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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-05179-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
21 de octubre de 2021
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-05179-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo al derecho al debido proceso deprecado por el señor José Guillermo Angulo Argote, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2021-05179-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

21 de octubre de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO – Adecuada valoración de las pruebas / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO – Debida aplicación de las normas pertinentes / PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL – Naturaleza administrativa / PRESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL – Cómputo del término / ACTO ADMINISTRATIVO / SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS – Debido a situaciones de fuerza mayor y caso fortuito / CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN REGLAMENTARIAS – No debe ser incorporada al expediente administrativo de control fiscal

También fue alegado por el actor que las resoluciones en cualquier caso no comportaban autos de trámite ni fueron notificados por estado al día siguiente como lo ordena la Ley 610 de 2000. (…) Para desvirtuar este reproche, debe aclararse que la naturaleza del proceso de responsabilidad fiscal es de naturaleza administrativa como lo ha reiterado la Corte Constitucional desde el año de 1996 (…) Por lo tanto, las actuaciones que de este proceso se deriven se verán concretadas por medio de actos administrativos que no comparten naturaleza judicial pese a su denominación como autos de trámite. (…) Se resalta entonces, que las resoluciones reglamentarias (aludidas en el proceso) son actos administrativos con presunción de legalidad y que fueron reglamentadas por la Resolución Reglamentaria Organizacional OGZ – 0001 de 2014, expedida por la entonces Contralora General, Sandra Morelli. (…) Las notificaciones de estos actos o resoluciones reglamentarias no debían ser incorporada necesariamente a cada uno de los expedientes como mal lo afirma el tutelante, pues esto menguaría los principios de economía y celeridad administrativa. (…) Resta entonces señalar que la Sección Primera del Consejo de Estado sí consideró que los actos que suspendieron los términos obedecieron a situaciones de fuerza mayor y caso fortuito, resaltando su validez y presunción de legalidad que no fue desvirtuada (…) andada, el argumento del tutelante en el que afirmaba que todas las situaciones eran previsibles e incluso prevenibles. (…) Debido a la ausencia de razones de orden jurídico que pudiesen deslegitimar o desvirtuar las Resolución Reglamentarias número 138 del 18 de octubre de 2011, 269 del 13 de febrero y 010 del 31 de diciembre, ambas de 2014, no había razón para no ser valoradas (como lo hizo la Sección Primera de esta Corporación) dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, llegando a la conclusión lógica que se había extendido la fecha de prescripción hasta el 30 de julio de 2015.

FUENTE FORMAL: LEY 610 DE 2000.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000- 2021-05179-00(AC)

Actor: JOSÉ GUILLERMO ANGULO ARGOTE

Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN PRIMERA Y OTRO

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por el señor José Guillermo Angulo Argote por intermedio de apoderado judicial, en contra del Consejo de Estado - Sección Primera y el Tribunal Administrativo del Cesar.

ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

Con escrito enviado el 4 de agosto del 2021 al correo electrónico de la Secretaría General de esta Corporación, el señor José Guillermo Angulo Argote, mediante apoderado judicial, presentó acción de tutela en contra del Consejo de Estado - Sección Primera y el Tribunal Administrativo del Cesar, con el fin de que le fuera protegido su derecho fundamental al debido proceso.

El accionante consideró vulnerada su garantía constitucional con ocasión de la sentencia del 21 de enero de 2021, proferida por el Consejo de Estado - Sección Primera, mediante la cual se confirmó la providencia del 25 de mayo de 2017 del Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda dentro del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 20001-23-39-002-2016-00036-00/01, instaurado por el accionante en contra de la Nación- Contraloría General de la República.

Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó que se protegiera su derecho fundamental y como consecuencia:
“[…] ordenar a la Sección Primera del Consejo de Estado que, en un término prudente y razonable, e interpretando el fenómeno liberador de la prescripción extintiva según el principio pro homine, y analizando la fuerza mayor y el caso fortuito según los presupuestos establecidos en la jurisprudencia de la misma corporación, profiera nueva sentencia de segunda instancia en el proceso ordinario promovido por José Guillermo Angulo Argote en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Contraloría General de la Republica (sic), radicación No. 20001233900220160003601, revocando la de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar”.
Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El señor José Guillermo Angulo Argote se desempeñó como secretario de Planeación del Municipio de Jagua de Ibirico ubicado en el Departamento del Cesar desde el 10 de marzo de 2006 hasta el 10 de enero de 2008.

