Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-05319-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-05319-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-05319-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
27 de enero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-05319-01
Demandante: Jorge Eliecer Cuervo Cuervo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2021-05319-01
Demandante JORGE ELIECER CUERVO CUERVO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos
generales de procedencia contra providencias judiciales. Tutela
contra sentencia de tutela.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la
sentencia del 23 de septiembre de 2021, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Primera, que resolvió:
“DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor Jorge Eliecer
Cuervo Cuervo en contra de las sentencias proferidas el 17 de junio de 2021 y el 23 de julio
de 2021 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama y el
Tribunal Administrativo de Boyacá, respectivamente, según lo explicado en la parte motiva”.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 12 de agosto de 20211, el señor Jorge Eliecer Cuervo Cuervo, interpuso acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 6 y el
Juzgado Segundo Administrativo de Duitama, por considerar vulnerado su derecho
fundamental al debido proceso.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA Declarar que las declaratorias (sic) de cosa juzgada constitucional y temeridad
hechas por el Juzgado Segundo Administrativo de Duitama y Tribunal Administrativo de
Boyacá - Sala 6 en Tutela 15238-33-33-001-2021-00073-00/01- carecen de VERDAD en
cuanto desconocieron:
1.1. Los requerimientos o requisitos señalados por la honorable Corte Constitucional en la
sentencia C-774 de 2001 para que se configure la identidad de objeto como lo es la
identidad de pretensión material o sustantiva (derecho subjetivo que hace para satisfacer
el cumplimiento de una obligación, pretensión va dirigida contra el demandado pues se
trata de imponerle o hacer que cumpla una prestación (pagar una suma de dinero) ; la
cual por su fórmula liquidatoria (aceptada por las tres (3) jurisdicciones), cuya resultante
varía automáticamente por el índice final según prestación y formula aplicable en (ii)
1 Fecha del correo electrónico enviado al buzón de correo de la Secretaría General de la Corporación.
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cesantías, (ii) su variante (meses trascurridos) en los intereses legales de cesantías no
pagadas, y (iii) liquidación de sanción moratoria (que varía día a día).
1.2. Que para que se configure la identidad jurídica de parte, se requería la concurrencia del
ministerio de defensa nacional (que nunca ha concurrido a los procesos de tutela) o en
su defecto o delegación mediante poder (prueba omitida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Duitama).
1.3. Que la temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos: (i) identidad
de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) la ausencia de
justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de
mala fe por parte del libelista (sentencia SU 168 de 2017); concurrencia que obviamente
debe probarse y no solamente citarse como lo hicieron Juzgado y Tribunal.
SEGUNDA Declarar que El JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE DUITAMA y
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ- en Proceso de Tutela 15238-33-33-001-2021-
00073- 00/01 actuaron de manera contraria a los principios consagrados en los artículos 1, 2
del ordenamiento jurídico Superior y lo que como Autoridades Judiciales les impone el Artículo
230 Constitucional , favoreciendo de manera ilegítima al Ministerio de Defensa Nacional en el
ilegal despojo de derechos en materia prestacional y con afectación en la cuantía de mi
asignación de retiro (equivalente a una pensión de vejez según sentencia C-432 de 2004)
violando de tal manera mis derechos constitucionales al DEBIDO PROCESO y TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA.
TERCERA Declarar que el suscrito no es responsable de que gracias a su ilegal e
inconstitucional proceder y a providencias judiciales contrarias a la constitución y la ley, el
monto de mis pretensiones materiales o sustantivas (que están fundadas, sustentadas y
liquidadas conforme a la ley) se le incremente al Ministerio de Defensa Nacional mes a mes
en Cesantías e intereses a las Cesantías por la variación del INDICE FINAL y día a día en la
sanción moratoria por lo Dispuesto en la Ley 244 de 1995.
