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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-05573-01

Fecha
10 de marzo de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-05573-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de impugnación presentado por el Municipio de Bucaramanga en contra de la Sentencia del del 11 de noviembre de 2021, expedida por la Sección Segunda de esta Corporación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Dentro del término de ley, envíese el expediente a la Corte Constitucional para que se surta la eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-05573-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

10 de marzo de 2022

1

Radicado: 11001 03 15 000 2021 05573 01
Demandante: Sandra Milena Zher Sandoval

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C, diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Expediente: 11001 03 15 000 2021 05573 01
Accionante: Sandra Milena Zher Sandoval y otra
Accionado: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA
Tesis: No está legitimado un municipio, vinculado en primera instancia como
tercero interviniente, para presentar un recurso de impugnación en representación
de las personas que dice se encuentran afectadas por el cierre del relleno
Sanitario El Carrasco, en contra del fallo de tutela que rechazó por improcedente
la acción, si la parte actora decide no recurrir la sentencia.

ACCIÓN DE TUTELA – SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el Municipio de Bucaramanga en
contra de la sentencia dictada el 11 de noviembre de 2021 por la Subsección “A”
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. La señora Sandra Milena Zher Sandoval, quien actúa a nombre propio y en
representación de su hija menor Daria Victoria Saavedra Zher, formuló acción de
tutela pidiendo la protección de sus derechos fundamentales a la vida digna, a la
salud de los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores como sujetos de
especial protección constitucional y al ambiente sano, que estimó vulnerados con
ocasión de la expedición de la Resolución 786 del 30 de abril 2021 y del Auto No.
05968 del 3 de agosto de 2021, por parte de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (en adelante ANLA).

Para el efecto esgrimió las siguientes pretensiones:

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Demandante: Sandra Milena Zher Sandoval

“II. PRETENSIONES

PRIMERA: Sírvase tutelar nuestros derechos fundamentales a la VIDA EN
CONDICIONES DIGNAS, LA SALUD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES, COMO SUJETOS DE
ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL y al AMBIENTE SANO POR
CONEXIDAD, los cuales se verán afectados con ocasión a la orden
MATERIAL DEL CIERRE DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL ¨EL
CARRASCO A PARTIR DE LAS 00:00 HORAS DEL 14 DE AGOSTO DE
2021, generando una amenaza grave, irresistible, inminente y actual.

SEGUNDA. Se suspendan los efectos jurídicos producidos por la Resolución
No. 786 del 30 de abril de 2021, mediante la cual modificó el cronograma para
el cierre, desmantelamiento y abandono del Sitio de Disposición Final ¨El
Carrasco, concediendo como plazo máximo para el cierre hasta el 13 de
agosto del 2021 y el auto No.05968 de fecha 03 de agosto de 2021 que
resolvió mantener el cronograma establecido en el artículo primero de la
Resolución 786, del 7 de abril de 2021, para el proyecto “Recuperación
ambiental del Relleno Sanitario el “Carrasco”, en relación con la actividad
estabilidad mediante la disposición de residuos sólidos en la celda de respaldo
2, la cual se encuentra en la FASE I – PLAN DE CIERRE -

TERCERA. Ordenar al municipio de Bucaramanga, que en un término
prudencial garantice la prestación del servicio de recolección y disposición
final de residuos.”1. (Subrayas de la Sala, negrillas dentro del texto).

1.2. Como fundamento de la anterior solicitud, esbozó los argumentos que
pasan a sintetizarse:

Indicó que son residentes del Municipio de Bucaramanga y que, de acuerdo con
las programaciones internas de los Prestadores de Servicio Público de Aseo, les
es recogida la basura los días martes, jueves y sábado.

Manifestó que, en fallo proferido dentro de la acción popular identificada con
número de radicado 68001 33 31 004 2002 02891 00, se ordenó, entre otras
acciones, procurar la habilitación de un nuevo sitio de disposición final de residuos
sólidos que cumpla de manera armónica e integral con todas y cada una de las
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, el
cual, aseguró, debía estar funcionando antes del cierre definitivo de El Carrasco.

Sin embargo, mencionó que la ANLA expidió la Resolución No. 786 del 6 de abril
de 2021, mediante la cual modificó el cronograma para el cierre,
desmantelamiento y abandono de relleno El Carrasco, concediendo como plazo

1
Folio 4 del archivo contentivo de la demanda.

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máximo para esos efectos hasta el 13 de agosto de ese año. Agregó que dicha
entidad, en Auto No. 05968 del 3 de agosto de 2021, resolvió mantener el citado
cronograma, y que esa circunstancia condujo a que el Juzgado 15 Administrativo
de Bucaramanga ordenara materializar el cierre definitivo del citado relleno
sanitario a partir del 14 de agosto de 2021.

Alegó que desconoce si el municipio de Bucaramanga o si el Departamento de
Santander tienen previstos planes de contingencia que eviten la proliferación de
basuras, olores ofensivos, animales de carroña, roedores, entre otros, que puedan
afectar la vida, la salud y el bienestar de su núcleo familiar compuesto por “niños,
enfermos y adultos mayores”, circunstancia que, a su juicio, se agrava por la
pandemia producida por el Coronavirus COVID – 19.

