Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-05418-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-05418-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-05418-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
7 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 7 de marzo de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2021-05418-01
Demandante: Octavio Ladino Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Defecto fáctico/ Violación
directa de la Constitución/ Niega.
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia por medio de
la cual se negaron las pretensiones de una demanda de reparación directa por
defectuosos funcionamiento del aparato judicial.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por Octavio Ladino Díaz contra la Sentencia
proferida el 8 de noviembre de 2021 por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se negó la solicitud de
amparo.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera Instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 17 de agosto de 2021, Octavio Ladino Díaz, a través de apoderado
judicial, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Boyacá, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y propiedad privada,
al considerar que dicha autoridad incurrió en un defecto fáctico y por
violación directa de la Constitución en la Sentencia de 27 de mayo de 2021,
que confirmó la providencia de 28 de junio de 2019, proferida por el Juzgado
1 Administrativo de Duitama, dentro del proceso de reparación directa No.
15238-33-33-001-2017-00049-01.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017, 333
de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2021-05418-01
Demandante: Octavio Ladino Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“1. De conformidad con lo anteriormente expuesto y probado, me permito
solicitar me sean tutelados los derechos fundamentales vulnerados. al DEBIDO
PROCESO EN SENTIDO AMPLIO, al DEBIDO PROCESO EN SENTIDO ESTRICTO, a la
PROPIEDAD Y EL ACCESO A LA JUSTICIA.
2. Que como consecuencia del anterior pronunciamiento, se declare sin
efectos la decisión de fecha 27 de mayo de 2021 proferida POR EL HONORABLE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA DENTRO DEL RADICADO NO.15238-33-
33-001-2017-00049-02; DEMANDANTE OCTAVIO LADINO DIAZ Y OTROS CONTRA
NACION COLOMBIANA –DEAJ.
3. Finalmente se ordene proferir la decisión que en derecho corresponda”
3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:
4. 1) El Juzgado 2 Civil Municipal de Duitama, el 27 de febrero de 2013,
llevó a cabo diligencia de remate del inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 074-23686. Mediante Auto del 21 de marzo de
2013, el Juzgado Laboral del Circuito de Duitama aprobó el remate del
inmueble anteriormente identificado y se lo adjudicó a Octavio Ladino Díaz.
El 26 de abril de 2013, se realizó la respectiva anotación en la matrícula
inmobiliaria del inmueble, en la que se hizo constar la adjudicación del
remate.
5. 2) El 8 de junio de 2016, se realizó diligencia de entrega por el Juzgado
3 Civil Municipal de Duitama2, dando cumplimiento al despacho comisorio
ordenado por el Juzgado Laboral de conocimiento, quien atendió la
petición de entrega elevada por el accionante el 20 de diciembre de 2015.
Sin embargo, dicha diligencia no se realizó pues el juez comisionado
evidenció inconsistencias presentadas en la identificación del inmueble a
entregar y consideró que, para la fecha, no existía claridad sobre cuál era
el bien inmueble objeto de la diligencia de entrega, razón por la cual se
tornó imposible su identificación y entrega.
6. 3) El 27 de febrero de 2017, Octavio Ladino Díaz, Beatriz Consuelo
Herrera Benavides, Brahian Alejandro Ladino Herrera y Juan David Ladino
Herrera presentaron demanda de reparación directa contra la Nación –
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de
que se les indemnizara por los perjuicios derivados del defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, con ocasión de las
imprecisiones y errores en la identificación del inmueble reconocido con
2 Debido al fracaso de la última diligencia de entrega llevada a cabo por el Juzgado 2 Municipal de Duitama el
27 de noviembre de 2015, mediante memorial del 10 de diciembre de 2015, el señor Ladino Díaz solicitó al Juzgado
Laboral del Circuito de Duitama la entrega del inmueble sobre el que versaba la controversia. Dicho juzgado,
mediante despacho comisorio del 28 de enero de 2016, comisionó a los Juzgados Civiles Municipales de Duitama
para tal fin y este designó al Juzgado 3 Civil Municipal, para que llevara a cabo el 8 de junio de 2016 la aludida
diligencia de entrega.
