RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-05191-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05191-01

Fecha
12 de mayo de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05191-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 24 de septiembre de 2021 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual negó el amparo solicitado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 28 Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01 Actor: Juan de Dios Rambal Torres

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-05191-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

12 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico

Temas: Defecto fáctico/alcance

Defecto sustantivo por aplicación indebida de normas jurídicas/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor, a través de apoderado,
contra la sentencia de tutela de 24 de septiembre de 2021 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado por medio de la cual
negó la solicitud de amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico, porque, a su juicio, al proferir en segunda instancia la

2

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

sentencia de 23 de junio de 2020, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
080013333003201700379-01, mediante la cual confirmó la sentencia de 26 de
febrero de 2019 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito
de Barranquilla, vulneró los derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Expresó que, presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – D.E.I.P. de
Barranquilla – Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se
declarara la nulidad parcial de la Resolución núm. 05165 del 28 de abril de 2017
“[...] mediante la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación
[...]” y a título de restablecimiento del derecho “[...] que se le incluya además de
los factores salariales reconocidos en ella, los demás que efectivamente
devengaba al momento de retirarse del servicio tales como: Prima de servicios,
Horas Extras y Prima de Navidad y todos los demás que según la ley tenga
derecho[...]”.

Sentencia proferida el 26 de febrero de 2019 por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Barranquilla dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de
radicación 08001333300320170037900

4. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Barranquilla dispuso en su
parte resolutiva lo siguiente:

[...] PRIMERO: NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda [...]”.

4.1. Consideró que:

3

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

“[...] La parte actora solicitó la inclusión de los factores salariales de prima de
servicios, horas extras y prima de navidad, no obstante, revisado los antecedentes
administrativos allegados por el ente territorial, no se vislumbra que se encuentre
acreditado que sobre los factores ahora reclamados, se haya efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

De conformidad con la sentencia de unificación vigente del Honorable Consejo de
Estado, los únicos factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión
de jubilación, son aquellos sobre los cuales se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones; prueba que no se allegó al sub judice, y no,
aquellos factores sobre los cuales se procede a realizar el descuento a la seguridad
social, una vez fueran reclamados y reconocidos como factor de liquidación, tal
como lo indicaba la Sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Honorable Consejo de Estado, alegada
por el demandante, y cuya tesis venia siendo aplicada por el Despacho, a partir de
la jurisprudencia del 2010.

Resulta del caso, resaltar que la posición actual del Consejo de Estado, en su Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo es de obligatorio acatamiento dada su
calidad de unificadora, y por ser la que más se ajusta al artículo 48 constitucional,
teniendo en cuenta que al tomarse sólo los factores sobre los que se haya
efectuado los aportes al sistema de pensiones, no se verá afectado las finanzas del
sistema, ni tampoco se pone en riesgo la futura pensión de los restantes habitantes
del territorio nacional, primando los principios de universalidad y eficiencia.

Ahora bien, tenemos que si bien el despacho en asuntos similares había dado
aplicación a la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, proferida por el
Honorable Consejo de Estado, en la que para efectuar la liquidación de la pensión,
tenía en cuenta los factores salariales de ley, pero no solamente aquellos que
fueron objeto de aportes al Sistema de Seguridad Social, sino todos aquellos que
constituían salario, es importante establecer la obligatoriedad de la sentencia de
unificación, que sirve de fundamento para el cambio de precedente por parte de
esta servidora judicial, para lo cual, resulta necesario invocar los argumentos
expuesto (sic) en la sentencia C-836 de 2001, que permite el cambio de
precedentes a los jueces, sin que ello indique que se está incurriendo en vía de
hecho por violación al derecho de igualdad, o que se está afectando la seguridad
jurídica, o violación al precedente horizontal y vertical; explicando a través de esta
sentencia, que las decisiones de las altas Cortes, al ser órganos de cierre, tienen el
carácter de vinculante por emanar de órganos diseñados para la unificación de
jurisprudencia, y en virtud de los principios de igualdad, buena fe, y seguridad
jurídica previstos en los artículos 13 y 83 de la Constitución Política de Colombia,
siendo en consecuencia su contenido vinculante y obligatorio.

Finalmente, es del caso concluir que la parte actora no destruyó la presunción de
legalidad de los actos acusados, al no probar las aseveraciones realizadas en el
concepto de violación, y por ende no se declarará la nulidad solicitada en las
pretensiones de la demanda.

Ante lo anterior, el despacho se relevará del estudio de las excepciones propuestas,
por sustracción de materia [...]”.

4

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

Sentencia proferida el 23 de junio de 2020 por la Sección A del Tribunal
Administrativo del Atlántico dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número de radicación
08001333300320170037901

5. La Sección A del Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia de 23 de
junio de 2020, dispuso:

“[...] PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del veintiséis (26) de febrero de mil
diecinueve (2019) proferida por el Juzgado Terceo (sic) (3o) Administrativo Oral del
Circuito de Barranquilla, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda [...]”.

5.1. Consideró que:

“[...] Se tiene que mediante la Resolución No. 05165 del 28 de abril de 2017, se
reconoció la pensión vitalicia de jubilación al señor Juan de Dios Rambal Torres, (fls.
16 a 17). A folios 18 - 19 obra copia de formato único para la expedición de
certificados de salarios del Fondo Nacional de prestaciones Sociales del Magisterio,
en el que se da cuenta de los factores salariales devengados por el aquí accionante
durante el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado 2016- 2017, es
decir, los 12 meses anteriores al 12 de marzo de 2017, los cuales solicita que deben
tenerse en cuenta como base para su liquidación; sin embargo, acorde a la regla
jurídica antes expuesta se pasará primeramente a verificar, si estos corresponden a
los enlistado (sic) en el plurimencionado artículo 1 de la Ley 62 de 1985,
modificatorio del artículo 3 de la Ley 33 de 1985.