En esa medida, consideró que, a partir del 15 de agosto de 2021, las calles de
Bucaramanga estarían llenas de basura, lo que afectaría sus derechos
fundamentales, los de su familia y los de la comunidad.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. La acción de tutela correspondió inicialmente al Juzgado Tercero de Familia
del Circuito de Bucaramanga que, en proveído del 13 de agosto de 2021, admitió
la demanda y ordenó vincular como demandada a la ANLA y como terceras
interesadas al Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga, a la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB, a la
Superintendencia de Servicios Públicos, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a la Empresa de Aseo de
Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P., al Área Metropolitana de Bucaramanga, a la
Empresa Entorno Verde S.A. E.S.P, al Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales de Colombia IDEAM, a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, a la Procuraduría General de la Nación, al
Servicio Geológico Colombiano, a la Contraloría Delegada para Asuntos
Ambientales, a la Personería de Bucaramanga, a la Personería de Girón, a la
Gobernación de Santander, a la Corporación Autónoma Regional Santander CAS,
a los Municipios de Bucaramanga, Girón, Floridablanca, Piedecuesta, Lebrija,

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Rionegro, Playón, Charta, Suratá, Betulia, Santa Bárbara, California, Matanza,
Tona, Zapatoca y de los Santos2.

2.2. En oficio del 16 de agosto de 2021, el Instituto de Hidrología
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, solicitó su desvinculación del
presente asunto esgrimiendo que los hechos que dieron lugar a la interposición de
la presente petición de amparo eran exclusivamente imputables a la ANLA3.

2.3. El Municipio de Suratá, en escrito del 17 de agoto de 2017, señaló lo que
sigue a continuación4:

Manifestó que lo relatado en la tutela tiene plena validez y veracidad puesto que el
Área Metropolitana de Bucaramanga se encuentra expuesta a una tragedia
ambiental y de salud pública al no contar con un sitio final de disposición de
residuos, lo que puede atraer toda clase de enfermedades, plagas y riesgos.

Mencionó que, en el caso particular de ese ente territorial, el traslado de las
basuras al municipio de Pamplona – Norte de Santander, supone un incremento
de hasta el trescientos cincuenta y dos punto quince por ciento (352.15 %) de los
costos por la prestación de dicho servicio público. No obstante, aseguró que, con
el fin de no incurrir en desacato o una eventual sanción derivada de dicho trámite,
celebró un contrato con la empresa de servicios públicos de Pamplona EMPLONA
E.S.P., por lo que, a partir del 17 de agosto de 2021, sus residuos son traslados a
ese municipio y no a El Carrasco.

2.4. En memorial del 17 de agosto de 2021, la Personería Municipal de Girón
– Santander, señaló que la orden de cierre del relleno sanitario El Carrasco
afectaría gravemente a los pobladores de dieciséis (16) municipios de Santander,
en razón a que las empresas de recolección de basuras no tendrían un lugar en el
que disponer las basuras.

Explicó que dicha circunstancia puede conllevar a la vulneración de los derechos
fundamentales a la salubridad pública, a la salud y a la efectiva prestación de los

2
Visible en el índice número 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
3
Ibídem.
4
Ibídem.

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servicios públicos por parte del Estado, por lo que solicitó que se acceda a las
peticiones del libelo demandatorio5.

2.5. En memorial del 17 de agosto de 2021 la Personería Delegada para la
Vigilancia del Patrimonio Público y Protección del Medio Ambiente coadyuvó
las pretensiones de la tutela, señalando que en el plenario se encuentra
acreditada la amenaza de los derechos fundamentales invocados por la señora
Sandra Milena Zher Sandoval6.

2.6. El 17 de agosto de 2021, el Gerente de la Empresa de Aseo de
Bucaramanga EMAB S.A ESP, dio respuesta al escrito de tutela esgrimiendo los
argumentos que pasan a sintetizarse7:

Frente a los hechos, manifestó que los mismos son ciertos y que, como
consecuencia de las decisiones adoptadas por la ANLA, a partir del 14 de agosto
de 2021 no podría cumplir con sus funciones legales relacionadas con la
prestación del servicio de aseo.

Resaltó que el sitio más cercano para disponer basuras en caso de que se cierre
El Carrasco, se encuentra en el Municipio de Aguachica – César, esto es, a cinco
(5) horas de la ciudad de Bucaramanga, lo que hace inviable trasladar los residuos
allí, máxime cuando el Alcalde de dicho municipio ha manifestado públicamente
que impedirá que ingresen vehículos provenientes del Departamento de
Santander que estén cargados con residuos sólidos

En consecuencia, solicitó se amparen los derechos fundamentales invocados, so
pena de que exista una crisis ambiental y sanitaria en caso de que prospere la
orden de cierre material de El Carrasco.

2.7. En auto del del 17 de agosto de 2021 el Juzgado Tercero de Familia del
Circuito de Bucaramanga ordenó la remisión por competencia del presente asunto
al Tribunal Administrativo de Santander8.

5
Ibídem.
6
Ibídem.
7
Visto en el índice 17 ibídem.
8
Ibídem.

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2.8. En oficio del 18 de agosto de 2021, el Servicio Geológico Colombiano
pidió su desvinculación del trámite de la referencia indicando que no ostentaba
funciones de autoridad ambiental y que el escrito de tutela estaba dirigido en
contra de la ANLA9. Bajo los mismos argumentos, el Área Metropolitana de
Bucaramanga, los Municipios de Zapatoca, Tona y Charta - Santander, los
Ministerios de Vivienda Ciudad y Territorio y de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Procuraduría General de la Nación y la Corporación Autónoma
Regional de Santander - CAS pidieron su desvinculación, en escritos de esa
misma fecha10.