CUARTA Declarar que: los suboficiales de las Fuerzas militares como el suscrito, también
somos Colombianos y no tenemos por qué ser discriminados y perseguidos judicialmente para
despojarnos de nuestros derechos en materia prestacional y pensional y hasta de nuestros de
derechos constitucionales fundamentales como el debido proceso y tutela judicial efectiva,
como en el caso concreto lo hicieron el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE
DUITAMA y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ- SALA 6 , y en concordancia
REVOCAR sus decisiones, por ser claramente violatorias de los principios constitucionales.
QUINTA TUTELAR mis derechos constitucionales fundamentales al DEBIDO PROCESO y
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA vulnerados por el Juzgado Segundo Administrativo de Duitama
y Tribunal Administrativo de Boyacá-, y en Concordancia, ORDENAR al MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL, que en el término de 48 horas proceda a:
5.1. Dar cumplimiento al artículo 162 de Decreto 089 de 1984 y en concordancia con lo
expresado con dicho Artículo “Computar y Liquidar para Efectos de Asignación de Retiro
y demás Prestaciones Sociales” como dobles los 6 años, 8 meses y 9 días
correspondientes a las declaratorias de Estado de Sitio efectuadas mediante Decretos
1249 de 1975 y 2131 de 1976.
5.2. Pagar debidamente indexados desde octubre 11 de 1986, los $413.562 dejados de
liquidar por concepto de cesantías y aplicando la formula
R=RH x índice final / índice inicial
5.3. Pagar debidamente indexados desde octubre 11 de 1986 los intereses legales mensuales
(1%) de las cesantías dejadas de liquidar y pagar ($ 4.135,62), y aplicando la siguiente
formula.
R=RH x índice final / índice inicial x número de meses transcurridos
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5.4. Cancelar desde agosto 23 de 2007, como sanción moratoria (Ley 244 de 1995) el valor
de $ 117.056 diarios por la no liquidación de cesantías conforme a petición de junio 12
de 2007 ante el MDN.
5.5. Cancelar desde junio 22 de 2012 como sanción moratoria (Ley 244 de 1995) el valor de
$ 201.699 diarios por la no liquidación de cesantías conforme al petición de abril 10 de
2012 ante el MDN.
5.6. Revisar las liquidaciones de prima de servicio anual, prima de navidad, vacaciones no
disfrutadas y prima vacacional, las cuales debieron ser liquidadas sobre las partidas
certificadas por la Fuerza Aérea.
SEXTA Declarar que el suscrito como colombiano con derechos tiene el legítimo derecho a
que antes de morirme la justicia ordene y el Ministerio de Defensa me pague lo que me debe
por concepto de prestaciones sociales”.
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Jorge Eliecer Cuervo Cuervo prestó sus servicios en las Fuerzas
Militares, sin embargo, consideró que la liquidación de sus prestaciones
desconoció: (i) tiempos dobles para efectos de asignación de retiro y demás
prestaciones sociales y (ii) las partidas computables que debían tenerse en
cuenta para el reconocimiento de cesantías, así como la correcta asignación
porcentual de la prima de actividad como partida computable.
2.2. Sostuvo el actor que agotó la vía gubernativa ante la administración el 12 de
junio de 2007 y 10 de abril de 2012 y que agotó la vía judicial ordinaria a través
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.3. Jorge Eliecer Cuervo Cuervo, accionante, presentó acción de tutela contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo
vital, a la dignidad humana y a la seguridad jurídica y en consecuencia, pidió
se ordenara el cómputo de tiempos dobles en cumplimiento del artículo 162
del Decreto 089 de 1984, así como también el pago de las cesantías e
intereses a las cesantías dejados de percibir, la sanción moratoria y la
liquidación de sus prestaciones sociales conforme las partidas certificadas por
la Fuerza Aérea.
2.4. En primera instancia conoció el Juzgado Segundo Administrativo de Duitama
el proceso de tutela con radicación Nro. 15238-33-33-002-2021-00073-00 y en
sentencia del 17 de junio de 2021, declaró improcedente la acción.