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Demandante: Octavio Ladino Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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matrícula inmobiliaria No. 074-23686, durante la diligencia de secuestro
hasta la diligencia de entrega lo que imposibilitó la entrega del bien
rematado.
7. 4) Mediante Sentencia del 28 de junio de 2019, el Juzgado 1
Administrativo de Duitama negó las pretensiones de la demanda, toda vez
que, en su criterio, el daño sufrido por los demandantes no era antijurídico,
para lo cual sostuvo que, aunque la imposibilidad de entregarle el inmueble
al rematante supuso una afectación por la privación de su explotación, lo
cierto es que el demandante ostenta el derecho de dominio. Inconforme
con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación.
8. 5) En providencia del 27 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo
de Boyacá confirmó la decisión de primera instancia, pero por razones
distintas. Para el efecto, empezó por precisar que, de existir daño, sería por
error jurisdiccional y no por defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia. Seguidamente, señaló que, si bien existió un daño derivado de
las falencias en la identificación y localización del predio rematado, ese
daño no devino en antijurídico, dado que el señor Ladino Díaz no demostró
que se hubieran interpuesto los recursos de ley que tenía a su alcance para
remediar el error, tales como: (i) solicitar la corrección de las providencias
dictadas en el proceso ejecutivo, en las que se identificaron los linderos del
inmueble embargado, secuestrado y rematado, y (ii) solicitar la nulidad
sustancial del remate.
9. El fundamento de la vulneración radicó en que el juzgador de
segunda instancia incurrió en 2 defectos: el primero fue el fáctico, al valorar
indebidamente que: (1) contra la providencia que contenía el error judicial
sí se interpusieron los recursos; (2) la corrección de la sentencia y el proceso
ordinario verbal de nulidad sustancial del remate no eran recursos ordinarios
de conformidad con lo establecido por el artículo 67 de la Ley 270 de 1996;
(3) el rematante no está legitimado para solicitar la corrección de la
sentencia y; (4) el Juzgado Laboral del Circuito de Duitama pudo advertir las
irregularidades con la identificación del bien rematado con ocasión de las
acciones de tutela que interpuso la parte ejecutada en su contra. El
segundo fue la violación directa de la Constitución, comoquiera que el juez
se apartó de los precedentes sin un debido argumento y su discrecionalidad
interpretativa se desbordó en perjuicio de los derechos fundamentales, (se
trascribe)
“se puede advertir de lo expuesto en esta acción, con las decisiones
adoptadas, objeto de esta tutela, se han violado mis derechos fundamentales
al debido proceso en sentido estricto, a la defensa, a la presunción de
inocencia, y a la igualdad, procediendo tanto la Fiscalía como la Juez Once
Penal del Circuito Especializado de manera errada, en lugar de proceder a
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Demandante: Octavio Ladino Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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llevar a cabo una interpretación de la ley (Códigos penal y de procedimiento
penal) conforme a la Constitución como lo obliga el artículo 4 de la Carta, hizo
uso de la interpretación de la ley conforme a su propio arbitrio y capricho.”
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
10. Mediante Sentencia de 8 de noviembre de 2021, la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado negó el amparo solicitado, pues
consideró que los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo de
Boyacá fueron razonables y no merecen reproche alguno desde el punto
de vista constitucional, toda vez que, en ella expuso de manera suficiente y
razonada el análisis de la situación concreta del demandante. En ese orden,
fue a partir de la revisión de las pruebas invocadas por el accionante, como
valoradas indebidamente, que dicho autoridad concluyó que existió falta
de diligencia por parte del demandante, al no agotar los mecanismos
judiciales que tenía a su alcance para controvertir la decisión y hacer valer
sus derechos.
11. Contra esta decisión, la parte demandante presentó escrito de
impugnación, en el que señaló que la decisión de primera instancia no tuvo
en cuenta los elementos de convicción presentes en el expediente del
proceso ordinario. En el mismo sentido, indicó que el tribunal desconoció el
planteamiento que se hizo en el escrito de tutela sobre la falta de
legitimación para actuar en el proceso de remate y, adicionalmente,
manifestó que, quienes sí tenían facultad en el proceso lo hicieron, pero
estas actuaciones no fueron debidamente valoradas por el juzgador.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Identificación de defectos. 2.3. Procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2.4. Verificación de defectos y/o
afectación a derechos fundamentales 2.5. Conclusiones.
