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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05143-00

Fecha
20 de abril de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05143-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra la sentencia proferida el 11 de febrero de 2021, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 17001 23 33 000 2015 00136 01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social por un (1) salario mínimo legal mensual vigente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 55 Cfr. Índice 32 SAMAI. En la cual se indica que “[…] La señora GUEVARA TOVAR queda a PAZ Y SALVO con el suscrito abogado por concepto de honorarios profesionales, los cuales fueron debidamente cancelados […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32 Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 05143 00 TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión y DEVOLVER el cuaderno contentivo de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-05143-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

20 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de abril dos mil veintidós (2022)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 05143 00
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-1
Demandado: Elsa Nubia Guevara Tovar

Asunto: Resuelve un recurso extraordinario de revisión interpuesto contra una
sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala Especial de Decisión número 15 de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado procede a resolver la demanda que contiene el recurso
extraordinario de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en
adelante UGPP2, contra la sentencia proferida, en segunda instancia, por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 11 de febrero de
2021, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 17001 23 33 000 2015 00136 01, por estimar que se
encuentra incursa en la causal establecida en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 29 de enero de 20033.

1
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Decreto 2196 de 12 de junio de 2009 “[…] Por el
cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su liquidación, se designa un
liquidador y se dictan otras disposiciones […]”, modificado por el artículo 2 del Decreto 2040 de 10 de junio
de 2011 “[…] Por el cual se prorroga el plazo de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal
EICE en Liquidación y se modifica el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009 […]”, los procesos judiciales que
estén en trámite al cierre de la liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social fueron asumidos por la
Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, lo cual ocurrió a
través de la Resolución 4911 de 21 de junio de 2013 “[…] por la cual se declaró terminado el proceso de
liquidación de Cajanal […] “.
2
La demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión fue presentada por intermedio de apoderado
el 5 de agosto de 2021.
3
“[…] Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100
de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales […]”.

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2

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La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social presentó demanda4 contra la señora Elsa
Nubia Guevara Tovar, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho5, con las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN 11658 DEL 7 DE JUNIO
DE 2004 QUE DA CUMPLIMIENTO AL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRTUITO DE LA DORADA CALDAS Y LAS
RESOLUCIONES 4284 DE 11 DE FEBRERO DE 2008, UGM 018892 DE 30 DE
NOVIEMBRE DE 2011 Y RDP 054442 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR
MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO AL FALLO DE TUTELA PROFERIDO
POR EL JUZGADO SÉPTIMO PENAL DEL CIRCUITO DE MANIZALES en la fecha
del 19 de julio de 2005 (sic).

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, se ordene a la señora ELSA NUBIA GUEVARA
TOVAR reintegrar la totalidad de las sumas pagadas en virtud del acto que reliquidó
la pensión de vejez incluyendo el 100% de la bonificación de servicios, sumas que
deberán ser indexadas al momento del pago.

TERCERA: Que se declare que a la señora ELSA NUBIA GUEVARA TOVAR NO le
asiste el derecho a que se incluya el 100% de la bonificación por servicios para la
liquidación de la pensión de jubilación y por lo tanto no hay lugar al pago de valor
alguno por esta prestación […]”.

Presupuestos fácticos

2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

4
La demanda se presentó por medio de apoderado.
5
Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “[…] Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

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3

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2.1. Señaló que la señora Elsa Nubia Guevara Tovar nació el 30 de marzo de
1947, prestó sus servicios al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Rama
Judicial y que el último cargo desempeñado fue fiscal seccional.

2.2. Adujo que la Caja Nacional de Previsión Social (hoy UGPP), a través de la
Resolución núm. 10017 de 9 de agosto de 1999, reconoció una pensión de vejez
a favor de la señora Elsa Nubia Guevara Tovar, liquidada con base en el 75% del
promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta (4 años y 5 meses),
efectiva a partir del 1.° de septiembre de 1998, pero condicionada a demostrar
retiro definitivo del servicio. Lo anterior, por encontrase en el régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 19936.

2.3. Refirió que la Caja Nacional de Previsión Social (hoy UGPP), por medio de la
Resolución 4942 de 27 de febrero de 2004, reliquidó la pensión de vejez de la
señora Elsa Nubia Guevara Tovar, por retiro del servicio, efectiva a partir del 30
de marzo de 2002 liquidando la prestación con el 75% del promedio de lo
devengado en el tiempo que le hiciere falta, esto es, entre el 1 de abril de 1994 y
el 2 de diciembre de 2002.

2.4. Indicó que la señora Elsa Nubia Guevara Tovar interpuso una acción de tutela
para que se reliquidara su pensión de vejez con base en la aplicación integral del
Régimen Especial de la Rama Judicial contenido en el Decreto 546 de 27 de marzo
de 19717, la cual le correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de La
Dorada, Caldas, que mediante sentencia de 19 de diciembre de 2003 ordenó a la
Caja Nacional de Previsión Social (hoy UGPP) reliquidar la pensión de vejez,
conforme lo indica el artículo 6° del Decreto 546 de 1971, teniendo en cuenta el
porcentaje de la asignación más elevada devengada durante el último año de
servicio, así como los factores de salario con todas las sumas que habitual y
periódicamente hubiere recibido como retribución de servicios, conforme al
artículo 12 del Decreto 717 de 20 de abril de 19788, es decir, teniendo en cuenta
las doceavas partes.

6
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
7
Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la
Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares.
8
Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de cargos para los funcionarios y
empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, se fija la escala de remuneración
correspondiente a dichos cargos, y se dictan otras disposiciones

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2.5. Señaló que la Caja Nacional de Previsión Social (hoy UGPP) por medio de la
Resolución núm. 11658 de 7 de junio de 2004, dio cumplimiento a la sentencia de
tutela señalada supra; no obstante lo anterior, reliquidó la pensión de la señora
Elsa Nubia Guevara con una tasa de reemplazo del 85% del ingreso base de
liquidación.

2.6. Sostuvo que, como consecuencia de una segunda sentencia de tutela
interpuesta por la señora Elsa Nubia Guevara Tovar, el Juzgado Séptimo Penal
del Circuito de Manizales, mediante la sentencia de 20 de septiembre de 2007, le
ordenó incluir en el ingreso base de liquidación pensional el 100% de la
bonificación por servicios.

2.7. Manifestó que en cumplimiento de la anterior decisión judicial, expidió las
resoluciones: i) 4284 de 11 de febrero de 2008, por la cual reliquidó la pensión de
vejez con la inclusión del 100% de la bonificación por servicios prestados; ii) UGM
018892 de 30 de noviembre de 2011,por la cual modificó y adicionó el anterior
acto administrativo en el sentido de asegurar la indexación de la prestación y la
inclusión y orden de descuento por concepto de los aportes pensionales no
efectuados y iii) RDP 054442 del 29 de noviembre de 2013,por la cual reliquidó la
pensión de vejez de la señora Guevara Tovar, efectiva a partir del 3 de diciembre
de 2001, sin aplicar prescripción trienal, ordenando el pago de diferencias en
forma indexada.

