Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05280-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05280-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-05280-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
29 de junio de 2023
Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2021-05280-00 (7642)
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN Nro. 13
CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Recurso extraordinario de revisión
Radicación 11001-03-15-000-2021-05280-00 (7642)
Demandante UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala Especial de Decisión Nro. 13 a decidir el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de Protección Social -UGPP- contra la sentencia de
segunda instancia del 3 de diciembre de 2020, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, en el proceso identificado con el radicado Nro.
25000-23-42-000-2013-04983-02 (5044-2016), promovido por Ruth Stella Parra
Ocasión, en nombre propio y en representación de sus hijos menores Daniel Felipe
y José David Moreno Parra, en calidad de beneficiarios del señor José del Carmen
Moreno Garzón (q.e.p.d.).
ANTECEDENTES
1. Proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho
1.1. Demanda
A través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, Ruth Stella Parra Ocasión, en nombre propio y en
representación de sus hijos menores Daniel Felipe y José David Moreno Parra,
presentó demanda para obtener la nulidad de las Resoluciones UGM 02035 del 25
de julio de 20111, UGM 038822 del 16 de marzo de 20122 -ambas proferidas por
CAJANAL-, así como del Auto Nro. ADP 000876 del 22 de enero de 20133, proferido
por la UGPP.
Consecuencialmente, a título de restablecimiento, se pretendió (i) la reliquidación
de la pensión de sobrevivientes con aplicación integral de la Ley 33 de 1985; (ii) el
reconocimiento y cancelación de la diferencia existente entre el valor recibido y el
valor resultante de la reliquidación solicitada; (iii) la indexación de la primera mesada
pensional desde el año 1994 al 2002; y (iv) el cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.
1 Por medio de la cual se negó la reliquidación de la pensión post mortem con la aplicación integral de la Ley
33 de 1985.
2 Mediante la cual se confirmó la Resolución UGM 038822.
3
Auto a través del cual se archivó la petición presentada, para lo cual se adujo que, por intermedio las
resoluciones UGM 2035 de 25 de julio de 2011 y UGM 038822 del 16 de marzo de 2012, se había resuelto,
de fondo, una petición anterior en el mismo sentido.
1
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Ello, al considerar que la pensión de la que eran beneficiarios debió liquidarse de
conformidad con lo previsto en la Ley 33 de 1985 -esto es, con el 75% del promedio
de la totalidad de factores salariales devengados por el causante en el último año
de servicios- y no con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de
servicio ni con los factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994, como
erróneamente lo hizo la entidad al aplicar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
1.2. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca –Sección Segunda, Subsección C-,
mediante sentencia del 15 de marzo de 2016, declaró la nulidad de las Resoluciones
UGM 02035, y UGM 0388224, pues acogió la postura jurisprudencial establecida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 4
de agosto de 20105, de acuerdo con la cual las pensiones de jubilación de quienes
se encontraban en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 debían liquidarse
con la aplicación integral el régimen anterior que, en el caso concreto, correspondía
al contemplado en la Ley 33 de 1985.
En consecuencia, se ordenó (i) la reliquidación de la pensión post mortem del señor
Moreno Garzón (q.e.p.d.) con el 75% de la totalidad de factores salariales que
devengó en su último año de servicios en el Estado6, efectiva a partir del 30 de
agosto de 2007, pero con efectos fiscales a partir del 30 de agosto de 2010, por
prescripción trienal; (ii) el descuento de los aportes al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones, así como el pago de la diferencia, debidamente actualizada, entre el
valor recibido y el valor resultante de la reliquidación pensional; y (iii) la indexación
de la primera mesada pensional del periodo comprendido entre el 11 de enero de
1993 y el 11 de enero de 1994.
1.3. Sentencia de segunda instancia. Decisión objeto de revisión
Mediante sentencia del 3 de diciembre de 2020, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado (i) revocó la decisión anulatoria y, en su lugar, negó
las pretensiones de la demanda; y (ii) modificó lo relacionado con la orden de
indexación de la primera mesada pensional post mortem del señor Moreno Garzón
(q.e.p.d.).
