos de
homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de
fuego y municiones4.
6. El proceso le correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de
Caldas que, a través de fallo del 4 de octubre de 2012, negó las pretensiones al
2 Folio 3 del expediente de tutela.
3 El 3 de septiembre de 2009, la demanda que se promovió en ejercicio del medio de control de
reparación directa la presentaron los señores Duván Augusto Castro Núñez y Yaneth Gómez Baena
en nombre propio y en representación de su hija Daniela Castro Gómez; Luisa María Castro Gómez,
María Lourdes Castro Núñez, Luz Marina Castro Núñez y Carmenza de la Trinidad Castro Núñez.
4 Por el periodo comprendido entre el 16 de junio de 2004 y el 11 de mayo de 2005.
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considerar que se encontró demostrado que la providencia que decretó la medida
privativa de la libertad, reunía los requisitos constitucionales y legales, aunado a que
no se demostraron los elementos de la responsabilidad.
7. Sostuvo que:
“(…) la detención preventiva en el caso bajo estudio, se produjo teniendo como
fundamento en primer lugar, la denuncia instaurada por el señor padre de uno de los
occisos, en segundo lugar, el cambio de radicación y la falta de garantías para
adelantar la investigación, y los testimonios de personas que estuvieron presentes en
el lugar de los hechos o sus alrededores, los cuales fueron válidamente
recepcionados. Indicios y pruebas que consideró suficientes de acuerdo a las normas
procesales penales para imponer la medida de aseguramiento, dada la modalidad y
gravedad del hecho punible que se investigaba. Esta decisión fue confirmada por la
Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Caldas. Seguidamente, y en lo que
respecta a la actuación Fiscal, la misma concluye con la expedición de la resolución
de acusación.
(…)
Por lo anterior, para este Tribunal analizados los medios de prueba, se encuentra
demostrado -dentro del proceso- que la providencia que decretó la medida privativa
de la libertad, reunía los requisitos constitucionales y legales para que se restringiera
temporalmente de la libertad a los investigados, especialmente por la gravedad de la
conducta.”
8. Inconformes con lo anterior, la parte demandante apeló la decisión y la alzada le
correspondió resolverla al Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B,
autoridad judicial que, mediante sentencia del 9 de julio de 2020 revocó el fallo de
primera instancia para, en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones y en
consecuencia, condenó a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General de la
Nación5 y les ordenó entre otras, emitir un comunicado presentando disculpas a la
víctima.
5 PRIMERO: REVOCAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la
Sentencia proferida el 4 de octubre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó́ las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: DECLARAR responsables a la Nación - Fiscalía General de la Nación y a la Rama
Judicial de los perjuicios ocasionados a Duván Augusto Castro Núñez, Janeth Gómez Baena, Daniela
Castro Gómez, Luisa María Castro Gómez, María Lourdes Castro Núñez, Alicia del Pilar Castro
Núñez, Ángela María Castro Núñez, Luz Marina Castro Núñez y Carmenza de la Trinidad Castro
Núñez, con ocasión de la privación de la libertad de Duván Augusto Castro Núñez durante el período
comprendido entre el 16 de junio de 2004 y el 10 de mayo de 2005.
TERCERO: CONDENAR, por concepto de perjuicios morales, a la Nación – Rama Judicial y a la
Fiscalía General de la Nación a pagar las siguientes sumas:
PERJUICIOS MORALES
Duván o Castro Núñez (víctima directa) 76.11 SMLMV
Yaneth Gómez Baena (cónyuge) 76.11 SMLMV
Daniela Castro Gómez (hija) 76.11 SMLMV
Luisa María Castro Gómez (hija) 76.11 SMLMV
María Lourdes Castro Núñez (hermana) 38.06 SMLMV
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9. En la decisión se argumentó que estaba acreditado el daño antijurídico, en la
medida en que al señor Duván Augusto Castro Núñez se le impuso medida de
aseguramiento por los delitos de homicidio agravado, en calidad de coautor, en
concurso con el punible de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o
municiones, que según el Código Penal vigente para el momento de los hechos (Ley
599 de 2000, artículos 103, 104-4-7 y 365) tenían una pena mínima superior de 4
años de prisión.
10. Precisó que, existieron indicios graves de responsabilidad6 para llegar a la
conclusión que la medida de aseguramiento de detención preventiva adoptada por la
Fiscalía Segunda delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Manizales, se
impuso bajo los requisitos legales previstos por la norma procesal penal.
11. Sin embargo, analizó la existencia de un daño especial, al considerar que, al
momento de proferirse la decisión en sede penal, tanto del Juzgado Único Penal del
Circuito de Anserma – Caldas como la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Manizales, dieron aplicación al principio de in dubio pro reo, porque las
pruebas allegadas al proceso generaban dudas respecto de la fecha y hora en que
se presentaron los hechos y el lugar en donde se encontraban los agentes al
momento de la muerte de las víctimas. Además, porque se advirtieron
inconsistencias en las versiones de cargo, lo que no permitió tener certeza acerca de
la responsabilidad de los procesados.
Alicia del Pilar Castro Núñez (hermana) 38.06 SMLMV
Ángela María Castro Núñez (hermana) 38.06 SMLMV
Luz Marina Castro Núñez (hermana) 38.06 SMLMV
Carmenza Castro Núñez (hermana) 38.06 SMLMV
CUARTO: ORDENAR que la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial emitan un comunicado,
dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, en el que se reconozca la afectación al
buen nombre de Duván Castro Núñez, en los términos expuestos en esta providencia.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: NO CONDENAR en costas.
SÉPTIMO: EJECUTAR esta sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código
Contencioso Administrativo.
OCTAVO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copias con destino a las partes, con las
precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en
el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte demandante
serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.
NOVENO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
6 La fiscalía tuvo en cuenta los señalamientos directos realizados por Jairo Andrés Londoño, apodado
Serrucho, y Albeiro de Jesús Peláez, apodado Yury, quienes fueron consistentes en señalar que el día
de los hechos se encontraban con las víctimas, Hernán Alejandro Grajales Gallón y Fernando Jiménez
Pérez, en el momento en que llegaron 3 policías, entre ellos los agentes Toro y Castro. Además,
indicaron que los policías ubicaron a sus víctimas y procedieron a dispararles.
(…)
“la fiscalía tenía el testimonio de Carlos Humberto Arcila Cardona, quien manifestó́ haber estado ese
día en la zona buscando 2 animales de su propiedad cuando se encontró́ con Albeiro de Jesús
Peláez, quien le contó que habían acabado de matar a 2 muchachos y que señaló a los sindicados
como sus autores. Asimismo, expresó que en ese lugar había visto el carro de la policía, conducido
por el agente Castro”
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12. Determinó que, la privación de la libertad de Duván Augusto Castro Núñez,
durante el desarrollo del proceso penal, le generó un daño que no estaba en el deber
de soportar, aun cuando la medida de aseguramiento de detención preventiva
hubiere sido adoptada conforme a la ley, razón por la cual el Estado debe repararlo.
“Es decir, se trata de un daño especial, particular y grave que tiene el carácter de antijurídico
a la luz de lo dispuesto en el artículo 90 de la Carta Política, sin importar que su causa haya
sido una decisión legal”.
13. Adicionalmente, no encontró configurada una culpa exclusiva de la víctima,
causal eximente de responsabilidad posible en materia de privaciones injustas de la
libertad, porque el demandante no desplegó ninguna actuación dentro del proceso
penal, de la cual se pudiese predicar su incidencia en la causación del daño. Por el
contrario, sus intervenciones se circunscribieron a presentar los argumentos
tendientes a demostrar su inocencia durante la investigación.
14. En razón de lo anterior, imputó el daño a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía
General de la Nación en proporción equivalente al tiempo que el señor Duván
Augusto Castro Núñez estuvo privado de la libertad, por cuenta de cada una de
aquellas entidades7, consecuentemente las condenó por concepto de perjuicios
morales a favor de la víctima y a su nucleo familiar8.
15. Señaló que si bien se allegó un informe clínico de psiquiatría de la Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional en que se menciona que el señor Duván Augusto
Castro Núñez recibía tratamiento psiquiátrico, no se probó que esa situación tuviera
relación con los hechos, pues el psiquiatra de la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional certificó que la atención médica no tuvo su origen en la privación de la
libertad.
16. Por otra parte, advirtió una afectación del derecho al buen nombre de Duván
Augusto Castro Núñez y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, sustentó
que “del daño al buen nombre se deriva siempre y necesariamente un perjuicio sobre la
reputación, o el concepto que de la persona tenían los demás, un deterioro de la apreciación
que se tenía del sujeto por la conducta que observaba en su desempeño dentro de la
sociedad”.
17. En consecuencia, ordenó a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial
que emitieran un comunicado en el que se disculparan con la víctima por el daño
7 Estuvo a disposición de la Fiscalía General de la Nación desde el 16 de junio de 2004, fecha en la
que se materializó su captura, hasta el 16 de septiembre de ese año, fecha en la cual quedó en firme
la resolución de acusación dictada en su contra. Este período equivale a 3 meses y 1 día -91 días-.
Asimismo, estuvo a órdenes de la Rama Judicial desde el 17 de septiembre de 2004, hasta el 10 de
mayo de 2005, fecha en la cual suscribió́ acta de compromiso y se materializó la orden de libertad
provisional. Este lapso equivale a 7 meses y 24 días -234 días- de privación de la libertad
8 Duván Augusto Castro Núñez, de su cónyuge Yaneth Gómez Baena, de sus hijas Daniela y Luisa
María Castro Gómez y de sus hermanas María Lourdes, Alicia del Pilar, Ángela María, Luz Marina y
Carmenza de la Trinidad Castro Núñez
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antijurídico causado, con ocasión de la privación injusta de su libertad. “Además, de
acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones integrales debe concertarse
con las víctimas, las entidades demandadas deberán coordinar con el demandante si el
documento solamente le será entregado en físico a él o si, además, se publicará en sus
plataformas de comunicación y difusión. Esta orden deberá cumplirse dentro del mes
siguiente a la ejecutoria de esta providencia”.
18. Por las razones expuestas, revocó parcialmente la sentencia proferida en primera
instancia por el Tribunal Administrativo de Caldas y condenó a las entidades
demandas a reparar el daño antijurídico causado por daño moral, afectación al buen
nombre y negó lo relativo a los perjuicios materiales de daño emergente y lucro
cesante.
1.3. Fundamentos de la solicitud
19. La parte actora aseguró, que el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B al proferir la sentencia del 9 de julio de 2020, vulneró sus derechos
fundamentales “al debido proceso, a la defensa, a la contradicción y a la igualdad”, por las
razones que se exponen a continuación:
20. Con la decisión de “condenarse de forma arbitraria a la Rama Judicial”, se estaría
imponiendo en cabeza del director ejecutivo de Administración Judicial, una
obligación de hacer (pedir disculpas), la cual es absolutamente infundada,
impertinente, inconsecuente con las funciones que ejerce y con el principio de
autonomía judicial y violatoria de los derechos fundamentales de la entidad.
21. Sostuvo que, la autoridad judicial accionada al revocar parcialmente la sentencia
del a quo realizó un análisis superficial, además condenó sin respaldo probatorio y
pretende que la autoridad administrativa ofrezca disculpas a la persona que resultó
absuelta con aplicación del principio in dubio pro reo, de manera arbitraria, sin
atender las normas que rigen la materia y haciendo una interpretación errónea del
precedente judicial, afectando de esa manera las finanzas públicas.
22. Sumado a lo anterior, resulta de relevancia constitucional el asunto aquí
planteado, toda vez que la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado
en la sentencia cuestionada, condenó a la Rama Judicial, transgrediendo en forma
abierta el derecho al debido proceso, derecho de defensa y contradicción y los
principios del derecho contencioso administrativo, tales como el de justicia rogada y
de congruencia en la decisión judicial.
23. Indicó que, frente a esa decisión, no proceden los recursos extraordinarios de
revisión ni de unificación de jurisprudencia, por cuanto los argumentos de la presente
acción de tutela no corresponden a las causales de revisión consagradas por el
legislador y se trata de una sentencia dictada por el Consejo de Estado, como
corporación de cierre contra la cual es improcedente el recurso de unificación.
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24. Con la presente acción se busca evitar un perjuicio irremediable, concretizado en
la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia desconocedora de los derechos
fundamentales y, consecuentemente, se estaría imponiendo en cabeza del director
Ejecutivo de Administración Judicial una decisión arbitraria.
25. Además adujo que la sentencia cuestionada, incurre en los defectos: i) sustantivo
ii) desconocimiento del precedente; y iii) fáctico, de la siguiente manera los sustentó:
26. Defecto Sustantivo: La autoridad tutelante, planteó el defecto sustantivo en dos
perspectivas:
i) Incongruencia: Señaló que la autoridad judicial no puede actuar de
manera oficiosa, debido a que la jurisdicción tiene carácter rogado 9 y en
ningún momento en las pretensiones de la demanda se solicitó la
medida restaurativa que arbitrariamente se impuso.
