Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-05179-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-05179-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2021-05179-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
27 de enero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-05179-01
Demandante: José Guillermo Angulo Argote
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-05179-01
Demandante: JOSÉ GUILLERMO ANGULO ARGOTE
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, Y OTRO
Temas: Contra providencia dictada en proceso de responsabilidad fiscal.
Término de prescripción
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor José Guillermo Angulo Argote
contra la sentencia del 21 de octubre de 2021, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, que denegó las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. En ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado judicial, el señor
José Guillermo Angulo Argote pidió la protección del derecho fundamental al debido
proceso, que estimó vulnerado por las providencias del 21 de enero de 2021 y del 25
de mayo de 2017, dictadas, en su orden, por el Consejo de Estado, Sección Primera,
y por el Tribunal Administrativo del Cesar. En concreto, formuló las siguientes
pretensiones1:
Amparar el derecho fundamental al debido proceso de José Guillermo Angulo Argote,
violado por el Tribunal Administrativo del Cesar y la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante las sentencias proferidas el 25 de mayo de 2017 y el 21 de enero de 2021,
respectivamente, notificando la última por correo electrónico el 10 de febrero de 2021.
En consecuencia, ordenar a la Sección Primera del Consejo de Estado que, en un término
prudente y razonable, e interpretando el fenómeno liberador de la prescripción extintiva
según el principio pro homine3, y analizando la fuerza mayor y el caso fortuito según los
presupuestos establecidos en la jurisprudencia de la misma corporación, profiera nueva
sentencia de segunda instancia en el proceso ordinario promovido por José Guillermo
Angulo Argote en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Contraloría General de la Republica, radicación No. 20001233900220160003601,
revocando la de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
1 Mayúsculas sostenidas del texto original, se transcribe incluso con errores.
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Demandante: José Guillermo Angulo Argote
2.1. El señor José Guillermo Angulo Argote se desempeñó como secretario de
Planeación del Municipio de Jagua de Ibirico ubicado en el Departamento del Cesar
desde el 10 de marzo de 2006 hasta el 10 de enero de 2008.
2.2. La Contraloría General de la República profirió auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal No. 21-04-705, el 30 de junio de 2010, por la no prestación útil
de la obra construida con ocasión del Contrato de Obra No. 18 del 24 de octubre de
2005, cuyo objeto era la prevención de la amenaza de calamidad de destrucción de la
bocatoma del acueducto de la cabecera municipal.
2.3. Mediante auto de imputación de responsabilidad fiscal No. 00411 del 16 de abril de
2015, la Contraloría concluyó que el señor Angulo Argote al haber suscrito el análisis
de conveniencia para la realización de la obra y después de celebrar una adición al
mismo el 16 de agosto de 2006, causó un detrimento patrimonial por $ 944.164.053,89
y de $ 24.663.000 por permitir que las obras contratadas quedaran inconclusas y no
prestaran servicio alguno.
2.4. Luego, por Auto No. 00672 del 16 de junio de 2015, la Contraloría General de la
República declaró responsable fiscalmente al señor José Guillermo Angulo Argote a
título de culpa grave, por un valor de mil trescientos setenta millones ciento dos mil
cuatrocientos cincuenta y dos pesos ($ 1.370.102.452).
2.5. Contra la anterior decisión, el señor Angulo Argote interpuso recurso de reposición
y apelación, los cuales fueron resueltos mediante los autos No. 00864 del 13 de julio
de 2015 y 0116 del 17 de julio del mismo año, respectivamente, que confirmaron la
decisión, en todas sus partes.
2.6. Inconforme con la decisión, el señor José Guillermo Angulo Argote inició demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, a fin de que se declarara la nulidad del fallo
de responsabilidad fiscal del 16 de junio de 2015, y de los autos confirmatorios, teniendo
como argumento principal la configuración de la prescripción.