2.9. A través de escrito del 18 de agosto de 2021, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios señaló que ha llevado a cabo funciones de
seguimiento especializado desde la Dirección Técnica de Gestión de Aseo y
acompañó como invitada las mesas ambientales que fueron utilizadas para el Plan
de Cierres y Desmantelamiento del Carrasco, que buscaba una alternativa para
resolver la falta de disposición final regional para el Área Metropolitana de
Bucaramanga y los demás municipios aledaños.

Concluyó que esa entidad es la encargada de verificar el cumplimiento de las
normas expedidas por las autoridades competentes y que en el caso en concreto
realizó labores de inspección y vigilancia, durante el proceso de estabilización de
la mesa de residuos; anotó que efectuó seguimientos antes, durante y después del
cierre del Relleno Sanitario El Carrasco, el día 13 de agosto de 202111.

2.10. En memorial del 18 de agosto de 2021, la Alcaldía del Municipio de Santa
Bárbara - Santander mencionó que no le constaban los hechos plasmados en la
acción de tutela, y frente a las pretensiones, afirmó que no haría oposición pues
era el Consejo de Estado el encargado de revisar su legalidad.

Fundamentó su contestación en la improcedencia de la acción e inexistencia de la
violación de los derechos por parte del Municipio de Santa Bárbara – Santander,
ya que las solicitudes de la actora no tienen relación con la citada autoridad

9
Ibídem,
10
Ibídem.
11
Ibídem.

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territorial, pues la discusión versa sobre recolección de basuras en el municipio de
Bucaramanga, problema que, a su juicio, debía ser resuelto por ese municipio.

Por último, solicitó que se resuelva en el fallo que la autoridad territorial de Santa
Bárbara no ha causado ninguna clase de perjuicio irremediable que deba ser
protegido mediante acción de tutela12.

2.11. En oficio del 18 de agosto de 2021, la Corporación Autónoma Regional
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB dio respuesta a la
acción de tutela de la referencia esgrimiendo los argumentos que pasan a
sintetizarse13.:

Indicó que, mediante Resolución 368 del 11 de marzo de 2014, expedida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se le otorgó la competencia para
evaluar y controlar ambientalmente a la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB
– S.A ESP., en relación al proyecto “Recuperación ambiental del sitio de
disposición final el Carrasco”, y que la ANLA, en Resolución nro. 786 del 30 de
abril de 2021, ordenó el cierre definitivo del sitio de disposición final El Carrasco el
13 de agosto del año en curso.

Pidió que se declare la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
ya que no existe una razón para vincularla en el proceso, pues no es la
competente frente a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de
recolección de basuras, dado que las responsables de la vulneración de los
derechos invocados por el demandante son las autoridades territoriales y
judiciales que se encargaron del cierre del sitio de disposición final El Carrasco.

Manifestó que la acción de tutela es improcedente, ya que no se exponen
argumentos concretos con elementos probatorios de certeza técnica que
demuestren un perjuicio irremediable, grave, urgente e insalvable, tal como lo
ordena la Corte Constitucional en su jurisprudencia.

12
Ibídem.
13
Ibídem.

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2.12. Por su parte, el Municipio de California – Santander indicó que ese ente
territorial ha implementado un plan de contingencia por lo que ha cumplido con sus
funciones legales y constitucionales relacionadas con la disposición final de
residuos sólidos14.

2.13. A través de escrito del 18 de agosto de 2021, el Municipio de
Bucaramanga se pronunció frente a los hechos y las pretensiones de la acción de
tutela, mencionando que, con el cierre definitivo del Relleno Sanitario El Carrasco,
los bumangueses han visto afectados sus derechos a la vida, salud, salubridad
pública, ambiente sano y saneamiento ambiental, situación que ocasionó la
declaratoria de una emergencia sanitaria.

Por esta razón solicitó que sea declarado el amparo, ya que es procedente, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, y no existiría otro
medio de defensa que pudiera solucionar el problema de una manera más pronta
como lo hace la tutela15.

2.14. El Tribunal Administrativo de Santander, en proveído del 19 de agosto
de 2021, admitió nuevamente el libelo introductorio y ordenó notificar como parte
demandada a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.16

2.15. La Contraloría General de la República, en escrito del 19 de agosto de
2021, manifestó que no tiene funciones administrativas distintas a las que le son
inherentes a esa entidad, por lo que no tiene aptitud legal para interferir en la
esfera de competencia de las entidades demandadas.

Indicó que, en relación con el relleno El Carrasco, ha realizado dos (2) auditorías
en las cuales ha evidenciado que existía deficiencia en el manejo de los residuos
sólidos y que esa circunstancia ha conllevado al establecimiento de cincuenta y un
(51) hallazgos administrativos. En ese sentido, señaló que ha actuado dentro la
órbita de sus potestades por lo que pidió se la desvincule del asunto de la
referencia17.

14
Ibídem.
15
Visto en el índice 26 íbidem
16
Ibídem.
17
Ibídem.

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2.16. En proveído del 23 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo de
Santander ordenó la remisión de la demanda al Consejo de Estado, bajo el
argumento que la tutela había sido presentada también en contra de ese
Tribunal18.

2.17. Una vez allegado a esta Corporación Judicial, la Subsección “A” de la
Sección Segunda del Consejo de Estado avocó conocimiento de la tutela a
través de auto del 3 de septiembre de 2021 y ordenó vincular como terceros
interesados adicionales a los magistrados del Tribunal Administrativo del
Santander, al Juzgado 4 Administrativo del Circuito de Bucaramanga y al Juzgado
15 Administrativo del Circuito de Bucaramanga.

