Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-05141-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-05141-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-05141-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
2 de diciembre de 2021
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Radicado: 11001 03 15 000 2021 05141 01
Demandante: LUIS EDUARDO GARCÍA OSORNO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2021 05141 01
Demandante: LUIS EDUARDO GARCÍA OSORNO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Temas: Impugnación de la sentencia de tutela por parte del
tercero interesado y vinculado al trámite constitucional.
Es procedente amparar al tercero interviniente los mismos
derechos fundamentales que el juez de tutela de primera
instancia protegió en cabeza de la parte actora, por cuanto
se encuentra en circunstancias semejantes de indefensión
y vulnerabilidad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por Flor María García
Osorno, vinculada como tercera interesada en las resultas del proceso1, en
contra de la sentencia de 24 de septiembre de 2021, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Luis Eduardo García Osorno, obrando por intermedio de apoderada judicial,
presentó acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable contra el Tribunal Administrativo
de Santander y el Ministerio de Defensa Nacional, por estimar que tales
1
Con auto del 11 de agosto de 2021 el juez de tutela de primera instancia vinculó a Flor María, por
tener la calidad de demandante en el proceso de reparación directa radicado 68001-23-31-000-2002-
02845-00, y del cual resultó beneficiaria de la condena impuesta en la sentencia de segunda instancia
proferida el 13 de diciembre de 2017 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
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Demandante: LUIS EDUARDO GARCÍA OSORNO
autoridades vulneraron sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la
dignidad humana, al mínimo vital y a la reparación e indemnización, en su
calidad de víctima del conflicto armado interno.
En el escrito de tutela la parte actora señaló que la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de segunda
instancia del 13 de diciembre de 2017, declaró “… la responsabilidad
extracontractual de naturaleza patrimonial del Ejército Nacional por la
omisión de sus deberes legales y constitucionales frente a la desaparición
de Cristóbal García Martínez ocurrida en el mes de diciembre del año 2000
en la Ciénaga del Opón-Barrancabermeja”, condenándolo a pagar a su favor,
en su condición de hijo, una indemnización pecuniaria equivalente a: (i)
$72.469.998 por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro
cesante; (ii) 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto
de perjuicios morales; y (iii) 100 salarios mínimos legales mensuales
vigentes por concepto de daño a bienes constitucionalmente protegidos.
Manifestó que, ejecutoriada la referida providencia, la Dirección de Asuntos
Legales del Ministerio de Defensa Nacional procedió a expedir la resolución
núm. 0012 del 2 de enero de 2019, “[p]or la cual se adoptan las medidas
necesarias para dar cumplimiento a las sentencias y conciliaciones con
cuenta de cobro radicadas ante la entidad desde el 01 de noviembre hasta
el 31 de diciembre de 2018”, entre las cuales relacionó aquella que incluía
al señor García Osorno como demandante, asignándole a su cuenta de cobro
el turno “5000-2018” para efectos del pago.
Indicó que, no obstante lo anterior, el plazo máximo de 18 meses previsto
en el artículo 177 del Decreto 01 de 1984 para el cumplimiento de la
condena impuesta transcurrió sin haberse desembolsado suma dineraria
alguna por parte de la entidad obligada. En tal virtud, a través de memorial
del 10 de diciembre de 2019, la apoderada judicial del interesado solicitó
ante el Tribunal Administrativo de Santander librar mandamiento ejecutivo,
según las reglas dispuestas en el artículo 298 de la Ley 1437 de 2011.
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Añadió que, a la fecha de presentación de la acción de tutela, la mencionada
petición continuaba en trámite.