Consideró el juzgado que el actor había presentado acciones de tutela con
identidad de partes, pretensiones y derechos presuntamente vulnerados, de
las que tuvieron conocimiento los Juzgados Primero y Tercero Administrativos
del Circuito Judicial de Duitama (procesos de tutela Nros. 15238-33-33-003-
2020-00046-00 y 15238-33-33-001-2020-00041-00, respectivamente) y que
compartían los mismos supuestos señalados por el actor en la acción de tutela.
De igual forma encontró que el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión Nro. 6, en sentencia de segunda instancia del 30 de junio de 2020
proferida en el proceso con radicado No. 2020-00046, realizó el estudio de 6
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acciones de tutela presentadas por el señor Jorge Eliecer Cuervo Cuervo, que
contaban con las mismas características y que fueron presentadas por el hoy
accionante, en busca de la protección de los derechos que se reclamaban en
el caso bajo estudio, de manera que para el juzgado se trató de una conducta
temeraria por parte del tutelante.
2.5. La decisión se impugnó por el señor Cuervo Cuervo y correspondió conocer al
Tribunal Administrativo de Boyacá que, en sentencia del 23 de julio de 2021,
notificada por correo electrónico el 26 de julio de 2021, confirmó la decisión de
primera instancia.
Luego de hacer un estudio de las acciones de tutela que el accionante
interpuso, encontró que se configuraba el fenómeno procesal de la cosa
juzgada constitucional, pues que estaba acreditada la identidad de causa,
objeto y partes entre la presente acción de tutela y las previamente conocidas
y resueltas por los Juzgados Primero y Tercero Administrativos del Circuito
Judicial de Duitama, que no habían sido seleccionadas para revisión por parte
de la Corte Constitucional.
Además, que verificada la parte resolutiva de las sentencias de tutela
previamente resueltas por los mismos hechos, se advertía que se exhortaba o
prevenía al actor Jorge Eliecer cuervo Cuervo para que se abstuviera de
presentar acciones de tutela con base en los mismos hechos, fundamentos y
pretensiones, pero que pese a ello el accionante había hecho caso omiso,
pretendiendo de manera reiterativa reabrir el debate de decisiones judiciales
proferidas en desarrollo de procesos agotados en su totalidad, haciendo uso
desmedido e injustificado de la acción de tutela en detrimento de los principios
de buena fe y de economía procesal, razón por la cual, era evidente la
temeridad en la presente acción de tutela.
3. Fundamentos de la acción
El accionante cuestionó las sentencias del 17 de junio y del 23 de julio ambas de
2021, emitidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Duitama y el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 6, respectivamente, dentro del
proceso de tutela con radicación Nro. 15238-33-33-002-2021-00073-00/01. Los
argumentos que presentó, en síntesis, fueron los siguientes:
Sostuvo que la presente acción cumplía no solo con los requisitos de procedencia
de tutela contra providencia judicial, sino también con la procedencia excepcional
de tutela contra providencias de tutela, en la medida que:
(i) No existía identidad fáctica, ni de partes, ni de objeto entre la acción de tutela
con radicación Nro. 15238-33-33-002-2021-00073-00/01 y la presente acción
de tutela, lo que implicaba la ausencia de cosa juzgada constitucional.
(ii) En su sentir, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en fraude “al
Actuar de manera Contraria a los Principios consagrados en Artículos 1, 2,4 y 5 del
Ordenamiento Jurídico Superior al Declarar una Cosa Juzgada Constitucional Y
Temeridad Inexistentes a la Luz de lo Expresado por la Honorable Corte Constitucional en
sentencia C-774 de 2001 sobre Cosa Juzgada Constitucional, Auto 265 y sentencia SU168 de
2017 sobre Temeridad”.
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Hizo un extenso recuento de lo que ha solicitado en las distintas tutelas que ha
presentado y negó la existencia de una actitud temeraria o de mala fe.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 18 de agosto de 2021, el juez de tutela de primera instancia admitió
la acción de tutela y ordenó notificar las partes accionante y accionada e
igualmente, dispuso la vinculación como tercero con interés de la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(CREMIL).
