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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-05921-00

Fecha
22 de marzo de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-05921-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR que la Resolución No. 6370 de 2021, expedida por la CRC, se encuentra ajustada a derecho, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-05921-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

22 de marzo de 2022

1
Radicado: 11001 03 15 000 2021 05921 00
Control inmediato de legalidad

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA 18 ESPECIAL DE DECISIÓN

Bogotá D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001 03 15 000 2021 05921 00
Asunto: Control inmediato de legalidad de la Resolución nro. 6370 del 31 de agosto
de 2021, “Por la cual se suspenden los efectos de algunas disposiciones
regulatorias de carácter general contenidas en la Resolución CRC 5050 de 2016,
relacionadas con el régimen de calidad y otras obligaciones a cargo de los
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y los operadores postales,
con ocasión de la ampliación de la declaratoria de la emergencia sanitaria por la
pandemia del coronavirus COVID-19 y se dictan otras disposiciones”, proferida por
la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

SENTENCIA

La Sala 18 Especial de Decisión del Consejo de Estado, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 20 de la Ley 137 de 19941 y 136 de la Ley 1437 de 20112,
procede a efectuar el control inmediato de legalidad de la Resolución número 6370
del 31 de agosto de 2021, “Por la cual se suspenden los efectos de algunas
disposiciones regulatorias de carácter general contenidas en la Resolución CRC
5050 de 2016, relacionadas con el régimen de calidad y otras obligaciones a cargo
de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y los operadores
postales, con ocasión de la ampliación de la declaratoria de la emergencia sanitaria
por la pandemia del coronavirus COVID-19 y se dictan otras disposiciones”, emitida
por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (en adelante CRC).

I. ANTECEDENTES

I.1. Acto sometido a control

1
“Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia”.
2
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.

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Control inmediato de legalidad

La CRC remitió a esta Corporación, para los efectos de su control inmediato de
legalidad, copia de la mencionada norma, cuyo tenor literal es el que sigue:

“RESOLUCIÓN No. 6370 DE 2021 “

Por la cual se suspenden los efectos de algunas disposiciones regulatorias de
carácter general contenidas en la Resolución CRC 5050 de 2016,
relacionadas con el régimen de calidad y otras obligaciones a cargo de los
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y los operadores
postales, con ocasión de la ampliación de la declaratoria de la emergencia
sanitaria por la pandemia del coronavirus COVID-19 y se dictan otras
disposiciones”

LA SESIÓN DE COMISIÓN DE COMUNICACIONES DE LA COMISIÓN DE
REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por las
leyes 1341 de 2009 y 1369 de 2009, modificadas por la Ley 1978 de 2019, el
Decreto 555 de 2020, y

CONSIDERANDO

A. CONTEXTO NORMATIVO GENERAL

Que de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el
artículo 15 de la Ley 1978 de 2019, la Comisión de Regulación de
Comunicaciones –CRC– es el órgano encargado de, entre otras cosas, regular
los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones y garantizar la
protección de los derechos de los usuarios, con el fin de que la prestación de
los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad,
de las redes y los servicios de comunicaciones, incluidos los servicios de
televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora.

Que, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1341 de
2009, modificado por el artículo 2 de la Ley 1978 de 2019, la provisión de redes
y servicios de telecomunicaciones incluye la provisión de redes y servicios de
televisión.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 22 de la Ley
1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, la CRC
está facultada para expedir toda la regulación de carácter general y particular
en las materias relacionadas, entre otros, con los parámetros de calidad de los
servicios, los cuales le son aplicables a todos los proveedores de redes y
servicios de telecomunicaciones – PRST-.

Que el artículo 53 de la Ley 1341 de 2009 establece los derechos que deben
reconocerse a los usuarios de los servicios de comunicaciones y, a la par, prevé
que la CRC debe expedir regulación en materia de protección a usuarios.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 20 de la Ley
1369 de 2009, que establece el régimen general de prestación de los servicios
postales, la CRC está facultada para expedir toda la regulación de carácter
general y particular en las materias relacionadas con, entre otros, el régimen de

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protección al usuario y los parámetros y criterios de eficiencia de los servicios
postales que se prestan en el territorio nacional.