En ese orden, argumentó que, tanto “la mora en que incurre el Tribunal
Administrativo de Santander para tramitar el asunto” como “el
incumplimiento de lo ordenado en segunda instancia por el Consejo de
Estado en el caso de la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de
Defensa Nacional”, quebranta gravemente sus derechos a la vida, a la salud,
a la dignidad humana, al mínimo vital y a la reparación e indemnización,
dada su calidad de víctima del conflicto armado interno que lo convierte, a
su vez, “en un sujeto de especial protección constitucional”, pues a sus 29
años de edad “sufre de paraplejía y otras delicadas afecciones de salud” que
requieren servicios médicos que no puede costear “debido a la situación de
pobreza extrema que vive junto con su núcleo familiar -esposa e hijos-”, la
cual les impide procurarse, siquiera, una mínima subsistencia.
Explicó que, en atención a su acentuado grado de vulnerabilidad, “sin contar
con ninguna fuente de ingresos para garantizar sus necesidades básicas de
sustento y manutención”, era razonable que se priorizara su turno para el
pago efectivo de la indemnización dispuesta en la sentencia incumplida.
Así mismo, puso de presente que, aun cuando puede acudir al proceso
ejecutivo para reclamar el pago de la indemnización reconocida vía
contencioso administrativa, la jurisprudencia constitucional ha dicho que,
cuando se trata del incumplimiento de una obligación de dar, reconocida en
una sentencia judicial ejecutoriada, “la acción de tutela resulta procedente
para lograr su protección ante la inefectividad de la senda ejecutiva para
obtenerlo”, siempre que se advierta la vulneración de derechos y garantías
constitucionales básicas como el mínimo vital, la salud, la seguridad social,
el debido proceso o la dignidad humana.
Por último, solicitó que al fallo por el cual se decida esta acción se le
otorgaran “[…] efecto inter comunis, con la finalidad de proteger los derechos
constitucionales de todas las personas, sujetos de especial protección
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constitucional, que han sido víctimas del conflicto armado por hechos que
constituyen vulneración a los derechos humanos y que han sido objeto de
reparación mediante orden de sentencia judicial, para que se priorice el pago
y así se haga efectivo el derecho A LA INDEMNIZACIÓN Y MÍNIMO VITAL […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. La convocada Flor María García Osorno intervino sin hacer ninguna
solicitud particular relacionada con la posible extensión de los efectos del
fallo de tutela en su beneficio, para informar que su madre, María Margarita
Osorno Ochoa, quien también fue parte demandante en el proceso ordinario
de reparación directa mencionado, y, por ello, beneficiaria de la sentencia de
segunda instancia dictada por la Subsección B de la Sección Tercera de la
Corporación, “falleció el 20 de abril de 2020 sin recibir el pago
correspondiente a la indemnización a la que tenía derecho”.
Con su escrito adjuntó una captura de pantalla de la conversación de
Whatsapp que sostuvo el 20 de agosto de 2021 con la Corporación Colectivo
de Abogados Luis Carlos Pérez, a la cual pertenece la apoderada judicial que
representa a Luis Eduardo García Osorno en el presente trámite constitucional,
y señaló que “[…] no cuento con correo electrónico por lo que les ruego que
todas las notificaciones lleguen al correo del Colectivo de Abogados Luis Carlos
Pérez, al que autorizo para recibir las mismas […]”.
También allegó el documento titulado “INSTRUMENTO DE DOCUMENTACIÓN
PSICOSOCIAL DE CASOS DE VIOLACIONES A LOS DDHH Y EL DIH”, elaborado
por Silvia Jhynet Anaya Gutiérrez, como Profesional de Trabajo Social de la
mencionada Corporación - Colectivo de Abogados. Ese documento contiene,
entre otras cosas, una “Encuesta de necesidades básicas insatisfechas” y una
“Valoración psicosocial” que le efectuaron el 20 de agosto de 2021 de forma
telefónica.
2.2. El Tribunal Administrativo de Santander y el Ministerio de Defensa
Nacional - Dirección de Asuntos Legales, guardaron silencio.