El 30 de junio de 2010, la Contraloría General de la República profirió auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal No. 21-04-705, por la no prestación útil de la obra construida con ocasión del Contrato de Obra No. 18 del 24 de octubre de 2005 cuyo objeto era la prevención de la amenaza de calamidad de destrucción de la bocatoma del acueducto de la cabecera municipal.

A través de auto de imputación de responsabilidad fiscal No. 00411 del 16 de abril de 2015, la Contraloría aseveró que, el ahora tutelante, al haber suscrito el análisis de conveniencia para la realización de la obra y después de celebrar una adición al mismo el 16 de agosto de 2006, causó un detrimento patrimonial por novecientos cuarenta y cuatro millones cientos sesenta y cuatro mil cincuenta y tres pesos con noventa y ocho centavos ($ 944.164.053,89 COP) con una suma adicional de veinticuatro millones seiscientos sesenta y tres mil pesos ($ 24.663.000 COP) por permitir que las obras contratadas quedaran inconclusas y no prestaran servicio alguno.

Un mes después de proferido dicho auto, la Contraloría General de la República declaró responsable fiscalmente al señor José Guillermo Angulo Argote a título de culpa grave por un valor total de mil trescientos setenta millones ciento dos mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos ($ 1.370’102.452 COP). Decisión consignada en el auto No. 00672 del 16 de junio de 2015.

Contra dicha providencia, el hoy actor interpuso los recursos de reposición y apelación que fueron resueltos mediante los autos No. 00864 del 13 de julio de 2015 y 0116 del 17 de julio del mismo año, respectivamente, y en los que se confirmó, en todas sus partes, el fallo de responsabilidad fiscal.

En virtud de estas decisiones, el señor José Guillermo Angulo Argote presentó demanda, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación- Contraloría General de la República, con el objetivo de que se declarara a las referidas actuaciones nulas y se condenara a la demandada al pago de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales y perjuicios inmateriales por la afectación a la vida de relación. Alegó que el término de prescripción se había configurado y por lo tanto se debía archivar la investigación.

El proceso le correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del Cesar que, a través del fallo de 25 de mayo de 2017, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que si bien habían transcurrido más de cinco años desde el momento en que se profirió el auto de apertura hasta el momento en que la condena quedó en firme, lo que hizo creer al demandante que había operado la prescripción de la investigación, la realidad es que tres actos administrativos proferidos por la autoridad encargada habían suspendido los términos por 30 días durante los años 2010 a 2015, por lo que el fallo de responsabilidad fiscal tenía perfecta validez.

En este sentido, el Tribunal aseveró que los actos por medio de los cuales se dio suspensión a los términos de los procesos que se adelantaban, obedecieron a situaciones de fuerza mayor por el cierre de las instalaciones en las que funcionaba la Contraloría en el departamento del Cesar por daños a su estructura con ocasión de las temporadas de invierno, la imposibilidad de renovación del contrato de arrendamiento de las instalaciones de la Contraloría General de la República en Bogotá y su posterior traslado a otro edificio.

Inconforme con esta sentencia, el tutelante interpuso el recurso de apelación que fue resuelto por la Sección Primera del Consejo de Estado, que confirmó el fallo en su totalidad al compartir los argumentos del Tribunal y ratificar que los actos administrativos que habían suspendido los términos nunca fueron objeto de disputa por lo que conservaban su legalidad y por lo tanto, el fallo en contra del señor José Guillermo Angulo Argote se había proferido antes de que ocurriera la prescripción.
Fundamentos de la solicitud

La parte actora aseguró, que el Consejo de Estado - Sección Primera, al proferir la sentencia del 21 de enero de 2021, vulneró su derecho fundamental al debido proceso.

En primera medida, expuso que sobre las sentencias aquí discutidas recaen cuestionamientos sobre el análisis de la fuerza mayor y el caso fortuito en virtud de la aplicación de la Ley 610 de 2000, el valor probatorio de los documentos conocidos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y al hecho de que los actos que ordenaron la suspensión de los términos en los procesos de responsabilidad fiscal no se profirieron a través de un auto de trámite y mucho menos fue notificado al día siguiente como lo ordena el inciso 2º del artículo 13 de la precitada ley.