2.1. Identificación de defectos
12. Si bien, la parte actora expresamente alegó la presunta configuración
de un defecto por violación directa de la Constitución, la Sala considera
que los argumentos por ella expuestos no permiten su estudio, pues dicho
reparo se fundamentó en que el juez, con las decisiones adoptadas, violó
los derechos fundamentales del demandante sin ningún análisis adicional al
respecto, (se trascribe):
“procediendo tanto la Fiscalía como la Juez Once Penal del Circuito
Especializado de manera errada, en lugar de proceder a llevar a cabo una
interpretación de la ley (Códigos penal y de procedimiento penal) conforme a
la Constitución como lo obliga el artículo 4 de la Carta, hizo uso de la
interpretación de la ley conforme a su propio arbitrio y capricho.”
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13. En consecuencia, la Sala centrará su estudio, únicamente, en el
presunto defecto fáctico alegado.
2.2. Fijación de la controversia
14. Establecerse, luego de verificados los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela, si el Tribunal Administrativo de Boyacá,
como juez de segunda instancia, desconoció las garantías constitucionales
de debido proceso, acceso a la administración de justicia y propiedad
privada de Octavio Ladino Díaz por incurrir en un presunto defecto fáctico
en el proceso de reparación directa No. 15238-33-33-001-2017-00049-00,
concretamente, por la indebida valoración del material probatorio obrante
en el proceso. Como consecuencia de lo anterior, se procederá a confirmar,
modificar o revocar el fallo impugnado, según sea el caso.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial3
15. En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela porque no existe recurso idóneo y
eficaz que permitiera al demandante alegar los reparos planteados vía
tutela y procurar la defensa del derecho presuntamente vulnerado. Hubo
un plazo razonable entre la fecha que en que se notificó la providencia
enjuiciada (9/6/2021)4 y la de interposición de la presente acción de tutela
(17/8/2021). No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se
relacionó con la Sentencia de segunda instancia, proferida en un proceso
de reparación directa. Se identificaron de manera clara, detallada y
comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. Por
último, se advierte que la controversia tiene relevancia constitucional por
tratarse de la presunta afectación de las garantías fundamentales de la
parte demandante con ocasión de una providencia judicial cuyo debate
central es la indebida valoración probatoria realizada por el juez de
segunda instancia. Aunado a ello, no se advierte que los argumentos
formulados en el escrito de tutela hayan sido una reproducción de aquellos
planteados durante el trámite ordinario.
2.4. Verificación de defectos y/o afectación a derechos fundamentales
16. La Sala confirmará la decisión por medio de la cual se negó la solicitud
de amparo, tras advertir que no se configuró el defecto invocado por el
demandante.
3 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia
T-066 de 2019.
4 Según consta en la consulta del proceso ordinario en la página web de la Rama Judicial. No puede perderse de
vista que la notificación se hizo por medio de correo electrónico.
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17. El accionante adujo que el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió
en un defecto fáctico por la indebida de valoración de las pruebas que
daban cuenta de la interposición de los recursos judiciales en el marco del
proceso adelantado por el Juzgado Laboral del Circuito de Duitama, así
como de la calidad para actuar del señor Ladino Díaz, lo cual generó un
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
18. Al respecto, es preciso señalar que el Tribunal Administrativo de
Boyacá, luego de precisar que el caso debía estudiarse como un error
jurisdiccional5, se pronunció sobre dichas pruebas en los siguientes términos
(se trascribe):
“Evidencia la Sala que en la misma hubo una oposición a la diligencia de
remate, propuesta por el apoderado judicial de la ejecutada, pues a su juicio,
no había plena identificación del inmueble teniendo en cuenta que el bien a
rematar no coincidía con el que aparece en el plano de la oficina de
planeación municipal.