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III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia de 24 de septiembre de 2021, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado concedió el amparo de los derechos
fundamentales invocados por el actor Luis Eduardo García Osorno y ordenó
al Ministerio de Defensa - Dirección de Asuntos Legales que, en el término
de ocho (8) días, diera efectivo e inmediato cumplimiento a lo ordenado en
la sentencia de segunda instancia dictada dentro del proceso de reparación
directa radicado 68001-23-31-000-2002-02845-01, efectuando el pago, sin
sujeción al orden cronológico de turnos asignado en la resolución núm. 0012
del 2 de enero de 2019 y junto con los intereses moratorios respectivos, de
las sumas de dinero allí impuestas en favor del actor.
Además, ordenó al Tribunal Administrativo de Santander que adelantara la
solicitud que la parte actora presentó en contra del Ministerio de Defensa -
Dirección de Asuntos Legales, a fin de que proceda al cumplimiento inmediato
de la obligación dineraria respectiva.
Para sustentar su decisión, respecto del fondo del asunto, el a quo consideró:
i) por regla general, la acción de tutela es improcedente para resolver sobre
las solicitudes de cumplimiento de providencias judiciales ejecutoriadas, toda
vez que, por su naturaleza excepcional y subsidiaria, no puede reemplazar los
procesos de ejecución dispuestos preferentemente para ello en el
ordenamiento jurídico;
ii) no obstante, de forma excepcional, la jurisprudencia constitucional admitió
el ejercicio del recurso de amparo cuando se comprueba que los medios
ordinarios de defensa judicial no son aptos, idóneos y eficaces para prodigar
una protección inmediata a los derechos presuntamente transgredidos o
amenazados como consecuencia del incumplimiento de las órdenes emitidas
dentro de un fallo judicial; y
iii) en el caso concreto, la controversia se relacionaba con la presunta
vulneración de los derechos fundamentales de “[…] un joven adulto de 29
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años con paraplejía en situación socioeconómica vulnerable que fue
reconocido como víctima del conflicto armado interno y que cifra sus
expectativas de mejoramiento de su calidad de vida en el cumplimiento de la
sentencia […] [motivo por el cual] la acción de tutela deviene procedente como
mecanismo idóneo, eficaz y definitivo de protección […] Todo lo anterior, en
aplicación de la presunción de veracidad consagrada en el artículo 20 del
Decreto 2591 de 1991 […] [y ante] la existencia del título ejecutivo obrante
en el referido proceso ordinario desde hace casi 3 años […]”.
Por último, en relación con la solicitud de efectos inter comunis, la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado afirmó que no resultaba
posible su estudio, comoquiera que la aplicación de dicha figura de extensión
de los efectos de una sentencia en materia de acciones de tutela era una
“competencia autorizada únicamente a la Corte Constitucional”.
IV. IMPUGNACIÓN
Inconforme con el fallo de primera instancia, y obrando por intermedio de
apoderada judicial, la tercera vinculada Flor María García Osorno, interesada
en las resultas de esta acción, presentó impugnación solicitando que se
modificaran parcialmente las órdenes proferidas en la parte resolutiva, con el
fin de que se incluyera su nombre en éstas, como quiera que, al igual que su
hermano Luis Eduardo García Osorno (accionante), demostró la condición de
sujeto de especial protección constitucional reforzada, como víctima del
conflicto armado interno, y de beneficiaria de la sentencia de segunda
instancia dictada dentro del proceso de reparación directa que cursó bajo el
radicado número 68001-23-31-000-2002-02845-01.
Afirmó que su vinculación e intervención en la acción de tutela de la referencia
evidenció que también se le estaban vulnerando los derechos fundamentales
que reclamó Luis Eduardo García Osorno, razón por la cual, el juez de tutela
debió otorgarle idéntico amparo y, en consecuencia, incluir su nombre en las
órdenes consignadas en la parte resolutiva del fallo. Además, sostuvo que, al
tratarse del cumplimiento de una sentencia judicial, no era válido ordenar su
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cumplimiento parcial, fraccionando las órdenes del fallo proferido en el
proceso ordinario.
