Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05134-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05134-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-05134-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
17 de febrero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-05134-01
Demandante: Gonzalo Mejía Abello
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-05134-01
Demandante: GONZALO MEJÍA ABELLO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reliquidación de la pensión de
jubilación. Indebida aplicación del precedente judicial. Régimen de
transición. Empleado de la Rama Judicial. Sentencia de
Unificación CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020 de la
Sección Segunda del Consejo de Estado
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el accionante contra la sentencia de 15 de octubre de 2021,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, en la que
declaró la improcedencia de la acción de tutela, en razón a que no cumplió con el
requisito de la relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El actor afirmó que nació el 31 de diciembre de 1957 e ingresó a la Rama Judicial
el 16 de junio de 1978, en donde laboró de manera ininterrumpida durante treinta y
ocho (38) años y cinco (5) meses. Por lo anterior, sostuvo que al momento de
entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, contaba con más de 15 años de servicio
ininterrumpido, lo que lo hace beneficiario del régimen de transición contemplado
en el artículo 36 de dicha norma.
Relató que Colpensiones, mediante Resolución N° GNR 384693 de 27 de
noviembre de 2015, reconoció a su favor la pensión de vejez en un monto de
$2’239.929, aplicando el régimen de la Ley 33 de 1985 y teniendo en cuenta
únicamente los factores salariales establecidos en el artículo 1º del Decreto 1158
de 1994, así como el promedio del salario durante los últimos diez (10) años de
servicio.
Sostuvo que la mesada pensional fue reliquidada en un monto de $2’473.645
mediante la Resolución No. GNR 49022 de 15 de febrero de 2016, indicando que
el régimen aplicable es el previsto en el Decreto 546 de 19711 y no el señalado en
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“Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y
empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares”.
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Demandante: Gonzalo Mejía Abello
la Ley 33 de 19852. Sin embargo, no accedió a reliquidar la pensión con el último
año de servicios ni teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados.
Refirió que través de la Resolución No. GNR 160875 de 27 de mayo de 2016, se
resolvió ajustar nuevamente la mesada pensional a la suma de $2’477.510, a
partir del 2016, pero negó la reliquidación pretendida por el actor.
Manifestó que por esa razón inició el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra Colpensiones con el fin de que se declarara la
nulidad de los actos administrativos antes mencionados, bajo el argumento de que
al encontrarse cobijado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, le son
aplicables las disposiciones del Decreto 546 de 1971, según las cuales el
reconocimiento pensional debe efectuarse con una tasa de reemplazo del 75% de
la asignación mensual más elevada durante el último año de servicios y teniendo
en cuenta todos los factores salariales devengados (rad. No. 68001-33-33-005-
2018-00129-00/01).
Aseguró que el proceso correspondió en primera instancia al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Bucaramanga, que mediante sentencia de 11 de
octubre de 2019, resolvió acceder a las pretensiones de la demanda declarando la
nulidad de las Resoluciones No. GNR 384693 de 27 de noviembre de 2015, No.
GNR 49022 de 15 de febrero de 2016 y No. GNR 160875 de 27 de mayo de 2016
y, ordenar, la reliquidación de la mesada pensional con el 75% de la asignación
mensual más elevada del último año, incluyendo como factores salariales todas
las sumas que habitual y periódicamente recibió el actor como retribución de sus
servicios.