2.7. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo del Cesar que, por sentencia del
25 de mayo de 2017, negó las pretensiones de la demanda, pues, si bien explicó que
habían transcurrido más de cinco años desde el momento en que se profirió el auto de
apertura hasta el momento en que la condena quedó en firme, se encontró que se había
presentado suspensión de términos por 30 días, entre los años 2010 a 2015 y que, por
lo tanto, no había operado la prescripción y el fallo de responsabilidad fiscal tenía
perfecta validez.
2.8. Contra la anterior decisión, el actor interpuso recurso de apelación y el Consejo de
Estado, Sección Primera, por sentencia del 21 de enero de 2021, la confirmó,
básicamente por las mismas razones del a quo. En concreto, concluyó “(…) el proceso
de responsabilidad fiscal núm. 21-04-705, seguido en contra del aquí demandante, se
surtió y decidió definitivamente dentro del término legal correspondiente, motivo por el
cual no operó el fenómeno prescriptivo que este alegó, lo cual impone la desestimación
del cargo que en ese sentido fue formulado”.
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. La parte actora sostuvo que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto
fáctico por la ausencia de pruebas que demostraran la suspensión de términos, ya que,
a su juicio, el artículo 13 de la Ley 610 de 2000 exige que para sea procedente la
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suspensión debe obedecer a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debe hacerse
mediante autos de trámite, el cual se debe notificar al día siguiente mediante estado.
Que, para el caso en estudio, las resoluciones proferidas por el Contralor General de la
República no cumplen dichos requisitos.
3.1.2. Que también se incurrió en defecto sustantivo, ya que no son procedentes las
aludidas condiciones de irresistibilidad e imprevisión con las que se justificó la
suspensión de los términos en los procesos de responsabilidad fiscal y que, por ende,
sí estaba probada la prescripción. Que, en efecto, una de las resoluciones que
suspendió los términos se profirió por daños locativos a las instalaciones en las que
funciona la Contraloría en el Cesar, siendo que de haberse procurado por su buen
estado no se habría tenido que repararla. La segunda resolución fue por el cambio de
locaciones de la Contraloría General de la República por el vencimiento del contrato de
arrendamiento, algo que, a su juicio, es previsible, en la medida en que se conoce de
antemano su contenido. Y la última de esas resoluciones ordenó la suspensión de
términos por el cambio de la administración al interior de la Contraloría, algo que
también es previsible pues los funcionarios que son elegidos a su cabeza, cumplen con
un periodo legal.
4. Intervenciones
4.1. El Consejo de Estado, Sección Primera, por conducto de la magistrada ponente
expuso que la acción de tutela es improcedente, en razón a que el demandante
pretende revivir una controversia jurídica que fue estudiada, analizada y resuelta
conforme a las normas aplicables al caso y la jurisprudencia vigente.
4.1.2. En todo caso, la autoridad judicial realizó un resumen de las consideraciones
expuestas en la providencia cuestionada, en la que se concluyó que en el proceso de
responsabilidad fiscal contra el señor José Guillermo Angulo Argote no operó la
prescripción, como consecuencia de las suspensiones de término dispuestas por la
Contraloría.
4.2. El apoderado de la Contraloría General de la República solicitó que se declarara
la improcedencia de la acción de tutela, al no cumplir el requisito de inmediatez, pues
la sentencia de segunda instancia fue notificada el 10 de febrero de 2021 y a la fecha
de la interposición de la acción de tutela habían transcurrido más de 10 meses.
4.2.1. Por otra parte, expuso que la tutela no cumple con las causales generales de
procedibilidad, como quiera que la inconformidad del actor radica en la interpretación
sobre la suspensión de los términos dentro del proceso de responsabilidad fiscal,
asunto que fue resuelto en debida forma y que ha sido reiterado por la jurisprudencia
del Consejo de Estado.
4.2.2. Explicó que no se presentaron nuevas pruebas que lleven a considerar una
postura diferente en el caso y que las resoluciones que suspendieron los términos sí
obedecían a lo preceptuado en el artículo 13 de la Ley 610 de 2000. Resaltó que en el
año 2014 fue declarada la urgencia manifiesta por parte del contralor general al advertir
que no se contaba con sede física para el desarrollo de las actividades.
