Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05599-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05599-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-05599-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
28 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA “8” ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Número único de radicación: 110010315000202105599-00
Actor: ANCIZAR TORRES RAMIREZ
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
el señor ANCIZAR TORRES RAMIREZ con fundamento en el
artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, contra la sentencia proferida el
12 de noviembre de 2020 por la Sección Segunda, Subsección “A”,
del Consejo de Estado, que confirmó el fallo de 21 de junio de 2016,
dictado por el Tribunal Administrativo del Huila.
I.- ANTECEDENTES
1.1 El actor refirió que los hechos en que funda su demanda se
pueden distinguir tres etapas, surtidas así: i) entre el 7 de
noviembre de 1978 y el 12 de octubre de 1990 1; ii) desde el 24 de
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En este lapso destacó de los cargos ocupados por el actor desde el cargo de secretario de Obras
públicas en el municipio de Pitalito y el de profesional Universitario 3020-04 en la Dirección Regional
del ICCE y la inscripción en la carrera Administrativa en el Cargo de Profesional Universitario código
3020 grado 04 del Instituto Colombiano de Construcciones Escolares “ICCE”. Por supresión de este
último cargo, señaló que se incorporó sin solución de continuidad al cargo equivalente de profesional
Universitario 3020-04 de la USCO. Que su inscripción en el escalafón de la Carrera Administrativa
actualizada en el Cargo de Profesional Universitario código 3020 grado 04 de la Universidad Sur
colombiana. La Rectoría de la USCO lo reubicó en el cargo del Centro de Educación a Distancia a la
Oficina de Planeación, para ser ejercido en propiedad por un ARQUITECTO o Ingeniero civil con un año
de experiencia relacionada y le asignó las correspondientes funciones del cargo.
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febrero de 1992 y el 17 de marzo de 2000 2; y la iii) la demanda de
lesividad y las actuaciones judiciales surtidas entre el 11 de
diciembre de 2003 y el 16 de diciembre de 2020 3.
1.2 Como razones fundamentales destacó que vía fallo de tutela
se ordenó a la Universidad Surcolombiana el amparo del derecho a
la igualdad ante la ley y en tal virtud, se dispuso el “reconocimiento
y el pago de la prima técnica para todos y cada uno de los
accionantes”, entre ellos, el actor.
1.3 Refirió que tal providencia se acató por la USCO mediante acto
administrativo núm. 04689, por el cual se le reconoció la prima
técnica a partir del 19 de diciembre de 1997, bajo los criterios de: i)
título de formación avanzada y ii) experiencia altamente calificada,
es decir, por reunir los requisitos establecidos en el Decreto 1661 de
1991.
1.4 Este acto fue cuestionado mediante el recurso de reposición
interpuesto por el actor con fundamento en que erradamente le
habían asignado la prima técnica por el criterio de formación
avanzada en el cargo de profesional especializado 3020-15, esto es,
2
En esta época refiere que el actor para el 01/07/1991 cumplía con los requisitos para el otorgamiento
de la prima técnica, dado que se desempeñaba en propiedad el cargo de profesional Universitario 3020-
04 como Arquitecto en la Oficina de Planeación de la USCO (acorde con la Resolución USCO 1648/1991:
título de arquitecto «obtuvo el título de arquitecto el 17 de marzo de 1978 de la Universidad Nacional
de Colombia. Refirió que comoquiera que no se definieron las cualidades y calidades de la experiencia
profesional, especifica y relacionada debía acudirse a las pautas jurisprudenciales, para verificar que
entre el 06/11/1978 y el 30/06/1991 Ancizar Torres acumulaba 13 años, 7 meses y 24 días de ejercicio
profesional en cargos públicos con experiencia en áreas relacionadas con las funciones propias del
cargo, conforme precisa la misma USCO.
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En este lapso destacó las actuaciones judiciales que inició la USCO a efectos de cuestionar el acto
administrativo de reconocimiento de la prima técnica.
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a partir del 19 de diciembre de 1997, cuando debió producirse desde
la ocupación del cargo de profesional universitario 3020-04, en el
cual había adquirido el derecho, 1o. de julio de 1991, pues tal
reconocimiento debía ser conforme al criterio de reemplazo o
equivalencia del título de posgrado por experiencia profesional
relacionada con las funciones del cargo.
1.5 Mediante acto administrativo núm. S0661/00 la USCO
consideró que de los documentos que reposan en la hoja de vida del
funcionario y en los archivos de la Oficina de la División de personal
se acreditaba la experiencia exigida, motivo por el cual fundó la
decisión de disfrute de la prima técnica a partir del 1o. de julio de
1991.
1.6 Con posterioridad, la USCO en ejercicio de la acción de
lesividad demandó el Acto Administrativo núm. 04689/1999 que le
reconoció la prima técnica a 16 funcionarios del nivel profesional de
esa universidad, entre los que se encontró el actor, porque: i) la
prima técnica asignada a los funcionarios del ente universitario se
otorgó a nivel profesional, en contra del espíritu del Decreto 1724
de 1997; ii) La Resolución 04689 del 15/12/1999 reconoció la prima
técnica contraviniendo el artículo 1° del Decreto 1724 de 1997 que
excluye al nivel profesional; y iii) se vulneraron los artículos 1°, 2°,
4° y 6° del Decreto 1661 de 1991; 1°, 6° y 9° del decreto
Reglamentario 2164; y 1° y 2° del Decreto 1724 de 1997.
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1.7 Tramitado el proceso judicial, el Tribunal Administrativo del
Huila mediante fallo de 25 de septiembre de 2009 se declaró inhibido
para pronunciarse porque no se demandó la Resolución S0061/00.
Esta decisión se confirmó por el Consejo de Estado mediante fallo de
17 de mayo de 2012.
1.8 En ejercicio de una nueva demanda, bajo la modalidad de la
acción de lesividad, cuestionó los actos administrativos núms.
04689 de 1999 y S0661 de 2000, correspondiéndole el radicado
núm. 410012333000201200086-00, y cuyos fundamentos de
reproche se sustentaron en: i) que el reconocimiento de la prima
técnica debía ser por formación avanzada o terminación de estudios
de formación avanzada y experiencia altamente calificada; ii) que el
demandado acreditó el título de profesional en arquitectura de
17/03/1978 y de especialista en proyectos de inversión de
19/12/1997; iii) que el demandado ingresó al servicio como
profesional universitario el 1/05/1989 y fue incorporado por ascenso
al cargo de profesional especializado 3020-15 el 1/08/1996 por
Resolución 3795; y iv) que para el 1o. de junio de 1991 fungía como
profesional universitario, pero, en todo caso, debía acreditar los
requisitos que excedieran el mínimo de los exigidos para el cargo, o
sea formación avanzada (que acreditó en vigencia del Decreto 1724
de 1997) y experiencia altamente calificada.
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1.9 El Tribunal Administrativo del Huila mediante fallo de 21 de
junio de 2016 decretó la nulidad de las resoluciones núms.
004689 de diciembre 15 de 1999 y S00661 de marzo 17 de
2000 emanadas de la Universidad Surcolombiana, en cuanto
reconocieron y ordenaron el pago de la prima técnica en favor del
señor Ancizar Torres Ramírez. A título de restablecimiento del
derecho ordenó que la Universidad Surcolombiana se abstuviera
de pagar al demandado la prima técnica y denegó la devolución de
las sumas que hubiere podido percibir el demandado con ocasión del
acto aquí anulado.
II.- SENTENCIA RECURRIDA EN REVISIÓN
Mediante sentencia de 12 de noviembre de 2020, la Sección Segunda,
Subsección “A”, de esta Corporación confirmó la sentencia proferida
por el Tribunal. Para llegar a esta conclusión, adujo las siguientes
razones:
Refirió que el artículo 2° del Decreto Ley 1661 de 1991 reguló la
formación avanzada y la experiencia altamente calificada como uno
de los criterios para acceder al reconocimiento de la prima técnica.
Que según los criterios para su otorgamiento, a dicha prima se
accede de dos formas: i) mediante la acreditación de título de
estudios de formación avanzada más experiencia altamente
calificada en el ejercicio profesional (o en la investigación técnica o
científica) en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo
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por un término no menor de 3 años, que según el primer inciso del
artículo excedan los requisitos mínimos fijados para el cargo
desempeñado; y ii) por medio de una evaluación de desempeño.
Indicó que según el artículo 3° del Decreto 1661 de 1991, para ser
beneficiario de la prima técnica por formación avanzada y
experiencia altamente calificada, regulada en el literal a) del citado
artículo, debía desempeñarse en un cargo de nivel profesional,
ejecutivo, asesor o directivo, mientras que la prima técnica por
evaluación de desempeño podía asignarse en todos los niveles.
