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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-05666-01

Fecha
5 de mayo de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-05666-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-05666-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

5 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-05666-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: RAMÓN GUILLERMO IBAGUÉ ÚNEME

TESIS: CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA. LAS
AUTORIDADES JUDICIALES ACCIONADAS NO INCURRIERON EN
LOS DEFECTOS ALEGADOS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: SEGURIDAD SOCIAL, DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo

presentado por el señor Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ,

esta Sala procede a decidir la impugnación presentada por el actor

contra la sentencia de 4 de noviembre de 2021, mediante el cual la

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A” DEL CONSEJO DE

ESTADO1, denegó el amparo solicitado.

1
En adelante Sección Segunda.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-05666-01
Actor: RAMÓN GUILLERMO IBAGUÉ ÚNEME

I – ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor RAMÓN GUILLERMO IBAGUÉ ÚNEME, actuando por

intermedio de apoderado, instauró acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad

social, al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración

de justicia, los cuales consideró vulnerados por el JUZGADO ONCE

ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE TUNJA2

y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ3, al proferir las

providencias de 22 de septiembre de 2020 y 28 de julio de 2021,

respectivamente, dentro de la acción ejecutiva identificada con el

número único de radicación 15001-33-33-011-2018-00122-01,

mediante la cuales se negó librar mandamiento de pago.

I.2.- Hechos

Manifestó que laboró en el Instituto Nacional Penitenciario y

Carcelario desde el 5 de agosto de 1976 hasta el 31 de diciembre de

2
En adelante Juzgado.
3
En adelante Tribunal.

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3

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Actor: RAMÓN GUILLERMO IBAGUÉ ÚNEME

1999.

Indicó que la Caja Nacional de Previsión Social le reconoció y ordenó

el pago de una pensión de jubilación, omitiendo la inclusión de la

totalidad de factores salariales devengados en el último año de

servicio, así como la indexación de la primera mesada.

Afirmó que promovió demanda en el ejercicio del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho, proceso que fue

identificado con el número único de radicación 15001-33-31-014-

2011-00213-00, correspondiéndole por reparto al JUZGADO

PRIMERO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL

CIRCUITO JUDICIAL DE TUNJA que, mediante providencia de 27

de junio de 2014, accedió a las pretensiones de la demanda, y ordenó

reliquidar la pensión con el 75 % del promedio de lo que percibió en

el último año de servicios, incluyendo salario mensual, subsidio de

alimentación, auxilio de transporte, prima de servicios, vacaciones,

prima de vacaciones, prima de navidad, horas extras, dominicales y

festivos.

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Actor: RAMÓN GUILLERMO IBAGUÉ ÚNEME

Arguyó que la anterior decisión fue apelada ante el TRIBUNAL que,

mediante providencia de 20 de agosto de 2015, confirmó

parcialmente la decisión de primera instancia, y además, modificó y

adicionó el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia, por

consiguiente, ordenó a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES

DE LA PROTECCIÓN SOCIAL4: i) reconocer y pagar la diferencia

que resulte del reajuste anual teniendo en cuenta todos los factores

salariales, incluyendo salario mensual, subsidio de alimentación,

auxilio de transporte, prima de servicios, prima de vacaciones, prima

de navidad, sobresueldo nacional, prima de riesgo y sobresueldo

municipal y, ii) el descuento de los aportes de ley correspondientes

a los factores salariales, atendiendo las directrices fijadas en la

sentencia de la Corporación proferida el 9 de abril de 2014.

Mencionó que la UGPP expidió de la Resolución RDP 049839 del 30

de diciembre de 2016, mediante la cual reliquidó la pensión en monto

equivalente a $686.260, efectiva a partir de 1o. de enero de 2000 y,

posteriormente, mediante Resolución RDP 008908 de 7 de marzo de

2017, modificó el acto y, en consecuencia, ordenó efectuar el

4
En adelante UGPP.

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descuento de la suma de $ 33.639.825, por concepto de los aportes

a salud que no se efectuaron.

Aludió que solicitó a la UGPP modificar la Resolución RDP 008908 de

7 de marzo de 2017, al considerar excesivos y arbitrarios los

descuentos y por medio de la Resolución RDP 035212 de 12 de

septiembre de 2017, dicha entidad denegó la petición, señalando los

cálculos efectuados.