Consideró la parte actora que las sentencias demandadas incurrieron en los defectos fáctico y sustantivo. El primero de estos, considera el demandante se configuró por la ausencia de pruebas que dieran cuenta de la suspensión de términos, pues en su entender el artículo 13 de la Ley 610 de 2000 exige que para que se pueda entender este efecto debe obedecer a: causas de fuerza mayor o caso fortuito, se debe hacer mediante autos de trámite y se debe notificar al día siguiente mediante estado. Las resoluciones reglamentarias proferidas por el Contralor General de la República, arguye, no cumplen dichos requisitos.

Refirió también en su escrito de demanda lo siguiente:

“En ese sentido, esas providencias lesionaron el derecho constitucional al debido proceso de mi mandante, porque perdieron de vista que en el expediente no existía la prueba que demostrara los tres (3) supuestos plausibles de orden legal aludidos en precedencia, que obligatoriamente debían concurrir para la legitimidad de la decisión jurisdiccional

[…]

¡No expidieron el auto de trámite, ni lo notificaron por estado al día siguiente! Simplemente incorporaron su reproducción. Por eso existe una indebida valoración de las susodichas resoluciones reglamentarias sobrevaloradas en la sentencia en desmedro del ius fundamental al debido proceso […]”.

Aseveró que las supuestas condiciones irresistibles e imprevisibles con las que se justificó la suspensión de los términos en los procesos de responsabilidad fiscal no encuentran asidero pues una de estas resoluciones se profirió por daños locativos a las instalaciones en las que funciona la Contraloría en el Cesar, siendo que de haberse procurado por su buen estado no se habría tenido que reparar en un inicio, otra que fue por el cambio de locaciones de la Contraloría General de la República por el vencimiento del contrato de arrendamiento, algo que en su concepto es sumamente previsible pues se conoce de antemano su contenido y la última de estas resoluciones ordenó la suspensión de términos por el cambio de la administración al interior de la Contraloría, algo que también es previsible pues los funcionarios que son elegidos a su cabeza, cumplen con un periodo legal. De esta manera dice, se configuró el defecto sustantivo.

En cuanto a este defecto cuestionó lo siguiente:

“Si el Contralor General de la República sabía de antemano y con antelación de la necesidad de cambiar de sede porque no estaba de acuerdo con la continuidad del contrato de arrendamiento celebrado respecto al inmueble que repentina, improvisada y súbitamente decidió desalojar, debió planificar el traslado de esa sede a otra, sin entorpecer el curso de las actuaciones administrativas correspondientes, sin elevar a la categoría de fuerza mayor o caso fortuito una circunstancia que, como el vencimiento del plazo de un contrato de arrendamiento, no la tiene, ni la puede tener en los términos de la razón predominante expuesta por la jurisprudencia del Consejo de Estado en torno al punto […]”.

Concluyó señalando que, la mera expedición de una resolución no puede ser entendida como un auto de trámite y que cuando menos, esta debía ser notificada dentro de su expediente.

Trámite de la acción de tutela

La magistrada encargada del despacho, mediante auto del 17 de agosto de 2021, admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación a la parte actora, así como a los Magistrados del Consejo de Estado – Sección Primera y del Tribunal Administrativo del Cesar, en calidad de autoridades judiciales accionadas.

Igualmente, ordenó vincular en calidad de tercero con interés a la Contraloría General de la República, el cual fungió como demandado dentro del proceso ordinario promovido en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con radicado 20-001-23-39-002-2016-00036-00/01.

Así mismo, se ofició al Consejo de Estado - Sección Primera y al Tribunal Administrativo del Cesar para que allegaran copia digital íntegra del expediente del medio de control señalado anteriormente y tuvo como pruebas las allegadas con el escrito de tutela.