Normas violadas y concepto de violación

3. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social invocó como normas violadas, las siguientes:

● Artículos 1, 2, 4, 6, 121, 122, 123 y 209 de la Constitución Política.
● Ley 100 de 23 de diciembre de 19939, artículo 36.
● Decreto 546 de 27 de marzo de 197110 artículo 6.
● Decreto 717 de 20 de abril de 197811, artículo 12.
● Decreto 1160 de 28 de marzo de 194712, artículo 6.

9
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
10
Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la
Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares.
11
Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de cargos para los funcionarios y
empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, se fija la escala de remuneración
correspondiente a dichos cargos, y se dictan otras disposiciones.
12
Sobre auxilio de cesantías.

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● Decreto 1042 de 7 de junio de 197813, artículo 45.
● Decreto 10 de 3 de enero de 198914, artículo 12.
● Decreto 1158 de 3 de junio de 199415, artículo 1.°.
● Decreto 247 de 4 de febrero de 199716, artículo 1.°.

4. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social explicó el concepto de violación, en los
siguientes términos:

4.1. Sostuvo que la señora Elsa Nubia Guevara Tovar, por encontrarse amparada
por el régimen de transición de la Ley 100, tenía derecho a que su pensión de
vejez fuera reconocida aplicando en su integridad el Decreto 546 de 1971, el cual
establecía una tasa de remplazo del 75% de la asignación mensual más elevada
de lo devengado en el último año de servicios, razón por la cual, indicó que el 85%
con el cual fue reliquidada, desconoce que la norma para realizar el
reconocimiento pensional debe ser aplicada en su integridad en virtud del principio
de inescindibilidad de la ley.

4.2. Destacó que la decisión de ordenar el reconocimiento de la bonificación por
servicios prestados en un 100% desconocía el precedente del Consejo de Estado,
según el cual para el cálculo de las pensiones se debía computar solo la doceava
parte de esta bonificación,en tanto se ha sostenido en forma reiterada que para el
cálculo de las pensiones se debe computar en forma proporcional la bonificación
por servicios prestados, pues se trata de una prestación que se va causando mes
a mes durante el año laborado.

4.3. Por último, indicó que, en el caso sub examine, resultaba procedente el
reintegro de la totalidad de las sumas pagadas en virtud de la reliquidación de la
pensión de la señora Elsa Nubia Guevara Tovar siendo que no es posible inferir
que tales valores fueron percibidos de buena fe.

13
Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se
dictan otras disposiciones”.
14
Por el cual se establecen las escalas de remuneración de los empleos de los Ministerios, Departamentos
Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Unidades Administrativas especiales del
Orden Nacional, y se dictan otras disposiciones en materia salarial.”
15
Por el cual se modifica el artículo 6º del Decreto 691 de 1994.
16
Por el cual se crea la Bonificación por servicios prestados para los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial y de la Justicia Penal Militar.

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Solicitud y decreto de medida cautelar

5. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, solicitó como medida cautelar el decreto de
la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones acusadas, la cual fue
decretada por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante auto de 7 de
diciembre de 2017.

6. El Magistrado sustanciador consideró que: i) la señora Guevara Tovar debía
seguir gozando de su pensión de vejez, y en consecuencia, ordenó que se
continuara pagando la pensión con un 75% como ingreso base de liquidación,
incluyendo, además de los otros conceptos reconocidos, una doceava parte de la
bonificación por servicios prestados, mientras se profería la sentencia definitiva y
ii) indicó a la UGPP que las sumas dejadas de pagar en virtud de la medida
provisional, debían mantenerse en una cuenta especial hasta tanto se dictara un
pronunciamiento definitivo en sentencia debidamente ejecutoriada. El auto citado
supra no fue objeto de recursos.

Contestación de la demanda

7. La señora Elsa Nubia Guevara Tovar contestó a la demanda17 y se opuso a las
pretensiones formuladas, así:

7.1. Manifestó que: i) la pensión de vejez fue liquidada con base en las
disposiciones legales y jurisprudenciales del Consejo de Estado que regían para
la época en que cumplió los requisitos para obtener la prestación económica con
el 100% de lo devengado por bonificación por servicios y ii) que los actos
administrativos acusados fueron expedidos acatando una sentencia de tutela
proferida el 20 de septiembre de 2007 por el Juez Séptimo Penal del Circuito de
Manizales, sobre la cual operó la cosa juzgada constitucional.

7.2 Adujo que los pagos realizados por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social por
concepto de mesada pensional con la inclusión de la bonificación por servicios
prestados en un porcentaje del 100%, fueron recibidos con la plena convicción de
que lo liquidado y pagado es lo que en derecho correspondía, sin que hubiera

17
Mediante apoderado.

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lugar a la devolución de suma alguna de dinero, toda vez que siempre actuó de
buena fe.

7.3. Por último, propuso como excepciones, las que denominó: “[…] cosa juzgada,
el acto administrativo demandado carece de control jurisdiccional, existencia de
herramientas jurídicas diferentes a la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho en la modalidad de lesividad para definir la controversia, la reliquidación
de la pensión conforme a normas y jurisprudencia vigente para la época de
reconocimiento, buena fe e inexistencia de la obligación de devolver las sumas de
dinero pagadas por concepto de reliquidación […]”.

Sentencia proferida el 5 de julio de 2018, en primera instancia, por el Tribunal
Administrativo de Caldas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 17001 23 33 000
2015 00136 01

8. El Tribunal Administrativo de Caldas, en la parte resolutiva de la sentencia,
decidió:

“[…] PRIMERO: DECLARASE LA NULIDAD de las Resoluciones 4284 del 11 de
febrero de 2008,UGM 018892 del 30 de noviembre de 2011 y RDP 054442 del 29
de noviembre de 2013 por medio de la cual se reliquidó la pensión de vejez de la
señora Guevara Tovar con la inclusión del 100% de la bonificación por servicios
prestados, y No. 11658 del 7 de junio de 2004 por medio de la cual se reliquidó la
pensión sobre el 85% sobre el salario promedio de la asignación básica más
elevada devengada en el último año de servicios a favor de la señora ELSA
GUEVARA TOVAR, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
de carácter laboral nacional promovido por LA UNIDADADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP contra ELSA GUEVARA TOVAR.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, la UGPP estará facultada a
reliquidar la pensión de la actora, teniendo en cuenta que su IBL deberá estar
conformado por los valores recibidos como asignación más alta recibida en el año
anterior al retiro del servicio de la demandada, tomando para esa base además de
los otros rubros demostrados, una doceava parte de lo recibido como bonificación
por servicios prestados y aplicando como tasa de remplazo únicamente el 75% de
los factores devengados, de todos modos en ningún momento deberá haber
solución de continuidad en los pagos de la pensión de la demandada.

TERCERO: Es entendido que, una vez ejecutoriado este fallo, la entidad podrá
disponer para los fines legales pertinentes, de los dineros que se retuvieron con
ocasión a la medida cautelar.

CUARTO: NIEGANSE las demás pretensiones.