(…)
No obstante lo anterior, aún cuando la norma prevé que “los interesados
puede alegar las irregularidades (…)”, podría pensarse, en principio, que quién
ostenta la calidad de rematante está legitimado conforme a la ley para
proponer incidente de nulidad del remate en el evento en que se presenten
irregularidades del mismo. Sin embargo, conforme lo determinó la Corte
Constitucional en sentencia T-659 de 2006, al resolver un conflicto jurídico
acontecido en una diligencia de remate, quién ostenta la calidad de
rematante no es parte procesal, ni tercero interviniente, pues dijo textualmente
que:
“Por varias razones no es posible considerar como parte procesal ni como
tercero al rematante. En primer lugar, no es parte porque no exhibe
ninguna pretensión frente a la Administración de Justicia, no incoa
ninguna demanda judicial ni contra él es incoada, y no ocupa ninguna
posición en la relación procesal. Tampoco es tercero, pues no actúa
dentro de la litis como titular de una pretensión propia que sea autónoma
frente a la de alguna de las partes, excluyente o no de la de éstas, ni
tampoco es titular de una pretensión subordinada de la de alguna de
ellas. En segundo lugar, antes de que el remate sea aprobado y el auto
respectivo quede en firme, el rematante tampoco puede ser considerado
como titular de un interés sustancial que resulte protegible dentro del
proceso ejecutivo. Sólo cuando el remate se decreta, se realiza, es
aprobado y dicho auto aprobatorio queda en firme, puede hablarse
propiamente de la adquisición del derecho de dominio por el rematante.
5 “Pues bien, memora la Sala que el juicio de responsabilidad alegado por la parte actora en el curso del proceso
es "Por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia", entendido este como el que se produce en
las actuaciones judiciales - distintas a la expedición de providencias -, necesarias para adelantar el proceso o la
ejecución de estas últimas y que pueden provenir no solo de los funcionarios - jueces y magistrados , sino también
de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los
auxiliares de justicia, lo que hace la diferencia respecto del error jurisdiccional que de manera exclusiva implica el
actuar del operador judicial en sus providencias, pues el mismo fue alegado en la demanda por las falencias
cometidas en las diligencias de secuestro y remate a la hora de hacer la identificación del inmueble a rematar.//
No obstante, considera esta Sala que el juicio de responsabilidad acorde a las circunstancias fácticas del presente
asunto es el del error jurisdiccional, pues conforme a las pruebas aportadas al proceso, las actuaciones que
pudieron dar lugar al presunto error que originó el daño antijurídico alegado, está relacionado con la indebida
identificación del inmueble realizada en las diligencias de secuestro y remate, actuaciones que no pueden
endilgarse de manera exclusiva a los auxiliares de justicia, pues estas son aprobadas por el operador judicial que
conoció el asunto, en ejercicio del control de legalidad que éste ejerce en materia de medidas cautelares, y por
tanto surgen de providencias debidamente ejecutoriadas.”
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En este momento aparece un interés jurídico protegible. No antes,
cuando solo puede hablarse de expectativa de derecho”.
Por las consideraciones anteriores, es posible concluir que el señor OCTAVIO
LADINO DÍAZ, quien ostentaba la calidad de rematante, y a quien se le
adjudicó la propiedad del bien inmueble identificado con folio de matrícula
inmobiliaria No. 074-23686, no se encontraba legitimado para que, al interior
del proceso ejecutivo No. 2018-00166 adelantado en el Juzgado Laboral del
Circuito de Duitama, presentara los recursos de ley, - reposición y/o apelación,
o propusiera el incidente de nulidad de índole procesal, ante las
irregularidades que se hubieran presentado en la diligencia de remate.”
19. Sobre esta base, el Tribunal concluyó (se trascribe):
“Entonces, considera la Sala que los recursos de ley, entendidos como los
medios para hacer efectivo un derecho, que estaban al alcance del hoy
demandante, señor OCTAVIO LADINO DÍAZ. con el fin de sanear el vicio en el
que se había incurrido en la diligencia de remate, consistente en la incorrecta
localización y delimitación del inmueble a rematar, y que impidió la entrega
del mismo al adjudicatario, pudo haber sido de dos clases:
• La corrección de las providencias judiciales
• La nulidad sustancial del remate
Las cuales expondremos a continuación:
De la corrección de las providencias judiciales:
Una actuación en el trámite del proceso, que pudo estar al alcance del
rematante, y que este no ejerció, es la contenida en el artículo 286 del C.G.P.
la cual consiste en la Corrección de errores aritméticos y otros de las
providencias judiciales.
