Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-05089-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-05089-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-05089-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
8 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2021-05089-011
Actora : Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Demandados : Magistrados de la subsección B de la sección tercera del
Consejo de Estado
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso e igualdad
Procede la Sala a decidir las impugnaciones formuladas por la demandante y
la Nación – Fiscalía General de la Nación2 contra la sentencia de 3 de
diciembre de 2021, proferida por el Consejo de Estado (subsección C de la
sección tercera), que declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. La Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, por conducto de apoderada, presenta
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente
quebrantados por los señores magistrados de la subsección B de la sección
tercera del Consejo de Estado.
Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el fallo de 3 de
julio de 2020, mediante el cual el Consejo de Estado (subsección B de la
sección tercera) revocó el de 27 de abril de 2012, con el que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la acción de
reparación directa incoada por los señores José Hermes, Leonor, Carmen
Emilia, José Efraín, María Nory, Ulpino y Rosa Elvira Aragón Escobar;
Hermes Leonardo Aragón Montes y Luz Mery Montes (expediente 76001-23-
31-000-2008-00471-00), para acceder parcialmente a ellas; en su lugar, se
ordene a las autoridades accionadas que emitan una nueva providencia en la
que confirmen la que decidió en primera instancia el aludido asunto
contencioso-administrativo.
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
2
En condición de coadyuvante de la actora.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-05089-01
Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
1.2 Hechos. Relata la accionante que el señor José Hermes Aragón Escobar
fue aprehendido3 por ser presuntamente cómplice del delito de rebelión, sin
embargo, resultó absuelto en las diligencias penales4, lo que lo motivó a
instaurar, junto con algunos familiares5, demanda de reparación directa en su
contra y de la Fiscalía General de la Nación (expediente 76001-23-31-000-
2008-00471-00), encaminada a que se les declarara administrativamente
responsables de los perjuicios que les causó la privación de la libertad de
aquel y se les ordenara reconocerles la correspondiente compensación
monetaria.
Que del asunto contencioso-administrativo conoció el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que el 27 de abril de 2012 negó las
mencionadas pretensiones, al considerar que el encarcelamiento del señor
Aragón Escobar no fue arbitrario, dado que cuando se produjo obraban
elementos de convicción de los que se infería su posible participación en la
conducta ilícita que se le atribuyó, decisión que los allí demandantes apelaron,
con el argumento de que en el proceso penal se determinó que la medida de
aseguramiento no satisfizo las exigencias legales.
Dice que la precitada alzada fue desatada el 3 de julio de 2020 por el Consejo
de Estado (subsección B de la sección tercera), en el sentido de revocar el
fallo de primera instancia, para en su lugar, declarar administrativamente
responsables del hecho dañoso a los organismos demandados y ordenarles
resarcir de manera pecuniaria los respectivos agravios y pedirle perdón al
señor José Hermes Aragón Escobar, toda vez que su privación de la libertad
fue injusta.
Que la providencia censurada incurre en desconocimiento del precedente,
pues a pesar de que la Corte Constitucional, en sentencias C-37 de 1996 y
SU-72 de 2008, precisó que las controversias concernientes a la
responsabilidad patrimonial del Estado por encarcelamientos no se debían
examinar conforme a un título de imputación específico (por cuanto ello
dependía de las particularidades del caso concreto), las autoridades
accionadas accedieron a las súplicas de la acción de reparación directa 76001-
23-31-000-2008-00471-00, por el solo hecho de que el señor Aragón Escobar
resultó absuelto de responsabilidad penal, es decir, automáticamente, como lo
3
No determina el día.
4
Omite identificarlas.
5
Señores Leonor, Carmen Emilia, José Efraín, María Nory, Ulpino y Rosa Elvira Aragón Escobar; Hermes
Leonardo Aragón Montes y Luz Mery Montes.
2
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-05089-01
Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
demuestra el hecho de que no analizaron las circunstancias en las que se
produjo la detención ni verificaron que hubo culpa exclusiva de la víctima.
Sostiene que en la sentencia atacada se dijo que no se configuró el aludido
eximente de responsabilidad, porque el sindicado no adelantó actuación
indebida alguna dentro del proceso penal, sin embargo, no tuvo en cuenta que
aquel también se presenta cuando el aprehendido actúa de manera imprudente
antes de las diligencias punitivas, como lo hizo el señor José Hermes Aragón
Escobar, puesto que transportó alimentos destinados a miembros de grupos
subversivos, lo que comporta dolo o culpa grave, de acuerdo con el artículo
63 del Código Civil, e imponía negar las pretensiones de la demanda 76001-
23-31-000-2008-00471-00, pero como ello no aconteció, se colige que la
providencia enjuiciada incurre en defecto sustantivo, por desatender la
mencionada norma.