QUINTO: SIN COSTAS […]”

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Consideraciones del Tribunal

9. Para sustentar su decisión, consideró que la reliquidación la pensión de vejez
de la señora Elsa Nubia Guevara Tovar realizada por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, con la tasa de reemplazo del 85% de la asignación más elevada,
quebrantaba el principio de inescindibilidad de la ley, en tanto la norma especial
para los empleados de la Rama Judicial, contenida en el Decreto 546 de 1971,
aplicable en este caso de forma integral, establecía que la tasa de reemplazo
correspondía al 75%.

10. Asimismo, indicó que la inclusión del 100% de la bonificación por servicios
prestados en la liquidación de la pensión de vejez era contraria a derecho, toda
vez que, de conformidad a los artículos 45 del Decreto Ley 1042 de 1978 y 1.° del
Decreto 247 de 1997 y la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, dicho factor salarial se causaba por año cumplido y, en esa medida,
consideró que debía tenerse en cuenta solamente en una doceava parte.

11. En esa medida, refirió que el monto de la bonificación por servicios incluida en
la reliquidación de la pensión de la señora en la orden de tutela dada por el
Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, no se ajustaba a los parámetros
señalados en la ley ni en la jurisprudencia al ir en detrimento del erario con
perjuicio de los intereses generales.

12. Por último, respecto a la solicitud de devolución de dineros, consideró que, en
virtud del principio de buena fe, la señora Elsa Nubia Guevara Tovar no estaba en
la obligación de devolver lo que se haya pagado por ese concepto, máxime si la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social no allegó prueba en contrario.

Recursos de apelación

13. Las partes demandante y demandada interpusieron, dentro del término legal,
recursos de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, y los
sustentaron con fundamento en los siguientes argumentos:

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Parte demandante

14. Indicó que presentaba recurso de apelación de forma parcial contra la
sentencia proferida, en primera instancia, toda vez que, en el caso concreto era
procedente la devolución de las sumas pagadas con ocasión de la reliquidación
de la pensión de vejez de la señora Elsa Nubia Guevara Tovar a través de la
sentencia de tutela proferida por el Juez Séptimo Penal del Circuito de Manizales,
en la medida que a pesar de existir precedente de obligatorio cumplimiento en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo en el cual se negaba dicho
reconocimiento, acudió al juez de tutela para que le fuera decidido su caso.

15. Refirió que este comportamiento significaba un aprovechamiento ilegal que
generaba un detrimento patrimonial de la entidad y afectaba el sistema de
seguridad social.

Parte demandada

16. Solicitó revocar parcialmente la sentencia proferida, en primera instancia, toda
vez que para la época en que se ordenó la reliquidación de la pensión de vejez, el
criterio jurisprudencial imperante era el reconocimiento de la bonificación por
servicios prestados en un 100%, razón por la que no era posible desconocer dicha
postura jurisprudencial. Además, porque, a su juicio, no podía pretenderse que
cada vez que se rectificara el criterio jurisprudencial, se modificara la situación
jurídica de la señora Elsa Nubia Guevara Tovar, lo cual va contra la seguridad
jurídica y el principio de cosa juzgada.

La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

17. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la
sentencia proferida el 11 de febrero de 2021, en segunda instancia, resolvió:

“[…] PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, proferida el 5 de
julio de 2018, por el Tribunal Administrativo de Caldas, acorde con la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO. Sin lugar a condena en costas en las dos instancias […]”.

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Consideraciones de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado

18. Para fundamentar su decisión, indicó que: i) la señora Elsa Nubia Guevara
Tovar, en el recurso de apelación, solicitó que se revocara la sentencia proferida,
en primera instancia y únicamente argumentó en que le asistía el derecho a que
se le incluyera el 100% de la bonificación por servicios prestados en el ingreso
base de liquidación de su pensión de vejez; sin embargo, adujo que no planteó
controversia respecto a la tasa de reemplazo modificada por el Tribunal
Administrativo de Caldas y ii) la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social controvirtió la
sentencia únicamente respecto a la negativa de reintegrar las sumas pagadas en
exceso.

19. Determinado lo anterior, consideró que la bonificación por servicios: i) se
reconoce y paga cada vez que el empleado cumpliera un año continuo de labor,
como lo precisa el artículo 45 del Decreto 1042 de 1978, en armonía con el artículo
1.º del Decreto 247 de 1997 que la creó para los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial; ii) constituye factor salarial para efectos pensionales, pero no se
puede tomar en el 100% para calcular la base de la mesada pensional, sino solo
su doceava parte, debido a que se causa al acreditarse la prestación de servicios
durante un año, condición que en sana lógica impide sumarla en su totalidad para
determinar el monto de la pensión y iii) la tesis consolidada de la Sección Segunda
de esta Corporación señala que la liquidación de la bonificación por servicios
prestados para calcular la mesada pensional debe hacerse por doceavas partes,
y no con el 100%.

20. Al analizar el caso concreto indicó que “[…] comparte lo decidido por el Tribunal
Administrativo de Caldas, autoridad judicial que fundó su decisión en la
normatividad que regula la bonificación por servicios prestados y la jurisprudencia
del Consejo de Estado, pues se itera que para fijar el monto de la mesada
pensional se debe acudir a la doceava parte de la bonificación por servicios
prestados […]”.

21. Asimismo, adujo que “[…] si bien un juez de tutela accedió a reliquidar la
mesada pensional de la accionada con la inclusión del 100% de la bonificación por
servicios, lo cierto es que el juez administrativo es el competente para desvirtuar
la legalidad de un acto administrativo, tal como lo indica el artículo 88 del Código

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de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Y, en virtud
de dicha facultad se interpretó la normativa que rige la bonificación por servicios,
de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación […]”.

22. Por último, consideró que no había lugar a la devolución de sumas de dinero,
toda vez que la buena fe se presume en la actuación de los particulares ante las
autoridades y, en esa medida, la UGPP tenía la carga de acreditar que la señora
Elsa Nubia Guevara Tovar no obró con lealtad, rectitud y honestidad, sino que por
el contrario acudió a maniobras engañosas o documentos falsos, para inducir en
error a la administración y a las autoridades judiciales, sin que la conducta
consistente en interponer una acción de tutela para obtener la reliquidación
pensional, per se, denotara un actuar fraudulento ni evidenciara la intención de
engañar a la administración de justicia.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión

23. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social presentó la demanda que contiene el recurso
extraordinario de revisión18, contra la sentencia proferida, en segunda instancia,
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 11 de febrero
de 2021, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el número único de radicación 17001 23 33 000 2015 00136 01, por estimar que
se encuentra incursa en la causal establecida en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 29 de enero de 200319, que establece que procede la revisión de
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables.

24. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social presentó las siguientes pretensiones:

“[…] Por configurar la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, 29 de enero, que dispone: b) Cuando la cuantía del derecho reconocido

18
La demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión fue presentada por intermedio de apoderado
el 5 de agosto de 2021.
19
[…] Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100
de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales […].

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excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables”, se persigue con el ejercicio del presente recurso de revisión,
que el Honorable Consejo de Estado, disponga:

PRIMERA: Revocar parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas el 5 de julio de 2018, confirmada por el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B en
sentencia del 11 de febrero de 2021 dentro del medio de control de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho instaurado por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
contra la señora Elsa Nubia Guevara Tovar radicado con el No.
17001233300020150013601.