Lo primero porque, siguiendo la postura unificada de la Corporación frente a la
liquidación pensional de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, contenida en la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena el 28 de
agosto de 20187, “el IBL para las personas que se encuentran en el régimen de transición es el
previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según
corresponda y con los factores salariales determinados en el Decreto 1158 de 1994. Estas personas
se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de
pensiones previsto en la Ley 33 de 1985»”
4 El tribunal no se pronunció sobre la pretensión de nulidad del Auto Nro. ADP 000876 del 22 de enero de
2013 ya que, desde la audiencia inicial, decretó, de oficio, la excepción de inepta demanda respecto de
dicho acto pues lo consideró como no susceptible de control judicial; determinación confirmada por el
Consejo de Estado en providencia del 3 de octubre de 2014.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, M.P.: Víctor Hernando
Alvarado Ardila, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado: 25000-23-25-000-2006-07509 (0112-09).
6
Comprendido entre el 11 de enero de 1993 y el 11 de enero de 1994 con la inclusión de los siguientes
factores: asignación básica, prima de antigüedad, recargos nocturnos, dominicales y festivos, y una doceava
(1/12) de la bonificación por servicios.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P.: César Palomino Cortés, sentencia
del 28 de agosto de 2018, expediente: 2012-00143-01.
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Luego, no era procedente la aplicación integral de la Ley 33 de 1985 ya que el señor
Moreno Garzón (q.e.p.d.) era beneficiario del régimen de transición dispuesto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 19938. En esa medida, su pensión debió liquidarse con
el promedio de sus últimos 10 años de servicio -1° de noviembre de 1995 al 30 de
mayo de 20059- y con los factores salariales cotizados como independiente10, y no
con el 75% de la totalidad de factores salariales devengados en el último año de
servicio.
Lo segundo, porque en el acto de reconocimiento de la prestación, efectiva a partir
del 1° de junio de 2005 -Resolución Nro. 12374 del 24 de marzo de 2009-, no se
ordenó la actualización de la suma resultante de la liquidación pensional efectuada
pese a que transcurrieron casi 4 años entre el reconocimiento y la fecha a partir de
la que el mismo resultaba efectivo (2009 aquello y 2005 esto), por lo que el salario
que sirvió de base para calcular la mesada pensional se encontraba devaluado.
Por eso, considerando que el a quo ordenó la indexación de la primera mesada
pensional para la fecha de adquisición del estatus pensional ocurrido el 1° de junio
de 2005, pero tuvo en cuenta el periodo comprendido entre el 11 de enero de 1993
al 11 de enero de 1994, se dispuso “actualizar la primera mesada pensional para la fecha del
reconocimiento de la pensión post mortem, el 24 de marzo de 2009, teniendo en cuenta que la
pensión fue reconocida en el año 2009 con base en lo devengado por el demandante en los últimos
10 años de cotización (1995- 2005) sin que la entidad demandada hubiera ordenado la actualización
de la misma”.
Finalmente, no se condenó en costas, porque los argumentos de la parte actora no
prosperaron debido al cambio de postura jurisprudencial del Consejo de Estado
respecto de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
2. Recurso extraordinario de revisión
2.1. Demanda
Con fundamento en la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, la UGPP, a través de apoderado judicial designado para el efecto, pretende la
infirmación de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del
proceso de radicado Nro. 25000-23-42-000-2013-04983-02 (5044-2016). Y, como
consecuencia de ello solicitó se:
• Declare que en la Resolución Nro. 12374 del 24 de marzo de 2009 se “[aplicaron]
correctamente los Índices de Precios al Consumidor en los últimos 10 años servidos por el
causante …, así como los comprendidos entre 2006, 207, 2008, 2009”; y que lo dispuesto
en la providencia recurrida genera un doble pago por indexación de la primera
mesada pensional.
• Ordene a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes restituir la totalidad
de los dineros percibidos en exceso, pago que debe realizarse “de forma
actualizada e indexada de conformidad con el artículo 187 del C.P.A.C.A., así como los
8 Porque nació el 8 de julio de 1947, de modo que para la fecha en la que entró en vigencia la Ley 100 de
1993 para los empleados del orden territorial -30 de junio de 1995- contaba con 47 años de edad y más de
15 años de servicios.
9
Es cierto que el 11 de enero de 1994 se retiró del servicio público, sin embargo, realizó cotizaciones como
empleado privado y como independiente hasta el 30 de mayo de 2005; actuación procedente al tenor de lo
previsto en los artículos 13 (literal g), 19, y 150 de la Ley 100 de 1993.
10
Toda vez que el salario aportado por el causante como empleado público fue inferior al que cotizó en el
sector privado.
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intereses moratorios estipulados en el artículo 192 ibídem, sobre los valores pagados por
concepto de la indebida reliquidación de la pensión de vejez y en adelante”.
