Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05690-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05690-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-05690-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
25 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202105690-01
Actor: Juan Guillermo Plata Plata
Demandado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: i) Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 30 de septiembre de 2021 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 4 de marzo de 2021, dentro del proceso del medio de control de
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Núm. único de radicación: 110010315000202105690-01
Actor: Juan Guillermo Plata Plata
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 250002325000201200189-01, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Contraloría Distrital de Bogotá, con el fin de
que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 852 de 3 de junio de 2011,
mediante la cual fue declarado insubsistente del cargo de Subdirector Técnico,
Código 68, Grado 2, de la Subdirección de Fiscalización de Hacienda de dicha
entidad. Precisó que, a título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a
la entidad demandada a i) reintegrarlo al cargo desempeñado al momento de la
declaratoria de insubsistencia o en otro de igual o de superior categoría; ii)
reconocerle y pagarle los salarios, primas, reajustes o aumentos de sueldos y
demás emolumentos que dejó de percibir, desde la fecha de su desvinculación y
hasta su reintegro; y iii) realizar el pago de la indexación de las sumas liquidadas.
3.1. Adujo que como fundamento de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho de la referencia señaló que, si bien la declaratoria de insubsistencia
se dio, a su juicio, bajo la apariencia del ejercicio de una facultad discrecional, lo
cierto es que, en su criterio, el acto demandado fue expedido irregularmente,
carente de motivación y con desviación de poder en la medida en que su
desvinculación no obedeció a motivos de mejoramiento del servicio y el interés
general, sino que fue producto de una decisión arbitraria del jefe de la institución
quien, aseveró, incurrió también en otras irregularidades como persecución laboral
y en inconsistencias en materia de contratación.
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Núm. único de radicación: 110010315000202105690-01
Actor: Juan Guillermo Plata Plata
Sentencia proferida el 25 de agosto de 2016 por la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el número único de radicación 250002325000201200189-00
4. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 25 de agosto de 2016, decidió:
“[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda que en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho instauró el señor Juan Guillermo
Plata Plata teniendo como parte accionada a la Contraloría de Bogotá D.C., de
acuerdo con las consideraciones precedentes […]”.
4.1. Como fundamento de su decisión expresó que:
“[…] en el caso sub examine no tiene cabida alegar el vicio de expedición irregular y
falta de motivación en la medida que para el momento en que fue desvinculado el
demandante de la Contraloría de Bogotá el (sic) cargo Subdirector Técnico Código
068 Grado 02 de la Subdirección de Fiscalización Sectorial de Hacienda, según se
indicó en párrafos precedentes, estaba catalogado como de libre nombramiento y
remoción, lo que se (sic) suyo suponía que el acto de retiro podía motivarse de
manera posterior y además, desde un principio su expedición se presumió
respaldada en razones del buen servicio, luego al no haber desvirtuado esta premisa
prevalece la presunción de legalidad que lo ampara […]”.
[…]
“[…] De ahí que no sea de recibo el planeamiento de la parte actora respecto a que
el ente de control incumplió el deber de hacer constar en la hoja de vida del señor
Juan Guillermo Plata Plata los motivos que condujeron a su desvinculación, tal como
lo exige el Decreto 2400 de 1968 en su artículo 26.
Tampoco puede avalarse el argumento según el cual la actuación que desvinculó al
actor de su empleo en la Contraloría de Bogotá está viciada por violación al debido
proceso, por cuanto el nominador desestimó que el tiempo de vinculación del
accionante al ente demandado demuestra su idoneidad para el desempeño del cargo
y que bajo la apariencia del ejercicio de su facultad discrecional, procedió a remover
al demandante justamente en un momento en el que se cuestionaba la conducta de
unos funcionarios de la Contraloría Distrital D.C. por presuntos actos de corrupción
en cuyo caso debía adelantar las investigaciones disciplinarias correspondientes en
lugar de decretar su retiro […]”.
[…]
“[…] De igual manera, no se comparte el criterio de la parte actora en punto a que
se violaron sus derechos adquiridos luego de acreditar las exigencias para acceder
al empleo que ocupó pero del cual fue desvinculado sin justificación o fundamento
alguno, debido a que como se indicó, la naturaleza del cargo que desempeñaba no
le otorgaba estabilidad alguna ni propiedad sobre el empleo, para que pudiese
predicar la intangibilidad de su vinculación con la Contraloría Distrital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202105690-01
Actor: Juan Guillermo Plata Plata
En lo relativo a los señalamientos que formula la parte actora contra quien entonces
fue su nominador, por incurrir en irregularidades en materia de contratación y
persecución laboral, la Sala debe aclarar que en este caso se censura la legalidad
de retiro del demandante más no la probidad con que el Contralor Distrital asumió el
cumplimiento de sus deberes al frente de la institución, además, en el expediente no
reposa prueba que sugiera un nexo causal entre el retiro del demandante y las
presuntas faltas que cometió el mencionado funcionario […]”.
[…]
“[…] Como se aprecia, algunos de estos hechos ya fueron probados con las
documentales allegadas, sin embargo otro (sic) carecen de respaldo probatorio, por
ejemplo, que según el cual, luego de que el Contralor de Bogotá declaró la
insubsistencia de nombramiento de varios servidores de nivel directivo, se
presentaron traumatismos y desmejoras en el servicio.
Para la Sala, la presunta arbitrariedad que los testigos atribuyeron al Contralor de
Bogotá cuando declaró insubsistentes los nombramientos del personal directivo de
la institución, entre otros, el del accionante, no trascienden el campo de la
subjetividad con que los deponentes aprecian esa circunstancia, que justamente por
carecer de soporte objetivo, no tienen la suficiente contundencia para enervar la
legalidad del ejercicio de la facultad discrecional que tiene el nominador para
disponer de los empleos de libre nombramiento y remoción bajo su cargo, o
desvirtuar el hecho de que tales decisiones se tomaron en procura de mejorar la
prestación del servicio.