Aseveró que la decisión fue revocada en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Santander, a través de sentencia de 1 de julio de 2021, al
considerar que si bien es cierto el actor es beneficiario del régimen de transición
de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y al haber prestado servicios en
la Rama Judicial, tiene derecho a que su pensión sea reconocida de conformidad
con el régimen anterior contenido en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, dicho
régimen se aplica únicamente frente a los requisitos de edad, tiempo de servicios
y tasa de reemplazo del régimen especial. En lo que respecta al Ingreso Base de
Liquidación (IBL), indicó que no es posible acceder a lo pretendido por el actor
pues conforme a la regla de unificación de la sentencia de 11 de junio de 2020, de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, “la transición únicamente mantiene el
régimen anterior, especial de la Rama Judicial y del Ministerio Público, la edad, el
tiempo de servicios y el monto de la prestación, pero no el ingreso base de
liquidación, por manera que este corresponde al estipulado por la ley en mención,
en su artículo 21 y en el inciso 3º de su artículo 36, según sea el caso”,
2. Fundamentos de la acción
El accionante presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la
administración de justicia, así como el principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal, supuestamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Santander, con la emisión de la sentencia de 1 de julio de 2021,
en la que resolvió revocar la decisión favorable de primera instancia y, en su lugar,
negar las pretensiones tendientes a obtener la reliquidación de su mesada
pensional.
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“Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las
prestaciones sociales para el Sector Público”.
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Demandante: Gonzalo Mejía Abello
Sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico al no tener
en cuenta las pruebas que obraban en el proceso y que daban cuenta de su
estatus laboral (régimen con prima de antigüedad de la Rama Judicial –no
acogido-) y de su condición de beneficiario del régimen de transición.
Manifestó que de haber tenido en cuenta dichos elementos probatorios la
autoridad judicial demandada no hubiese aplicado la tesis de la sentencia de
unificación CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020 de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y, en consecuencia, hubiese accedido a la reliquidación de su
mesada pensional, calculando el IBL con la asignación mensual más alta
devengada en el último año de servicios e incluyendo todos los factores salariales
devengados, particularmente, el sueldo básico, la prima de antigüedad, la
bonificación judicial, la prima especial de productividad, el incremento de 2,5%, el
subsidio de alimentación, el auxilio de transporte, la bonificación de servicios y la
prima de productividad.
Además, mencionó que la autoridad judicial demandada no agotó el test de
razonabilidad para justificar las razones por las que optó por acoger dicho criterio y
apartarse de la decisión del juez de primera instancia. Indicó que debió analizar
las circunstancias de modo, tiempo y lugar que dan origen a la aplicación del fallo
de unificación, por lo que sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia fueron desconocidos.
Agregó que de conformidad con el parágrafo transitorio No. 4 del Acto Legislativo
No. 001 de 2005, tiene derecho a que se le respete el régimen de transición, dado
que para el 25 de julio de 2005 contaba con más de 750 semanas de cotización y
radicó la solicitud de reconocimiento pensional desde el mes de septiembre de
2014. Además, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, ya que contaba con más de quince (15) años de servicio al 1 de abril
de 1994.
Refirió que el precedente contenido en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de
2015, de la Corte Constitucional tampoco resulta aplicable a su caso dado que en
ellas se desarrolla lo relacionado con el IBL para congresistas y magistrados de
Altas Cortes, a quienes se les aplica el régimen de la Ley 4 de 1992 y no el
Decreto 546 de 1971.
Por último, aseguró que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de
procedibilidad, en tanto (i) goza de relevancia constitucional, pues se debate la
vulneración de los derechos fundamentales invocados; (ii) no cuenta con otro
medio de defensa judicial ya que agotó el procedimiento administrativo y el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en primera y segunda
instancia; (iii) cumple con el requisito de la inmediatez; (iv) se identificaron los
hechos generadores de la vulneración y los yerros en los que incurrió la autoridad
judicial demandada y, por último, (v) no se dirige contra una sentencia de tutela.
3. Pretensiones
En la solicitud de amparo se formularon las siguientes:
“PRIMERO: Tutelar los siguientes derechos fundamentales: derecho al debido
proceso y a la defensa, el derecho al acceso a la administración de la justicia y
la prevalencia del derecho sustancial.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se DECRETE LA NULIDAD DE
LA SENTENCIA DE FECHA PRIMERO DE JULIO DE 2021, proferida dentro
de la ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
PROMOVIDA POR GONZALO MEJÍA ABELLO contra LA ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, radicada al número
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Demandante: Gonzalo Mejía Abello
680013333005-2018-00129, por vulnerar los derechos fundamentales
debidamente invocados.