Que el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la
Ley 1978 de 2019, estableció que la CRC es la entidad facultada para regular,
entre otras materias: (i) los aspectos técnicos y económicos relacionados con
las diferentes clases de servicios postales, incluyendo aquellos comprendidos
en el Servicio Postal Universal –SPU–, teniendo en cuenta para ello los recursos
disponibles para su financiación y la política pública definida para el sector
postal por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
–MinTIC–; (ii) fijar indicadores y metas de calidad y eficiencia a dichos servicios;
y (iii) imponer índices de calidad, cobertura y eficiencia a cada uno o varios de
los operadores para la prestación de determinados servicios postales. En
concordancia con lo anterior, mediante el artículo 51 de la Ley 1978 de 2019, el
legislador derogó tácitamente todas las disposiciones contrarias a dicha Ley y,
de manera expresa derogó, entre otras, las establecidas en el inciso primero del
artículo 13 y el numeral 2 del artículo 20 de la Ley 1369 de 2009, relativas a la
facultad que ostentaba el MinTIC para definir los criterios y niveles de calidad y
las tarifas de los servicios pertenecientes al SPU.

B. CONTEXTO REGULATORIO

Que, atendiendo a las facultades legales en cabeza de la Comisión, mediante
la Resolución CRC 5111 de 2017 se expidió el Régimen de Protección de los
Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, compilado en el
Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Que, en ejercicio de sus facultades legales, la Comisión expidió, a través de las
resoluciones CRC 4735 de 2015 y 5078 de 2016, el Régimen de Calidad para
los Servicios de Televisión y de Telecomunicaciones respectivamente, los
cuales se encuentran recogidos en el Título V de la Resolución CRC 5050 de
2016.

Que por otra parte, para llevar a cabo una adecuada articulación entre los
diferentes actores involucrados en el desarrollo del plan de migración previsto
en la Resolución CRC 5826 de 2019 para la implementación de las
modificaciones introducidas en los Planes Técnicos Básicos de Numeración y
Marcación, en el artículo 19 de la referida Resolución se previó una instancia
de coordinación denominada Comité Técnico de Seguimiento de Numeración –
CTSN-, presidida por la CRC e integrada por todos los PRST obligados a
cumplir el mencionado plan de migración en los términos antes expuestos, en
relación con lo cual se definieron las reglas para el desarrollo de las sesiones
de dicho Comité y el proceso de aprobación de sus respectivas actas.

Que, en ejercicio de las facultades legales previstas en la Ley 1369 de 2009, la
Comisión expidió (i) el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios
de los Servicios Postales, mediante las resoluciones CRC 3038 de 2011 y 5587
de 2019; (ii) los parámetros, indicadores y metas de calidad para los Servicios
Postales diferentes al SPU, a través de las resoluciones CRC 3095 de 2011 y
5588 de 2019; y (iii) las obligaciones de reporte de información periódica para
los prestadores de este tipo de servicios establecidas a través de los
mencionados actos y en la Resolución CRC 5076 de 2016. Tales disposiciones
se encuentran compiladas en el Capítulo 2 del Título II, el Capítulo 4 del Título
V y en el Título Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016,
respectivamente.

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Que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 18 de la Ley 1369 de
2009, previo a la expedición de la Ley 1978 de 2019, el MinTIC era la entidad
facultada para determinar el cubrimiento y, anualmente, los criterios y niveles
de calidad en términos de frecuencia, tiempo de entrega, sistema de
reclamaciones y tarifas de los servicios pertenecientes al SPU, teniendo en
cuenta los recursos disponibles para su financiación. En ejercicio de estas
funciones, el MinTIC expidió las resoluciones 1552 y 3844 de 2014, a través de
las cuales determinó, entre otras cosas, los indicadores técnicos y de calidad
para el servicio de correo asociado al SPU, dentro de los que se encuentran:
cubrimiento, horarios de atención y condiciones de prestación del servicio,
frecuencia, tiempos de entrega y el porcentaje de objetos postales entregados
en buen estado; así como el sistema de atención de peticiones, quejas y
reclamos de los usuarios de los servicios postales pertenecientes al SPU.

Que, a partir de la expedición de la Ley 1978 del 25 de julio de 2019, la CRC es
ahora la Entidad facultada para fijar anualmente las tarifas, los criterios y niveles
de calidad en términos de frecuencia, tiempo de entrega, sistema de
reclamaciones para los servicios pertenecientes al SPU, teniendo en cuenta los
recursos disponibles para su financiación y la política pública que defina el
MinTIC para el sector postal. Adicionalmente, en consonancia con los
numerales 23 y 24 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, esta Comisión ejerce
la competencia para regular en materia postal, además de lo dispuesto en la
Ley 1369 de 2009: (i) los aspectos técnicos y económicos relacionados con las
diferentes clases de servicios postales, incluyendo aquellos comprendidos en
el SPU, teniendo en cuenta los recursos disponibles para su financiación y la
política pública que defina el MinTIC para el sector; (ii) la fijación de indicadores
y metas de calidad y eficiencia a dichos servicios; y (iii) la imposición de índices
de calidad, cobertura y eficiencia a cada uno o varios de los operadores para la
prestación de determinados servicios postales.