Intervenciones

Tribunal Administrativo del Cesar

Con escrito enviado por correo electrónico el 19 de agosto de 2021 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, allegó link con copia del expediente digital solicitado en el auto admisorio

Consejo de Estado – Sección Primera

La autoridad judicial accionada reconoció que conforme a lo expresado en el artículo 9º de la Ley 610 de 2000, el fenómeno de la prescripción opera para los procesos de responsabilidad fiscal a los cinco años de haberse proferido el auto de apertura de investigación. De esta forma y bajo un estudio poco detallado, al contemplar que dicha actuación fue expedida el 30 de junio de 2010, en principio la prescripción operó el 30 de junio de 2015. Sin embargo, la Resolución Reglamentaria número 0138 del 18 de octubre de 2011 proferida por la Contraloría General de la República dispuso la suspensión de los términos por 10 días hábiles en la Gerencia Departamental del Cesar debido a que las instalaciones presentaban daños locativos que impedían la prestación de los servicios habituales y el acceso del personal.

Luego, relata la autoridad, el 31 de diciembre de 2014, el Contralor General de la República profirió la Resolución Reglamentaria número 010 que ordenó suspender los términos, por la necesidad del cambio de sede de la entidad en la ciudad de Bogotá por 20 días.

Para la reanudación del término anterior, el Despacho del Contralor Delegado Intersectorial No. 20, profirió la Resolución número 029 en la que se dispuso el conteo nuevamente de los términos a partir del 21 de enero de 2015, actuación que fue notificada por estado el 22 siguiente.

Para la autoridad judicial demandada, todas estas actuaciones dieron como resultado que el término de prescripción se extendiera hasta el 30 de julio de 2015, momento para el cual ya existía fallo definitivo sobre la responsabilidad fiscal del hoy tutelante.

Dichas resoluciones que suspendieron los términos gozan de la presunción de legalidad que nunca fue desvirtuada y que se expidieron en concordancia con el artículo 13 de la Ley 610 de 2000 pues se trataban de situaciones irresistibles pues no era posible desarrollar las actividades propias de la Contraloría con plena normalidad. Por lo tanto, para la Sección Primera de esta Corporación, lo que pretendía el tutelante era discutir fuera de la oportunidad procesal correspondiente, la legalidad de dichas resoluciones.

Contraloría General de la República

Mediante correo remitido al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado el 8 de septiembre de 2021, solicitó declarar la improcedencia de la acción pues no se cumplía con el requisito de inmediatez en los siguientes términos:

“[…] lo primero que debe decitse es que la acción constitucional nocumple con el requisito de ibnmediatez , pues como se advierte la sentencia de segunda instancia fue notificada el 10 de febrero de 2021 y a la fecha de la interposición de la acción constitucional han pasado mas de 10 meses desde dicha fecha , razón por la que debe rechazarse in límine” (sic para toda la cita).

Consideró además que no existían causales de procedibilidad pues la inconformidad del actor se debe al desconocimiento de la interpretación que se da sobre la suspensión de los términos dentro del proceso de responsabilidad fiscal y que ha sido reiterado por la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Aseguró que no se han presentado nuevas pruebas que lleven a considerar una postura diferente en el caso y que las resoluciones que suspendieron los términos sí obedecían a lo preceptuado en el artículo 13 de la Ley 610 de 2000. Resaltó que en el año 2014 fue declarada la urgencia manifiesta por parte del contralor general al advertir que no se contaba con sede física para el desarrollo de las actividades.

Esta situación puso de presente la imposibilidad de notificar por estado la resolución, por lo que se optó por informarse a través de su publicación en el Diario Oficial No. 49381 del 31 de diciembre de dicho año.

CONSIDERACIONES

Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor José Guillermo Angulo Argote, por intermedio de apoderado judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

Cuestión previa

Los magistrados Luis Alberto Álvarez Parra y Rocío Araújo Oñate se declararon impedidos de conformidad con la normativa que regula la materia en el trámite de la acción de tutela.

De esta manera, y ante la necesidad de recomponer el cuórum para decidir sobre aquella manifestación, el 23 de septiembre de 2021, el magistrado ponente profirió auto en el que solicitó adelantar el trámite para el sorteo de un conjuez principal y otro suplente.

El 5 de octubre de 2021, se llevó a cabo dicha diligencia, resultando con ello la designación del Doctor Alejandro Venegas Franco como conjuez principal, y mediante decisión del 14 siguiente, esta Sala de Decisión, por mayoría, declaró fundados los impedimentos al configurarse la causal establecida en el numeral 1 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal).

Legitimación en la causa

El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí misma o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

Desde que fue proferida la sentencia T-416 de 1997 por parte de la Corte Constitucional, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.

En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.

Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.

Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el señor José Guillermo Angulo Argote es el titular de los derechos fundamentales que reclama, en consideración a que fue quien inició el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial del derecho presuntamente vulnerado.

En relación con las autoridades accionadas, se advierte que la demanda se dirigió contra el Consejo de Estado - Sección Primera y el Tribunal Administrativo del Cesar que, a juicio de la parte actora, vulneraron su derecho fundamental al proferir las sentencias del 21 de enero de 2021 y del 25 de mayo de 2017, respectivamente, que negaron lo pretendido en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del expediente 20-001-23-39-002-2016-00036-00/01, por lo que se encuentra acreditada la legitimación por pasiva de estas.

Sin embargo, se debe precisar que la presente acción se estudiará en contra de la decisión de segunda instancia proferida en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el hoy accionante que dio finalización al proceso ordinario.

Lo anterior por cuanto fue la providencia que resolvió la controversia planteada por parte del señor José Guillermo Angulo Argote en el proceso ordinario.

Problemas jurídicos

Teniendo en cuenta el examen de la situación fáctica expuesta por la parte actora, del material probatorio recaudado, de las causales de procedibilidad de la acción de tutela invocadas y de los argumentos expuestos en el libelo introductorio, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Consejo de Estado – Sección Primera vulneró el derecho fundamental al debido proceso por incurrir presuntamente en los defectos fáctico y sustantivo al proferir la sentencia del 21 de enero de 2021, mediante la cual se confirmó el fallo de primera instancia dictado por el Tribunal Administrativo del Cesar que negó las pretensiones de la demanda que presentó el señor José Guillermo Angulo Argote en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Contraloría General de la República?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y si se supera se hará el (iii) análisis del caso concreto.

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema y declaró su procedencia.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

Relevancia constitucional

Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado por cuanto en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la providencia del 21 de enero de 2021, proferida por el Consejo de Estado - Sección Primera, que a su juicio incurrió en defecto fáctico y sustantivo por haber valorado como legales las resoluciones reglamentarias expedidas por la Contraloría General de la República que suspendieron los términos y como consecuencia de ello se extendió el plazo para ser declarado responsable fiscalmente.

Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza a del derecho fundamental, después de haber agotado el procedimiento legal administrativo o judicial establecido por la ley para su protección, como lo alega la parte actora en el caso objeto de estudio, lo que implica que el mecanismo constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que busque reabrir el debate procesal.

Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades públicas, concretamente al debido proceso.

Tutela contra sentencia de tutela

La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues el trámite cuestionado corresponde a un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor José Guillermo Angulo Argote en contra de la Nación – Contraloría General de la República.

Inmediatez

En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerado su derecho con ocasión de la sentencia de segunda instancia dictada el 21 de enero de 2021, notificada por correo electrónico el 10 de febrero del mismo año.

De esta manera no se ha superado el término de seis meses establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado entre la ejecutoria de la sentencia y la presentación de la acción de tutela, término que se considera razonable.

Subsidiariedad

En consideración al requisito de subsidiariedad, por tratarse la sentencia del 21 de enero de 2021 de una providencia que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el señor José Guillermo Angulo Argote en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado 20-001-23-39-002-2016-00036-01, es evidente el agotamiento de los recursos ordinarios.

Asimismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia, comoquiera que la inconformidad señalada por la parte actora no se adecúa a las causales establecidas en los artículos 250 y 257 de la Ley 1437 de 2011.

Caso concreto

La parte actora aseguró, que el Consejo de Estado – Sección Primera, al proferir la sentencia de 21 de enero de 2021, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso.

Debido a que los argumentos expuestos en la demanda guardan una intrínseca relación, se estudiarán las razones de inconformidad planteadas dentro de la acción de tutela de manera conjunta.

Ahora bien, esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 2015, precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión:

Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento
Características
Omisión de decreto y práctica de pruebas indispensables para fallar el asunto

Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.

De esta manera, se requiere:

Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era conducente, pertinente o idónea.
Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.

Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.

Así las cosas, se configura siempre que:

Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el juez.
Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso
Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo.

Valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.

Se requiere entonces que:

La parte precise cual o cuales de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez
La razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.

El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.

Incidencia de la prueba en el fallo atacado

Dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso

Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.