TERCERO: Como consecuencia de la NULIDAD DECRETADA y por quedar
sin efecto la decisiones atacadas, ORDENESE, al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, que en un término excesivamente
breve, emita una nueva providencia QUE SE AJUSTE A DERECHO, dentro
del proceso citado en el punto anterior, decisión judicial que deberá ajustarse
a los parámetros constitucionales legales respetando los antecedentes
jurisprudenciales y las demás circunstancias debatidas en el proceso por la
parte actora y clarificadas a través de la presente acción de tutela”.
4. Pruebas relevantes
En correo de 9 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Santander
allegó copia digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
instauró el señor Gonzalo Mejía Abello contra Colpensiones, con radicado Nº
68001-33-33-005-2018-00129-00/01.
5. Trámite procesal
La Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, en auto de 9 de
agosto de 2021, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte
demandante, a la autoridad judicial demandada, así como a Colpensiones y al
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga, en calidad de
terceros con interés en el resultado del trámite constitucional.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
78857 a 78868 de 11 de agosto de 2021, con el fin de dar cumplimiento a la
referida decisión.
6. Oposición
6.1. Respuesta de Colpensiones
En escrito de 13 de agosto de 2021, la Directora de Acciones Constitucionales
pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que no se
ha materializado ninguna “vía de hecho” o vulneración de derechos fundamentales
por parte de la autoridad judicial accionada.
Afirmó que la solicitud de amparo no es el mecanismo adecuado para la
satisfacción del derecho reclamado por el actor, toda vez que esta no puede
constituirse en una tercera instancia para analizar litigios respecto a la
conformación del IBL en las liquidaciones de pensiones con régimen de transición.
Por lo anterior, refirió que en caso de decidir de fondo las pretensiones del
accionante y acceder a las mismas, se estaría invadiendo la órbita del juez
ordinario y su autodominio, pero además se excedería las competencias del juez
constitucional, en la medida que no se probó vulneración a derechos
fundamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable que haga viable
proteger derecho alguno.
Además, indicó que es jurídicamente inviable desconocer o modificar la decisión
judicial pues esta hizo tránsito a cosa juzgada de conformidad con el artículo 303
del Código General del Proceso y que no hay razones o hechos que den cuenta
de la vulneración de derechos fundamentales por parte de Colpensiones pues se
limitó a dar cumplimiento a una orden judicial.
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6.2. El Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Bucaramanga, guardaron silencio.
7. Sentencia de tutela impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C” en sentencia de 15 de
octubre de 2021, declaró la improcedencia de la acción de tutela, en razón a que
no se cumplió con el requisito de la relevancia Constitucional, pues el demandante
no desplegó una carga argumentativa suficiente para justificar la intervención del
juez de tutela, además que pretendió someter el asunto a una tercera instancia.
Manifestó que el señor Gonzalo Mejía Abello no indicó en concreto qué prueba
dejó de ser valorada por el tribunal, de forma tal que su apreciación hubiera tenido
un efecto trascendental en la sentencia del 1 de julio de 2021, al punto de que la
decisión que accedió a las pretensiones de la demanda debía ser confirmada.
Sostuvo que dicha omisión obligaría al juez constitucional a realizar un estudio de
oficio de todo el material probatorio contenido en el expediente de nulidad y
restablecimiento de derecho invadiendo la órbita del juez natural.
Indicó que las inconformidades del actor se limitaron a presentar su teoría del caso
y a reiterar los argumentos de legalidad en torno al IBL aplicable a los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, los cuales ya fueron
debatidos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Aseguró que aun cuando el accionante manifestó que la providencia demandada
no debió aplicar en su caso la sentencia de unificación de la Sección Segunda del
Consejo de Estado CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020, en realidad no
sustentó de forma suficiente dicha afirmación.
