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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-05839-01

Fecha
1 de abril de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-05839-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, en cuanto a la carencia actual de objeto por daño consumado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia impugnada, para en su lugar, EXHORTAR a la Directora de la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI y al Director de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL para que adelanten las gestiones administrativas y presupuestales encaminadas a que a los empleados judiciales, como la aquí actora, les pueda ser designado un Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-05839-01 ACTORA: VANESSA VÁSQUEZ VALDIVIESO reemplazo que les permita disfrutar de manera adecuada del descanso remunerado, con el propósito de garantizar sus prerrogativas superiores, en atención a las consideraciones planteadas en esta decisión. CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-05839-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

1 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1o.) de abril de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-05839-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: VANESSA VÁSQUEZ VALDIVIESO

TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DECLARÓ LA
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO, TODA VEZ
QUE A PESAR DE QUE LA ACTORA HIZO USO DE SU PERÍODO
VACACIONAL, SU DERECHO AL DESCANSO SE VIO LIMITADO AL
NEGARSELE LA POSIBILIDAD DE NOMBRAR UN REEMPLAZO ANTE
LA NEGATIVA DE EXPEDIR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL. MODIFICA EL NUMERAL 2º, SE EXHORTA TANTO A
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE CALI COMO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL A REALIZAR LAS GESTIONES
ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTALES QUE LES PERMITA A LOS
EMPLEADOS DISFRUTAR DE MANERA ADECUADA EL DESCANSO
REMUNERADO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, A LA SALUD, A LA
VIDA DIGNA, AL TRABAJO Y A LA DIGNIDAD HUMANA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo

presentado a consideración de la Sala por el Consejero doctor

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, se procede a decidir la impugnación

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ACTORA: VANESSA VÁSQUEZ VALDIVIESO

presentada por la Dirección Ejecutiva Seccional de

Administración Judicial de Cali contra la sentencia de 30 de

septiembre de 2021, proferida por la Sección Segunda -Subsección

“B”- del Consejo de Estado1, que declaró la carencia actual de objeto

por daño consumado y exhortó a dicha entidad a adelantar las

gestiones administrativas y presupuestales encaminadas a que a los

empleados judiciales les pueda ser asignado un reemplazo que les

permita disfrutar el período de vacaciones.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora VANESSA VÁSQUEZ VALDIVIESO, actuando en nombre

propio, instauró acción de tutela contra el CONSEJO SUPERIOR DE

LA JUDICATURA y la DIRECCIÓN SECCIONAL DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI, porque, a su juicio,

vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, a la salud, a

la vida digna, al trabajo y a la dignidad humana.

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En adelante la Sección Segunda.

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I.2.- Hechos

Refirió que es empleada del Juzgado Tercero Promiscuo de Familia

de Palmira – Valle del Cauca y que se desempeña el cargo de

Asistente Social grado 1º, en propiedad.

Relató que para el desempeño de dicho cargo se debe acreditar el

título de sociólogo, psicólogo o trabajador social y dentro de las

funciones se encuentra la realización de visitas socio familiares

dentro de los procesos de conocimiento de la Especialidad de Familia,

como lo son procesos de custodia y cuidado personal, privación de

patria potestad, restablecimiento de derechos, entre otras, que no

pueden ser desempeñadas por otro empleado del Despacho, puesto

que ninguno cuenta con la formación profesional requerida para ello.

Sostuvo que el cambio de vacaciones colectivas a individuales ha

generado todo tipo de inconvenientes comoquiera que los procesos

no se suspenden durante el tiempo que perduren las vacaciones,

además, con ocasión de la pandemia ocasionada por el COVID-19,

se implementó el trabajo en casa, pasando abruptamente a la justicia

digital, situación que generó una serie de cambios para los que no se

estaba preparado y que ha ocasionado pérdida del espacio privado

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del hogar, así como ampliación de la jornada laboral hasta de 12

horas diarias, conllevando a sentimientos de angustia, estrés e

irritabilidad.

Indicó que solicitó vacaciones con el fin de gozar de su derecho

fundamental al descanso, por lo que mediante Resolución núm. 005

de 7 de julio de 2021, el titular del Despacho judicial le concedió el

período de vacaciones comprendido entre el 6 al 30 de septiembre

de 2021.