En ese sentido expuso que se lesiona el principio de congruencia
debido a que se realizó una interpretación desproporcional, profiriendo
una sentencia extra petita, y ultra petita.
Adicionó que el hecho de reconocer extra petita la tipología del perjuicio
inmaterial de buen nombre, no solamente implica el desconocimiento
del principio aludido, sino del derecho de defensa que le asiste a la
Rama Judicial, pues frente a ese daño no tuvo la oportunidad de
esgrimir ningún argumento, debido a que la decisión se tomó
sorpresivamente en la segunda instancia del proceso ordinario.
ii) Régimen aplicable: Indicó que el artículo 90 de la Constitución Política
no establece un régimen de imputación de responsabilidad especifico,
como tampoco lo hace el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en este
entendido le corresponde al juez analizar cada caso con sus
particularidades para determinar el régimen y, no se acompasa con
dicha normatividad que se efectúe por parte de la autoridad judicial
accionada una formula automática para el juzgamiento del Estado en
hechos de privación injusta de la libertad, toda vez que contraviene el
régimen general de responsabilidad previsto en la Carta Política10.
9 i) El juez no puede iniciar de oficio un juicio pues es el libelista quien debe identificar e individualizar
sus pretensiones; y ii) el funcionario judicial se encuentra vinculado a lo solicitado en la demanda, de
modo que en principio el fallador está impedido para estudiar temas y pronunciarse sobre puntos que
no han sido planteados o sustentados por el actor.
10 Transcribe un aparte de la SU-072 de 2018: (...) determinar, como formula rigurosa e inmutable, que
cuando sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia, el Estado
deba ser condenado de manera automática, a partir de un titulo de imputación objetivo, sin que medie
un análisis previo del juez que determine si la decisión que restringió́ preventivamente la libertad fue
inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, transgrede el precedente constitucional
fijado...” (Negrilla para destacar)
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Infirió de tales disposiciones que se debe analizar la causal de
exoneración, pues el régimen objetivo no elimina la obligación de
verificar que no opera una eximente que reduzca la responsabilidad del
Estado, cuyo estudio no se limita a la culpa exclusiva de la víctima,
como se hizo en la sentencia objeto de controversia.
En los casos de privación injusta de la libertad el juez debe orientar su
análisis bajo los estándares del régimen subjetivo o de falla del servicio,
máxime cuando se aduce que “(...) la medida de aseguramiento de
detención preventiva adoptada por la Fiscalía 2 delegada ante el Juzgado
Penal del Circuito de Manizales se impuso con atención a los requisitos
legales previstos por la norma procesal penal (...).
Señaló que la Ley 270 de 1996 estatutaria de administración de justicia,
se encontraba vigente en Colombia y a su vez el Decreto 2700 de
1991, anterior Código de Procedimiento Penal, que indicaba en su
artículo 414 que si una persona era exonerada por sentencia
absolutoria definitiva o su equivalente, bajo los supuestos que i) el
hecho no existió, ii) no cometió el delito, o iii) la conducta no constituía
hecho punible, tendría derecho a ser indemnizada por la detención
preventiva impuesta, siempre que no hubiera causado la misma por
dolo o culpa grave (artículo 63, Código Civil), situación que siguió
rigiendo vía jurisprudencial con la expedición de la Ley 600 de
2000 (Código de Procedimiento Penal).
Con lo anterior, concluyó que en el presente caso se configuró la
eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima y por ello
se rompió el nexo causal entre el fundamento fáctico y el daño atribuido
a la Nación – Rama Judicial.
27. Planteó frente a lo anterior que la jurisdicción rogada, surge entonces como una
forma de morigerar el principio conocido como iura novit curia, que impone al juez la
aplicación del derecho sobre los hechos alegados y probados.
28. Afirmó que las disculpas públicas obedecen a la política de la justicia transicional,
como forma de reparación simbólica, que implica un reconocimiento formal, solemne
y en la mayoría de los casos públicos de que se cometieron violaciones a los
derechos humanos en el pasado, que los actos causaron daños graves y con
frecuencia irreparables a las víctimas y de que el Estado, el grupo o el individuo que
pide disculpas, acepta parte o toda la responsabilidad de lo ocurrido.
Concluyendo que lo señalado (...) no se opone a que otros supuestos o eventos queden
comprendidos por un título de imputación de esa naturaleza, tal y como podría ocurrir, en
principio, con aquellos casos en los cuales el comportamiento no existió́ o la conducta es
considerada atípica. ( ...) (Negrilla y subrayado para destacar)
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29. Además, tal medida restaurativa desnaturaliza el ámbito de las funciones
estatutarias del señor director ejecutivo reguladas en los artículos 98 y 99 de la Ley
270 de 1996, en cuanto aquel es el encargado de ejecutar las políticas
administrativas ordenadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Es decir, de
acuerdo con la naturaleza de sus funciones, es el ordenador del gasto y gerente
administrativo de la Rama Judicial.
30. Por su parte, las autoridades judiciales gozan de autonomía e independencia, por
disposición de la Constitución y la Ley y, en tal virtud, no es orientador, superior
jerárquico, nominador, director de las autoridades judiciales, ni incide en sus
decisiones, pues, si lo hiciera se reflejaría en algún pronunciamiento frente a las
providencias, con transgresión flagrante al principio de autonomía e independencia
judicial.
31. Precisó que el ofrecimiento de excusas por decisiones judiciales, en la forma
ordenada en la sentencia que aquí se cuestiona, deslegitima la actividad judicial,
desnaturaliza y atenta contra el principio de autonomía e independencia de los
jueces, regulada en el artículo 228 de la Constitución, al imponer a un tercero (sin
función jurisdiccional) descalificar públicamente las providencias, lo que irradia en la
imagen que tiene el ciudadano frente a la Rama Judicial y la credibilidad de los
administradores de justicia.
32. Desconocimiento del precedente: Refirió que la sentencia objeto de debate
incurre en desconocimiento del precedente judicial, toda vez que desatendió el
proveído de unificación del 14 de noviembre de 2011, reiterado en la sentencia de 28
de agosto de 2014, los cuales disponen los presupuestos para imponer las medidas
restaurativas, que no se cumplen en el caso particular.
33. Precisó que, se presenta una medida arbitraria y sin sustento, comoquiera que en
los referidos pronunciamientos, se sostuvo que esta clase de “afectaciones a bienes o
derechos constitucional o convencionalmente afectados” deben ser reconocidos como
una tercera categoría de daños inmateriales autónomos y que su eventual
reconocimiento procede siempre y cuando se cumpla con unas características y
parámetros señalados en el referido fallo; además que será viable “siempre y cuando
se encuentren acreditados dentro del proceso, se verifique su concreción y se precise
su reparación integral teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los
hechos (...)”.11
11 "Bajo esta óptica, se sistematizó en su momento de la siguiente manera: La tipológica del perjuicio
inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio
fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legitimo constitucional, jurídicamente
tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de "daño corporal o afectación a la integridad
psicofísica" y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales
como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el
reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la
honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su
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34. Señaló que en la sentencia objeto de censura, no se tuvo en cuenta por la
autoridad judicial accionada, la sentencia SU-072 de 2018, la cual estableció que el
artículo 90 de la Constitución Política, no preceptuó un régimen de imputación estatal
específico, como tampoco lo hace el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, cuando el
hecho que origina el presunto daño antijurídico es la privación de la libertad, por lo
tanto, le corresponde al juez imponer el régimen según el caso particular.
35. Adicionalmente, afirmó que transgredió la sentencia C-037 de 1996, en el
entendido en que no analizó si la medida de aseguramiento impuesta al señor Duván
Augusto Castro Núñez, fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria.
36. En otras palabras, en conclusión, en la sentencia aquí cuestionada no se realizó
el análisis exigido por las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018, “puesto que
para eventos de privación injusta es necesario, por un lado, identificar la antijuridicidad del
daño, y por otro, verificar la ausencia de culpa grave o dolo de la persona detenida, lo cual
no se realizó en el fallo aquí señalado”.
37. Corolario, destacó que, en reciente sentencia de 5 de junio de 2020, del Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, se enfatizó que12:
“(...) Recientemente en sentencia de unificación de tutela, la Sala Plena de la Corte
Constitucional reiteró que no toda privación de la libertad implica de forma automática
una condena en contra del Estado y que el juez de la administración debe valorar, en
cada caso, si la decisión adoptada por la entidad a cargo de la investigación penal se
enmarcó en los presupuestos fijados en la sentencia C-037 de 1996 que condicionó
la constitucionalidad del artículo 68 de la Ley 270 de 1996. En todos los casos es
posible que el Estado se exonere si se acredita que el daño provino de una causa
extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o
a la culpa exclusiva de la victima, esta de conformidad con los artículos 70 y 67 de la
Ley 270 de 1996 (...)”
38. Argumentó que se presentó indebida valoración y análisis del caso, en la medida
en que la culpa de la victima fue determinante para que la investigación iniciara,
porque se debió realizar el análisis desde la noción de culpa grave o dolo bajo la
perspectiva civil en consonancia con el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, lo que
llevaba a concluir que en el asunto se configuraba la causal de eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, lo que generaba el rompimiento del
nexo causal.
39. Enfatizó que, el hecho de no realizar dicho análisis transgrede un precedente
constitucional, como lo hizo el Consejo de Estado, pues de manera automática
condenó a la Nación - Rama Judicial, con el argumento del título de imputación
objetivo, máxime que no estaba acreditada la ilegalidad de la medida, incluso en la
concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su
momento esta Corporación.
12 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C, de
05.06.2020, M.P. Guillermo Sánchez Luque.
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sentencia objeto de debate, se reconoció tal situación: “(...) la medida de aseguramiento
de detención preventiva adoptada por la Fiscalía 2 delegada ante el Juzgado Penal del
Circuito de Manizales se impuso con atención a los requisitos legales previstos por la norma
procesal penal (...).
40. Indicó que la concreción de la categoría autónoma del perjuicio denominado de la
afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente
amparados, debe estar plenamente probada; no es dable presumirla, debido a que el
operador judicial está en el deber de analizar el material probatorio aportado al
proceso y además identificar su procedencia.
41. Agregó que, de igual forma el pluricitado fallo desnaturalizó y extralimitó la razón
de ser de este tipo de medidas de reparación integral, en tratándose de
vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y
convencionalmente amparados, pues el fallo de fecha 28 de agosto de 2014, impone
que el juez realice una exigente verificación en la que se debe previamente
examinar:
“(...) (a) que se trate de una vulneración o afectación relevante de un bien o derecho
constitucional o convencional; (b) que sea antijurídica; (c) que en caso de ordenarse
una indemnización excepcional, no esté comprendida dentro de los perjuicios
materiales e inmateriales ya reconocidos, y (d) que las medidas de reparación sean
correlativas, oportunas, pertinentes y adecuadas al daño generado. (Negrilla y
subrayado para destacar)
42. En conclusión determinó que, en el fallo objeto de censura, al haberse
condenado a la Rama Judicial a realizar una obligación de hacer en cabeza de su
Director, no solamente se le concedió́ al señor Duván Augusto Castro Núñez la
reparación de un daño autónomo que la parte actora no pidió́ en su demanda, con lo
cual rompió́ el equilibrio procesal que existía entre aquel y la entidad, en materia de
defensa y análisis probatorio, provocando así una grave vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y contradicción, al desconocerse el
principio de la jurisdicción contencioso administrativa de la justicia rogada.
43. Sumado a ello, tampoco se realizó la exigente verificación de procedibilidad, así
como ni se justificó, aunque fuera sumariamente la razón para conceder este tipo de
medidas resarcitorias no pecuniarias, figura propia de la reparación integral y la
grave violación de derechos humanos, desconociendo la sentencia de 14 de
septiembre de 2011, con la consecuente alteración de las funciones del director
ejecutivo y transgresión evidente del principio de la autonomía e independencia
judicial.
44. De lo anterior, se denota la interpretación errónea de varios de los precedentes
judiciales aplicables al caso en concreto, fijados por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado, con lo que se quebrantaron irremediablemente los derechos
fundamentales invocados.
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45. En ese sentido, señaló que se desconoció la sentencia del 13 de agosto de 2020,
proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, en la que se
establece que la afectación relevante a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados, se reconocen siempre y cuando se acredite su
concreción dentro del proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta
la relevancia del caso y la gravedad de los hechos. En la cual se llegó a la
conclusión, previa revisión del expediente, que no obraba prueba que acreditara la
existencia de dicho perjuicio.
46. Igualmente refirió que, en la sentencia del 9 de marzo de 2016 del Consejo de
Estado (Sección Tercera, doctora Marta Nubia Velásquez Rico, Rad.