Además, resaltó que el Consejo de Estado, en la mencionada sentencia de
unificación “se encargó de resolver el problema jurídico consistente en establecer
cuál era el IBL que debía regir para las personas que tuvieran derecho a que su
pensión fuera liquidada con base en las normas del Decreto 546 de 1971, en
virtud de la transición de la Ley 100 de 1993, que es, precisamente, la situación en
la que se encuentra”.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
accionante impugnó la sentencia con el fin de que se revoque la decisión de
primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda.
Afirmó que no está de acuerdo con la decisión del a quo en cuanto a declarar
improcedente la acción de tutela por no haber indicado exactamente qué prueba
dejó de ser valorada por el Tribunal Administrativo de Santander, pues al tratarse
de una discusión en torno al cálculo del IBL, las pruebas para tener en cuenta “no
pueden ser otras que las certificaciones de tiempo de servicio y factores salariales
aportados a la demanda”, en las que además se comprobaba su condición de
beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, pues contaba con más de quince (15) años de servicios ininterrumpidos
al momento de entrar en vigencia dicha norma.
En este sentido, aseguró que la simple afirmación en el escrito de tutela de que la
autoridad judicial demandada no hizo un estudio pormenorizado de las pruebas
aportadas para dar aplicación a la Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20 de
11 de junio de 2020.
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Refirió que al proferirse la decisión demandada se debió indicar de manera clara
por qué en su caso se aplicaba la mencionada sentencia de unificación, dado que
pertenecía al régimen con prima de antigüedad de la Rama Judicial y es
beneficiario del régimen de transición y por ello el IBL debió calcularse de
conformidad con el Decreto 546 de 1971.
Finalmente, indicó que los argumentos propuestos en cuanto a la determinación
del IBL se trajeron a colación en el escrito de tutela dado que fue precisamente la
falta de argumentación frente a la aplicación del Decreto 546 de 1971 y el cálculo
del IBL, lo que motivó la inconformidad con la sentencia demandada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Verificación del requisito de la relevancia constitucional y planteamiento
del problema jurídico
2.1. De manera previa, a diferencia de la conclusión a la que arribó el a quo, la
Sala evidencia que la acción de tutela cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, en tanto el escrito ofrece una carga mínima argumentativa que
permite identificar que la inconformidad del demandante con la sentencia de 1 de
julio de 2021, radica en que el Tribunal Administrativo de Santander revocó el fallo
favorable de primera instancia y negó las pretensiones tendientes al pago de la
mesada pensional reconocida en la Resolución No. GNR 3846693 de 27 de
noviembre de 2015, porque, a su juicio, no se valoraron los elementos probatorios
que daban cuenta de su estatus laboral y de su condición de beneficiario del
régimen de transición, por lo que de haberlos acogido adecuadamente no se
hubiera aplicado en su caso la Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20 de 11
de junio de 2020 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pues al ser
beneficiario del régimen de transición tenía derecho a que el cálculo del IBL se
efectuara de conformidad con el Decreto 546 de 1971.
También reprochó que la sentencia demandada no hubiese justificado de manera
suficiente las razones por las que decidió dar aplicación a la mencionada
sentencia de unificación.
Además, aseguró que de conformidad con el parágrafo transitorio No. 4 del Acto
Legislativo No. 001 de 2005, tiene derecho a que se le respete el régimen de
transición, dado que para el 25 de julio de 2005 contaba con más de 750 semanas
de cotización y radicó la solicitud de reconocimiento pensional desde el mes de
septiembre de 2014.
Así las cosas, para la Sala la acción de tutela cumple con el presupuesto de la
relevancia constitucional, en tanto cuenta con una carga mínima argumentativa e
identifica de manera clara la discusión superior que se pretende proponer ante el
juez constitucional. A lo que se agrega que no se trata de un asunto en el que se
pretenda dar continuidad al debate ordinario que, valga indicar, en primera
instancia contó con decisión favorable para el accionante.
