Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05518-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05518-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-05518-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
17 de marzo de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-05518-01
Demandante: Lexis Ospino Ospino
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-05518-01
Demandante: LEXIS OSPINO OSPINO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Temas: Contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del derecho.
Norma aplicable para el conteo del término de prescripción de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías. Término para
hacerla exigible cuando se trata del retiro definitivo del servicio.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Lexis Ospino Ospino contra la
sentencia del 1 de octubre de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, que declaró improcedente la acción de tutela.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. El 19 de agosto de 2021, en ejercicio de la acción de tutela, por medio de apoderado
judicial, la señora Lexis Ospino Ospino pidió la protección de los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que estimó vulnerados por
la sentencia 21 de agosto de 2020, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B. En concreto, formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Se tutelen los DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA a favor de la Señora LEXIS OSPINO OSPINO y como
consecuencia de ello, se ordene a la SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO conformada por los Honorables Magistrados CARMELO PERDOMO
CUETER, SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ y CÉSAR PALOMINO CORTÉS.
SEGUNDA: Como consecuencia del amparo se solicita dejar sin efecto la sentencia de fecha 21
de agosto de 2020 notificada por edicto el día 19 de febrero de 2021 la cual negó las pretensiones
en el proceso 130012331000-2010-00203-00 (radicado interno 13001-23-33-000-2010-00203-01
4628-2016) adelantado por la actora contra el MUNICIPIO DE ARJONA (BOLÍVAR) y se ordene a
la SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO conformada por
los Honorables Magistrados CARMELO PERDOMO CUETER, SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
y CÉSAR PALOMINO CORTÉS profiera una nueva sentencia, en la cual se haga una valoración
adecuada del precedente judicial en el tema de acuerdo a las reglas jurisprudenciales vigentes a
la presentación de la demanda.
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. La señora Lexis Ospino Ospino trabajó para el municipio de Arjona – Bolívar, desde
el 26 de octubre de 1992 hasta el 22 de febrero de 2000.
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2.2. Por Resolución 267 del 30 de junio de 2000, el municipio de Arjona reconoció y
ordenó el pago de las cesantías definitivas a la señora Ospino Ospino.
2.3. Teniendo en cuenta que el municipio tardó en pagar las cesantías definitivas, la
señora Ospino Ospino presentó demanda ejecutiva laboral ante el Juzgado Promiscuo
de Turbaco, que libró mandamiento de pago por el valor de las cesantías, pero negó la
sanción moratoria en tanto dicho concepto requería de un proceso declarativo. Ante el
pago de las cesantías, el 15 de diciembre de 2008, se dio por terminado el proceso
ejecutivo.
2.4. El 2 de septiembre de 2009, la actora solicitó al municipio de Arjona el pago de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías. La autoridad municipal negó la
solicitud.
2.5. La señora Lexis Ospino Ospino presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el municipio de Arjona para obtener el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías.
2.6. La demanda correspondió al Tribunal Administrativo de Bolívar, que, por sentencia
del 11 de marzo de 2016, accedió a las pretensiones. En concreto, señaló que la señora
Ospino Ospino tenía derecho a la sanción moratoria por el no pago de las cesantías en
tanto aquellas se reconocieron el 30 de junio de 2000, pero solo se pagaron el 15 de
diciembre de 2008.
2.7. Inconforme con la decisión, el municipio de Arjona interpuso recurso de apelación y
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por sentencia del 21 de agosto
de 2020 (notificada por edicto del 19 de febrero de 2021), la revocó y, en su lugar, declaró
probada la excepción de prescripción de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías. En concreto, la autoridad judicial demandada explicó que, conforme con las
reglas jurisprudenciales de la Sentencia CE-SUJ004 del 25 de agosto de 2016, proferida
por la Sección Segunda de la Corporación, el término de prescripción comienza a
contarse desde que la obligación se hace exigible.
2.7.1. Que en el proceso quedó probado que las cesantías definitivas de la actora se
reconocieron a través de la Resolución 267 de 30 de junio de 2000, que quedó en firme
el 7 de julio de 2000. Que, por lo tanto, los 45 días para efectuar el pago corrieron desde
el 10 de julio hasta el 11 de septiembre de 2000.
2.7.2. Que la demandante tenía 3 años contados a partir del 12 de septiembre de 2000
(fecha en que se hizo exigible la obligación) para reclamar la correspondiente sanción
moratoria, esto es, hasta el 12 de septiembre de 2003. Que, sin embargo, presentó la
petición el 2 de septiembre de 2009, luego del pago total de la obligación (25 de agosto
de 2008).