Que, en ejercicio de las mencionadas facultades legales, esta Comisión,
mediante la Resolución CRC 6128 de 2020, modificó los títulos II, V y el Título
de Reportes de Información y adicionó el Título XIII a la Resolución CRC 5050
de 2016, con el objetivo de fijar los aspectos técnicos, los indicadores y las
metas de los criterios de calidad y las tarifas para la prestación de los servicios
pertenecientes al SPU en Colombia, para lo cual otorgó un período de transición
para la implementación y entrada en vigor de algunas de las disposiciones
establecidas en dicho acto administrativo.

C. EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA, Y
LA EMERGENCIA SANITARIA

Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en
su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

Que igualmente el artículo 49 de la Carta Política preceptúa que “[l]a atención
de la salud y el saneamiento ambiental, son servicios a cargo del Estado”; y,
además, determina que “[s]e garantiza a todas las personas el acceso a los
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud".

Que el parágrafo 1 del artículo 2.8.8.1.4.3 del Decreto 780 de 2016 establece
que "en caso de epidemias o situaciones de emergencia sanitaria nacional o
internacional, se podrán adoptar medidas de carácter urgente y otras
precauciones basadas en principios científicos recomendadas por expertos con
el objetivo de limitar la diseminación de una enfermedad o un riesgo que se

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haya extendido ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona
determinada".

Que el 11 de marzo de 2020, el Director General de la Organización Mundial de
la Salud –OMS–declaró que el brote de coronavirus COVID-19 se constituyó
como pandemia, por lo cual instó a los países a adoptar medidas para mitigar
su impacto.

Que, de acuerdo con el artículo 215 de la Constitución Política, cuando
sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 ibidem,
que perturben o amenacen en forma grave e inminente el orden económico,
social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública, el
Presidente de la República podrá, con la firma de todos sus ministros, declarar
el estado de emergencia por periodos hasta de 30 días, que sumados no podrán
exceder 90 días en el año calendario.

Que el Presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, mediante
el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, declaró el Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, justificado en “la
expansión en el territorio nacional del brote de enfermedad por nuevo
coronavirus COVID-19 y cuyo crecimiento exponencial es previsible, sumado a
los efectos económicos negativos que se han venido evidenciando en la última
semana es un hecho que además, de ser una grave calamidad pública
constituye en una grave afectación al orden económico y social del país que
justifica la declaratoria del Estado de Emergencia Económica y Social, toda vez
que se trata de situaciones diferentes a las que se refieren los artículos 212 y
213 de la Constitución Política”9.

Que, en el marco del citado estado de emergencia, el 15 de abril de 2020, el
Gobierno Nacional expidió el Decreto 555, el cual en su artículo 1 declaró que
“[l]os servicios de telecomunicaciones incluidos los servicios de radiodifusión
sonora, los de televisión y los servicios postales, son servicios públicos
esenciales” , de modo que su prestación no se puede suspender durante el
estado de emergencia. En consonancia, se dispuso que “[l]os proveedores de
redes y servicios de telecomunicaciones y postales no podrán suspender las
labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes requeridas
para la operación del servicio”. Así mismo, en el artículo 6 se señaló que
“[d]urante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus
COVID-19, flexibilizarán las normas relacionadas con el cumplimiento del
régimen de calidad y otras obligaciones de los prestadores de redes y servicios
de telecomunicaciones y de los servicios postales, en la medida en que no
constituyan elementos esenciales para garantizar la provisión del servicio. La
Comisión de Regulación de Comunicaciones y el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, en lo de su competencia, expedirán las
resoluciones que flexibilizan las obligaciones específicas”.