Corrección que a juicio de esta Sala hubiera sido una alternativa eficaz, para
subsanar el yerro que se cometió en las providencias dictadas al interior del
proceso ejecutivo, a la hora de identificar con los linderos el inmueble
embargado, secuestrado y rematado, identificado con folio de matrícula
inmobiliaria No. 074-23686, teniendo en cuenta que, en el caso hipotético que
se estuviera frente a un error de linderos en la escritura pública de
compraventa de un bien inmueble, lo procedente allí seria la corrección de
dicho instrumento público siguiendo lo normado por el artículo 65 del estatuto
de registro inmobiliario, Ley 1579 de 2012. Entonces siendo análoga la
compraventa por adjudicación de un inmueble producto de un remate, que
constituye una compraventa forzada, igualmente procedería la corrección
de las providencias por medio de las cuales se adjudicó el inmueble al
rematante, OCTAVIO LADINO DÍAZ, y posteriormente, se aprobó el remate,
fechados el 27 de febrero de 2013 y 21 de marzo del mismo año,
respectivamente.
Reconoce la Sala que la corrección de providencias no constituye un recurso
de ley, entendido este como una forma de impugnación de las providencias
judiciales, pero si constituye un mecanismo para la subsanación de errores que
se cometan al proferir una providencia judicial, como en efecto ocurrió en el
presente asunto, teniendo en cuenta que, en las varias diligencias realizadas
en el trámite del proceso ejecutivo, se erró en la ubicación y delimitación del
inmueble rematado.
Y entonces, reitera la Sala que este mecanismo hubiera sido eficaz para
corregir el yerro cometido y que fue advertido por los jueces comisionados y
por el rematante, hoy demandante, teniendo en cuenta que el mismo pudo
haberse ejercido de oficio por el juez de conocimiento en cualquier tiempo, y
ante la omisión de éste, reconociendo que el rematante no es parte del
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proceso, de todas formas se encontraba legitimado para solicitar al juez que
aplicara de oficio este mecanismo procesal, con el ánimo de que se lograra
la corrección de los linderos y la entrega real del inmueble a que tenia
derecho al señor OCTAVIO LADINO DÍAZ por ser el adjudicatario del mismo.
Pero es claro que no lo hizo, y contrario a esto, quedó probado en el proceso
que renunció a la entrega del inmueble, lo que constituye una omisión por
parte de él pues teniendo a su alcance una alternativa para evitar el daño,
no lo evitó, y por tanto se considera que el demandante no mitigó el daño, y
recordemos que la mitigación del daño es una institución que implica el deber
que tiene la víctima de mermar, disminuir o evitar la propagación de un daño
y, en consecuencia, no resulta posible que el afectado reclame aquello que
razonadamente pudo evitar
De la nulidad sustancial de remate:
Atendiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia otra alternativa
que tenia el demandante, antes de acudir al medio de control de reparación
directa, y que hubiera sido efectivo para sanear el vicio en el que se había
incurrido en la compraventa forzada del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria No. 074-23686, por la incorrecta identificación y ubicación del
inmueble a rematar, y que impidió la entrega del inmueble a favor del hoy
demandante, y que lo legitimada para pretender el reconocimiento de
perjuicios de orden material y moral, era el del Proceso ordinario de nulidad
de la venta en pública subasta (sic), hoy proceso verbal29, en el que se tiene
como anomalía una circunstancia de orden sustancial, y no procesal, que
puede ser absoluta o relativa, y que conforme a la jurisprudencia señalada
puede ser por "un objeto o causa ilícita, o "por la omisión de algún requisito
formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos
en consideración a la naturaleza de ellos".
Considera la Sala que esta última constituía la causal que el actor, en el trámite
de un Proceso ordinario de nulidad del remate, hoy proceso verbal hubiera
podido alegar atendiendo la anomalía presentada en el caso puesto
consideración, teniendo en cuenta que en la venta en pública subasta del
bien inmueble No. 074-23686, se omitió uno de los requisitos para formalizar el
contrato de compraventa, esto es, el de la tradición, pues si bien, se adjudicó
el inmueble, y se hizo la correspondiente inscripción, como adjudicatario al
señor OCTAVIO LADINO DÍAZ, en el folio de matricula inmobiliaria, conforme la
anotación No. 10 del 26 de abril de 2013 (f. 28-29), por los yerros cometidos en
el proceso ejecutivo laboral a la hora de determinar la ubicación del
inmueble, se imposibilitó la entrega a su favor, pues como se planteó
anteriormente, fueron tres los intentos de entrega del inmueble, hasta que el
actor manifestó su desistimiento de la misma.”