Tenemos claro que, en el presente asunto, no se discute la condición de beneficiaria
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, del señor
Juan de Dios Rambal Torres. Es decir, que para el reconocimiento de su pensión
deben aplicarse las reglas de la Ley 33 de 1985, en cuanto a edad, tiempo de
servicios y tasa de remplazo (sic).

De acuerdo con las reglas y sub reglas fijadas por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la sentencia de unificación, la cual se
repite, se constituye en precedente obligatorio, el IBL para las personas que se
encuentran en el régimen de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo
36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se
pensionan con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

Descendiendo al caso que nos ocupa, reitera la Sala, que no existe controversia
acerca de que el actor se encuentra amparado por el régimen de transición creado
por la Ley 100 de 1993, el cual remite en su caso a la Ley 33 de 1985. El motivo de
inconformidad del demandante recae sobre los factores que tuvo en cuenta la
entidad demandada para la liquidación de su pensión.

En relación con la segunda subregla fijada en la sentencia de unificación de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, relacionada con los factores salariales que
se deben incluir en el IBL en el régimen de transición, en el caso concreto se tiene
que los factores que deben ser incluidos en la liquidación pensional, son los

5

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

contemplados en el Decreto 1158 de 1994, los cuales son: Asignación básica
mensual, bonificación por servicios prestados, prima técnica, las primas de
antigüedad, ascensional y capacitación, remuneración por trabajo dominical o
festivo, remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna y los gastos de representación.

La tesis que plantea esta Sala para dar respuesta al problema jurídico teniendo en
cuenta lo señalado por el Consejo de Estado, es la siguiente: el señor Juan de Dios
Rambal Torres, no tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez
incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados durante el último
año de servicios, habida cuenta de que revisado el expediente, no se evidencia
que sobre los factores reclamados, se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones y teniendo en cuenta que de acuerdo con los precedentes
expuestos, los únicos factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de jubilación, son aquellos sobre los cuales se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

Atendiendo todo lo expuesto, habrá de confirmarse la sentencia proferida el
veintiséis (26) de febrero de dos mil diecinueve (2019) por parte del Juzgado
Tercero (3º) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, en tanto las
pretensiones de la demanda según las consideraciones expuestas no tienen
vocación de prosperar [...]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Con fundamento en los anteriores argumentos fácticos y jurídicos, y en
beneficio de los derechos fundamentales vulnerados, respetuosamente, solicito a
Ustedes H. Magistrados, ordenar al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SECCION A M.P CRISTOBAL
CHRISTIANSEN MARTELO, amparar los derechos fundamentales de defensa,
debido proceso y acceso a la administración de justicia vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Atlántico al momento de resolver un recurso de apelación en
segunda instancia en el proceso 2017-00379-CH y negar la reliquidación de pensión
de jubilación del tutelante, por errónea valoración de las pruebas y de no aplicación
de Ley.

En consecuencia, ordenar al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A,
Magistrado Cristóbal Christiansen (sic) Martelo, que se pronuncie y resuelva de
forma correcta el recurso de apelación presentado en el proceso con radicación
2017-00379-CH, en cuanto a la inclusión de los factores salariales devengado por el
docente Juan de Dios Rambal en el año anterior al que adquirió el estatus de
pensionado (2016-2017) y que se encuentra enlistada en la Ley 62 de 1985 tales
como HORAS EXTRAS […]”. (Resaltado en el texto original)

7. El actor en su escrito de tutela señaló que el Tribunal Administrativo del Atlántico
incurrió en un defecto fáctico por falta de valoración de fondo, coherente y
ajustada sobre las certificaciones laborales.

6

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

8. Asimismo, afirmó que la autoridad judicial demandada, incurrió en un defecto
sustantivo por indebida aplicación del Decreto 1158 de 1994, en lugar de la
Ley 62 de 1985, para tal efecto mencionó que:

“[...] impetro la presente tutela, toda vez que con el actuar del Tribunal
Administrativo del Atlántico Sala A, con ponencia del M. Cristóbal Rafael
Christiansen (sic) Martelo en el proceso con radicación No 2017-00379-01-CH, al
desatar la alzada y no valorar de fondo y de forma coherente y ajustada las
certificaciones salariales del docente Juan de Dios Rambal Torres y no aplicar de
manera correcta la Ley 62 de 1985 relacionado con los factores de liquidación de
pensión de la docente, y por el contrario hacer relación en la sentencia de segunda
instancia al Decreto 1158 de 1994 se están vulnerando derechos fundamentales
como defensa, debido proceso y acceso a la administración de justicia. Lo que lo
convierte en un defecto fáctico por parte del Tribunal, al no revocar la decisión de
primera instancia y ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación de mi cliente
con inclusión de los factores salariales HORAS EXTRAS devengada en el año
anterior al que adquirió el estatus de pensionado (2017) y que se encuentra
debidamente relacionado en la Ley 62 de 1985, convirtiéndolo en actuaciones
arbitrarias que vulneran principios constitucionales [...]”.

[...]