Adujo que mediante escrito dirigido al área financiera de la Dirección

Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, solicitó la

asignación de partida presupuestal para el reemplazo de servidor

judicial mientras el disfrute de sus vacaciones, a efectos de no afectar

la correcta prestación del servicio.

Manifestó que como respuesta a lo anterior, mediante Resolución

DESAJCLO21-2814 la Dirección Ejecutiva Seccional de

Administración Judicial de Cali indicó que no era posible determinar

la partida presupuestal solicitada, toda vez que la Circular núm.

PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011, que se refiere a la

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programación de las vacaciones de los funcionarios, excluye a los

servidores judiciales que ostentan la calidad de empleados.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la actora, dicha situación genera una brecha de

desigualdad entre los empleados y funcionarios dejando solo el

derecho a tener un reemplazo a estos últimos, lo que vulnera sus

derechos fundamentales invocados, además de impedir el goce pleno

de las vacaciones y la prestación correcta de la administración de

justicia, sin perder de vista que por cualquier retraso responde

disciplinariamente tanto el titular del despacho como el servidor

judicial.

Destacó que, aun cuando existen otros mecanismos de defensa para

cuestionar la circular que le impide el goce de su derecho al descanso,

como lo es la jurisdicción contencioso administrativo, dicho

mecanismo no resulta ser idóneo, máxime cuando no le ha sido

posible disfrutar de ningún período vacacional desde hace dos años.

I.4.- Pretensiones

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La actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales

invocados y, en consecuencia:

“[…] 2.- Se ordene inaplicar, para el caso de los suscritos, la Circular
No. PSAC11- 44 de noviembre 23 de 2011 emitida por el Consejo
Superior de la Judicatura, que deroga las Circulares 44 y 89 de 2005,
y, en consecuencia.

3.- Se ordene la disposición de partida presupuestal para la designación
de remplazo durante el periodo de vacaciones de la servidora VANESSA
VASQUEZ VALDIVIESO (Asistente Social) empleada del Juzgado
Tercero Promiscuo de Familia de Palmira – Valle […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

sostuvo que la solicitud de amparo resulta improcedente, en la

medida que la parte actora cuenta con otro medio de defensa judicial

para discutir la presunta ilegalidad de la Circular PSAC11-44 de 2011,

como lo es el medio de control de reparación directa, no siendo esta

la vía judicial idónea para lograr su derecho a disfrutar las

vacaciones, máxime cuando no se observa la existencia de un

perjuicio irremediable en el asunto.

De otra parte, solicitó que se le desvincule de la presente acción de

tutela, comoquiera que no ha vulnerado los derechos fundamentales

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de la actora y la competente para el asunto es la Dirección Seccional

de Administración Judicial de Cali.

I.5.2.- La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración

Judicial de Cali indicó que no es dable que el juez constitucional se

inmiscuya en asuntos de índole presupuestal, por lo que no es posible

ordenar por vía de tutela que se emita un rubro de gasto, cuando

este no se encuentra previsto, máxime cuando va en contravía de las

directrices del Consejo Superior de la Judicatura.

De otra parte, solicitó que se ampare el derecho de la actora a las

vacaciones, sin que se admita negativa por parte del juez titular del

despacho por razones referentes al presupuesto, como se especificó

en la resolución, la cual dicho sea de paso no fue objeto de recurso.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Segunda mediante sentencia de 30 de septiembre de

2021, declaró la carencia actual de objeto por daño consumado,

comoquiera que si bien es cierto que a la actora se le permitió gozar

de las vacaciones a las que tiene derecho, no se dispuso por parte

de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali

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recursos económicos necesarios para que su nominador designara un

reemplazo y que aquella pudiera disfrutar plenamente de su

descanso.

Consideró que se quebrantaron las garantías constitucionales, pues

los vacíos en cuanto a la normativa interna y al presupuesto que

supuestamente genera la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de

2011, así como cualquier otra restricción de índole administrativa, no

pueden ser soportados por el trabajador ni resulta dable una

interpretación que vulnere sus prerrogativas.

Así las cosas, advirtió que si bien se encuentra imposibilitada para

emitir orden de protección alguna sobre el asunto, exhortó a la

Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali para

que gestione las solicitudes de disponibilidad presupuestal

encaminadas a la consecución de los recursos necesarios para que

los empleados judiciales, cuenten con un reemplazo que les permita

disfrutar de manera adecuada del descanso remunerado.