Por último, la impugnante suscribió como suya la solicitud planteada en el
escrito de tutela presentado por su hermano Luis Eduardo García Osorno en
el sentido de que se otorgara efecto inter comunis a la decisión de esta tutela,
con la finalidad de proteger los derechos constitucionales de todas las
personas sujetos de especial protección constitucional, que también han sido
víctimas del conflicto armado.
Con el escrito de impugnación Flor María García Osorno allegó: (i) el poder
que otorgó a la apoderada judicial que representa a Luis Eduardo García
Osorno; y (ii) un registro fotográfico de su vivienda.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1.º del
Decreto 333 de 6 de abril de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo
80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales,
esta Sala es competente para conocer del presente asunto.
5.2. HECHOS
5.2.1. Luis Eduardo García Osorno, Flor María García Osorno y María Margarita
Osorno Ochoa, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación
directa en contra del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, pretendiendo
que se le declarara responsable por la omisión de sus deberes legales y
constitucionales frente a la desaparición de Cristóbal García Martínez, ocurrida
en el mes de diciembre del año 2000 en la Ciénaga del Opón -
Barrancabermeja. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante sentencia de segunda instancia del 13 de diciembre de
2017 (ejecutoriada el 1 de octubre de 2018), accedió a las pretensiones de
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PRIMERO: El 13 de diciembre de 2017 la Sección Tercera Subsección B del
Consejo de Estado, dentro del proceso radicado bajo el número
68001233100020020284500, revocó la Sentencia proferida el 11 de abril de 2013
por el Tribunal Administrativo de 8Santander, declarando en su lugar, la
responsabilidad extracontractual de naturaleza patrimonial de la Nación
Colombiana- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional por la omisión de sus deberes
Radicado: 11001
legales y constitucionales frente a la desaparición 03 15
forzada del000 2021
señor 05141 01
CRISTÓBAL
Demandante: LUIS EDUARDO GARCÍA
GARCÍA MARTÍNEZ ocurrida en el mes de diciembre del año 2000, en la OSORNO
Ciénaga
del Opón – Barrancabermeja, hecho que constituye una vulneración a los Derechos
Humanos y que obliga al Estado Colombiano a indemnizar los perjuicios causados.
la demanda y condenó a la entidad demandada al pago de las siguientes
SEGUNDO:
sumas La Alta Corporación condenó a la entidad accionada al pago de las
de dinero:
siguientes sumas de dinero:
LUCRO CESANTE:
NOMBRE TOTAL
María Margarita Osorno Ochoa $146.435.406,69
Flor María García Osorno $41.727.153,97
Luis Eduardo García Osorno $72.469.998,41
Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez- CCALCP
PERJUICIOS MORALES:
NOMBRE MONTO
María Margarita Osorno Ochoa 100 SMLMV 1
“20 años en
Flor María García Osorno la defensa deSMLMV
100 los Derechos Humanos”
Luis Eduardo García Osorno 100 SMLMV
DAÑO A BIENES CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS
NOMBRE MONTO
María Margarita Osorno Ochoa 100 SMLMV
Flor María García Osorno 100 SMLMV
Luis Eduardo García Osorno 100 SMLMV
TERCERO: El 1 de octubre de 2018 la sentencia cobró ejecutoria.