25000232600020050245301), determina asimismo que, se debe valorar el material
probatorio antes de otorgar el reconocimiento de los referidos perjuicios y atender los
presupuestos de las sentencias de unificación dictadas por la Sección Tercera del
Consejo de Estado, como es la proferida el 28 de agosto de 2014.
47. Defecto fáctico: adujo que el juez que profirió la sentencia de 9 de julio de 2020
carece de sustento fáctico, probatorio y jurídico para sostener la condena respecto
de la Rama Judicial, pues las medidas de reparación a los bienes constitucional o
convencionalmente protegidos deben ser correlativas, oportunas, pertinentes y
adecuadas al daño generado, situación que no solamente no se analizó y ni siquiera
se mencionó por parte del operador judicial, además desatendió́ la inexistencia de
prueba que acreditara tal daño, y se limitó a presumirlo.
48. De los proveídos señalados en líneas precedentes infirió que, la Sección Tercera
del Consejo de Estado advierte que para este tipo de perjuicios denominados de
afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente
amparados y el fallo que los reconozca debe realizar una acuciosa valoración
probatoria atendiendo los criterios contenidos en la sentencia de unificación, por lo
que los mismos no se pueden presumir, tal como se hizo en la sentencia objeto de
debate13.
49. Recordó que de conformidad con los lineamientos fijados por esta Corporación
en las sentencias de unificación, se apartó de la tipología del perjuicio inmaterial
denominado perjuicio fisiológico o daño a la vida de relación para, en su lugar,
reconocer la categoría de daño a la salud y de afectación relevante a bienes o
derechos convencionales y constitucionalmente amparados, los últimos que se
reconocen siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del
proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia
13 Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia T-212 de 2012 adujo que: “(...) La libertad a un juez
para que tome una decisión bajo su arbitrio judicial, no es un permiso para no dar razones que
sustenten lo decidido, no es una autorización para tomar decisiones con base en razonamientos
secretos ni tampoco para tomar decisiones basado en emociones (...)”
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del caso y la gravedad de los hechos (sentencia del Consejo de Estado14). “Lo
anterior, con el propósito de reconocer la dignidad de las víctimas, reprobar las violaciones a
los derechos humanos y concretar las garantías de verdad, justicia, reparación y no
repetición y las demás definidas por el derecho internacional”.
50. Igualmente, expresó que, respecto a la valoración probatoria, mediante sentencia
de 13 de agosto de 2020, la subsección A del Consejo de Estado nuevamente
advirtió que15:
“(...) Al respecto, se precisa que la jurisprudencia de esta Sección, siguiendo los
lineamientos planteados en sus sentencias de unificación, se apartó de la tipología de
perjuicio inmaterial denominado perjuicio fisiológico o daño a la vida en relación, para
en su lugar reconocer las categorías de daño a la salud (cuando estos provengan de
una lesión a la integridad psicofísica de la persona) y de afectación relevante a
bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, estos
últimos que se reconocerán siempre y cuando su concreción se encuentre
acreditada dentro del proceso y se precise su reparación integral, teniendo en
cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos.
Revisado el expediente, se advierte que no obra prueba alguna que acredite la
existencia de este perjuicio, el cual, contrario a lo señalado por la parte actora
en su apelación, no se infiere, sino que debe ser debidamente probado, por
tanto, se confirmará en este aspecto la decisión del a quo (...)”.
51. Ahora bien, la parte actora refirió la sentencia de 9 de marzo de 2016 en la que el
Consejo de Estado destacó que previo al reconocimiento de esa modalidad de
perjuicios se debe apreciar el material probatorio obrante en el expediente y de los
presupuestos de la sentencia de unificación dictada por la Sección Tercera de esta
Corporación el 28 de agosto de 2014, así lo explicó el Alto Tribunal16:
“Se sigue de lo que viene de verse que los recortes de prensa que obran en el
expediente resultan acordes, en lo fundamental, con los demás elementos
probatorios, esto es, que el señor Servando Pardo Reyes en su condición de
Concejal fue vinculado a un proceso penal por el delito de peculado y en virtud del
cual se le dictó medida de aseguramiento, de ahí que la Sala concluye que sí hacen
referencia a los hechos que subyacen a este proceso.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección A, de
08.05.2020, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Radicación número: 76001233100020100163001
(51227) Actor: Nelson Bonilla Garzón y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Y
Otro.
15 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección A, del
13.08.2020, Rad. 76001-23-31-000-2011-01421-01 (52.571), actor: Marco Tulio Herrera Ramírez y
otros, M.P: José́ Roberto Sáchica Méndez.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
09.03.2016, Rad. 25000-23-26-000-2005-02453-01(34554), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Actor:
Servando Pardo Reyes y otros, Demandado: Nación-Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía
General de la Nación. En la que se acreditó el daño y por ende se procedió a su reparación.
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Así las cosas, toda vez que está probada la afectación al buen nombre y a la
honra del demandante, procede ordenar la siguiente medida de satisfacción
(...)” (Negrilla y subrayado para destacar)
1.4. Trámite de la acción de tutela
52. A través de auto del 10 de agosto de 2021, el despacho ponente admitió la
demanda de tutela y se dispuso su notificación a la parte actora, así como a los
magistrados del Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, en calidad de
autoridades judiciales accionadas.
53. Asimismo, se ordenó vincular como terceros con interés a los magistrados del
Tribunal Administrativo de Caldas, por cuanto fue la autoridad que decidió la primera
instancia en el asunto, además al señor Duván Augusto Castro Núñez y a su grupo
familiar, toda vez que conformaron el extremo actor del medio de control de
reparación directa que se debate, así como a la Fiscalía General de la Nación, que
integró la parte pasiva junto con la autoridad accionante.
54. Adicionalmente, se negó la medida provisional solicitada por la parte actora, en
ejercicio de la acción de tutela, al considerar que no resultaba necesaria ni urgente
para garantizar el objeto del proceso y el derecho fundamental que subyace en el
mismo, porque no se encontraron acreditados para ese momento procesal, una
situación de vulneración o indefensión del actor que constituyera un perjuicio
irremediable o un peligro inminente.
55. Para cumplir con las anteriores vinculaciones, se ordenó a las Secretarías
Generales del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Caldas, que
publicaran el contenido del auto admisorio y de la demanda de tutela en sus
respectivas páginas web.
1.4.1. Auto decreta la nulidad de todo lo actuado
56. Posteriormente se profirió sentencia el 16 de septiembre de 2021, la cual quedó
sin efectos en virtud de la nulidad presentada por la apoderada judicial de los
terceros interesados, que fungieron como parte demandante en el proceso ordinario
que originó la sentencia que hoy se debate en este asunto y, decretada por esta
Corporación mediante el proveido de 21 de octubre de 2021, en el que la Sección
Quinta ordenó a la Secretaría General la debida notificación de los señores Duván
Augusto Castro Núñez, Yaneth Gómez Baena, Daniela Castro Gómez, Luisa María
Castro Gómez, Luz Marina Castro Núñez, Carmenza de la Trinidad Castro Núñez,
María Lourdes Castro Núñez, Alicia del Pilar Castro Núñez y Ángela María Castro
Núñez en calidad de terceros con interés jurídico legítimo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, por haber conformado el
extremo activo en el proceso ordinario, conforme se dispuso en el auto admisorio del
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vocativo de la referencia17.
1.4.2. Desistimiento de la solicitud de nulidad procesal
57. El 21 de octubre de 2021, a las 4:54 p.m.18, la apoderada judicial de los señores
Duván Augusto Castro Núñez, Yaneth Gómez Baena, Daniela Castro Gómez, Luisa
María Castro Gómez, Luz Marina Castro Núñez, Carmenza de la Trinidad Castro
Núñez, María Lourdes Castro Núñez, Alicia del Pilar Castro Núñez y Ángela María
Castro Núñez, presentó memorial de desistimiento de la nulidad procesal, al
considerar que la modificación que se efectuó en el fallo objeto de estudio,
correspondió al reconocimiento del perjuicio inmaterial, relativo a la tipología de la
afectación relevante a los bienes o derechos convencional y constitucionalmente
amparados, ante lo cual las autoridades demandadas en el proceso ordinario deben
emitir disculpas públicas, siendo así, no encontró una decisión que vulnerara los
derechos de sus representados, por lo que no era necesario retrotraer el trámite
constitucional.
58. Por otra parte, informó que en acatamiento a lo que se disponga en el fallo de
reemplazo, el señor Duván Augusto Castro Núñez presentará solicitud, ante la Rama
Judicial - Fiscalía General de la Nación, para que se le pida disculpas por la
vulneración del derecho a su buen nombre directamente a la cuenta de correo
electrónico.
1.4.3. Auto que rechaza el desistimiento de la solicitud de la nulidad procesal
59. Mediante providencia del 25 de noviembre de 2021, la magistrada que funge
como ponente del vocativo de la referencia, rechazó la solicitud de desistimiento de
la nulidad procesal planteado por la apoderada judicial de los terceros interesados,
dejando incólume el auto que rechazó la nulidad en el cual se salvó el auto
admisorio, al considerar que el proceso quedaría saneado en aras de salvaguardar
los derechos de defensa y debido proceso de los terceros, comoquiera que la
publicación que se había efectuado en la página web del Tribunal Administrativo de
Caldas, para dar a conocer la existencia de la acción de tutela, no surtió el efecto
requerido para integrar debidamente el contradictorio conforme se dispuso en el auto
admisorio.
17 El auto que decretó la nulidad procesal, se cargó a SAMAI, según el sistema, a las 17:16 del 21 de
octubre de 2021, sin embargo, a esa hora no se había subido ningún memorial al despacho ni al
sistema SAMAI; la Secretaría General cargó el memorial de desistimiento de la solicitud de nulidad
procesal al día siguiente, esto es hasta el 22 de octubre de 2021 a las 12:09.
18 La Secretaría General del Consejo de Estado impulsó el trámite del escrito el día 22 de octubre de
2021, a las 12:09.
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1.5. Intervenciones
60. Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con las
constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las
siguientes intervenciones:
1.5.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
61. Con escrito enviado por correo electrónico el 17 de agosto de 2021 al buzón web
de la Secretaría General del Consejo de Estado, el magistrado ponente señaló que
los argumentos y los elementos para decidir la acción constitucional se encuentran
contenidos en el proceso de reparación directa, en razón a ello, adujo que quedará
presto a atender lo que se disponga en la Sala, que conoce el asunto.
1.5.2. Tribunal Administrativo de Caldas
62. Mediante correo electrónico del 17 de agosto de 2021, al buzón web de la
Secretaría General del Consejo de Estado, el magistrado titular del despacho, se
refirió a los hechos planteados en la acción de tutela y posteriormente argumentó
que no se presentó vulneración de los derechos invocados por la actora, que le sea
atribuible a esa corporación, toda vez que cuando el tribunal conoció en primera
instancia el asunto, con ponencia de la magistrada Myriam Sneda Ramírez, se
negaron las pretensiones del medio de control de reparación directa, decisión que
fue revocada por el Consejo de Estado, razón por la cual, la acción constitucional va
dirigida contra dicha entidad por presuntamente transgredir el debido proceso.
63. En ese sentido, solicitó la desvinculación del tribunal y subsidiariamente que se
denieguen las pretensiones contenidas en el escrito de tutela.
64. Finalmente, remitió el link de acceso del proceso objeto de cuestionamiento.
1.5.3. Fiscalía General de la Nación
65. Mediante correo electrónico del 12 de agosto de 2021, al buzón web de la
Secretaría General del Consejo de Estado, la apoderada de la Fiscalía General de la
Nación, solicitó que se reconociera a la entidad en calidad de coadyuvante en la
presente acción de tutela, al considerar que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, al proferir la sentencia del 9 de julio de 2020, le vulneró igualmente los
derechos fundamentales de debido proceso, de defensa, a la contradicción y a la
igualdad.
66. En razón a lo anterior, argumentó que se deben acceder a las pretensiones de la
acción de tutela comoquiera que, con la referida decisión, se incurrió en los defectos
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente.
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67. Lo anterior, debido a que no se analizó que la privación de la libertad del señor
Duván Augusto Castro Núñez se realizó en cumplimiento de los deberes
constitucionales y legales sustentado en el material probatorio, de lo que se podía
inferir que el daño no era antijurídico.
68. Por otra parte, sostuvo que, de acuerdo con la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2014, en los asuntos de privación injusta de la libertad, la categoría de
perjuicio inmaterial “se presenta cuando se vulneran derechos amparados por la
Constitución Política de 1991 o se encuentran establecidos en tratados o convenios suscritos
y ratificados por el Estado colombiano”.
69. En ese sentido adujo que, en el presente asunto, el Consejo de Estado no valoró
los medios de prueba aportados al proceso a efectos de determinar si se encontraba
demostrada una afectación relevante al derecho fundamental al buen nombre, como
lo prevé la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, proferida por la Alta
Corporación Judicial.