Que el fallo reprochado también involucra defecto fáctico, en razón a que
concluyó que debía pedir perdón al señor Aragón Escobar, porque se
trasgredieron bienes constitucional y convencionalmente protegidos, sin
advertir que en la acción de reparación directa 76001-23-31-000-2008-00471-
00 no se pidió la protección de esas garantías ni se acreditó que hayan sido
quebrantadas, por lo que el principio de congruencia resultó inobservado.
1.3 Contestaciones de la acción.
1.3.1 El señor Fiscal General de la Nación6, por conducto del señor director
de asuntos jurídicos del ente estatal que regenta, pide (i) ser aceptado en el
presente trámite constitucional como coadyuvante de la demandante y (ii)
acceder al amparo deprecado, comoquiera que la privación de la libertad del
señor José Hermes Aragón Escobar no fue injusta, dado que cuando se ordenó
obraban pruebas de las que era dable colegir su posible participación en el
delito por el que fue procesado penalmente, situación que impedía acceder a
las pretensiones formuladas en sede contencioso-administrativa.
Que las autoridades accionadas tampoco tuvieron en cuenta que en los hechos
debatidos en el proceso 76001-23-31-000-2008-00471-00, se configuró el
eximente de responsabilidad denominado culpa exclusiva de la víctima, por
cuanto el señor Aragón Escobar actuó de manera imprudente7 en los
6
Vinculado en primera instancia, mediante auto de 22 de septiembre de 2021, al presente asunto
constitucional, en condición de tercero interesado.
7
No señala en qué consistieron las presuntas actuaciones indebidas.
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Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
acontecimientos que derivaron en el proceso penal, por ende, no era factible
concluir que los perjuicios causados por su encarcelamiento le son imputables
al Estado.
Afirma que no era procedente que en la sentencia enjuiciada se ordenara
pedirle perdón al señor José Hermes Aragón Escobar, toda vez que ello no fue
deprecado en la demanda ordinaria y no se acreditó que su aprehensión
involucrara desconocimiento de bienes constitucional y convencionalmente
protegidos.
1.3.2 Los señores magistrados de la subsección B de la sección tercera del
Consejo de Estado, por intermedio del ponente del fallo cuestionado, indican
que este «[…] contien[e] los argumentos y elementos necesarios para que el
juez de la acción de tutela tome la decisión que en derecho corresponda».
1.3.3 Los señores José Hermes, Leonor, Carmen Emilia, José Efraín, María
Nory, Ulpino y Rosa Elvira Aragón Escobar; Hermes Leonardo Aragón
Montes8 y Luz Mery Montes guardaron silencio en la oportunidad prevista
para el efecto.
1.4 Providencia impugnada. El Consejo de Estado (subsección C de la
sección tercera), mediante sentencia de 3 de diciembre de 2021, aceptó como
coadyuvante de la demandante a la Nación – Fiscalía General de la Nación y
declaró improcedente la acción de tutela, habida cuenta de que (i) carece de
relevancia constitucional, en cuanto a la inobservancia del precedente alegado
y la «indebida aplicación normativa», porque los argumentos en que se
fundan estos reproches se desestimaron en el proceso de reparación directa y
se exponen en la solicitud de amparo con el fin de revivir la controversia
desatada debidamente a través del fallo censurado; y (ii) no colma la
exigencia de procedibilidad de subsidiariedad, en lo atañedero al presunto
quebranto del principio de congruencia, comoquiera que el ordenamiento
jurídico prevé el recurso extraordinario de revisión para formular dicho
planteamiento, porque el desconocimiento del referido precepto configura la
causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
1.5 Impugnaciones. La tutelante y la Nación ‒ Fiscalía General de la Nación,
inconformes con la anterior decisión, la impugnaron, con fundamento en las
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Vinculados como terceros interesados a estas diligencias, por medio del auto admisorio de 6 de agosto de
2021.
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Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
mismas aseveraciones consignadas en el escrito inicial y en la respectiva
petición de coadyuvancia, en su orden, a las que agregan que los reproches
que formularon tienen relevancia constitucional, por cuanto involucran
trasgresión de derechos fundamentales que impone al juez de tutela analizar el
fondo del asunto.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia. En virtud de los artículos 329 del Decreto ley 2591 de
199110 y 2511 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201912 expedido por la sala
plena del Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de
la presente impugnación.
2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar la sentencia de 3 de julio de 2020, por cuyo
conducto el Consejo de Estado (subsección B de la sección tercera) revocó la
de 27 de abril de 2012, con la que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca negó las pretensiones de la acción de reparación directa incoada por los
señores José Hermes, Leonor, Carmen Emilia, José Efraín, María Nory,
Ulpino y Rosa Elvira Aragón Escobar; Hermes Leonardo Aragón Montes y
9
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro
de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
10
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
11
«[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán
a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán
resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el
reparto.
[…]».
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«Reglamento interno del Consejo de Estado».
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-05089-01
Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Luz Mery Montes contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación (expediente 76001-
23-31-000-2008-00471-00), para acceder parcialmente a ellas; y en caso
afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso e
igualdad invocadas en la solicitud de amparo.