Lo anterior porque, en su sentir, la orden de indexación de la primera mesada
pensional “genera un doble pago” que vulnera lo previsto en el artículo 128 superior, ya
que para el reconocimiento pensional, efectuado en la Resolución Nro. 12374 del
24 de marzo de 2009, y efectivo a partir del 1° de junio de 2005, se realizó la
actualización correspondiente; prueba de ello es que se utilizaron los índices de
precios al consumidor de los años 1995 al 2005, según lo informa la lectura de dicho
acto.
De ahí, entonces, que resultara improcedente la orden de indexación de la primera
mesada pensional: la actualización efectuada en el acto de reconocimiento
pensional impidió la pérdida de poder adquisitivo de dicha mesada. Conclusión que
se refuerza, a su juicio, porque “las mesadas pensionales comprendidas entre el año 2005 a
2009, también fueron actualizadas empezando para el 2005 con $1.034.958.65, y subiendo para el
2009 a $1.290.188.62, conforme a la debida actualización de los IPC de los años 2005, 2006, 2007,
2008 y 2009”; actualización que, conforme lo señalado en la demanda, se siguió
aplicando hasta el año 2021.
2.2. Intervención de Ruth Stella Parra Ocasión, Daniel Felipe y José David
Moreno Parra
Ruth Stella Parra Ocasión, Daniel Felipe y José David Moreno Parra no contestaron
de manera oportuna la demanda de la referencia, pese a la notificación del auto
admisorio a los correos electrónicos informados por la parte actora11: solo
concurrieron el 24 de junio de 2022, esto es, para cuando ya había fenecido el
término de traslado de la demanda12.
2.3. Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
De acuerdo con los artículos 111 y 249 del C.P.A.C.A., la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tiene competencia para conocer
de los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las
Secciones y Subsecciones de esta Corporación13.
11 Índice 11 del SAMAI.
12 La notificación del auto admisorio de la demanda a estos sujetos se realizó el 10 de diciembre de 2021
(índice 11 del SAMAI), por lo que para el 24 de junio de 2022 -fecha en la que intervinieron a través de
apoderado designado para el efecto (índice 34 del SAMAI)- ya había expirado el término establecido en el
artículo 253 del C.P.A.C.A. para la contestación de la demanda.
13 “Artículo 111 CPACA. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo
Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los recursos
extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que
sean de su competencia”.
“Artículo 248 CPACA. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.
“Artículo 249 CPACA. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
sin exclusión de la sección que profirió la decisión”.
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Se agrega que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 107 del
C.P.A.C.A.14, mediante el Acuerdo 80 de 201915, que compiló, entre otros, el
Acuerdo 321 de 2014, emanado de la Sala Plena del Consejo de Estado, se
reglamentó la creación de Salas Especiales de Decisión, encargadas de resolver
los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
Secciones o Subsecciones de esta Corporación16.
Luego, la Sala Especial de Decisión Nro. 13 de esta Corporación es competente
para conocer el presente recurso extraordinario de revisión.
2. Legitimación por activa
La UGPP se encuentra habilitada para adelantar el presente trámite de conformidad
con lo establecido en el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013, según el
cual:
“Artículo 6. Funciones. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) cumplirá las siguientes funciones:
(…)
6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen”.
3. Oportunidad de la acción
El inciso cuarto del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 prevé el término de
caducidad del recurso extraordinario de revisión para los casos previstos en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en “cinco años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial”.
En el presente asunto, la sentencia del 3 de diciembre de 2020, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, quedó ejecutoriada el
26 de enero de 2021, según constancia de ejecutoria expedida por el Secretario de
la Sección el 15 de marzo del mismo año17.
Por lo tanto, como la demanda se presentó el 11 de agosto de 202118 huelga
concluir que se realizó oportunamente.
4. Problema jurídico. Delimitación
Le corresponde a esta Sala Especial de Decisión establecer si en el caso concreto
se configura la causal establecida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
14 “Artículo 107 C.P.A.C.A. Integración y composición. (…)”.
“Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por
inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las
secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
“La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto
establezca el reglamento interno”.
15 Publicado en el diario oficial, edición 50.913 de 1º de abril de 2019.
16
“Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios
de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado”.
17
Índice 32 del SAMAI del proceso de radicado Nro. 25000-23-42-000-2013-04983-02 (5044-2016).
18 Índice 2 del SAMAI del proceso de la referencia.
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Recurso extraordinario de revisión
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2003, esto es, haberse reconocido el derecho por una cuantía superior a la que
corresponde según la ley aplicable.