20. Por su parte, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado señaló que (se trascribe)
“En suma, el Tribunal Administrativo de Boyacá, luego de valorar
conjuntamente las pruebas que obraban en el expediente, concluyó
razonablemente que el daño alegado por el señor Octavio Ladino Díaz no era
antijurídico, ya que no se acreditó que hubiera agotado los mecanismos que
tenía a su alcance para controvertir la decisión del Juzgado Laboral del
Circuito de Duitama que resultó adversa a sus intereses.”
21. A partir de lo anterior, la Sala considera, como lo hizo en su momento
el juez de tutela de primer grado, que no existe defecto fáctico alguno ya
que la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, de confirmar la
sentencia de primera instancia en el proceso No. 15238-33-33-001-2017-
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Demandante: Octavio Ladino Díaz
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Decisión: Confirma
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00049-01, se basó en un análisis completo y racional del caso, a partir del
cual logró establecerse cuáles hubiesen sido los medios al alcance de
Octavio Ladino para sanear el vicio en el que se había incurrido en la
diligencia de remate.
22. En ese orden, el hecho de que haya existido divergencia entre las
apreciaciones a las que debían llegarse del material probatorio del proceso,
entre juez y la parte, no configura, por sí mismo, el reparo que aquí se
estudia. En otras palabras, que las conclusiones probatorias del Tribunal sean
distintas a las esperadas por la parte actora, no da lugar a que se estructure
el defecto fáctico.
23. Aunado a ello, es incuestionable que el Tribunal Administrativo de
Boyacá después del análisis probatorio, advirtió que Octavio Ladino Díaz, en
calidad de rematante, no estaba legitimado para interponer, al interior del
proceso ejecutivo, los recursos de ley. No obstante, concluyó que el
rematante sí estuvo legitimado para iniciar un proceso ordinario de nulidad
sustancial del remate con el fin de disminuir el daño alegado y,
consecuencialmente, pretender la reparación de los perjuicios de orden
material y moral que presuntamente se le ocasionaron a él y a su grupo
familiar.
24. Sin embargo, se evidenció que el señor Ladino Díaz tardó alrededor
de 8 años para acudir a la justicia, pues durante la diligencia de entrega
con despacho comisorio No. 2013-017, llevada a cabo el 12 de julio de 2013,
el señor Ladino Díaz compareció y solicitó que se aplazara la diligencia, ya
que él había indagado ante la Oficina de Planeación Municipal y el IGAC,
y la información obtenida sobre el predio en cuestión no correspondía con
la información del inmueble secuestrado y rematado.
25. Por consiguiente, es claro que Octavio Ladino Díaz se percató del error
en la identificación del inmueble rematado el mismo año en que se llevó a
cabo la diligencia de remate, pues en el material probatorio se demostró
que, por medio de un derecho de petición radicado el 13 de mayo de 2013
ante el Juzgado Laboral, el rematante solicitó que se aclarara la información
con respecto al predio adjudicado.
26. En resumen, la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, bajo los
argumentos planteados por la parte actora, no merece reproche alguno
desde el punto de vista constitucional, toda vez que, en efecto, en la
providencia cuestionada se expuso de manera clara, suficiente y razonada,
a partir de la valoración de los hechos materiales, su análisis frente al caso
concreto. Razón suficiente para coincidir con la postura adoptada en la
primera instancia de la acción de tutela y confirmar la decisión de la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-05418-01
Demandante: Octavio Ladino Díaz
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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2.5. Conclusiones
27. En definitiva, la Sala confirmará la decisión que negó la solicitud de
amparo interpuesta, por cuanto no se encontró configurado un defecto
fáctico, lo cual desvirtúa la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia que fue reclamado
por el demandante.
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida el 8 de noviembre de 2021
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio
de la cual se negó el amparo solicitado, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin6.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑÓZ
Con salvamento de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
6 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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