Mencionó que, debido a lo anterior, instauró demanda ejecutiva en

contra de la UGPP a fin de obtener el pago de las sumas descontadas,

proceso que fue identificado con el número único de radicación

15001-33-33-011-2018-00122-00 y le correspondió por reparto al

JUZGADO que, mediante providencia de 22 de septiembre de 2020,

negó el mandamiento de pago.

Señaló que la anterior decisión fue apelada ante el TRIBUNAL que,

mediante providencia de 20 de septiembre de 2020, confirmó el auto

proferido en primera instancia.

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I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentó que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto

sustantivo y desconocimiento del precedente.

Manifestó que las autoridades judiciales accionadas, se apartaron del

marco jurídico en la resolución del caso concreto, en tanto

desconocieron que los descuentos de los aportes en pensión deben

efectuarse conforme a la ley vigente a la prestación de los servicios.

Señaló que la UGPP liquidó los aportes de salud de manera irregular,

sin contar con el material probatorio que demostrara que en algunos

períodos no se efectuaron las deducciones legales.

Manifestó que el título ejecutivo cuestionado si reúne los requisitos

por cuanto contiene una obligación clara, expresa y exigible, por lo

que, consideró que el juez constitucional debe impartir la protección

de sus derechos y ordenar a la autoridad judicial corregir el defecto.

Igualmente, señaló que las providencias cuestionadas desconocieron

el precedente jurisprudencial aplicable a los descuentos de aportes,

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conforme a lo preceptuado por la Corporación en las providencias

proferidas el 5 de diciembre de 2013 y el 13 de septiembre de 2017,

en las que se precisó que: “[…] si bien es cierto que en el fallo de

primera y segunda instancia hacen mención a que los descuentos por

aportes a pensión de los factores salariales ordenados dentro de la

reliquidación pensional deben ser regidos por los parámetros dados

en la sentencia del Consejo de Estado del 9 de abril de 2014 mediante

un cálculo actuarial, dicho cálculo no podrá ser contradictorio con la

Jurisprudencia del Consejo de Estado, ni podrá vulnerar derechos

fundamentales al pensionado, tales como la seguridad jurídica y la

igualdad. […]”

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó en el escrito de tutela el amparo de los derechos

fundamentales deprecados y, en consecuencia:

“[…] 1. AMPARAR los derechos A LA SEGURIDAD SOCIAL,
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA, DEBIDO PROCESO, ACCESO
A LA JUSTICIA Y DERECHO A LA IGUALDAD PROCESAL, del señor
RAMON GUILLERMO IBAGUE UNEME.

2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, SALA DE
DECISION NO. 2, en amparo a los derechos enunciados, REVOCAR
el auto proferido el 28 de Julio de 2021, que confirmó el auto de
primera instancia por la cual negó mandamiento de pago y en
consecuencia de ordene librar mandamiento de pago teniendo en

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cuenta los hechos, pretensiones y las pruebas aportadas al escrito
de demanda, de los cuales se puede establecer que la UGPP deberá
realizar la devolución de las diferencias por concepto de aportes a
pensión.

3. Las demás que este Honorable Despacho considere para
proteger los derechos aquí tutelados. […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL afirmó que no se cumplen las causales

genéricas y específicas de procedencia de la acción de tutela contra

decisiones judiciales, por cuanto la decisión cuestionada se adoptó

en derecho y no fue producto de la arbitrariedad o la voluntad del

juez colegiado.

Refirió algunos apartes de la decisión cuestionada, señalando que no

se acreditaron los requisitos del título ejecutivo, pues se evidenció

que la sentencia de instancia facultó a la entidad accionada a efectuar

los descuentos de los aportes al sistema sobre los factores no

cotizados y en aplicación de los lineamientos de la sentencia del 9 de

abril de 2014, esto es, conforme al cálculo actuarial y no conforme

al IPC como lo pretende el actor.

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Señaló que la obligación impuesta en la sentencia fue atendida por

la entidad ejecutada y, por lo tanto, resultó improcedente librar el

mandamiento ejecutivo en tanto la entidad aplicó la fórmula del

cálculo actuarial.

Finalmente, sostuvo que al accionante no se le vulneraron los

derechos fundamentales invocados, pues la decisión cuestionada no

incurrió en los defectos alegados.