“[...] a el Tribunal al dar una errada interpretación a la Ley 62 de 1985 respecto de
los factores salariales devengados por la docente como es: horas extras y por el
contrario hacer la argumentación jurídica para negar el derecho con base en el
decreto 1158 de 1994 que no guarda nada de relación con la situación fáctica del
accionante. Es en este punto, donde se evidencia de manera clara y concisa como
el Tribunal violó el debido proceso y acceso a la administración de justicia al no
valorar y aplicar en debida forma la Ley 62 de 1985. De todo lo expuesto no se
concibe que el Tribunal en su sentencia de segunda instancia, haga una errada
interpretación de la Ley 62 de 1985 en cuanto a los factores que debe incluir la
liquidación de la pensión de jubilación del docente JUAN DE DIOS RAMBAL; por lo
tanto son actuaciones omisivas por parte de ese Juzgador que pone en riesgo la
seguridad jurídica de las decisiones emitidas y más aún que vulneran derechos
fundamentales, forjando así un defecto factico por parte de dicho órgano
jurisdiccional, que se configura en el caso en estudio por una indebida interpretación
de normas [...]”.

[...]

“[...] Conforme a lo argumentado, es un hecho notorio que el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sala A, vulneró de forma desmesurada derechos constitucionales
como defensa, debido proceso y acceso a la administración de justicia, pues del
recuento normativo y jurisprudencial está claro que hubo una indebida interpretación
y valoración del material probatorio más exactamente las certificaciones de salarios
del docente Juan de Dios Rambal Torres, que dan cuenta que el tutelante SI
devengó otros factores diferentes a los reconocidos en el acto demandado y que se
encuentran enlistados en la Ley 65 de 1985 por esa colegiatura al momento de
resolver el recurso de apelación, y que debe ser subsanada por lo tanto se acude a
este medio al no contar con más mecanismos judiciales para obtener un
pronunciamiento [...]”.

7

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

Actuación

9. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante auto de 13 de agosto de 2021; i) admitió la acción
de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sección A del Tribunal
Administrativo del Atlántico y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado; y iii) vinculó a la Ministra de Educación Nacional, al Director del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y a la Secretaría
Distrital de Educación de Barranquilla en calidad de terceros con interés legítimo,
concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el
particular.

Intervenciones de la parte demandada y de lo terceros con interés legítimo

10. La Sección A del Tribunal Administrativo del Atlántico, la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, la Ministra de Educación Nacional, el Director del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la Secretaría
Distrital de Educación de Barranquilla, guardaron silencio en esta oportunidad
procesal.

La sentencia impugnada

11. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 24 de septiembre de 2021, resolvió:

“[…] PRIMERO. Negar el amparo solicitado por el señor Juan de Dios Rambal
Torres, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia […]”.

11.1. Como fundamento de su decisión, manifestó lo siguiente:

“[…] La Sala encuentra que los cargos formulados no están llamados a prosperar,
pues, contrario a lo sostenido por el accionante, el tribunal demandado no incurrió
en los defectos alegados ni vulneró sus derechos fundamentales. En efecto, la
providencia que se estudia no pasó por alto que el pensionado hubiese laborado
horas extras durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, ni
tampoco que tenía derecho a que se le incluyeran los factores salariales contenidos
en la ley 62 de 1985. Ocurre que la tesis de la autoridad judicial demandada
consistió que como esos factores no fueron objeto de cotización, no podían tenerse
en cuenta en virtud de la sentencia de unificación proferida el 25 de abril de 2019
[...]”.

8

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

[...]

“[...] El hecho de que en un pasaje de la sentencia se hubiera mencionado por la
autoridad judicial accionada que «en el caso concreto se tiene que los factores que
deben ser incluidos en la liquidación pensional, son los contemplados en el Decreto
1158 de 1994», no configura automáticamente un defecto sustantivo o fáctico (como
se califica por el accionante), pues el argumento principal de la decisión fue la falta
de prueba de que se hubiesen efectuado los descuentos con destino al sistema de
pensiones, y no que las horas extras no estaban incluidas en el régimen aplicable.

Tampoco puede hablarse de la configuración de un defecto fáctico, porque, revisado
el expediente, la Sala constata que en el trámite de instancia no hubo pruebas de
esos aportes al sistema pensional; por ende, no existen argumentos para derruir el
análisis del despacho demandado, menos aún si las conclusiones a las que arribó
se cimentaron en una sentencia de unificación jurisprudencial.

En efecto, aunque al proceso ordinario se aportaron certificaciones en las que
consta que el actor devengó horas extras, las cuales se incluyen en la liquidación de
la pensión, de acuerdo con lo establecido en la ley 62 de 1985, la Sala insiste en
que no fue esa la razón para negar la reliquidación solicitada, sino que
efectivamente se hubiera cotizado por ese factor al sistema de pensiones, lo que
finalmente no se pudo acreditar. Justamente este último fue el elemento cardinal de
la decisión del tribunal y no fue desvirtuado en el trámite de la tutela.

Mal haría la Sala, entonces, en afirmar que se violó el precedente de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, relativo a la inclusión de las horas extras como
factor salarial de la reliquidación pensional; por el contrario, el Tribunal
Administrativo del Atlántico aplicó correctamente las reglas fijadas en la sentencia
de unificación del 25 de abril de 2019, al concluir que los factores a incluir en la
liquidación de la pensión de jubilación son únicamente aquellos respecto de los
cuales se hubieran realizado las cotizaciones correspondientes y que se encuentran
enlistados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 […]”.

[...]

“[...] La Sala concluye que no se vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, toda vez que no se acreditó que
la autoridad judicial accionada hubiere incurrido en los defectos endilgados por el
señor Juan de Dios Rambal Torres [...]”.

La impugnación

12. El actor, a través de apoderado, impugnó la sentencia proferida el 24 de
septiembre de 2021 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado al considerar lo siguiente:

“[...] la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico- Sala A incurre en defecto
factico al momento de darle aplicación a la Ley 33 y 62 de1985 en cuanto a los
factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión de
jubilación de mi cliente.