70. Al respecto, señaló que, la Sala desconoció su propio precedente jurisprudencial
al decretar una medida de reparación no pecuniaria -como las excusas publicas-, sin
tener por demostrada una afectación relevante del derecho fundamental al buen
nombre.
1.5.4. Duván Augusto Castro Núñez y su grupo familiar
71. Una vez efectuada la debida notificación de los terceros interesados por la
Secretaría General de esta Corporación, el señor Duván Augusto Castro Nuñez y su
grupo familiar, por intermedio de apoderada judicial, presentaron contestación de la
acción de tutela. Señalaron que en el proceso ordinario se dio aplicación al principio
in dubio pro reo, por la existencia de duda razonable presentada en el análisis de la
responsabilidad del ex agente de la Policía Nacional Duván Castro Núñez de los
delitos que se le imputaban, lo que generó que no se lograra desvirtuar la presunción
de inocencia, con la consecuente sentencia absolutoria.
72. En ese sentido, precisaron que la responsabilidad del Estado se encuentra
consagrada en el artículo 90 constitucional y, en los casos en los que se dé
aplicación al principio in dubio pro reo, se impone la indemnización derivada del título
de imputación objetivo “sin necesidad de que se entre a establecer la legalidad o no de la
privación de la libertad, apoyándose para el efecto en la sentencia C-037-96 de 5 de febrero
de 1996 y en el salvamento de voto del Magistrado JAIME ORLANDO SANTOFIMIO
GAMBOA a la sentencia del 31 de enero de 2011, rad.: 19001-23-31-000-1995-02029-
01(18452) Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, sin justificar de manera adecuada,
su decisión.”
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73. En ese sentido agregaron que, conforme a la sentencia proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado el 28 de agosto de 2014, “cuando en el proceso se logra
establecer que el accionante ha sufrido un perjuicio de estos, procede su reconocimiento de
oficio”.
74. Finalmente, expusieron que el señor Duván Castro Núñez sufrió una afectación al
buen nombre, a la honra, a la dignidad y al prestigio profesional como agente de la
Policía Nacional, quien se había destacado en su labor con “menciones honoríficas y
felicitaciones por su buen desempeño, aspectos éstos que eran reconocidos por sus
superiores jerárquicos, con lo que las funestas consecuencias que trae consigo la privación
de la libertad son irreparables en casos de absolución por aplicación del principio in dubio
pro reo el título de imputación de responsabilidad aplicable es el objetivo”.
75. Razón por la cual, solicitaron que las pretensiones de la entidad tutelante fueran
denegadas.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
76. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991
y en el 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, así
como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
77. Previo a resolver el fondo del asunto, observa la Sala que el Tribunal
Administrativo de Caldas (notificado como tercero interesado), solicitó su
desvinculación al considerar que se presenta falta de legitimación en la causa por
pasiva.
78. Al respecto, se advierte que la petición de la autoridad no procede teniendo en
cuenta que su vinculación se realizó en atención al interés que le asiste en la
decisión que adopte esta Sección, en relación con la acción constitucional de la
referencia y no como entidad contra la cual se encuentre dirigida la censura señalada
por la accionante.
2.2.3. Coadyuvancia
79. La coadyuvancia en la acción de tutela se encuentra expresamente prevista en el
inciso 2º del artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual señala que: “Quien
tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
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coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere
hecho la solicitud”.
80. Sobre esta figura, la Corte Constitucional, en la Sentencia T-269 del 29 de marzo
de 2012, reiterada en la T-070 de 2018 , consideró que los terceros con interés
legítimo pueden intervenir en el proceso como coadyuvantes, lo cual implica que “con
independencia de la categoría particular dentro de la que pudieran ubicarse en razón
de su interés en el proceso y del nombre que se les asigne dentro de los procesos
ordinarios, en la acción de tutela los terceros se involucran en el proceso porque sus
resultados pueden afectarlos, pero lo hacen apoyando las razones presentadas, bien
por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no promoviendo sus propias
pretensiones. En el trámite de las acciones de tutela esta delimitación del papel de
los terceros debe armonizarse con el principio de informalidad y de prevalencia de lo
sustancial que rigen el proceso”.
81. Con fundamento en el marco legal y jurisprudencial expuesto, la Sala se debe
pronunciar sobre la solicitud de ser tenida como coadyuvante a la Fiscalía General
de la Nación, en el entendido en que argumenta que es directamente afectada por la
decisión que se adoptó el 9 de julio de 2020, en la que fue condenada junto a la
Rama Judicial con orden expresa de indemnizar a los demandados y de emitir un
comunicado presentando disculpas al privado de la libertad por la presunta
afectación al buen nombre
82. En ese sentido y atendiendo a que esta entidad se ve directamente afectada en
virtud de la condena por sentencia judicial será tenida en cuenta como coadyuvante,
por ser igualmente titular de los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante.
2.3. Legitimación en la causa
83. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
84. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá
ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente
oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en
condiciones de promover su propia defensa.
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85. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-416
de 199719, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un
presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad
subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso
de tutela.
86. En la sentencia T-086 de 201020, la Alta Corporación reiteró que “esta exigencia
significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho
fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la
defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal,
apoderado judicial o aun de agente oficioso”.
87. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 201121, indicó que la legitimación en
la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción
de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al
juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el
derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
88. En la sentencia T-435 de 201622, la Corte estableció las condiciones que deben
concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo especial
énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó
reiterado en la SU-454 de 201623, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio
de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces
constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.24
89. Con fundamento en el marco conceptual expuesto25, la Sala advierte que la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es la titular de los derechos
19 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera
Carbonell.
20 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
21 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
22 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado
23 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
24 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511,
08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de
Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero López, en la cual se señaló: “En el
marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez
constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en:
(i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de
protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales
existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia
de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
25 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha
venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de
tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.
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fundamentales que reclama, en consideración a que conformó la parte demandada
del proceso de reparación directa en el que se dictó la providencia censurada.
90. En consecuencia, la accionante goza de legitimación en la causa por activa,
presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de
procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos vulnerados.
91. En relación con la autoridad judicial, se advierte que la demanda se dirigió contra
el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, que profirió la decisión que
-a juicio de la parte actora- vulnera sus derechos, por lo que se encuentra legitimada
por pasiva.
2.4. Problema jurídico
92. Respecto al examen de la situación fáctica expuesta por la parte actora, del
material probatorio recaudado, de las causales de procedibilidad de la acción de
tutela invocadas y de los argumentos expuestos en el libelo introductorio, los
problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:
¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?
93. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:
¿Vulneró el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la contradicción y
a la igualdad “al condenarse de forma arbitraria a la Rama Judicial”, por
presuntamente incurrir en los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente judicial y fáctico, al proferir la sentencia del 9 de julio de 2020
mediante la cual se revocó el fallo dictado por el Tribunal Administrativo de
Caldas el 4 de octubre de 2012, que había negado lo solicitado por el señor
Duván Castro Núñez y otros, para en su lugar, conceder parcialmente las
pretensiones, en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la
Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación?
94. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y (iii) análisis del
caso concreto.
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2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
95. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201226
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema27 y declaró su
procedencia.28
96. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que revista
relevancia constitucional; ii) no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.
97. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
98. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.6. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.6.1. Relevancia constitucional29
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
27 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
28 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
29 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
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99. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado por
cuanto en primer lugar, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial cuestiona la
razonabilidad de la providencia del 9 de julio de 2020, como quiera que, a su juicio,
se incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y
fáctico, debido a que se desconocieron preceptos normativos para declarar el
eximente de responsabilidad.
100. Además porque no se tuvieron en cuenta los diferentes pronunciamientos del
Consejo de Estado en lo que respecta a la concreción del daño al buen nombre, toda
vez que en la demanda de reparación directa, en modo alguno, se probó tal daño en
el caso de la privación injusta de la libertad, promovido por el señor Duván Castro
Núñez, a quien se le impuso una medida de aseguramiento por los delitos de
homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de
fuego y municiones.
101. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues
en efecto, la parte actora considera vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa, a la contradicción y a la igualdad, por cuanto una vez
la autoridad judicial accionada revocó parcialmente la sentencia de primera instancia,
para en su lugar, conceder las pretensiones y ordenar indemnizar y emitir disculpas
al afectado por la privación de la libertad, lo hizo sin sustento probatorio.
102. En ese sentido, los argumentos que a juicio de la parte actora eran irrazonables
y contrarios al ordenamiento jurídico, concretamente la falta de análisis normativo y
probatorio además desatendiendo las sentencias de unificación del Consejo de
Estado, al ordenar pedir excusas al afectado por la privación de la libertad absuelto
en sede penal por in dubio pro reo, en el entendido en que la medida de
aseguramiento que se le impuso en su momento se tornó necesaria, legal y
proporcional por los hechos graves acaecidos, habrían transgredido el alcance y
aplicación de sus derechos fundamentales, lo que conllevó a que se omitiera el deber
del juez ordinario de actuar tanto como juez de legalidad, de constitucionalidad y de
convencionalidad en la causa.
103. Así las cosas, es evidente la tensión alegada por la parte actora entre la
razonabilidad de la decisión, en la que alude que, al no tener en cuenta la eximente
de responsabilidad por dolo o culpa grave, el caso particular ni la concreción del
daño al buen nombre mediante acervo probatorio, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la contradicción y a la igualdad “al
condenarse de forma arbitraria a la Rama Judicial”.
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104. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza a
los derechos fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal
administrativo de policía o judicial establecido por la ley para su protección, como lo
alega la parte actora en el caso objeto de estudio, lo que implica que el mecanismo
constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que busque reabrir el
debate procesal.
105. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su
eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas, concretamente al debido proceso.
2.6.2. Tutela contra decisión de la misma naturaleza30
106. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues, la providencia judicial demanda fue proferida en el trámite del
medio de control de reparación directa instaurado por el señor Duván Augusto Castro
Núñez y otros contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación.
2.6.3. Inmediatez31
107. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos
con ocasión de la sentencia de segunda instancia dictada el 9 de julio de 2020,
notificada por edicto fijado el 28 de enero de 2021 y con envío de notificaciones el
mismo día y del 18 de marzo de 2021.
108. Por su parte, la solicitud de amparo fue presentada el 4 de agosto de 2021, lo
que para la Sala es un término razonable para el uso del mecanismo de amparo
30 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-
00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia
13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20.,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
31 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-
000-2019-05167-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00;
Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-
000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia
20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01.
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constitucional, en tanto transcurrieron menos de seis (6) meses después de la última
notificación efectuada por la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación.
2.6.4. Subsidiariedad32
109. En consideración al requisito de subsidiariedad, por tratarse la sentencia del 9
de julio de 2020 de una providencia que resolvió los recursos de apelación
interpuestos por Duván Augusto Castro Núñez y otros, en el trámite del medio de
control de reparación directa, con radicado 17001233100020090026701 (45973), es
evidente el agotamiento de los recursos ordinarios.
110. Sin embargo, encuentra la Sala que frente a los cargos de defecto sustantivo
respecto de la incongruencia de la sentencia y decisión extra petita endilgados por la
autoridad accionante contra la providencia que es objeto de censura, corresponden a
una de las causales de revisión consagradas en el ordenamiento jurídico, esto es, la
presunta vulneración al principio de congruencia por parte de la autoridad judicial
acusada.
111. En efecto, en el escrito de tutela la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial expresó que la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
en la sentencia del 9 de julio de 2020 resolvió de manera extra petita, en el sentido
de abordar asuntos no invocados por el actor judicial dentro de las pretensiones de
su demanda, ni objetados por la aquí accionante en el recurso de apelación en la
medida que revocó parcialmente la decisión en el sentido de condenar a la Nación -
Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación y les ordenó emitir un comunicado
presentando disculpas a la víctima por afectación al buen nombre del privado de la
libertad, como medida de reparación no pecuniaria, cuando no se solicitó esa
pretensión, ni se evidenció en la providencia su causación para acceder a ese
reconocimiento de estirpe constitucional y convencional.
112. Es así como, al revisar el contenido de la carga argumentativa expuesta, para la
Sala es claro que el objetivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es
demostrar la existencia de una decisión que desconoce los principios de congruencia
y consonancia.
113. En ese sentido, esta Colegiatura encuentra que, reiterando el criterio expuesto
por esta Sección en anteriores oportunidades y teniendo en cuenta la posición de la
Sala Veintidós Especial de Revisión de esta Corporación, el dictar una sentencia
32 Al respecto consultar Consejo de Estado,Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20.,
Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05025-00;
Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-
000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia
20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01.
25 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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extra petita, implica una violación al principio de congruencia, lo cual es una de las
causales de nulidad originada en la sentencia, por lo que, contra ella procede el
recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011,
específicamente por la causal contenida en el numeral 5° del artículo 250 ejusdem,
postura que señaló:
“2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad
de la sentencia
Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala
Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo
188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la
sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le
condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda
o por causa diferente a la invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.
Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra
los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega
el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas implica
una actuación sin competencia.
(…)
El CPACA no trae una disposición similar, sin que ello signifique que este
principio no se exija, pues de hecho el mismo se encuentra regulado en el
artículo 305 del C. de P. C y 281 del nuevo Código General del Proceso, en los
siguientes términos:
“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
(…)
En términos generales, la congruencia se entiende como el deber legal que
tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no incurrir en
fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia del
Consejo de Estado, en los siguientes términos:
“Este principio de la congruencia de la sentencia [C.C.A. Art. 170], exige de una
parte que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la misma,
lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella
contenga, sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda,
como en el escrito de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se
tome la decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso.
“Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia,
se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en
reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”:
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cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce
un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o
deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el
pronunciamiento sobre una de las pretensiones.”
(…)
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que
la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -
antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la
sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha
desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el
fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29
constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta
contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de
competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía
pronunciar. (…)”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).
114. Aunado a lo anterior, la Sala advierte que en el sub judice el actor alegó una
incongruencia externa, conforme a lo indicado por la Corte Constitucional en los
siguientes términos:
“De la congruencia externa de la sentencia se deriva que, salvo disposición legal
en contrario, se vulnera cuando una decisión va más allá de lo pedido, bien
porque se otorgan cosas adicionales a las solicitadas en la demanda
(sentencia ultra petita), o porque se reconoce algo que no se solicitó
(sentencia extra petita), o, finalmente, cuando la decisión no abarca la totalidad
de los extremos planteados en la litis (sentencia infra petita)”33.
115. Con lo expuesto recuerda la Sección que el recurso extraordinario de
revisión34, regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, es un medio de
impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la
cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones
injustas por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley.
116. Según el artículo 248 del CPACA el recurso extraordinario de revisión35 procede
contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos y, debe interponerse mediante
demanda que debe reunir los requisitos prescritos por el artículo 162 de ese mismo
33 Corte Constitucional, auto 362 de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.
34 Sobre el recurso extraordinario de revisión pueden consultarse entre otras, las providencias de: (i)
3.11.2015, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 18. Magistrado Ponente (E): Alberto
Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2014-03284-00; (ii) 7.4.2015 Sala Especial de Decisión
No. 27. Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes Barreiro Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00577-00 y;
(iii) 3.11.2015, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 18. Magistrado Ponente (E): Alberto
Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2014-01918-00.
35 Ver al respecto la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, del 12 de septiembre de
2019. M.P. Luís Alberto Álvarez Parra. Rad. 11001-03-15-000-2019-03291-01, sentencia del 14 de
febrero de 2019. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2018-04760-00, sentencia del 12
de diciembre de 2019. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2019-03853-01.
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Estatuto Procesal, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda,
acompañada de los documentos necesarios y las pruebas documentales que el
recurrente tenga en su poder y pretenda hacer valer (artículo 252).
117. Como lo sostuvo la Sala Plena en anterior oportunidad, “la naturaleza del recurso
extraordinario de revisión pretende conciliar nociones esenciales del ordenamiento legal, como lo son la
seguridad jurídica que representa el principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, o la cosa
juzgada material y el principio de restablecimiento de la justicia material que persigue asegurar la vigencia
de un orden justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución Política”36. Y, precisamente, bajo
ese entendimiento, en esa misma oportunidad sostuvo que “el recurso extraordinario de
revisión conlleva una limitación a la seguridad jurídica que representan las sentencias ejecutoriadas,
constituye un medio excepcional de impugnación, que permite cuestionar una sentencia que está
amparada por el principio de cosa juzgada material”.
118. A su turno, en el mismo sentido la Corte Constitucional entiende que el recurso
extraordinario de revisión permite el ejercicio de una verdadera acción contra
decisiones injustas, a fin de restablecer la justicia material del caso concreto37. Por ello,
dice la Corte, “[e]l recurso de revisión ha sido establecido para respetar la firmeza de los fallos, con
miras a preservar la certeza y obligatoriedad incondicional que acompaña a las decisiones de los jueces,
sin perjuicio de la necesidad de hacer imperar en ellos los dictados constitucionales y los imperativos
legales, artículos 2°, 29 y 230 C.P.”38.
119. Adicionalmente, la Sala manifiesta que, de la revisión del expediente no se
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable o una condición de vulnerabilidad
iusfundamental que permita flexibilizar el requisito de subsidiariedad de la acción de
tutela, ante la existencia de un medio judicial idóneo.
120. En este orden de ideas, se tiene que la solicitud de tutela, en relación con los
argumentos expuestos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se torna
improcedente puesto que, como quedó demostrado, la acción de amparo frente a los
reparos de incongruencia no supera el requisito de procedibilidad adjetivo de la
subsidiariedad debido a que aquellos cuentan con el recurso extraordinario de
revisión para controvertir la providencia judicial censurada, de conformidad con los
artículos 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
121. Por otro parte, entra la Sala a analizar los defectos: sustantivo respecto del
régimen aplicable, desconocimiento del precedente judicial y fáctico deprecados por
la parte actora.
36 Sentencia del 12 de julio de 2005, expediente REV-00143, reiterada en sentencia del 18 de octubre
de 2005, expediente REV-00226.
37 Sentencia C-418 de 1994.
38 Sentencia T-966 de 2005.
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2.7. Caso concreto
122. La parte actora aseguró que, el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B, al proferir la sentencia del 9 de julio de 2020, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la contradicción y a la igualdad “al
condenarse de forma arbitraria a la Rama Judicial”.
123. Ello, por cuanto, a su juicio, el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B, no tuvo en cuenta a través de la providencia referida, las normas
aplicables al caso para analizar la eximente de responsabilidad y por otro lado, la
concreción del daño al buen nombre para reconocerlo en el proceso de reparación
directa que fue promovido por el señor Duván Augusto Castro Núñez al imponerse
una medida de aseguramiento por la presunta comisión de los delitos de homicidio
agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y
municiones.
124. La entidad tutelante presentó varios defectos, que considera en los que incurrió
el Consejo de Estado, en la sentencia objeto de debate. En ese sentido, y por
razones de orden metodológico, se analizará el cargo del defecto sustantivo (por el
régimen aplicable) de manera independiente y, por otro lado, el desconocimiento del
precedente judicial y fáctico se estudiarán conjuntamente.
2.7.1 Defecto sustantivo por régimen aplicable
2.7.1.1. Generalidades del defecto sustantivo
125. La Corte Constitucional39, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que
evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica”40.
126. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente41 o porque ha sido derogada42, es inexistente43,
39 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio
Palacio.
40 Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-
043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras
41 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda Espinosa
42 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
43 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería
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inexequible44 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador45.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma46.
c) La disposición aplicada es regresiva47 o contraria a la Constitución48.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en
la disposición49.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma50 .
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.
127. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia
de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.
2.7.1.2. Análisis del defecto
128. Con relación a este cargo la parte actora realizó varios reparos, consistentes en
que i) los artículos 90 de la Constitución Política y 68 de la Ley 270 de 1996, no
prevén un régimen de imputación estatal específico51.
129. Infirió de tales disposiciones que ii) se debe analizar la causal de exoneración,
pues el régimen objetivo no elimina la obligación de verificar que no operan
eximentes de responsabilidad del Estado.
130. Precisó que en los casos de privación injusta de la libertad el juez debe analizar
los estándares del régimen subjetivo o de falla del servicio, máxime cuando se adujo
en la sentencia censurada que “(...) la medida de aseguramiento de detención preventiva
adoptada por la Fiscalía 2 delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Manizales se
impuso con atención a los requisitos legales previstos por la norma procesal penal...)
44 Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
45 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa
46 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil
47 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño
48 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa
49 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
50 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
51 Transcribe un aparte de la SU-072 de 2018: (...) determinar, como formula rigurosa e inmutable, que
cuando sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia, el Estado
deba ser condenado de manera automática, a partir de un titulo de imputación objetivo, sin que medie
un análisis previo del juez que determine si la decisión que restringió́ preventivamente la libertad fue
inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, transgrede el precedente constitucional
fijado...” (Negrilla para destacar)
Concluyendo que lo señalado (...) no se opone a que otros supuestos o eventos queden
comprendidos por un título de imputación de esa naturaleza, tal y como podría ocurrir, en
principio, con aquellos casos en los cuales el comportamiento no existió́ o la conducta es
considerada atípica. ( ...) (Negrilla y subrayado para destacar)
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131. Respecto de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de Administración de Justicia y el
Decreto 2700 de 199152, vigente para la época, indicó que se requería el estudio de
la conducta del privado de la libertad por dolo o culpa grave53, situación que
siguió rigiendo vía jurisprudencial con la expedición de la Ley 600 de 200054.
132. Concluyó que en el asunto que se debate se configuró la eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, generando el rompimiento del nexo
causal.
133. Precisó que el principio conocido como iura novit curia, impone al juez la
aplicación del derecho sobre los hechos alegados y probados.
134. Afirmó que, las iii) disculpas públicas obedecen a la política de la justicia
transicional, como forma de reparación simbólica, para reconocer graves violaciones
a los derechos humanos.
135. Infirió que la sentencia que se emite debe ser legal, de lo cual carece el
proveído que se cuestiona en sede constitucional, en la medida en que hizo una
interpretación desproporcional de los postulados normativos.
136. Además, tal iv) medida restaurativa desnaturaliza el ámbito de las funciones
estatutarias del señor director ejecutivo de Administración Judicial reguladas en los
artículos 98 y 99 de la Ley 270 de 1996, en cuanto él es el encargado de ejecutar las
políticas administrativas ordenadas por el Consejo Superior de la Judicatura; además
deslegitima la actividad judicial y atenta contra el principio de autonomía e
independencia del juez, regulada en el artículo 228 de la Constitución.
137. En lo que respecta al primer reparo la Sala advierte que, las medidas de
satisfacción por graves violaciones a derechos humanos se han implementado en la
jurisprudencia nacional, y cuando se presenta una afectación de bienes o derechos
convencionales el juez, en ejercicio del control de convencionalidad subjetivo, está
facultado para ordenar una medida de reparación no pecuniaria, en virtud del
principio de la «restitutio in integrum».
138. En cuanto al segundo punto en la providencia censurada, se atendieron los
postulados del principio procesal de iura novit curia, de conformidad con el sustento
fáctico que apuntaba hacia la privación de la libertad del señor Duván Augusto
Castro Núñez, y según los parámetros del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, el
régimen aplicable era el objetivo, bajo el título de imputación de daño especial.
52 Código de procedimiento Penal.
53 Artículo 63 del Código Civil.
54 Código de Procedimiento Penal
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139. La Sala advierte que la Sección Tercera de esta Corporación ha aplicado el
régimen de responsabilidad objetivo, conforme a lo preceptuado en el artículo 414
del Decreto 2700 de 1991, pero lo cierto es que de conformidad con la Sentencia C-
037 de 1996, en líneas posteriores estudiada, al realizar el análisis de exequibilidad
del artículo 68, estableció un régimen de responsabilidad subjetivo en la materia que
no excluye la responsabilidad objetiva en casos de privación injustificada de la
libertad.
140. En consecuencia, se precisa que lejos de ser excluyentes, las interpretaciones
dadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en este asunto resultan
compatibles, en la medida de analizar el caso concreto y en aplicación del principio
iura novit curia, la autoridad judicial, cuenta con la facultad de determinar qué
régimen aplicar, para resolver el asunto en concreto, sin que esté atado a uno de
ellos.
141. No obstante, el régimen objetivo no es absoluto, toda vez que la responsabilidad
de la autoridad demandada puede descartarse ante la existencia de una causal de
exoneración como lo son: i) el hecho exclusivo de la víctima, ii) la fuerza mayor o el
iii) hecho exclusivo de un tercero55.
142. En consecuencia, determina la Sala que la sentencia cuestionada se profirió
bajo los criterios de razonabilidad, al analizar el asunto bajo los postulados
normativos vigentes para la época (Leyes 599 de 2000 y 600 de 2000) y concluir que
la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía Segunda Delegada ante el
Juzgado Penal del Circuito de Manizales atendió los requisitos legales previstos por
la norma procesal penal, sin embargo al presentarse inconsistencias en los
testimonios, coligió que no se logró desvirtuar la presunción de inocencia, por lo tanto
se generó un daño al señor Duván Augusto Castro Núñez que supera las cargas
públicas que debe soportar un ciudadano, como lo explicó en debida forma, lo cual
devino en un argumento ajustado a derecho para reconocer la indemnización por los
daños morales padecidos.
143. Esta Sala advierte que, en todo caso no se puede suponer que toda absolución
de responsabilidad penal del procesado constituye per se la automática
responsabilidad extracontractual del Estado, dado que en sede contenciosa
administrativa se debe estudiar si existió un daño atribuible a la administración, por la
privación injusta de la libertad, en razón a ello se deben analizar los hechos que
rodearon la decisión de restringirla, si ésta fue razonada, legal y proporcional.