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la
amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en
sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en
apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de
hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la
acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el
reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la
administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos
fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii)
defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de
sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el
que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-05089-01
Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial
siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
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Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la
Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de
vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo
del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales13, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201214, en el sentido de
disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias,
cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia
de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos15.
13
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2)
31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P.
Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de
junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-
0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia
López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
14
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
15
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008,
exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de
febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp.
2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-05089-01
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2.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que
(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso e
igualdad de la actora16; (ii) se establecieron los hechos que originaron el
supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iii) el requisito de
inmediatez se satisface, toda vez que la determinación judicial atacada17
quedó ejecutoriada el 23 de marzo de 2021 y la solicitud de amparo se
instauró el 3 de agosto siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (4
meses y 10 días); y (iv) la providencia acusada no fue dictada en una acción
de tutela.
De igual manera, el requisito de subsidiariedad también se satisface en lo
atañedero al desconocimiento del precedente y defecto sustantivo, invocados
en el escrito inicial, comoquiera que contra el fallo acusado no procede
recurso alguno en el que sea dable plantear dichas causales específicas.
Por otra parte, en lo que concierne a la presunta trasgresión del principio de
congruencia, se aclara que el ordenamiento jurídico prevé el recurso
extraordinario de revisión para formular ese reproche, habida cuenta de que
involucra la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA18
(«Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación»19), sin embargo, la Sala estima
pertinente dar por satisfecha la exigencia de subsidiariedad de la tutela sobre
el particular, porque la actora indica que tal irregularidad se derivó de una
16
En ese sentido, no se compadece de la situación de la demandante la determinación adoptada en el fallo de
primera instancia, emitido dentro del asunto de la referencia, por cuanto los argumentos invocados en el
escrito inicial conciernen a la posible configuración de las causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales denominadas desconocimiento del precedente y defecto sustantivo,
que de demostrarse afectarían garantías superiores de la accionante, lo que impone efectuar un análisis del
fondo del presente asunto, en lo que concierne a las mencionadas causales específicas.
17
Notificada electrónicamente el 17 de marzo de 2021.
18
Comoquiera que la sentencia atacada quedó ejecutoriada el 24 de septiembre de 2020, esto es, en vigor del
referido ordenamiento, este le resulta aplicable al recurso extraordinario de revisión que contra aquella
eventualmente se interponga.
19
Sala especial 22 de lo contencioso-administrativo, providencia de 2 de febrero de 2016, expediente: 11001-
03-15-000-2015-02342-00: «[…] la jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe
aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad
originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le condena por
cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en
la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de competencia, en este caso, en cuanto
el juez se pronuncia por fuera de los límites impuestos en la causa petendi.
Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra los fallos dictados por esta
jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega el desconocimiento del principio de la congruencia,
que en últimas implica una actuación sin competencia […]».
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-05089-01
Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
indebida valoración probatoria, es decir, de un defecto fáctico, al cual no es
procedente referirse en dicho recurso.
Adicionalmente, resulta inadecuado exigirle a la actora que agote un recurso
extraordinario de revisión por desconocimiento del precepto de congruencia,
cuando no se observa prima facie que las autoridades accionadas carecieran
de competencia para ordenar el reconocimiento de medidas simbólicas (como
el perdón público) a favor del señor José Hermes Aragón Escobar.
En virtud de lo anterior, esta Sala examinará el fondo del asunto conforme a
las causales específicas denominadas desconocimiento del precedente y
defectos sustantivo y fáctico.
2.5.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente, se destaca:
a) La fiscalía primera (1ª) delegada ante los juzgados penales del circuito de
Buga (i) el 26 de enero de 2006 inició investigación penal contra el señor José
Hermes Aragón Escobar, en razón a que un desmovilizado del «bloque móvil
Arturo Ruiz de las FARC» lo señaló de ser colaborador del grupo insurgente,
y (ii) el día 28 de los mismos mes y año ordenó su captura por la presunta
comisión del delito de concierto para delinquir, la cual se hizo efectiva esa
fecha.
b) El ente investigador el 3 de febrero de 2006 escuchó al investigado en
indagatoria, el 13 siguiente le impuso medida de aseguramiento de detención
preventiva (frente a la cual el Juzgado Segundo (2º) Penal del Circuito de
Buga negó el control de legalidad de que trata el artículo 39220 de la Ley 600
de 2000) y el 29 de agosto de ese año lo acusó de ser cómplice de rebelión; no
obstante, el 15 de agosto de 2007 el referido Juzgado lo absolvió, al estimar
que no obraban elementos de convicción de los que se infiriera su
participación en la conducta delictiva que se le endilgó y la aprehensión del
sindicado fue ilegal, porque no existían dos (2) indicios en su contra y
tampoco se justificó la medida; decisión confirmada el 31 de marzo de 2008
por el Tribunal Superior de dicho municipio (sala penal).