5.2.2. Mediante resolución 0012 del 2 de enero de 2019, “[p]or la cual se
CUARTO: El 20 de diciembre de 2018, de conformidad con lo indicado por el
adoptan las Administrativo
Tribunal medidas necesarias para dar
de Santander, cumplimiento
se envió al Grupo a delas sentencias yde
Reconocimiento
Obligaciones
conciliaciones conLitigiosas
cuenta dey Jurisdicción Coactiva
cobro radicadas del la
ante Ejército
entidadNacional,
desde elcopia de la
01 de
sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander
noviembre
con fechahasta
11 deelabril
31 de
de2013 y
diciembre de de
2018”,
la sentencia la Dirección
segunda instancia de Asuntos
proferida por el
Consejo
Legales del de Estado elde13Defensa
Ministerio de diciembre de 2017,
Nacional dentro
asignó del cuenta
a la proceso de
de cobro
radicado
68001-23-31-000-2002-02845-00, mediante la cual se condenó a la NACIÓN –
radicada por LuisDE
MINISTERIO Eduardo García
DEFENSA- Osorno, Flor
EJÉRCITO María al
NACIONAL, García Osorno
pago de las ysumas
María de
dinero dichas en antelación.
Margarita Osorno Ochoa el turno “5000-2018” para efectos del pago.
QUINTO: El 2 de enero de 2019, la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de
5.2.3. En razón
Defensa, del vencimiento
expidió la Resolucióndel plazo
0012 máximo
de 2019, de 18 la
mediante meses previsto
cual se enlas
adoptan
medidas necesarias para dar cumplimiento a las conciliaciones y sentencias en
el artículo 177 del
contra del Decreto
Ministerio de 01 de 1984
Defensa para
Nacional conel cuenta
cumplimiento
de cobrode la condena
radicadas ante la
entidad sin
impuesta, desde el 1eldeMinisterio
que noviembre hasta el 31 de –
de Defensa diciembre
EjércitodeNacional
2018. hubiese
desembolsado
SEXTO: El las sumas
14 de marzodededinero referidas,
2019, se presentóasolicitud
través dede cobro
memorial delentidad
ante la 10
condenada, en la oficina del Grupo de Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas y
de diciembre de 2019, Luis Eduardo García Osorno, Flor María García Osorno
Cobro Coactivo del Ministerio Defensa- Ejército Nacional, en favor de los
y María Margarita
beneficiarios Osorno
de la Ochoa solicitaron ante el Tribunal Administrativo
sentencia.
SÉPTIMO: El 1 de agosto de 2019 venció el plazo de 10 meses que establece el
inciso segundo del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo para que la entidad efectuara el pago, es decir, que a
partir de 1
Callesa fecha7-65
12 No. se –
hizo exigible
Tel: (57-1) la obligación
350-6700 – .
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OCTAVO: En razón a que la entidad accionada no efectuó el pago ordenado por el
Consejo de Estado en la sentencia y dentro del término que otorga la Ley, el 10 de
diciembre de 2019 se presentó ante el Tribunal Administrativo de Santander,
solicitud de cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, este medio disponible legal
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de Santander librar mandamiento ejecutivo, según las reglas dispuestas en
el artículo 298 de la Ley 1437 de 2011.
5.3. ANÁLISIS DE LA SALA
5.3.1. Impugnación de la sentencia de tutela por parte del tercero
interesado y vinculado al trámite constitucional
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991, el fallo de tutela puede ser impugnado por las partes, por el Defensor
del Pueblo y, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 2,
también por el tercero interesado y vinculado al trámite de la acción.
Ahora bien, aunque el solo reconocimiento de la calidad de tercero implicaría
que a tal persona le asiste interés para impugnar la sentencia de primera
instancia, esa condición no lo releva de presentar la razón por la cual la
decisión resulta adversa a sus intereses, agravio que, además, debe estar
contenido en la parte resolutiva de la decisión.
En el presente caso, la inconformidad de Flor María García Osorno, vinculada
como tercera interesada en el resultado del proceso, se concreta en que no
fue incluida en las órdenes proferidas en la parte resolutiva de la sentencia
de tutela que amparó los derechos fundamentales invocados por Luis Eduardo
García Osorno, pese a encontrarse, a su juicio, en las mismas circunstancias
que expuso la parte actora en el escrito de tutela.