4.2. El Juzgado Segundo Administrativo de Duitama, rindió informe en el que
sostuvo que la sentencia de primera instancia emitida dentro del proceso de
tutela 2021-00073-00, se sustentó en razones fácticas y jurídicas y se
fundamentó en las normas y jurisprudencia que regulan la materia. Además,
anunció que la decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Boyacá y concluyó que no estaban configurados los presupuestos de
procedencia de tutela contra providencia judicial exigidos por la Corte
Constitucional.
4.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 6, indicó que
la decisión objeto de cuestionamiento explicó de manera suficiente las razones
por las que se configuraba la cosa juzgada constitucional y la temeridad,
advirtiendo que en distintos procesos de tutela se ha exhortado al actor para
que se abstenga de presentar tutelas por los mismos hechos y en busca de lo
mismo, pero que ha hecho caso omiso a los requerimientos de los jueces.
Relacionó los procesos de tutela que se han tramitado por lo mismo ante los
juzgados administrativos de Duitama y ante el Tribunal Administrativo de
Boyacá y consideró que si bien puede acceder a la administración de justicia,
esto no obedece a un uso desmedido del aparato judicial. En consecuencia,
pidió que se desestimaran las pretensiones de la presente acción de tutela.
4.4. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Duitama, manifestó que en virtud
de la comunicación recibida por ese despacho judicial a través del correo
electrónico y dirigido al Juzgado Segundo Administrativo de Duitama, si bien
no era accionado ni estaba vinculado a la presente acción, informó que conoció
de la acción de tutela 15238-31-03-002-2021-00061-00 instaurada por el señor
Jorge Eliecer Cuervo Cuervo contra la Caja de Retiro de Fuerzas Militares
“CREMIL”, admitida por auto de fecha 9 de julio de 2021 y que, ese mismo día
el accionante desistió de la solicitud de tutela, desistimiento que fue aceptado
a través de auto de fecha 12 de julio de 2021, habiéndose ordenado el archivo
de la actuación.
4.5. La Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL, manifestó
que las decisiones cuestionadas fueron producto del análisis y aplicación de
las normas y jurisprudencia aplicables y que, en ese orden, existía cosa
juzgada en relación con el tema.
En punto a la vinculación de la caja a la presente acción, consideró que no le
asistía legitimación en la causa por pasiva, al estar dirigida la acción de tutela
contra providencias emitidas por autoridades judiciales en la respectiva
instancia.
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5. Providencia impugnada
En sentencia del 23 de septiembre de 2021, la Sección Primera del Consejo de
Estado, declaró improcedente la presente acción de tutela.
Indicó la providencia de tutela de primera instancia, que la parte actora no demostró
de manera clara y suficiente que las decisiones adoptadas hubieran sido producto
de una situación de fraude, ya que, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, para la configuración de la cosa juzgada fraudulenta era necesario
estar en presencia de un proceso que formalmente había cumplido con todos los
requisitos procesales “pero que materializa, en esencia, un negocio jurídico fraudulento a través
de medios procesales, e implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad”.
De este modo, concluyó que el actor no alegó ni acreditó que los fallos de tutela se
hubieran adoptados con fines ilegales y, además, de manera intencional, o que las
autoridades judiciales incurrieran en fraude a la ley, que por el contrario, para
sustentarlo, el señor Cuervo se limitó a indicar, sin argumento adicional tendiente a
fundamentar el fraude, que las decisiones de tutela transgredieron los principios
previstos por los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Constitución Política al declarar la cosa
juzgada y temeridad que estimó eran inexistentes, pero que en realidad lo que el
accionante pretendía era controvertir lo decidido en las sentencias por no estar de
acuerdo con lo allí resuelto, sin que dicha circunstancia pudiera configurarse en
motivo de fraude.
6. Impugnación
El accionante, impugnó la decisión de primera instancia.