Agregó que el artículo 3° del Decreto 2164 de 19914 dispuso que la
prima técnica podía asignarse de manera alternativa, cuando se
acredite: i) título de estudios de formación avanzada y tres (3) años
de experiencia altamente calificada; ii) terminación de estudios de
formación avanzada y seis (6) años de experiencia altamente
calificada y; iii) por evaluación de desempeño.
Frente al otorgamiento de la prima técnica por formación
avanzada y experiencia altamente calificada, señaló que se
requería que el empleado desempeñara cargos en propiedad de
cualquiera de los niveles susceptibles para su asignación, según lo
dispuesto en el artículo 4° del referido decreto.
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“Por el cual se reglamentó parcialmente el Decreto Ley 1661 de 1991”
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En relación con el asunto bajo examen, esto es, la prima técnica por
formación avanzada y experiencia altamente calificada en la
Universidad Surcolombiana, el fallo aludió a la jurisprudencia de la
Sala, para referir que en ejercicio de la facultad conferida en el
artículo 7° del Decreto 2164 de 1991, el Consejo Superior de dicha
Universidad expidió el Acuerdo 080 de 15 de diciembre de 1992, por
el cual se autorizó al Rector para conceder y reconocer primas
técnicas; y que con fundamento en éste, expidió el Acuerdo 0005
del 27 de enero de 1994, el cual en sus artículos 1° y 2° reguló lo
concerniente a los empleos beneficiarios de la prima técnica y a los
requisitos para dicho reconocimiento, frente a los cuales precisó:
“[…] (i). Los empleos susceptibles del reconocimiento de la
prima técnica eran los del nivel profesional, ejecutivo, asesor
o directivo de todas las dependencias de la Universidad
Surcolombiana, siempre y cuando fueran desempeñados
en propiedad.
(ii). Para su otorgamiento se requería acreditar título de
formación avanzada y tres (3) años de experiencia
altamente calificada en el ejercicio profesional en áreas
relacionadas con las funciones propias del cargo, la cual
debía ser calificada por el jefe inmediato.
(iii). Se determinó una equivalencia para dicho reconocimiento,
siendo necesario para ello tener experiencia profesional
altamente calificada o en la investigación técnica o científica
durante un término no menor de seis (6) años.
(iv). Los requisitos para acceder al beneficio son adicionales a
los exigidos para el cargo que se ocupa. […]”.
También destacó que el Consejo Superior de la Universidad
Surcolombiana expidió el Acuerdo 007 de 2001, el cual precisó que
aquel beneficio únicamente podía reconocerse por cualquiera de los
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criterios existentes, a quienes estuvieren nombrados con carácter
permanente en un cargo de los niveles directivo, asesor o ejecutivo
o su equivalente en los diferentes órganos de la Rama Ejecutiva del
poder público.
En lo que interesa a este recurso, destacó que el señor Ancizar Torres
Ramírez no acreditó los requisitos para acceder al reconocimiento y
pago de la prima técnica por formación avanzada y experiencia
altamente calificada conforme al régimen previsto en los decretos
1661 de 1991 y 1724 de 1997, en concordancia con el Acuerdo 005
de 1994, expedido por la Universidad Surcolombiana.
Indicó que, si bien se probó que el señor Ancizar Torres Ramírez fue
nombrado en propiedad 5 y en un cargo del nivel profesional, no
acreditó el título de formación avanzada, tres años de experiencia
calificada, pues obtuvo su título como especialista en “Proyectos de
Inversión” en la Universidad Surcolombiana el 19 de diciembre de
1997, antes de que el nivel profesional fuera exceptuado de los
eventos en los cuales se reconocería la prima técnica.
A lo anterior agregó que los 3 años de experiencia, debieron
acreditarse previo a la entrada en vigor del Decreto 1724 de 1997.
5
Aludió a que se vinculó: i) desde el 21 de julio de 1979 en la Dirección Regional del Instituto
Colombiano de Construcciones Escolares en el cargo de Profesional Universitario, Código 3020, Grado
04; es decir, por casi 10 años; y ii) con ocasión de la liquidación del citado Instituto y por pertenecer
al régimen de carrera administrativa fue incorporado desde el 28 de abril de 1989 a la Universidad
Surcolombiana en el cargo de Profesional Universitario Código 3020, Grado 04, siendo actualizada su
inscripción en la carrera administrativa a través de la Resolución 5267 de 22 de octubre de 1990.
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Es decir, que antes de que el nivel profesional fuera suprimido del
listado de cargos susceptibles de reconocimiento del derecho a la
prima técnica, debía tenerse por cumplida esta exigencia.
Que, precisamente, no se demostró por el señor TORRES RAMÍREZ
un acrecimiento del perfil básico a uno experto, para acceder a la
prestación.
Por lo expuesto, confirmó la sentencia de 21 de junio de 2016, que
accedió a las pretensiones de la demanda en ejercicio de la antes
denominada, acción de lesividad.
III.- EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
El recurrente invocó como causales, las previstas en: i) los
numerales 1, 5 y 8 del artículo 250 del CAPCA; ii) los artículos 107
y 133 del CGP; y iii) la causal genérica del debido proceso por omitir
la aplicación de los artículos 320 y 328 del CGP. Los reproches en los
que fundó el recurso, se explican en los siguientes términos:
3.1. Causal de nulidad del numeral 1 del artículo 250 del
CPACA
Refirió que esta causal se configura por dos motivos. El primero,
porque asegura que surgieron “hechos falsos o erróneos, cuya
falsedad o incorrección no pudo ser conocida en el momento en que
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se profirió la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila del
21/06/2016”.
Indicó el recurrente que recobró dos certificados que resultan de
especial relevancia y necesidad para “controvertir” lo expuesto por
el a quo, respecto de lo concluido en el punto “3.4.2 Los requisitos
mínimos de los cargos ejercidos".
Uno es el certificado 2213 de 09/09/2012 de la Jefatura de
Personal de la Universidad Surcolombiana, el cual no fue aportado.
Allí se precisó, que el cargo de Profesional Universitario 3020-04 que
desempeñaba el señor Ancizar como Arquitecto al 01/06/1991 en
virtud de la Resolución USCO 01648 del 1/05/1991 (numeral 1
del certificado 2213); y que la experiencia adquirida en los cargos
ejercidos en otras instituciones (numeral 4 del certificado 2213),
entre el 07/11/1978 y el 01/05/1989 (fecha en que realmente inició
su desempeño funcional en la USCO en la Oficina de Planeación), sí
estaba relacionada con las funciones del cargo.
Destacó que según este certificado, adquirió experiencia relacionada
con las funciones del cargo como: i) Secretario de Obras Públicas de
Pitalito, entre noviembre 6 de 1978 a junio 20 de 1979; ii)
Profesional Universitario del Instituto Colombiano de Construcciones
Escolares -ICCE- en el Huila, del 21 de junio de 1979 al 30 de
abril de 1989; y iii) profesional Universitario código 3020, grado
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04, en la Universidad Surcolombiana, incorporado mediante la
Resolución 1141 de 7 de abril de 1989 con fecha de posesión del 1o.
de mayo de 1989.
Y el otro, el certificado del 13/09/1988 del Director Regional del
ICCE-Huila, documento que certificó de las interventorías, diseños y
presupuestos ejecutadas en el ICCE (entidad que no estaba adscrita
a la USCO).
Indicó que el fallo recurrido tampoco tuvo en cuenta que la
experiencia adquirida en el ejercicio del cargo en el que se solicitó
la prima técnica y de otros cargos públicos, correspondía a la
experiencia altamente calificada relacionada con las funciones del
cargo de profesional Universitario 3020-04 USCO, y no era simple
experiencia profesional, al tenor del artículo 14 del Decreto
590/1993.
Con fundamento en tales certificados, adujo que se ignoró la
experiencia de 10 años relacionada en el ejercicio de otros cargos
públicos entre el 06/11/1978 y el 30/04/1989.
3.2. Causal de nulidad por la falta de la mayoría de los
magistrados que integran la Sala (vulneración del debido
proceso)
Alegó que los magistrados que integraron la Sala Primera Oral de
Decisión del Tribunal Administrativo del Huila y que suscribieron el
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fallo de primera instancia de 21 de junio de 2016, no participaron
en la audiencia inicial, circunstancia que, a su juicio, y con
fundamento en el artículo 107 del CGP, deviene en la nulidad de la
actuación.