5. Sentencia impugnada
5.1. Por sentencia del 21 de octubre de 2021, el Consejo de Estado, Sección Primera,
luego de encontrar superados los requisitos generales para la procedencia de la acción
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de tutela, denegó las pretensiones de la tutela, por las razones que se resumen
enseguida:
5.1.1. En cuanto al fondo de asunto, el a quo concluyó que “(...) Debido a la ausencia
de razones de orden jurídico que pudiesen deslegitimar o desvirtuar las Resoluciones
Reglamentarias número 138 del 18 de octubre de 2011, 269 del 13 de febrero y 010 del
31 de diciembre, ambas de 2014, no había razón para no ser valoradas (como lo hizo
la Sección Primera de esta Corporación) dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, llegando a la conclusión lógica que se había extendido la
fecha de prescripción hasta el 30 de julio de 2015”.
5.1.2. Que, siendo así, la sentencia cuestionada no incurrió en los defectos fáctico y
sustantivo al valorar los actos administrativos por medio de los cuales la Contraloría
General de la República suspendió el conteo de los términos en tres oportunidades
diferentes, debido a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y concluir que la acción
fiscal no estaba prescrita.
6. Impugnación
6.1. El demandante impugnó la sentencia del 21 de octubre de 2021. Para el efecto,
reiteró los argumentos de la tutela respecto de los defectos fáctico y sustantivo.
6.2. Explicó que el fallo de primera instancia no tuvo en cuenta el reproche propuesto
en el escrito de tutela, al desconocer que las resoluciones mediante las cuales se
suspendieron los términos en el proceso de responsabilidad fiscal no fueron dictadas
mediante un auto de trámite, ni se notificaron por estado al día siguiente a la fecha de
su expedición, como lo ordena el inciso 2 del artículo 13 de la Ley 610 de 2000.
6.3. Que la providencia desconoció el defecto sustantivo de las sentencias reprochadas,
pues estas interpretaron de manera desproporcionada y contra los principios
constitucionales pro-homine y pro-libertate, los artículos 9 y 13 de la Ley 610 de 2000,
pues desatendieron los supuestos de tales reglas de cara a la prescripción de la
responsabilidad fiscal y la suspensión del transcurso de dicho término extintivo.
6.4. Señaló que “(…) para que proceda la suspensión del término de prescripción
regulada en el artículo 13 de la Ley 610 de 2000, por la ocurrencia de algún evento
constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, tanto la suspensión como su reanudación
se debían ordenar mediante auto de trámite dictado dentro del proceso de
responsabilidad fiscal No. 21.04.705”. Que además debía notificarse por estado al día
siguiente; y contra el cual no procede recurso, procedimiento, que, según dice, quedó
demostrado que la contraloría no cumplió.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. A partir del año 20122, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 3, se precisó que la
acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas
2 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
3 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad.
1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los
medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.
1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv)
defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento
del precedente, y (viii) violación directa de la Constitución.
1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo
de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de
cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un
requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que
exija la imperiosa intervención del juez constitucional»4.
2. Planteamiento del problema jurídico y solución del problema jurídico
2.1. En los términos de la impugnación, en principio, correspondería a la Sala decidir si
el a quo acertó al denegar las pretensiones de la acción de tutela. No obstante, aunque
el juez de primera instancia tuvo por superados los requisitos generales para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala estima
necesario verificar si se cumple el requisito de relevancia constitucional.
2.2. El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
2.2.1. En ese sentido, la Corte Constitucional5 ha señalado que la relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de
los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
4 SU-573 de 2017.
5 Al respecto, ver sentencias C-590 de 2005, T-335 de 2000, T-102 de 2006, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505
de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de
2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014.
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2.2.2. De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20146, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede
utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se
alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»7. Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de
tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben
tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con
una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar,
mejorar o modificar los argumentos propuestos ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.