Para el efecto, se procederá, en primer lugar, con la exposición de las
características y la finalidad del recurso especial de revisión; posteriormente, se
presentará lo atinente a la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 -que fue la aducida
en la demanda-; y, finalmente, se examinará el caso concreto a la luz de esas
premisas.
5. Recurso especial de revisión. Características, y finalidad
La revisión de las providencias judiciales que hayan decretado el reconocimiento de
sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de fondos de naturaleza pública se
encuentra establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en los siguientes
términos:
“ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO
DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias
judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan
al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables” 19
Esa revisión, cuyo trámite es el del recurso extraordinario de revisión, tiene un
carácter sui generis20, pues, más allá de que puede dar lugar a la infirmación de una
sentencia ejecutoriada, presenta unos aspectos particulares que le dan entidad
propia. Dentro de esas notas características pueden referirse las siguientes:
• Procedencia. El recurso procede no solo frente a sentencias ejecutoriadas
sino también respecto de otro tipo de providencias cuyo efecto sea el
reconocimiento de una prestación (v.gr., autos que terminan anormalmente el
proceso, o actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción
y conciliación). De ahí, entonces, que las providencias denegatorias del
derecho no serían susceptibles del recurso.
Con todo, el recurso no procede para la revisión de derechos reconocidos en
cuantías que estén por debajo de lo dispuesto por la ley, pacto o convención
aplicable.
• Legitimación por activa. La legitimación para su interposición recae en el
Gobierno Nacional, por medio del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social,
19
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de
2003.
20 Tal como se señaló en la sentencia C-835 de 2003.
6
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del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación, al tenor de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003. También se encuentran legitimadas las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones públicas.
• Propósito del recurso. El objetivo principal del recurso es la protección del
patrimonio público, el interés general y el equilibrio financiero del sistema
pensional21
• Alcance del recurso. El análisis que se efectúa en el recurso de revisión
impide que el proceso se utilice como instancia adicional para la resolución de
aspectos que fueron abordados en el proceso ordinario correspondiente. No
se trata de un mecanismo para la exposición y resolución de simples
discrepancias respecto de las determinaciones adoptadas en las instancias.
Por eso, como lo ha expresado esta corporación, “no se trata de una tercera instancia que
admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito
a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se reconoció con vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor
mayor al que corresponde22”
5.1. Cuantía del derecho reconocido: exceso de lo debido
Por su parte, el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que el recurso
de revisión procederá “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.
En la exposición de motivos de la referida norma se advirtió sobre la necesidad de
“construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y,
equitativos para todos los ciudadanos” . Entonces la finalidad del artículo en mención era
reducir el déficit fiscal y hacer que el sistema pensional sea factible en términos
económicos, de allí que se permitiera la revisión de prestaciones periódicas a cargo
del erario, cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.
6. Caso concreto
6.1.- Según se anotó, la UGPP sustentó la causal de revisión sobre la
improcedencia de la orden de indexación de la primera mesada pensional, impartida
por el Consejo de Estado en la sentencia cuya infirmación se pretende -al modificar
la orden establecida en la materia por la primera instancia-.
Para lo cual señaló que no se presentó pérdida del poder adquisitivo de dicha
mesada, puesto que los valores fueron debidamente actualizados al 2005 -según el
21 Y es que tal como lo ha sostenido esta corporación: “[la] revisión de los montos de las pensiones reconocidas
en contra de lo establecido por la ley, en orden a salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad,
así́ como también proteger los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad
del sistema de seguridad social y el principio de universalidad que lo gobierna”. Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 4, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, sentencia del 1° de agosto de 2017. radicado: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 19, M.P.:
William Hernández Gómez, sentencia del 31 de mayo de 2021, radicado: 11001-03-15-000-2020-03092-00.
En similar sentido, ver, entre otras, las sentencias proferidas por: Sala Especial de Decisión Nro. 4 el 3 de
noviembre de 2020 con ponencia de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez dentro del radicado
Nro. 11001-03-15-000-2020-03151-00; Sala Especial de Decisión Nro. 25 el 8 de noviembre de 2021 con
ponencia de la consejera Marta Nubia Velásquez Rico dentro del radicado Nro. 11001-03-15-0002020-
04141-00.
7
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-05280-00 (7642)
mismo acto de reconocimiento pensional- y con posterioridad a ello. En esa medida,
con la orden mencionada se efectuó un doble pago por concepto de indexación, lo
que aparejó el desconocimiento de lo previsto en el artículo 128 constitucional.