3.3. Causal de nulidad del artículo 250, numeral 8, del CPACA
“Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa
juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada".
Refirió que en los alegatos de conclusión, ante el Consejo de Estado,
el recurrente insistió en la aplicación de los fallos de tutela de 1999,
que definieron el marco jurídico de la prestación reclamada, el
Decreto 1661 de 1991 y el Acuerdo USCO 005 de 1994, normas que
debían considerarse para el reconocimiento de la prima técnica a los
funcionarios de la USCO, sin incluir los decretos 2164 de 1991 y 1724
de 1997, que corresponde al debate planteado por la Universidad
Surcolombiana en torno al reconocimiento de la prima a los
funcionarios del nivel profesional.
Estimó que comoquiera que los fallos de tutela hicieron tránsito a
cosa juzgada constitucional, este debate surgido en el trámite
judicial ordinario no podía reabrirse.
Fundó su explicación en las siguientes sentencias: SU-1219/01, SU-
257/97, T-649/11, T-218/12, T-649/11, T-813/10, T-754/10,
T441/10 y T-1625/00, para afirmar que culminado el proceso de
revisión por parte de la Corte “no hay lugar para reabrir el debate”.
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Afirmó, con apoyó en la sentencia T-219 de 2018, que “las acciones
de tutela también están sometidas a los parámetros de la cosa juzgada,
puesto que ello garantiza que controversias que ya han sido decididas de
manera definitiva por las autoridades judiciales competentes para ello no
sean reabiertas y, por lo tanto, evitar que se afecte el principio de
seguridad jurídica. Precisamente, una sentencia proferida en proceso de
tutela hace tránsito a cosa juzgada constitucional (i) cuando es
seleccionada para revisión por parte de esta corporación y fallado en la
respectiva Sala o, (ii) cuando, surtido el trámite de selección, sin que ésta
haya sido escogida para revisión, fenece el término establecido para que
se insista en su selección”.
Aseguró que el fallador ordinario procedió contrario a derecho, pues
al aplicar los decretos 2164 de 1991 y 1724 de 1997 se desatendió
la ratio decidendi de la sentencias de tutela que se encuentran
ejecutoriadas y que se profirieron el 11 de noviembre y el 13 de
diciembre de 1999 por el Juzgado 2º Laboral de Neiva y el Tribunal
Superior de dicho ente territorial, las cuales eran vinculantes para
los jueces y las partes, en tanto constituyen cosa juzgada
constitucional, con carácter de inmutabilidad y definitivas, sin que
resultara admisible plantear litigio alguno ni emitir un nuevo
pronunciamiento como el proferido por los jueces ordinarios, en los
que concluyeron que “los funcionarios del nivel profesional no
ostentaban la calidad ni cumplían con los requisitos establecidos en
los decretos 1661 y 2164 de 1991 y 1724 de 1997”.
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3.4 Causal de nulidad del numeral 5 del artículo 133 del CGP.
“[…] Cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con
la ley sea obligatoria […]”
Alude el apoderado del recurrente que el fallador procedió contrario
a derecho, pues le vulneraron al recurrente el debido proceso en los
componentes del derecho a la contradicción y defensa, en tanto
estimó que omitieron “la oportunidad para solicitar, decretar, practicar o
estudiar pruebas respecto a la experiencia adquirida por Ancizar entre el
21/06/1979 y el 31/04/1989 en el desempeño del empleo público de
Profesional Universitario 3020-04 del Instituto Colombiano de
Construcciones Escolares “ICCE” Regional Huila”, y le vedaron la
oportunidad al demandado para que presentara dicha prueba.
Concluyó que la falta de esta prueba torna que la decisión que
cuestiona sea ilícita y errada.
3.5 Causal de nulidad porque el superior se excedió en su
competencia al no limitarse a los argumentos expuestos por
el apelante, en los términos de los artículos 320 y 328 del CGP
Sostuvo que a pesar de que el fallo recurrido indicó que conforme a
lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el apelante, a menos que ambas partes
hayan apelado, evento en el cual se resolverá sin limitaciones.
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Afirmó que de la lectura detenida de la ratio decidendi del fallo
cuestionado se omitió “[…] leer, abordar y resolver de fondo los
reparos concretos reseñados […] que sustentan los extremos de la
litis o puntos fundamentales”, tanto en el recurso de apelación como
en los alegatos de conclusión de segunda instancia, por lo que se
debieron plantear en este recurso.
IV.- TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
4.1. El recurso extraordinario de revisión se admitió6 mediante auto
de 17 de septiembre de 2021 7 , decisión que fue notificada al
Universidad Surcolombiana y al Ministerio Público.
4.2. La UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, por conducto de
apoderado judicial 8 , solicitó declarar infundado el recurso
extraordinario. Respecto de las causales invocadas, señaló lo
siguiente:
4.2.1. En relación con los documentos recobrados: Adujo que
su argumentación es “falsa”, pues la sentencia cuestionada sí valoró
dichas pruebas y también los requisitos de formación y experiencia
del profesional universitario para verificar el reconocimiento de la
6
Al admitir el recurso se halló oportuno su ejercicio ya que el fallo cuestionado que data del 12 de
noviembre de 2020, se notificó electrónicamente el 16 de diciembre siguiente, por lo que el fallo
adquirió ejecutoria el 15 de enero de 2021, según el proceso ordinario
41001233300020120008602. Índice 32 SAMAI. Ahora, el RER se radicó el 24 de agosto de 2021,
esto es, de manera oportuna atendiendo las causales invocadas.
7
SAMAI, índice número 4 2_AUTOADMITIENDORECURSO(.doc) NroActua 4
8
Ver 43_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_202105599(.PDF). Registro 13 SAMAI.
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Actor: ANCIZAR TORRES RAMIREZ
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referida prima, lo que conllevó la ilegalidad del acto de
reconocimiento.
En ese sentido, estimó que el argumento del recurrente se funda en
el desconocimiento del régimen jurídico de dicha prestación, al
insistir en que se puede pagar a funcionarios que no acrediten los
requisitos, pues en el caso del actor i) los requisitos del ejercicio del
cargo los superó después de la entrada en vigor del Decreto 1724 de
1997 y ii) no contaba con la experiencia altamente calificada.
4.2.2. Frente a la integración de la Sala en la audiencia inicial:
Al respecto, estimó que si consideraba que la asistencia de un solo
magistrado a la audiencia inicial comportaba un defecto
procedimental, ha debido alegarlo en ese momento y no en ejercicio
de este recurso.
4.2.3. Frente a la existencia de una sentencia previa con
efectos de cosa juzgada: Indicó que no es acertada la alegación
de que la sentencia proferida por el Consejo de Estado sea nula por
controvertir el fallo de tutela al que aludió, por cuanto tal decisión
apenas amparó el derecho de petición de quienes fungieron como
tutelantes, en razón a que unas solicitudes radicadas ante la
Universidad Surcolombiana para que resolviera sobre unas primas
técnicas no respondidas.
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Que la interpretación a la que alude el recurrente es “ilógica”, pues,
insistió en que dicha acción de tutela no definió el derecho de
reconocimiento de la prima técnica, lo que despeja y da claridad al
argumento en el que se funda este recurso.
4.2.4. Frente a la causa de nulidad de la sentencia. Violación
al debido proceso: Sostuvo que si bien el recurrente hace un
esfuerzo para justificar el recurso extraordinario de revisión, lo cierto
es que las causales alegadas son inexistentes y de ninguna manera
representan la violación al debido proceso.
4.3. Aunque el asunto le correspondió por reparto a la Procuradora
Delegada Segunda ante el Consejo de Estado, el Ministerio Público
guardó silencio.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1 Competencia de la Sala
El recurso extraordinario de revisión, en los términos del artículo 248
del CPACA, procede contra las sentencias ejecutoriadas, dictadas por
el Consejo de Estado, los tribunales y los jueces administrativos.
Frente a la competencia asignada a esta Corporación, el artículo 249
del CPACA dispone que la Sala Plena conocerá del recurso
extraordinario de revisión contra las sentencias dictadas por las
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secciones o subsecciones del Consejo de Estado, sin exclusión de
aquella sección que profirió la decisión que se cuestiona.
En armonía con la anterior disposición, es preciso destacar que el
artículo 1079 del CPACA creó las Salas Especiales de Decisión para
resolver los procesos asignados por competencia a la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, o aquellos que ésta les encomiende.
De este modo, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través de los
Acuerdos 321 de 2 de diciembre de 2014 y 080 de 2019, reglamentó
la integración 10 y el funcionamiento de las Salas Especiales y les
asignó, entre otras, la competencia para resolver 11 los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado.