Nótese cómo, si bien algunos de los testigos coincidieron en señalar que
desconocían los motivos que llevaron al Contralor de Bogotá D.C. a adoptar las
remociones del personal directivo del ente de control y que con tales decisiones se
alteró significativamente el ambiente institucional, en sus declaraciones fueron
características expresiones como, “ambiente de tensión”, “pánico a nivel de todos
los funcionarios directivos”, “trauma psicosocial” y “pérdida de estímulo frente al
trabajo”, que si bien aluden a las consecuencias de la adopción de la medida a nivel
individual y colectivo- bajo la premisa de que nadie toma con buen ánimo la
incertidumbre frente a su panorama y estabilidad laboral-, en nada contribuyen a
establecer si las decisiones tomadas por el funcionario estaban orientadas o no a
mejorar la prestación del servicio, en cuyo caso, prevalece la presunción de que si
se buscó optimizar la gestión del ente de control con las referidas remociones.
Debe tenerse en cuenta que según el panorama fáctico que ofrece el plenario, el
Contralor de Bogotá habitualmente mencionaba que en el nivel directivo del órgano
de control habían casos de corrupción asociados a los escándalos suscitados con
ocasión de las investigaciones por el denominado “CARRUSEL DE LA
CONTRATACIÓN” en la Administración del ex Alcalde Samuel Moreno Rojas,
situación que si se aprecia bajo la óptica de la naturaleza de los empleos de libre
nombramiento y remoción, justifica el escepticismo del contralor a mantener al
servicio de la institución al antiguo personal directivo, justamente porque no era de
su confianza, a pesar de los buenos resultados que presuntamente se venían
reportando en el aspecto fiscal.
Ahora bien, de acuerdo con las declaraciones de los testigos, los traumatismos en
la prestación del servicio que presuntamente ocurrieron para la época, lejos de
relacionarse directamente y exclusiva por el retiro del demandante, para la Sala
constituyen una suerte de circunstancias originadas por la transición en el cambio
de contralores […]”.
[…]
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Núm. único de radicación: 110010315000202105690-01
Actor: Juan Guillermo Plata Plata
“[…] De lo anterior se concluye que si presuntamente se suscitó el aludido descenso
que con carácter global aduce la declarante Mónica Certáin Palma en los índices de
gestión de la Contraloría de Bogotá entre las vigencias 2011 y 2012, esto se dio más
por el cambio de Administración que como consecuencia del retiro del demandante,
que debe recordarse, solo estaba al frente de la Subdirección Sectorial de Hacienda
que era una de las muchas dependencias dentro de la estructura interna del órgano
de control. En otras palabras, si el cumplimiento del objeto institucional de la
Contraloría de Bogotá se articula y depende de la gestión de las distintas direcciones
y subdirecciones que la integra, no puede desprevenidamente afirmarse que por la
remoción de un servidor ubicado en una de ellas se ocasionó una afectación a nivel
global en la prestación del servicio […]”.
Sentencia proferida el 4 de marzo de 2021 por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 250002325000201200189-01
5. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió:
“[…] Primero: Confirmar la sentencia del 25 de agosto del 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E” que
negó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó el señor Juan Guillermo Plata Plata contra la
Contraloría Distrital de Bogotá […]”.
5.1. Como fundamento de su decisión manifestó que:
“[…] la Subsección sostendrá la siguiente tesis: En el sub examine no se demostró
la configuración de los vicios de nulidad deprecados porque al tratarse de una
declaratoria de insubsistencia de un empleado de libre nombramiento y remoción, el
acto no requería motivarse, ni se desvirtuó que este obedeciera a motivos diferentes
al mejoramiento del servicio […]”.
[…]
“[…] Ahora bien, en el sub lite el demandante alegó que el acto demandado fue
expedido irregularmente porque no fue motivado, puesto que en los casos de
funcionarios de libre nombramiento y remoción que cumplieron una «labor
excepcional» al interior de la entidad sí se debe motivar su declaración de
insubsistencia […]”.
[…]
“[…] En ese orden de ideas, el acto de insubsistencia de un empleado de libre
nombramiento y remoción no requiere ser motivado, pues del acto se infiere
tácitamente que propende por un mejoramiento del servicio. Así lo ha indicado en
recientes decisiones esta subsección bajo el entendido de que el acto administrativo
mediante el cual se ejerce la facultad discrecional de remoción no está en la
necesidad de tener una motivación expresa, entendiéndose que su ejercicio, cuando
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Núm. único de radicación: 110010315000202105690-01
Actor: Juan Guillermo Plata Plata
se dispone la remoción de un funcionario, está amparado por una presunción
teleológica en virtud de la cual se considera que la declaratoria de insubsistencia del
funcionario respectivo obedece a motivos de mejoramiento del servicio […]”.
[…]
“[…] Sobre este segundo argumento en el cual se fundó la alzada, la subsección ha
sido reiterativa en el sentido de que las condiciones profesionales y el correcto
desempeño de la función no le dan al servidor de libre nombramiento y remoción
fuero de estabilidad alguno, puesto que aquellas son calidades exigibles de cualquier
persona que preste un servicio público.
En ese sentido, si bien es cierto el señor Juan Guillermo Plata Plata reunía los
requisitos mínimos para desempeñar el cargo de subdirector técnico código 068,
grado 2, de la Subdirección de Fiscalización de Hacienda de la Contraloría Distrital
de Bogotá, como se demostró con su hoja de vida, ello no era determinante para que
fuera inamovible de su cargo, por cuanto es obligación de todo servidor público
prestar sus servicios en forma óptima y eficiente, en cuanto ello contribuye a la
consecución de los fines esenciales del Estado y garantizar a los ciudadanos el goce
de sus derechos y el acceso a los distintos beneficios previstos para el adecuado
desarrollo social; por tanto, la buena conducta y la excelencia del demandante en el
ejercicio de su cargo no garantizaban su estabilidad, sino que se constituían en
presupuestos naturales del ejercicio del cargo.
Finalmente, para el demandante se configuró la desviación de poder porque junto
con el señor Plata Plata también se declaró insubsistente a más de 30 altos
funcionarios de la contraloría distrital en cuestión de días, con lo cual quedó claro
que no se mejoró la prestación del servicio, sino que, al contrario, se evidenció el
desmejoramiento del mismo […]”.
[…]
“[…] De lo cual se concluye que en los casos donde se predica la desviación del
poder, la carga de la prueba recae por regla general en la parte demandante como
lo prevé el artículo 167 del Código General del Proceso y como también lo hacía el
177 del Código de Procedimiento Civil.