También se encuentran cumplidos los restantes requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en tanto la
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providencia atacada se dictó en el marco del recurso de apelación, por lo que el
accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial; la solicitud de
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amparo se instauró dentro de los seis (6) meses establecidos como plazo
razonable precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional4; los hechos y
las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y la acción no es contra un
fallo de la misma naturaleza.
2.2. Por otra parte, del escrito de tutela se observa que si bien el demandante
invocó de manera expresa que la providencia demandada incurrió en defecto
fáctico al no valorar las pruebas que daban cuenta de su estatus laboral (régimen
con prima de antigüedad de la Rama Judicial –no acogido-) y de su condición de
beneficiario del régimen de transición, su inconformidad frente a la valoración
probatoria también se relaciona con la indebida aplicación de la Sentencia de
Unificación CE- SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020 de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, pues considera que la plataforma fáctica que allí se aborda es
distinta a la de su caso, razón por la cual el asunto se abordará a través del
estudio conjunto de dichos cargos.
2.3. En este orden de ideas, le corresponde a la Sala, en los términos del escrito
de impugnación, determinar si se debe acceder a las pretensiones del accionante
dado que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en indebida aplicación
del precedente judicial y en defecto fáctico. En particular, se debe establecer si
la Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020, era
aplicable al señor Gonzalo Mejía Abello, al ser beneficiario del régimen de
transición y estar sujeto a régimen especial de servidores de la Rama Judicial
contenido en el Decreto 546 de 1971.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos5 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos6, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20127, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20148, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
3
La providencia atacada se profirió el 1 de julio de 2021 y se notificó por correo electrónico el 2 de
julio de 2021. La acción de tutela se instauró el 5 de agosto de 2021, es decir, dentro de los seis (6)
meses.
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Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios
S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y
sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo.
5
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
6
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
7
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
8
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Gonzalo Mejía Abello
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico10; (ii) Defecto procedimental absoluto11; (iii)
Defecto fáctico12; (iv) Defecto material o sustantivo13; (v) Error inducido14; (vi)
Decisión sin motivación15; (vii) Desconocimiento del precedente16 y (viii) Violación
directa de la Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo17 y de la Corte
Constitucional18.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
9
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
10
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
11
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
12
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
13
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
14
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese
engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
15
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa
la legitimidad de su órbita funcional.
16
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
17
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016
00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº
2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
18
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P.
Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de
2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre
otras.
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natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado en sentencia de
14 de octubre de 2021, declaró la improcedencia de la acción de tutela, en razón a
que no cumplió con el requisito de la relevancia Constitucional, pues adolece de la
carga mínima argumentativa y, adicionalmente, se presentó como una instancia
adicional, dado que se están repitiendo los argumentos expuestos del proceso
ordinario.
En el escrito de impugnación, el accionante reprocha la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela pues considera que los argumentos
expuestos en el escrito de impugnación en cuanto al cálculo del IBL se encaminan
precisamente a demostrar la falta de valoración de las pruebas en cuanto a su
estatus laboral particular y su derecho al régimen de transición, así como, la
indebida aplicación de las reglas contenidas en la Sentencia de Unificación CE-
SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020.
4.2. Al respecto, se advierte que el Tribunal Administrativo de Santander en la
sentencia objeto de reproche constitucional, proferida el 1 de julio de 2021, luego
de enunciar los requisitos del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, las características del régimen especial contenido en el Decreto 546 de
1971 y las subreglas fijadas en la Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20 de
11 de junio de 2020, resolvió el recurso de apelación presentado por
Colpensiones, en el sentido de revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda. La decisión se sustentó en lo siguiente:
“1. El demandante nació en el 31 de diciembre de 1957 como se observa en la copia de
la cédula de ciudadanía que reposa a folio 9.