5.2 Generalidades del recurso extraordinario
9
“[…] ARTÍCULO 107. INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. […] Créanse en el Consejo de Estado las salas
especiales de decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos
sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los
procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán
integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con
exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al
respecto establezca el reglamento interno […]”
10
“ARTÍCULO 28.- SALAS ESPECIALES DE DECISIÓN. Las Salas Especiales de Decisión creadas por el
artículo 107 de la Ley 1437 de 2011 estarán integradas por un (1) magistrado de cada una de las
Secciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La designación de un nuevo magistrado
no modificará la integración de las Salas Especiales de Decisión. El nuevo Magistrado entrará a formar
parte de la Sala a que pertenecía quien se retiró. La conformación o modificación de la integración de
cada una de estas Salas será publicada en el sitio web del Consejo de Estado. La Sala Plena podrá
variar la conformación de las Salas Especiales de Decisión, previa publicación en el sitio web del
Consejo de Estado. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para la integración inicial de las Salas Especiales de
Decisión cada uno de los magistrados de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo hará Sala
Especial de Decisión con los magistrados de las otras Secciones, en orden alfabético por apellido […]”.
11
“ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado.
2. […]”
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Este recurso es un medio judicial de carácter extraordinario
establecido por el legislador como excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, que hacen tránsito a
cosa juzgada19.
Su propósito se orienta a cuestionar la decisión judicial que ha
adquirido firmeza, bajo el entendido que su controversia se sustenta
en la ocurrencia de alguna de las causales taxativas previstas en los
artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003 que se tramitan
bajo este procedimiento especial.
El objeto del recurso extraordinario es el restablecimiento de la
justicia material y su procedencia se supedita a demostrar que la
decisión cuestionada es contraria a derecho. Ello ocurre cuando se
prueba que las circunstancias que surgieron con la sentencia se
encuadran en alguna de las causales delimitadas por el legislador
con lo cual procede la infirmación 20, tanto para “enmendar los errores
o ilicitudes cometidos en su expedición, así como [para] restituir el derecho
del afectado a través de una nueva providencia fundada en razones de
justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento jurídico” 21.
En estos términos, la Corte constitucional precisó:
“[…] La revisión, que no es un recurso sino una acción,
pretende, como lo ha señalado la doctrina y la
jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos
nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido de
justicia que de ella emana. La acción de revisión, en la
20
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medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada,
es no sólo extraordinaria, sino que además procede por las
causales taxativamente señaladas por la ley, y no es
posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es
razonable, pues se trata de una figura que modifica
providencias amparadas en el principio de cosa juzgada, y por
ello las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas
e interpretadas en sentido restringido”22
Además, es oportuno destacar que su objeto y la naturaleza de
constituir un nuevo trámite ajeno al proceso donde se dictó la
decisión cuestionada, torna en improcedente su uso como medio
para plantear reproches a modo de una instancia adicional, en razón
a que está vedado cuestionar la interpretación normativa y la
valoración probatoria que sustentó la decisión del juez natural; es
decir, que en este trámite únicamente pueden ventilarse aspectos
que encuadren en alguna de las causales taxativas23 que habilitan
su procedencia.
5.3 De las causales invocadas
5.3.1. Documentos recobrados
Corresponde a la causal primera prevista en el artículo 250 del
CPACA, cuya literalidad refiere al: “[h]aberse encontrado o
recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos,
con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y
que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
21
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De este modo, son elementos constitutivos de la causal los
siguientes: i) la prueba debe ser documental, ii) debió ser
recobrada después de dictada la sentencia, es decir, preexiste al
fallo, y iii) los motivos de su no aportación al proceso son: la fuerza
mayor, el caso fortuito o por actuar de la parte contraria, conducta
que impidió presentarla al juez por su ocultamiento.
De lo anterior, se tiene que no son admisibles los documentos que
se emitan con posteridad al fallo12 ni aquellos que, siendo anteriores,
pudieron aportarse o solicitarse para ser aportados en el trámite
judicial.
Esta causal y su interpretación evidencia que no fue dispuesta por el
legislador para premiar la negligencia de las partes en sus deberes,
sino la de remediar una situación insuperable respecto de la
acreditación de la verdad procesal por cuenta de la imposibilidad de
allegar en tiempo este medio probatorio, siempre que se acrediten
las características dispuestas en la norma para su comprobación.
5.3.2. Nulidad de la sentencia
En el asunto bajo examen también se invocó la causal 5ª del artículo
250 de la Ley 1437 de 201124, cuyo texto es del siguiente tenor:
12
Lo anterior, sin perjuicio de que la causal, excepcionalmente, se extienda a documentos generados
con posterioridad al vencimiento de la respectiva oportunidad probatoria, siempre que versen sobre
hechos sobrevinientes, y aparezcan luego de la sentencia, situación susceptible de ser analizada en
concordancia con lo previsto en los artículos 305 del CPC y 281 del CGP (hechos modificativos o
extintivos del derecho sustancial), según el caso.
22
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“[…] Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 20 de la ley 797 de 2003, son causales de
revisión:
[...]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
[…].”
En lo que respecta al entendimiento de esta causal, la Sala precisa
que su ocurrencia ha sido examinada por la jurisprudencia de esta
Corporación, aclarando que puede provenir de una nulidad procesal,
en los términos del artículo 133 del CGP, o de una de carácter
constitucional, fundada en el artículo 29 Superior25.
En uno u otro caso, los requisitos para su formulación se concretan
así:
1. Debe existir una sentencia que ponga fin al proceso ordinario
y contra la que no procede recurso de apelación.
2. El vicio de nulidad debe configurarse en el momento de la
expedición de la sentencia. De este modo, no es procedente
controvertir circunstancias que acaecieron con anterioridad a ésta, y
que por oportunidad debieron ser alegadas cuando ocurrieron, según
el artículo 13426 del CGP.
3. En su alegación debe identificarse la irregularidad o el vicio
grave y su influencia sobre la decisión, con la cual se acredite que
de no haber acaecido el resultado sería distinto. De lo anterior se
23
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evidencia que no resultan aceptables errores en la aplicación de la
ley o in iudicando.
Ahora bien, para acreditar la ocurrencia de alguna de las causales
de nulidad es posible recurrir a las previstas en el Código General
del Proceso como constitutivas de este vicio en los términos de
artículo 133, restringido, como se dijo atrás, a la expedición de la
sentencia.
En este primer escenario27, la jurisprudencia se decantó por
identificar que para la interpretación de la causal invocada debía
acudirse al artículo 140 del CPC, hoy 133 del CGP, a fin de delimitar
las circunstancias en las cuales se podría encuadrar la nulidad
invocada, y para ello ejemplarizó algunas situaciones que podrían
dar lugar a su configuración. Al respecto, es del caso traer a colación
el siguiente pronunciamiento28:
“[…] De forma más clara expresó la sentencia del 4 de
noviembre de 1999 - exp. 2185 - que las nulidades a las que
remite el recurso extraordinario de revisión, por la
causal sexta, son las previstas en el artículo 140 del
CPC29. El razonamiento fue el siguiente: i) la sentencia hace
parte del proceso, y lo concluye; ii) como lo señala el artículo
140, el proceso solamente es nulo por las causales allí
señaladas; por tanto iii) la nulidad que se origina en la
sentencia se configura solo por las causales previstas en la
disposición referida.
A partir del razonamiento precedente, se destacaron algunos
eventos que configurarían la nulidad originada en la
sentencia, los cuales no se aducen como causales de
nulidad propiamente dicha, sino eventos, circunstancias,
ejemplos, que se desprenden de las causales del artículo 140,
cuya abstracción se concretiza. La providencia señaló:
24
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
“La sentencia, que es la providencia mediante la cual se
decide sobre las pretensiones de la demanda y las
excepciones de fondo y con la cual, de ordinario, concluye
el proceso, es, obviamente, parte del proceso en que
se dicta. Y el proceso es nulo, en todo o en parte, solo
por las causas establecidas en el artículo 140 del
Código de Procedimiento Civil.
“Así, por ejemplo, la nulidad que tiene origen en la
sentencia puede ocurrir, según el artículo 140 referido, (i)
cuando se provee sobre aspectos para los que el juez no
tiene jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando,
(ii) sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia
en proceso terminado normalmente por sentencia firme, o
(iii) sin más actuación se dicta sentencia después de
ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la
perención del proceso, porque así se revive un proceso
legalmente concluido, o (iv) cuando se dicta sentencia
como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la
instancia; o cuando (v) se condena al demandado por
cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente de la invocada en esta, o
(vi) se condena a quien no ha sido parte en el proceso,
porque con ello, en lo concerniente, también (vii) se
pretermite íntegramente la instancia (numeral 3); o
cuando, (viii) sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de
interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la
oportunidad debida (numeral 5), entre otros eventos. (…)
“Ninguna de las causas de nulidad establecidas en el
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil alegó el
recurrente en apoyo del cargo de nulidad de la sentencia,
lo cual sería bastante para desestimar el recurso […]”.