2.18. En escrito calendado el 9 de septiembre de 2021 el Juez 4 Administrativo
de Circuito Judicial de Bucaramanga solicitó su desvinculación bajo el
argumento que carecía de legitimación en la causa por pasiva para intervenir,
como quiera los reproches de la demanda estaban dirigidos en contra de la
ANLA19.

2.19. La ANLA, en escrito del 9 de septiembre de 2021, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda, bajo los siguientes argumentos:

Manifestó que los procesos con identidad fáctica debían ser acumulados al
proceso de la referencia, en razón a que fue este Despacho el primero en avocar
conocimiento sobre el tema.

Hizo referencia a cada uno de los hechos de la demanda, y manifestó que
desconocía los mismos. Se opuso a cada una de las pretensiones planteadas por
el accionante y fundamentó su defensa en dos (2) puntos principales: la falta de
competencia por parte de la ANLA y la improcedencia de la acción de tutela por
carecer de los requisitos de procedibilidad. Frente al primero, manifestó que le fue
conferida la función de realizarle seguimiento y control al proyecto
“RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RELLENO SANITARIO EL CARRASCO”,

18
Ibídem.
19
Visible en el índice número 10 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

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10

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situación que no puede ser objeto de confusión frente a las labores que le fueron
encargadas por ley, como son el seguimiento y la vigilancia ambiental.

Indicó que la obligación de asegurar la prestación de los servicios públicos
domiciliarios a los que hace referencia el artículo 1 de la Ley 142 de 1994, es de
los municipios y departamentos, por lo que pidió su desvinculación al no tener
legitimación en la causa por pasiva.

Con relación a la improcedencia de la acción de tutela, afirmó que la misma
carece de subsidiariedad, ya que este presupone que se agoten los recursos o
medios de defensa que puedan ser aplicables antes de ejercer la demanda
constitucional, y en el caso en objeto de estudio se busca la suspensión de la
Resolución que ordena el desmantelamiento y abandono del Relleno Sanitario “El
Carrasco”, hasta que las autoridades territoriales cuenten con un sitio de
disposición para los residuos sólidos de los municipios del Departamento de
Santander, por lo que aseguró que la accionante contaba con los medios de
control de nulidad y nulidad y restablecimiento, para defender la protección de sus
derechos.

Por último, aludió a la inexistencia de la vulneración de los derechos invocados e
insuficiencia probatoria. Mencionó que, a pesar de la clausura del relleno sanitario
“El Carrasco”, la Empresa de Servicios de Aseo de Bucaramanga S.A E.S.P., en la
actualidad, se encuentra prestando el servicio de recolección de residuos sólidos
en sus frecuencias y rutas establecidas, al activar para esos efectos un plan de
contingencia.

Concluyó solicitando que se denegaran las pretensiones de la demanda por no
cumplir con los requisitos de procedencia señalados en la norma y los
precedentes judiciales, que se reconozca la falta de legitimación en la causa por
pasiva respecto de la ANLA.

2.20. En memorial del 14 de septiembre 2021, el Juzgado 15 Administrativo de
Bucaramanga procedió a contestar el libelo introductorio bajo los argumentos que
se sintetizan a continuación20:

20
Visible en el índice 11 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

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Manifestó que los motivos para presentar la acción de tutela son las providencias
expedidas dentro del proceso en cita, en el cual se buscó dar cumplimiento al
numeral cuarto de la sentencia del 1 de marzo de 2009, expedida por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Bucaramanga, que fue confirmada parcialmente el 16 de
febrero de 2011 por el Tribunal Administrativo de Santander, ordenando el cierre
definitivo del sitio de disposición final de residuos sólidos denominado “El
Carrasco” a partir del 30 de septiembre de 2011.

Luego de hacer un relato de las etapas procesales llevadas a cabo en el trámite
del incidente de desacato, mencionó que han transcurrido más de diez (10) años
desde que el Tribunal Administrativo de Santander ordenó el cierre definitivo del
sitio de disposición final de residuos sólidos denominado “El Carrasco”. Afirmó que
la decisión no fue atendida por las partes y, por lo tanto, el citado Juzgado se vio
en la obligación de implementar el Plan de Desmantelamiento y Abandono del
citado lugar, creando una mesa técnica, de la cual resultó un consenso que fue
presentado por las Autoridades Ambientales, y materializado mediante la
Resolución 786 del 30 de abril 2021expedida por la ANLA, donde se determinó
“que la fase de estabilización del Sitio de Disposición Final “El Carrasco”
culminaban inicialmente el 30 de mayo de 2020.”21, y posteriormente “la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales a través de varios ajustes a la Resolución No.
0153 de 2019 modificó la finalización de la fase de estabilización de las Celdas de
Respaldo No. 1 y 2 del Plan de Desmantelamiento y Abandono del Sitio de
Disposición Final “El Carrasco” durante los días 04 de enero de 2020, 13 de
febrero de 2020, 30 de noviembre de 2020, 13 de abril de 2021 y finalmente el 13
de agosto de 2021.”22

Mencionó que el cierre definitivo de “El Carrasco” se realizó el 14 de agosto de
2021, en razón a que el lugar ya se encontraba estable y no existía motivo alguno
para que los municipios siguieran disponiendo de éste, para depositar sus
residuos sólidos de manera indefinida.

21
Visto en el folio 6 del índice 5 ibídem.
22
Ibídem

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Por último, solicitó la acumulación de diez (10) demandas, que se relacionan con
el cierre definitivo del Sitio de Disposición Final “El Carrasco”.

