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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05624-01

Fecha
24 de enero de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05624-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida el 23 de septiembre de 2021 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual se declaró improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin7. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cuando la tutela sea devuelta por la Corte Constitucional, la Secretaría procederá a su archivo. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-05624-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

24 de enero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 24 de enero de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2021-05624-01
Demandante: Diana María Herrera Raigozo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Requisitos de procedibilidad/
Inmediatez

Síntesis del caso: La parte demandante enjuició la providencia por medio de la cual se
declaró la excepción de prescripción, en un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho de naturaleza laboral (contrato realidad).

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia proferida
el 23 de septiembre de 2021 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera Instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. Diana María Herrera Raigozo, mediante apoderado, presentó acción
de tutela contra la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia e igualdad, así como de los principios constitucionales de seguridad
jurídica y favorabilidad en materia laboral, con ocasión de la Sentencia de
15 de mayo de 2020, Rad. 11001-33-35-013-2016-00174-01, que revocó la
decisión de primer grado, accedió parcialmente a las pretensiones y
declaró la excepción de prescripción trienal, en un asunto en el que se
discutía la declaratoria de contrato realidad.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

1Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017, 333
de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2021-05624-01
Demandante: Diana María Herrera Raigozo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma – improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

“PRIMERO: Que se DECLARE la vulneración de los derechos fundamentales
alegados al: Debido proceso, Principio de seguridad jurídica, el derecho a la
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho, el principio que prohíbe
menoscabar los derechos de los trabajadores; Violación al Principio de
Seguridad Jurídica; Derechos adquiridos en materia laboral y expectativas
legítimas; y demás derechos que se verifiquen en el estudio de esta acción
constitucional a favor de la señora DIANA MARIA HERRERA RAIGOZO

SEGUNDO: Que se ORDENE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Segunda Subsección E que a partir de la notificación de la decisión que ampara
los derechos alegados, se dicte de nuevo la Sentencia que desate el recurso
de apelación presentado por la parte actora conforme al principio de
consonancia teniendo en cuenta la certificación emitida por la entidad
accionada emitida por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E,S,E,.

TERCERO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la Sentencia de fecha 15 mayo
2020, frente a la prescripción declarada y proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca Sección Segunda Subsección E.

CUARTA: Conforme a todo lo anterior TUTELAR los derechos fundamentales
alegados en la presente acción excepcional a favor del accionante señor
DIANA MARIA HERRERA RAIGOZO”

3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:

4. 1) Diana María Herrera Raigozo presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur ESE, orientada a cuestionar la legalidad del Oficio No. 100-0271-
2016 por medio del cual se le negó el reconocimiento y pago de
prestaciones sociales, como consecuencia de la existencia de una relación
laboral entre el 29 de diciembre de 2008 y el 31 de mayo de 2013, como
consecuencia de los servicios prestados, de forma ininterrumpida en el
Hospital Meissen II Nivel, en el cargo de auxiliar de enfermería.

5. 2) Mediante Sentencia de 19 de diciembre de 2017, el Juzgado 13
Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda. Contra esta
decisión se presentó recurso de apelación.

6. 3) El 15 de mayo de 2020, la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, accedió parcialmente a las pretensiones. Aunado a
ello, declaró probada la excepción de prescripción de las prestaciones
sociales del periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 2008 y el 30
de septiembre de 2012.

7. Como fundamento de la vulneración, la parte actora señaló que,
ante la falta de la copia de los contratos de prestación de servicios, la
autoridad accionada debió haber hecho uso de las facultades oficiosas de
que trata el artículo 213 del CPACA, es decir, hubiera podido decretar la
prueba de oficio que considerara pertinente y útil para la resolución del
caso. Asimismo, señaló que se desconoció (1) el precedente del Consejo de
Estado sobre la configuración del defecto fáctico en casos relacionados

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-05624-01
Demandante: Diana María Herrera Raigozo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma – improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

con la declaratoria de contrato realidad2 y (2) un salvamento de voto
proferido por una de las magistradas que integran la sala de decisión del
Tribunal3.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación.

8. Mediante Sentencia de 23 de septiembre de 2021, la Sección Cuarta
del Consejo de Estado determinó que la acción de tutela era improcedente
por falta del requisito de inmediatez, pues entre la notificación de la
sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (27/7/2020) y la
presentación de la solicitud de amparo (25/8/2021), pasó 1 año y 28 días.

9. Contra esta decisión, la parte actora presentó escrito de impugnación
en el que, además de insistir en los reparos formulados en el escrito de tutela,
señaló (se trascribe)

“En desarrollo de este precepto [artículo 86 de la Constitución Política], los
artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 previeron la posibilidad de que
cuando los jueces emitan decisiones que vulneren garantías fundamentales,
las mismas pueden ser susceptibles de verificación por vía tutelar. Sin embargo,
la Corte Constitucional mediante sentencia C-543 de 1992, declaró la
inexequibilidad de los referidos artículos.