(Cursiva fuera de texto)”
A esta remisión normativa se sumó la interpretación contenida en la
sentencia de exequibilidad30 de la Corte Constitucional C-491-95.
Allí, la Corte entendió que además de las causales del artículo 140
del CPC31 debía comprender la de violación al debido proceso, bajo
el entendido que es una garantía que debe observarse en el trámite
procesal y que su previsión está en la Constitución Política. Al
respecto precisó:
25
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
“[…] Al examinar las causales de nulidad previstas en el art.
140, claramente se advierte que allí no aparece enlistada
la referida nulidad de carácter constitucional. Sin
embargo, esta omisión obedece a la circunstancia de que
dicha norma es anterior a la Constitución de 1991.
• No se opone a la norma del art. 29 de la Constitución la
circunstancia de que el legislador señale taxativamente
las causales o motivos de nulidad, por las siguientes
razones:
La Constitución en el art. 29 señala los fundamentos básicos
que rigen el debido proceso; pero corresponde al legislador
dentro de su facultad discrecional, aunque con arreglo a
criterios objetivos, razonables y racionales, desarrollar a través
de las correspondientes fórmulas normativas las formas o actos
procesales que deben ser cumplidos para asegurar su vigencia
y respeto. En tal virtud, la regulación del régimen de las
nulidades, es un asunto que atañe en principio al
legislador, el cual puede señalar, con arreglo a dichos
criterios y obedeciendo al principio de la
proporcionalidad normativa, las causales o motivos que
generan nulidad, a efecto de garantizar la regularidad de las
actuaciones procesales y consecuentemente el debido
proceso.
Conforme a lo anterior no corresponde, en principio, al
Constituyente señalar las causales de nulidad en los procesos.
La aludida nulidad constitucional que consagra el art. 29,
constituye una excepción a dicha regla. […]
Es el legislador, como se advirtió antes, quien tiene la facultad
para determinar los casos en los cuales un acto procesal
es nulo por carencia de los requisitos formales y
sustanciales requeridos para su formación o
constitución. Por consiguiente, es válido, siempre que se
respete la Constitución, el señalamiento taxativo de las
nulidades por el legislador. […]
Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta a
los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido
proceso, el acceso a la justicia y los derechos procesales de las
partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140 del
C.P.C., para indicar que en los casos allí previstos es posible
declarar la nulidad, previo el trámite incidental
correspondiente, pero advirtiendo, que además de dichas
causales legales de nulidad es viable y puede ser
invocada la consagrada en el art. 29 de la Constitución,
según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba
obtenida con violación del debido proceso", esto es, sin
la observancia de las formalidades legales esenciales
requeridas para la producción de la prueba, especialmente
en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a
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la cual se opone ésta. Por lo tanto, se declarará exequible la
expresión demandada, con la referida advertencia.
Al mantener la Corte la expresión "solamente" dentro de la
referida regulación normativa, respeta la voluntad política del
legislador, en cuanto reguló de manera taxativa o
específicamente las causales legales de nulidad en los procesos
civiles, las cuales ahora con el cambio constitucional se
encuentran adicionadas con la prevista en la norma del
art. 29, a la cual se hizo referencia. […]”32
Bajo este análisis, la Corporación33 ha delimitado que la causal
examinada se predica, entre otras, cuando la sentencia: i) no cuenta
con el número de votos necesarios para su aprobación; ii) se profiere
dentro de un proceso culminado por desistimiento, transacción o
perención; iii) se dicta en un proceso que se encuentra suspendido
o interrumpido; iv) se profiere fallo condenatorio contra un tercero
que no fue vinculado al proceso; v) se profiere sentencia con falta
de competencia o de jurisdicción; vi) el fallo carece de motivación
formal y material, vii) se aprecia incongruencia34; viii) se profiere
un fallo inhibitorio injustificado35; y ix) se dicta con violación al
principio de la non reformatio in pejus.
Este examen, sobre el alcance y contenido de la causal invocada
impone que el recurrente en ejercicio de su derecho de acción
precise la razón que invoca como constitutiva de nulidad, y que ella
obedezca bien a las causales taxativas que prevé el artículo 133 del
CGP o a la invocación de transgresión del derecho fundamental del
debido proceso, en una de las circunstancias identificadas por la
jurisprudencia.
27
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5.3.3. Ser la sentencia recurrida contraria a otra anterior que
constituye cosa juzgada
En relación con esta causal se tiene que el artículo 250 del CPACA la
previó también como uno de los eventos para cuestionar un fallo en
ejercicio del recurso extraordinario de revisión, en los siguientes
términos:
“ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales
de revisión:
[…] 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que
constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si
en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada
y fue rechazada […]”.
De acuerdo con esta preceptiva los elementos que habilitan el que
se configure esta causal involucran: i) la existencia de dos procesos;
ii) que la sentencia cobije a las partes y sea contraria a la primera
proferida; y iii) que el argumento de existencia de cosa juzgada no
haya sido propuesto en el segundo proceso, a título de excepción.
Esta causal posibilita que en aplicación de la institución de la cosa
juzgada se invalide aquella sentencia contraria a la decisión que se
encuentra ejecutoriada y que se dictó con posterioridad en un
segundo proceso.
Entonces, para que sea viable debe comprobarse la preexistencia de
una decisión judicial que puso fin a una idéntica controversia, la que
estando amparada por el instituto jurídico procesal de la cosa
28
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juzgada y dado su carácter definitivo y vinculante impedía no solo el
planteamiento de una controversia nueva, sino una decisión
contraria a lo ya decidido.
De manera que esta causal posibilita que la primera decisión
ejecutoriada y que adquirió el atributo de la cosa juzgada prevalezca
sobre aquella que es posterior, determinación que resulta del previo
análisis de las características de este instituto procesal13, y bajo el
entendido de que esta alegación no se propuso en el trámite del
segundo proceso a título de excepción, en tanto que de haberse
pronunciado el juez ordinario su decisión tornan en inviable el
estudio por cuenta del recurso extraordinario.
5.4 Del caso concreto
Aclarada la generalidad de las causales invocadas, el contexto
conceptual que hacen viable su procedencia, la Sala se ocupará de
examinarlas, a fin de identificar si procede o no la infirmación de la
sentencia recurrida, para lo cual las estudiará en el siguiente orden:
13
Sobre el particular es oportuno recordar que: “El concepto de cosa juzgada que se predica de las
sentencias judiciales se refiere a los atributos de imperatividad, coercibilidad e inmutabilidad de que
están revestidas las sentencias ejecutoriadas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 303 del
Código General del Proceso, aplicable a este asunto en virtud de la remisión normativa del artículo 306
del CPACA, PARA QUE OPERE EL FENÓMENO DE LA COSA JUZGADA ES PRECISO QUE SE
REÚNAN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: (i) Que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto;
(ii) Que se funde en la misma causa anterior y (iii) Que en los procesos haya identidad jurídica de
parte. El último requisito, identidad jurídica de las partes, no es aplicable en procesos de nulidad, por
los efectos erga omnes que le otorga el artículo 189 del CPACA a las sentencias que la declaran; y
tratándose de los efectos erga omnes en cuanto a la causa petendi en las que la niegan,
implica que son oponibles a cualquier demandante que pretende, por los mismos motivos,
iniciar nuevamente el debate judicial […]”. Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Primera. Sentencia de 10 de septiembre de 2020. Radicación número: 11001-
03-24-000-2017-00328-00 C.P. Oswaldo Giraldo López.
29
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5.4.1 Existencia de documentos recobrados
En esta oportunidad se indicó por el recurrente que son dos los
supuestos documentos recobrados, los que identificó, así: i)
certificado 2213 de 9 de septiembre de 2012 y ii) certificado 3170
de 3 de septiembre de 2014. Con el ánimo de examinarlos, se
aprecia que su contenido es el siguiente:
• Certificado 2213 de 9 de septiembre de 2012
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• Certificado 3170 de 3 de septiembre de 2014-.