Que, mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, el Presidente de la
República, con la firma de todos sus ministros, declaró el Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, para lo cual se
señaló, entre otras cosas, que “(…) ante la insuficiencia de atribuciones
ordinarias y extraordinarias dispuestas en el Decreto 417 de 2020, con las que
cuentan las autoridades estatales para hacer frente a las circunstancias
imprevistas y detonantes de la crisis económica, social y de salud generada por
la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, se hace necesario adoptar
medidas extraordinarias adicionales que permitan conjurar los efectos de la
crisis en la que está la totalidad del territorio nacional”. Así mismo, indicó que

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“la adopción de medidas de rango legislativo -decretos legislativos-, autorizada
por el Estado de Emergencia, busca fortalecer las acciones dirigidas a conjurar
los efectos de la crisis, mediante la protección a los empleos, la protección de
las empresas y la prestación de los distintos servicios para los habitantes del
territorio colombiano, así como la mitigación y prevención del impacto negativo
en la economía del país”.

Que el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020,
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes del territorio
nacional con algunas excepciones, desde el 22 de marzo de 2020 hasta el 13
de abril de 2020. Posteriormente, mediante el Decreto 531 del 8 de abril de
2020, el Gobierno Nacional ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de las
personas habitantes del territorio nacional con algunas excepciones, a partir del
13 de abril de 2020, hasta el 27 de abril de 2020. Luego, a través del Decreto
593 del 24 de abril de 2020, el Gobierno Nacional ordenó la extensión del
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes del territorio
patrio con algunas excepciones, desde el 27 de abril de 2020, hasta el 11 de
mayo de 2020. Posteriormente, el 6 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional
expidió el Decreto 636 en el cual se ordenó la extensión del aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes del territorio nacional
con algunas excepciones, desde el 11 de mayo de 2020, hasta el 25 de mayo
de 2020. Así mismo, el 22 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional expidió el
Decreto 689 en el cual se prorrogó la vigencia del Decreto 636 hasta el 31 de
mayo de 2020 y, por esa vía, extendió el aislamiento preventivo obligatorio de
todas las personas habitantes del territorio nacional con algunas excepciones,
hasta la misma fecha. Con posterioridad, el 28 de mayo de 2020, el Gobierno
Nacional expidió el Decreto 749, bajo el cual ordenó el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, con
algunas excepciones, desde el 1 de junio de 2020 hasta el 1 de julio de 2020.
Luego, con el Decreto 878 del 25 de junio de 2020, el Gobierno Nacional
prorrogó la vigencia del Decreto 749, y con ello el aislamiento preventivo
obligatorio, hasta el 15 de julio de 2020. Ulteriormente, a través del Decreto 990
del 19 de julio de 2020, el Gobierno Nacional ordenó el aislamiento preventivo
obligatorio en todo el territorio nacional, con algunas excepciones, hasta el 1 de
agosto de 2020. A su turno, por medio del Decreto 1076 del 28 de julio de 2020,
el Gobierno Nacional ordenó el aislamiento preventivo obligatorio en todo el
territorio nacional, con algunas excepciones, hasta el 1 de septiembre de 2020.

Que teniendo en cuenta que el país entró en la fase de mitigación de la
pandemia, y dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la
salud y la vida, evitar el contacto y la propagación de la COVID-19, el Gobierno
Nacional, expidió el Decreto 1168 del 25 agosto de 2020, con el objeto de
regular la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual
Responsable que regiría en el país, en el marco de la emergencia sanitaria por
causa de la COVID-1912.

Que, mediante el Decreto 1297 del 29 de septiembre de 2020, se prorrogó la
vigencia del Decreto 1168 de 2020 hasta el 1 de noviembre de 2020.
Posteriormente, la vigencia del citado Decreto 1168 fue prorrogada hasta el 1
de diciembre de 2020, a través del Decreto 1408 del 30 de octubre de 2020.
Seguidamente, a través del Decreto 1550 del 28 de noviembre de 2020 se
prorrogó la vigencia del 1168 de 2020 hasta el 16 de enero de 2021.

Que mediante el Decreto 039 del 14 de enero de 2021 se reguló la fase de
Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable que rigió desde
el 16 de enero hasta el 1 de marzo de 2021, en el marco de la emergencia
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Ulteriormente, este Decreto fue

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sustituido por el Decreto 206 del 26 de febrero de 2021, que estuvo vigente
desde el 1 de marzo hasta las 0:00 horas del 1 de junio de 2021, mediante el
cual se reguló la fase de Aislamiento Selectivo, Distanciamiento Individual
Responsable y Reactivación Económica Segura. Con posterioridad, el Gobierno
Nacional reguló la fase de “Aislamiento Selectivo, Distanciamiento Individual
Responsable y Reactivación Económica Segura” hasta las 0:00 horas del 1º de
septiembre de 2021, a través del Decreto 580 del 31 de mayo de 2021, el cual
derogó el Decreto 206 de 2021.