2.21. En auto calendado el 24 de septiembre de 2021, la Subsección “A” de la
Sección Segunda del Consejo de Estado ordenó la remisión del presente asunto al
Despacho a cargo del Magistrado Oswaldo Giraldo López a efectos de que se
realizara el estudio de eventual acumulación con la tutela identificada con número
110001 03 15 000 2021 05504 00, petición que fue denegada en proveído del 19
de octubre de 202123.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
providencia del 11 de noviembre de 2021, rechazó por improcedente la petición de
amparo impetrada por la señora Sandra Milena Zher Sandoval, con base en los
siguientes argumentos:

3.1. Manifestó que los problemas jurídicos que debía resolver eran:

“Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la acción de tutela
resulta procedente para conocer de la solicitud de suspensión de los efectos
jurídicos de la Resolución 00786 de 2021 por medio de la cual la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales -ANLA ajustó el cronograma del Plan de
Desmantelamiento y Abandono establecido para el «Proyecto Recuperación
Ambiental El Carrasco» y del auto 05968 del 3 de agosto hogaño a través del
cual mantuvo el cronograma establecido en la mencionada resolución.

En caso afirmativo se analizará, en segundo lugar, si dicha autoridad
quebrantó al expedir los actos administrativos mencionados, los derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la salud de los niños,
adolescentes y adultos mayores y al ambiente sano de la accionante”.

3.2. Para dar respuesta a dichos interrogantes, en primer lugar, aludió al trámite
adelantado por la ANLA para la expedición de la Resolución 786 del 30 de abril de
2021 y el auto 05968 del 3 de agosto de 2021 y enseguida procedió a analizar la
procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de los actos
administrativos de carácter general, señalando que, de conformidad con el
numeral 5º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, una acción de tutela es
improcedente cuando se controviertan actos de carácter general, impersonal y
23
Visible en el índice número 21 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

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abstracto; ello a excepción de los eventos señalados por la Corte Constitucional
en sentencia C-132 de 2018, estos son: (i) una persona carece de medios
ordinarios para la protección de sus derechos fundamentales y (ii) la aplicación del
acto general puede amenazar o vulnerar los derechos invocados en la petición de
amparo.

Posteriormente, descendió al caso en concreto e indicó que la accionante alegó
que la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud y al
ambiente sano, se generó como consecuencia la expedición de la Resolución 786
del 30 de abril de 2021 y el Auto 05968 del 3 de agosto de 2021, por parte de la
ANLA, mediante las cuales, dicha autoridad ambiental estableció el cronograma
de cierre, desmantelamiento y abandono del Relleno Sanitario El Carrasco.

En esa medida, arguyó que, contrario a lo expuesto por la actora, consideraba que
los reparos en contra de las anotadas decisiones debían ser definidos por el Juez
Contencioso Administrativo y que en dicho trámite podía solicitar la adopción de
medidas cautelares, que, por demás, eran idóneas y eficaces para la protección
de los derechos invocados.

Resaltó que las acciones de tutela revisten un carácter subsidiario y residual, por
lo que, tratándose de demandas en contra de actos de carácter general, debía ser
el juez natural de la causa el encargado de resolverla y no el constitucional.

Aseguró que tampoco era posible evidenciar que los actos administrativos
demandados causaran un perjuicio irremediable que excepcionara la interposición
de los medios de control ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
pues de la revisión del comunicado del 14 de agosto de 2021, emitido por la
Empresa de Aseo de Bucaramanga, y del 16 de agosto de 2021, expedido por la
empresa EMAB S.A, y del aviso del 20 de agosto de 2021, proferido por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, era posible evidenciar que
los eventuales riesgos derivados de la suspensión de recolección de residuos
sólidos habían sido superados, por lo que no obraba ninguna prueba de la
afectación de los derechos fundamentales invocados en la demanda.

IV. LA IMPUGNACIÓN

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El Municipio de Bucaramanga, en escrito del 10 de diciembre de 2021, presentó
impugnación en contra de la sentencia dictada el once (11) de noviembre de dos
mil veintiuno (2021) por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, bajo los siguientes argumentos:

Sostuvo que en el presente asunto aún subsistía un perjuicio irremediable pues, si
bien en un inicio se planteó como alternativa trasladar los residuos sólidos del
Municipio de Bucaramanga al parque tecnológico ambiental las Bateas en Aguachica
– César, teniendo en cuenta que la empresa Veolia contaba con licencia ambiental
otorgada por Corpocésar y que, además, cumplía con las condiciones técnicas y
ambientales para atender la disponibilidad de los residuos provenientes de los
diecisiete (17) municipios del Departamento de Santander, lo cierto era que se
presentaron bloqueos por parte de la comunidad del Municipio de Aguachica que
impidieron el acceso de los vehículos compactadores a dicho relleno sanitario, lo que
compromete la seguridad en la prestación del servicio.

Manifestó que ese Municipio, luego de hacer una ponderación de derechos entre los
amparados en la orden judicial proferida en la Acción Popular con radicación 2002-
2891 y el interés general de todos los habitantes del municipio de Bucaramanga,
quienes estarán en riesgo ante un eventual cierre de El Carrasco, decidió expedir el
Decreto 103 de 2021 del 15 de agosto de 2021, “Por el cual se declara la situación
de calamidad pública en el Municipio de Bucaramanga”.

Resaltó que, aunque el 16 de agosto de 2021, los Alcaldes de los Municipios de
Floridablanca, Piedecuesta y Bucaramanga se reunieron con la Policía Nacional de
Aguachica ante la necesidad de coordinar actividades tendientes a garantizar el
acceso de vehículos que prestan la disposición final de residuos sólidos en ese
municipio, lo cierto era que a la fecha no se tenía una solución de fondo.