Respecto de este último certificado se evidencia, por copia adjunta
que aporta el recurrente, que dicho certificado se aportó al proceso
al dar cumplimiento a la solicitud de pruebas que ordenó el Tribunal
Administrativo del Huila. Así se lee en el oficio remisorio del citado
certificado:
32
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Entonces, según da cuenta la alegación que se plantea, está probado
que los documentos que sustentan la causal invocada no cumplen
con los requisitos exigidos, pues no tienen la condición de
recobrados, habida cuenta que estos fueron incorporados al proceso
judicial ordinario: el primero, fue allegado tanto con el memorial a
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través del cual se opuso al recurso de apelación interpuesto contra
la decisión adoptada en audiencia inicial 14 , como con el escrito
contentivo de la oposición contra el fallo del Tribunal Administrativo
del Huila15; y el segundo, con ocasión, como se advirtió atrás, del
cumplimiento de la orden judicial que decretó tal prueba16.
Esta identificación es suficiente para despachar la causal invocada,
pues del examen del expediente digital ordinario se aprecia que
estos documentos estuvieron en conocimiento del juez durante el
trámite judicial, lo que descarta que proceda la infirmación de la
sentencia por este motivo.
Ahora bien, esta causal impide examinar la valoración probatoria que
le asignó el operador jurídico a lo allí certificado, pues ello excede la
competencia del juez extraordinario a quien le está vedado entrar a
comprobar las razones fácticas en las que insiste el recurrente, a
través de este recurso, sobre el cargo desempeñado y su
experiencia, con miras a mantener la legalidad del acto que fue
anulado por el a quo, decisión confirmada por el fallo aquí recurrido.
14
La decisión que apeló la Universidad Surcolombiana fue la decisión que acogió la excepción de falta
de jurisdicción declarada. En dicho Memorial el apoderado del señor recurrente aporto dicha
Certificación de manera digitalizada. Anexo 3 CD. A.D. N° 1.
15
Según memoria visible en el Cuaderno 5 del expediente Digital en el folio 184. En el memorial del
traslado para alegar también se volvió a adjuntar (C. 5 fl. 320)
16
Mediante audiencia de 28 de agosto de 2014 se decretó por el Despacho Conductor como prueba de
oficio la siguiente: “[…] a) Certificado de la experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional
o en la investigación técnica o científica con la que contaba el señor Ancizar Torres Ramírez, en áreas
relacionadas con las funciones propias del cargo de profesional universitario código 320, grado 04, que
desempeño para julio de 1991 en la Oficina de Planeación de esta Institución […]”
34
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En ese sentido, abordar el examen que pretende el recurrente
implicaría que este recurso se convierta en una instancia adicional
por encontrarse en desacuerdo con la valoración dada a tales
certificaciones que culminó con la decisión contraria a sus intereses,
lo cual desconoce la finalidad de este medio extraordinario.
Por todo lo anterior, la causal no se encuentra probada.
5.4.2 Integración del Tribunal a quo para adelantar la
audiencia inicial.
En relación con esta alegación, el recurrente aduce que, a su juicio,
el no haberse conformado la Sala de Decisión que profirió el fallo,
también para el desarrollo de la audiencia inicial, constituye una
irregularidad en el trámite judicial; sin embargo, esta oposición que
plantea no es posible examinarse bajo la causal 5a. del artículo 250
del CPACA, por cuanto no ocurrió con ocasión del fallo.
Como se precisó atrás, el vicio de nulidad debe configurarse en el
momento de la expedición de la sentencia, de manera que no es
aceptable el planteamiento de circunstancias que acaecieron con
anterioridad a ésta, y que, por oportunidad, debieron ser alegadas
cuando ocurrieron, según el artículo 134 17 del CGP.
17
“[…] ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera
de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella […]”
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De manera que el recurrente no puede, con el ánimo de enervar el
trámite adelantado, cuestionar el fallo definitivo cuando además
contó con las oportunidades procesales para cuestionar la situación
que alega frente a que la “audiencia inicial” debió adelantarse por
la Sala colegiada del tribunal.
Entonces, no es este recurso ni la oportunidad ni tampoco
corresponde a uno de los eventos que hacen viable la situación que
expone, ya que este reproche escapa al resorte de competencia del
juez extraordinario, máxime si se aprecia que en su desarrollo
estuvo presente tanto el recurrente como quien fungió como su
apoderado judicial, es decir, que bien pudo alegarse en ese
momento.
Este examen sobre la oportunidad del reproche es suficiente para
despachar desfavorablemente las razones que explican esta
alegación.
5.4.3 Existencia de Cosa Juzgada
Examinada la generalidad de los elementos que habilitan el examen
de esta causal, como se precisó atrás, se tiene que le está vedado al
juez extraordinario ocuparse del estudio de la existencia de este
instituto procesal cuando quiera que ello ha sido objeto de análisis a
título de excepción en el proceso ordinario.
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Actor: ANCIZAR TORRES RAMIREZ
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Precisamente, la alegación que expone el recurrente fue objeto de
examen en el proceso ordinario en virtud del estudio de la excepción
de “cosa juzgada” que planteó el recurrente a quien se le notificó
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en la
modalidad de lesividad del acto que le reconoció la prima técnica en
el empleo desempeñado en la Universidad Surcolombiana.
El aquí recurrente sustentó la excepción formulada tanto en el
trámite constitucional de amparo judicial como en el proceso
ordinario que culminó con sentencia inhibitoria por no haberse
demandado la totalidad de los actos que se pronunciaron sobre dicha
prestación en favor del señor TORRES RAMIREZ. En la contestación
de la demanda18, se aprecia la siguiente formulación:
Debe precisarse que, pese a que el Tribunal aludió a que resolvería
las excepciones formuladas, de oficio, dio por probada la de “falta
de jurisdicción” por constituir el acto administrativo un acto de
18
Carpeta 3 folio 187 del expediente judicial ordinario
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
ejecución en cumplimiento de la orden del juez de tutela. Sin
embargo, esta determinación fue objeto de apelación ante el Consejo
de Estado, que mediante auto de 11 de diciembre de 2013 revocó
tal decisión y ordenó proseguir el trámite judicial.
En cumplimiento de tal decisión, el Magistrado conductor citó a las
partes para el 28 de agosto de 2014 con el fin de continuar con el
trámite de la audiencia inicial. En el acta de la audiencia se lee en el
punto 3.2 que el a quo decidió de denegar la excepción de cosa
juzgada, la que se fundó en las pruebas que el Despacho conductor
examinó correspondientes a los fallos de tutela invocados como
soporte de la petición y aquellos emitidos en la acción de nulidad y
restablecimiento que inició, de manera previa, la Universidad contra
el aquí recurrente. Para explicar su decisión, precisó:
“[…] 3.2.3. Decisión. Corresponde decidir si se cumplen los
requisitos para la prosperidad de la exceptiva.
¡) En relación con la identidad de partes, encuentra la Sala
que no existe, pues en esta oportunidad no concurrieron los
intervinientes vinculados en el proceso que terminó con la
sentencia del 17 de mayo de 2012 de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dado que las personas que integraron la
parte demandada en dicho proceso son distintas de las que
actúan en el presente, nótese que la primer demanda fue
dirigida por la USCO en contra de Benjamín Alarcón Yuste y
otros (en los que se incluye el aquí demandado Ancizar Torres
Ramírez, (f. 807, C. 5) y la que nos ocupa se dirige
exclusivamente en contra de Ancizar Torres Ramírez (f. 2, C.
1).
Tampoco se da tal identidad con los fallos de tutela de
primera y segunda instancia aducidos por el excepcionante,
en los cuales la Universidad Surcolombiana aquí demandante
pasa a ser accionada y el demandado Ancizar Torres Ramírez
junto con otros actúa como accionante (f. 729 a 753, C. 4).
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
ii) Seguidamente, acerca de la identidad de objeto,
entendido este último como el fin perseguido o la demanda que
se identifica en las pretensiones y lo ordenado en la sentencia”,
estima el Tribunal que tampoco se configura en el presente
caso.
Es que en la sentencia proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado el 17 de mayo de 2012, a través de la cual
se resolvió el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho interpuesto por la Universidad contra la
Resolución 04689 de 1999, dicha Colegiatura se inhibió
para analizar la situación particular del demandado
Ancizar Torres Ramírez y la de otros servidores,
considerando que se incurrió en una ineptitud sustantiva
de la demanda porque únicamente se deprecó la nulidad
de ese acto sin incluir la Resolución SOO661 del 17 de marzo
de 2000 que modificó la anterior en cuanto a la fecha de
reconocimiento de la prima técnica del referido servidor; acto
que sí fue demandado en el sub examine.