En efecto, el a quo dispuso:

“[…] 1º. Niégase, en razón a la carencia actual de objeto por daño

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consumado, el amparo de los derechos constitucionales
fundamentales a la salud, trabajo, igualdad y vida digna invocados
por la señora Vannesa Vásquez Valdivieso, conforme a la parte
motiva.

2º. Exhórtase a la señora directora ejecutiva seccional de
administración judicial de Cali para que adelante las gestiones
administrativas y presupuestales encaminadas a que a los
empleados judiciales, como la aquí actora, les pueda ser designado
un reemplazo que les permita disfrutar de manera adecuada del
descanso remunerado, con el propósito de garantizar sus
prerrogativas superiores, en atención a las consideraciones
planteadas en esta decisión […]”.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de

Cali presentó escrito de impugnación, el cual sustentó en los

siguientes términos:

Sostuvo que comparte los argumentos traídos a colación por el a quo

respecto del derecho al disfrute de las vacaciones, comoquiera que

es un derecho de raigambre constitucional, no obstante, no se puede

desconocer la directriz del Consejo Superior de la Judicatura, esto es,

la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011 y darle una

interpretación extensa, particular y ponderada a la misma, en la que

claramente se señaló la no procedencia del pago para el reemplazo

de vacaciones de los empleados.

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Resaltó que, como órgano técnico administrativo, debe cumplir con

las disposiciones establecidas para los casos particulares, con

fundamento en extensa y reciente jurisprudencia, que le imposibilita

la expedición de certificado de disponibilidad presupuestal, no solo

porque dichos rubros no se encuentran previstos para el pago del

reemplazo de las vacaciones individuales de los empleados, sino

porque ello obedece al cumplimiento de la Circular PSAC11-44 de

2011, la cual continúa vigente.

A su juicio, la exhortación del a quo extralimita la función del juez

constitucional, toda vez que emitió una orden general para que

adelante las gestiones administrativas y presupuestales “a los

empleados judiciales, como la aquí actora”, sin tener en cuenta que

los efectos de la tutela son inter partes y emitir una decisión en tal

sentido, contraría lo previsto en la Carta Política, máxime cuando

existen varias decisiones que dirimen el asunto de forma diferente.

Así las cosas, adujo que esa dirección no está negando o conculcando

en manera alguna el derecho al disfrute de las vacaciones de la

accionante, comoquiera que dicha actuación le corresponde al

respectivo nominador; además, las direcciones seccionales no

cuentan con recursos propios, sino que están supeditadas al envío de

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los mismos por parte del nivel central, quien a su vez realiza las

diligencias pertinentes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito

Público, y en el momento en que son asignados los dineros

respectivos, se procede de inmediato a realizar las apropiaciones y

pagos que correspondan.

Por lo anterior, solicitó que se revoque la sentencia dictada en

primera instancia o, de accederle a la petición, que se exhorte, a

efecto de que sirva de respaldo, a las entidades fiscalizadoras y

auditorias, para que, de aquí en adelante, cumpla dicha orden y

evitar el desgaste administrativo que se evidencia en las continuas

solicitudes de amparo relacionadas con el asunto.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre

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de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema

jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para

efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como

el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL solicitó que se le desvincule de la

presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por

pasiva, toda vez que no ha vulnerado los derechos fundamentales de

la actora y la competente para el asunto es la Dirección Seccional de

Administración Judicial de Cali.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

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En el presente caso, como quiera que a través de la acción de tutela

de la referencia la actora pretende, entre otros aspectos, que se

ordene apropiar la “[…] partida presupuestal para la designación de

remplazo durante el periodo de vacaciones […]”, es claro que a la

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL le

asiste un interés sustancial con lo que se discute en el proceso, pues

se trata de un asunto administrativo de la Rama Judicial, por lo que

era necesario que se le vinculara al proceso, independiente de que

las pretensiones tuvieran o no vocación de prosperar.

En ese orden de ideas, se denegará la solicitud de desvinculación de

la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL del

trámite en referencia, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de la presente providencia.

Caso concreto

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

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2591 de 19 de noviembre de 19912. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judiciales, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

La Sala observa que en el presente caso la señora VANESSA

VÁSQUEZ VALDIVIESO interpuso acción de tutela con la finalidad

de obtener el amparo a sus derechos fundamentales a la igualdad, a

la salud, a la vida digna, al trabajo y a la dignidad humana.