Inició diciendo que todos los magistrados de la Sección Primera del Consejo de
Estado debieron declararse impedidos por estar configurada la causal contemplado
en el numeral 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal “por ser contraria
a los Principios Constitucionales consagrados en los Artículos 1,2, 4 y 5 de la Carta Política,
y lo que la Carta Magna le impone a los jueces en su Artículo 230, decisión que vulnera al
suscrito , mi Derecho Constitucional Fundamental al Debido Proceso y tutela judicial
efectiva”. Dijo que la mencionada sección profirió sentencia en los procesos de
tutela 11001031500020200161100 y 11001031500020190341200.
Luego pasó a referirse al caso concreto y reiteró que la tutela contra providencia de
tutela estaba sustentada en que las providencias eran constitutivas de fraude y que
era claro que los fallos de tutela cuestionados habían sido proferidos con dolo y
mala fe al declararse la cosa juzgada constitucional y la temeridad, ambas
situaciones inexistentes. Citó la sentencia T-073 de 2019 para ilustrar la forma en
que podía entenderse que un comportamiento podría catalogarse como fraudulento.
Consideró que los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá debieron
declararse impedidos al haber confirmado otra decisión “contraria a la constitución
y la ley”.
Dijo que el comportamiento fraudulento era aquel contrario a los artículos 1, 2, 4 y
5 de la Constitución Política y a lo que el artículo 230 constitucional les imponía a
los jueces y magistrados de la república; aseguró que, en su caso, se le había
despojado de su derecho a los tiempos dobles para efectos de asignación de retiro
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y demás prestaciones sociales como las cesantías, así como de las partidas
computables para cesantías y asignación de retiro.
Por último, solicitó se declararan impedidos todos los magistrados del Consejo de
Estado que hubieran conformado salas para conocer del caso en el que se “despojó
de sus derechos de tiempos dobles para efectos de asignación de retiro y demás
prestaciones sociales”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal, a excepción de la magistrada ponente de la
presente decisión, doctora Myriam Stella Gutiérrez Argüello “que no ha participado en
decisiones contrarias a la constitución y la ley en mi contra”.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
2 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Aspecto previo
De manera previa, advierte la Sala que la parte actora manifestó en el escrito de
impugnación que debían declararse impedidos todos los magistrados del Consejo
de Estado, de conformidad con el numeral 4º del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, con excepción de la magistrada ponente dentro del presente
asunto.
Al respecto, debe indicarse al actor que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 39 del Decreto 2591 de 19916, en ningún caso es procedente la recusación
dentro del trámite de las acciones de tutela, de manera que no hay lugar a
pronunciarse en relación con la manifestación hecha en este sentido por el tutelante.
4. Delimitación y planteamiento del problema jurídico
4.1. De acuerdo con los antecedentes expuestos, encuentra la Sala que el señor
Jorge Eliecer Cuervo Cuervo pretende que se dejen sin efectos las decisiones
emitidas dentro de la acción de tutela Nro. 15238-33-33-002-2021-00073-
00/01 tanto por el Juzgado Segundo Administrativo de Duitama quien emitió la
decisión de primera instancia el 17 de junio de 2021, como por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 6, que en providencia del 23
de julio de 2021 resolvió la impugnación presentada por el actor contra la
decisión del juzgado.
Advierte la Sala que el análisis se hará únicamente en relación con la decisión
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 6 el
23 de julio de 2021, en la medida que la decisión del Juzgado Segundo
Administrativo de Duitama pudo ser controvertida, como en efecto ocurrió, a
través de la impugnación presentada en su momento y la decisión de cierre
del Tribunal fue la que en definitiva resolvió en asunto dentro del mencionado
proceso de tutela 2021-00073-00/01.
4.2. Precisado lo anterior y teniendo en cuenta que se cuestiona la sentencia de
tutela del 23 de julio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión Nro. 6, que confirmó la decisión de primera instancia
emitida por el Juzgado Segundo Administrativo de Duitama en el proceso de
tutela Nro. 15238-33-33-002-2021-00073-00/01, corresponde a la Sala
determinar si en el presente caso se cumplen a cabalidad los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
proferidas en el trámite de otra acción de idéntica naturaleza.