144. Le asiste razón a la entidad accionante en lo afirmado, respecto a que el juez
penal actuó conforme a la ley en el entendido que se impuso la medida de
55 Así lo ha entendido esta Sección, al analizar casos similares al que ocupa la atención de la Sala.
Ver al respecto la Sentencia del 26 de enero de 2017. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad.
11001-03-15-000-2016-03655-00
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aseguramiento teniendo en cuenta los indicios graves que existían en contra del
señor Duván Augusto Castro Núñez, situación que fue estudiada por la autoridad
judicial, toda vez que dio cuenta que la medida de aseguramiento se sustentó
conforme al material probatorio, a saber, los señalamientos directos realizados por
los testigos Jairo Andrés Londoño, apodado Serrucho y Albeiro de Jesús Peláez,
apodado Yury, quienes fueron consistentes en señalar que el día de los hechos se
encontraban con las victimas, Hernán Alejandro Grajales Gallón y Fernando Jiménez
Pérez, en el momento en que llegaron tres policías, entre ellos los agentes Toro y
Castro. Además, indicaron que los policías ubicaron a sus víctimas y procedieron a
dispararles.
145. Por otra parte, la fiscalía tenía el testimonio de Carlos Humberto Arcila Cardona,
quien manifestó haber estado ese día en la zona buscando unos animales de su
propiedad, cuando se encontró con Albeiro de Jesús Peláez, quien le contó que
habían acabado de matar a dos muchachos y que señaló a los sindicados como sus
autores. Asimismo, expresó que en ese lugar había visto el carro de la Policía,
conducido por el agente Castro.
146. Debido a lo anterior, la Fiscalía analizó la versión de los investigados en sus
indagatorias las cuales carecían de respaldo probatorio, porque los testimonios
indicados en sus diligencias, daban cuenta de sus actividades el día de los hechos,
pero en horas diferentes a las que ocurrieron los mismos, por lo que no tenían la
fuerza para desvirtuar las declaraciones que los incriminaban. Finalmente, en cuanto
a la necesidad de la medida, argumentó que existían solicitudes de protección de
testigos por las circunstancias expuestas por los declarantes, lo que obligaba a
imponer la restricción de la libertad. Los indicios graves dieron origen a la
investigación penal que se sustentó con los preceptos normativos:
“[L]a Sala debe precisar que, por la fecha de los hechos indagados, la investigación
penal fue adelantada bajo las previsiones de la Ley 600 de 2000. Al revisar esta
normativa, la Sala advierte que para la imposición de la medida de aseguramiento de
detención preventiva, debían cumplirse 3 requisitos, a saber: que se tratara de un
delito con pena mínima igual o superior a 4 años de prisión o que fuese alguna de las
conductas punibles previstas en el artículo 357 del C.P.P., entre otros supuestos; que
aparecieran por lo menos 2 indicios graves en contra del imputado y que existieran
circunstancias que justificaran e hicieran necesaria su imposición, de conformidad
con los fines dispuestos en los artículos 3, inciso 218 y 355 del C.P.P”.
La Sala encuentra que, a Duván Castro Núñez se le impuso medida de
aseguramiento por los delitos de homicidio agravado, en calidad de coautor, en
concurso con el punible de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o
municiones, que según el Código Penal vigente para el momento de los hechos (Ley
599 de 2000, artículos 103, 104-4-7 y 365) tenían una pena mínima superior de 4
años de prisión.
En relación con los indicios graves de responsabilidad, la fiscalía tuvo en cuenta los
señalamientos directos realizados por Jairo Andrés Londoño, apodado Serrucho, y
Albeiro de Jesús Peláez, apodado Yury, quienes fueron consistentes en señalar que
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el día de los hechos se encontraban con las víctimas de los hechos (sic), Hernán
Alejandro Grajales Gallón y Fernando Jiménez Pérez, en el momento en que llegaron
3 policías, entre ellos los agentes Toro y Castro. Además, indicaron que los policías
ubicaron a sus víctimas y procedieron a dispararles.
Por otra parte, la fiscalía tenía el testimonio de Carlos Humberto Arcila Cardona,
quien manifestó́ haber estado ese día en la zona buscando 2 animales de su
propiedad cuando se encontró́ con Albeiro de Jesús Peláez, quien le contó que
habían acabado de matar a 2 muchachos y que señaló a los sindicados como sus
autores. Asimismo, expresó que en ese lugar había visto el carro de la policía,
conducido por el agente Castro.
Debido a lo anterior, la fiscalía analizó la versión de los investigados en sus
indagatorias y encontró que carecían de respaldo probatorio, dado que los
testimonios indicados en sus diligencias, que daban cuenta de sus actividades el día
de los hechos, pero en horas diferentes a las que ocurrieron los hechos, no tenían la
fuerza para desvirtuar las declaraciones que los incriminaban. Finalmente, en cuanto
a la necesidad de la medida, argumentó que existían solicitudes de protección de
testigos por las circunstancias expuestas por los declarantes, lo que obligaba a
imponer la restricción de la libertad.
29. De lo anterior, concluye la Sala que la medida de aseguramiento de detención
preventiva adoptada por la Fiscalía 2 delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de
Manizales se impuso con atención a los requisitos legales previstos por la norma
procesal penal.
(…)
[N]o se configura la falla del servicio en este caso. De todas maneras, dado que se
advierte la probabilidad de que haya ocurrido un daño especial, se estudiará el caso
bajo ese régimen objetivo de responsabilidad.”.
147. Con lo expuesto encuentra la Sala que en la decisión censurada se efectuó el
análisis, en lo atinente a la falla del servicio, para concluir que, si bien se generó la
medida de aseguramiento, la misma fue bajo los postulados legales y
constitucionales, no encontrando irregularidad en la actuación en sede penal.
148. Por otro lado, en lo relativo a las disculpas públicas, precisa la Sala que
obedecen a las medidas de satisfacción, que no solamente abarca a la justicia
transicional, es de advertir que el reconocimiento de las mismas tiene sustento legal
y jurisprudencial y se ha reconocido en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sustentadas e implementadas como parte del principio de reparación
integral consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y desarrollada en el
artículo 8 de la Ley 975 de 2005 que determinó el contenido y alcance del derecho a
la reparación, el cual comprende acciones que propendan por la restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
149. En este catálogo de medidas se advierte que la satisfacción consiste en realizar
acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre
lo sucedido. Cabe destacar que, posteriormente la Ley 1448 de 2011 “por la cual se
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dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno y se dictan otras disposiciones”, la incluyó en los artículos 139, 141 y 196.
150. Las denominadas medidas de satisfacción tienen su origen en instrumentos
internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ha
sido incorporadas al derecho colombiano por la jurisprudencia en el Consejo de
Estado, especialmente en las ocho (8) sentencias de unificación sobre perjuicios
inmateriales dictadas el 28 de agosto de 2014, contenidas en el documento final
aprobado mediante acta de la misma fecha denominado “Referentes para la reparación
de perjuicios inmateriales”, en el cual se demarcaron las medidas no pecuniarias en el
derecho interno.
151. Los principios para este tipo de reparación fueron derivados de la tipificación
desarrollada por Louis Joinet en 1997, en el “Informe Final acerca de la cuestión de la
Impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos”. Este informe identificó
las obligaciones de los Estados a la satisfacción del derecho a la justicia, la verdad y
la reparación de las víctimas, así como la adopción de reformas institucionales y
otras garantías de no repetición.
152. Medidas que en ningún caso deslegitiman a las autoridades (artículos 98 y 99,
Ley 270 de 1996), siempre y cuando se cumpla con los presupuestos legales y
jurisprudenciales adoptados para su reconocimiento, por cuanto su evocación es
facultativa por parte del juez natural. Y en el entendido que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial representa a la Rama judicial, es la autoridad competente
para dar cumplimiento a los fallos donde sea condenada, situación que se
desarrollará al momento de estudiar el defecto de desconocimiento del precedente,
para advertir si en efecto se cumplieron o no los presupuestos de las sentencias de
unificación para su adecuada concreción.
153. En ese sentido, en el caso concreto a través de dichos criterios se concluyó que
la medida de aseguramiento y absolución tenía fundamento legal para adoptarlas, de
manera que no se invadió la esfera de la responsabilidad penal, porque el estudio
que se hizo fue para llegar a la conclusión que se configuró el elemento de la
antijuridicidad del daño en el juicio de responsabilidad.
154. Por cuestiones metodológicas la Sala decidirá los defectos de desconocimiento
del precedente judicial y fáctico de manera conjunta por guardar identidad en el
razonamiento en el caso sub examine.
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2.7.2. Desconocimiento del precedente y defecto fáctico
2.7.2.1. Generalidades del desconocimiento del precedente
155. La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta Corte
para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número
plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea considerada como
precedente. También se considera que constituyen precedente las sentencias de
constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional,
como por el Consejo de Estado.
156. Sin embargo, resulta necesario advertir que “…debe aceptarse que no todas las
decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla, pues son
el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una
actividad creadora del juez”56
2.7.2.2. Generalidades del defecto fáctico
157. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201557, precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto
fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente
decisión:
158. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados
por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv)
dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido
proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Omisión de Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos
decreto y que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba
práctica de relevante para resolver el problema jurídico sometido
pruebas a consideración, y ésta fue negada; ello sin
indispensables desconocer la facultad del juez ordinario de negar
para fallar el pruebas que no atiendan los requisitos de
asunto conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es
importante considerar que no toda negativa a un
decreto de pruebas abre la posibilidad a la
configuración del defecto, ya que éste procederá
cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba
56 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.
11001-03-15-000-2013-02690-01.
57 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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que, solicitada oportunamente, no cumpla con los
parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere:
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que
solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en
oportunidad legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual,
de haberse decretado la prueba, el sentido de la
decisión hubiere sido otro.
Desconocimiento Se presenta cuando, obrando los elementos de
del acervo convicción en el expediente, y estos resultan
probatorio decisivos frente a los hechos que se pretenden
determinante probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador
para identificar la ordinario. En este punto, se requiere que de forma
veracidad de los específica, se concrete en el escrito de amparo,
hechos alegados cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente,
por las partes fueron desconocidas por el juez.
Así las cosas, se configura siempre que:
a) Se identifiquen los elementos de prueba no
valorados por el juez.
b) Se demuestre que éstos fueron aportados en
forma legal y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes
para la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los
mismos para variar el sentido del fallo.
Valoración Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
irracional o crítica, la apreciación efectuada por el fallador,
arbitraria de las resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y
pruebas por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende
aportadas alterado.
Se requiere entonces que:
a) La parte precise cual o cuales de las pruebas
fueron objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular,
la consideración del operador judicial se aleja de
las reglas de la lógica, la experiencia y la sana
crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta
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de vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la
cual arribó el juez de instancia, en ninguna
manera puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo
contrario, implicaría una sustitución arbitraria
del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Dictar sentencia Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia
con fundamento decide el asunto con base en pruebas que no
en pruebas observaron los requisitos legales para su producción o
obtenidas con introducción al proceso. Así las cosas, el juez no
violación del ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación,
debido proceso pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el
problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una
prueba que desconoce el debido proceso de las
partes.
Para su configuración corresponde señalar:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29
constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha
vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción
fueron el sustento de la decisión.
159. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en
su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto,
sino también, su incidencia en la decisión judicial.
160. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.
161. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida
en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal
manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como
suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al fallador.
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2.7.2.3 Análisis de los defectos
162. La parte actora cumplió con la carga argumentativa mínima para estudiar estos
defectos, por cuanto identificó las providencias que presuntamente fueron
desatendidas por la autoridad judicial accionada y expuso las consideraciones que se
tuvieron para condenar al Estado bajo el título de imputación objetivo, en asuntos de
privación injusta de la libertad, y advirtió de la ausencia de material probatorio para
condenar al Estado por el bien jurídico tutelado al buen nombre del afectado por la
privación, tipología del perjuicio inmaterial.
163. En efecto, hizo referencia a las siguientes providencias:
PONENTE RADICADO FECHA DE Aparte
PROVIDENCIA
Enrique Gil 19031 y 38222 Sentencia de unificación del
Botero. 14 de septiembre de 2011
Ramiro de Jesús 05001-23-25-000-1999-01063- Reiteración de la sentencia Entratándose de
Pazos Guerrero 01(32988) de unificación anteriormente vulneraciones o
referida 28 de agosto de afectaciones relevantes
2014 a derechos
constitucional y
convencionalmente
amparados, el fallo de
fecha 28 de agosto de
2014 impone la
necesidad de que el
juez realice una
exigente verificación en
la que se debe
previamente examinar:
“(...) (a) que se trate de
una vulneración o
afectación relevante de
un bien o derecho
constitucional o
convencional; (b) que
sea antijurídica; (c) que
en caso de ordenarse
una indemnización
excepcional, no esté
comprendida dentro de
los perjuicios materiales
e inmateriales ya
reconocidos, y (d) que
las medidas de
reparación sean
correlativas, oportunas,
pertinentes y adecuadas
al daño generado.