SEGUNDA: Declarar que la señora Elsa Nubia Guevara Tovar, en cuanto a la
liquidación de la mesada pensional, no es acreedora de un derecho adquirido
amparable por la legislación colombiana, y en su lugar ordenar la reliquidación y
pago de su mesada pensional conforme a las reglas previstas en las sentencias C-
168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, SU- 631 de 2017,
T-039 de 2018, de la Sala Plena de la Corte Constitucional, esto es, adoptando
como ingreso base de liquidación las directrices fijadas en el inciso 3º del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, o en su defecto las consignadas en el artículo 21 de la
misma ley, así como los factores base de cotización taxativamente determinados en
el Decreto 1158 de 1994.

TERCERA: Ordenarle a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, reliquidar y pagar la
mesada pensional a la señora Elsa Nubia Guevara Tovar, calculando el ingreso
base de liquidación de la prestación reconocida conforme a lo dispuesto en el inciso
3º del artículo 36, en armonía con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, teniendo en
cuenta como factores base de cotización los taxativamente determinados en el
artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, y las reglas previstas de antaño por la Sala
Plena de la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013,
Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229
de 2017, SU-395 de 2017, SU- 631 de 2017, T-039 de 2018, SU 023 de 2018 y la
reciente sentencia de unificación del H. Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018,
expediente 52001-23-33-000-2012- 00143-01.

CUARTA: Ordénese a la señora Elsa Nubia Guevara Tovar, restituirle a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, la totalidad de los dineros percibidos y recibidos en
exceso por la reliquidación de la mesada pensional con la correspondiente
indexación, como consecuencia de las ordenes impartidas en la sentencia objeto de
revisión y en adelante.

QUINTA: Ordénese a la señora Elsa Nubia Guevara Tovar, que el pago que efectúe
a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, se efectúe de conformidad con el
artículo 187 del C.P.A.C.A., así como los intereses moratorios estipulados en el
artículo 192 ibidem, sobre los valores pagados por concepto de la indebida
reliquidación de la prestación […]”.

25. Para sustentar la causal de revisión expuso los siguientes argumentos:

25.1. Señaló que la decisión adoptada en la sentencia objeto de revisión es
contraria a los artículos 36 de la Ley 100 y 1.° del Decreto 1158 de 1994, en la
medida que el derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al

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haberse accedido a una reliquidación pensional en contravía de lo dispuesto en el
inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100.

25.2. En este sentido, indicó que la señora Elsa Nubia Guevara Tovar, por ser
beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100, tenía derecho a la
reliquidación pensional bajo las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto,
previstas en el Decreto 546 de 1971, pero con el ingreso base de liquidación
establecido en el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100, el cual, en el caso
concreto correspondía al 75% de lo devengado en los últimos 10 años de
servicios, incluyendo los factores anunciados taxativamente en el Decreto 1158
de 1994.

25.3. Por tanto, consideró que la orden judicial de reliquidar la pensión de vejez,
con la aplicación integral del Decreto 546 de 1971; es decir, con el 75% de la
asignación más elevada que hubiera devengado en el último año de servicio con
la totalidad de los factores salariales devengados en dicho periodo genera un
detrimento al patrimonio público al reconocer una pensión por encima de lo
autorizado por la Ley, desconociendo, entre otras, las sentencias C- 168 de 20 de
abril de 199520, la C-258 de 7 de mayo de 201321 y la SU-230 de 29 de abril de
201522 , en las cuales la Corte Constitucional reiteró que las pensiones sometidas
al régimen de transición se liquidan conforme las reglas previstas en los artículos
21 y 36 de la Ley 100, pero conservando los requisitos de edad, tiempo de
servicios y monto del régimen anterior.

25.4. Indicó que si bien es cierto la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social acudió a la
jurisdicción a demandar las irregularidades contenidas en las sentencias de tutela
que dispusieron la reliquidación de la pensión de vejez con la inclusión del 100%
de la bonificación por servicios prestados y una tasa de reemplazo del 85%,
aspectos abiertamente ilegales y contrarios a la normativa aplicable, se omitió al
momento de ordenar la reliquidación legal de la prestación, atender los
presupuestos legales y jurisprudenciales contenidos en el artículo 36 de la Ley 100
y los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
relacionados con la forma correcta de interpretar y aplicar el régimen de transición
de la citada Ley 100.

20
Corte Constitucional, sentencia C- 168 de 20 de abril de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
21
Corte Constitucional, sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, M.P. José Ignacio Pretelt Chaljub.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-230 de 29 de abril de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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Contestación al recurso extraordinario de revisión

26. La parte demandada contestó la demanda que contiene el recurso
extraordinario de revisión y se opuso a la prosperidad de las pretensiones
formuladas, así:

26.1. Indicó que, en el presente asunto, no se configuraba la causal de revisión
alegada, toda vez que existía incongruencia entre las pretensiones de la demanda
que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
presentó la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, que fueron decididas en la sentencia
recurrida y las pretensiones de la presente demanda, toda vez que, en el presente
asunto, se pretende se realice una reliquidación pensional que no fue solicitada
en las instancias ordinarias, como lo es la interpretación del ingreso base de
liquidación y factores salariales del régimen de transición establecido en el artículo
36 de la Ley 100.

26.2. En esa medida, señaló que el recurso extraordinario de revisión no podía
convertirse en una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho ni se puede discutir asuntos adicionales a los decididos en la
sentencia recurrida.

26.3. En gracia de discusión, refirió que la reliquidación pensional ordenada por el
Tribunal Administrativo de Caldas se fundamentó en la postura vigente al
momento del reconocimiento desarrollada por la Sección Segunda del Consejo de
Estado respecto del reconocimiento de la pensión de jubilación con base en la
aplicación integral del régimen anterior, en el presente caso con el Decreto 546 de
1971 y con todos los factores salariales devengados, en la medida que la señora
Elsa Nubia Guevara Tovar se encontraba amparada por el régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100.

Concepto del Ministerio Público

27. El señor Agente del Ministerio Público solicitó declarar fundado el recurso
extraordinario de revisión, con base en los siguientes argumentos:

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27.1 Indicó que “[…] si bien lo relativo al IBL ordenado en la sentencia del Tribunal
Administrativo de Caldas del 5 de julio de 20183 no fue objeto de la apelación
formulada por el apoderado de la UGPP, por lo cual el Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, en la decisión
que resolvió las apelaciones de las partes en el proceso de nulidad y
restablecimiento de fecha 11 de febrero de 2021, no tuvo la oportunidad de
pronunciarse sobre dicho aspecto, se estima por esa Delegada que ello no es
obstáculo para que en sede de revisión pueda pronunciarse el juez sobre la
materialidad de la causal invocada por la recurrente […]”.