Por su parte, en los fallos de tutela de primera y de
segunda instancia (proferidos por el Juzgado Segundo
Laboral de Neiva el 11 de noviembre de 1999 y por el
Tribunal Superior de Neiva el 13 de diciembre siguiente),
se pretendió el amparo de los derechos fundamentales
de los accionantes y en dicho sentido el juez de tutela
amparó los de petición e igualdad y ordenó reconocer la
prima técnica a los servidores de la Universidad que cumplieran
los requisitos establecidos en el Decreto 1661 de 1991 y en
razón a que en los mismos no se analizó la situación
particular del demandado, ni la legalidad de los actos
acusados; es evidente que no existe identidad de objeto.
iii) Ahora bien, frente a la identidad de causa, conforme al
precedente jurisprudencial hasta el momento citado consiste
en las razones o motivos que conllevaron a la presentación de
la demanda, los cuales se encuentran fundamentalmente
inmersos en los hechos de la misma.
Analizados los hechos del libelo demandatorio interpuesto en
esta oportunidad (f. 7, C. 1), se desprende de los mismos que
los fundamentos que conllevaron a la parte demandante a
incoar las pretensiones giraron en torno al incumplimiento de
los requisitos exigidos por la ley para el reconocimiento de la
prima técnica, como quiera que era necesario que la misma
demostrara que superaba los requisitos mínimos para el
ejercicio de su cargo, verbigracia, que fuera poseedor de
un título de formación avanzada.
Tal sustento no guarda relación con las motivaciones o
causas que en el pasado conllevaron a la actora a
interponer la demanda cuya decisión, a juicio de la parte
demandada, hizo tránsito a cosa juzgada, pues de los
fundamentos fácticos se evidencia que se ataca el acto que
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
reconoció la prima técnica a Ancizar Torres Ramírez por ser
contrario al Decreto 1724 de1999 en cuanto excluyó como
beneficiarios de dicha prestación a los trabajadores del nivel
profesional (f. 805, c. 5).
Finalmente, frente a las sentencias de tutela traídas por el
excepcionante se encuentra que el soporte fáctico que
generó las mismas se centra en la vulneración de los
derechos fundamentales deprecados por los accionantes
por parte de la Universidad Surcolombiana, lo no se
equipara a los hechos aducidos en esta oportunidad referidos
en precedencia y en tal virtud tampoco se configura identidad
de causa […]” (Subrayas y resaltas fuera del texto).
Entonces, queda evidenciado que la cosa juzgada que predica el
recurrente fue estudiada a título de medio exceptivo en el proceso
ordinario lo que despoja de competencia al juez extraordinario para
pronunciarse, sin que sea posible el examen de una cuestión ya
decidida y que cobró ejecutoria en la actuación judicial en la que se
dictó la providencia objeto de este recurso.
Por lo expuesto, tampoco se probó la ocurrencia de esta causal.
5.4.4 Nulidad de la sentencia. Violación al debido proceso por
omisión probatoria y extralimitación en la competencia en la
segunda instancia.
En este acápite corresponde examinar si la alegación que sustentó
el recurrente, respecto de la causal 5a. de nulidad del artículo 250
del CPACA, puede darse por estos motivos.
5.4.4.1 Supuesta omisión probatoria del juez
40
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Al respecto se tiene que este no es un evento que permita dar por
probada la causal, pues es a las partes en las oportunidades
procesales previstas por los artículos 16219, 17520 y 180, numeral
1021, del CPACA, en armonía con el artículo 173 del CGP22, las que
tienen el deber de demostrar sus dichos, no resultando aceptable
esta alegación para infirmar el fallo.
Además, se tiene que la argumentación del recurrente está orientada
no solo a estimar que se dejaron de solicitar las pruebas que, a su
juicio, acreditarían la experiencia del recurrente sino a cuestionar en
sí misma la interpretación que el juez le otorgó a las certificaciones
que daban cuenta del desempeño de las funciones en el cargo por él
ocupado.
Tal alegación de ninguna manera configura alguno de los eventos
que informan esta causal de infirmación de la sentencia, como se
indicó en el acápite de generalidad.
19
ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea
competente y contendrá:
[…] 5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este
deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.
20
ARTÍCULO 175. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Durante el término de traslado, el
demandado tendrá la facultad de contestar la demanda mediante escrito, que contendrá:
[…]
4. La relación de las pruebas que se acompañen y la petición de aquellas cuya práctica se solicite.
En todo caso, el demandado deberá aportar con la contestación de la demanda todas las pruebas que
tenga en su poder y que pretenda hacer valer en el proceso.
21
ARTÍCULO 180. AUDIENCIA INICIAL. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de
reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará
a las siguientes reglas:
[…] 10. Decreto de pruebas. Solo se decretarán las pruebas pedidas por las partes y los terceros,
siempre y cuando sean necesarias para demostrar los hechos sobre los cuales exista disconformidad,
en tanto no esté prohibida su demostración por confesión o las de oficio que el Juez o Magistrado
Ponente considere indispensables para el esclarecimiento de la verdad.
En todo caso, el juez, antes de finalizar la audiencia, fijará fecha y hora para la audiencia de pruebas,
la cual se llevará a cabo dentro de los cuarenta (40) días siguientes.
22
“ARTÍCULO 173. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las
pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y
oportunidades señalados para ello en este código […]”
41
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Además, no puede confundirse la omisión probatoria de las partes
con el deber del juez de examinar la cuestión a su cargo, y en cuáles
precisos casos podrían evidenciar que la decisión resulte
incongruente por no responder al planteamiento que le fue
formulado, identificado como la incongruencia externa de los fallos.
En efecto, la congruencia corresponde a un atributo de la decisión
judicial y se traduce en la armonía que deber estar presente en su
estructura interna, esto es, la parte motiva y resolutiva del fallo,
como en la externa, entendida como la coherencia entre la decisión
y lo pedido por las partes.
Este principio es una garantía de que gozan las partes para exigir del
fallador una decisión que resuelva la controversia formulada, no solo
frente a las pretensiones que formula el actor, sino respecto del
pronunciamiento que el juez debe realizar de la defensa de quien
funge como parte accionada y que, generalmente, se propone a
título de excepciones.
Ahora, la congruencia en la decisión de segunda instancia está
atada a la competencia del superior funcional y al examen que le
corresponde realizar como consecuencia de la revisión de la
providencia de primer grado y el reproche de los apelantes, para
que, según su análisis, la revoque, modifique o si lo encuentra
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pertinente, la confirme, de acuerdo con el artículo 320 23 armonizado
con el 2813624, ambos del CGP.
Es evidente que en este debate el recurrente no plantea un motivo
que amerite el estudio de la causal bajo esta orientación, contrario
a ello, lo que se observa es el desacuerdo con el examen de las
pruebas obrantes en el proceso frente al cumplimiento de los
requisitos que deben acreditarse para ser beneficiario de la prima
técnica, pues las certificaciones sobre las funciones, tiempo de
servicio y cargo ocupado sí fueron analizadas, lo que evidencia que
la situación fáctica estuvo soportada en lo allí consignado; y que era
a las partes a las que les correspondía la carga de la prueba en los
términos del artículo 16725 del CGP.
23
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del
coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71. […]”
24
Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con
las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial
sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca
probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, o
que la ley permita considerarlo de oficio.”
25
ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte,
distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso
antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más
favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará
en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su
poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente
en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte
correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá
a las reglas de contradicción previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.
43
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Entonces, el motivo invocado no es posible de análisis por cuanto en
definitiva lo que pretende el recurrente es un reexamen sobre lo
decidido, pero, como se ha insistido, el objeto del recurso
extraordinario no es el revisar la decisión judicial como una instancia
adicional.
De este modo, lo anterior resulta suficiente para despachar el cargo,
habida cuenta que el recurso extraordinario no tiene por fin examinar
la valoración del juez ordinario.
5.4.4.2 Supuesta incongruencia en la decisión de segunda
instancia.
Respecto de este reproche, contra la sentencia recurrida por
extralimitación en los argumentos que constituyeron los límites de
la apelación, se advierte que al explicar el concepto de esta causal
no se indicó con suficiencia cuáles fueron esos temas que en exceso
abordó el juez ad quem, sin que sea posible realizar una
interpretación oficiosa, pues es la carga argumentativa del
recurrente la que habilita el pronunciamiento del juez extraordinario.
En todo caso, se tiene que en el escrito del recurso lo que finalmente
se expone y que es contrario a una extralimitación, es que los
reproches aquí alegados obedecen a la supuesta “omisión” en la
que incurrió el juez al no pronunciarse en el fallo que se cuestiona.