(Negrilla y subrayado
para destacar)
José Fernando SU-072 de 2018 5 de julio de 2018. Estableció que el
Reyes Cuartas artículo 90 de la
Constitución Política, no
preceptuó un régimen
de imputación estatal
específico, como
tampoco lo hace el
artículo 68 de la Ley 270
de 1996, cuando el
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hecho que origina el
presunto daño
antijurídico es la
privación de la libertad,
por lo tanto le
corresponde al juez
imponer el régimen
según el caso particular
Vladimiro Naranjo Sentencia C-037 de 1996 5 de febrero de 1996. En el entendido en que
Mesa. no analizó si la medida
de aseguramiento
impuesta al señor Billar
Lastra, había sido
inapropiada, irrazonable,
desproporcionada o
arbitraria.
Sin registro Sin radicación Sentencia del 13 de En la que se
agosto de 2020 establece que la
afectación relevante a
bienes o derechos
convencional y
constitucionalmente
amparados, se
reconocen siempre y
cuando se acredite su
concreción dentro del
proceso y se precise
su reparación integral
teniendo en cuenta la
relevancia del caso y
de la gravedad de los
hechos. En el cual se
llegó a la conclusión,
previa revisión del
expediente, que no
obraba prueba que
acreditara la
existencia de dicho
perjuicio.
M.P. Martha 25000232600020050245301 9 de marzo de 2016 Determina igualmente
Nubia Velásquez que se debe realizar
Rico el análisis del
material probatorio
antes de otorgar el
reconocimiento de los
mentados perjuicios y
atender los
presupuestos de las
sentencias de
unificación dictados
por la sección tercera
del Consejo de
Estado, como es la
proferida el 28 de
agosto de 2014.
164. Al respecto la Sala expone los criterios establecidos en la sentencia de
unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera del 14 de septiembre de 2011, en
la cual se sostuvo que esta clase de afectaciones a bienes o derechos constitucional
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o convencionalmente afectados deben ser reconocidos como una tercera categoría
de daños inmateriales autónomos. Bajo esta óptica, se sistematizó en su momento
de la siguiente manera:
“La tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i)
perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro
bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté
comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad
psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías
tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las
condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del
daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una
familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea
preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su
momento esta Corporación”58.
165. En la misma decisión se precisaron las características del daño a bienes o
derechos convencional y constitucionalmente amparados59 la cual abarca, entre
otros, los siguientes presupuestos:
i) La finalidad de enmendar el daño es restaurar por completo a la víctima en
el ejercicio de sus garantías por lo que, dicha reparación se dirige a: i)
recobrar plenamente los bienes o derechos constitucional y
convencionalmente amparados, en forma individual y colectiva; ii)
conseguir, no solo que desaparezcan el origen de la lesión, sino también
que atendiendo a las posibilidades fácticas y jurídicas, que se le brinde al
afectado la posibilidad de volver a disfrutar de sus derechos, idealmente en
similares condiciones que en las que se encontraba antes de la ocurrencia
del daño; iii) tender a que, en próximas ocasiones, la vulneración o
afectación a estos bienes o derechos no se concrete y; iv) propender por la
realización efectiva de la igualdad sustancial.
ii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce tanto al afectado
directo de la lesión como a su círculo familiar inmediato, a saber, el
58 Consejo de Estado, sentencia de Sala Plena del 14.09.2011, rad. 19031 y 38222, M.P. Enrique Gil
Botero.
59 i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en
fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o
derechos constitucionales convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial, ii)
Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y
antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales, iii) Es un daño autónomo: no
depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros
tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni
depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante
presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica
particular, iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del
daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el
impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus
derechos constitucionales y convencionales.
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cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el primer grado
de consanguinidad, incluyendo a las relaciones familiares: a) biológicas, b)
civiles, originadas en la adopción y; c) "de crianza", derivada de las
relaciones de “solidaridad y afecto que se presumen entre ellos”.
iii) Es un perjuicio que se restaura primordialmente a través de medidas de
carácter no pecuniario, es decir mediante instrumentos reparatorios no
indemnizatorias; no obstante, en asuntos extraordinarios cuya reparación
integral, en criterio del juez “no sean suficientes, pertinentes, oportunas o
posibles”, existe la posibilidad de conceder una indemnización a la víctima
directa de hasta 100 SMLMV60, si fuere el caso, “siempre y cuando la
indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la
salud”. En ese punto, aclaró que el valor reconocido tendrá que ser
proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho
afectado y, en todo caso, deberá motivarse por el juez que lo otorgue.
iv) Es un agravio frente al cual debe encontrarse una declaración palmaria de
responsabilidad del Estado, derivada de la manifestación de un daño a
bienes constitucional y convencionalmente protegidos. En tal sentido, se
deben establecer las “medidas de reparación integral adecuadas y
pertinentes al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris.
Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la
relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el
propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar las
relevantes violaciones a los derechos humanos y concretar las
medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y
las demás definidas por el derecho internacional”. (negrillas fuera del
texto original).
v) Es un daño respecto del cual se evidencie el papel del juez, como
protector integral de las garantías fundamentales transgredidas en los
casos de responsabilidad extracontractual, “(…) sin desconocer que las
indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas
impactan directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin
embargo, en tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a
derechos constitucional y convencionalmente amparados, se impone la
necesidad de que el juez acuda a otras medidas, con el fin de reparar
plenamente a las víctimas”.
166. Así, en sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014 61 de la Sala Plena de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, se determinó que, cuando exista una
afectación de bienes o derechos convencionales:
60 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
61 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, radicado 66001-23-31-
000-2001-00731-01(26.251), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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“De acuerdo con la decisión de la Sección de unificar la jurisprudencia en materia de
perjuicios inmateriales, (…) [será] procederá siempre y cuando, se encuentre
acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral.
Se privilegia la compensación a través de medidas de reparación no pecuniarias a
favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o
compañero(a) permanente y los parientes hasta el 1° de consanguinidad, en atención a
las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. Debe entenderse
comprendida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas
denominadas “de crianza”.
REPARACION NO PECUNIARIA
AFECTACIÓN O VULNERACIÓN RELEVANTE DE BIENES O
DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE
AMPARADOS
Criterio Tipo de Modulación
Medida
En caso de Medidas de De acuerdo con los hechos
violaciones reparación probados, la oportunidad y
relevantes a bienes o integral no pertinencia de los mismos, se
derechos pecuniarias. ordenarán medidas reparatorias
convencional y no pecuniarias a favor de la
constitucionalmente víctima directa y a su núcleo
amparados familiar más cercano.
(…) Así mismo, se observa que para la consideración de este tipo de medidas la base
constitucional se desprende los artículos 90 y 93 de la Carta Política, la base legal del
artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y del artículo 63.1 de la Convención Americana de
Derechos Humanos. Adicionalmente, y para garantizar el derecho a la reparación
integral de la víctima, se tiene en cuenta que debe ceder el fundamento procesal del
principio de congruencia ante la primacía del principio sustancial de la “restitutio in
integrum”, máxime cuando existe la vulneración del derecho internacional de los
derechos humanos”.
167. Frente a los presupuestos expuestos encuentra la Sala que en la sentencia
objeto que se estudia, el ad quem se limitó a indicar:
“b. Daño derivado de la afectación al derecho al buen nombre
23. La Sala considera que toda privación injusta de la libertad trae consigo una
intensa vulneración al derecho al buen nombre de quien la padeció. En efecto, el
ejercicio del ius puniendi del Estado se sustenta en la confianza legítima de toda la
población, que lo acata porque presume su corrección. Por tanto, cuando la sociedad
tiene conocimiento de la imposición de alguna medida privativa de la libertad en
contra de un ciudadano, asume que el Estado tenía serios y razonables indicios de su
responsabilidad. Así las cosas, la Sala estima que la imposición de una medida de
este tipo, en ausencia de un título jurídico que justifique la restricción del derecho a la
libertad, conlleva necesariamente un menoscabo en la reputación de quien la soporta,
como ocurrió en este caso.
(…)
[L]a Sala advierte una afectación del derecho al buen nombre de Duván Augusto
Castro Núñez. En este caso, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la Sala
encuentra que del daño al buen nombre se deriva siempre y necesariamente un
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perjuicio sobre la reputación, o el concepto que de la persona tenían los demás62, un
deterioro de la apreciación que se tenía del sujeto por la conducta que observaba en
su desempeño dentro de la sociedad63.
Por tanto, la Sala ordenará a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial
que emitan un comunicado en el que se disculpen con la victima por el daño
antijurídico causado, con ocasión de la privación injusta de su libertad. Además, de
acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones integrales debe
concertarse con las víctimas, las entidades demandadas deberán coordinar con el
demandante si el documento solamente le será́ entregado en físico a él o si, además,
se publicará en sus plataformas de comunicación y difusión. Esta orden deberá́
cumplirse dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
168. De lo anterior, advierte la Sala que en el proveído censurado no se analizaron
los presupuestos de la sentencia de unificación para reconocer la afectación al buen
nombre del señor Duván Augusto Castro Núñez, toda vez que no se establece la
relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de
restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes violaciones a
los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia,
reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional.
169. Aunado a que no se explicó, ni se determinó la afectación relevante que, en
caso de ordenarse una indemnización, no esté comprendida entre los perjuicios
materiales e inmateriales ya reconocidos y que la medida sea correlativa, oportuna,
pertinente y adecuada al daño generado, conforme se ha estipulado en líneas
jurisprudenciales:
“(a) que se trate de una vulneración o afectación relevante de un bien o derecho
constitucional o convencional; (b) que sea antijurídica; (c) que en caso de ordenarse
una indemnización excepcional, no esté comprendida dentro de los perjuicios
materiales e inmateriales ya reconocidos, y (d) que las medidas de reparación sean
correlativas, oportunas, pertinentes y adecuadas al daño generado”.
170. Sobre el particular se advierte que en la providencia objeto de análisis se
denota la ausencia de los anteriores presupuestos, para el reconocimiento de los
derechos convencional y constitucionalmente protegidos, debido que en estos casos
amerita un estudio de las circunstancias que tornen relevante el asunto y que
además cumplan con los parámetros fijados en la sentencia de unificación, toda vez
que por el simple hecho de adecuar el título objetivo por la absolución que se generó
en sede penal, no opera per se la protección de esta categoría de daño, como se
expuso en la sentencia del Consejo de Estado al unificar los criterios, buscando que
la protección se estableciera para aquellos casos relevantes con graves afectaciones
a derechos humanos.
171. Asimismo, la Corte Constitucional, expuso que no se puede tener como fórmula
rigurosa e inmutable que en los casos que sobrevenga la absolución por no
62 Sentencia C-489 de 2002.
63 Sentencia C-452 de 2016.
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desvirtuarse la presunción de inocencia, por aplicación del principio in dubio pro reo,
el Estado debe ser condenado de manera automática con base en el título de
imputación objetivo, sin un análisis previo que determine si la decisión que restringió
la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, de ser así, se
transgrede el precedente fijado por la Sala Plena -con ocasión del control integral y
automático de constitucionalidad de la que sería la Ley 270 de 1996- en la sentencia
C-037 de 1996, en la que “[c]onsideró este tribunal que lo señalado no se opone a que
otros supuestos o eventos queden comprendidos por un título de imputación de esa
naturaleza, tal y como podría ocurrir, en principio, con aquellos casos en los cuales el
comportamiento no existió o la conducta es considerada atípica.”64
172. En este punto de análisis, resulta pertinente exponer las consideraciones del
Máximo Tribunal Constitucional en la sentencia C-037 de 199665, que al estudiar la
exequibilidad del artículo 68 del proyecto de ley No.58 de 1994 Senado, 264 de 1995
Cámara "Estatutaria de la Administración de Justicia”, indicó:
“ARTÍCULO 68. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado
injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.
(…)
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
(…)
Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento
constitucional se encuentra en los artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo,
conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación
abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de
forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada,
ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así,
entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese
privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su
detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios,
con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los
asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la
consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la
administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y
teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las
circunstancias en que se ha producido la detención” (Negrita y subrayado fuera
del texto).
173. Esta posición fue reiterada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-072
de 201866, en la cual se consideró:
64 Corte Constitucional de Colombia. Presidencia - Comunicado No. 25 de Julio 5 de 2018.
EXPEDIENTES T 6304188 y T 6390556 AC - SENTENCIA SU-072/18 M.P. José Fernando Reyes
Cuartas.