Conforme con los anteriores supuestos jurisprudenciales y doctrinales, el
demandante afirmó que en el proceso se acreditó que, efectivamente, entre el 23 de
mayo de 2011 y el 13 de junio de la misma anualidad se declararon insubsistentes a
30 directivos de la Contraloría Distrital de Bogotá. Así como, que los testimonios
recaudados dan cuenta de que el 3 de junio de 2011, el entonces contralor distrital
Mario Solano Calderón reunió a todos los empleados de la entidad, llamó a los
medíos (sic) de comunicación y a personas ajenas a la entidad en un recinto en el
que se llevó acabo (sic) la notificación masiva de declaraciones de insubsistencia.
Sobre los anteriores medios probatorios, esta Corporación comparte lo esbozado por
el a quo, en cuanto no es posible evidenciar el vicio de nulidad acusado por el hecho
de que el nominador hubiese retirado a varios servidores a través de actos de
insubsistencia en un corto periodo de tiempo. Ello en virtud de que dicha decisión
por sí sola no demuestra la ocurrencia de un abuso de sus facultades discrecionales
como nominador, puesto que no se acreditó la existencia de un nexo causal entre la
decisión de desvincular a estos servidores y la ocurrencia de situaciones ajenas al
buen servicio público para la fecha en que se gestaron los supuestos fácticos que
dieron como origen la demanda.
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Núm. único de radicación: 110010315000202105690-01
Actor: Juan Guillermo Plata Plata
Adicionalmente, se advierte que el demandante no aportó otras pruebas de las
cuales obtener una convicción plena de que la intención de quien profirió el acto de
insubsistencia se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a
los previstos por la norma. Lo anterior por cuanto la mera afirmación de que la
administración no actuó ajustada a derecho, no es suficiente para dar por probados
los cargos de nulidad, y porque resulta necesario presentar los elementos de juicio
de los cuales el operador judicial pueda deducir que, en la referida desvinculación
del servicio, la administración no actuó como legalmente correspondía.
De otro lado, en cuanto a las afirmaciones de los testigos respecto a la arbitrariedad
con que actuó el entonces contralor distrital cuando declaró insubsistente al personal
directivo de la institución, incluido el demandante, no trascendieron el campo de la
subjetividad con que los deponentes apreciaron esa circunstancia […]”.
[…]
“[…] De acuerdo con lo anterior, para la Subsección no se demostró un
desmejoramiento del servicio por el hecho de la declaración de insubsistencia del
señor Juan Guillermo Plata Plata, por cuanto en el plenario no obran pruebas que
lleven a la certeza de que con su desvinculación se desmejoró la prestación del
servicio público prestado por la Contraloría Distrital de Bogotá, pues, como lo anotó
el juzgador de primera instancia, resulta razonable que, ante los cambios ocurridos
con ocasión del cambio de contralor y la conformación del equipo por parte del nuevo
nominador, se presentase una disminución de los indicadores de gestión de la
entidad, lo cual, por sí solo, no es un hecho que indefectiblemente conlleve a que se
configurase la desviación de poder alegada.
En consecuencia, para la Sala, de las pruebas allegadas al dossier no se puede
concluir que la facultad discrecional ejercida por el contralor distrital para declarar
insubsistente al demandante fue inadecuadamente utilizada, pues conforme a las
allegadas, no se puede inferir la existencia de intenciones desviadas del nominador
[…]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERO: Tutelar los Derechos Fundamentales del debido proceso, y al acceso
a la administración de justicia.
SEGUNDO: Declarar que la sentencia proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
"A" el 4 de marzo de 2021, violó los artículos 29 y 229 de Constitución Política de
Colombia.
TERCERO: Como consecuencia de los anterior se deje sin efecto la Sentencia de
fecha 04 de marzo de 2021 proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN "A" que
confirmó la proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “E” el 25 de agosto de 2016, y en
consecuencia, se declare que existió una “vía de hecho” por defecto fáctico.
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Núm. único de radicación: 110010315000202105690-01
Actor: Juan Guillermo Plata Plata
CUARTO En virtud de lo anterior, se ordene al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN "A", que
en un plazo no superior a diez (10) días, contados a partir de la notificación de este
proveído, profiera una decisión de reemplazo en la que tenga en consideración los
argumentos aquí planteados, esto es, haga un análisis probatorio conjunto y
detallado de los elementos de juicio aportados en relación con las partes procesales
del litigio, y adopte la decisión que en derecho corresponda […]”.
7. El actor señaló que, a su juicio, la autoridad judicial demandada incurrió en un
defecto fáctico, el cual sustentó en los siguientes términos:
“[…] Bajo ese panorama en la sentencia de segunda instancia ni siquiera se observa
mi hoja de vida (f.° 133-668 PDF) para verificar, si en este caso en especial, debía
o no, dejarse plasmados los motivos que llevaron al contralor Mario Solano (nombrado
de manera transitoria por 8 meses), a declarar insubsistente mi nombramiento.
Recuérdese que el poder discrecional del nominador no es absoluto, y que este tiene
unos límites que son el mejoramiento del servicio de la entidad pública.
En este caso el juzgador omitió verificar que, por mi trayectoria en la entidad, en el
control fiscal, por mi experiencia, la trayectoria profesional y mi formación
académica, me desempeñé como subdirector de fiscalización desde el 1 de
septiembre de 2005 hasta el 3 de junio de 2011; que en varias ocasiones por mi
excelente prestación de los servicios fui encargado como director de varias
dependencias de la entidad; que trabajé para varios contralores de Bogotá, así, Juan
Antonio Nieto Escalante, Oscar González Arana, Miguel Ángel Moralesrussi Russi,
y Mónica Elsa Certaín Palma (encargada); que incluso esta última, la Dra Certain
en su testimonio resaltó mi experiencia, conocimiento, honestidad, idoneidad, y la
excelente labor realizada en la entidad; que no registré sanciones disciplinarias
mientras desempeñe el cargo de subdirector de fiscalización en la Contraloría […]”.
[…]
“[…] no analizó la conducta del contralor Mario Solano Calderón al momento de
posesionarse en el cargo, cargo que como ya se dijo solo iba a ejercer por 8 meses,
esto es, entre mayo y diciembre de 2011, pues se nombró para terminar el periodo
institucional (2008-2011), situación que el señor Mario Solano conocía plenamente,
sin embargo, en vez de llegar a la entidad con miras a mejorar el funcionamiento
de esta, llegó con fines diferentes, buscando su propio beneficio y actuando
de forma arbitraria, pasando por encima de todos los funcionarios y procedimientos
de esta […]”.