6 “Articulo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación”.
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5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra una sentencia de
tutela. Lineamientos de la jurisprudencia constitucional. Análisis del
caso concreto
5.1. Uno de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales, consiste en que la providencia que se reprocha no sea una decisión
de tutela. La razón de ser de este requerimiento es evitar que una y otra vez
se interpongan acciones de tutela que no permitan cerrar definitivamente un
asunto, en detrimento de la seguridad jurídica.
No obstante, la Corte Constitucional unificó su criterio frente a la procedencia
de la acción de tutela contra providencias o actuaciones de los jueces de tutela
en la sentencia SU–627 de 20157, para lo cual, indicó que para iniciar este
análisis el interesado debía identificar si la acción de tutela se interponía
contra (i) una sentencia de tutela; o (ii) contra una actuación previa o posterior
a aquella providencia.
En caso de que interponga contra una sentencia proferida por el juez de tutela,
la regla general, es la improcedencia y no admite excepción si la providencia
fue emitida por la Corte Constitucional, pero si fue proferida por otro juez de la
República la acción de amparo puede proceder de manera excepcional si
además de los requisitos generales de procedibilidad, se acredita que:
a) La acción de tutela presentada no comparte identidad procesal con la
solicitud de amparo cuestionada;
b) Se demuestre de manera clara y suficiente que la decisión adoptada en
la sentencia fue producto de una situación de fraude (cometida por una
de las partes, por las dos o, incluso, con anuencia del juez);
c) No exista otro mecanismo judicial eficaz para conjurar la situación
Frente al fraude como causal de procedencia de la acción de amparo contra
sentencias de tutela, la Corte Constitucional en la Sentencia T-218 de 2012
explicó que “el principio de cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos pues
en ciertas circunstancias, como cuando está de por medio el principio de fraus omnia
corrumpit, puede entrar en tensión con el principio de justicia material, a partir del cual es
posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que tiene la decisión del juez”.
5.2. Lo primero que cabe advertir en el caso propuesto, es que la decisión que se
cuestiona es una sentencia de tutela proferida en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 6 dentro del proceso
constitucional Nro. 15238-33-33-002-2021-00073-00/01, lo que, en principio,
de acuerdo con las reglas de procedencia de la acción de tutela, la hace
improcedente.
Ahora bien, de acuerdo con el precedente jurisprudencial de unificación de la
Corte Constitucional, referente a la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra sentencias de tutela, advierte la Sala que no se cumple con
ninguno de los escenarios que la jurisprudencia propone.
5.3. A esta conclusión se llega luego de verificar los argumentos que presenta y
que se dirigen es a manifestar su desacuerdo con la decisión proferida por el
7 Con ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo.
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Tribunal al resolver la impugnación presentada por el mismo actor en ese
trámite constitucional, pues asegura que su actuar no es temerario y por el
contrario, insiste en que está siendo despojado de los derechos prestacionales
que le asisten en relación con el reconocimiento de tiempos dobles y su
incidencia en la asignación de retiro, así como otros aspectos de orden
prestacional a los que dice tener derecho y de manera general, indica que se
ha configurado un fraude en las decisiones tanto del juzgado como del tribunal
proferidas en la acción de tutela Nro. 2021-00073-00/01, por lo que resulta
procedente la tutela contra decisiones proferidas dentro de un trámite de tutela.
De la lectura al fallo de tutela emitido por el Tribunal, evidencia la Sala un
análisis de la situación presentada en relación no solo con la temeridad,
aspecto frente al que manifestó estar de acuerdo con el juez de tutela de
primera instancia, sino también en relación con la cosa juzgada constitucional
con respecto a la que hizo un análisis y encontró que también se configuraba
en el presente caso.