2. Mediante la Resolución No GNR 384693 de 2015 - folios 12 a 15 -, se reconoció la
pensión de vejez al demandante en donde se observa un tiempo de servicios en la Rama
Judicial desde el 15 de junio de 1978 al 2 de enero de 2013, como tiempo computable
para pensión. Se observa en dicho acto que se reconoció el régimen de transición en
virtud de la Ley 100 de 1993, y se aplicaron los parámetros de la Ley 33 de 1985,
aclarando que el IBL se encuentra regulado por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y en
cuanto a factores salariales lo previsto en el Decreto 1158 de 1994.
3. Con la Resolución No GNR 49022 de 2016 se decide el recurso de reposición
formulado por el demandante – folios 17 a 22 -, y se modificó el acto de reconocimiento
para aplicar los parámetros del Decreto 546 de 1971 con los requisitos de edad y tiempo
de servicios, así como la tasa de reemplazo (75%) previstos en el artículo 6.
Se indicó en el acto que no es posible acceder a la solicitud de reliquidación sobre lo
devengado en el último año de servicios, dado que el IBL es un aspecto no sometido al
régimen de transición, por lo que si bien se reliquida la pensión se tiene en cuenta el
promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicios.
4. Con la Resolución No GNR 160875 de 2016 - folios 24 y ss – se decide el recurso de
apelación interpuesto por el actor contra el acto de reconocimiento pensional, y se
dispone modificar la misma para aumentar el valor de la mesada pensional ante la
inclusión de un periodo de cotización que no había sido tenido en cuenta (1 de enero de
1994 al 30 de agosto de 1994). No obstante, en cuanto al IBL mantuvo la decisión de
aplicación de la Ley 100 de 1993, dado que este aspecto no hace parte del régimen de
transición.
Conclusión.
De conformidad con el material probatorio antes relacionado, encuentra la Sala
que, el accionante es beneficiario del régimen de transición de que trata el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 tal y como se indica en los actos demandados, y en
consecuencia, tiene derecho - por haber prestado sus servicios en la Rama
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Judicial -, a que su pensión sea reconocida conforme el régimen anterior
contenido en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, en cuanto a la observancia de
los requisitos de edad, tiempo de servicios y la tasa de reemplazo del régimen
especial.
Ahora, en cuanto al IBL tenido en cuenta por la entidad demandada para la liquidación
de la pensión de vejez reconocida, esto es, el previsto en el inciso 3° del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 y los factores de que trata el Decreto 1158 de 1994, el actor presenta
inconformidad al señalar que se debe tener en cuenta la asignación mensual mas alta
devengada en el último año de servicios, con inclusión de todos los factores
devengados.
Conforme al marco normativo expuesto en precedencia, la pretensión del actor no puede
ser atendida, pues conforme a la regla de unificación del Honorable Consejo de Estado
resulta imperativo tomar como IBL, en el presente asunto, el promedio de lo devengado
en los últimos 10 años de servicio, tal y como lo clarifica la Sentencia de Unificación CE-
SUJ-S2-021-20 de fecha 11 de junio de 2020, y como fue efectuado por la entidad
demandada, como quiera que, “la transición únicamente mantiene del régimen anterior,
especial de la Rama Judicial y del Ministerio Público, la edad, el tiempo de servicios y el
monto de la prestación, pero no el ingreso base de liquidación, por manera que este
corresponde al estipulado por la ley en mención, en su artículo 21 y en el inciso 3.º de su
artículo 36, según sea el caso”.
Lo anterior, impone revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar negar las
pretensiones de la demanda” (Negrillas de la Sala).
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que la autoridad judicial demandada
tuvo en cuenta que el señor Gonzalo Mejía Abello es beneficiario del régimen de
transición contemplado en la Ley 100 de 1993 y que tiene derecho a que su
pensión sea reconocida conforme al régimen contenido en el artículo 6 del Decreto
546 de 1971. Por esa razón, estimó que la pensión de vejez del actor en cuanto a
la edad, el tiempo de servicios y el monto de la prestación debía reconocerse de
conformidad con dicha norma, sin embargo, frente al IBL aplicó lo señalado en la
Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020.