9

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

En atención a la manera de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes, sobre aquellos vinculados antes de la vigencia de la ley 812 de 2003,
caso del señor Juan de Dios Rambal, se les debe aplicar la Ley 33 de 1985 junto
con los factores salariales estipulados en el artículo 1° de la 62 de 1985 [...]”.

[...]

“[...] Es por ello que el factor salarial denominado HORAS EXTRAS debidamente
devengado por el accionante en el año inmediatamente anterior a la adquisición del
estatus de pensionado si se encuentra enlistado en la ley 62 de 1985, por lo tanto,
se debe incluir en la liquidación de la pensión de jubilación del docente por lo que se
hace necesario la reliquidación con los valores indicados en el certificado de
salarios.

Siendo así es claro que si se presentó un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria al no tener en cuenta los factores que aparecen señalados en el
certificado de salarios expedido por el Fomag de lo devengado por el tutelante en el
año anterior al que adquirió el status de pensionado y no se hizo una correcta
aplicación de la Ley 62 de 1985 que señala taxativamente los factores que se deben
incluir para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de que trata la ley
33 de 1985 y la cual cobija al docente Juan de Dios Rambal Torres.

Con fundamento en lo expuesto y en las disposiciones legales y jurisprudenciales,
dejo sustentada la impugnación contra el fallo de tutela de la referencia y en su lugar
se revoque la decisión y se ordene al Tribunal Administrativo del Atlántico- Sala A
M.P Cristóbal Christiansen Martelo que se pronuncie y resuelva de forma correcta el
recurso de apelación presentado en el proceso 2017-00379 en cuanto a la inclusión
de los factores salariales horas extras debidamente devengado por el accionante en
el año anterior al que adquirió el status de pensionado y que se encuentra
taxativamente enunciado en la Ley 62 de 1985 [...]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018 3; y,
el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20194, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
4
Reglamento Interno del Consejo de Estado.

10

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

15. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la
Sección A del Tribunal Administrativo del Atlántico, al proferir la sentencia de 23
de junio de 2020 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 080013333003201700379-01,
incurrió en defecto fáctico y en un defecto sustantivo por indebida aplicación
del Decreto 1158 de 1994, en lugar de la Ley 62 de 1985, lo que trajo como
consecuencia que no se le liquidara la pensión de jubilación con todos los
factores salariales previstos en la Ley 62 de 1985, dentro de los cuales se
encuentran las horas extras que devengó en el año anterior al de adquisición del
estatus de pensionado.

16. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige
contra providencias judiciales; iii) el defecto fáctico, iv) el defecto sustantivo por
indebida aplicación del Decreto 1158 de 1994, v) marco normativo y jurisprudencial
del derecho fundamental al debido proceso; vi) marco normativo y jurisprudencial
del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia; procediendo
posteriormente a vii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

11

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

17. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena5, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que
debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en
presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las
profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en
el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

18. Esta Sección adoptó6 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20057, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

19. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.
María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
7
Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

12

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos parámetros.

21. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

23. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.

24. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedibilidad, así:

24.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales del
actor al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

24.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de
los derechos fundamentales citados supra, y además, ii) el actor cumplió con la

8
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

13

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en un posible defecto fáctico y sustantivo
por indebida aplicación del Decreto 1158 de 1994, en lugar de la Ley 62 de
1985.

24.3. Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se
justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales10, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.

24.4. Cumplió con el principio de inmediatez11.

24.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales el actor pueda lograr la protección de los derechos
invocados.

24.6. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;

24.7. El actor identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y

24.8. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Defecto fáctico -reiteración jurisprudencial-

25. Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de
procedibilidad12 por defecto fáctico:

10 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá
el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
11 Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de
30 de julio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

14

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia13 ha determinado
que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta
arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b)
valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida
forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas
pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se
entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran
dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.

El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la
negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da
por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por
el juez;”14 mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia
pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada
que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la
Constitución.”15[…]“.16

26. En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de
manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios
debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió
haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del
acervo probatorio.

27. Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en
cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial y
que con fundamento en los principios constitucionales de independencia y
autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la
valoración de las pruebas. La Corte dijo:

12 “En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de
manera arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros
constitucionales y legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición
del interés propio de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos
contenidos en el ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y
de la potestad que ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.”
(Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 28 de febrero de 2008, M.P. Hernando Herrera Vergara).
13
Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Sobre el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo y
T-535 de 20 de agosto de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
14
Corte Constitucional.
15
Ibídem.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo
de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-
00.

15

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de
autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al
momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme
a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder
comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto
puede lesionar derechos fundamentales […]”17

Defecto sustantivo por aplicación indebida de una norma jurídica

28. La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura el
defecto sustantivo:

“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad
judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la
norma adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la
razonabilidad jurídica18.

En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:

a.El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente19 o porque ha sido derogada20, es inexistente21,
inexequible22 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador23.
b.No se hace una interpretación razonable de la norma24.

c.Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos
erga omnes25.

d.La disposición aplicada es regresiva26 o contraria a la Constitución27.

e.El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición28.

f.La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma29.