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«La medida de aseguramiento y las decisiones que afecten a la propiedad, posesión, tenencia o custodia
de bienes muebles o inmuebles, proferidas por el Fiscal General de la Nación o su delegado podrán ser
revisadas en su legalidad formal y material por el correspondiente juez de conocimiento, previa petición
motivada del interesado, de su defensor o del Ministerio Público […]».
10
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-05089-01
Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
c) Los señores José Hermes, Leonor, Carmen Emilia, José Efraín, María
Nory, Ulpino y Rosa Elvira Aragón Escobar; Hermes Leonardo Aragón
Montes y Luz Mery Montes incoaron acción de reparación directa contra la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y
Fiscalía General de la Nación (expediente 76001-23-31-000-2008-00471-00),
con el propósito de que se les declarara administrativamente responsables de
los perjuicios que les produjo la precitada privación de la libertad y se les
ordenara indemnizar los agravios morales y los de la vida de relación, en un
monto de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) a
cada uno, y el lucro cesante y el daño emergente a la víctima directa,
estimados en «$700.000 por nueve meses» y «$12ʼ000.000», en su orden.
d) Del proceso contencioso-administrativo conoció el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que el 27 de abril de 2012 negó las
pretensiones, al considerar que se configuró la culpa exclusiva de la víctima,
toda vez que el señor José Hermes Aragón Escobar transportó víveres
destinados a un grupo guerrillero, actuar imprudente que derivó en las
diligencias penales surtidas en su contra e impide atribuirle responsabilidad
patrimonial a la Administración por su encarcelamiento. Además, su captura
contaba con respaldo probatorio, lo que impedía colegir que fue arbitraria.
e) Contra la anterior decisión la parte allí demandante interpuso recurso de
apelación, con el argumento de que la actuación del señor Aragón Escobar no
tuvo incidencia «causal en la producción del daño», por tanto, no concurrió
el mencionado eximente de responsabilidad, máxime cuando en el fallo
absolutorio, emitido por el Juzgado Segundo (2º) Penal del Circuito de Buga,
se dijo que la medida de aseguramiento no colmó las exigencias legales.
f) La precitada alzada fue desatada el 3 de julio de 2020 por el Consejo de
Estado (subsección B de la sección tercera), en el sentido de revocar el fallo
de primera instancia, para en su lugar (i) declarar administrativamente
responsables a los entes estatales demandados; (ii) condenarlos a pagar por
concepto de daños morales la suma de 100 smlmv a los señores José Hermes
Aragón Escobar y Hermes Leonardo Aragón Escobar y 50 smlmv a los demás
demandantes (con excepción de la señora Luz Mery Montes21), y por lucro
cesante a la víctima directa una indemnización de $17ʼ112.716; y (iii)
ordenarles que le pidieran perdón a esta por los agravios causados.
21
Porque si bien en la demanda se indicó que era la compañera permanente del capturado, en el proceso se
estableció que este era soltero.
11
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-05089-01
Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Que la medida de aseguramiento impuesta al señor Aragón Escobar no
satisfizo los presupuestos legales, dado que (i) solo se contaba con la
declaración de un testigo que lo relacionaba con la subversión, y el artículo
356 de la Ley 600 de 2000 exige para su procedencia por lo menos dos (2)
indicios; (ii) no se justificó la necesidad del encarcelamiento, pese a que así lo
requiere el artículo 355 ibidem; y (iii) durante la instrucción penal no se
revocó la decisión de aprehensión, pese a que ello era procedente,
irregularidades que comportan falla del servicio. Adicionalmente, el ente
investigador no adelantó actuaciones orientadas a determinar la veracidad de
lo aseverado por el testigo, sino que fundó sus actuaciones solo en lo dicho
por él.
Indicaron las autoridades accionadas que en los hechos debatidos no se
configuró el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima,
porque no se evidencia un actuar indebido del sindicado durante el proceso y
el juez contencioso-administrativo no cuenta con la potestad de examinar el
comportamiento de aquel antes de las diligencias punitivas, dado que sobre
ello opera la presunción de inocencia.
2.5.2 Desconocimiento del precedente. El desconocimiento del precedente
tiene dos modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela
contra providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii)
como defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La
primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica
exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su
jurisprudencia22, y la segunda hace referencia a cuando la autoridad
jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación
suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de un defecto
sustantivo23 conforme a los principios del debido proceso, igualdad y buena
fe24.
22
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por
sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión
de tutela».
23
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P.
Jorge Iván Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
24
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M.