Dijo que, dentro de las gestiones adelantadas por el Municipio de Bucaramanga para
la búsqueda de un sitio de disposición final de residuos sólidos, la única empresa
que les indicó suministrar el servicio fue Veolia Santander y Cesar S.A. E.S.P. en el
parque tecnológico ambiental las Bateas, cuya solución presenta los siguientes
inconvenientes presupuestales y técnicos: (i) la licencia ambiental otorgada a

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Corpocesar autoriza a la compañía una capacidad de ciento cincuenta y seis
toneladas (156 T) frente a las más de quinientas toneladas (500 T) diarias de
residuos sólidos que produce Bucaramanga, y (ii) ello implicaría un sobrecosto de
aproximadamente mil doscientos millones de pesos ($1.200.000.000) mensuales.

Destacó que el cierre de El Carrasco puede generar que se impida el cobro de la
tarifa por parte de la Empresa de Aseo de Bucaramanga - EMAB S.A. E.S.P. quien
se encontraría en un riesgo financiero y que ello implicaría perjuicios relacionados
con la recolección, depósito e inclusive el manejo de los lixiviados.

En cuanto a la legitimación del Municipio de Bucaramanga para interponer este
recurso, manifestó que cuenta con la misma, como quiera que existe una
“vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a
un número significativo de persona no solo de Bucaramanga, sino de cientos de
miles de habitantes que dependen del relleno sanitario, corresponde a éste ente
territorial acudir ante el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo con el objeto
de que se estudie de fondo la problemática que actualmente se presenta en el
municipio de Bucaramanga y su área metropolitana, en la medida que, por
circunstancias de la política local, no se han podido realizar prácticas definitivas de
carácter administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de
los derechos fundamentales de los ciudadanos, en la medida que la solución
definitiva requiere de manera obligatoria el compromiso de la intervención de varias
entidades, y la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones que
exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional
importante que hasta el momento el Municipio de Bucaramanga (de manera casi
exclusiva) ha tenido que afrontar”24

V. CONSIDERACIONES

5.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el numeral séptimo del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto

24
Folio 5 del documento visible en el índice número 32 del Sistema de Gestión SAMAI.

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333 de 202125, y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de
diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones, y del artículo 13 del
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección
el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para
conocer del presente asunto.

5.2. Hechos

5.2.1. A través de sentencia calendada el 1º de marzo de 2009, proferida dentro
del proceso de acción popular identificado con número de radicado 68001 33 31
000 2002 02891 00, el Juzgado 4 Administrativo de Bucaramanga amparó los
derechos colectivos allí invocados y ordenó el cierre definitivo del relleno sanitario
El Carrasco. Dicha decisión fue modificada por el Tribunal Administrativo de
Santander en proveído del 16 de febrero de 2011, en el sentido de señalar el plazo
máximo para el cierre del mismo sería hasta el 30 de septiembre de 2021.

5.2.2. Posteriormente, la ANLA mediante Resolución 1909 del de 30 de
noviembre de 2020, autorizó el Plan de Desmantelamiento y Abandono de El
Carrasco y estableció como fecha límite para esos efectos el 31 de mayo de 2021.

Sin embargo, mediante oficios 2021039571-1-000 del 5 de marzo de 2021 y
2021076119-1-000 del 21 de abril de 2021, la Empresa de Aseo de Bucaramanga
– EMAB, solicitó la prórroga de cierre del citado relleno, circunstancia que conllevó
a que la anotada autoridad ambiental, a través del acto enjuiciado, esto es, la
Resolución 786 del 30 de abril de 2021, resolviera ampliar la fecha de clausura del
aludido relleno hasta el 13 de agosto de 2021.

5.2.3. En Auto número 05968 del 3 de agosto de 2021, la ANLA dispuso
mantener el cronograma establecido para el cierre del relleno El Carrasco, por lo

25
“ARTICULO 1°. Modífícacíón del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado
serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá
por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento
al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. (…)”

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que la decisión de cerrar el mismo a partir del 14 de agosto de 2021 se mantuvo
en firme.

5.2.4. Lo anterior condujo a que el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga,
0en auto del 15 de agosto de 2021, ordenara a la ANLA materializar el cierre
definitivo del relleno El Carrasco a partir del 14 de agosto de 2021.

5.2.5. Inconforme con las actuaciones desplegadas por la autoridad ambiental
respecto del cierre del relleno El Carrasco, la señora Sandra Milena Zher Sandoval
presentó la acción de tutela de la referencia pidiendo la protección de sus
derechos fundamentales a la vida digna, a la salud de los niños, niñas,
adolescentes y adultos mayores como sujetos de especial protección
constitucional y al ambiente sano, que estimó conculcados con ocasión de la
expedición de la Resolución 786 del 30 de abril 2021 y del Auto No. 05968 del 3
de agosto de 2021, por parte de la ANLA.

5.2.6. En auto del 13 de agosto de 2021, la Sección Segunda del Consejo de
Estado admitió la demanda y ordenó vincular como demandada a la ANLA y como
tercero interesado al Municipio de Bucaramanga, entre otros26.