27.2. En esa medida, señaló que la sentencia del Tribunal Administrativo de
Caldas de 5 de julio de 2018, resultaba contraria o con desconocimiento del criterio
hermenéutico adoptado por la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias
la C-258 de 7 de mayo de 201323 y la SU-230 de 29 de abril de 201524 entre otras,
así como en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto
de 2018, proferida en el proceso identificado con el número único de radicación
52001-23-33-000-2012-00143-01, a través de las cuales se precisó la
interpretación respecto del alcance del régimen de transición general del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, según la cual el ingreso base de liquidación no hace
parte de dicho régimen de transición pensional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

28. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en los siguientes términos:
i) la competencia de la Sala; ii) la procedencia y el término para interponer el
recurso extraordinario de revisión con base en las causales del artículo 20 de la
Ley 797; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo de la acción especial de
revisión de sentencias sobre pensiones establecida en el artículo 20 de la Ley 797;
v) el marco normativo de la causal de revisión señalada en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del Régimen
especial de pensiones de la Rama Judicial y del Ministerio Público establecido en
el Decreto 546 de 1971; vii) la postura unificada por la Sección Segunda del
Consejo de Estado frente a la liquidación pensional a las personas a las que se
les aplica el Decreto 546 de 1971 por ser beneficiarios del régimen de transición
de la Ley 100; viii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la

23
Corte Constitucional, sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, M.P. José Ignacio Pretelt Chaljub.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-230 de 29 de abril de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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bonificación por servicios prestados y ix) el análisis de la causal de revisión, los
cuales se desarrollarán a continuación:

Competencia de la Sala

29. Vistos: i) el artículo 248 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 25, sobre la
procedencia del recurso extraordinario de revisión; ii) el artículo 249 ibidem26,
sobre competencia para conocer los recursos extraordinarios de revisión; iii) el
artículo 111 ibidem, en especial, el numeral 2.°27 sobre las funciones de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo y iv) el artículo 29, en especial el numeral
1.° del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201928 esta Sala es competente para
resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia
proferida, en segunda instancia, por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado el 11 de febrero de 2021.

Procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de revisión
con base en las causales del artículo 20 de la Ley 797

30. Vistos: i) el artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de reconocimientos de
sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública y
ii) el artículo 251 de la Ley 1437, sobre el término para interponer el recurso
extraordinario de revisión, entre otros, con base en las causales del artículo 20 de
la Ley 797, que dispone:

“[…] Artículo 251. […] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria
de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
término contado a partir del perfeccionamiento transaccional o conciliatorio […]”

31. En el caso sub examine, la sentencia recurrida fue proferida por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 11 de febrero de 2021.
Asimismo, la sentencia quedó ejecutoriada el 24 de marzo de 2021 29 y el recurso
extraordinario de revisión se interpuso el 5 de agosto de 2021; es decir dentro del
término indicado en el artículo 251 de la Ley 1437.

25
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
26
Artículo adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080.
27
Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 2080.
28
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
29
De conformidad con el Sistema de Información Judicial Colombiano

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Problema jurídico

32. En el caso sub examine, el problema jurídico que la Sala debe resolver
consiste en determinar si se configura o no la causal de revisión señalada en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797, comoquiera que, a su juicio, la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia recurrida, no
ordenó, de oficio, la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Elsa
Nubia Guevara Tovar, beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100,
teniendo en cuenta el ingreso base de liquidación establecida en los artículos 21
o 36 de la citada Ley 100 y, en consecuencia, determinar si se declara o no
fundado el recurso extraordinario de revisión.

Marco normativo del recurso extraordinario especial de revisión de
sentencias sobre pensiones establecida en el artículo 20 de la Ley 797

33. Visto el artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de las sumas periódicas a
cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, determinó:

“[…] Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo30 hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por
el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo31 por
las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
[…]” (Resalta la Sala).

30
La expresión en negrilla fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-835 de 23 de
septiembre de 2003, como se explicará infra.
31
Ibidem.

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34. Atendiendo a que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha considerado32
que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a
través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión 33, lo
cierto es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos
tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional,
entre los cuales se tienen los siguientes:

34.1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, aquellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso o
actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación34.

34.2. Tienen legitimación en la causa por activa para su interposición el Gobierno
Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento
de pensiones.

34.3. Respecto de su alcance, se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar
el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección
de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del
Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación.

34.4. Se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento
de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las
normas que rigen la materia.

Marco normativo de la causal de revisión señalada en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797

32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de
16 de julio de 2020, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 11001-03-25-000-2012-
00924-00 (2793-2012)
33
Actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
34
Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.

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35. Visto el literal b) del artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de Fondos de
Naturaleza Pública; en especial cuando “[…] la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le
eran legalmente aplicables […]”.

36. En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de
motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797, se observa que
ella obedeció a la necesidad “[…] de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los
ciudadanos […]”. Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y
en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del
pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión,
entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de
acuerdo con las normas vigentes.

37. Bajo ese entendido, esta Corporación35 ha determinado que esos requisitos
sustanciales o estructurales son los siguientes: i) que se trate de un derecho
debido de acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido; iii) y que
exista un exceso en la cuantía reconocida frente a ese derecho.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del régimen especial de
pensiones de la Rama Judicial y del Ministerio Público establecido en el
Decreto 546 de 1971

38. Visto el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, que dispone el régimen de pensión
especial para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio
Público en los siguientes términos:

“[…] Artículo 6°.- los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto tendrán
derecho, al llegar a los 55 años de edad si sin hombres, y de 50 si son mujeres, y
cumplir veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos anteriores o
posteriores a la vigencia de este decreto, de los cuales por lo menos diez (10) lo
hayan sido exclusivamente en la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a
ambas actividades a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) de la asignación mensual más elevada que hubiere
devengado en el último año de servicio, en las actividades citadas […]

35
Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de
Decisión, providencia de 6 de agosto de 2019, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera; número único de
radicación: 11001-03-15-000-2016-01280-00.

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39. Visto el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, sobre otros factores de salario se
indicó que constituyen los siguientes factores salariales

“[…] ARTÍCULO 12. DE OTROS FACTORES DE SALARIO. Además de la
asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores
de salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o
empleado como retribución por sus servicios.

Son factores de salario:

a) Los gastos de representación.

b) La prima de antigüedad.

c) El auxilio de transporte.

d) La prima de capacitación.

e) La prima ascensional.

f) La prima semestral.

g) Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en
desarrollo de comisiones de servicio […]”.

40. La especialidad del régimen se traducía en que la pensión se liquidaba con el
75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de
servicios, siempre y cuando el funcionario cumpliera: i) 55 años de edad si era
hombre o 50 años de edad si era mujer; ii) el tiempo de 20 años de servicios,
continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto,
que tuvo lugar el 16 de julio de 1971 y iii) de los cuales, por lo menos diez (10)
años de servicio en la Rama Judicial o el Ministerio Público.

41. Asimismo, la Sección Segunda del Consejo de Estado36 determinó que debía
tenerse en cuenta como factores salariales además de la asignación mensual
fijada por la ley para cada empleo, todas las sumas que habitual y periódicamente
recibiera el funcionario o empleado como retribución de sus servicios.