I.5.2.- El JUZGADO señaló que la actuación adelantada por su

despacho obedeció al cumplimiento de las normas aplicables a la

actuación judicial y el acatamiento de la postura jurisprudencial fijada

en la materia, procurando el respeto de los derechos y garantías

procesales del actor.

Arguyó que no era posible librar mandamiento de pago respecto a

una obligación que no resultaba exigible, por cuanto los rubros objeto

de ejecución no estaban contenidos en las sentencias judiciales, por

lo tanto solicitó denegar las pretensiones de amparo considerando

los elementos facticos y jurídicos que rodearon la actuación.

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I.6.- Interviniente

I.6.1. La UGPP manifestó que la presente acción de tutela es

improcedente no solo porque se pretende el pago de dineros que no

hay lugar a reconocer, sino porque pretende revocar una decisión

judicial en firme proferida por el juez natural de la causa, utilizando

el mecanismo constitucional como una tercera instancia.

Señaló que la decisión adoptada se ajustó al ordenamiento jurídico y

no incurrió en los defectos alegados, sino que por el contrario, se

evidenció que no existía mérito para librar mandamiento de pago en

su contra.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 4 de noviembre de 2021, la SECCIÓN

SEGUNDA denegó el amparo solicitado, por considerar que no se

configuró el defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente

alegados por el actor.

Sostuvo que las providencias cuestionadas sustentaron debidamente

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las razones por la cuales no era posible librar el mandamiento de

pago por carencia de los requisitos inherentes al título, esto es, que

la obligación sea clara, expresa y exigible.

Señaló que no se configuró el desconocimiento del precedente, al

señalar que: “[…] estima la Sala que no se configura el

desconocimiento del precedente, no solo porque las decisiones que

se aducen desacatadas no establecen un criterio de unificación

respecto a la aplicación del cálculo actuarial, sino que el juez de

instancia determinó expresamente cuál era el criterio jurisprudencial

que en ejercicio de su autonomía e independencia debía tenerse en

cuenta para efectos de determinar los valores a descontar sobre los

factores cuya inclusión se ordenó en la reliquidación de la pensión de

la parte actora, y respecto de los cuales no realizó cotizaciones en su

vida laboral […]”.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

III.1. La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia y

solicitó que se revoque en su integridad la decisión.

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Señaló que las autoridades judiciales están desviando con sus

pronunciamientos las pretensiones de la demanda, pues según su

consideración se desconocieron los elementos del título ejecutivo

complejo.

Insistió en que lo que se reclama es la devolución de los rubros

descontados por el Estado por medio de la UGPP, valores que según

su criterio son retenidos de manera indebida, por lo que, a su juicio,

lo correcto es efectuar los descuentos que recaen en los nuevos

factores salariales que ordenó el fallo de segunda instancia.

Finalmente, indicó que es indispensable que se ordene la liquidación

de los aportes conforme al IPC, pues no podría obviarse que los

descuentos por aportes liquidados con la fórmula actuarial arrojan

una suma equivalente a $33.639.825 y que, al liquidar con la fórmula

de indexación se genera una diferencia de $28.522.749,12 a favor

del accionante.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

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La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre

de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de

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sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si

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todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como

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mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende que se dejen sin efecto las

providencias de 22 de septiembre de 2020 y 28 de julio de

2021, proferidas por el JUZGDO y el TRIBUNAL, respectivamente,

por medio de las cuales se negó librar mandamiento de pago dentro

de la acción ejecutiva identificada con el número único de radicación

15001-33-33-011-2018-00122-01.

A las citadas providencias el actor les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso, a

la igualdad y al acceso a la administración de justicia, habida cuenta

que, a su juicio, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en

defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.

Los disensos del actor radican en que, a su juicio, las autoridades

judiciales accionadas, vulneraron sus derechos al apartarse del

marco jurídico en la resolución del caso concreto, en tanto

desconocieron que los descuentos de los aportes en pensión deben

efectuarse conforme a la ley vigente a la prestación de los servicios.

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Asimismo, manifestó que el título ejecutivo cuestionado si reúne los

requisitos por cuanto contiene una obligación clara, expresa y

exigible, por lo que consideró que el juez constitucional debe impartir

la protección de sus derechos y ordenar a la autoridad judicial

corregir el defecto.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que, denegó el amparo solicitado, por

considerar que no se configuró el defecto sustantivo y el

desconocimiento del precedente alegado por el actor, pues las

providencias cuestionadas sustentaron debidamente las razones por

la cuales no era posible librar el mandamiento de pago por carencia

de los requisitos inherentes al título, esto es, que la obligación sea

clara, expresa y exigible.