Que, de otra parte, atendiendo a las directrices de la OMS, el Ministerio de Salud
y Protección Social, mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020,
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo
de 2020, con el fin de contener la pandemia del Coronavirus COVID-19, y
mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, amplió su vigencia en todo
el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.

Que, por vía de la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, el Ministerio de
Salud y Protección Social prorrogó nuevamente la vigencia de la emergencia
sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020. Posteriormente, a través de la
Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud y
Protección Social prorrogó la vigencia de la emergencia sanitaria hasta el 28 de
febrero de 2021, la cual fue nuevamente ampliada, mediante la Resolución 222
del 25 de febrero de 2021, hasta el 31 de mayo de 2021.

Que, mediante la Resolución 738 del 26 de mayo de 2021 el Ministerio de Salud
y Protección Social prorrogó nuevamente, hasta el 31 de agosto de 2021, la
vigencia de la emergencia sanitaria. Finalmente, a través de la Resolución 1315
del 27 de agosto de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó
una vez más, hasta el 30 de noviembre de 2021, la emergencia sanitaria. Para
tal efecto, dicho Ministerio consideró, entre otras cosas, que “[…] dentro de las
fases sobre las cuales se construyó el manejo de la pandemia, el país se
encuentra actualmente en la de mitigación, que se caracteriza por la adopción
de medidas para reducir el impacto de la enfermedad en términos de
morbimortalidad, de la presión sobre los servicios de salud y de los efectos
sociales y económicos derivados y que exige una fuerte corresponsabilidad por
parte de los individuos con medidas de autocuidado, de las comunidades y del
gobierno, para aislar casos positivos, disminuir la velocidad de transmisión,
mantener la oferta sanitaria en los territorios, incrementar el ritmo de la
vacunación y lograr con ello la reactivación plena de todos las actividades de
los sectores económico, cultural y social”. A ello el Ministerio de Salud y
Protección Social agregó que “[…] aún persiste el riesgo de nuevos picos de
contagios con importancia en salud pública, cuyo impacto dependerá de la
velocidad en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID 19,
de la vigilancia epidemiológica, del comportamiento biológico de los nuevos
linajes y de la duración de la inmunidad natural y por vacunas que, de acuerdo
con estudios recientes, puede perdurar al menos 10 meses, con la claridad que
aún no se conoce su comportamiento en periodos más largos. Adicionalmente,
debido a las diferencias entre los territorios no resulta fácil determinar la
posibilidad de nuevos picos, en especial, en territorios en donde aún existe una
alta proporción de personas susceptibles”. En el acto administrativo en cita, el
Ministerio de Salud y Protección Social concluyó “[…] que, si bien, el Plan
Nacional de Vacunación ha avanzado de acuerdo a las metas propuestas, la
ejecución del mismo no ha culminado y aún persisten situaciones de riesgo que
deben ser atendidas con medidas específicas, razón por la cual es necesario
prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2021 la emergencia sanitaria y adoptar
medidas que permitan seguir avanzando en el proceso de reactivación de los
sectores económico, social y del Estado de manera segura, manteniendo y

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reforzando las relacionadas con el autocuidado, bioseguridad, comunicación en
materia de salud pública, salud mental y aumentar el ritmo y cobertura de la
vacunación, así como la vigilancia a través del programa de Pruebas Rastreo y
Asilamiento Selectivo Sostenible – PRASS”.

Que, mediante la Ley 2108 del 29 de julio de 2021, se estableció el acceso a
Internet como un servicio público con carácter esencial “con el fin de propender
por la universalidad para garantizar y asegurar la prestación del servicio de
manera eficiente, continua y permanente, permitiendo la conectividad de todos
los habitantes del territorio nacional, en especial de la población que, en razón
a su condición social o étnica se encuentre en situación de vulnerabilidad o en
zonas rurales y apartadas”.

D. LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA CRC EN DESARROLLO DEL
ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA Y LA
EMERGENCIA SANITARIA

Que, con ocasión de la situación generada por la transmisión del Coronavirus
COVID-19 y teniendo en cuenta la ampliación de la vigencia de la emergencia
sanitaria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social llevada a cabo
por vía de la Resolución 844 del 26 de mayo 2020, esta Comisión, con
fundamento en lo establecido en el Decreto 464 de 2020 y posteriormente en el
Decreto 555 de 2020, a través de, entre otras, las resoluciones CRC 5941, 5952,
5955 y 5956 de 2020 adoptó una serie de medidas encaminadas a garantizar
la prestación del servicio público esencial de telecomunicaciones y flexibilizar el
régimen de obligaciones regulatorias a cargo de los PRST y los operadores
postales, incluyendo aquellas asociadas al régimen de calidad de los servicios.
Algunas de esas medidas fueron extendidas hasta el 31 de agosto de 2020 por
medio de la Resolución CRC 5991 de 2020, en la cual se adoptaron reglas
adicionales a fin de alcanzar los propósitos antes mencionados. Posteriormente,
mediante la Resolución CRC 6058 de 2020 se extendieron algunas de las
medidas adoptadas en las resoluciones antes mencionadas hasta el 30 de
noviembre de 2020, y algunas de ellas fueron ampliadas nuevamente por la
Resolución CRC 6113 de 2021, hasta el 28 de febrero de 2021. Tales medidas
fueron prorrogadas, a su vez, por la Resolución CRC 6183 de 2021 hasta el 31
de mayo de 2021 y, con posterioridad, a través de la Resolución CRC 6315 del
31 de mayo de 2021, hasta el 31 de agosto de 2021. Dentro de las medidas
prorrogadas, vale destacar las siguientes:

(i) La ampliación de la extensión dispuesta en la Resolución CRC 5952 de 2020
respecto de la aplicación de lo previsto en el artículo 4.14.1.5 de la Resolución
CRC 5050 de 2016, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo
1 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 2 de la Ley 1978 de 2019,
para la provisión de redes y servicios de televisión en todas sus modalidades,
en cuanto a que no se hará exigible el cumplimiento de los indicadores de
calidad.

(ii) La ampliación de la suspensión de los efectos de los literales b) y h) del
numeral 2.2.2.1.1 y de los literales c) y h) del numeral 2.2.2.1.2 del artículo
2.2.2.1, del numeral 2.2.5.1.1 del artículo 2.2.5.1 y del artículo 2.2.7.15 de la
Resolución CRC 5050 de 2016, dispuesta inicialmente en la Resolución CRC
5955 de 2020, asociados con el deber de suministrar información a los usuarios
de servicios postales. Así mismo, se aclaró que durante el tiempo de suspensión
dispuesto, todos los operadores de servicios postales debían informar a los
usuarios, al momento de la contratación del servicio, la cobertura con la que
cuentan, el horario de atención en los puntos de atención a usuarios y de
prestación del servicio que se encuentren disponibles, el tiempo estimado de

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entrega del objeto postal a enviar, las tarifas y el procedimiento para la atención
y trámite de las PQR y de las solicitudes de indemnización. De igual forma, a
través de la página principal de su sitio web y en las aplicaciones, en caso de
contar con este tipo de desarrollos para la prestación de sus servicios, debía
mantener actualizada la información sobre la cobertura y horarios de atención
en los puntos de atención a usuarios y de prestación del servicio que se
encuentren disponibles.

(iii) La ampliación de la suspensión de los efectos del numeral 2.2.6.4.3 del
artículo 2.2.6.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispuesta inicialmente en
la Resolución CRC 5955 de 2020, relacionada con el derecho de rechazo de
los usuarios destinatarios de los servicios postales. A la par, determinó que
durante el tiempo de suspensión dispuesto todos los operadores de servicios
postales debían garantizar a sus usuarios destinatarios el derecho a rechazar
los envíos, aun cuando se encontraran a su nombre, para lo cual dichos
operadores debían dejar constancia del rechazo y de los motivos.

(iv) La ampliación de la suspensión de los efectos de las obligaciones
relacionadas con la forma de presentación por parte de los usuarios de las
peticiones, quejas, reclamos, recursos y solicitudes de indemnización, sus
formalidades y las notificaciones de las respectivas respuestas otorgadas por
los operadores postales, a través de los puntos físicos de atención a los
usuarios, dispuestas en los artículos 2.2.7.3, 2.2.7.4 y 2.2.7.9 de la Resolución
CRC 5050 de 2016, establecida inicialmente en la Resolución CRC 5955 de
2020. En concordancia con lo anterior, determinó que, durante el tiempo de
suspensión dispuesto, todos los operadores de servicios postales continuarían
recibiendo, tramitando y respondiendo cualquier tipo de petición, queja,
reclamo, recurso o solicitud de indemnización, propendiendo por el uso de los
siguientes medios de atención: página web, línea telefónica, y cualquier
mecanismo idóneo, diferente a los puntos de atención a usuarios, dispuestos
para tal fin.