P. Jorge Iván Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-05089-01
Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
En el caso sub examine la demandante asevera que la sentencia censurada
incurre en desconocimiento del precedente, en razón a que desatendió el
criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional, fijado en las sentencias C-
37 de 1996 y SU-72 de 2008, según el cual la aplicación del régimen de
responsabilidad en demandas de reparación directa atañederas a privaciones
de la libertad, está condicionada a las particularidades del caso concreto,
habida cuenta de que las autoridades accionadas accedieron a las pretensiones
de la demanda 76001-23-31-000-2008-00471-00 por el solo hecho de que el
señor José Hermes Aragón Escobar resultó absuelto, es decir, de manera
automática.
Con el propósito de establecer si el anterior reproche tiene o no asidero
jurídico, resulta oportuno advertir que el artículo 9025 de la Constitución
Política se constituye en la fuente de la responsabilidad extracontractual del
Estado, por cuanto es su «cláusula general»26, toda vez que prevé los
elementos que deben concurrir para que se configure, los cuales son: (i) un
daño antijurídico, esto es, un perjuicio que la persona no está en la obligación
de soportar; (ii) una acción u omisión de los servidores públicos concernientes
al cumplimiento de sus funciones; y (iii) una relación causal entre el hecho
dañoso y la actuación o negligencia de aquellos.
Ahora bien, el artículo 6527 de la Ley 270 de 199628 prevé tres (3) hechos
generadores de responsabilidad patrimonial del Estado provenientes de
cuestiones judiciales, a saber: (i) error judicial, (ii) privación injusta de la
libertad y (iii) defectuoso funcionamiento de la Administración de justicia,
precepto que materializó lo contemplado en el artículo 1029 de la Convención
Interamericana de Derecho Humanos, aunque ya mediaban otras normas que
imponían el deber de indemnizar agravios originados en actuaciones
jurisdiccionales, como el artículo 41430 del Decreto 2700 de 199131.
25
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra
éste».
26
Corte Constitucional, sentencia C-38 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
27
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de sus agentes judiciales.
En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad».
28
«Estatutaria de la administración de justicia».
29
«Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en
sentencia firme por error judicial».
30
«Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de
perjuicios».
31
«Por el cual se expiden las normas de Procedimiento Penal».
13
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-05089-01
Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Una de las situaciones que compromete la responsabilidad indemnizatoria del
Estado es la privación injusta de la libertad, instituida en el aludido artículo
414 del Decreto 2700 de 1991, que consagra que cualquier persona
encarcelada que posteriormente obtenga un fallo absolutorio, bien sea porque
el acto investigado «no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no
constituía hecho punible», podía demandar con el propósito de ser resarcido.
Este tema fue desarrollado por la sección tercera del Consejo de Estado 32, que
determinó que en el evento en que un individuo sea aprehendido, pero
ulteriormente es favorecido por una decisión de archivo de las diligencias
penales, le asiste el derecho de acceder a una compensación económica por
los perjuicios que sufrió, sin necesidad de que pruebe que la privación de su
libertad fue ilegal.
Sin embargo, la Corte Constitucional había precisado, en sentencia C-37 de
de 199633, que el término «injustamente», previsto en el artículo 6834 de la
Ley 270 de ese año, hace referencia a una «actuación abiertamente
desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales», por lo que solo
había lugar a un reconocimiento pecuniario por encarcelamiento, cuando tal
medida fuere arbitraria, esto es, no atendiera el sistema normativo.
No obstante, esta Corporación (sección tercera) ha indicado que de acuerdo
con el artículo 90 constitucional, resulta suficiente que concurran los
elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado para que se
configure el daño antijurídico en un caso de privación de la libertad, que se
presenta si la decisión absolutoria se da bajo uno de los supuestos
consagrados en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, es decir, que el acto
investigado «no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no
constituía hecho punible».
Por consiguiente, en el evento en que la providencia de ese tipo se dicte en
atención a una situación no prevista en dicha norma, se debe analizar el
asunto conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-37
de 1996, esto es, que el perjuicio derivado de una aprehensión es
indemnizable siempre que aquella haya sido desproporcionada35.
32
Sentencia de 6 de abril de 2011, C. P. Ruth Stella Correa Palacio, expediente 20942.
33
M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
34
«Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de
perjuicios».
35
En esos términos se pronunció el Consejo de Estado (subsección A de la sección tercera) en sentencia de 8
de noviembre de 2016, M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente 81001-23-31-000-2008-00083-
01.
14
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Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Tal posición fue adoptada con la finalidad de salvaguardar el derecho
constitucional fundamental a la libertad, efectivizar el artículo 2836 de la Carta
Política y garantizar que la detención preventiva como instrumento para
perseguir delitos, no se convierta en una fuente de vulneración de garantías
superiores.
Se precisa que se configura un daño antijurídico en caso de que se absuelva a
un sindicado sujeto a medida de aseguramiento, sin embargo, este no
involucra per se la obligación del Estado de resarcirlo, pues para que ello
ocurra es necesario que medie el elemento denominado nexo causal,
entendido como la relación que debe existir entre el hecho generador del
detrimento y el resultado.