La actora atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales al

hecho de que a través de la comunicación DESAJCLO 21-2814 la

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL negó la solicitud de asignar

la disponibilidad presupuestal para nombrar su reemplazo durante el

período de vacaciones, lo que le impide el goce pleno de las mismas,

así como la prestación correcta de la administración de justicia, sin

perder de vista que por cualquier retraso responde disciplinariamente

tanto el titular del despacho como el servidor judicial.

2
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que, a través de sentencia de 30 de septiembre

de 2021, declaró la carencia actual de objeto por daño consumado,

comoquiera que si bien es cierto que a la actora se le permitió gozar

de las vacaciones a las que tiene derecho, no se dispuso por parte

de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali

recursos económicos necesarios para que su nominador designara un

reemplazo y que aquella pudiera disfrutar plenamente de su

descanso, por lo que exhortó a la Directora Ejecutiva de la Seccional

para que gestione las solicitudes de disponibilidad presupuestal

encaminadas a la consecución de los recursos necesarios para que

los empleados judiciales, cuenten con un reemplazo que les permita

disfrutar de manera adecuada del descanso remunerado.

La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL DE CALI impugnó la decisión argumentando que, aun

cuando comparte lo dispuesto por el a quo, en cuanto al disfrute de

las vacaciones, no es posible desconocer la directriz del Consejo

Superior de la Judicatura, esto es, la Circular PSAC11-44 de 23 de

noviembre de 2011 y darle una interpretación extensa, particular y

ponderada, en la que claramente señala la no procedencia del pago

para reemplazo de vacaciones de empleados.

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Advirtió que el a quo se extralimitó al emitir una orden general para

que adelante las gestiones administrativas y presupuestales “a los

empleados judiciales, como la aquí actora”, sin tener en cuenta que

los efectos de la tutela son inter partes.

Conforme con lo anterior, corresponde a la Sala determinar: i) si la

acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos de

procedibilidad y, de ser así, ii) establecer si la negativa de la

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL DE CALI en la expedición del certificado de disponibilidad

presupuestal que garantice la contratación de una persona que

reemplace a la actora, vulnera sus derechos fundamentales al

impedir el disfrute pleno de sus vacaciones y, finalmente, iii) verificar

si la orden proferida por el a quo se encuentra ajustada a derecho.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la solicitud de amparo

fue promovida dentro de un término razonable, por cuanto la

presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados se

originó con ocasión de la comunicación DESAJCLO 21-2814 de 11 de

agosto de 2021, a través del cual la DIRECCIÓN EJECUTIVA

SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI negó la

expedición del certificado presupuestal que garantizara la

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contratación de una persona que reemplazara a la actora en su

período de vacaciones desde el 6 hasta el 30 de septiembre de 2021,

mientras que la acción de tutela fue radicada el 1o. de septiembre de

2021.

Por otro lado, en lo que concierne a la subsidiariedad la Sala también

encuentra acreditado dicho requisito, como quiera que, por una

parte, el objeto de la acción de tutela es lograr la protección

inmediata del derecho a las vacaciones como garantía mínima de los

trabajadores y, por otra, el medio de control y restablecimiento del

derecho resultaría ineficaz, comoquiera que la actora no está

cuestionando le legalidad de la mencionada comunicación.

Visto que la presente acción de tutela cumple con los requisitos de

procedibilidad, procede la Sala a abordar el estudio del fondo del

asunto.

Del derecho al trabajo y el régimen de vacaciones de la Rama

Judicial

Respecto del derecho al trabajo el artículo 25 de la Constitución

Política establece:

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“[…] Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social
y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas […]”.

Por su parte, el artículo 53 de la Carta Política y la Corte

Constitucional han establecido como una garantía mínima en favor

de los trabajadores la concerniente al descanso remunerado, derecho

que tiene como propósito que el empleado recupere las energías ante

el desgaste normal de las mismas, originado por la actividad laboral.

Al efecto, en sentencia C-019 de 20043 la Corte Constitucional

señaló:

“[…] El derecho al descanso conviene entenderlo como la
oportunidad que se le otorga al empleado para reparar
sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su
salud física y mental, para compartir con su familia mayores y
mejores espacios de encuentro fraternal, para abordar
actividades idóneas al solaz espiritual, para incursionar más en
la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad
estética, para acercarse paulatinamente al hacer artístico en
sus múltiples manifestaciones.