[…]
“[…] Pues como se evidencia de los testimonios (los cuales no fueron analizados
argumentando que eran subjetivos) de Mónica Certain Palma fue que en el lapso
que Mario Solano fue contralor de Bogotá se observó un marcado descenso en el
control fiscal, y si se desmejoró el servicio; de Anita Lievano Toledo quien señaló
que el contralor Mario Solano proyectaba en cada una de las reuniones una actitud
de desconfianza hacia los directivos y funcionarios de la contraloría, por ejemplo
descalificaba y cuestionaba con interrogantes frente a los que presentaban el
trabajo; de Esther Camargo Robles quien pertenecía a mi equipo de trabajo señaló
que “yo se (sic) que la política del doctor Solano cuando llegó a la Contraloría todo
el mundo éramos deshonestos, él lo manifestaba a cada rato, él decía que en general
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Núm. único de radicación: 110010315000202105690-01
Actor: Juan Guillermo Plata Plata
el personal que laboraba en la Contraloría, era deshonesto”, que declaró
insubsistentes casi a todos, muy poquito fue lo que dejó, y puntualmente indicó,
“todo cambio siempre causa traumatismos, aunque el control fiscal siempre es lo
mismo lo que uno desarrollarlo, de todas formas viene gente nueva que quiere hacer
tal cosa, que se debe cambiar, que quieren imponer nuevos procedimientos, que
esto debe hacerse así, que esto no funciona, vienen cambios en como (sic) deben
hacerse auditorias, hay es traumatismos y uno volverse a acondicionar a nuevos
procedimientos que los nuevos directivos que ponen a hacer de una forma diferente
y es en eso”, e indicó que yo Juan Guillermo Plata era una persona proactiva,
que no delegaba mis obligaciones y que fui un buen jefe; por su parte el testigo
Carlos José Garay señaló que yo tenía un desempeño intachable, que el Contralor
Mario Solano cambió casi en su totalidad el cuerpo directivo […]”.
[…]
“[…] En efecto, lo que se demostró a lo largo del plenario, fue que precisamente, el
nominador encargado por solo 8 meses no buscó el buen servicio de la entidad,
ni un acercamiento con sus subdirectores y asesores en aras de encontrar
estrategias tendientes a cumplir con los fines propuestos por la entidad, sino
que llegó a declarar insubsistentes a los funcionarios directivos amparado en
la facultad discrecional, a nombrar personal y no le bastó con los 32 cargos
que declaró insubsistentes, pues también contrató una nómina paralela de
supernumerarios con salarios elevadísimos […]”. (Resaltado por la Sala)
8. Igualmente, el actor indicó que la autoridad judicial demandada incurrió en un
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, toda vez que se
desconoció el precedente establecido por el Consejo de Estado, según el cual, a
su juicio, frente a empleados de libre nombramiento y remoción que se
caracterizan por su excelencia en el desempeño de sus funciones, “[…] la entidad
tiene la carga de señalar cuáles fueron las razones que motivaron la insubsistencia
y de demostrar en qué sentido se buscaba mejorar el servicio […]”. Para tal efecto
hizo referencia a varias sentencias proferidas por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, entre ellas, las siguientes:
• “[…] sentencia del 20 de octubre de 2014, Radicación número: 25000- 23-25-000-
2004-08619-01(1735-09) […]”.
• “[….] Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo SECCION (sic)
SEGUNDA el 2 de mayo de 2013, en radicación número: 25000-23-25-000-2006-
05536-02(2256-11) […]”.
• “[…] sentencia del 26 de julio de 2012 radicación número: 68001-23-31- 000-2003-
02964-01(1853-11) […]”.
• “[…] Sentencia del 27 de agosto de 2012, CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION (sic) SEGUNDA SUBSECCION (sic)
“A”, Radicación número: 19001-23-31-000-2004- 00005-01(1584-09) […]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202105690-01
Actor: Juan Guillermo Plata Plata
• “[…] Sentencia del 24 de marzo de 2011, CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION (sic) SEGUNDA SUBSECCION (sic)
“B”, Radicación número: 19001-23-31-000-2004- 00011-01(1587-09) […]”.
Actuación
9. El Despacho sustanciador de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante auto de 31 de agosto de 2021; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar a los magistrados de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado; y iii) vinculó, en calidad de tercero con interés legítimo, al Contralor
Distrital de Bogotá, concediéndole el término de tres (3) días para que rindiera
informe sobre el particular.
Intervención de la parte demandada y del tercero con interés legítimo
10. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó
negar la acción de tutela, al considerar que “[…] no se advierte demostrada la
configuración de defecto alguno que conllevara a encontrar demostrada una causal
específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, ni la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso del señor Juan Guillermo
Plata Plata […]”.
10.1. Para tal efecto, manifestó que:
“[…] Al respecto, se tiene que la providencia del 4 de marzo de 2021 proferida por
esta Subsección, dispuso confirmar la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda. Dicha decisión se encontró sustentada en el análisis
realizado a los aspectos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante.
Para controvertir los argumentos de disenso expuestos en la tutela que se tramita
ante su Despacho, se precisa señalar que en la providencia en comento se
desarrollaron los límites constitucionales y legales para el ejercicio de la facultad
discrecional en la declaratoria de insubsistencia de los cargos de libre nombramiento
y remoción, tras lo cual se consideró que tal potestad se encuentra amparada por la
necesidad de escoger a los colaboradores que, por la naturaleza de las funciones a
desempeñar, requieren un alto nivel de confidencialidad, así como de inmediación
con las políticas de administración que requiera implementar el cargo directivo de
turno […]”.
[…]
“[…] En lo que respecta a la verificación de las condiciones profesionales del
accionante contenidas en su hoja de vida, se tiene que si bien el señor Juan
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Núm. único de radicación: 110010315000202105690-01
Actor: Juan Guillermo Plata Plata
Guillermo Plata Plata, reunía los requisitos mínimos para desempeñar el cargo de
subdirector técnico código 068, grado 2, de la Subdirección de Fiscalización de
Hacienda de la Contraloría Distrital de Bogotá, las mismas no comportan
necesariamente que el funcionario de tales o cuales calidades profesionales, sea
inamovible en tanto las características de probidad que aduce le son propias, deben
ser predicables de cualquier persona que preste el servicio público, por modo que
mal puede aducir que tales características, atribuibles del cargo, sean de su único
haber y en esa medida no hay lugar a considerar otras personas para el ejercicio de
las funciones inherentes al puesto reclamado.