Igualmente, advirtió que no se configuró el desconocimiento del

precedente, toda vez que las decisiones jurisprudenciales no

constituyen criterios de unificación, sino que el juez de instancia

determinó el criterio jurisprudencial que debía tenerse en cuenta

para determinar los valores a deducir.

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La impugnación del actor está estructurada sobre una reiteración de

los argumentos principales que sostuvieron su posición jurídica

inicial.

Adicionalmente, señaló que es indispensable que se ordene la

liquidación de los aportes conforme al IPC pues al liquidar con la

fórmula de indexación se genera una diferencia de $ 28.522.749,12

a favor del accionante y, que con la fórmula actuarial el descuento

arroja una suma equivalente a $33.639.825, causando una

vulneración directa a sus derechos.

Ahora bien, es del caso advertir que si bien en la acción de tutela se

solicita dejar sin efectos, tanto la providencia dictada por el

JUZGADO el 22 de septiembre de 2020, como la proferida por el

TRIBUNAL el 28 de julio de 2021, la Sala realizará únicamente el

análisis de la vulneración de los derechos fundamentales invocados

a la providencia dictada por el TRIBUNAL, toda vez que fue esta la

que dio por terminado el proceso.

Por lo anterior, la Sala circunscribirá su estudio a los argumentos

expuestos en la impugnación y, en primer lugar, debe determinar si

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el caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de

la acción de tutela y, de ser así, establecer si la autoridad judicial

accionada vulneró los derechos fundamentales deprecados e incurrió

en los defectos alegados por el actor.

La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto el actor plantea, con

suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su

criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales; contra la

decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se estructuran

las causales de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248

y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss.,

ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo razonable5 y, por

último, la solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman

lesionados.

Ahora bien, visto que el presente caso cumple con los requisitos

generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia

judicial, la Sala hará mención del marco jurídico de los defectos

alegados, para posteriormente analizar los reproches del actor de

5
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).

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forma conjunta.

Del defecto material o sustantivo

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU- 573 de 2017

señaló que:

[…] El defecto sustantivo puede presentarse cuando, por ejemplo,
el juez: “(i) Fundamenta su decisión en una norma que (a) no es
pertinente; (b) no está vigente en razón de su derogación; (c) es
inexistente; (d) se considera contraria a la Carta Política; y
(e) a pesar de estar vigente y [ser] constitucional, resulta
inadecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de revisión”6;
“(ii) Basa su decisión en una norma evidentemente inaplicable al
caso concreto porque resulta inconstitucional o no se adecúa a la
circunstancia fáctica; (iii) el fallo carece de motivación material o
es manifiestamente irrazonable; (iv) presenta una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) la
interpretación desconoce Sentencias con efectos erga omnes que
han definido su alcance y que constituyen cosa juzgada; (vi)
interpreta la norma sin tener en cuenta otras disposiciones
normativas aplicables7; (vii) desconoce la normatividad
aplicable al caso concreto; o (viii) a pesar de la autonomía
judicial, interpreta o aplica la norma de manera errónea”8
(Resaltado fuera de texto).

En cuanto a la indebida interpretación o aplicación de una
norma, recientemente, en la Sentencia T-344 de 2015, reiterada
en la SU-050 de 2017, se precisó que este defecto se ha presentado
cuando: (a) la interpretación o aplicación, prima facie, no se
encuentra dentro del margen de razonabilidad o proporcionalidad9;
(b) es adaptada una disposición de forma contraevidente o contra
legem; (c) es evidentemente perjudicial para los intereses de una

6
T-176 de 2015.
7
T-790 de 2010 y T-510 de 2011.
8
SU-770 de 2014.
9
T-1101 de 2005, T-1222 de 2005 y T-051 de 2009.

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de las partes, a pesar de la legitimidad de que estos gocen10; (d)
es manifiestamente errada y desatiende los parámetros de
juridicidad y aceptabilidad; (e) resulta injustificadamente
regresiva11 o contraria a la Constitución12; o (f) cuando dejan de
aplicarse normas constitucionales o legales pertinentes.