Ahora bien, la aplicación del régimen de responsabilidad extracontractual
(subjetivo [falla del servicio] y objetivo [daño especial y riesgo excepcional])
en procesos de reparación directa concernientes a privaciones de la libertad,
depende de las particularidades del caso concreto, premisa que impide asumir
que esos asuntos deben analizarse conforme a determinado título de
imputación de manera imperativa. Al respecto, el alto tribunal constitucional37
señaló:
[…] se anota que la Corte y el Consejo de Estado comparten dos
premisas: la primera, que la responsabilidad del Estado se deduce a
partir de la constatación de tres elementos: (i) el daño, (ii) la
antijuridicidad de este y (iii) su producción a partir de una actuación u
omisión estatal (nexo de causalidad). La segunda, que el artículo 90 de
la Constitución no define un único título de imputación, lo cual sugiere
que tanto el régimen subjetivo de la falla del servicio, coexiste con
títulos de imputación de carácter objetivo como el daño especial y el
riesgo excepcional.
Sobre el particular, el Consejo de Estado38 anotó:
El funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y
autónomo y en virtud del principio iura novit curia, puede encausar el
análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que
considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá
36
«Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o
arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial
competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
[…]».
37
Sentencia SU-72 de 2018, M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
38
Sección tercera, subsección A, sentencia de 13 de noviembre de 2018, C. P. María Adriana Marín,
expediente 68001-23-31-000-2006-02670-01.
15
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-05089-01
Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de base
para ello.
Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, la Sala evidencia que la
providencia cuestionada no contraría la postura jurisprudencial según la cual
el régimen de responsabilidad extracontractual para desatar controversias
relacionadas con privaciones de la libertad depende de sus peculiaridades,
pues, precisamente con base en esta, las autoridades accionadas tenían la
potestad de aplicar el título de imputación de falla del servicio, como en efecto lo
hicieron, toda vez que la medida de aseguramiento impuesta al señor José
Hermes Aragón Escobar devino en ilegal, por consiguiente, su privación de la
libertad fue injusta e involucra un daño antijurídico atribuible a la
Administración.
Cabe advertir que el Consejo de Estado39 y la Corte Constitucional40 han
indicado que en el evento en que el procesado penal sea absuelto, el juez
contencioso-administrativo está en la potestad de acoger el régimen de
responsabilidad que estime pertinente, situación por la que no merece
reproche alguno que los señores magistrados demandados hayan decidido la
demanda de reparación directa 76001-23-31-000-2008-00471-00 en atención
al subjetivo, esto es, de acuerdo con la falla del servicio.
Lo anterior, porque, se reitera, la aprehensión del señor Aragón Escobar fue
ilegal, tal como lo indicaron el 15 de agosto de 2007 el Juzgado Segundo (2º)
Penal del Circuito de Buga y el 31 de marzo de 2008 el Tribunal Superior de
ese municipio (sala penal), puesto que no obraban los dos (2) indicios que
exige el artículo 356 de la Ley 600 de 2000 y tampoco se justificó la medida,
pese a que así lo requiere el artículo 355 ibidem.
En ese orden de ideas, como la privación de la libertad del señor Aragón
Escobar no colmó los presupuestos legales, resultaba imperioso declarar la
falla del servicio, por tanto, la responsabilidad patrimonial del Estado en el
proceso de reparación directa 76001-23-31-000-2008-00471-00. Se aclara que
la decisión censurada no se emitió en dicho sentido, contrario a lo aseverado
por la actora, por el solo hecho de que el procesado fue absuelto, sino porque
su encarcelamiento no satisfizo los requisitos dispuestos en el sistema
normativo, de lo que se concluía que fue arbitrario.
39
Sección tercera, subsección B, sentencia de 3 de diciembre de 2012, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo,
expediente 25000-23-26-000-1998-02512-01).
40
Sentencia SU-72 de 2018, M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
16
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-05089-01
Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Así las cosas, las autoridades accionadas no desatendieron la regla
jurisprudencial a la que hace referencia la tutelante (consistente en que el
régimen de responsabilidad en litigios relacionados con privaciones de la
libertad depende de las particularidades del caso concreto), sino que la
observaron, pues de acuerdo con ella desataron el precitado asunto contencioso-
administrativo bajo el título de imputación de falla del servicio, circunstancia por
la que se concluye que la sentencia atacada no desconoce el precedente.
2.5.3 Defecto sustantivo. El artículo 230 de la Constitución Política prevé
que los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de ese
mandato, las autoridades judiciales deben decidir las discusiones conforme a
las normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
La jurisprudencia constitucional41 ha precisado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el
denominado defecto sustantivo, que se configura cuando el litigio es desatado
con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien
porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no
tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es
paradójica o simplemente se omite aplicarla.
Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo que este defecto implica «[…] la
existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en
el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al
caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la
procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la
efectividad de los derechos constitucionales»42.