En nuestra legislación las vacaciones se erigen como el
derecho a un descanso remunerado por las labores
desarrolladas al servicio del empleador, quien a su vez
tiene el deber de causarlas contablemente, al igual que la
obligación de pagarlas al empleado dentro de los términos de
ley. Es decir, el empleado tiene derecho al disfrute de un
tiempo libre a título de vacaciones, durante el lapso legalmente

3
Mp Jaime Araújo Rentería.

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causado y con el pago previo de ese derecho, pues no sería
justo ni razonable el que un trabajador saliera a “disfrutar” sus
vacaciones desprovisto del correspondiente ingreso
económico. Claro es que unas vacaciones carentes de recursos
se tornarían en un hecho contraproducente a los intereses y
derechos del titular y su familia, ante la permanencia del gasto
que implica su existencia y desarrollo.

Dentro del sentido y fines del derecho a las vacaciones resulta
pertinente destacar la regla según la cual los empleados
deben disfrutar efectivamente su período vacacional,
con arreglo a los términos y plazos establecidos en la
ley. Aceptándose sólo por excepción el pago de las mismas sin
el concomitante disfrute; esto es, únicamente en los casos
taxativamente señalados se admite la compensación en dinero
de las vacaciones […]”.
(Negrillas fuera del texto)

De igual forma, el artículo 4º del Convenio 52 de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por el Estado Colombiano

mediante la Ley 54 de 31 de octubre de 19624, dispone:

“[…] Articulo 4. Se considerará nulo todo acuerdo que implique
el abandono del derecho a vacaciones pagadas o la renuncia a
las mismas […].

Ahora bien, el régimen de vacaciones de los empleados y funcionarios

de la RAMA JUDICIAL se encuentra establecido en el artículo 146

de la Ley 270 de 7 de marzo 19965, en los siguientes términos:

“[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala

4
“Por la cual se aprueban varios Convenios Internacionales del Trabajo adoptados por la
Conferencia Internacional del Trabajo, en las reuniones 20ª, 32ª, 34ª y 40ª.”
5
“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.

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Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, las de los Tribunal Nacional (sic), las de los
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos
de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las
de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con
las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del
Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de
Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós
días continuos por cada año de servicio […]”.

Significa lo precedente que el régimen de vacaciones de los

empleados de la Rama Judicial, se escinde en dos modalidades, a

saber: a) los empleados que disfrutan sus vacaciones de manera

colectiva y, b) los empleados pertenecientes a la “[…] Sala

Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la

Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados

Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,

Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la

Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

[...]”, cuyo régimen vacacional es individual.

No obstante lo anterior, en ambos supuestos el empleado de la

RAMA JUDICIAL se hace acreedor del derecho a disfrutar de sus

vacaciones, el cual se considera fundamental e irrenunciable y, por

tanto, debe ser protegido a través de la acción de tutela.

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Ahora bien, en el presente caso conforme con los elementos de juicio

obrantes en el plenario6, se encuentra probado de forma relevante lo

siguiente:

• La actora se desempeña como Asistente Social grado I, adscrita al

JUZGADO TERCERO PROMISCUO DE FAMILIA DE PALMIRA,

cuyo régimen de vacaciones corresponde al individual.

• La actora solicitó a su nominadora que le fueran concedidas las

vacaciones a que tenía derecho para su disfrute entre el 6 y el 30 de

septiembre de 2021.

• El titular del JUZGADO TERCERO PROMISCUO DE FAMILIA DE

PALMIRA concedió la anterior solicitud a través de Resolución 005

de 7 de julio de 2021.

• Como consecuencia de lo anterior, el titular del JUZGADO

TERCERO PROMISCUO DE FAMILIA DE PALMIRA solicitó a la

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL DE CALI, expedir el certificado de disponibilidad

6
Anexos que fueron allegados con la solicitud de amparo, vistos en el sistema SAMAI, índice 2,
expediente de primera instancia.

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presupuestal en aras de garantizar el nombramiento de un

reemplazo, que sustituyera a la actora mientras disfrutaba de sus

vacaciones.