17 Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 8 de mayo de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
18
Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 6 de marzo de 2002, T-295 de 31 de marzo de 2005 y T-743
de 24 de julio de 2008 todas con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 27 de
enero de 2005, T-657 de 10 de agosto de 2006 ambas con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy
Cabra, Corte Constitucional, sentencia T-686 de 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Corte
Constitucional, sentencias T-033 de 1 de febrero de 2010, y T-792 de 1 de octubre de 2010 ambas con
ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
19
Corte Constitucional, sentencia T-189 de 3 de marzo de 2005, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
20
Corte Constitucional, sentencia T-205 de 4 de marzo de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
21
Corte Constitucional, sentencia T-800 de 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
22
Corte Constitucional, sentencia T-522 de 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
23
Corte Constitucional sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
24
Corte Constitucional sentencias T-051 de 30 de enero de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-
1101 de 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
25
Corte Constitucional, sentencias T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de
9 de agosto de2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 19 de octubre de 1999, M.P Antonio Barrera
Carbonell.
26
Corte Constitucional, sentencia T-018 de 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
27
Corte Constitucional, sentencia T-086 de 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
28
Corte Constitucional, sentencia T-231 de 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
29
Sentencia T-807 de 26 de agosto de 2004, M.P. Clara Inés Vargas.

16

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

g.Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó
o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente […]”. (Subrayado por la Sala).

29. En ese orden de ideas, uno de los eventos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales es cuando el juez incurre en un defecto
sustantivo por haber aplicado indebidamente una norma jurídica, que terminó
siendo relevante para resolver el caso concreto.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

30. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

31. Atendiendo a que, la Corte Constitucional30 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
30
Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.

17

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

32. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

33. Atendiendo a que, la Corte Constitucional31 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.

Análisis del caso en concreto

34. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

35. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la

31 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

18

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo
que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados
en el escrito de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

36. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el
siguiente documento:

36.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección A del
Tribunal Administrativo del Atlántico, el 23 de junio de 2020.

Solución del caso concreto

Análisis del presunto defecto fáctico

37. El actor en su escrito de tutela indicó que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto fáctico por haber omitido valorar pruebas relevantes
obrantes en el expediente. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:

“[…] Señores Magistrados, impetro la presente tutela, toda vez que con el actuar del
Tribunal Administrativo del Atlántico Sala A, con ponencia del M. Cristóbal Rafael
Christiansen Martelo en el proceso con radicación No 2017-00379-01-CH, al desatar
la alzada y no valorar de fondo y de forma coherente y ajustada las certificaciones
salariales del docente Juan de Dios Rambal Torres y no aplicar de manera correcta
la Ley 62 de 1985 relacionado con los factores de liquidación de pensión de la
docente, y por el contrario hacer relación en la sentencia de segunda instancia al
Decreto 1158 de 1994 se están vulnerando derechos fundamentales como defensa,
debido proceso y acceso a la administración de justicia.

Lo que lo convierte en un defecto fáctico por parte del Tribunal, al no revocar la
decisión de primera instancia y ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación
de mi cliente con inclusión de los factores salariales HORAS EXTRAS devengada
en el año anterior al que adquirió el estatus de pensionado (2017) y que se
encuentra debidamente relacionado en la Ley 62 de 1985, convirtiéndolo en
actuaciones arbitrarias que vulneran principios constitucionales […]”.

[...]

“[...] Primeramente se viola el debido proceso y derecho de defensa, porque al
momento de resolver el recurso de alzada presentado por el suscrito contra la
decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral
de Barranquilla, quien decide negar la reliquidación de la pensión de jubilación de la
docente, y al momento de resolver el recurso ya existía UN NUEVO
pronunciamiento por parte del Consejo de Estado en Sentencia de Unificación en

19

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

cuanto a los factores salariales que se debían tener en cuenta para el
reconocimiento y pago de pensión de jubilación de docente eran los establecidos en
la Ley 62 de 1985 y no sobre todo lo devengado en el año anterior al que adquirió el
estatus el docente.

Entonces en el caso concreto y dando aplicación a la Ley 62 de 1985 el Tribunal
Administrativo del Atlántico- Sección A con ponencia del magistrado Cristóbal
Christiansen debió ordenar la reliquidación de la pensión con inclusión de los
factores denominado HORAS EXTRAS, el cual fue devengado por el docente entre
febrero y noviembre de 2016 y enero y marzo de 2017 tal como aparece en el
certificado de salarios, teniendo como referencia que el docente adquirió el estatus
de pensionado el 12 de marzo de 2017 [...]”.

[...]

“[...] Por su parte el Consejo de Estado en sentencia de Unificación No suj-014-CE-
S2- 2019 de veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019), consolidó de
manera clara que los factores de los docentes para efectos de liquidación de
pensión de jubilación son los señalados de forma taxativa en la Ley 62 de 1985, y
no sobre todo lo devengado por el educador en el año inmediatamente anterior al
que adquirió el estatus, dejando de lado y sin fuerza jurídica la sentencia de 2010
que si lo ordenaba y por el cual se presentó esta demanda primigenia. Sin embargo,
cuando se llegó a resolver el recurso ya estaba ejecutoriada la sentencia que hizo el
cambio por lo que el Tribunal tuvo que hacer su fallo con los parámetros de la
misma y APLICANDO LA LEY 62 DE 1985 ARTICULO 1°; ante lo cual hubo una
indebida interpretación por parte del M. P. más aun cuando hace referencia al
decreto 1158 de 1994.

Entonces, si los factores de la Ley 62 son: asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso; y está
demostrado con el certificado que devengó aparte de ASIGNACION BASICA,
BONIF(sic) MENSUAL DOCENTES, PRIMA DE VAC, PRIMA DE SERVICIOS,
PRIMA DE NAVIDAD tal como fue reconocido en la Resolución No 05165 de 2017
mediante la cual le concedieron pensión de jubilación al docente JUAN DE DIOS
RAMBAL TORRES, el factor HORAS EXTRAS en el año 2016 entre marzo y
noviembre y el año 2017 en enero y marzo, DEBE SER INCLUIDO PARA LA
RELIQUIDACION PENSIONAL.