2.3. En el caso concreto, la Sala advierte que, de un lado, el señor José Guillermo
Angulo Argote propone la misma discusión jurídica que presentó en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Contraloría General de
la República, respecto a que las resoluciones reglamentarias que suspendieron los
términos no obedecieron a situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, conforme a los
presupuestos previstos en el artículo 13 de la Ley 610 de 2000 y, de otro lado, propone
un argumento que no fue planteado en el proceso ordinario, esto es, que las aludidas
resoluciones no comportaban autos de trámite ni fueron notificados por estado al día
siguiente como lo ordena la Ley 610 de 2000.
6 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
7 Ibidem.
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2.3.1. Respecto al primer asunto, si bien el demandante alega que las providencias
objeto de tutela vulneraron derechos fundamentales e incurrieron en defectos fáctico y
sustantivo, lo cierto es que, en últimas, lo que pretende es que se reabra el debate
sobre la suspensión de términos propuesta por la Contraloría. El demandante insiste
en que las razones de la suspensión no obedecen a casos de fuerza mayor o caso
fortuito y que, por lo tanto, no debían tenerse en cuenta para realizar el conteo de la
prescripción de la acción fiscal.
2.3.1.1. En el recurso de apelación que presentó el demandante contra la sentencia de
primera instancia del proceso ordinario, resumido en la providencia de segunda
instancia, sostuvo lo siguiente:
(…)
Que la principal razón de su inconformidad con la sentencia apelada, consistía en que con la
misma se quiso justificar la negligencia, morosidad, desidia, inacción y extemporaneidad de la
CGR en el ejercicio de su función constitucional y legal de control a la gestión fiscal.
Señaló que el Tribunal en su sentencia no tuvo en cuenta que, en cada caso concreto, se deben
analizar y ponderar, con estricto rigor, todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
rodean el hecho en que se funda la fuerza mayor o el caso fortuito, para así determinar si en
realidad estos fenómenos jurídicos se configuraron. Planteó, además, que los hechos aducidos
con la mencionada finalidad deben ser alegados y probados por quien los invoca, lo que quiere
decir que la carga de la prueba la debe soportar la parte que pretende hacer valer tales hechos y
no quien los valora, y, mucho menos, quien los censura. Igualmente, sostuvo que para admitir que
realmente se presentó la fuerza mayor o el caso fortuito debe tratarse de hechos “imprevisibles e
irresistibles”, y, por lo tanto, sobrevinientes, esto es, que su previsión escape normalmente a
cualquier sujeto y no a uno en particular.
Insistió en no estar de acuerdo con la sentencia cuando esta estima que las reparaciones locativas
de una sede y el traslado de funcionarios y elementos de la Contraloría, debido al cambio de sede
de la entidad, previa una declaratoria de urgencia manifiesta emitida por el Contralor General de
la República, debido a un problema relacionado con un contrato de arrendamiento celebrado por
la misma entidad, puedan ser catalogadas como situaciones imprevisibles e irresistibles
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, pues estas circunstancias internas, no pueden ser
alegadas en perjuicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Agregó que, por esta razón, los supuestos alegados no pueden ser estimados como constitutivos
de fuerza mayor o de caso fortuito; y, mucho menos, justificativos de la suspensión del término
prescriptivo establecido en el artículo 9° de la Ley 610 de 2000, conforme a lo previsto en el
artículo 13 de la misma Ley, y, en ese sentido, las resoluciones reglamentarias 0138, de 18 de
octubre de 2011, y 010, de 31 de diciembre de 2014, fueron indebidamente valoradas por la Sala
de Decisión del Tribunal Administrativo del Cesar.
(…)
En resumen, el apelante insistió en que la CGR no acreditó las circunstancias constitutivas de
fuerza mayor o caso fortuito que expuso en los actos demandados, y, mucho menos, las
características de imprevisibilidad e irresistibilidad que en un evento dado permitirían la
configuración de tales situaciones; pese a que era deber de dicha entidad demostrarlas por
alegarlas en su favor.