7. En la sentencia en comento, es posible evidenciar, el análisis realizado por la Sala
sobre los diversos elementos probatorios allegados a la actuación, pues es a través
del análisis de las (sic) mismas que se arriba a la decisión de confirmar la providencia
recurrida, específicamente las documentales y testimoniales que, el señor Plata
Plata sostiene, no fueron evaluadas.
Así, conforme se expuso en el pronunciamiento objeto del presente trámite de tutela,
no se demostró que con la declaración de insubsistencia del accionante, se haya
presentado un desmejoramiento del servicio, pues las variaciones o disminuciones
que se presentaron en los indicadores de gestión de la entidad por el cambio de
administración, y que sustentan su argumento de desmejora en el servicio, fueron
considerados por el a quo y por esta Sala como apenas entendibles en razón a la
reestructuración de la que estaba siendo objeto la Contraloría Distrital de Bogotá, lo
que no implica de suyo que el contralor en ejercicio hubiese tenido una finalidad
oculta a la del buen servicio.
8. En ese orden de ideas, contrario a lo aducido por el señor Plata Plata, la decisión
del 4 de marzo de 2021 no desconoció los preceptos constitucionales previstos en
los artículos 29 y 229, y que se concretan en una inadecuada valoración probatoria,
toda vez que tal y como se precisó en líneas anteriores, los puntos sometidos a
revisión en esta instancia fueron abordados a la luz de las condiciones legales
vigentes para el caso y los elementos probatorios aportados al expediente […]”.
11. La Contraloría Distrital de Bogotá solicitó declarar la improcedencia de la
solicitud de amparo, al considerar que, “[…] no agotó todos los medios
extraordinarios de defensa judicial a su alcance, esto es, el recurso extraordinario
de revisión. Tampoco advirtió la consumación de un perjuicio irremediable para no
interponer el recurso extraordinario […]”.
11.1. Igualmente, advirtió que:
“[…] Por otra parte, no existió vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la justicia alegados por el accionante por las siguientes
razones: i) no se configuró el defecto fáctico que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión y ii) no existió un desconocimiento del precedente jurisprudencial, puesto
que la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado fundamentó su
decisión en preceptos jurisprudenciales relacionados con el ejercicio de la facultad
discrecional de la declaratoria de insubsistencia de los cargos de libre nombramiento
y remoción y, la consigna posterior de que trata el Artículo 26 del Decreto 2400 de
1968 -compilado en el Decreto 1083 de 2015 […]”.
12
Núm. único de radicación: 110010315000202105690-01
Actor: Juan Guillermo Plata Plata
[…]
“[…] Conforme con lo anterior, el fallador de segunda instancia resaltó que los
cargos de libre nombramiento y remoción en la administración pública se ha
justificado en la necesidad de admitir el ejercicio discrecional en la facultad
nominadora como una atribución que reside en ciertos funcionarios para
conformar su equipo de trabajo como una atribución que tiene como base la
confianza. Por lo tanto, en virtud de ese grado de confianza que se exige para
esos cargos es que el nominador puede disponer libremente su provisión o retiro,
incluso, sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevaron adoptar otra
decisión […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, el accionante no demostró los requisitos para la configuración
de los referidos defectos alegados pues sus razones son apreciaciones subjetivas
y sus argumentos fueron estudiados, tanto por el fallador de primera, como por el
de segunda instancia. En adición, sus argumentos no tuvieron, ni tienen hoy
respaldo con el acervo probatorio allegado al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Lo anterior claramente evidencia, que en el presente asunto el actor no puede
alegar una supuesta vulneración de derechos cuando sus argumentos no son
acogidos, como quedó establecido, no existió una deficiente valoración probatoria
y mucho menos la Subsección “A” de la Sección Segunda desconoció el
precedente jurisprudencial, al contrario, dio aplicación al existente en la materia
[…]”.
La sentencia impugnada
12. Mediante sentencia de 30 de septiembre de 2021, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado resolvió:
“[…] 1. Declarar improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas. […]”.
12.1. Como fundamento de su decisión expuso que:
“[…] 2.1.1.3. En el caso concreto, la Sala advierte que, en la demanda de tutela, el
señor Juan Guillermo Plata Plata reiteró los argumentos que propuso en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Contraloría de
Bogotá.
2.1.1.4. Si bien el demandante alega que la providencia objeto de tutela vulneró
derechos fundamentales e incurrió en defecto fáctico, lo cierto es que, en últimas, lo
que pretende es que se reabra el debate, respecto a: (i) si se debía o no motivar el
acto de insubsistencia del cargo de libre nombramiento y remoción que
desempeñaba en la entidad y (ii) si el retiro no tuvo como finalidad el mejoramiento
del servicio. Veamos.
2.1.1.4.1. En el recurso de apelación que presentó el demandante contra la sentencia
de primera instancia del proceso ordinario se concentró en dos aspectos. Por un
lado, insistió en la expedición irregular del acto por falta de motivación, pues, en su
13
Núm. único de radicación: 110010315000202105690-01
Actor: Juan Guillermo Plata Plata
caso particular, consideró que debía motivarse en razón a su excelente hoja de vida
y trascendencia profesional, circunstancias que, según él, quedaron ratificadas con
los testimonios rendidos en el trámite del proceso. En esos términos, señaló que la
declaratoria de insubsistencia no se hizo con la finalidad de mejorar el servicio, sino
por razones personales y políticas del nominador. Además, reiteró que con las
pruebas obrantes en el proceso se demostró que con el retiro se desmejoró el
servicio.
2.1.1.4.2. A su turno, en el escrito de tutela, el demandante sustentó el defecto
fáctico, así […]”.
[…]
“[…] 2.1.1.5 Como se ve, el demandante formuló inconformidades que coinciden con
las que expuso en el recurso de apelación que presentó contra la sentencia de
primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra la Contraloría de Bogotá.
Evidentemente la tutela busca revivir la discusión jurídica respecto a si se debía o
no motivar el acto de insubsistencia del cargo de libre nombramiento y remoción que
desempeñaba en la entidad y si el retiro no tuvo como finalidad el mejoramiento del
servicio, asunto que ya fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en sentencia del 4 de marzo de 2021 […]”.