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. La señora Lexis Ospino Ospino, de manera preliminar, manifestó que la tutela cumple
los requisitos generales de procedibilidad contra providencias judiciales. En cuanto al
fondo del asunto, manifestó que la sentencia del 21 de agosto de 2020 vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia e
incurrió en desconocimiento del precedente, por las razones que a continuación se
exponen:
3.2. Que se aplicó de forma retroactiva la sentencia de unificación CE-SUJ2-004-16 del
25 de agosto de 2016, de la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
pues, al momento de presentar la reclamación y la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, dicha providencia no había sido proferida y, por lo tanto, no resultaba
aplicable al caso de la actora.
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3.2.1. Que, además, la tesis vigente para ese momento, fijada en la sentencia del 27 de
marzo de 2008, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
establecía que el término de prescripción se contaba a partir del pago de las cesantías
definitivas, pues solo a partir de ese momento cesa la causación.
4. Intervenciones
4.1. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por conducto del
magistrado sustanciador, indicó que las razones y fundamentos de la decisión se
encuentran contenidas en la sentencia del 21 de agosto de 2020, por lo que se atenía a
lo que se pruebe en el trámite de la tutela.
5. Sentencia impugnada
5.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por sentencia del 1° de
octubre de 2021, declaró improcedente la acción de tutela, por falta del requisito de
relevancia constitucional, habida cuenta de que se ejerció a modo de instancia adicional.
5.2. Que, en todo caso, la decisión se adoptó con fundamento en el artículo 2 de la Ley
244 de 1995, según el cual el empleador tiene un plazo máximo de 45 días hábiles para
realizar el pago de las cesantías definitivas, contados a partir de la fecha en que adquirió
firmeza el acto de reconocimiento, so pena de pagar un día de salario por cada día de
retardo. Que, además, el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral señala que
las acciones prescriben en tres años, contados desde que la obligación se haya hecho
exigible, sin perjuicio de que pueda interrumpirse por un lapso igual a la causa de reclamo
del trabajador.
6. Impugnación
6.1. La señora Ospino Opino impugnó la sentencia del 1° de octubre de 2021. Solicitó
que se revocara y que, en su lugar, se concediera el amparo solicitado. Para el efecto,
insistió en los argumentos propuestos en el escrito de tutela, específicamente, reiteró que
se tuvo en cuenta un precedente que no era aplicable al caso de la demandante, por lo
que, a su juicio, la tutela si cumple el requisito de relevancia constitucional.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. A partir del año 20121, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20142, se precisó que la
acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas
por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad.
1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia
C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios
ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de
tutela.
1 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
2 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i)
defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto
orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del
precedente y (viii) violación directa de la Constitución.
1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido
aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta
en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son
propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o
decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo
de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de
cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito
adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional»3.
2. Planteamiento del problema jurídico y solución del problema jurídico
2.1. En los términos de la impugnación, lo primero que debe decidirse es si el a quo acertó
al desestimar la procedencia de la tutela interpuesta por Lexis Ospino Ospino, por no
cumplir el requisito de relevancia constitucional.
2.1.1. El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la
autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos
que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.
2.1.2. En ese sentido, la Corte Constitucional4 ha señalado que la relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de
los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
2.1.3. De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 5, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se
alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
3 SU-573 de 2017.
4 Al respecto, ver sentencias C-590 de 2005, T-335 de 2000, T-102 de 2006, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505
de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de
2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014.
5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03
15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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providencias judiciales»6. Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda
de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el
estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión
cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se
debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya
fueron decididos por los jueces competentes.
2.1.4. En el presente asunto, la demandante alega que la decisión objeto de tutela
desconoció el precedente judicial al haber aplicado de manera retroactiva la sentencia de
unificación CE-SUJ2-004-16 del 25 de agosto de 2016 de la Sala Plena de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, y no haber tenido en cuenta la sentencia del 27 de
marzo de 2008, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que
contenía la tesis vigente para el momento de la reclamación administrativa y de la
presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.1.5. Contra lo afirmado por el juez de primera instancia, la Sala estima que la tutela sí
cumple el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que deberá definirse si
la providencia acusada incurrió en el defecto endilgado y, como consecuencia de ello,
vulneró o no los derechos fundamentales de la demandante, al concluir que se había
configurado la excepción de prescripción extintiva del derecho respecto de la sanción
moratoria por mora en el pago tardío de las cesantías. Además, la demandante explicó
de manera razonable los hechos que originaron la presunta vulneración de los derechos
invocados y no se advierte que se esté ejerciendo como instancia adicional del proceso
ordinario.