(…)
2.3.1.2. Como se ve, el demandante formuló inconformidades que coinciden con las
que expuso en el recurso de apelación que presentó contra la sentencia de primera
instancia que denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió contra la Contraloría General de la República. Evidentemente la
tutela busca revivir la discusión respecto a la valoración probatoria de las resoluciones
expedidas por el ente fiscal, en las que se suspendieron en tres ocasiones los términos,
por hechos constitutivos de fuerza mayor y caso fortuito, aspecto que ya fue resuelto
7
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por el Consejo de Estado, Sección Primera, en la sentencia del 21 de enero de 2021,
que en lo que interesa, consideró:
(…)
Sin embargo, no puede perderse de vista que cabe la posibilidad de que el término señalado en la
norma, para que opere el fenómeno de la prescripción, sea interrumpido con ocasión del advenimiento
de algunos específicos eventos, entre los que se cuentan la fuerza mayor o el caso fortuito, tal y como
lo dispone el artículo 13, de la Ley 610 de 2000, a cuyo tenor:
(…)
Continuando con el análisis de los elementos probatorios que hicieron parte de la actuación
administrativa, relacionados con la suspensión del término prescriptivo, la Sala observa que, en su
oportunidad, se invocaron circunstancias que según la demandada ameritaron la adopción de dicha
medida, no solo predicables del proceso de responsabilidad fiscal núm. 21-04-705, adelantado en
contra el demandante, sino, también, de manera general, respecto de los procesos auditores,
procesos administrativos, indagaciones preliminares fiscales, procesos de responsabilidad fiscal, de
jurisdicción coactiva, peticiones y demás actuaciones. En efecto, mediante Resolución Reglamentaria
núm. 01388, de 18 de octubre de 2011, proferida por la Contraloría General de la República, se
dispuso la suspensión de los términos por 10 días hábiles, de todas las actuaciones que se
adelantaban en la Gerencia Departamental del Cesar, en razón de que las instalaciones en donde
funcionaba dicha Gerencia, en la ciudad de Valledupar, se encontraban fuera de servicio, desde el 18
hasta el 31 de octubre de 2011, por daños locativos que impedían la prestación de los servicios
habituales. Para entonces la actuación fiscal objeto de cuestionamiento por el demandante cursaba
en la mencionada sede.
La Sala considera que los fundamentos fácticos expuestos en el auto que dispuso dicha suspensión
de términos, tienen la entidad suficiente para ser considerados como eventos constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito, pues el hecho de que las instalaciones donde funcionaba la Gerencia
Departamental del Cesar de la CGR y en las cuales se adelantaban los procesos de competencia de
esa entidad, quedaran fuera de servicio, durante el lapso indicado, por daños locativos que
efectivamente imposibilitaron el ingreso de los funcionarios que estaban a cargo de los compromisos
misionales atribuidos a la demandada, lo que, de contera, impidió que en dicho interregno se
tramitara, de algún modo, el proceso fiscal de que aquí se trata, que se tramitaba para entonces en
dicha sede, bien puede ser catalogado como imprevisible por las causas exógenas en que se
enmarca. Por lo demás, la presunción de legalidad del pronunciamiento respectivo, predicable de su
naturaleza de acto administrativo, no ha sido desvirtuada en lo más mínimo, teniendo en cuenta que
el demandante no demostró que, en contra de lo señalado en el auto que ahora cuestiona,
efectivamente, en el periodo de suspensión declarado, sí estaban dadas las condiciones reales para
que, sin ningún riesgo, los funcionarios de la entidad demandada, efectivamente, estaban en la
posibilidad de seguir laborando normalmente, a pesar de las alegadas condiciones de deterioro de
las instalaciones locativas en las que, en la ciudad de Valledupar, aquella operaba.
Adicionalmente, la Sala advierte que el Contralor General de la República profirió la Resolución
Reglamentaria núm. 0109, de 31 de diciembre de 2014, por medio de la cual dispuso la suspensión
de los términos en los procesos de responsabilidad fiscal, así como en las indagaciones preliminares
fiscales, en los procesos de jurisdicción coactiva que se encuentren adelantando las diferentes
unidades, Contralorías Delegadas y demás áreas, Direcciones u Oficinas de la sede central de
Bogotá, así como las actividades misionales que requerían el computo de términos, ubicadas en el
edificio Gran Estación II, por 20 días, desde el 1° de enero de 2015 hasta el 20 de enero de 2015.