65 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-037, 05.02.96, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
66Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-072, 05.07.18, M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
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“117. La Corte en esta oportunidad ratifica que el artículo 90 de la Constitución
Política no establece un régimen de imputación estatal específico.
118. El artículo 68 de la Ley 270 de 1996, al igual que la sentencia C-037 de 1996, no
definen un régimen de imputación concreto.
119. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han aceptado que el
juez administrativo, en aplicación del principio iura novit curia, deberá establecer el
régimen de imputación a partir de las particularidades de cada caso.
120. Definir, una fórmula rigurosa e inflexible para el juzgamiento del Estado en los
casos de privación injusta de la libertad contraviene el entendimiento del artículo 68
de la Ley 270 de 1996 y de paso el régimen general de responsabilidad previsto en el
artículo 90 de la Constitución Política.
121. Determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la
absolución por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia –aplicación
del principio in dubio pro reo-, o incluso en otros eventos, por ejemplo, cuando no se
acreditó el dolo, es decir, operó una atipicidad subjetiva, el Estado debe ser
condenado de manera automática, esto es, a partir de un título de imputación
objetivo, sin que medie un análisis previo que determine si la decisión a través
de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable,
desproporcionada o arbitraria, transgrede un precedente constitucional con
efecto erga omnes, concretamente la sentencia C-037 de 1996” (Negrita y
subrayado fuera del texto).
174. De lo expuesto ut supra, resulta claro que, la misma Corte Constitucional ha
indicado que es necesario que el juez de la reparación haga un análisis de las
condiciones en las que se adelantó la investigación criminal y la imposición de la
medida de aseguramiento, pues, no puede declararse automáticamente la
responsabilidad del Estado cuando se dicta sentencia absolutoria dentro del proceso
penal y menos se puede afirmar que el artículo 90 superior define un título de
imputación, comoquiera que aquellos han sido netamente de creación
jurisprudencial.
175. Al respecto encuentra la Sala, que en la providencia objeto de censura, se
estableció que:
“(...)
2.4. Análisis de la existencia de un daño especial
32. Como se explicó anteriormente, la decisión que ordenó la restricción provisional
de la libertad de Duván Augusto Castro Núñez se sustentó en los señalamientos
directos en su contra. No obstante, al momento de proferir sentencia, tanto el
Juzgado Único Penal del Circuito de Anserma – Caldas como la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dieron aplicación al principio de in
dubio pro reo porque las pruebas allegadas al proceso sugirieron que, en la fecha y
hora en que se presentaron los hechos, los agentes investigados se encontraban
realizando labores propias de su oficio, lo que debilitó la tesis que los ubicaba en el
lugar en que murieron las víctimas. Además, se advirtieron inconsistencias en las
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versiones de cargo, lo que no permitió tener certeza acerca de la responsabilidad de
los procesados.
33. Entre otros argumentos, el juzgado se apartó de lo manifestado por la fiscalía
(sic), que le restó credibilidad a los testimonios de los miembros de la Policía
Nacional que declararon. Para el juez, a pesar de que los testigos eran compañeros
de los investigados, sus declaraciones merecían credibilidad porque fueron rendidas
bajo la gravedad de juramento, sus relatos fueron claros, lógicos y no se tenían
indicios de la existencia de algún acuerdo previo para favorecer a los investigados.
De otra parte, encontró otras declaraciones y anotaciones oficiales de la actividad
policial que respaldaban la tesis de la defensa, por lo que subsistía la incertidumbre
acerca de la autoría de los delitos investigados. La decisión del juzgado fue
respaldada completamente por el Tribunal, el cual, además, resaltó algunas
imprecisiones en los testimonios de cargo. En su criterio, sus versiones servirán para
demostrar la existencia del suceso, pero eran insuficientes para llegar a la certeza de
la autoría de los procesados en los hechos indagados. Por tanto, si bien las
autoridades debían adoptar medidas cautelares de tipo personal en contra del aquí
demandante, ante la existencia, en su momento, de indicios graves de su
responsabilidad en las conductas punibles investigadas, lo cierto es que no se logró
desvirtuar su presunción de inocencia. En consecuencia, la privación de la libertad de
Duván Castro Núñez constituye un daño que supera las cargas públicas que debe
soportar un ciudadano.
35. Al respecto, debe recordarse que la libertad es un derecho fundamental a la luz
de la Constitución Política de Colombia y que su privación, necesariamente, debe ser
una medida excepcional, de acuerdo con los instrumentos supranacionales
incorporados a la legislación colombiana mediante las Leyes 16 de 1972 y 74 de
1968.
36. En consecuencia, la privación de la libertad de Duván Augusto Castro Núñez,
durante el desarrollo del proceso penal, le generó un daño que no estaba en el deber
de soportar, aun cuando la medida de aseguramiento de detención preventiva
hubiere sido adoptada conforme a la ley, razón por la cual el Estado debe repararlo.
Es decir, se trata de un daño especial, particular y grave que tiene el carácter de
antijurídico a la luz de lo dispuesto en el artículo 90 de la C.P., sin importar que su
causa haya sido una decisión legal.
(…)
[L]a Sala advierte una afectación del derecho al buen nombre de Duván Augusto
Castro Núñez. En este caso, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la Sala
encuentra que del daño al buen nombre se deriva siempre y necesariamente un
perjuicio sobre la reputación, o el concepto que de la persona tenían los demás67, un
deterioro de la apreciación que se tenía del sujeto por la conducta que observaba en
su desempeño dentro de la sociedad68.
49. Por tanto, la Sala ordenará a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial
que emitan un comunicado en el que se disculpen con la víctima por el daño
antijurídico causado, con ocasión de la privación injusta de su libertad. Además, de
acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones integrales debe
concertarse con las víctimas, las entidades demandadas deberán coordinar con el
demandante si el documento solamente le será entregado en físico a él o si, además,
67
Sentencia C-489 de 2002.
68
Sentencia C-452 de 2016.
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se publicará en sus plataformas de comunicación y difusión. Esta orden deberá
cumplirse dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
176. Resulta entonces que el argumento del accionante, consistente en que, como el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, no tuvo en cuenta los
presupuestos de la sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, reiterada
en la providencia del 28 de agosto de 2014 y adicionalmente las proferidas en lo
sucesivo el 9 de marzo de 2016 y 13 de agosto de 2020, por lo tanto, ese proveído
vulneró las garantías superiores, prospera porque tiene sustento Constitucional y
legal.
177. Aunado a ello, no se atendió que la imposición de la tipología de los derechos
constitucional y convencionalmente protegidos requiere que sean correlativas,
oportunas, pertinentes y adecuadas al daño generado, situación que no solamente
no se analizó ni se mencionó por parte del operador judicial.
178. En el mismo sentido, se hace el análisis del defecto fáctico, tal como lo alega la
entidad actora, al advertir que no obra prueba suficiente, que ameritara la imposición
de la medida de pedir excusas, encuentra la Sala que en efecto, no se realizó el
estudio respectivo para emitir la orden con fundamento probatorio alguno que
coligiera la concreción del mismo, pues se limitó a expresar que por la absolución per
se, se genera el daño, y, conforme a las líneas precedentes el reconocimiento se da
cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso y se precise
su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad
de los hechos, por lo tanto amerita un estudio probatorio obrante en el expediente
de conformidad con lo dispuesto en la sentencia del 28 de agosto de 201469, como lo
explicó el Alto Tribunal70.
69 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A, 09.03.
2016, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Rad. 25000-23-26-000-2005-02453-01(34554), actor:
Servando Pardo Reyes y Otros demandado: Nación - Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía
General de la Nación. En la que se acreditó el daño y por ende se procedió a su reparación: “Se sigue
de lo que viene de verse que los recortes de prensa que obran en el expediente resultan acordes, en
lo fundamental, con los demás elementos probatorios, esto es, que el señor Servando Pardo Reyes en
su condición de Concejal fue vinculado a un proceso penal por el delito de peculado y en virtud del
cual se le dictó medida de aseguramiento, de ahí que la Sala concluye que sí hacen referencia a los
hechos que subyacen a este proceso”.
Así las cosas, toda vez que está probada la afectación al buen nombre y a la honra del demandante,
procede ordenar la siguiente medida de satisfacción (...)”
70 Ahora bien, aparece probado en el expediente una vulneración al buen nombre y a la honra del
señor Servando Pardo Reyes, producto de un despliegue publicitario de la situación jurídica por la cual
atravesó, de ahí que resulte procedente reparar esta afectación de derechos fundamentales bajo los
parámetros contenidos en la sentencia que acaba de citarse. Con la demanda se allegaron unos
recortes de prensa con el objeto de ilustrar el despliegue noticioso que se hizo del proceso penal en
que se vio envuelto el señor Servando Pardo Reyes en su condición de Concejal de Bogotá. Sobre el
valor probatorio de este tipo de documentos la jurisprudencia de la Corporación ha dicho lo siguiente:
(…)
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179. Lo anterior, en el entendido en que en la decisión proferida por la autoridad
judicial accionada, no se detuvo a realizar la verificación concreta, si en efecto se
encontraba alguna circunstancia que le permitiera aseverar que la Rama Judicial y/o
la Fiscalía General de la Nacional, llevaron a cabo un manejo indebido de la
información relacionada con el proceso penal adelantado contra el señor Duván
Augusto Castro Núñez o que éstas, por medio de cualquier conducta reprochable
hubieran favorecido actos de difamación o afectación al buen nombre y el honor del
citado sujeto.
180. De acuerdo con los criterios unificados que fueron fijados por la Sala Plena de la
Sección Tercera en lo que concierne a la categoría de la afectación a los bienes e
intereses convencional y constitucionalmente amparados, es presupuesto ineludible
que se trate de una “afectación o vulneración relevante” lo cual, por un mero ejercicio de
exclusión, pone fuera de dicha órbita a aquellos daños que no satisfagan dicho
criterio de intensidad o relevancia, lo cual debe ser analizado.
181. En razón a lo anterior, la Sala concederá el amparo de los derechos invocados
por la parte actora, por configurarse estos dos yerros y ordenará dejar sin efectos la
providencia objeto de estudio, para que se emita un nuevo proveído en el cual se
analice de fondo y en el marco de sus competencias, defina si hay lugar o no a pedir
excusas con observancia en las sentencias de unificación, para que identifique si se
cumplen o no los presupuestos allí fijados, en la medida de la relevancia, la
concreción, la correlatividad, la gravedad, además bajo los criterios de pertinencia,
oportunidad y conforme al daño generado, debidamente probado y sobre las
particularidades del asunto.
2.8. Conclusión
182. Así las cosas, esta Sala declarará la improcedencia de la presente acción de
tutela frente al defecto sustantivo por incongruencia, pues la parte actora hizo
consistir este defecto en que la decisión de la autoridad judicial tutelada fue proferida
de manera extra petita, para lo cual cuenta con el mecanismo idóneo del recurso
extraordinario de revisión.
183. Adicionalmente, se negará el defecto sustantivo, en lo relativo con el régimen
aplicable, y se amparará respecto de los defectos por desconocimiento del
precedente judicial y fáctico, dado que, como se explicó en líneas anteriores se
encontraron vulnerados los derechos invocados por la parte actora.
184. Lo anterior, toda vez que la autoridad judicial accionada, por un lado, analizó
razonablemente si la privación de la libertad fue injusta o desproporcionada y
concluyó que la absolución derivó en una afectación y su consecuente
indemnización; por otro lado, no se demostró la concreción ni los presupuestos
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fijados por la sentencia de unificación del Consejo de Estado para el reconocimiento
del perjuicio de carácter no pecuniario, toda vez que no sustentó su decisión
probatoriamente, conforme a las reglas imperantes del ejercicio del control de
convencionalidad subjetivo. Por lo que se ordenará emitir nuevo pronunciamiento en
el que se atiendan los presupuestos fijados en el marco de las sentencias de
unificación.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Tribunal
Administrativo de Caldas, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela en lo relativo al defecto
sustantivo por incongruencia y decisión extra petita y ultra petita, de conformidad con
la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NEGAR el amparo respecto al defecto sustantivo por el régimen
aplicable, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de este fallo.
CUARTO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa,
a la contradicción y a la igualdad invocados por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, respecto de los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente, en lo relativo a la tipología de la afectación relevante a bienes o
derechos convencional y constitucionalmente protegidos, de conformidad con la
parte considerativa de esta providencia.
QUINTO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 9 de julio de
2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en lo
referente al reconocimiento del perjuicio inmaterial, tipología de la afectación
relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, por
las razones expuestas.
SEXTO: ORDENAR al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que en
el término de 20 días, contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera
una nueva decisión en la que analice de fondo y en el marco de sus competencias, si
hay lugar a pedir excusas de acuerdo con los criterios fijados en las sentencias de
unificación de la misma Corporación.
SÉPTIMO: TENER como coadyuvante a la Fiscalía General de la Nación.
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OCTAVO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOVENO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
(Con salvamento parcial de voto)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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