Lo anterior originó que se instaurara demanda de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho a fin de obtener la nulidad parcial de la mencionada resolución y se
incluyeran otros factores devengados por el tutelante el año anterior al que adquirió
el status.

Es por lo expuesto que yerra el Tribunal al dar una errada interpretación a la Ley 62
de 1985 respecto de los factores salariales devengados por la docente como es:
horas extras y por el contrario hacer la argumentación jurídica para negar el derecho
con base en el decreto 1158 de 1994 que no guarda nada de relación con la
situación fáctica del accionante.

Es en este punto, donde se evidencia de manera clara y concisa como el Tribunal
violó el debido proceso y acceso a la administración de justicia al no valorar y aplicar
en debida forma la Ley 62 de 1985.

De todo lo expuesto no se concibe que el Tribunal en su sentencia de segunda
instancia, haga una errada interpretación de la Ley 62 de 1985 en cuanto a los
factores que debe incluir la liquidación de la pensión de jubilación del docente JUAN

20

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

DE DIOS RAMBAL; por lo tanto son actuaciones omisivas por parte de ese
Juzgador que pone en riesgo la seguridad jurídica de las decisiones emitidas y más
aún que vulneran derechos fundamentales, forjando así un defecto factico por parte
de dicho órgano jurisdiccional, que se configura en el caso en estudio por una
indebida interpretación de normas [...]”.

[...]

“[...] Conforme a lo argumentado, es un hecho notorio que el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sala A, vulneró de forma desmesurada derechos constitucionales
como defensa, debido proceso y acceso a la administración de justicia, pues del
recuento normativo y jurisprudencial está claro que hubo una indebida interpretación
y valoración del material probatorio más exactamente las certificaciones de salarios
del docente Juan de Dios Rambal Torres, que dan cuenta que el tutelante SI
devengó otros factores diferentes a los reconocidos en el acto demandado y que se
encuentran enlistados en la Ley 65 de 1985 por esa colegiatura al momento de
resolver el recurso de apelación, y que debe ser subsanada por lo tanto se acude a
este medio al no contar con más mecanismos judiciales para obtener un
pronunciamiento [...]”.

38. Para efectos de determinar, si la Sección A del Tribunal Administrativo del
Atlántico incurrió en un posible defecto fáctico, estudiará las consideraciones
jurídicas que tuvo en cuenta para proferir la sentencia de 23 de junio de 2020. En
ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada consideró que:

“[…] Se tiene que mediante la Resolución No. 05165 del 28 de abril de 2017, se
reconoció la pensión vitalicia de jubilación al señor Juan de Dios Rambal Torres, (fls.
16 a 17). A folios 18 - 19 obra copia de formato único para la expedición de
certificados de salarios del Fondo Nacional de prestaciones Sociales del Magisterio,
en el que se da cuenta de los factores salariales devengados por el aquí accionante
durante el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado 2016- 2017, es
decir, los 12 meses anteriores al 12 de marzo de 2017, los cuales solicita que deben
tenerse en cuenta como base para su liquidación; sin embargo, acorde a la regla
jurídica antes expuesta se pasará primeramente a verificar, si estos corresponden a
los enlistado (sic) en el plurimencionado artículo 1 de la Ley 62 de 1985,
modificatorio del artículo 3 de la Ley 33 de 1985.

Tenemos claro que, en el presente asunto, no se discute la condición de beneficiaria
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, del señor
Juan de Dios Rambal Torres. Es decir, que para el reconocimiento de su pensión
deben aplicarse las reglas de la Ley 33 de 1985, en cuanto a edad, tiempo de
servicios y tasa de remplazo (sic).

De acuerdo con las reglas y sub reglas fijadas por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la sentencia de unificación, la cual se
repite, se constituye en precedente obligatorio, el IBL para las personas que se
encuentran en el régimen de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo
36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se
pensionan con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

Descendiendo al caso que nos ocupa, reitera la Sala, que no existe controversia
acerca de que el actor se encuentra amparado por el régimen de transición creado
por la Ley 100 de 1993, el cual remite en su caso a la Ley 33 de 1985. El motivo de

21

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

inconformidad del demandante recae sobre los factores que tuvo en cuenta la
entidad demandada para la liquidación de su pensión.

En relación con la segunda subregla fijada en la sentencia de unificación de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, relacionada con los factores salariales que
se deben incluir en el IBL en el régimen de transición, en el caso concreto se tiene
que los factores que deben ser incluidos en la liquidación pensional, son los
contemplados en el Decreto 1158 de 1994, los cuales son: Asignación básica
mensual, bonificación por servicios prestados, prima técnica, las primas de
antigüedad, ascensional y capacitación, remuneración por trabajo dominical o
festivo, remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna y los gastos de representación.

La tesis que plantea esta Sala para dar respuesta al problema jurídico teniendo en
cuenta lo señalado por el Consejo de Estado, es la siguiente: el señor Juan de Dios
Rambal Torres, no tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez
incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados durante el último
año de servicios, habida cuenta de que revisado el expediente, no se evidencia
que sobre los factores reclamados, se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones y teniendo en cuenta que de acuerdo con los precedentes
expuestos, los únicos factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de jubilación, son aquellos sobre los cuales se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

Atendiendo todo lo expuesto, habrá de confirmarse la sentencia proferida el
veintiséis (26) de febrero de dos mil diecinueve (2019) por parte del Juzgado
Tercero (3º) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, en tanto las
pretensiones de la demanda según las consideraciones expuestas no tienen
vocación de prosperar [...]”.