Para llegar a esta conclusión, el Tribunal hizo un análisis en relación con los
dos aspectos mencionados: en relación con la temeridad y la existencia de
cosa juzgada constitucional, hizo el siguiente estudio:
“Ahora bien, al realizar el estudio del caso concreto, es pertinente recordar que el
accionante en su escrito de impugnación sostuvo que la Juez de primera instancia no
realizó una comparación entre la presente acción y las acciones de tutela con radicados
15238333300320200004600 y 15238333300120200004100, afirmación que carece de
veracidad, pues si bien en el cuadro comparativo ilustrado en el fallo de primera
instancia se enunciaron los aspectos relacionados con la fecha de presentación, partes,
derechos invocados, pretensiones y fecha de contenido de los fallos de las dos acciones
de tutela referidas, lo cierto es que los aspectos relacionados con la presente acción,
habían sido referidos previamente en el acápite de antecedentes, lo cual permitía sin
ninguna dificultad, realizar el estudio relativo a la existencia de cosa juzgada y
temeridad.
(…)
Examinado el material probatorio obrante en el expediente, la Sala encuentra que, en
las tres acciones de tutela (la presente acción, y las acciones de tutela con radicados
15238333300320200004600 y 15238333300120200004100) fungió como accionante el
señor JORGE ELIECER CUERVO CUERVO y como accionado el MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL, circunstancia que denota la identidad de partes tanto por activa
como por pasiva.
En este punto es importante precisar que para que haya identidad de partes no se exige
que la entidad accionada haya concurrido al proceso dando contestación a la demanda
o interviniendo en las diferentes etapas procesales, sino que haya coincidencia de los
extremos procesales, tanto por activa como por pasiva, como ocurrió en el presente
caso. Ahora bien, en lo relacionado con la identidad de objeto, se tiene que hace
referencia a que “las demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar
o el amparo de un mismo derecho fundamental”. Al respecto, el impugnante no presentó
ningún reparo en cuanto a la identidad de los derechos fundamentales sobre los cuales
solicitó el amparo tutelar, teniendo en cuenta que en las tres acciones de tutela que se
comparan, el accionante pidió que se tutelaran sus derechos al debido proceso, a la
seguridad social, al mínimo vital y a la dignidad humana”.
Luego de hacer un cuadro comparativo de las pretensiones de las acciones de
tutela presentadas con anterioridad y la acción de tutela 2021-00073-00/01, el
tribunal arribó a la siguiente conclusión:
“De lo anteriormente expuesto, colige la Sala que se corrobora la identidad de objeto,
pues lo pretendido por el accionante, aunque con algunos cambios en la redacción,
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como lo señaló la juez de primera instancia, es obtener por parte de la entidad
accionada, la reliquidación de su asignación de retiro y de sus prestaciones sociales
con ocasión del reconocimiento del “tiempo doble” de servicio derivado de las
declaratorias de estado de sitio mediante Decretos 1249 de 1975 y 2131 de 1976. Así
mismo, se evidencia identidad en los hechos en que se fundan las tres acciones de
tutela (situación que no fue controvertida por el accionante como se indicó en
precedencia) y pese a la variación en la redacción, no varió el petitum entre la una y las
otras, por lo que no existe una situación nueva que permita modificar lo ya decidido de
manera previa.
(…)
Encuentra la Sala que en el sub examine se configura el fenómeno procesal de la cosa
juzgada constitucional, como quiera que aunado a la triple identidad (causa, objeto, y
partes) entre esta acción de tutela y las previamente conocidas y resueltas por los
Juzgados Primero y Tercero Administrativos del Circuito Judicial de Duitama, las
acciones primigenias no fueron seleccionadas para revisión por parte de la Corte
Constitucional.