Postura unificada por la Sección Segunda del Consejo de Estado frente a la
liquidación pensional a las personas a las que se les aplica el Decreto 546
de 1971 por ser beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100

36
Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia de 7 de marzo de 2013, C.P Alfonso Vargas Rincón, número único de radicación:
500012331000201000580-01; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 4 de agosto de 2016, C.P Luis Rafael Vergara Quintero número único
de radicación: 08001233300020130056301.

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21

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 05143 00

42. La Sección Segunda del Consejo de Estado37, en un principio establecía que
la consecuencia de ser beneficiario de la transición prevista en el artículo 36 de la
Ley 100, era que se tuviera en cuenta al momento de estudiar el reconocimiento
del derecho pensional, los requisitos establecidos en el régimen anterior del sector
público al cual se encontraran afiliados los beneficiarios, referidos a la edad para
acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicios o el número de semanas
cotizadas, y la forma de liquidar el ingreso base de liquidación de la pensión con
la totalidad de los factores salariales que hubiera devengado en dicho periodo, ello
en consonancia con el criterio jurisprudencial establecido en la sentencia de
unificación proferida el 4 de agosto de 201038

43. No obstante lo anterior, a través de la sentencia de unificación jurisprudencial
CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 202039 la Sección Segunda del Consejo de
Estado unificó su criterio frente al ingreso base de liquidación de los beneficiarios
del Decreto 546 de 1971 por el régimen de transición de la Ley 100, en el sentido
de señalar que el funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del
Ministerio Público beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo
36 de la Ley 100 adquiere el derecho a la pensión de jubilación, siempre que se
acrediten los siguientes presupuestos:

43.1. Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 en el ámbito
nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito
territorial, tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o,
b) 15 años o más de servicios efectivamente cotizados.

43.2. Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial
y del Ministerio Público establecidos en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971
para consolidar el estatus pensional que son: a) el cumplimiento de la edad de 50
años si es mujer, o de 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios,
continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto,

37
Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia de 7 de marzo de 2013, C.P Alfonso Vargas Rincón, número único de radicación:
500012331000201000580-01; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 4 de agosto de 2016, C.P Luis Rafael Vergara Quintero número único
de radicación: 08001233300020130056301.
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, sentencia del 4 de agosto
de 2010, C.P Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación 25000-23-25-000-2006-07509-
01.
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 11 de junio de
2020, número único de radicación: 15001 23 33 000 2016 00630 01.

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que tuvo lugar el 16 de julio de 1971;40 c) de esos 20 años de servicio, por lo
menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al
Ministerio Público, o a ambas actividades.

43.3. Por tanto, determinó que esa pensión se le debe reconocer con los
elementos del régimen anterior determinados en el artículo 6.º del Decreto 546 de
1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer, de 55 años si es hombre; b) el
tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores
a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10
años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio
Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%.

43.4. Sobre el ingreso base de liquidación puntualizó que no hace parte del
régimen de transición pensional, sino que corresponde al señalado por los
artículos 21 y 36 de la Ley 100, según el caso, es decir, si le faltare más de 10
años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión
actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, si faltare
menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de
liquidación será: i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior actualizado
anualmente con base en IPC certificado por el DANE.

44. Para el efecto, acogió la tesis expuesta por el Consejo de Estado en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 201841. Tal posición se acompasa
con la posición anunciada por la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de
1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, SU-210 de 2017, y SU-
023 de 2018, según la cual el propósito del Legislador era evitar la aplicación
ultractiva de las reglas del ingreso base de liquidación de los regímenes vigentes
antes de la expedición de la Ley 100.

45. En cuanto a los factores de liquidación determinó que se debían incluir los
establecidos en el Decreto 1158 de 1994, es decir: la asignación básica mensual;
los gastos de representación; la prima técnica, cuando sea factor de salario; las

40
Al respecto se anota que el artículo 37 de este decreto dispone que «regirá 30 días después de su
publicación en el Diario Oficial […]», y fue publicado en el Diario Oficial No. 33.339 16 de junio de 1971.

41
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018,
Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01, demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.

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primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario;
la remuneración por trabajo dominical o festivo; la remuneración por trabajo
suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y la bonificación
por servicios prestados.

46. Asimismo, indicó que, en desarrollo de la Ley 4ª, que a su vez dio cumplimiento
a lo establecido por el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución
Política, tienen derecho a que se computen como factores salariales en la
liquidación de su pensión los siguientes: i) prima especial para los magistrados y
agentes delegados ante la Rama Judicial; ii) la bonificación por compensación
creada para los magistrados y agentes del Ministerio Público ante magistrados de
tribunales; iii) la prima de productividad para los empleados judiciales; iv) la
bonificación por actividad judicial establecida para los jueces y procuradores
judiciales 1 y v) la bonificación judicial instituida para los servidores de la Rama
Judicial.

47. Lo anterior, toda vez que en forma expresa la normatividad aludida dispuso
que se constituyen en factores de salario para efecto de determinar su ingreso
base de cotización, siempre y cuando respecto de ellos se hayan efectuado los
aportes correspondientes. De ahí, la providencia citada supra consideró que
prestaciones tales como las primas de vacaciones, de servicios y de navidad no
deben ser incluidas en la liquidación de la pensión, dado que no constituyen factor
salarial.

48. Por último, consideró que las reglas jurisprudenciales constituyen precedente
vinculante y obligatorio en los siguientes casos: i) respecto de los asuntos
similares que actualmente se estuvieran tramitando en la administración; ii)
respecto de los procesos similares que se estuvieran adelantando en juzgados,
tribunales administrativos y Consejo de Estado. En consecuencia, determinó que
no tiene efectos respecto de aquellos asuntos en los que ya existe sentencia
ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están amparados
por la cosa juzgada y en consecuencia resultan inmodificables. Indicó
textualmente lo siguiente:

“[…] No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de
transición, con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección Segunda del
Consejo de Estado, la cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del
derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer recurso
extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya reconocido la

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pensión con fundamento en jurisprudencia diferente a la ratio decidenci aquí
expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de lo previsto en las
causales de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA […]”-

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la bonificación por
servicios prestados

49. Visto el Decreto 1042 de 197842, en especial, los artículos 45 y 46 mediante
los cuales se creó la bonificación por servicios prestados para los empleados
públicos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden
nacional.

50. Visto el Decreto 247 de 1997, en especial, el artículo 1.° mediante el cual se
creó la bonificación por servicios prestados para los funcionarios y empleados de
la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, en los siguientes términos:

“[…] Créase la bonificación por servicios prestados para los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial (Tribunales, Juzgados, Fiscalía General de la
Nación, Direcciones Ejecutivas de la Administración Judicial, Consejos Seccionales
de la Judicatura y empleados de las altas Corporaciones) y la Justicia Penal Militar,
en los mismos términos establecidos en los artículos 45 y siguientes del Decreto-
ley 1042 de 1978 y las demás normas que lo modifiquen o adicionen, la cual será
exigible a partir del 1 de enero de 1997.

La Bonificación por Servicios Prestados constituirá factor salarial para efectos de
determinar la prima de servicio, prima de navidad, vacaciones y prima de
vacaciones, auxilio de cesantía y pensiones […]”.