2.1.6. Como la Sala también advierte que están cumplidos los demás requisitos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, procede a estudiar el fondo del
asunto, en los términos propuestos en la impugnación, esto es, que la providencia
cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente.
3. Del presunto desconocimiento del precedente judicial
3.1. Para determinar si la sentencia del 21 de agosto de 2020, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, incurrió en el defecto endilgado conviene traer,
en lo pertinente, las consideraciones de esa decisión.
6 Ibidem.
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3.1.1. Como primera medida, la autoridad judicial demandada se refirió a las normas que
regulan el régimen de cesantías, y específicamente a la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías, esto es, las Leyes 344 de 1996 y 50 de 1990, respecto al régimen
de cesantías anualizadas y las Leyes 244 de 1995 y 1070 de 2006, en cuanto a las
cesantías definitivas y parciales.
3.1.2. Respecto del término a partir del cual se hace exigible la sanción moratoria, por el
pago tardío de las cesantías, explicó que “comprende las siguientes posibilidades: (i) 45
días hábiles a partir del día siguiente de la ejecutoria (5 días hábiles en vigor del CCA o
10 con el CPACA) del acto que reconoce las cesantías definitivas; o en su defecto, (ii)
cuando transcurridos 15 días hábiles de presentada la solicitud por el interesado, esta no
se resuelve o no se profiere el acto que las reconoce, se tendrá en cuenta la fecha de
radicación, para contar 65 (CCA) o 70 (CPACA) días hábiles, que trascurridos, a partir
del día hábil siguiente se causará la sanción moratoria”.
3.1.3. En cuanto a la prescripción extintiva del derecho, tema en que se centra la
inconformidad de la demandante, la providencia cuestionada explicó que la Sala Plena
de la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia CE-SUJ004 de 25 de agosto
de 2016, unificó el criterio y explicó que la norma que regula dicho fenómeno es el artículo
151 del Código de Procedimiento Laboral, así:
La razón de aplicar esta disposición normativa y no el término prescriptivo consagrado en los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 7, previamente citados, consiste en que tales decretos en
forma expresa señalan que la prescripción allí establecida, se refiere a los derechos de que tratan
las referidas normas, entre los cuales no figura la sanción moratoria, pues para la época de su
expedición, la sanción aludida no hacía parte del ordenamiento legal, la que solo fue creada a
partir de la consagración del régimen anualizado de las cesantías, en virtud de la Ley 50 de 1990.
Así las cosas, para que la sanción moratoria8 por el no pago oportuno de las cesantías, de que
trata la Ley 244 de 1995, modificada por la 1071 de 2006, no se afecte por la prescripción extintiva,
debe formularse dentro de los tres años siguientes a su exigibilidad (artículo 151 del del Código
de Procedimiento Laboral) para interrumpirla por un lapso igual, comoquiera que en aras de la
seguridad jurídica «[…] resulta inherente a esta institución señalar plazos preclusivos para ejercer
los derechos sustanciales»9.
Por tanto, según el criterio de la Sala mayoritaria, el término de prescripción debe computarse
desde el primer día en que se cause el incumplimiento en el pago del auxilio de cesantías y la
respectiva reclamación administrativa deberá ser presentada dentro de los tres años siguientes,
so pena de configurarse la prescripción extintiva del derecho a la sanción moratoria.
3.1.4. Y, en aplicación de la sentencia de unificación, para el caso de la señora Lexis
Ospino Ospino, la providencia resolvió:
(…)
De lo anterior, se evidencia que las cesantías de la actora se reconocieron a través de un acto
administrativo expreso (Resolución 267 de 30 de junio de 2000), el cual quedó en firme el 7 de
julio de 2000, por lo que los 45 días para efectuar el pago corrieron desde el 10 de julio hasta el
11 de septiembre de 2000. Tal como quedó visto en el acápite de pruebas, la demandante
promovió proceso ejecutivo en el cual se le advirtió al momento del auto que libró mandamiento
de pago (15 de febrero de 2002) que debía acudir a uno declarativo para que se le reconociera
el derecho a la sanción moratoria que reclamaba con fundamento en el artículo 2° de la Ley 244
de 1995, sin embargo, solo hasta el 2 de septiembre de 2009, luego del pago total de la obligación
(25 de agosto de 2008), presentó petición a la entidad demandada en tal sentido.