5.2.7. Mediante sentencia del 11 de noviembre de 2021, la Subsección “A” de la
Sección Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela
de la referencia. Dicha decisión fue impugnada por el Municipio de
Bucaramanga, bajo las siguientes consideraciones:

“La legitimación del municipio de Bucaramanga para elevar la presente
impugnación, debe tenerse en cuenta el hecho de que, producto de esta
vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que
afecta a un número significativo de personas no solo de Bucaramanga, sino de
cientos de miles de habitantes que dependen del relleno sanitario, corresponde a
éste ente territorial acudir ante el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo
con el objeto de que se estudie de fondo la problemática que actualmente se
presenta en el municipio de Bucaramanga y su área metropolitana, en la medida
que, por circunstancias de la política local, no se han podido realizar prácticas
definitivas de carácter administrativas o presupuestales necesarias para evitar la
vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en la medida que
la solución definitiva requiere de manera obligatoria el compromiso de la
intervención de varias entidades, y la adopción de un conjunto complejo y
coordinado de acciones que exige un nivel de recursos que demanda un

26
Visible en el índice número 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

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esfuerzo presupuestal adicional importante que hasta el momento el Municipio
de Bucaramanga (de manera casi exclusiva) ha tenido que afrontar.” (Subrayas
de la Sala)

5.3. Problema jurídico.

De lo expuesto en el anterior acápite se desprende con claridad que: (i) el ente
territorial que recurrió el fallo se vinculó al proceso de la referencia como tercero
con interés, (ii) la parte actora estuvo conforme con la decisión emitida en primera
instancia, y (iii) el Municipio de Bucaramanga, quien sí discrepa de dicha
providencia, no pretende la protección de los derechos invocados por la menor
Daria Victoria Saavedra Zher, quien actúa en representación de su señora madre,
Sandra Milena Zher Sandoval, sino de “varios derechos constitucionales que
afectan a un número significativo de personas no sólo de Bucaramanga sino de
miles de habitantes que dependen del relleno sanitario”.

Así pues, corresponde a la Sala analizar si está legitimado un municipio, vinculado
en primera instancia como tercero interviniente, para presentar un recurso de
impugnación en representación de las personas que dice se encuentran afectadas
por el cierre del relleno Sanitario El Carrasco, en contra del fallo de tutela que
rechazó por improcedente la acción, si la parte actora decide no recurrir la
sentencia.

5.4. Análisis del caso

5.4.1. Para resolver tal aspecto es preciso aludir a lo que prevé el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991; veamos:

“Artículo 31. impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su
notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el
solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente,
sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.

Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte
Constitucional para su revisión.” (Subrayas de la Sala)

De la norma anteriormente transcrita, se puede concluir que se encuentran
legitimados para impugnar el fallo, quienes funjan como solicitante del amparo, el

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Defensor del Pueblo y la autoridad pública o representante del órgano contra el
cual se dirige la petición.

No obstante, tal y como lo ha considerado la jurisprudencia, dicha disposición
debe ser entendida en consonancia con lo dispuesto en el artículo 13 ibídem, que
es del siguiente tenor:

“Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e
intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida
en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se
tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir
en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra
quien se hubiere hecho la solicitud.” (Subrayas de la Sala)

En efecto, la Corte Constitucional en Auto 051 de 1996 con ponencia del
Magistrado Antonio Barrera Carbonell, definió que el tercero con interés tiene
derecho para impugnar siempre y cuando exista un interés legítimo:

“La Corte ha considerado que la intervención permite al tercero el derecho a
impugnar siempre que se mantenga un interés legítimo en la decisión. Al
respecto la sentencia T043 de 1996, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio
Hernández Galindo advierte:

“Por otro lado, el interés en la decisión judicial viene a ser elemento
relevante para configurar la legitimidad de quien impugna, ya que sería
injusto y contrario a toda lógica que el tercero afectado con aquélla, pese a
no haber sido parte, tuviera que sufrir las consecuencias negativas de la
misma sin poder acudir al superior jerárquico, en ejercicio de la
impugnación, para obtener que en el caso se examinen sus circunstancias
y su situación jurídica a la luz del Derecho que aplica el juez de tutela.”

(…)

Sobre el mismo tema el Auto de Julio 24 de 1996, Magistrado Ponente Dr.
Alejandro Martínez Caballero señala:

“Observa la Sala que, si bien los impugnantes en este caso concreto, no
forman parte de los sujetos llamados a impugnar las decisiones de tutela -
artículo 31 del decreto 2591 de 1991-, al existir en ellos un interés legítimo
en el recurso solicitado, toda vez que los efectos del fallo pueden vulnerar
derechos igualmente susceptibles de protección, en este caso en concreto
y en general, la Sala concluye que los impugnantes sí están legitimados
para controvertir la decisión.”

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“A esta conclusión llega la Sala después de un análisis sistemático del
Decreto 2591 de 1991, por cuanto el inciso 2 de su artículo 13, establece
que todo aquél que tenga interés legítimo en el resultado del proceso,
podrá intervenir como coadyuvante, bien del solicitante o de la autoridad
contra la que se dirige la acción correspondiente.

“De esta manera no ve la Sala cómo, sin menoscabo del derecho de
defensa y de la propia idea de justicia que figura en el preámbulo de la
Constitución, nociones éstas que deben prevalecer aún en el trámite de
tutela, pueda negarse válidamente la impugnación solicitada por quien
demuestra que el fallo le puede vulnerar derechos, en algunos casos
fundamentales.” (Subrayado por la Sala)

En otras palabras, aún cuando el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 no prevé
que el coadyuvante tenga la posibilidad de impugnar, la lectura de esa disposición
en armonía con lo previsto en el artículo 13 ibídem, permiten sostener que ello sí
es procedente siempre que existe un “interés legítimo” del tercero para impetrar la
alzada.