En el sub lite la tutelante afirma que la providencia acusada incurre en defecto
sustantivo, habida cuenta de que desatendió el artículo 63 del Código Civil,
pues inobservó que en los hechos debatidos en el proceso de reparación
directa 76001-23-31-000-2008-00471-00 concurrieron el dolo y la culpa
grave de que trata dicha norma, puesto que el aprehendido transportó
alimentos destinados a miembros de un grupo armado ilegal.
No obstante, para la Sala el anterior planteamiento carece de asidero jurídico,
toda vez que las autoridades accionadas estudiaron el eximente de
41
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
42
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-05089-01
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responsabilidad denominado culpa exclusiva de la víctima, pero lo hicieron
únicamente respecto de las actuaciones penales, para concluir que no se
acreditó que el acusado haya actuado indebidamente en ellas.
Ahora bien, los señores magistrados demandados explicaron que para
determinar si se configuró la culpa exclusiva de la víctima, no era dable
examinar los hechos acecidos antes del proceso penal, porque estaban
amparados por la presunción de inocencia, postura que la Sala no encuentra
contraria al marco normativo, pues sobre el particular no hay una posición
unificada del Consejo de Estado (por cuanto en algunos pronunciamientos se
ha expuesto el referido criterio43, mientras que en otros se ha indicado que es
procedente relevar de responsabilidad a la Administración por actuaciones
imprudentes que derivaron en el proceso penal44), situación que habilitaba, en
virtud del principio de autonomía judicial, acoger la que se considerara más
adecuada para el caso concreto.
Así las cosas, la Sala concluye que las autoridades accionadas no
inobservaron el artículo 63 del Código Civil, motivo por el cual el fallo
atacado no incurre en defecto sustantivo.
2.5.4 Defecto fáctico. Una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión»45.
La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba
no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto
negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se
configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente,
pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra46.
43
Sección tercera, subsección B, sentencia del 2 de abril de 2020, C. P. Alberto Montaña Plata, expediente
25000-23-26-000-2010-00749-01, M.P. Alberto Montaña Plata.
44
Sección tercera, subsección C, sentencia de 31 de enero de 2020, C. P. Nicolás Yepes Corrales, expediente
76001-23-31-000-2011-01863-01.
45
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
46
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
18
Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-05089-01
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En el asunto sub judice la actora asevera que la sentencia atacada incurre en
defecto fáctico, en razón a que ordenó pedirle perdón al señor José Hermes
Aragón Escobar, sin advertir que ello no fue deprecado en la demanda de
reparación directa 76001-23-31-000-2008-00471-00, lo que comporta una
valoración indebida de los elementos de convicción obrantes en dicho
expediente.
Con la finalidad de determinar si el anterior reproche tiene asidero jurídico,
cabe anotar que el quebranto de las prerrogativas de los individuos atribuible
al Estado le impone a este el deber de repararlos. Por ello, cuando el daño
vulnera derechos humanos, el resarcimiento adquiere una connotación
distinta, pues opera el concepto de responsabilidad agravada adoptado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos47 y sobre el cual el Consejo de
Estado48 dijo:
[…] en aquellos casos sometidos al conocimiento del juez contencioso
administrativo, en los cuales se encuentren configuradas violaciones
graves o sistemáticas a derechos humanos o al derecho internacional
humanitario, resulta procedente -y en los términos de la Convención
Americana, obligada- la declaratoria de la “responsabilidad agravada
del estado colombiano” […].
En los eventos en que se configure dicha responsabilidad agravada, esto es,
cuando la trasgresión, que se le atribuye a la acción u omisión de agentes del
Estado, involucra violaciones de derechos humanos, el juez cuenta con un
amplio margen para adoptar las medidas que considere pertinentes, con el
objeto de repararlos efectivamente, como las simbólicas o restaurativas. Esta
Corporación49 precisó:
[…] la reparación integral en el ámbito de los derechos humanos
supone, no sólo el resarcimiento de los daños y perjuicios que se
derivan, naturalmente, de una violación a las garantías de la persona
reconocidas internacionalmente, sino que también implica la búsqueda
del restablecimiento del derecho vulnerado, motivo por el cual se
adoptan una serie de medidas simbólicas y conmemorativas, que no
propenden por la reparación de un daño (strictu sensu), sino por la
restitución del núcleo esencial del derecho o derechos infringidos.
47
Casos: (i) Myrna Mack Chang contra Guatemala, providencia de 25 de noviembre de 2003; (ii) Masacre de
Plan de Sánchez contra Guatemala, fallo de 19 de noviembre de 2004, (iii) Cepeda Vargas contra Colombia,
sentencia de 26 de mayo de 2010; entre otros.
48
Sección tercera, subsección A, sentencia de 27 de abril de 2016, C. P. Hernán Andrade Rincón, expediente
25000-23-26-000-2011-00479-01.
49
Sección tercera, subsección C, sentencia de 20 de octubre de 2014, C. P. Enrique Gil Botero, expediente:
05001-23-31-000-2004-04210-01.