51. De lo anterior se colige que la bonificación por servicios prestados, fijada en
principio para los trabajadores del orden nacional, fue creada para los servidores
de la Rama Judicial mediante el Decreto 247 de 1997, como un factor salarial al
que estos tendrían derecho una vez cumplido un año continuo de labores y que
debía tenerse en cuenta para efectos pensionales.

52. Sobre el particular, la Sección Segunda del Consejo de Estado43 ha
considerado que ha de entenderse que su inclusión en la liquidación de la pensión

42
Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se
dictan otras disposiciones.
43
Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B, sentencia de 11 de febrero de 2021, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 11001-03-
25-000-2015-00845-00 y ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 13 de febrero de 2020, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, número único de
radicación 05001-23-33-000-2013-00128-01.

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de jubilación no puede ser por el monto total de lo recibido en el año, el ciento por
ciento (100%), sino por lo que corresponde a una mesada, o sea una doceava
(1/12) parte, ya que su pago se realiza anualmente.

Análisis de la causal de revisión

53. La parte recurrente, en el recurso extraordinario de revisión de la referencia,
invoca la causal señalada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797, comoquiera
que, a su juicio, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
en la sentencia recurrida, no ordenó, de oficio, la reliquidación de la pensión de
jubilación de la señora Elsa Nubia Guevara Tovar, beneficiaria del régimen de
transición de la Ley 100, teniendo en cuenta el ingreso base de liquidación
establecida en los artículos 21 o 36 de la citada Ley 100.

54. La señora Elsa Nubia Guevara Tovar indicó que no se configura la causal de
revisión invocada toda vez que: i) los argumentos expuestos por la UGPP en el
recurso extraordinario de revisión no fueron objeto de estudio en las instancias
ordinarias y ii) la reliquidación de su pensión de vejez ordenada por el Tribunal
Administrativo de Caldas se realizó con fundamento en la postura que se
encontraba vigente del Consejo de Estado respecto de la aplicación del régimen
de transición de la Ley 100 para el reconocimiento de la pensión conforme al
régimen especial de la Rama Judicial.

55. En esa medida, la Sala procede a considerar si, en el presente caso, se
estructuran los presupuestos que la ley establece y que el Consejo de Estado ha
precisado, a través de los criterios jurisprudenciales citados supra, para la
configuración de la citada causal, de la siguiente manera:

55.1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho solicitó la nulidad de:

55.1.1. Resolución núm. 11658 del 7 de junio de 2004, por medio de la cual se dio
cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito
de La Dorada, Caldas y reliquidó la pensión de vejez de la señora Elsa Nubia
Guevara Tovar conforme el artículo 6° del Decreto 546 de 1971, teniendo en
cuenta el porcentaje de la asignación más elevada devengada durante el último
año de servicio, así como los factores de salario con todas las sumas que habitual

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26

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 05143 00

y periódicamente hubiere recibido como retribución de servicios, conforme al
artículo 12 del Decreto 717 de 20 de abril de 197844, es decir, teniendo en cuenta
las doceavas partes, pero con una tasa de reemplazo del 85% del ingreso base
de liquidación.

55.1.2. Resoluciones 4284 del 11 de febrero de 2008, UGM 018892 del 30 de
noviembre de 2011 y RDP 054442 del 29 de noviembre de 2013, por medio de las
cuales se dio cumplimiento a la sentencia de tutela proferida por el Juzgado
Séptimo Penal del Circuito de Manizales, con base en la cual se ordenó la
reliquidación de la pensión de vejez, reconocida conforme el Decreto 546 de 1971
de la señora Elsa Nubia Guevara Tovar con la inclusión del factor salarial
denominado bonificación por servicios en un 100%.

55.2. Como sustento de sus pretensiones indicó que: i) la señora Elsa Nubia
Guevara Tovar, por encontrarse amparada por el régimen de transición de la Ley
100, tenía derecho a que su pensión de vejez fuera reconocida aplicando en su
integridad el Decreto 546 de 1971, el cual establecía una tasa de remplazo del
75% de la asignación mensual más elevada de lo devengado en el último año de
servicios; ii) la bonificación por servicios prestados en un 100% desconocía el
precedente del Consejo de Estado, según el cual para el cálculo de las pensiones
se debía computar solo la doceava parte de esta bonificación y iii) resultaba
procedente el reintegro de la totalidad de las sumas pagadas en virtud de la
reliquidación de la pensión de la señora Elsa Nubia Guevara Tovar siendo que no
es posible inferir que tales valores fueron percibidos de buena fe.

55.3. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la sentencia de 5 de julio de
2018, declaró la nulidad de los actos administrativos indicados supra y ordenó la
reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Elsa Nubia Guevara Tovar
“[…] teniendo en cuenta que su IBL deberá estar conformado por los valores
recibidos como asignación más alta recibida en el año anterior al retiro del servicio
de la demandada, tomando para esa base además de los otros rubros
demostrados, una doceava parte de lo recibido como bonificación por servicios
prestados y aplicando como tasa de remplazo únicamente el 75% de los factores
devengados, de todos modos en ningún momento deberá haber solución de
continuidad en los pagos de la pensión de la demandada […]”.

44
Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de cargos para los funcionarios y
empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, se fija la escala de remuneración
correspondiente a dichos cargos, y se dictan otras disposiciones

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55.4. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social y la señora Elsa Nubia Guevara Tovar
presentaron recursos de apelación de forma parcial, contra la sentencia indicada
supra, los cuales fueron decididos por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en la sentencia recurrida, confirmado la decisión proferida, en
primera instancia.

55.4.1. Al resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes
demandante y demandada, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, indicó que: i) la señora Elsa Nubia Guevara Tovar, en el recurso de
apelación, solicitó que se revoque la sentencia proferida, en primera instancia y
únicamente argumentó en que le asistía el derecho a que se le incluyera el 100%
de la bonificación por servicios prestados en el ingreso base de liquidación de su
pensión de vejez; sin embargo, adujo que no planteó controversia respecto a la
tasa de reemplazo modificada por el Tribunal y ii) la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social controvirtió la sentencia en cuanto a la decisión del Tribunal de negar el
reintegro de las sumas pagadas en exceso.

55.4.2. Al analizar el caso concreto indicó que: i) le asistía razón al Tribunal al
ordenar la reliquidación de la pensión de vejez de la señora Elsa Nubia Guevara
Tovar con la inclusión de la bonificación por servicios prestados en una doceava
parte, ello conforme la normativa que la regula y los criterios jurisprudenciales de
la Sección Segunda del Consejo de Estado y ii) no había lugar a ordenar la
devolución de sumas de dineros, toda vez que no se probó la mala fe de la señora
Elsa Nubia Guevara Tovar.

56. Del anterior recuento se colige que la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó, entre otras
pretensiones, la reliquidación pensional con la aplicación integral del Decreto 546
de 1971, específicamente, teniendo en cuenta la tasa de remplazo del 75%, lo cual
fue decidido por el Tribunal Administrativo de Caldas, sin que por este aspecto se
hubiera presentado recurso alguno.