Según la jurisprudencia, no cualquier interpretación o aplicación
puede considerarse un defecto sustantivo. El error judicial debe ser
ostentoso, arbitrario y caprichoso, en desconocimiento de
lineamientos constitucionales y legales pertinentes. Lo anterior
debido a que el juez constitucional no debe ni puede definir la forma
en que el juez ordinario tiene que decidir, “pues pueden existir vías
jurídicas distintas para resolver un caso concreto que [también]
son admisibles [y] compatibles con las garantías y derechos
fundamentales de los sujetos procesales”13.[…] (Destacado fuera
de texto).

Así las cosas, la Corte Constitucional ha precisado que el defecto

sustantivo puede configurarse cuando la autoridad judicial: a)

efectúa una interpretación normativa fuera del rango de

razonabilidad, b) adapta disposiciones legales contrarias a derecho,

c) el desarrollo de la exégesis es abiertamente prejudicial a los

intereses de los intervinientes y d) es manifiestamente contraria,

injustificada e inconstitucional.

Igualmente, la Corte consideró que el defecto sustantivo deber ser

indudablemente arbitrario e incongruente respecto al

desconocimiento de los lineamientos normativos relacionados con el

10
T-001 de 1999 y T-462 de 2003.
11
T-018 de 2008.
12
T-086 de 2007.
13
SU-050 de 2017.

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caso particular, además, hizo énfasis en los límites del juez

constitucional el cual no puede subrogar al juez natural en el análisis

jurídico en el ejercicio de la autonomía interpretativa y la

independencia para fallar, considerando las vías jurídicas

compatibles con las garantías fundamentales de las partes

intervinientes.

Del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que una providencia

judicial adolece de defecto sustantivo cuando la autoridad

jurisdiccional se “[…] aparta del precedente judicial – horizontal o

vertical14 – sin justificación suficiente […]” pues el precedente es de

carácter obligatorio, en atención a que de acuerdo con el artículo 230

de la Constitución Política, los jueces si bien tienen una autonomía

interpretativa e independencia para fallar deben hacerlo dentro de

los parámetros que les presenta la ley.

14
Sobre el precedente horizontal y vertical, la Corte Constitucional ha señalado: “Esta Corporación ha
diferenciado entre dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical, de conformidad con quién es
el que profiere la providencia previa. El primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por
autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los
lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la
respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical
que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el
Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en los que
no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados
de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”. Corte Constitucional.
Sentencia T -794 de 2011, T-082 de 2011, T-209 de 2011 y T -102 de 2014

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Así las cosas, la Corte Constitucional ha precisado que solo es

procedente apartarse del precedente jurisprudencial siempre y

cuando se dé cumplimiento a los siguientes requisitos: (i) que se

haga una referencia expresa, amplia y suficiente del precedente

aplicado a casos similares, y (ii) que se expongan las razones

suficientes por las que considera que el mismo no resulta ajustado al

asunto estudiado.

Caso concreto

Teniendo en cuenta lo anterior y para resolver el caso que nos ocupa,

se debe examinar lo decidido en la providencia de 28 de julio de

2021, proferida por el TRIBUNAL, aquí cuestionada, en la cual se

indicó lo siguiente:

“[…] es claro que en el presente caso se invoca como de un título
ejecutivo el presuntamente contenido en las sentencias del 27 de
junio del 2014 y del 30 de abril de 2015 proferidas por el
Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito
Judicial de Tunja y este Tribunal, mediante la cual se condenó a la
ejecutada a reliquidar la pensión del actor.

Lo primero que debe analizar la Sala a efectos de determinar la
existencia del título es la orden contenida en las sentencias base
de la ejecución, en la medida que la pretensión del ejecutante
deviene del aparente descuento excesivo por aportes pensionales
a él efectuado.

Al efecto téngase en cuenta que mediante sentencia del 27 de

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junio de 2014, el Juzgado Primero Administrativo de Tunja
dispuso ordenar a la Caja Nacional de Previsión Social reconocer y
pagar al señor Ramón Guillermo la diferencia que resulte en el
reajuste anual de la pensión de jubilación; y en lo que tiene que
ver con los aportes sobre los factores salariales incluidos dispuso
en el numeral octavo que debía realizar las compensaciones a que
haya lugar al momento de pagar el valor correspondiente a la
reliquidación.