19
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En ese orden de ideas, con el propósito de velar por la reparación integral de
los deterioros antijurídicos relacionados con afectaciones de derechos
humanos, el Consejo de Estado (sección tercera) ha fijado un tipo de perjuicio
inmaterial autónomo, denominado violación de bienes constitucional y
convencionalmente protegidos, que se configura cuando las autoridades
públicas desconocen garantías inherentes a las personas.
Ese daño inmaterial puede ser resarcido por el juez contencioso-
administrativo a petición de parte o de manera oficiosa, debido a que el
ordenamiento jurídico interno y las normas convencionales imponen la
obligación de restituir los derechos humanos en forma integral. Al respecto,
esta Corporación50 indicó:
[…] en materia de perjuicios inmateriales, se reconocerá de oficio o
solicitud de parte, la afectación o vulneración relevante de bienes o
derechos convencional y constitucionalmente amparados. La cual
procederá siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso
su concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la
compensación a través de medidas de reparación no pecuniarias a favor
de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano.
Resulta oportuno destacar que la regla general consiste en que el detrimento
analizado se compensa a través de medidas no pecuniarias (simbólicas y de
no repetición51), no obstante, se ha aceptado que estas sean económicas
cuando el juez, dada su autonomía, considere que aquellas son insuficientes,
impertinentes, inoportunas o imposibles, para lograr una reparación integral,
cuyo monto deberá ser proporcional a la intensidad del daño y la naturaleza
del bien o derecho afectado, el cual, en todo caso, no podrá ser superior a cien
(100) smlmv.
Agotadas las anteriores precisiones jurídicas, en el sub lite la Sala observa que
en la demanda de reparación directa 76001-23-31-000-2008-00471-00, en
efecto, no se pidió el reconocimiento de medidas simbólicas, como perdón
público al señor José Hermes Aragón Escobar, sin embargo, ello no les
impedía a las autoridades accionadas imponerlas, pues la privación injusta de
la libertad comporta violación de un derecho constitucional y
50
Sección tercera, subsección A, sentencia de 27 de abril de 2016, C. P. Hernán Andrade Rincón, expediente
25000-23-26-000-2011-00479-01.
51
Inciso 7.º del artículo 8.º de la Ley 975 de 2005: «Se entiende por reparación simbólica toda prestación
realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la
memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el
perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas».
20
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Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
convencionalmente protegido, como lo es la libertad individual52, por tanto,
aquellas estaban facultadas para ordenarlas de manera oficiosa, con el fin de
obtener una reparación integral de la víctima, que, valga decir, es una
prerrogativa superior53.
Así las cosas, no se evidencia que en la providencia acusada, al ordenarle a la
actora que le pidiera perdón públicamente al señor Aragón Escobar, se haya
analizado indebidamente el material probatorio obrante en el expediente
76001-23-31-000-2008-00471-00 o quebrantado precepto superior alguno,
por el contrario, se atendió la obligación que tiene el juez contencioso-
administrativo de adoptar medidas de reparación simbólicas, cuando advierta
afectación injustificada de bienes constitucional y convencionalmente
protegidos.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que la sentencia atacada tampoco
incurre en la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
determinaciones judiciales denominada defecto fáctico.
A partir de los anteriores prolegómenos y comoquiera que la providencia
censurada no comporta desconocimiento del precedente ni defectos sustantivo
y fáctico, se impone revocar el fallo impugnado, que declaró improcedente la
acción de tutela de la referencia, para en su lugar, negar el amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. Revócase la sentencia de 3 de diciembre de 2021, proferida por el Consejo
de Estado (subsección C de la sección tercera), que declaró improcedente la
acción de tutela de la referencia; en su lugar, niégase el amparo de los
derechos constitucionales fundamentales al debido proceso e igualdad
invocados por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
52
(i) Corte Interamericana de Derecho Humanos, caso Juan Humberto Sánchez contra Honduras, sentencia
de 7 de junio de 2003; y (ii) Corte Constitucional, sentencia C-276 de 2019, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
53
Corte Constitucional, sentencia C-753 de 2013, M. P. Mauricio González Cuervo «[…] la reparación se
cataloga como un derecho fundamental porque: 1) busca restablecer la dignidad de las víctimas a quienes se
les han vulnerado sus derechos constitucionales; y 2) por tratarse de un derecho complejo que se
interrelaciona con la verdad y la justicia, que se traduce en pretensiones concretas de restitución,
indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y no repetición. De esta manera, el reconocimiento
de la reparación como derecho fundamental se ajusta a los estándares internacionales en la materia […]».
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Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Administración Judicial, conforme a lo indicado en la motivación.
2º. Notifíquese esta determinación judicial a las partes por el medio más
expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
3º. Comuníquese el presente fallo a la subsección C de la sección tercera de
esta Corporación y remítasele copia.
4º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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