Por otra parte, al realizar el juicio subjetivo de temeridad, una vez verificada la triple
identidad, es pertinente determinar que no exista justificación en la presentación de la
nueva demanda, la existencia de actuar doloso y de mala fe del accionante. Es así que,
de entrada, la Sala evidencia que en la parte resolutiva del fallo proferido el 7 de mayo
de 2020 en primera instancia dentro del proceso con radicado
15238333300320200004600, en el numeral segundo se dispuso:
“SEGUNDO. - PREVENIR POR ULTIMA VEZ al señor JORGE ELIECER CUERVO
CUERVO para que en ningún caso vuelva a presentar acciones de tutela por los mismos
hechos y fundamentos, so pena de ser sancionado de acuerdo con lo establecido en el
artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, y en los artículos 80 y 81 del Código General del
Proceso”.
A su vez, en la parte resolutiva del fallo proferido el 2 de junio de 2020 en primera
instancia dentro del proceso con radicado 15238333300120200004100, en el numeral
segundo se dispuso:
“SEGUNDO. -EXHORTAR al señor JORGE ELIECER CUERVO CUERVO para que en
lo sucesivo se abstenga de presentar simultáneamente varias acciones de tutela por los
mismos hechos, con base en iguales fundamentos, y con las mismas o similares
pretensiones, so pena de ser sancionado de acuerdo con lo establecido en el artículo 25
del Decreto 2591 de 1991, y en los artículos 80 y 81 del Código General del Proceso.”
Lo señalado, permite constatar que a pesar que en diferentes ocasiones se ha
exhortado o prevenido al señor CUERVO CUERVO para que se abstenga de presentar
acciones de tutela con base en los mismos hechos, fundamentos y pretensiones, el
accionante ha hecho caso omiso, pretendiendo de manera reiterativa reabrir el debate
de decisiones judiciales proferidas en desarrollo de procesos agotados en su totalidad,
haciendo uso desmedido e injustificado de la acción de tutela en detrimento de los
principios de buena fe y de economía procesal, razón por la cual, es evidente la
temeridad en la presente acción de tutela”.
5.4. De este modo, surge claro para la Sala que el actor no comparte la valoración
hecha por el tribunal en su sentencia y lo que hace tanto en la demanda de
tutela como en el escrito de impugnación, es referirse al fraude que dijo
haberse cometido por la autoridad judicial accionada pero que en realidad
obedece es a su inconformidad en relación con la decisión de instancia que
consideró “injusta” al ser “despojado de sus derechos” y concluir que se trató
no solo de una acción temeraria sino de estar configurada la cosa juzgada
constitucional, aspectos que no definen un actuar doloso o fraudulento por
parte del juez que decidió el proceso, y que atente contra el principio de justicia
material, sino que obedecen al estudio del juez de tutela que encontró un uso
desmedido de este mecanismo constitucional al presentar sucesivas acciones
de tutela en busca de lo mismo.
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Además, el accionante no aportó prueba suficiente para que se acredite el
principio de fraus omnia corrumpit, y en este tipo de casos lo que corresponde
probar al interesado es la situación de fraude que permita el análisis
excepcional de la acción de tutela contra una sentencia de la misma
naturaleza. Se reitera, se trata de una inconformidad con la decisión del
Tribunal y se tiene que las meras apreciaciones del demandante no
constituyen conductas o fraudes atribuibles a la autoridad judicial.
5.5. De esta manera, para la Sala, se advierte una decisión fundamentada en la
situación fáctica presentada dentro del trámite de tutela y del análisis integral
de la situación que permitió concluir al juez constitucional que debía ser
confirmado el fallo de tutela de primera instancia al tratarse de una acción
temeraria y donde se configuró la cosa juzgada constitucional.
6. Conclusión
Por las razones que han quedado expuestas, la Sala confirmará la decisión de
primera instancia que declaró improcedente la presente acción, por tratarse de una
tutela contra una sentencia proferida en un proceso de tutela que no cumple los
requisitos generales de procedencia, y además por no acreditar alguna de las
causales de procedencia excepcional, según los lineamientos fijados por la Corte
Constitucional en la sentencia SU–627 de 2015.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 23 de septiembre de 2021 por
el Consejo de Estado, Sección Primera, por las razones expuestas en esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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