Así las cosas, la Sala considera que a Flor María García Osorno le asiste
interés para impugnar la sentencia del 24 de septiembre de 2021, proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el
trámite de la referencia.
2
Sentencia T-608 de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz). El tercero es aquél cuyos derechos
pueden resultar afectados por la sentencia que profiera el juez de tutela y, por tal razón, a
quien se le debe garantizar el derecho de defensa; “[…] si a esa persona se le niega
legitimidad para impugnar la decisión de primera instancia que le resulte adversa […] lo
que se hace es entregar la disposición sobre el derecho del tercero […]” a las partes.
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Sin embargo, en orden a determinar la prosperidad o no de su solicitud
impugnatoria, la Sala debe estudiar si la recurrente se encuentra en
condiciones comparables o equivalentes a las de su hermano Luis Eduardo
García Osorno, de modo que pueda tener derecho a la misma protección
que a él le fue otorgada en primera instancia.
5.3.2. Caso concreto
La tercera convocada, Flor María García, al impugnar el fallo de tutela que
acogió las pretensiones de su hermano Luis Eduardo García Osorno, solicitó
ser incluida como beneficiaria de la misma decisión favorable, al considerar
que se encuentra en situación de vulnerabilidad semejante a la del referido
actor, lo que la haría acreedora a la misma protección a él dispensada.
A este respecto, la Sala debe resaltar que la protección otorgada por el juez
de tutela de primera instancia al actor Luis Eduardo García Osorno resultó
del esfuerzo argumentativo y probatorio desplegado por éste y por su
representante judicial, lo que, unido a la falta de respuesta de las entidades
accionadas, dio lugar a la aplicación de la presunción de veracidad contenida
en el artículo 20 del Decreto Ley 2591 de 1991. En esta perspectiva, el a
quo consideró, acertadamente, que resultaba pertinente acceder a lo
solicitado por éste y ordenar el pago inmediato de la indemnización debida,
al margen de los turnos establecidos en las normas que regulan la materia.
En el caso de la impugnante Flor María García Osorno, el conocimiento del
juez de tutela sobre sus actuales condiciones de vida, sus obligaciones y los
medios de subsistencia con que cuenta, se reduce a la escasa información
por ella provista al momento de intervenir por primera vez ante el juez de
tutela a quo, y luego al presentar la impugnación que ahora se decide.
Así las cosas, la información disponible sobre su actual situación, de la que
dependería la posible prosperidad de su solicitud, es parcial, y en cierta
medida insuficiente, especialmente si se la compara con lo que se conoce
sobre las circunstancias en que vive su hermano, el actor Luis Eduardo
García Osorno, que dieron lugar a la concesión del amparo por él solicitado.
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Empero, debe la Sala destacar que esta información tampoco ha sido
refutada ni desvirtuada por las entidades accionadas, que pese a haber sido
notificadas y haber tenido la oportunidad de dar explicaciones y ejercer su
derecho a la defensa, se abstuvieron de participar durante el trámite de esta
acción de tutela, lo que así mismo, permite al juez asumir su veracidad y
proceder en consecuencia. De otra parte, es claro que, aún si la situción de
salud de Flor María García no tuviere las mismas graves características que
reviste la del actor Luis Eduardo García, sus condiciones de vida son clara y
suficientemente adversas como para dar fundamento a su repetida solicitud.
En efecto, de la información por ella suministrada y disponible a tráves del
aplicativo SAMAI, consta que la aquí tercera interviniente fue inscrita desde
noviembre de 2000 en el Sistema Nacional de Registro de la Población
Desplazada por la Violencia, además de lo cual, fue reconocida como víctima
del conflicto armado interno dentro del proceso ordinario precedente cuya
sentencia se pide ejecutar. Así mismo, desde su intervención durante la
primera instancia de esta acción de tutela, la ahora impugnante aportó el
documento titulado “Instrumento de documentación psicosocial de casos de
violaciones a los DDHH y el DIH”, que contiene, entre otras, una encuesta
de necesidades básicas insatisfechas y una valoración psicosocial que le
practicó el 20 de agosto de 2021, de forma telefónica, la Corporación
Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, al paso que con la impugnación
allegó un registro fotográfico de su vivienda, el cual permite apreciar las
deficientes y difíciles condiciones de subsistencia en que se encuentra.