De conformidad con dicho criterio, la autoridad judicial consideró que no era
posible ordenar el pago de la pensión al accionante con el salario más alto
devengado en el último año de servicios y con la inclusión de los demás factores
salariales, pues el IBL debía calcularse con el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento
de la pensión como lo establece el artículo 36, inciso 3 de la Ley 100 de 1993 e
incluyendo únicamente los factores salariales enunciados en el Decreto 1158 de
1994.
En ese orden de ideas, al no desvirtuarse la legalidad de los actos administrativos
demandados dado que liquidaron de manera correcta la mesada pensional,
resolvió revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda.
4.4. Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la autoridad judicial
accionada no incurrió en los defectos invocados al aplicar al caso del señor
Gonzalo Mejía Abello la sentencia de unificación de 11 de junio de 2020, pues el
asunto se encontraba en trámite ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa y,
además, porque lo debatido en el proceso ordinario era el pago de una mesada
pensional que había sido revocada en razón a la indebida aplicación del IBL en el
acto administrativo de reconocimiento de la mencionada prestación.
En efecto, la Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020,
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, unificó el criterio en relación con el
régimen especial de jubilación de la Rama Judicial y del Ministerio Público para los
beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y estableció unos efectos temporales, en los siguientes términos:
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"PRIMERO: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de
precisar lo siguiente:
El servidor o ex servidor de la Rama Judicial o del Ministerio Público beneficiario
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
adquiere el derecho a la pensión, siempre que:
i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el
ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el
ámbito territorial, tenga: a) 40 años de edad si hombre, 35 años de edad si es
mujer o; b) 15 años o más de servicios efectivamente cotizados.
ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y
del Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 para
consolidar el estatus pensional que son: a) el cumplimiento la edad de 50 años si
es mujer o 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios, continuos
o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo
lugar el 16 de julio de 1971; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10
años lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio
Público, o a ambas actividades.
En cuyo caso, el reconocimiento de su pensión se efectuará de la siguiente
manera:
iii) Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del
Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de 55 años si
es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos
anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de
servicio, por lo menos 10 años lo hayan sido exclusivamente a la Rama
Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de
reemplazo del 75%; e) el ingreso básico de liquidación de que tratan los artículos
21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso; es decir, si le faltare
más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha
cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la
pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, y
si le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y f)
con los factores de liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158
de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la
modificación de la Ley 332 de 1996;[1] 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del
Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de
2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados
de la Rama Judicial o del Ministerio Público.
SEGUNDO: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con el tema que se unifica
jurisprudencia, tienen aplicación retrospectiva, y que la regla jurisprudencial
fijada es vinculante en los siguientes casos: (i) respecto de los asuntos
similares que actualmente se están tramitando en el seno de la
administración; (ii) respecto de los procesos similares que se están
adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado.
En consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos asuntos en los que ya
existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos
están amparados por la cosa juzgada y en consecuencia resultan inmodificables.
(…)” (Negrilla y subraya de la Sala)
En vista de lo anterior, la mencionada sentencia de unificación era aplicable a
aquellos casos en los que se debatiera sobre la pensión de los empleados de la
Rama Judicial o el Ministerio Público que fuesen beneficiarios del régimen de
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transición de la Ley 100 de 1993 y que el asunto estuviera en debate, ya sea ante
la administración o ante los juzgados, tribunales y Consejo de Estado, como
ocurrió en el presente asunto.
En efecto, la autoridad judicial accionada evidenció, de conformidad con el
material probatorio que reposaba en el expediente, que el actor era beneficiario
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por lo que le era aplicable el
Decreto 546 de 1971, en cuanto a los requisitos de edad, tiempo de servicios y
tasa de remplazo del régimen especial, pero no en cuanto al IBL, de conformidad
con la sentencia de unificación de 11 de junio de 2020.