39. La Sala, con base en lo anteriormente expuesto, considera que la Sección A
del Tribunal Administrativo del Atlántico no incurrió en defecto fáctico, toda vez
que, para adoptar la decisión judicial, valoró de manera razonable e integral las
diferentes pruebas obrantes en el expediente, entre ellas, la i) Resolución Nro.
05165 del 28 de abril de 2017 en la cual la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – D.E.I.P. de
Barranquilla – Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla le reconoció y pagó
la pensión de jubilación al actor y, ii) el Formato único para la expedición de
certificado de salarios consecutivo núm. 37394.

40. En ese orden de ideas, para la Sala y a diferencia de lo sostenido por el actor,
el Tribunal Administrativo del Atlántico con fundamento en el principio de la
autonomía del juez y en las reglas de la sana crítica valoró de manera razonable
las diferentes pruebas obrantes en el expediente. Lo que le permitió determinar,
que no se podía incluir la totalidad de los factores salariales para liquidar su
pensión de jubilación, toda vez que, teniendo en cuenta las reglas fijadas en la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 de la Sección Segunda del

22

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

Consejo de Estado, los únicos factores que se pueden incluir en el IBL para la
liquidación de la pensión de jubilación, son aquellos de los cuales efectivamente se
haya aportado o cotizado al sistema de pensiones. Y como se pudo evidenciar del
material probatorio, el actor no acreditó que en efecto las hubiera cotizado.

41. Al respecto, cabe traer a colación, lo dispuesto por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en providencia del 6 de febrero de
202032, sobre la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes:

“[...] Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se
incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada
persona hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están
exceptuados de esta disposición para el goce de la pensión ordinaria de
jubilación. Por lo que, en el ingreso base de liquidación de esta pensión solo
pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los que se aporta y que están
contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

La regla que rige para el ingreso base de liquidación en la pensión de jubilación de
los docentes es la prevista en la Ley 33 de 1985 en cuanto a periodo y factores. Lo
que quiere decir que el periodo es el de un (1) año y los factores son únicamente los
que se señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º de
la Ley 33 de 1985 [...]”.

42. Teniendo claro el material probatorio y lo dispuesto por la anterior providencia,
esta Sala evidencia que para liquidar las pensiones de jubilación, el IBL solo
podrá tener en cuenta los factores sobre los que se haya aportado y en este caso,
se evidenció que el actor no acreditó la cotización de las horas extras. Así pues, la
Sala debe hacer énfasis que para la configuración del defecto fáctico por
irregularidades en la apreciación del material probatorio, la actuación del operador
judicial deber ser ostensible, manifiesta y flagrante, en donde además dicha
irregularidad debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión
judicial, es decir, que, de no configurarse dicho error manifiesto, la sentencia
hubiera adoptado un sentido totalmente distinto, lo que a juicio de la Sala no
aconteció en el presente caso.

32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de la Sección Segunda,
sentencia del 6 de febrero de 2020, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, número único de radicación:
66001-23-33-000-2014-00310-01.

23

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

43. En esa medida, los planteamientos realizados por el actor en el presente
asunto obedece a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión que
adoptó la autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se evidencia el
descontento con la providencia objeto de censura que fue desfavorable a sus
intereses, pero no se advierte que la decisión fue arbitraria o irracional; por el
contrario, la actividad intelectual que realizó el juez natural del proceso en materia
de valoración y apreciación de pruebas, hizo parte de la autonomía e
independencia que tienen los jueces de la República y, por consiguiente, ni las
partes ni el juez constitucional pueden imponer su criterio, interpretación y lógica
sobre la del juez natural, como si se tratara de un juez superior que pueda sustituir
de manera arbitraria el juicio valorativo del juez del proceso.

44. En ese orden de ideas, la Sala precisa que no se configura el defecto fáctico
que adujo el actor, en la medida en que no se desconoció el acervo probatorio y
su valoración se realizó de manera razonable y con sujeción al contenido propio
de cada prueba.

Análisis del presunto defecto sustantivo por aplicación indebida del Decreto
1158 de 1994, “Por el cual se modifica el artículo 6o del Decreto 691 de
1994”, en lugar de la Ley 62 de 1985.

45. El Decreto en cuestión establece, respectivamente, lo siguiente:

ARTÍCULO 1º. El artículo 6º del Decreto 691 de 1994, quedará así:

"Base de cotización".

El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de
Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por
los siguientes factores:

a) La asignación básica mensual;

b) Los gastos de representación;

c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;

d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de
salario;

e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;

24

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna;

g) La bonificación por servicios prestados;

46. La autoridad judicial accionada consideró que:

“[...] Descendiendo al caso que nos ocupa, reitera la Sala, que no existe
controversia acerca de que el actor se encuentra amparado por el régimen de
transición creado por la Ley 100 de 1993, el cual remite en su caso a la Ley 33 de
1985. El motivo de inconformidad del demandante recae sobre los factores que tuvo
en cuenta la entidad demandada para la liquidación de su pensión.

En relación con la segunda subregla fijada en la sentencia de unificación de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, relacionada con los factores salariales que
se deben incluir en el IBL en el régimen de transición, en el caso concreto se tiene
que los factores que deben ser incluidos en la liquidación pensional, son los
contemplados en el Decreto 1158 de 1994, los cuales son: Asignación básica
mensual, bonificación por servicios prestados, prima técnica, las primas de
antigüedad, ascensional y capacitación, remuneración por trabajo dominical o
festivo, remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna y los gastos de representación.

La tesis que plantea esta Sala para dar respuesta al problema jurídico teniendo en
cuenta lo señalado por el Consejo de Estado, es la siguiente: el señor Juan de Dios
Rambal Torres, no tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez
incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados durante el último
año de servicios, habida cuenta de que revisado el expediente, no se evidencia
que sobre los factores reclamados, se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones y teniendo en cuenta que de acuerdo con los precedentes
expuestos, los únicos factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de jubilación, son aquellos sobre los cuales se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones [...]”.