[…]
“[…] 2.2. Como se ve, si bien la parte actora aludió al defecto fáctico y, a la
vulneración de derechos fundamentales, lo cierto es que termina promoviendo
indebidamente la tutela para obtener un pronunciamiento que acceda a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió
contra la Contraloría de Bogotá […]”.
La impugnación
13. El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, para lo cual reiteró la configuración de los defectos alegados en el
escrito de tutela y advirtió lo siguiente:
“[…] Los argumentos expuestos por el a quo son equivocados, como quiera (sic) que
la acción de tutela se interpuso porque el fallador de instancia vulneró mis derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
configurándose el defecto fáctico, porque su decisión no es congruente ni
consonante con el material probatorio obrante en el expediente del proceso
contencioso administrativo, pues omitió valorar muchas de las pruebas debidamente
aportadas al proceso y que son las que se relacionan en la acción de tutela […]”.
[…]
“[…] Descendiendo al caso concreto, y en aplicación a la sentencia SU acabada de
referir la cual es de aplicación obligatoria para todos los jueces de la república, un
asunto carece de relevancia jurídica: i) cuando la discusión se limita a la mera
determinación de aspectos legales de un derecho, lo que no ocurre, ya que la tutela
la interpuse porque los jueces de instancia no analizaron las pruebas allegadas al
proceso, en especial las hojas de vida de mía y de quien me reemplazó, ni todas las
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Núm. único de radicación: 110010315000202105690-01
Actor: Juan Guillermo Plata Plata
actuaciones del señor Mario Solano Calderón que demostraban que mi
desvinculación no se hizo para mejorar el servicio público de la entidad, además se
desconocieron los procedentes (sic) citados en la tutela los cuales son vinculantes;
ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido económico, en mi caso se trata de
una vulneración del derecho al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y si se quiere también a la igualdad, ya que, es obligación del juez realizar
un análisis detenido de lo que se extrae de cada medio de prueba aportado al
plenario, mirarlo con ojos de la sana critica (sic) y de las reglas de la experiencia, y
es en casos como este hacer un análisis en conjunto relacionando todos los medios
de prueba pues solo así se puede lograr evidenciar que lo que pretendía el contralor
de Bogotá de la época no era mejor el servicio público de la entidad y de hecho están
las pruebas de que en efecto el servicio fue desmejorado solo (sic) que no fueron
analizadas […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20183
y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 4, que asigna a
esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
2 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
15
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Actor: Juan Guillermo Plata Plata
Problema jurídico
16. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito de relevancia constitucional.
17. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia; procediendo posteriormente
a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
18. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena5, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
19. Esta Sección adoptó6 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 20057, proferida por la Corte Constitucional, sin
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
7 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16
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Actor: Juan Guillermo Plata Plata
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
20. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos parámetros.
22. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
23. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.
8 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
17
Núm. único de radicación: 110010315000202105690-01
Actor: Juan Guillermo Plata Plata
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
24. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
Acerca del requisito de la relevancia constitucional
25. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 201410, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo
lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [12].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [13].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
10
Ut supra página 6.
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
18
Núm. único de radicación: 110010315000202105690-01
Actor: Juan Guillermo Plata Plata
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [14].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [17]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
19
Núm. único de radicación: 110010315000202105690-01
Actor: Juan Guillermo Plata Plata
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
26. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado18:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”19
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”20
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
18 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
19Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
20 Ibidem.
20
Núm. único de radicación: 110010315000202105690-01
Actor: Juan Guillermo Plata Plata
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
27. En ese orden de ideas, el requisito de la relevancia constitucional se
acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se
involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el actor
en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial demandada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la afectación de los
derechos fundamentales.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso
28. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
29. Atendiendo a que, la Corte Constitucional21 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
21 Corte Constitucional, sentencia C - 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
21
Núm. único de radicación: 110010315000202105690-01
Actor: Juan Guillermo Plata Plata
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
30. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”
31. Atendiendo a que, la Corte Constitucional22 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Análisis del caso concreto
32. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
22 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
22
Núm. único de radicación: 110010315000202105690-01
Actor: Juan Guillermo Plata Plata
33. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
34. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
34.1. Copia digital del proceso del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación
250002325000201200189-01.
Solución del caso concreto
35. Analizado el material probatorio obrante en el expediente, la Sala considera
que el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de aquellos que la
jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia constitucional,
toda vez que tanto en la i) solicitud de la acción de tutela, como en el ii) respectivo
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida
por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el 25 de agosto de 2016, la parte actora reiteró los argumentos
jurídicos, utilizando el amparo como una tercera instancia. En ese orden de ideas,
se evidencia que el actor plantea una afectación de derechos fundamentales que
tiene su origen en últimas en un debate estrictamente normativo, el cual ya fue
expuesto dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y fue
decidido por el juez natural de la causa, tal como se observa en la siguiente tabla:
ACCIÓN DE TUTELA RECURSO DE APELACIÓN
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Núm. único de radicación: 110010315000202105690-01
Actor: Juan Guillermo Plata Plata
“[…] Bajo ese panorama en la sentencia de “[…] Respecto de la expedición irregular del
segunda instancia ni siquiera se observa mi acto por falta de motivación, si bien es cierto
hoja de vida (f.° 133-668 PDF) para verificar, por regla general el acto administrativo
si en este caso en especial, debía o no, dejarse que declara insubsistente a un empleado
plasmados los motivos que llevaron al contralor de libre nombramiento y remoción no
Mario Solano (nombrado de manera transitoria requiere ser motivado, también lo es que
por 8 meses), a declarar insubsistente mi cuando el empleado tiene una excepcional
nombramiento. labor, como es el caso del aquí
demandante, prueba de ello es su hoja de
Recuérdese que el poder discrecional del vida y los testimonios recepcionados, el
nominador no es absoluto, y que este tiene acto administrativo tiene que ser
unos límites que son el mejoramiento del motivado, así lo estableció el Consejo de
servicio de la entidad pública. Estado en sentencia de 13 de octubre de
2005, M. P. Dr. Jesús María Lemos
En este caso el juzgador omitió verificar que, Bustamante, Rad. No. 25000-23-25-000-
por mi trayectoria en la entidad, en el control 1999-05050-01 2906-03), Actor: Arturo Fredi
fiscal, por mi experiencia, la trayectoria Mosquera Becerra, indicó que tratándose de
profesional y mi formación académica, me empleados que han desempeñado una
desempeñé como subdirector de fiscalización excepcional labor, debe la Administración
desde el 1 de septiembre de 2005 hasta el 3 demostrar las razones que tuvo para
de junio de 2011; que en varias ocasiones por declarar insubsistente el nombramiento,
mi excelente prestación de los servicios fui encontrándose en el sub-lite,
encargado como director de varias que aunque las testimoniales aducen que fue
dependencias de la entidad; que trabajé para un buen empleado, no existe un elemento
varios contralores de Bogotá, así, Juan contundente que indique que las funciones
Antonio Nieto Escalante, Oscar González del demandante merecieron excelentes
Arana, Miguel Ángel Moralesrussi Russi, y felicitaciones reiteradas y condecoraciones
Mónica Elsa Certaín Palma (encargada); que por parte de la entidad demandada […]”.