Para su configuración corresponde señalar:

Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con violación al artículo 29 constitucional.
Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento de la decisión.

Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.

Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al fallador.

En cuanto al defecto sustantivo, la Corte Constitucional, ha explicado cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.

Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos:

El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
No se hace una interpretación razonable de la norma.
La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.
La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.
Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

De los argumentos generales expuestos por la parte actora, en el libelo introductorio, se cuestiona la sentencia proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera, al indicar que incurrió en un defecto fáctico y sustantivo, debido a que se falló en su contra, valorando las resoluciones reglamentarias que suspendieron los términos aun cuando se les había desvirtuado su valor probatorio porque estas no obedecieron a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, conforme a los presupuestos previstos en el artículo 13 de la Ley 610 de 2000.

Valga la pena mencionar que tal como lo afirmaron el a-quo y el ad-quem del proceso ordinario, dichas resoluciones fueron tenidas en cuenta para el cómputo del término de prescripción de la acción de responsabilidad fiscal toda vez que gozaban de presunción de legalidad y que en ningún momento fue discutida tal situación.

Al respecto, debe esta Sala considerar el argumento de la Sección Primera del Consejo de Estado, que en su respuesta afirmó que lo que pretendía el actor era discutir la vigencia de dichas resoluciones en una oportunidad procesal inadecuada. Adicionalmente, señaló que, si se quisiera restar el valor probatorio a las mismas, se debieron haber demandado ante la jurisdicción contencioso – administrativa mediante el ejercicio de la acción de nulidad simple o nulidad y restablecimiento del derecho.

Con todo lo expuesto, debe indicarse que el razonamiento de la autoridad judicial demandada dio a lugar a concluir que la suspensión de los términos sí obedeció a situaciones imprevisibles e irresistibles, es decir, en cumplimiento de los lineamientos de la norma que alegó como desatendida.

También fue alegado por el actor que las resoluciones en cualquier caso no comportaban autos de trámite ni fueron notificados por estado al día siguiente como lo ordena la Ley 610 de 2000.

Para desvirtuar este reproche, debe aclararse que la naturaleza del proceso de responsabilidad fiscal es de naturaleza administrativa como lo ha reiterado la Corte Constitucional desde el año de 1996 y según la cual:

“[La responsabilidad fiscal] es determinada a partir de un proceso de esta misma naturaleza, es decir, un proceso administrativo; iii) no tiene un carácter sancionatorio, sino eminentemente resarcitorio, pues busca recuperar el valor equivalente al detrimento ocasionado al patrimonio de una entidad estatal, teniendo esta suma como límite a exigir; y iv) en este proceso se deben observar las garantías sustanciales y adjetivas propias del debido proceso de manera acorde con el diseño constitucional del control fiscal”.

Por lo tanto, las actuaciones que de este proceso se deriven se verán concretadas por medio de actos administrativos que no comparten naturaleza judicial pese a su denominación como autos de trámite.

Se resalta entonces, que las resoluciones reglamentarias (aludidas en el proceso) son actos administrativos con presunción de legalidad y que fueron reglamentadas por la Resolución Reglamentaria Organizacional OGZ – 0001 de 2014, expedida por la entonces Contralora General, Sandra Morelli. Esta preceptúa:

“ARTÍCULO 5o. CONTENIDO DE LAS RESOLUCIONES. Las resoluciones que se profieran de acuerdo con la clasificación señalada en el artículo anterior, se referirán a los siguientes contenidos:
1. Resoluciones reglamentarias orgánicas. Mediante las resoluciones reglamentarias orgánicas se regularán las políticas, directrices o lineamientos para el ejercicio de la función de control fiscal, conforme a lo dispuesto por los numerales 1, 2, 5 y 12 del artículo 268 de la Constitución Política, que no correspondan a los temas propios de las resoluciones reglamentarias ejecutivas.
2. Resoluciones reglamentarias ejecutivas. Las resoluciones reglamentarias ejecutivas se referirán a las siguientes materias:
2.1 Adopción, modificación, adición o derogatoria de manuales, guías o instructivos para el ejercicio de las funciones de control fiscal, y establecimiento de sistemas, métodos, requisitos o procedimientos de trabajo o administración en el tema.
2.2 Definición de las reglas para la convocatoria y conformación de las listas de apoderados de oficio o auxiliares de la justicia en los procesos de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva.
2.3 Sectorización de los sujetos de control fiscal.
2.4 Aplazamiento o reanudación de términos”. (Subrayado por fuera del texto original)

Las notificaciones de estos actos o resoluciones reglamentarias no debían ser incorporada necesariamente a cada uno de los expedientes como mal lo afirma el tutelante, pues esto menguaría los principios de economía y celeridad administrativa.