56.1. Asimismo, esta Sala considera que la sentencia de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado se profirió en el marco de los argumentos

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28

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 05143 00

de los recursos de apelación presentados por las partes, dentro de los cuales, se
reitera no se encontraba como argumento de la apelación el estudio de la
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 en el régimen de transición para
establecer el ingreso base de liquidación de la pensión de la señora Elsa Nubia
Guevara Tovar.

56.2. Por tanto, el argumento expuesto por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en el
recurso extraordinario de revisión, según el cual, el derecho reconocido excede
lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a una reliquidación pensional
en contravía de lo dispuesto en el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100, no fue
objeto de estudio en la sentencia recurrida por parte de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 11 de febrero de 2021, pues la citada
sentencia únicamente se ocupó del estudio de la inclusión del factor salarial
denominado “[…] bonificación por servicios prestados […]” en la reliquidación de
la pensión de vejez de la señora Elsa Nubia Guevara Tovar en un 100% o en una
doceava y la devolución de las sumas pagadas por dicho concepto, sin que sea,
por esta razón, sea procedente su discusión a través del recurso extraordinario de
revisión.

57. En las anteriores condiciones, se destaca que la procedencia de este recurso
se encuentra sujeta al estricto, riguroso y ajustado cumplimiento de las causales
que expresamente ha previsto el legislador, sin que sea dable ampliarlas mediante
interpretación analógica y delimitado a los temas objeto de estudio del proceso
ordinario45, con lo cual se busca evitar que se convierta en una tercera instancia y
se utilice para remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de
las partes46.

El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la
tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto
del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez
más

45
Consejo de Estado, Sala Once Especial de Decisión, sentencia de 25 de octubre de 2021, C.P. María
Adriana Marín, número único de radicación 11001 03 15 000 2017 00129 00 y ii) Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 11 de febrero de 2021, C.P.
César Palomino Cortés, número único de radicación 11001-03-25-000-2015-00845-00
46
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia proferida el 27 de abril de 2004,
C.P. María Inés Ortiz Barbosa Rev. 194, identificada con núm. único de radicación
1100103150001998016401.

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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 05143 00

58. La Sala considera, frente a lo manifestado por el Ministerio Público, que el
Tribunal Administrativo de Caldas, al momento en que profirió la sentencia de 5
de julio de 2018, asumió la posición adoptada por el Consejo de Estado en relación
con el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del
régimen de transición de la Ley 100, según la cual también se rige por las normas
anteriores a dicha ley, en el caso concreto con la aplicación integral del régimen
especial contenido en el Decreto 546 de 1971, sin que por este motivo se
desconocieran, entre otras, las sentencias C-258 de 7 de mayo de 201347 y la SU-
230 de 29 de abril de 201548 proferidas por la Corte Constitucional, toda vez que
la primera de ellas se refirió a las pensiones de congresistas y altos dignatarios
del Estado, condición que no reunía la señora Elsa Nubia Guevara Tovar y no
hicieron énfasis específicos en el régimen pensional especial de la Rama Judicial
con el cual se reliquidó su pensión.

59. Es importante resaltar que, aunque en la sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020 la Sección Segunda del
Consejo de Estado unificó su criterio frente al ingreso base de liquidación de los
beneficiarios del Decreto 546 de 1971 cobijados por el régimen de transición de la
Ley 100, acogió la tesis expuesta por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 201849, según la cual el ingreso base de liquidación
no forma parte de la transición, y definió cómo se deben liquidar las pensiones del
régimen de transición, también es cierto que en esa sentencia se señalaron los
efectos que ese nuevo criterio unificado tendría respecto de las situaciones
consolidadas.

60. En la sentencia indicada supra se consideró que no se afectarían las
situaciones favorables definidas mediante sentencia judicial con efectos de cosa
juzgada, por lo que se deberían conservar los reconocimientos pensionales
realizados con aplicación de la tesis anterior contenida, entre otras, en la sentencia
de 4 de agosto de 2010 y en los casos en donde ya existía cosa juzgada.

61. En este orden de ideas, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario
de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en la medida que el

47
Corte Constitucional, sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, M.P. José Ignacio Pretelt Chaljub.
48
Corte Constitucional, sentencia SU-230 de 29 de abril de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
49
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018,
Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01, demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.

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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 05143 00

argumento expuesto en el recurso extraordinario de revisión, no fue objeto de
estudio en la sentencia recurrida.

Condena en costas

62. Vistos los artículos: i) 25550 de la Ley 1437; ii) 361 de la Ley 1564 de 12 de
julio de 201251 sobre la composición de las costas; iii) 365 ibidem en especial, su
numeral 8.º52, sobre condena en costas; iv) 366 ibidem, sobre liquidación de costas
y agencias en derecho y v) el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, en especial, los
artículos 2.°53 sobre criterios para la fijación de agencias en derecho y 5.°54 sobre
las tarifas de las agencias en derecho.

63. Atendiendo a que la condena en costas: i) están integradas por la totalidad de
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho; ii) para su imposición se deben tener en consideración las reglas
previstas en el artículo 365 de la Ley 1564; (iii) solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación
(numeral 8 del art. 365 de la Ley 1564); y iv) en la determinación de las agencias
en derecho se tendrán en cuenta los criterios para su fijación y las tarifas indicadas
por el Consejo Superior de la Judicatura.

64. En el caso sub examine, la Sala considera que hay lugar a imponer una
condena en costas, a la parte demandante, porque se resolvió en forma
desfavorable el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social y la señora Elsa Nubia Guevara Tovar compareció al proceso,
a través de apoderado, para dar contestación a la demanda e incurrió en gastos
para su defensa, como consta en el acta de terminación de contrato de prestación

50
Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080.
51
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
52
“[…] Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código.
[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación […]”.
53
“Artículo 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta,
dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la
calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la
cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad,
que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los
referidos límites.
54
Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: […] 9. RECURSOS
EXTRAORDINARIOS. […] Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. […]

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de servicios55. Por tanto, atendiendo a la naturaleza, calidad y gestión desarrollada
por el profesional del derecho que participó en el proceso, se tasará a favor de la
demandada, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1)
salario mínimo legal mensual vigente.

Conclusiones de la Sala

65. Por las razones expuestas, esta Sala considera que, no se configura la causal
de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797, en la medida que
el argumento expuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en el recurso extraordinario
de revisión, no fue objeto de estudio en la sentencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión
Núm. 15 de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra la sentencia proferida
el 11 de febrero de 2021, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificada
con el número único de radicación 17001 23 33 000 2015 00136 01, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social por un (1)
salario mínimo legal mensual vigente, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

55
Cfr. Índice 32 SAMAI. En la cual se indica que “[…] La señora GUEVARA TOVAR queda a PAZ Y SALVO
con el suscrito abogado por concepto de honorarios profesionales, los cuales fueron debidamente cancelados
[…]”.

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TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso
extraordinario de revisión y DEVOLVER el cuaderno contentivo de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

STELLA JEANNETTE CARVAJAL FREDY IBARRA MARTÍNEZ
BASTO Consejero de Estado
Consejera de Estado Ausente con excusa

CARMELO PERDOMO CUÉTER PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salvamento parcial de voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Quince
Especial de Decisión en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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