incluso esta última, la Dra Certain en su
testimonio resaltó mi experiencia, […]
conocimiento, honestidad, idoneidad, y la
excelente labor realizada en la entidad; que no “[…] En cuanto a la falsa motivación, está
registré sanciones disciplinarias mientras plenamente demostrado en el plenario que la
desempeñe el cargo de subdirector de decisión no se tomó con el fin de mejorar
fiscalización en la Contraloría […]”. el servicio, concluyendo así que los
fundamentos facticos (sic) que llevaron a la
[…] declaratoria de insubsistencia del aquí
demandante no son verdaderos. No se
“[…] no analizó la conducta del contralor comparte la decisión de Tribunal, pues si bien
Mario Solano Calderón al momento de es cierto que en los cargos de libre
posesionarse en el cargo, cargo que como ya nombramiento y remoción es indispensable el
se dijo solo iba a ejercer por 8 meses, esto es, elemento de la confianza por ser estos cargos
entre mayo y diciembre de 2011, pues se de manejo y confianza, también es cierto que
nombró para terminar el periodo institucional un empleado que lleva más de 10 años en
(2008-2011), situación que el señor Mario una entidad, y que sus jefes y compañeros
Solano conocía plenamente, sin embargo, en dan fe de su buen desempeño y labor
vez de llegar a la entidad con miras a excepcional, que tiene una hoja de vida
mejorar el funcionamiento de esta, llegó brillante, no puede ser posible que en
con fines diferentes, buscando su propio escasos 20 días de haberse posesionado
beneficio y actuando de forma arbitraria, un nuevo nominador, el empleado haya
pasando por encima de todos los funcionarios perdido su idoneidad y profesionalismo
y procedimientos de esta […]”. para desempeñar el cargo.
Es por la anterior
razón que el nominador es a quien le
[…] corresponde probar las razones del porque le
perdió la confianza a tan excelente empleado
“[…] Pues como se evidencia de los […]”.
testimonios (los cuales no fueron analizados […]
argumentando que eran subjetivos) de Mónica
Certain Palma fue que en el lapso que Mario
Solano fue contralor de Bogotá se observó un
marcado descenso en el control fiscal, y si
se desmejoró el servicio; de Anita Lievano
Toledo quien señaló que el contralor Mario
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Actor: Juan Guillermo Plata Plata
Solano proyectaba en cada una de las “[…] Es evidente que el elemento causal del
reuniones una actitud de desconfianza hacia acto administrativo "motivación", fue diferente
los directivos y funcionarios de la contraloría, del autorizado por la ley, es decir, la
por ejemplo descalificaba y cuestionaba con resolución No 852 del 3 de junio de 2011 no
interrogantes frente a los que presentaban el se expidió para mejorar la prestación del
trabajo; de Esther Camargo Robles quien buen servicio público, tanto es así, que en
pertenecía a mi equipo de trabajo señaló que los testimonios se da fe de que el cargo
“yo se (sic) que la política del doctor Solano quedo (sic) sin subdirector por más de un
cuando llegó a la Contraloría todo el mundo mes, desmejorando así el servicio.
éramos deshonestos, él lo manifestaba a cada
rato, él decía que en general el personal que Los testimonios también da (sic) fe de que
laboraba en la Contraloría, era deshonesto”, el servicio de la entidad se vio
que declaró insubsistentes casi a todos, desmejorado ostensiblemente, por el
muy poquito fue lo que dejó, y puntualmente despido masivo de funcionarios del nivel
indicó, “todo cambio siempre causa directivo.
traumatismos, aunque el control fiscal siempre
es lo mismo lo que uno desarrollarlo, de todas 3. En cuanto a la desviación del poder, es
formas viene gente nueva que quiere hacer tal totalmente evidente dentro del proceso que la
cosa, que se debe cambiar, que quieren decisión del Contralor de Bogotá de
imponer nuevos procedimientos, que esto declarar insubsistente a mi mandante y a
debe hacerse así, que esto no funciona, otros 32 directivos de la entidad, no puede
vienen cambios en como (sic) deben hacerse ser ajustada a derecho, una cosa es que le
auditorias, hay es traumatismos y uno volverse pierda la confianza a un empleado, pero
a acondicionar a nuevos procedimientos que que le pierda la confianza a más de 32
los nuevos directivos que ponen a hacer de empleados directivos de la Contraloría de
una forma diferente y es en eso”, e indicó que Bogotá, la pregunta que surge entonces es
yo Juan Guillermo Plata era una persona ¿la facultad discrecional es absoluta? ¿puede
proactiva, que no delegaba mis el contralor de Bogotá declarar insubsistente
obligaciones y que fui un buen jefe; por su a las de 32 empleados directivos en un lapso
parte el testigo Carlos José Garay señaló que de un mes? ¿estas declaraciones de
yo tenía un desempeño intachable, que el insubsistencia tuvieron como fin mejorar el
Contralor Mario Solano cambió casi en su servicio público?
totalidad el cuerpo directivo […]”. Dentro del proceso se demostró con
[…] certificación que remitió la Contraloría de
Bogotá con destino a este proceso que
“[…] En efecto, lo que se demostró a lo largo entre el 23/05/2011 y el 13/06/2011 se
del plenario, fue que precisamente, el declararon insubsistentes a 30 directivos
nominador encargado por solo 8 meses no de la entidad […] Con los testimonios se
buscó el buen servicio de la entidad, ni un demostró que fue tal la arbitrariedad del
acercamiento con sus subdirectores y señor Mario Solano Calderón […]”.
asesores en aras de encontrar estrategias
tendientes a cumplir con los fines […]
propuestos por la entidad, sino que llegó a
declarar insubsistentes a los funcionarios “[…] Entonces, es claro que la facultad
directivos amparado en la facultad discrecional no se uso (sic) para el
discrecional, a nombrar personal y no le mejoramiento del buen servicio público,
bastó con los 32 cargos que declaró sino por el contrario para satisfacer
insubsistentes, pues también contrató una necesidades de tipo personal, político o de
nómina paralela de supernumerarios con cualquier otra indole (sic) del señor
salarios elevadísimos […]”.