Esta decisión fue objeto del recurso de apelación, por lo que
mediante sentencia del 20 de agosto de 2015 proferida por el
Despacho Nº 6 de Descongestión del Tribunal
Administrativo de Boyacá se resolvió adicionar al fallo de
primera instancia el siguiente inciso:

“Ordenar a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E.–EN
LIQUIDACIÓN, ahora UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP, que sobre los factores incluidos se
descuenten los aportes de Ley si éstos no se hubieren realizado. Al
momento de realizar tales descuentos la entidad accionada
atenderá las directrices trazadas en la sentencia proferida por el
Consejo de Estado de fecha 9 de abril de 2014, expuesta en la
parte considerativa de esta providencia”. (Resaltos fuera del texto
original).

Lo primero que debe decirse es que se faculta a la accionada a
realizar los descuentos por aportes al sistema pensional sobre los
factores incluidos en la reliquidación y sobre cuales no se haya
cotizado, es decir, se determina una acreencia a favor de la
UGPP. Así mismo, la orden impartida es que al momento de
calcular los descuentos por aportes pensionales sobre factores no
cotizados se aplique los lineamentos de la sentencia del Consejo de
Estado del 9 de abril de 2014.

Ahora bien, la sentencia que se ejecuta cobró ejecutoria el 15 de
septiembre de 2015, y en cumplimiento de esta la UGPP expidió las
Resoluciones RDP 049839 del 30 de diciembre de 2016 -mediante
la cual se reliquida la pensión de vejez en cumplimiento del fallo-,
y la RDP 008908 del 7 de marzo de 2017 -mediante la cual
modifica la resolución 049839 ordenando descontar de las mesadas
atrasadas a que tiene derecho el actor por la suma de $33.639.825
por concepto de aportes para pensión de factores de salario no
efectuados-.

Mediante escrito presentado el 28 de julio de 2017 el actor

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manifestó inconformidad con el acto administrativo que ordenó el
descuento por aportes pensionales y solicitó la liquidación detallada
de los mismos. En respuesta a ello, mediante Resolución RDP
035212 del 12 de septiembre de 2017 niega la solicitud de revocar
la liquidación de aportes efectuada y mediante Resolución Nº RDP
046754 del 13 de diciembre de 2017 que resuelve el recurso de
apelación contra la resolución 035212 indica los parámetros que
tuvo en cuenta para la liquidación de aportes y la fórmula aportada
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para realizar el
cálculo actuarial. […]

Respecto a la procedencia y aplicación del cálculo actuarial en
providencia de este Tribunal1 se ha señalado que uno de los
antecedentes de la aplicación del cálculo actuarial se encuentra en
el Decreto 1887 de 1994 que reglamentó el artículo 33 de la Ley
100 de 1993, en el cual se establecieron los requisitos para acceder
a la pensión de vejez en el Régimen de Prima Media y los tiempos
de servicios que serían válidos para ello, siempre y cuando los
aportes realizados antes de la vigencia de la Ley 100 fueran
trasladados por el anterior empleador a la respectiva caja con base
en el cálculo actuarial.

Que en el artículo 2 del citado decreto, se señaló que el valor de la
reserva actuarial “será equivalente al valor que se hubiere debido
acumular durante el período que el trabajador estuvo prestando
servicios al empleador”, es decir, los aportes con destino a pensión
durante el periodo de omisión junto con sus rendimientos.

Dicha figura también ha sido aplicada en diferentes situaciones
relacionadas con el reconocimiento y pago de derechos pensionales
y las obligaciones por parte del empleador, previstas en los
Decretos 1068 de 2015 y 1883 de 2015, entre ellas, las
actualizaciones actuariales a cargo de la UGPP en virtud de nuevos
reconocimientos o reliquidaciones pensionales que afecten el valor
de la mesada pensional de afiliados a CAJANAL y a la UGPP, según
lo normado en el artículo 2 del Decreto 3056 de 2013.