Al respecto, la Sección Primera de esta Corporación, consideró:

“Por lo demás, es preciso advertir que los actos administrativos mediante los cuales se suspendió, de manera general, para todas las actuaciones, el término de prescripción, lo que, por lo mismo, no operó única y exclusivamente en relación con el proceso de responsabilidad fiscal adelantado en contra del demandante, están en firme y gozan de la presunción de legalidad, al ser proferidos con fundamento en una norma legal vigente y por las alegadas razones de fuerza mayor o caso fortuito que no fueron […]”.

Resta entonces señalar que la Sección Primera del Consejo de Estado sí consideró que los actos que suspendieron los términos obedecieron a situaciones de fuerza mayor y caso fortuito, resaltando su validez y presunción de legalidad que no fue desvirtuada, así:

“La Sala considera que, independientemente de las razones de índole legal y presupuestal alegadas para no renovar el contrato de arrendamiento del inmueble en donde funcionaba la sede central por la CGR, el hecho del traslado, en sí mismo considerado, constituye fuerza mayor o caso fortuito, teniendo en cuenta que se trataba de una situación irresistible, que implicaba el acarreo y reorganización de muebles, equipos, archivos, expedientes, al igual que muchos otros elementos de apoyo, así como la adecuación de oficinas, instalación de redes y una serie adicional de complejas actividades que, sin duda, traían consigo la imposibilidad de que, durante el tiempo que efectivamente se requería para adelantar la mencionada actividad, se desarrollasen normalmente las delicadas y complejas funciones propias de una entidad como la demandada y, en particular, los procesos misionales a su cargo, como el relacionado con el asunto de que aquí se trata.

[…] Es oportuno resaltar que este aspecto ha sido estudiado en diferentes sentencias, entre otras, en providencia de 3 de octubre de 2019 (Expediente núm. 2017-00129-01, Actora: Ana Olivia Barrera Molano, Consejero ponente doctor Hernando Sánchez Sánchez), en las que se ha considerado que el cierre de las instalaciones justifica la suspensión de términos”.

Por lo tanto, no fue recibido, por parte de la autoridad judicial demandada, el argumento del tutelante en el que afirmaba que todas las situaciones eran previsibles e incluso prevenibles.

Debido a la ausencia de razones de orden jurídico que pudiesen deslegitimar o desvirtuar las Resolución Reglamentarias número 138 del 18 de octubre de 2011, 269 del 13 de febrero y 010 del 31 de diciembre, ambas de 2014, no había razón para no ser valoradas (como lo hizo la Sección Primera de esta Corporación) dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, llegando a la conclusión lógica que se había extendido la fecha de prescripción hasta el 30 de julio de 2015.

Así las cosas, los cargos no tienen vocación de prosperidad.

Conclusión

La Sección Primera del Consejo de Estado no incurrió en los defectos fáctico y sustantivo al valorar los actos administrativos por medio de los cuales la Contraloría General de la República suspendió el conteo de los términos en tres oportunidades diferentes, debido a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo al derecho al debido proceso deprecado por el señor José Guillermo Angulo Argote, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

ALEJANDRO VENEGAS FRANCO
Conjuez
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511, 08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00. Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01. Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio
Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras. Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería. Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas. ARTICULO 13. SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS. El cómputo de los términos previstos en la presente ley se suspenderá en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, por la tramitación de una declaración de impedimento o recusación hasta la comunicación de la decisión correspondiente, o por la proposición de conflicto de competencias hasta el momento en el cual el funcionario a quien se le remite asuma el conocimiento del asunto o el conflicto sea resuelto y comunicado. En tales casos, tanto la suspensión como la reanudación de los términos se ordenará mediante auto de trámite, que se notificará por estado al día siguiente de su expedición y contra el cual no procede recurso alguno. Al respecto se pueden consultar las sentencias Su-620 de 1996, C-382 de 2008 y C-512 de 2013.

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