Para entonces el proceso fiscal bajo examen estaba a cargo del Contralor Delegado Intersectorial 20
con sede en la Ciudad de Bogotá, donde se dictó, en primera instancia, el fallo que declaró la
responsabilidad fiscal del demandante, razón por la cual dicho proceso quedó cobijado con la
mencionada medida.
Al efecto, la CGR adujo razones de urgencia manifiesta relacionadas con la imposibilidad de continuar
prestando servicios en dicha sede por hechos de índole legal y presupuestal que materialmente
impedían prorrogar el contrato de arrendamiento del inmueble en el que la entidad funcionaba, por lo
que se tornaba imperioso el traslado de ubicación.
8 Cita original: Visible a folios 261 a 262 del expediente digital pdf, Carpeta núm.2 del CD.
9 Cita original visible a folio 772 a 775 del expediente digital pdf, Carpeta núm. 7 del CD.
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Demandante: José Guillermo Angulo Argote
La Sala considera que, independientemente de las razones de índole legal y presupuestal alegadas
para no renovar el contrato de arrendamiento del inmueble en donde funcionaba la sede central por
la CGR, el hecho del traslado, en sí mismo considerado, constituye fuerza mayor o caso fortuito,
teniendo en cuenta que se trataba de una situación irresistible, que implicaba el acarreo y
reorganización de muebles, equipos, archivos, expedientes, al igual que muchos otros elementos de
apoyo, así como la adecuación de oficinas, instalación de redes y una serie adicional de complejas
actividades que, sin duda, traían consigo la imposibilidad de que, durante el tiempo que efectivamente
se requería para adelantar la mencionada actividad, se desarrollasen normalmente las delicadas y
complejas funciones propias de una entidad como la demandada y, en particular, los procesos
misionales a su cargo, como el relacionado con el asunto de que aquí se trata.
Conforme con lo anterior, la Sala comparte las conclusiones a las que llegó el Tribunal, cuando, en
relación con el tema tratado, manifestó que: “En este orden de ideas, se había indicado en
precedencia, que contando a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, el
término de 5 años de que trata el artículo 9 de la Ley 610 de 2000, iría hasta el 30 de junio de 2015,
sin embargo, al adicionarse los días en que el proceso fue suspendido, es decir, 30 días más
(contando las dos suspensiones indicadas en los párrafos anteriores), el término se extendería hasta
el 30 de julio de 2015 para que la entidad demandada profiriera el fallo respectivo y este cobrara
firmeza.
“Bajo esta perspectiva, se atisba que el auto No. 0116 por medio del cual el Contralor General de la
República resolvió el recurso de apelación incoado contra el auto No. 00672 que declaró fiscalmente
responsable al señor José Guillermo Angulo Argote, decisión a partir de la cual cobró firmeza la
decisión, fue proferido el 17 de julio de 2015, es decir, antes del 30 de julio de 2015, tiempo señalado
para que a partir de allí operara el fenómeno de la prescripción”.
Por lo demás, es preciso advertir que los actos administrativos mediante los cuales se suspendió, de
manera general, para todas las actuaciones, el término de prescripción, lo que, por lo mismo, no operó
única y exclusivamente en relación con el proceso de responsabilidad fiscal adelantado en contra del
demandante, están en firme y gozan de la presunción de legalidad, al ser proferidos con fundamento
en una norma legal vigente y por las alegadas razones de fuerza mayor o caso fortuito que no fueron
desvirtuadas en tanto que no se demostró en el proceso que, a pesar del deterioro de las instalaciones
de la demanda, en el primer caso y del traslado de sede, en el segundo caso, sí existían las
condiciones reales para que las actividades suspendidas siguieran desarrollándose con plena
normalidad y que, por ende, la imposibilidad alegada en ese sentido por la demanda en realidad nunca
existió, prueba que, se insiste, no se arribó al expediente.