Para el caso en estudio, respecto a los lineamientos establecidos
en la sentencia del Consejo de Estado del 9 de abril de 2014 con
radicado No. 250002325000201000014 -01 (1849 -2013), se
estableció a cargo del demandante el pago de las cotizaciones no
efectuadas durante toda la vida laboral, con base en la aplicación
del cálculo actuarial. Al efecto, se dijo:

“Se ha establecido entonces, en múltiples pronunciamientos,

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que la omisión por parte de la administración no impide el
reconocimiento de los mencionados conceptos para efectos
pensionales, pues aquellos pueden ser descontados por la
entidad cuando se haga el reconocimiento prestacional2.

Lo anterior debido a que el Acto Legislativo No. 01 de 2005,
que modifica el artículo 48 de la Carta Política, dentro de las
vías que introdujo para mantener la sostenibilidad financiera
del sistema pensional, señaló que “[P]ara la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los
cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”.

Por ello, siendo consecuentes con el anterior propósito y
teniendo en cuenta que eventualmente, en casos como el sub
examine, los aportes sobre la totalidad de los factores
que legalmente constituyen factor salarial para efectos
pensionales, no se realizaron durante la vida laboral del
actor desde el momento de su causación, para esta Sala
resulta necesario que los valores a retener y/ o deducir,
de aquellos sobre los que no se cotizó y que se tendrán
en cuenta para reliquidar la pensión del accionante,
sean actualizados a valor presente a través del ejercicio
que realice un actuario, de suerte que se tenga una cifra
real de lo que le corresponde sufragar al empleador y
al actor (pudiendo repetir contra el primero para obtener su
pago y determinando el valor a descontar de la pensión del
segundo), de lo contrario se trataría de sumas depreciadas,
que en vez de coadyuvar a la sostenibilidad fiscal en materia
pensional, ahondarían la problemática. (…)

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia validando la
tesis del Tribunal de primera instancia, pero la adicionará en
el sentido de indicar que la orden de reliquidación
proferida por el a quo, estará condicionada a la
elaboración, por parte de la entidad demandada, de un
cálculo actuarial cuya proyección permita tanto el
cumplimiento del imperativo consagrado en el Acto
Legislativo No. 01 de 2005, que modificó el artículo 48
de la Constitución Política, como la efectividad del derecho
reclamado por el demandante en términos razonables, de
conformidad con las pautas establecidas en párrafos
anteriores” (Resaltos de la Sala).

Luego, la Sala advierte que conforme a lo dispuesto en la sentencia
base de recaudo los descuentos por aportes pensionales objeto de
debate debieron realizarse aplicando el cálculo actuarial.

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Ahora, adicional a lo anterior el parágrafo adicionado por el artículo
40 del Decreto Ley 2106 de 2019 al artículo 17 de la Ley 100 de
1993, establece que los cobros que deban realizarse en materia de
reliquidación pensional como consecuencia de una sentencia
judicial deberán efectuarse con base en la metodología actuarial
que se establezca para el efecto por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

En consecuencia, en el presente caso el título ejecutivo estableció
que al momento de realizar los descuentos se debía atender las
directrices trazadas en la sentencia proferida por el Consejo de
Estado de fecha 9 de abril de 2014, es decir, que la orden impartida
en el título consistió en calcular los descuentos por aportes
pensionales sobre factores no cotizados conforme al cálculo
actuarial. […]

Al efecto, se tiene que mediante Resolución Nº 046754 del 13 de
diciembre de 2017, la UGPP señala que conforme a lo establecido
en las sentencias y línea jurisprudencial de las altas corporaciones
judiciales (Consejo de Estado y Corte Constitucional) la
metodología actuarial es la que garantiza la sostenibilidad
financiera del sistema pensional, y que resulta ser el
mecanismo adecuado para calcular el capital necesario para el pago
de estas pensiones, “ fórmula aportada por el ministerio de
hacienda y crédito público para realizar el cálculo de los valores
adeudados por concepto de aportes pensionales sobre los que no
se hicieron cotizaciones o se hicieron por valores inferiores”.

Revisada la citada resolución se observa que el fondo pensional
aplicó el descuento conforme se ordenó en el título, sin que exista
mérito para aplicar formula de IPC o con los parámetros conforme
la ley para cada periodo, pues el fallo ordenó que era cálculo
actuarial y en ese sentido se debe acudir a lo que establece el título.