Contralor, y prueba de esto, no solo es el
escando (sic) publico (sic) que desencadeno
[…] (sic) en la sociedad, sino también la forma
como declaraba insubsistentes a los
“[…] el Consejo de Estado Sala de lo funcionarios del nivel directivo. Contencioso Administrativo SECCION (sic)
SEGUNDA, señaló que la entidad tiene la
carga de señalar cuáles fueron las razones
que motivaron la insubsistencia y de
demostrar en qué sentido se buscaba
mejorar el servicio, carga que la Contraloría
de Bogotá omitió por completo […]”.
(Resaltado por la Sala).
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Actor: Juan Guillermo Plata Plata
Nótese en las pruebas aportadas al
proceso, que fue tal la arbitrariedad del Dr.
Mario Solano que se atrevió a realizar una
filmación de un acto sin precedentes en la
entidad, como se evidencia en la filmación
solicitada como prueba de oficio y allegada al
proceso y en los testimonios en especial en
el de la Dra. Mónica Certain, donde da fe del
acto llevado a cabo el día 3 de junio de 2011,
cuando el contralor cito (sic) en un recinto a
los funcionarios de la entidad y frente a todos
declaro (sic) insubsistentes a mas (sic) de 30
funcionarios directivos, llamando a uno por
uno y entregándole su resolución de
insubsistencia como si se tratara de una
graduación, acto que a todas luces es
denigrante, irrespetuoso y que atenta contra
la dignidad de cualquier persona. Acto que es
suficiente para demostrar la arbitrariedad y el
interés personal […]”. (Resaltado por la Sala)
36. En ese orden de ideas, para la Sala en el caso sub examine, no se acredita
el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, toda vez que, como ya se
indicó, la parte actora tanto en su escrito de tutela, como en su recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por la Subsección E
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 25 de
agosto de 2016, reiteró los argumentos jurídicos, utilizando el amparo como una
tercera instancia, esto es, que en el caso concreto se le vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, como
consecuencia de que i) se desconoció su hoja de vida, la cual demostraba su
trayectoria profesional y académica; ii) se desconoció que su desvinculación y la de
otros 32 funcionarios no se dio con el fin de mejorar el servicio de la entidad, sino
que, a su juicio, esto obedeció a la satisfacción de “[…] necesidades de tipo
personal, político o de cualquier otra indole (sic) del señor Contralor […]”; iii) se
omitió el análisis de los testimonios que, por un lado, demostraban el actuar
arbitrario del Contralor Distrital de Bogotá y, por otra parte, resaltaban las
capacidades profesionales del actor en la institución; y iv) se desconoció el
precedente establecido por el Consejo de Estado, según el cual, a su juicio, “[…]
por regla general el acto administrativo que declara insubsistente a un empleado
de libre nombramiento y remoción no requiere ser motivado, también lo es que
cuando el empleado tiene una excepcional labor […] el acto administrativo tiene
que ser motivado […]” y, en consecuencia “[…] la entidad tiene la carga de señalar
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cuáles fueron las razones que motivaron la insubsistencia y de demostrar en qué
sentido se buscaba mejorar el servicio […]”.
37. Además, la Sala debe hacer énfasis, que dichos argumentos jurídicos se
tuvieron en cuenta en la respectiva providencia proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, el 4 de marzo de 2021, por lo que la acción
de tutela no puede convertirse en una tercera instancia para reabrir controversias
jurídicas que fueron debidamente estudiadas y debatidas al interior del proceso
ordinario.
38. Como quedó expuesto, la parte actora plantea una afectación de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia que tiene su origen en últimas en un debate estrictamente normativo, lo
cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez
constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el
mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional. Al respecto, la
Corte Constitucional23 ha señalado:
“[…] Tampoco entrará la Sala, pues no es la vía de protección ius fundamental más
respetuosa de los principios de independencia y autonomía judicial de la que hoy
dispone, a determinar cuál de las tesis jurisprudenciales esgrimidas es la que más se
ajusta a la Constitución y los derechos fundamentales.
Y no lo hará porque esa tarea corresponde, en primerísima medida, como ya fue
expresado líneas arriba, al juez civil ordinario, en este caso, a la Sala de Familia del
Tribunal Superior de Bogotá. Es esa autoridad la que está llamada a analizar los
aspectos de relevancia constitucional que se aprecian en el debate puesto sobre la
mesa y, si es del caso, aplicar directamente la Constitución. Y es, por supuesto, en
armonía con esa misma condición, que debe decidir el litigio promovido por la
representación judicial de la señora Mariela Caballero […]”.
39. Finalmente, la Sala precisa que, si bien el actor hizo referencia al
desconocimiento de varias sentencias proferidas por la Sección Segunda del
Consejo de Estado (numeral 8 de esta providencia), lo cierto es que estas fueron
propuestas para fundamentar el mismo argumento que presentó en el escrito
de apelación dentro del proceso ordinario, este es, que se desconoció el
precedente establecido por el Consejo de Estado, según el cual, a su juicio, “[…]
23 Corte Constitucional, Sentencia T-269 de 11 de julio 2018, M.P Carlos Bernal Pulido.
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Actor: Juan Guillermo Plata Plata
por regla general el acto administrativo que declara insubsistente a un empleado
de libre nombramiento y remoción no requiere ser motivado, también lo es que
cuando el empleado tiene una excepcional labor […] el acto administrativo tiene
que ser motivado […]” y, en consecuencia “[…] la entidad tiene la carga de señalar
cuáles fueron las razones que motivaron la insubsistencia […]”.
Conclusiones de la Sala
40. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de
30 de septiembre de 2021 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de amparo, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 30 de septiembre de 2021
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró
improcedente la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Actor: Juan Guillermo Plata Plata
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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