Con fundamento en todo lo que se deja expresado, la Sala concluye que el proceso de
responsabilidad fiscal núm. 21-04-705, seguido en contra del aquí demandante, se surtió y decidió
definitivamente dentro del término legal correspondiente, motivo por el cual no operó el fenómeno
prescriptivo que este alegó, lo cual impone la desestimación del cargo que en ese sentido fue
formulado.
Es oportuno resaltar que este aspecto ha sido estudiado en diferentes sentencias, entre otras, en
providencia de 3 de octubre de 2019 (Expediente núm. 2017-00129-01, Actora: Ana Olivia Barrera
Molano, Consejero ponente doctor Hernando Sánchez Sánchez), en las que se ha considerado que
el cierre de las instalaciones justifica la suspensión de términos.
2.3.1.3. Siendo así, aunque el demandante alega la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, lo cierto es que termina promoviendo indebidamente la
tutela para obtener un pronunciamiento que acceda a las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Contraloría General
de la República, respecto a que no se tengan en cuenta las resoluciones que
dispusieron la suspensión de términos para el conteo del término de prescripción de la
acción fiscal que se inició en su contra.
2.3.2. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la falta de cumplimiento de lo dispuesto
en el Ley 610 de 2000, respecto a la forma cómo se debe disponer de la suspensión de
términos, se advierte que dicho tema no fue propuesto en el trámite del proceso
ordinario. En efecto, tanto en la tutela como en la impugnación, el demandante propone
que las resoluciones de suspensión de términos no son autos de trámite, no se
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Demandante: José Guillermo Angulo Argote
profirieron al interior del proceso de responsabilidad fiscal y no fueron notificadas por
estado, tal como lo exige el artículo 13 de la aludida Ley 610.
2.3.2.1. Sin embargo, de la revisión del expediente ordinario se advierte que en la
demanda no se propuso ese argumento como causal de nulidad de los actos
demandados. Es más, ni siquiera en el recurso de apelación se propuso alguna
discusión sobre dicho asunto. Lo anterior, se corrobora cuando el juez de segunda
instancia planteó el problema jurídico, en los siguientes términos:
El problema jurídico
La Sala considera que el problema jurídico a dilucidar en esta instancia gira en torno a la verificación
de si resulta procedente denegar, como lo decidió el a quo, las pretensiones de la demanda; en cuyo
caso, se confirmará la sentencia apelada o, por el contrario, de encontrarse que aquellas sí están
llamadas a prosperan, revocarlo, para emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda.
Caso concreto
A efectos de dar solución al problema jurídico así planteado, la Sala procederá a analizar los
argumentos de la apelación que, en síntesis, refutan la decisión de primera instancia, por lo siguiente:
(i) Que la sentencia desestimó injustificadamente la prescripción alegada argumentando que las
resoluciones reglamentarias 0138, de 18 de octubre de 2011 y 010, de 31 de diciembre de 2014,
ampliaron por 30 días el término prescriptivo con que contaba la demandada para declarar la
responsabilidad fiscal del demandante; (ii) Que, equivocadamente, el Tribunal consideró que los
motivos expuestos en dichos actos de trámite reúnen las características de los fenómenos de fuerza
mayor y caso fortuito que el legislador previó en el artículo 13, de la Ley 610 de 2000, para suspender
el término prescriptivo de la acción de responsabilidad fiscal establecido en el artículo 9° de la misma
Ley; (iii) Que es desacertada la conclusión a la que arribó el a quo en cuanto a que en el presente
proceso no se logró demostrar la falsa motivación predicada del acto enjuiciado, ni desvirtuar la
presunción de legalidad del mismo.
Lo anterior hace improcedente la acción de tutela, pues, como se dijo al inicio de las
consideraciones, no es permitido traer argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario.
2.4. Siendo así, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que denegó las
pretensiones de la acción de tutela y, en su lugar, declarará improcedente la solicitud
de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada que denegó las pretensiones de la demanda. En
su lugar:
2. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor José Guillermo
Angulo Argote, por las razones expuestas en esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
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Demandante: José Guillermo Angulo Argote
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección Magistrada
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrado Magistrada
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