7 Cita original. Normas aplicadas para efecto de prescripción, entre otras en sentencias de 21 de noviembre de 2013,
Consejera ponente Bertha Lucía Ramírez de Páez (E), radicación número: 08001-23-31-000-2011-00254-01(0800-13)
y de 17 de abril de 2013, Consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicación número: 08001-23-31-
000-2007-00210-01(2664-11).
8
Cita original. Dijo la Corte Constitucional en su sentencia C-446 de 1996, que la sanción moratoria es una penalización
por la ineficiencia de las autoridades para cumplir sus obligaciones, que se funda mutatis mutandi en la protección del
poder adquisitivo de los trabajadores, quienes no tienen por qué soportar la demora en el pago de sus derechos
laborales.
9 Cita original. Ver concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado de 24 de agosto de 2006, con
ponencia del entonces consejero Flavio Augusto Rodríguez Arce, en armonía con las sentencias de la Corte
Constitucional C-198 de 1999, C-298 de 2002 y C-460 de 2004, en relación con la facultad del legislador para establecer
plazos para el ejercicio de las acciones.
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Demandante: Lexis Ospino Ospino
Por consiguiente, de acuerdo con lo anotado, la interesada disponía de tres años contados a
partir del 12 de septiembre de 2000 para reclamar la correspondiente sanción moratoria, esto es,
hasta el 12 de septiembre de 2003. En el sub lite, como la solicitud solo se formuló hasta el 2 de
septiembre de 2009, esta no fue oportuna y, en esa medida, operó el fenómeno jurídico de la
prescripción extintiva del derecho.
3.2. A partir de lo anterior, la Sala advierte que, en efecto, la autoridad judicial
demandada decidió la situación de la demandante conforme con las reglas fijadas por la
sentencia de unificación CE-SUJ2-004-16 del 25 de agosto de 2016 de la Sala Plena de
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
3.3. Sin embargo, esa aplicación no es indebida, como alega la demandante.
Independientemente del precedente vigente para la época en que se hizo la reclamación
y se presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que
para la época en que se dictó el fallo objeto de tutela ya estaba vigente el nuevo
precedente de la Sección Segunda del Consejo que se dictó para unificar criterios sobre
aspectos relacionados con el reconocimiento de las cesantías, la sanción moratoria y
aspectos puntuales de su reconocimiento.
3.4. Incluso, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación CE-
SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020, aclaró la sentencia de unificación CE-
SUJ004 de 25 agosto de 2016, respecto del momento a partir del cual se cuenta el
término de prescripción para reclamar la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, por la
no consignación de cesantías anualizadas. En lo que aquí interesa estableció que "las
reglas jurisprudenciales que se definen en esta sentencia deben aplicarse de manera
retrospectiva a todos los casos pendientes de decisión tanto en vía administrativa
como en vía judicial, dejando a salvo por cosa juzgada los conflictos decididos con
antelación".
3.5. En consecuencia, como el proceso de la actora estaba pendiente de solución, hizo
bien la autoridad judicial demandada en aplicar la sentencia de unificación del 25 de
agosto de 2016.
3.6. No es cierto que deba aplicarse el precedente del 27 de marzo de 2008, dictado por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, pues, se insiste, para la época
en la que se dictó el fallo acusado, esa tesis ya se había modificado. En este punto, la
Sala precisa que no puede predicarse el desconocimiento del precedente, respecto de
reglas de interpretación que ya no se encuentran vigentes. El respeto de las decisiones
proferidas por los jueces de superior jerarquía parte del supuesto de vigencia de las
reglas de interpretación fijadas en esas decisiones. Si al momento de dictarse el fallo las
reglas de interpretación ya no existen, no se ve razón para que se ordene el acatamiento
de tales reglas.
3.7. Siendo así, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que declarará
improcedente la solicitud de amparo y, en su lugar, se denegarán las pretensiones de la
acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada, que declaró improcedente la acción de tutela. En su
lugar:
2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora Lexis Ospino
Ospino, por las razones expuestas en esta providencia
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-05518-01
Demandante: Lexis Ospino Ospino
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
[Firmado electrónicamente] [Firmado electrónicamente]
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
[Firmado electrónicamente] [Firmado electrónicamente]
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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