Así las cosas, el despacho evidencia que, si bien la señora Flor María García
Osorno fue inicialmente vinculada como tercera con interés directo en las
resultas de este proceso, aun cuando su situación y condiciones de vida no
aparecen equivalentes a las del accionante Luis Eduardo García Osorno, lo
cierto es que son en todo caso suficientemente precarias como para hacerle
merecedora del amparo que solicita, como directa afectada por la situación
planteada en esta acción de tutela, pues ciertamente esas circunstancias
revelan una lesión actual a sus derechos fundamentales a la vida digna, al
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mínimo vital, al debido proceso y al acceso a la justicia, para cuya protección
se hace necesario ordenar a las entidades accionadas el pago inmediato de
la indemnización debida, como resultado de la sentencia favorable, que
junto con su hermano y madre obtuvieran al término del proceso ordinario
de reparación directa que antecedió a esta acción de tutela.
Por lo anterior, la Sala otorgará en favor de Flor María García Osorno la
misma protección alcanzada por el actor Luis Eduardo García Osorno en la
decisión de primera instancia, para lo cual ordenará al Ministerio de Defensa
Nacional dar efectivo e inmediato cumplimiento a lo decidido en la sentencia
de segunda instancia dictada dentro del proceso de reparación directa 2002-
02845-01, efectuando en su favor el pago, sin sujeción al orden cronológico
de turnos asignado en la resolución núm. 0012 del 2 de enero de 2019 junto
con los intereses moratorios causados por las sumas de dinero allí
impuestas.
Por último, tanto como lo hiciera el a quo, la Sala considera que no le
compete como juez de tutela de segunda instancia extender efectos inter
comunis al amparo concedido en la providencia objeto de impugnación,
comoquiera que dicha facultad solo se encuentra en manos de la Corte
Constitucional en virtud de la misión encomendada por el artículo 241 de la
Carta Política, consistente en salvaguardar la integridad y supremacía del
ordenamiento constitucional. Además, la amplificación de los efectos debe
recaer sobre las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en sede de
revisión de tutela y no respecto del amparo que pueden otorgar los jueces
de tutela de instancia.
5.3.3. Conclusión
En ese orden de ideas, la Sala procederá a amparar los derechos
fundamentales invocados por la señora Flor María García Osorno y a
confirmar en lo demás la decisión impugnada, en atención a las razones y
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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13
Radicado: 11001 03 15 000 2021 05141 01
Demandante: LUIS EDUARDO GARCÍA OSORNO
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la
dignidad humana, al mínimo vital, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de Flor María García Osorno.
SEGUNDO. En desarrollo de lo anterior, ORDENAR al Ministerio de Defensa
-Dirección de Asuntos Legales- para que, en el término de ocho (8) días
contados a partir de la notificación de la presente providencia, de efectivo e
inmediato cumplimiento a lo ordenado en favor de la señora Flor María García
Osorno en la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia dictada
por el Consejo de Estado -Sección Tercera, Subsección B- dentro del proceso
de reparación directa radicado bajo el número 68001-23-31-000-2002-
02845-01, de manera que pague, sin sujeción al orden cronológico de turnos
asignado en la resolución 0012 del 2 de enero de 2019 y junto con los
intereses moratorios a que haya lugar, las sumas de dinero allí impuestas.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 24 de septiembre de
2021, proferida al decidir esta acción de tutela por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para
su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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14
Radicado: 11001 03 15 000 2021 05141 01
Demandante: LUIS EDUARDO GARCÍA OSORNO
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejera de Estado Consejero de Estado
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