Es decir, que al señor Mejía Abello le era aplicable la regla que establecía que el
IBL de las personas que le faltaran más de 10 años, “será el promedio de aquellos
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años
anteriores al reconocimiento de la pensión actualizada anualmente con base en la
IPC certificado por el DANE”, a la que acudió el Tribunal Administrativo de
Santander en la sentencia objetada.
En este sentido, la Sala advierte que la autoridad judicial demandada no vulneró
los derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela, dado que la
aplicación de la decisión de unificación en el presente asunto no fue arbitraria, sino
que obedeció a la obligación de observar los precedentes del Tribunal de cierre de
la jurisdicción contencioso administrativa. Máxime si se tiene en cuenta que el
objeto de debate se encontraba ligado a la ratio decidendi de la misma.
Además, tampoco incurrió en defecto fáctico en su dimensión negativa19 ya que
aun cuando no mencionó en la resolución del caso concreto cada una de las
certificaciones de tiempo de servicios y los desprendibles de pago en donde
figuran los factores salariales devengados por el actor, lo cierto es que realizó un
análisis global de las pruebas aportadas en el expediente de las cuales pudo
constatar que el actor era beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de
1993 y, por tanto le era aplicable lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971.
Para arribar a dicha conclusión tuvo en cuenta la fecha de nacimiento del
accionante (31 de diciembre de 1957) y el tiempo de servicios en la Rama Judicial
(15 de junio de 1978 a 2 de enero de 2013), por lo que es claro que valoró su
condición de beneficiario del régimen de transición.
Cabe resaltar que contrario a lo manifestado por el actor, el hecho de que fuese
beneficiario del régimen de transición no implica que el precedente de la sentencia
19
La Corte Constitucional ha considerado que el defecto fáctico se configura cuando “(…) se
hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las
pruebas legalmente practicadas se haya desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en
cualquiera de estos casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal
trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es
posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el
amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta
jurisdicción” (sentencia T-781 de 2014, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). Así mismo, ha
identificado dos dimensiones en las que puede presentarse defecto fáctico: 1) una dimensión
negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y
caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez; 2) una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada
que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al
hacerlo el fallador desconoce la Constitución (sentencia T-781 de 2011. M.P.: Humberto Antonio
Sierra Porto), o cuando se dan por establecidas circunstancias sin que exista material probatorio
que respalde su decisión (sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger).
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de unificación de 11 de junio de 2020, dejara de ser aplicable a su caso. Por el
contario, dicha condición así como la aplicación del Decreto 546 de 1971, son los
contornos fácticos y jurídicos en los que se enmarca dicha providencia, en la cual,
el debate central giró en torno a establecer si los beneficiarios de dicho régimen
anterior tenían derecho a que la determinación del IBL se realizara de conformidad
con las normas previas, encontrando precisamente que el régimen anterior
únicamente es aplicable para efectos de determinar la edad, el tiempo de servicios
y la tasa de reemplazo, mas no el IBL.
Así lo reiteró recientemente la Corte Constitucional en la sentencia T-334 de
202120, en la que se destaca que “el régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 debe aplicarse al régimen prestacional de la Rama
Judicial (Decreto 546 de 1971), pero solo en lo relacionado con los requisitos de
edad, tiempo y tasa de reemplazo, (…) con exclusión del IBL, ya que respecto de
este se deben utilizar los parámetros del sistema general”.
En consecuencia, se revocará la decisión impugnada que declaró improcedente la
acción de tutela y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la solicitud, al
considerar que no se demostró la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por el accionante.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- REVÓCASE la sentencia de 15 de octubre de 2021, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”. En su lugar,
Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el
señor Gonzalo Mejía Abello contra el Tribunal Administrativo de Santander, por las
razones expuestas.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
20
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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