6.2.- Para esta Sala Especial de Decisión, esa argumentación corresponde a la
utilización del mecanismo extraordinario a modo de instancia adicional. Lo
pretendido, pues, es que se resuelvan las discrepancias interpretativas que la UGPP
tiene frente a la sentencia del 3 de diciembre de 2020.
En primer lugar, es necesario advertir que la indexación de la primera mesada
pensional fue un asunto cuyo debate se propuso desde la presentación de la
demanda del proceso ordinario de nulidad de restablecimiento del derecho, pese a
lo cual no se cuestionó por la UGPP ni en primera ni en segunda instancia. En
efecto:
• En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se solicitó
expresamente la indexación de la primera mesada pensional “para los años 1994
a 2002”23, pretensión a la que no se opuso la UGPP pues no contestó la
demanda, tal como se consignó en la audiencia inicial que se inició el 1° de
junio de 201424.
• En la continuación de la audiencia inicial -17 de marzo de 2015- se estableció
como uno de los problemas jurídicos a resolver el establecer si a los entonces
demandantes -Ruth Stella Parra Ocasión, en nombre propio y en
representación de sus hijos menores Daniel Felipe y José David Moreno Parra-
les asistía el derecho a la indexación de la primera mesada pensional 25. No
obstante, la UGPP no se pronunció expresamente sobre ese asunto en los
alegatos de conclusión que presentó en dicha instancia.
• La sentencia de primera instancia se pronunció expresamente sobre la
“indexación del salario base de liquidación o primera mesada pensional” tanto en la parte
motiva (numeral 7) como en la resolutiva (numeral 2). Empero, la UGPP nada
señaló sobre el particular al momento de apelar dicha determinación26 ni al
presentar alegatos de conclusión segunda instancia27.
Ahora bien, en la sentencia recurrida, la orden de indexación de la primera mesada
pensional -que correspondió a la modificación de lo ordenado por el tribunal de
primera instancia- se sustentó, para lo que aquí interesa, de la siguiente forma:
23 Pretensión Nro. 5 de la demanda consignada en los siguientes términos: “5. Que al valor pensional liquidado
con el 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, se ordene aplicar la
indexación de la primera mesada, para los años 1994 a 2002, fecha en que adquiere el derecho a la pensión
el causante. // La indexación de la primera mesada tiene como fundamento el hecho que mi mandante
cumplió 55 años el 8 de Julio de 2002, (fecha en que adquiere el status de pensionado) y en que como
laboró hasta el año 1993 su sueldo se desactualizó y por lo tanto mi mandante tiene derecho a la indexación
de la primera mesada pensional (Ar. 48 C.N) // Esta indexación de la primera mesada, es distinta a la
indexación del Art. 187 de la ley 1437 de 2011, también solicitada en la demanda” Página 185 del expediente
digital del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho (índice 16 del SAMAI).
24 Acta obrante a partir de la página 302 del expediente digital del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho (índice 16 del SAMAI).
25 Acta obrante a partir de la página 351 del expediente digital del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho (índice 16 del SAMAI).
26 Documento obrante a partir de la página 453 del expediente digital del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho (índice 16 del SAMAI).
27
Escrito obrante a partir de la página 584 del expediente digital del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho (índice 16 del SAMAI).
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“(ii). En el caso concreto, se acreditó: (a) el retiro del servicio del señor José del Carmen
Moreno Garzón (q.e.p.d.), a partir del 11 de enero de 1994 con más de 20 años de servicio
(b) el cumplimiento de los requisitos para la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de
1985 el 8 de julio de 2002; (c) sin embargo cotizó como independiente desde el 1 de noviembre
de 1995 al 30 de mayo de 2005.
La entidad demandada efectuó el reconocimiento pensional mediante la Resolución 12374 de
24 de marzo de 2009, efectiva a partir del 1 de junio de 2005 y liquidó la pensión en los
términos de la Ley 100 de 1993; es decir, con el ingreso base de liquidación correspondiente
a los salarios devengados del 1 de noviembre de 1995 al 30 de mayo de 2005, sin ordenar la
actualización de la suma resultante de la liquidación realizada, a pesar de que habían
trascurrido casi cuatro años y el salario que sirvió de base para calcular la mesada pensional
se encontraba devaluado.
En efecto, conforme lo ha señalado esta Sala al resolver problemas jurídicos similares28, se
hace evidente que el salario con el cual se liquidó la pensión reconocida al causante,
posteriormente sustituida a la parte demandante, se había devaluado.