En ese fallo la Corte Constitucional precisó que permitir el ejercicio de la acción
de tutela contra providencias judiciales, transgredía la autonomía y la
independencia judicial y contrariaba los principios de cosa juzgada y de
seguridad jurídica.

No obstante, pese a declarar la inexequibilidad de las normas, la Corte
Constitucional advirtió en esa misma sentencia, que era aplicable la doctrina
de las vías de hecho, mediante la cual se plantea que la acción de tutela sí
puede ser invocada contra una providencia judicial, cuando ésta es producto
de una manifiesta situación de hecho, creada por actos u omisiones de los
jueces, que implique trasgresión o amenaza de un derecho fundamental.

La administración de Justicia en representación del estado debe liberar al
accionante DIANA MARIA HERRERA RAIGOZO de la situación de desigualdad
aquí planteada y así lograr el cumplimiento adecuado de los fines del Estado
de Derecho.”

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la tutela contra providencia judicial. 2.2. Conclusiones

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial 4

2 Rad. 11001-03-15-000-2018-04331-01 y 11001-03-15-000-2019-04643-00.
3 Rad. 11001-33-35-021-2017-00339-01
4 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia

T-066 de 2019.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-05624-01
Demandante: Diana María Herrera Raigozo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma – improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

10. En el presente caso, la Sala confirmará la decisión de declarar la
improcedencia de la acción de tutela por no satisfacerse el requisito de
inmediatez.

11. La Corte Constitucional 5 ha sostenido que, aunque la acción de tutela
no tiene un término de caducidad, la misma debe presentarse dentro de un
“término razonable y proporcionado”, contado a partir del hecho u omisión
generadora de la vulneración o amenaza de derechos fundamentales,
pues, de no ser así, se afectaría la seguridad jurídica, los derechos de
terceros, e incluso, se desnaturalizaría la acción y, en relación con la acción
de tutela contra providencias judiciales, se comprometería la cosa juzgada
y la firmeza de las decisiones judiciales, por lo cual, según la Corte, aquí, el
examen de inmediatez debe ser más estricto.

12. En ese orden, la Corte Constitucional ha señalado que el estudio y
análisis de la inmediatez se debe efectuar a partir del concepto de
razonabilidad, “teniendo en cuenta las particularidades de cada caso
concreto”.

13. Por su parte, la Sala Plena de esta Corporación, mediante Sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 6, estableció, como regla general, que
el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de 6 meses
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la providencia objeto de
reproche constitucional. No obstante, al igual que la Corte Constitucional,
sostuvo que “en cada caso concreto deberá evaluarse este requisito a fin
de que no se desvirtúe la razón de ser de la acción de tutela”.

14. Así, para estudiar o valorar la inmediatez en concreto y establecer si
la acción es procedente, se ha considerado que el plazo oportuno es de 6
meses, salvo que, según la Corte Constitucional, se configure alguna de
estas circunstancias, que no son taxativas, en el caso sometido a revisión: (1)
que el accionante presente razones válidas para su tardanza en presentar
la acción constitucional, (2) que a pesar del paso del tiempo, la vulneración
o amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea actual o (3) que
la exigencia de la interposición de la acción en un término razonable resulte
desproporcionada, dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en las
que se encuentra el demandante.

15. En ese orden, luego de la revisión del expediente de la referencia, la
Sala tiene por razonables los argumentos del juez de tutela de primera
instancia sobre la improcedencia de la acción de tutela, pues no se satisfizo
el requisito de inmediatez, toda vez que la misma no se interpuso dentro de
un plazo razonable, ya que, entre la fecha de notificación de la providencia

5 Sentencia SU-018 de 2018.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación por importancia
jurídica de 5 de agosto de 2014. Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos
Alimenticios S.A.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-05624-01
Demandante: Diana María Herrera Raigozo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma – improcedencia
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enjuiciada (27/7/2020) y la presentación de la tutela (25/8/2021), trascurrió 1
año y 28 días.

16. Aunado a ello, la Sala observa que no se configuró alguno de los
supuestos especiales o circunstancias relacionadas en el párrafo 14 de esta
providencia, que permitan aceptar una interposición después de ese plazo.

2.2. Conclusiones

17. Esta Sala considera que el requisito de inmediatez no se cumplió en el
caso concreto y, por tal motivo, (1) se abstendrá de emitir pronunciamiento
sobre los demás requisitos generales y específicos de procedibilidad y (2)
confirmará la decisión de declarar improcedente el presente amparo de
tutela.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida el 23 de septiembre de 2021
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual se
declaró improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin7.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión. Cuando la tutela sea devuelta por la Corte Constitucional, la
Secretaría procederá a su archivo.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

7 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-05624-01
Demandante: Diana María Herrera Raigozo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma – improcedencia
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FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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