47. Teniendo en cuenta lo anterior, el actor adujo en su escrito de tutela lo
siguiente:

“[...] impetro la presente tutela, toda vez que con el actuar del Tribunal
Administrativo del Atlántico Sala A, con ponencia del M. Cristóbal Rafael
Christiansen (sic) Martelo en el proceso con radicación No 2017-00379-01-CH, al
desatar la alzada y no valorar de fondo y de forma coherente y ajustada las
certificaciones salariales del docente Juan de Dios Rambal Torres y no aplicar de
manera correcta la Ley 62 de 1985 relacionado con los factores de liquidación de
pensión de la docente, y por el contrario hacer relación en la sentencia de segunda
instancia al Decreto 1158 de 1994 se están vulnerando derechos fundamentales
como defensa, debido proceso y acceso a la administración de justicia. Lo que lo
convierte en un defecto fáctico por parte del Tribunal, al no revocar la decisión de
primera instancia y ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación de mi cliente
con inclusión de los factores salariales HORAS EXTRAS devengada en el año
anterior al que adquirió el estatus de pensionado (2017) y que se encuentra
debidamente relacionado en la Ley 62 de 1985, convirtiéndolo en actuaciones
arbitrarias que vulneran principios constitucionales [...]”.

[...]

25

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

“[...] a el Tribunal al dar una errada interpretación a la Ley 62 de 1985 respecto de
los factores salariales devengados por la docente como es: horas extras y por el
contrario hacer la argumentación jurídica para negar el derecho con base en el
decreto 1158 de 1994 que no guarda nada de relación con la situación fáctica del
accionante. Es en este punto, donde se evidencia de manera clara y concisa como
el Tribunal violó el debido proceso y acceso a la administración de justicia al no
valorar y aplicar en debida forma la Ley 62 de 1985. De todo lo expuesto no se
concibe que el Tribunal en su sentencia de segunda instancia, haga una errada
interpretación de la Ley 62 de 1985 en cuanto a los factores que debe incluir la
liquidación de la pensión de jubilación del docente JUAN DE DIOS RAMBAL; por lo
tanto son actuaciones omisivas por parte de ese Juzgador que pone en riesgo la
seguridad jurídica de las decisiones emitidas y más aún que vulneran derechos
fundamentales, forjando así un defecto factico por parte de dicho órgano
jurisdiccional, que se configura en el caso en estudio por una indebida interpretación
de normas [...]”.

[...]

“[...] Conforme a lo argumentado, es un hecho notorio que el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sala A, vulneró de forma desmesurada derechos constitucionales
como defensa, debido proceso y acceso a la administración de justicia, pues del
recuento normativo y jurisprudencial está claro que hubo una indebida interpretación
y valoración del material probatorio más exactamente las certificaciones de salarios
del docente Juan de Dios Rambal Torres, que dan cuenta que el tutelante SI
devengó otros factores diferentes a los reconocidos en el acto demandado y que se
encuentran enlistados en la Ley 65 de 1985 por esa colegiatura al momento de
resolver el recurso de apelación, y que debe ser subsanada por lo tanto se acude a
este medio al no contar con más mecanismos judiciales para obtener un
pronunciamiento [...]”.

48. Al respecto la Sala aclara, como primera medida que, tal como fue previsto
por la autoridad accionada en la sentencia cuestionada en el caso sub examine,
que al caso concreto no le es aplicable la Ley 62 de 1985, “por la cual se modifica
el artículo 3º de la Ley 33 del 29 de enero de 1985 “, comoquiera que, como bien
lo aduce la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
sentencia de primera instancia del proceso de tutela de 24 de septiembre de
2021, “[…] aunque al proceso ordinario se aportaron certificaciones en las que
consta que el actor devengó horas extras, las cuales se incluyen en la liquidación
de la pensión, de acuerdo con lo establecido en la ley 62 de 1985, la Sala insiste
en que no fue esa la razón para negar la reliquidación solicitada, sino que
efectivamente se hubiera cotizado por ese factor al sistema de pensiones, lo que
finalmente no se pudo acreditar. Justamente este último fue el elemento cardinal
de la decisión del tribunal y no fue desvirtuado en el trámite de la tutela […].

49. La Sala indica en primer lugar, que el actor cumplió con los requisitos de
tiempo, servicio y edad que exige el artículo primero de la Ley 33 de 1985 para el
reconocimiento y pago de su pensión de jubilación, si bien, en su liquidación no

26

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

se incluyó las horas extras que fueron alegadas por el accionante, al revisar los
antecedentes administrativos, se evidenció que no se acreditó que frente a ese
factor se haya efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

50. Para la Sala, los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen,
con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los
factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos
en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones.

51. Teniendo claro lo anterior, cabe traer a colación el siguiente material
probatorio:

52. Para la Sala la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben se deben incluir
en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994
sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. En ese sentido,
como en el presente caso, no se acreditó, que en efecto, se haya realizado el
aporte al sistema de pensiones de las horas extras por parte del actor, la autoridad
judicial accionada, no incurrió en el defecto alegado.

27

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

Conclusiones de la Sala

53. En suma, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 24 de septiembre de
2021 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
por medio de la cual negó el amparo solicitado, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 24 de septiembre de 2021
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
medio de la cual negó el amparo solicitado, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley
núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

28

Núm. único de radicación: 110010315000202105191-01
Actor: Juan de Dios Rambal Torres

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salva voto

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.