Así las cosas, al verificar que el cumplimiento de la obligación
impuesta en la sentencia declarativa se realizó cabalmente por la
entidad ejecutada, resulta improcedente librar orden de pago pues
la ejecutada se ciñe a aplicar la fórmula del cálculo actuarial
conforme lo dispuso la sentencia base del título ejecutivo, y
tampoco se encuentra que el recurrente alegue que ese cálculo
actuarial esté mal sino lo pretendido es que se liquide de forma
distinta a la ordenada en la sentencia declarativa […]”.

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Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que el

TRIBUNAL efectuó un análisis congruente y razonado respecto a la

liquidación de los descuentos por aportes pensionales ordenados en

la decisión de instancia que sirvió como base para la presentación de

la acción ejecutiva y, los parámetros que tuvo en cuenta la UGPP

para la liquidación de los aportes, por las siguientes razones:

La autoridad judicial accionada, desarrolló el problema jurídico así:

 Determinó que para el caso concreto, la sentencia de segunda

instancia proferida el 20 de agosto de 2015, facultó y

determinó una acreencia a favor de la UGPP, consistente en

efectuar los descuentos por aportes al sistema pensional sobre

los factores incluidos en la reliquidación y sobre cuales no se

hubiere cotizado.

Igualmente, ordenó el calculó de los descuentos por aportes

pensionales sobre factores no cotizados, aplicando los

lineamentos de la sentencia del Consejo de Estado de 9 de abril

de 2014.

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 De acuerdo con el material probatorio aportado, concluyó que,

en cumplimiento de las órdenes impartidas, la UGPP expidió:

i) la Resolución RDP 049839 de 30 de diciembre de 2016,

mediante la cual se reliquidó la pensión de vejez en

cumplimiento del fallo, ii) la Resolución RDP 008908 de 7 de

marzo de 2017, -mediante la cual se modificó la resolución

049839 ordenando descontar de las mesadas atrasadas a que

tiene derecho el actor por la suma de $33.639.825 por

concepto de aportes para pensión de factores de salario no

efectuados.

Asimismo, en atención a las solicitudes de revocatoria

presentadas por el actor, la UGPP expidió: i) la Resolución RDP

035212 de 12 de septiembre de 2017, mediante la cual negó

la solicitud de revocar la liquidación de aportes efectuada y, ii)

la Resolución RDP 046754 de 13 de diciembre de 2017, por la

cual resolvió el recurso de apelación contra la resolución

035212, e indicó los parámetros que tuvo en cuenta para la

liquidación de aportes y la fórmula aportada por el Ministerio

de Hacienda y Crédito Público para realizar el cálculo actuarial.

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Respecto a este último acto administrativo, el TRIBUNAL

consideró que, en efecto, la UGPP implementó la metodología

actuarial conforme se ordenó en la sentencia que sirvió de base

como título ejecutivo, y señaló que no era procedente aplicar

la fórmula de indexación o IPC o los parámetros conforme la

ley para cada período, pues el fallo ordenó la liquidación bajo

el cálculo actuarial.

Conforme con lo anterior, al resolver el recurso de apelación el

TRIBUNAL consideró improcedente librar el mandamiento de

pago en tanto la ejecutada dio cumplimiento a la sentencia al

aplicar la fórmula del cálculo actuarial.

Para la Sala la exégesis normativa que desarrolló el TRIBUNAL en

el ejercicio de la autonomía interpretativa no fue arbitraria e

incongruente y, por el contrario, fue acorde con los lineamientos

establecidos en el ordenamiento jurídico.

En ese sentido, la Sala no encuentra estructurado el defecto

material o sustantivo alegado por cuanto la decisión objeto de

reproche fue debidamente argumentada, y de conformidad con la

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normatividad aplicable al caso, el TRIBUNAL dispuso que no había

lugar a librar el mandamiento de pago, por cuanto la entidad

ejecutada no incumplió la sentencia declarativa.

Finalmente, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada

tampoco incurrió en desconocimiento del precedente

jurisprudencial, pues tal como se explicó en precedencia, el

TRIBUNAL elaboró el estudio jurídico en el que razonadamente

concluyó que la liquidación se efectuó de acuerdo a los parámetros

de la sentencia de la Corporación proferida el 9 de abril de 2014, y

no habría mérito para aplicar fórmulas o parámetros diferentes a los

ordenados en el fallo que sirvió de fundamento para incoar la acción

ejecutiva

En ese orden, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que

denegó el amparo deprecado, como en efecto se dispondrá en la

parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

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F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de mayo de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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