• Mediante Oficio núm. DESAJCLO21-2814 de 11 de agosto de 2021,

la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL DE CALI negó la expedición del certificado de

disponibilidad presupuestal aludido, por las siguientes razones:

“[…] no es procedente para esta Dirección Seccional, solicitar
recursos para reemplazo de vacaciones del señor (sic) VANESSA
VÁSQUEZ VALDIVIESO, en calidad de asistente social grado I de
su Despacho, teniendo en cuenta la Circular nro. PSAC11-44 de
noviembre 23 de 2011, mediante la cual se deroga las Circulares
44 y 89 de 2005, dado a que se refiere a la programación de las
vacaciones de los Funcionarios. “Como quiera que la Circular
excluye a los servidores judiciales que ostentan la calidad de
empleados, no es dable para esta entidad desconocerla para
atender su solicitud […]”.

Precisado lo anterior y visto el marco normativo y jurisprudencial

aplicable al asunto bajo estudio, la Sala advierte que comparte el

criterio del a quo, en la medida de que, a pesar de que a la actora le

fueron concedidas las vacaciones desde el 6 al 30 de septiembre de

2021, no le fue permitido contar con un reemplazo que realizara sus

funciones durante dicho período, lo que limitó el efectivo goce y

disfrute de las mismas, descanso que constituye una garantía

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fundamental del empleado, además de una prestación social y un

derecho económico relacionado con la salud y la seguridad social de

las personas.

Lo anterior pone de manifiesto la carencia actual de objeto por

daño consumado, toda vez que la actora ya hizo uso de las

vacaciones, sin que dicho período lograra cumplir con el objetivo de

descanso, tal como lo dispuso el a quo.

En efecto, impedir el derecho al goce efectivo de las vacaciones por

cuenta de restricciones administrativas no es una obligación que

deba soportar la actora, además porque las dificultades de la carga

laboral y la insuficiencia de recursos presupuestales de la rama no

pueden proyectarse sobre los derechos de quienes laboran en los

despachos judiciales.

Debe entenderse, además, que las funciones del cargo que ejerce la

actora, como lo es realizar visitas socio familiares en los procesos de

custodia y cuidado personal, privación de patria potestad, regulación

de visitas, restitución internacional de menores, entre otros, exigen

título de sociólogo, psicólogo o trabajador social, lo que amerita el

nombramiento de un reemplazo mientras disfruta de sus vacaciones,

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comoquiera que ninguna otra persona del Despacho cumple con tales

condiciones.

Respecto de la carencia actual de objeto, la Corte Constitucional ha

dispuesto dos situaciones específicas, esto es, el hecho superado y

el daño consumado.

En cuanto a lo que aquí concierne, esto es, el daño consumado, el

Alto Tribunal Constitucional7 ha discurrido sobre el particular así:

“[…] Por su parte, en la hipótesis del daño consumado la situación
es diferente. Este evento tiene lugar cuando “La amenaza o
la vulneración del derecho fundamental han producido el
perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela. La
configuración de este supuesto ha sido declarada por la Corte, por
ejemplo, en los casos en que el solicitante de un tratamiento
médico fallece durante el trámite de la acción como consecuencia
del obrar negligente de su E.P.S., o cuando quien invocaba el
derecho a la vivienda digna fue desalojado en el curso del proceso
del inmueble que habitaba […]” (Destacado fuera de texto).

Así las cosas, el daño consumado se configura en el evento en que

ya se produjo la afectación del derecho fundamental que pretendía

proteger, lo que hace imposible hacer cesar la amenaza o la

vulneración.

7
Sentencia T-011 de 22 de enero de 2016.

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En ese orden de ideas, para la Sala no es de recibo el argumento de

la recurrente, según el cual bastaría con ordenar al nominador de la

actora concederle las vacaciones sin que se dispusiera sobre el

certificado de disponibilidad presupuestal para efectuar un

nombramiento de remplazo.

Lo anterior, porque proceder de tal forma desconoce el derecho al

trabajo en condiciones dignas de la actora y el de sus compañeros

del Juzgado, al romper el desarrollo armónico y eficiente de las tareas

asignadas a cada empleado, máxime si se tiene en cuenta la carga

laboral que en particular debe atender la jurisdicción penal.

Al respecto, se destaca que en asuntos como el presente de forma

reiterada, como consecuencia del amparo que se ha concedido en

dichas eventualidades, esta Sala ha ordenado la expedición del

certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar el

reemplazo del empleado durante sus vacaciones8.