Ahora bien, la Corte Constitucional en sentencia T-304 de 1996 y más
recientemente en fallo T-1062 de 2010, sostuvo que los planteamientos revelados
por el tercero deben guardar correspondencia con las pretensiones de la demanda
(si es que busca coadyuvar al extremo activo de la Litis), so pena de desvirtuar la
naturaleza misma de esa figura y derivar entonces en una nueva controversia;
veamos:

“La reglamentación procesal de la acción de tutela prevé, en el artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991, las figuras de la coadyuvancia y de la agencia oficiosa
como dos instituciones procesales distintas. Respecto de la primera de estas,
la jurisprudencia constitucional ha establecido que el coadyuvante “es un
tercero que tiene con una de las partes una relación sustancial que,
indirectamente, puede verse afectada si la parte a la que coadyuva obtiene un
fallo desfavorable.”27

En este orden de ideas, la misma jurisprudencia indica que “el coadyuvante,
entonces, ejercita, dentro del proceso, las facultades que le son permitidas y,
en todo caso, no puede afectar a la parte, pues de la esencia de la
coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única o de segunda
instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer pretensiones
propias.”28

Frente a este planteamiento, es claro entonces que la coadyuvancia surge en
los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el
resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y
argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello

27
Ver sentencia T-304 de 1996.
28
Ibídem.

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suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o
reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante,
pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que
desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia.

Así, en el presente caso, la Federación Nacional de Pensionados Portuarios –
FENALPENPOR-, la Sociedad de Pensionados del Terminal Marítimo y
Portuario de Barranquilla y de las Obras de Boca de Ceniza –SOPETERMA- y
empleados, directivos y/o personal en misión del programa Clínica General del
Norte Puerto Atlántico, actúan en el proceso, en su calidad de coadyuvantes,
es decir, de terceros con interés en el resultado del proceso. Bajo esa calidad,
se entenderá que su participación en el trámite de esta tutela, se limita a
apoyar y compartir las reclamaciones que hace la parte demandante, es decir,
la Clínica General del Norte S.A., razón por la cual, el pronunciamiento que se
emita por parte de esta Sala de Revisión, se atendrá a los fundamentos
contenidos en la demanda de tutela, y no se pronunciará respecto de aquellos
que difieran o no hagan parte en ésta”. (Subrayado por la Sala)

Bajo esa perspectiva, resulta indispensable concluir que al coadyuvante, es decir,
quien ha sido vinculado en primera instancia como tal, le es permitido impugnar la
sentencia de primera instancia incluso si la parte que ayuda no lo efectuó, siempre
que demuestre tener un interés legítimo, pero que tal interés tiene un límite cual es
el objeto del litigio en el que participa; en otras palabras, el interés legitimo del
tercero debe estar circunscrito al objeto del proceso, pues de lo contrario, tal y
como lo precisó la Corte Constitucional, se estaría en presencia de un litigio
diferente.

5.4.2. De lo anterior se desprende que el Municipio de Bucaramanga se
encontraría legitimado para presentar el recurso de impugnación siempre y
cuando exista un interés legítimo respecto del objeto del proceso de la referencia.

Como se expuso en el acápite de antecedentes, lo que se buscó a través de la
interposición de la acción de amparo fue la protección de los derechos
fundamentales de una menor de edad a la vida digna, a la salud, los derechos de
las niñas, adolescentes y adultos mayores como sujetos de especial protección
constitucional y a un ambiente sano, los cuales se consideraban vulnerados con
ocasión de la expedición de unos actos administrativos; mientras que del escrito
de impugnación esta Sala encuentra que lo pretendido por el recurrente es que se
protejan los derechos de la población afectada con el cierre del relleno sanitario El
Carrasco, estos son, intereses difusos respecto de los cuales resultaría idóneo el
medio de control de defensa de derechos e intereses colectivos, máxime si se

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tiene en cuenta que la acción previsto en el artículo 86 Superior es de carácter
residual y subsidiario.

Se trata entonces de coadyuvar, en segunda instancia, una demanda que buscaba
la protección de un derecho subjetivo invocando para ese efecto el amparo de
derechos de naturaleza evidentemente diferente, estos son, derechos que según
se indica, le han sido vulnerados a una colectividad, lo cual desborda el límite
impuesto al tercero, pues se aparta de la finalidad que en principio tenía la acción
de tutela instaurada por la señora Sandra Milena Zher Sandoval en representación
de su hija menor, poniendo en consideración del ad quem una controversia distinta
a la indicada por la actora.

Así las cosas, la Sala encuentra que aún cuando es procedente que un tercero
impugne una sentencia incluso si la parte que ayuda no lo efectúa, lo cierto es que
en este caso supera el horizonte que la misma jurisprudencia constitucional ha
admitido y por ello es preciso declarar improcedente el recurso impetrado, como
en efecto se declarará en la parte resolutiva de esta providencia, so pena,
también, de desconocer los derechos de defensa y contradicción de quienes en
primera instancia no advirtieron un litigio en ese sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

VI. FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de impugnación presentado
por el Municipio de Bucaramanga en contra de la Sentencia del del 11 de
noviembre de 2021, expedida por la Sección Segunda de esta Corporación, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Dentro del término de ley, envíese el expediente a la Corte
Constitucional para que se surta la eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

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Demandante: Sandra Milena Zher Sandoval

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión del 10 de marzo de 2022.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejera de Estado

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

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