Al respecto indicó que se prescindió el “[…] leer, abordar y resolver
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de fondo los reparos concretos reseñados […] que sustentan los
extremos de la litis o puntos fundamentales”, por lo que debió
plantearlo en este recurso.
En orden a establecer si existe incongruencia en la decisión frente
al abordaje de los motivos que sustentaron la apelación, la Sala al
examinar el proceso judicial aprecia que en el escrito de alzada los
razonamientos del apelante se suscribieron al aspecto interpretativo
de la sentencia de Tribunal Administrativo del Huila frente al cargo
ocupado por el actor: “profesional” y el derecho a que se mantenga
la legalidad del acto que accedió al reconocimiento de la prima
técnica por haber demostrado los requisitos exigidos.
Así, en el memorial de alzada se aprecia que en el acápite que
denominó “SUSTENTOS DE LA APELACIÓN“ 26 el apoderado del
recurrente explicó el desacuerdo con el fallo anulatorio, y expresó la
postura fáctica y normativa para revocar la sentencia,
complementada con la argumentación de otro capítulo titulado
”CONSOLIDACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LA SITUACIÓN
JURÍDICA CON LA CUAL CONFIGURA LOS REQUISITOS PARA LA
ASIGNACIÓN DE LA PRIMA TÉCNICA”, en la que el razonamiento se
orientó a cuestionar la decisión del a quo que declaró la nulidad de
los actos administrativos cuestionados.
26
Folio 185 cuaderno 5 del expediente digital. Este memorial sustituyó el inicial escrito de apelación
presentado por el apoderado judicial. Se encuentra en el enlace SAMAI registrado en en Indice 21 en
el documento denominado. 53_RECIBEPRUEBAS_CORREO_LORENACARMO(.pdf) NroActua 22
45
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
De la lectura del contenido del recurso de apelación, se aprecia que
su argumentación estuvo delimitada a explicar las razones fácticas y
jurídicas por las que debía proceder, en su entender, la revocatoria
del fallo y la consecuente denegación de las pretensiones de nulidad,
sin que se identifique la limitación a un punto especifico, por
ejemplo, la oposición a la orden de restablecimiento y a la negativa
de devolver los valores ya pagados o a otros temas que, como se
anticipó, no fue expresamente referido por el recurrente.
A su vez, en el texto de la sentencia al fijar el marco de
pronunciamiento, el Consejo de Estado identificó los argumentos que
expuso el recurrente, así:
“[...] (i). Aseguró que la sentencia recurrida omitió el análisis
de la figura de la cosa juzgada, toda vez que los actos
administrativos acusados fueron expedidos en cumplimiento de
una acción de tutela y porque con posterioridad la Universidad
Surcolombiana ya había acudido ante esta jurisdicción a
reclamar la nulidad de los mismos actos administrativos, cuyas
decisiones tienen el carácter definitivo e inmutable y hace que
sea improcedente reabrir el debate respecto a la aplicación de
los Decretos 2164 de 1991 y 1724 de 1997.
(ii). Sostuvo que adquirió el derecho a la prima técnica en
vigencia del Decreto 1661 de 1991, de manera que no quedó
sujeto a las regulaciones de los Decretos 2164 de 1991, 1724
de 1997, toda vez que: (a) esta última normatividad no le era
aplicable dado su condición especial de ente universitario
autónomo y (b) porque, en gracia de discusión, se encontraba
cobijado por el régimen de transición.
(iii). En esa medida, consideró que cumplía con el requisito de
la experiencia altamente calificada, toda vez que para el año
de 1991, contaba con 13 años de experiencia profesional en
áreas relacionadas con las funciones de su cargo, la cual se
consideraban como altamente calificada, toda vez que así lo
determinó la entidad demandante.
Asimismo, refirió que si bien para el año de 1991 no contaba
con el título de formación avanzada, cumplía con este requisito
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
por la equivalencia de dicho título con la experiencia en el
ejercicio de las funciones en los cargos desempeñados en el
nivel Profesional.
(iv). Finalmente, consideró que conforme lo ha indicado esta
Sección, la previsión respecto de la existencia de certificado de
disponibilidad presupuestal previo otorgamiento de la prima
técnica, no impide la configuración legal del derecho ni su
reconocimiento […]”.
Y fue, precisamente, en observancia de estos planteamientos que la
Corporación profirió el fallo objeto de cuestionamiento, sin que exista
un motivo fundado para identificar la aludida “extralimitación” que
planteó el recurrente respecto de la decisión a su cargo, motivo que
indica que en realidad sus argumentos son de oposición y
desacuerdo con la sentencia, planteamientos que, conforme se ha
reiterado, son imposibles de reexaminarse a través de este medio
extraordinario.
Por todo lo expuesto, la Sala concluye que no hay lugar a declarar
infundada la sentencia por ninguna de las causales invocadas, lo que
impone declarar INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión.
5.5 Costas
Las costas procesales se definen 27 como la “erogación económica
que debe asumir la parte que resulte vencida en un proceso judicial,
que se compone de las i) expensas28 y las ii) agencias en derecho29”.
27
Consejo de Estado - Sala Plena. Número único de radicación 15001-33-33-007-2017-00036-
01(AP)REV-SU. Sentencia de 6 de agosto de 2019. CP Rocío Araújo Oñate.
28
“73. […] responden a los gastos necesarios para tramitar el proceso, tales como son el valor de
copias, publicaciones, impuestos de timbre, honorarios de peritos, honorarios de auxiliares de la
justicia, gastos de desplazamiento por diligencias fuera del despacho judicial, gasto de traslado de
testigos, por citar algunos ejemplos”.
29
“74. Las […] -agencias de derecho-, obedecen a la suma que el juez debe ordenar en beneficio de
la parte favorecida con la condena en costas, para reconocerle los costos afrontados por la
47
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
En la jurisdicción de lo contencioso administrativo su fijación varió
con respecto a lo estatuido en el CCA38, al pasar de un criterio
subjetivo39 a uno objetivo valorativo40, en el que se requiere que
el juez revise si se causaron.
De este modo, en el CPACA se prevé que las costas se fijan de
manera objetiva valorativa contra la parte vencida en juicio, es
decir, no operan de manera automática, pues al juzgador le
corresponde valorar si se configura alguna de las hipótesis previstas
por el legislador, salvo en los recursos extraordinarios de
revisión.
En efecto, la condena en costas en el recurso extraordinario fue
objeto de reforma por la Ley 2080 de 2021, en el sentido de prever
que, en los términos del artículo 255 ibidem, cuando “se declare
infundado [el recurso] se condenará en costas”, mandato que
resulta imperativo para el fallador que adopte esta decisión.
Para verificar entonces su aplicación basta establecer que este
proceso se presentó luego de entrar en vigor la Ley 2080 de 2020
que modificó el CPACA y que, al decidirse el recurso, se declaró
infundado.
representación de un abogado o, si actuó en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y
esfuerzo dedicados a la causa.”
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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
En el caso bajo examen se dan los presupuestos requeridos 30 lo que
impone que se fijen de acuerdo con la naturaleza, calidad y duración
de la gestión útil.
Con tal propósito y en observancia del artículo 366 del Código
General del Proceso y del Acuerdo PSAA16-10554 de
2016, contentivo de las tarifas de agencias en derecho expedido por
el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala, de acuerdo con las
actuaciones procesales realizadas, fijará las agencias en derecho en
un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta
providencia en favor de la Universidad Surcolombiana.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por el señor ANCIZAR TORRES RAMIREZ
contra la sentencia proferida el 12 de noviembre de 2020 por la
Sección Segunda, Subsección “A”, del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en esta providencia.
30
El recurso se radicó y se repartió el 24 de agosto de 2021 y como quedó visto, se declaró infundado.
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Actor: ANCIZAR TORRES RAMIREZ
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS al accionante, en favor de la
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, de conformidad con el artículo
255 del CPACA.
TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente a
un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta
providencia, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a
pagar por el recurrente al ente universitario que acudió a participar
en este trámite.
CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA al doctor JUAN PABLO
MURCIA DELGADO31 en su condición de apoderado judicial de la
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, según el poder presentado al
contestar este recurso.
QUINTO: En firme esta providencia, archívese la actuación.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OMAR JOAQUÍN BARRETO
Presidenta SUÁREZ
Salva parcialmente el voto
31
Registro 13 SAMAI.
44_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_PODERUNIVERSIDADSU(.PDF) NroActua 13
50
Número único de radicación: 110010315000202105599-00
Actor: ANCIZAR TORRES RAMIREZ
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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