El criterio aludido no solo ha sido acogido por esta Sala y el a quo,

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de agosto
de 2021,CP Roberto Augusto Serrato Valdés número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
04569-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación
110010315000202102853-01.

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sino que también es sostenido por la SECCIÓN CUARTA y la

SECCIÓN QUINTA de esta Corporación.

Así, en sentencia de 19 de agosto de 20219, la SECCIÓN CUARTA

señaló:

“[…] De lo anterior, la Sala encuentra que existe vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la señora Myriam
Tatiana Cortés Sánchez, toda vez que los asuntos de índole
administrativa no pueden afectar el derecho al goce y disfrute
del periodo vacacional que legalmente le asiste, máxime si se
tiene en cuenta que el descanso constituye un derecho
fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones
dignas.

[…]

De acuerdo con lo expuesto, en coherencia con el criterio que ha
manejado esta Sala, se impone acceder al amparo los derechos
fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad y
a la salud de la señora Myriam Tatiana Cortés Sánchez. En
consecuencia, ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial Seccional – Bogotá - Cundinamarca, Dirección Financiera
y al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial que, de manera coordinada, dentro de
treinta (30) días contados a partir de la notificación de la
presente providencia, adelanten las gestiones administrativas y
presupuestales que correspondan, para que la Juez 17 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá nombre
el reemplazo de la señora Myriam Tatiana Cortés Sánchez, y así
materialice el derecho al disfrute del descanso remunerado […]”

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 21 de agosto
de 2021, CP Milton Chaves García, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04630-00.

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De igual forma, en sentencia de 9 de septiembre de 202110, la

SECCIÓN QUINTA expuso:

“[…] En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se
encuentran establecidas en el artículo 146 de la Ley 270 de
1996, de modo que, conforme a lo expuesto en precedencia, la
Sala considera vulnerado el derecho al trabajo en condiciones
dignas del señor Jorge Andrés Gaitán Castrillón, por parte de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Manizales, por lo que se impone tutelar el derecho conculcado y,
en consecuencia, se dispondrá:

i) Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Manizales que, en un plazo de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la notificación de la presente
sentencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a
la dependencia que corresponda), la provisión de los recursos
necesarios para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales adopte las medidas que se requieren para conceder
las vacaciones del señor Jorge Andrés Gaitán Castrillón. La
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco
(5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el
director seccional, para proveer los mencionados recursos […]”.

Corolario a lo anterior, la Sala señala que la exhortación impuesta

por el a quo a la impugnante, a efectos de que adelante las acciones

administrativas necesarias para que se expidan los certificados de

disponibilidad presupuestal aludidos, es congruente como medida

requerida para garantizar el amparo concedido.

En efecto, teniendo en cuenta que en el caso concreto se configuró

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 9 de
septiembre de 2009, CP Luis Alberto Álvarez Parra, número único de radicación 1100103-15-000-2021-
04993-00.

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la carencia actual de objeto por daño consumado, emitir una orden

únicamente respecto de la actora caería al vacío toda vez que, como

se expuso en líneas anteriores, la señora VÁSQUEZ VALDIVIESO

ya hizo uso de su período vacacional, de tal forma que con lo que

pretende con tal exhortación es evitar futuras vulneraciones al

derecho de descanso que constituye una garantía fundamental del

empleado.

Ahora bien, en la medida que para que la DIRECCIÓN EJECUTIVA

SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI pueda

cumplir con la orden emitida por el a quo, debe solicitarle a la

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL los

recursos respectivos, por lo que es del caso incluir a esta última

dependencia en dicha orden, a fin de que la medida respecto del

certificado de disponibilidad presupuestal sea acatada.

En ese orden de ideas, en la medida que los reproches de la

impugnación estudiada no tienen vocación de prosperar, el fallo

proferido en primera instancia será confirmado, incluyendo en la

exhortación a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, en cuanto a la

carencia actual de objeto por daño consumado, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia

impugnada, para en su lugar, EXHORTAR a la Directora de la

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL DE CALI y al Director de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL para que adelanten las gestiones

administrativas y presupuestales encaminadas a que a los empleados

judiciales, como la aquí actora, les pueda ser designado un

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reemplazo que les permita disfrutar de manera adecuada del

descanso remunerado, con el propósito de garantizar sus

prerrogativas superiores, en atención a las consideraciones

planteadas en esta decisión.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo

30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de abril de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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