Por lo anterior, el a quo ordenó la indexación de la primera mesada pensional para la fecha
de adquisición del estatus pensional ocurrido el 1 de junio de 2005, sin embargo, tuvo en
cuenta el periodo comprendido entre el 11 de enero de 1993 al 11 de enero de 1994, razón
por la cual, la Sala procederá a modificar la orden de indexación así: “Se deberá actualizar la
primera mesada pensional para la fecha del reconocimiento de la pensión post mortem, el 24
de marzo de 2009, teniendo en cuenta que la pensión fue reconocida en el año 2009 con
base en lo devengado por el demandante en los últimos 10 años de cotización (1995- 2005)
sin que la entidad demandada hubiera ordenado la actualización de la misma”.
Y es ese aspecto, precisamente, el que se pretende rebatir en esta vía
extraordinaria al señalar que la mesada pensional no perdió poder adquisitivo.
En esa medida, es claro que el recurso se utiliza como un espacio para proponer
argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho pese a que se contó con las oportunidades para su
formulación, lo que se refuerza al tener presente que para el efecto se aduce la no
afectación del poder adquisitivo por el reajuste anual de la pensión, que se refiere a
la compatibilidad, o no, de la indexación de la primera mesada pensional y su
reajuste anual.
6.3.- Todo lo anterior es suficiente para declarar infundado el recurso extraordinario
de revisión de la referencia.
Empero, la Sala Especial de Decisión desea precisar que, en el caso concreto, la
orden de indexación de la primera mesada pensional no fue contraria a derecho,
pues sí se demostró la afectación de su poder adquisitivo, como quiera que se
reconoció en el año 2009, efectiva a partir del 1° de junio de 2005, pero sin actualizar
el valor a la fecha del reconocimiento de la prestación, según pasa a exponerse.
En el acto de reconocimiento pensional sí se realizaron unas actualizaciones, a
saber: las de los I.B.C. de 1995 a 2004 -indexados desde cada año al 2005- para el
establecimiento del I.B.L., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 de la
ley 100 de 1993.
Sin embargo, esas actualizaciones fueron diferentes de la indexación de la primera
mesada pensional que, en el sub examine, tenía lugar porque no se demostró la
28
Cita original: Ver entre otras: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 26 de marzo de 2020, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, número de
radicación: 230012333000201400006 01(4288-2015) y (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de mayo de 2018 C.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas, número de radicación: 230012333000201300208 01.
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conservación del poder adquisitivo del I.B.L. de la mesada desde el año 2005 hasta
el año 2009, en el que se realizó el reconocimiento prestacional a través de la
Resolución Nro. 12374 del 24 de marzo.
7. Costas
De acuerdo con lo previsto en el artículo 188 del C.P.A.C.A. la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas “salvo en los procesos que se ventile un interés público”.
Para la Sala Especial de Decisión este es un proceso en el que se ventila un interés
público como lo es la protección del erario, razón por la que es improcedente la
condena en costas.
Así es preciso observar que, como lo ha establecido la jurisprudencia de la
corporación, “el ejercicio del mecanismo de revisión de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, constituye una herramienta para afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y
evitar el detrimento del Tesoro Público y un mecanismo de defensa de los principios de eficiencia,
universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial
de seguridad social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional 29”.
Cabe anotar, por demás, que la intervención de la convocada por pasiva fue
extemporánea.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 13, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de Protección Social -UGPP- contra la sentencia de segunda
instancia del 3 de diciembre de 2020, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, en el proceso identificado con el radicado
Nro. 25000-23-42-000-2013-04983-02 (5044-2016)
2. No condenar en costas.
3. En firme esta providencia, archívese el expediente.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala Especial Decisión
Nro. 13 en sesión de la fecha.
29 Cfr., entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión
Nro. 19, sentencia del 18 de agosto de 2021, M.P.: William Hernández Gómez, radicado Nro.: 11001-03-15-
000-2020-03549-00. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de
Decisión Nro. 9, sentencias del 22 de noviembre de 2021, 10 de diciembre de 2021, y, 25 de febrero de
2022, M.P.: Gabriel Valbuena Hernández, radicados Nro.: 11001-03-15-000-2020-03231-00, 11001-03-15-
000-2019-05024-00, y, 11001-03-15-000-2019-04468-00, respectivamente.
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Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2021-05280-00 (7642)
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Magistrada Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ MARTIN BERMUDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
ACLARA EL VOTO
SALVA PARCIAMENTE EL VOTO
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
11
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