(v) La ampliación de la suspensión de los efectos de los artículos 5.4.3.1,
5.4.3.9, 5.4.3.11, 5.4.6.1 y el inciso segundo del artículo 5.4.6.3 de la Resolución
CRC 5050 de 2016, dispuesta inicialmente en la Resolución CRC 5955 de 2020,
asociados con la calidad en la prestación de los servicios postales diferentes al
SPU y las condiciones para los envíos individuales que se tramiten dentro del
territorio nacional. Así mismo, determinó que, durante la suspensión indicada,
los operadores que presten el servicio postal de mensajería expresa debían
ofrecer, a solicitud del usuario remitente, el servicio de recolección a domicilio
de objetos postales.

(vi) La ampliación de la suspensión de los efectos del numeral (I) del literal b. y
los literales d. y e. del artículo 2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014,
modificada por la Resolución MinTIC 3844 de 2014, relacionada con criterios y
niveles de calidad del servicio de correo, inicialmente dispuesta en la
Resolución CRC 5955 de 2020. A su vez, se estableció que, durante la anotada
suspensión, el Operador Postal Oficial debe tener al menos un (1) punto de
presencia por cada doscientos mil (200.000) habitantes o fracción en los
municipios tipo 1 de que trata el literal a. del artículo 2 de la Resolución MinTIC
1552 de 2014, y garantizar una frecuencia mínima semanal de recolección en
los puntos de presencia y de entrega en domicilio en todas las cabeceras
municipales.

(vii) La ampliación de la suspensión de los efectos de las disposiciones
asociadas a los indicadores de calidad en la atención al usuario del servicio de
comunicaciones en oficinas físicas y por línea telefónica contenida en el artículo

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2.1.25.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016, la cual fue inicialmente dispuesta
en las resoluciones CRC 5941 y 5956 de 2020, sin que ello eximiera a los PRST
del deber de atender adecuadamente las llamadas que realicen sus usuarios.

(viii) La ampliación de la suspensión de los efectos relacionados con la
publicación mensual de los indicadores de calidad de atención establecidos en
el artículo 2.1.25.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, inicialmente dispuesta
en las resoluciones CRC 5914 y 5956 de 2020, bajo el entendido de que tal
suspensión se predica respecto de la periodicidad con la que debe hacerse la
publicación, mas no de la obligación de publicar la información.

(ix) La ampliación de la suspensión de los efectos del artículo 19 de la
Resolución CRC 5826 de 2019 y, en consonancia, se establecieron reglas
transitorias para el desarrollo de las sesiones del Comité Técnico de
Seguimiento de Numeración.

Que, finalmente, teniendo en cuenta que se prorrogó la vigencia de la
emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 2021, y que las condiciones y
reglas que se establecieron a través de la Resolución CRC 6128 de 2020 podían
requerir de adecuaciones operativas y administrativas por parte del OPO para
garantizar la prestación ininterrumpida de los servicios asociados al SPU, que
se podían ver afectadas por el contexto de la emergencia, a través de la
Resolución CRC 6135 de 2021, se amplió el régimen de transición establecido
en el artículo 10 de la Resolución CRC 6128 de 2020, y en consecuencia las
derogatorias y vigencias definidas en el artículo 9 del mismo acto,
específicamente frente a la implementación de (i) las medidas relacionadas con
la disponibilidad de los puntos de atención al público, dispuestas en el artículo
2.2.7.17 de la Resolución CRC 5050 de 2016 adicionado por el artículo 2 de la
Resolución CRC 6128 de 2020, respecto de las cuales se dispuso que entrarían
en vigor el 1 de junio de 2021; y (ii) las disposiciones relativas a tiempos de
entrega, frecuencia de recolección y entrega y seguridad, establecidas en los
artículos 5.5.2.4., 5.5.2.5. y 5.5.2.6. de la Resolución CRC 5050 de 2016,
adicionados mediante el artículo 3 de la Resolución CRC 6128 de 2020, que
comenzarían a regir el 1 de junio de 2021. Así mismo, modificó la fecha de las
derogatorias de los literales c), d), e) y f) del artículo 2 de la Resolución MinTIC
1552 de 2014 modificada por la Resolución MinTIC 3844 de 2014, ordenadas
en el artículo 9 de la Resolución CRC 6128 de 2020, a partir del 1 de junio de
2021, el cual señalaba a su vez, que las resoluciones 1552 de 2014 y 3844 de
2014 expedidas por el MinTIC quedarían derogadas en su totalidad a partir del
1 de julio de 2021.

E. JUSTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL PRESENTE
ACTO ADMINISTRATIVO

Que, en razón a que, por medio de la Resolución 1315 del 27 de agosto de
2021, el Ministerio de Salud y Protección Social amplió la vigencia de la
emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2021 y dado que el artículo
6 del Decreto 555 de 2020 estableció el mandato de flexibilización de las normas
relacionadas con el cumplimiento del régimen de calidad y de otras obligaciones
regulatorias a cargo de los PRST y los operadores postales, en la medida en
que los servicios de telecomunicaciones y postales se han convertido en
instrumentos esenciales durante la emergencia sanitaria por cuanto se hace
imperiosa la necesidad de garantizar su provisión a todos los habitantes del
país, hasta que cese la situación de emergencia sanitaria, la Comisión
considera necesario: (i) continuar con la suspensión de efectos de algunas de
las disposiciones regulatorias de carácter general relacionadas con el régimen
de calidad dispuesto para los PRST y los operadores postales, que fueron

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establecidas mediante las resoluciones CRC 5941, 5955 y 5956 de 2020
inicialmente ampliadas por la Resolución CRC 5991 de 2020 hasta el 31 de
agosto de 2020, luego ampliadas hasta el 30 de noviembre de 2020 por medio
de la Resolución CRC 6058 de 2020, después por la Resolución CRC 6113 de
2020 hasta el 28 de febrero de 2021, luego a través de la Resolución CRC 6183
de 2021 hasta el 31 de mayo de 2021 y, finalmente, hasta el 31 de agosto de
2021 por vía de la Resolución CRC 6315 de 2021; (ii) establecer reglas
alternativas transitorias en orden a flexibilizar el régimen regulatorio de calidad
a cargo de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones; y (iii)
continuar con la medida transitoria relativa a la fijación de un mecanismo de
aprobación no presencial de las actas de las sesiones del CTSN que tiene a su
cargo el seguimiento a la implementación de los cambios introducidos en
materia de planes técnicos básicos de Numeración y de Marcación mediante la
Resolución CRC 5826 de 2019.

Que las medidas acá adoptadas tienen razón de ser en la ampliación de la
vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social. En efecto, en cumplimiento del mandato contenido en el
artículo 6 del Decreto 555 de 2020 según el cual le corresponde a la CRC
flexibilizar las normas del régimen regulatorio de calidad y otras obligaciones
regulatorias durante la emergencia sanitaria, es labor de esta Comisión
continuar con la suspensión de los efectos de la regulación relacionada con
dicho régimen de calidad inicialmente establecida en las resoluciones CRC
5941, 5955 y 5956 de 2020 y prorrogadas por las resoluciones CRC 5991, 6058
y 6113 de 2020 y las resoluciones CRC 6183 y 6315 de 2021.

Que, adicionalmente, con las medidas adoptadas en los términos descritos se
busca persistir en la labor de garantizar la prestación de los servicios públicos
de telecomunicaciones y postales calificados por el artículo 1 del Decreto 555
de 2020 como servicios públicos esenciales en el contexto de la emergencia ya
mencionada, y las particularidades propias vinculadas con este, así como en
concordancia con la Ley 2108 de 2021 que establece en específico el acceso a
Internet como servicio público de carácter esencial, en razón a que, al
flexibilizarse el régimen de calidad y de obligaciones regulatorias y establecer
reglas transitorias asociadas a esa flexibilización, los PRST y operadores
postales podrán centrar sus esfuerzos en la prestación efectiva los servicios a
su cargo. Es de advertir, en todo caso, que tal flexibilización no obsta para que
la prestación del servicio sea adecuada.

Que, así mismo, con el propósito de evitar al máximo el contacto presencial que
no resulta indispensable, y con ello la propagación del coronavirus COVID-19,
es menester acudir a mecanismos no presenciales para la realización del CTSN
y la suscripción de sus actas.

Que, debido a que el mandato de flexibilización, establecido en el artículo 6 del
Decreto 555 de 2020, y la vigencia del referido Decreto 555 se sujeta a la de la
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social,
considera esta Comisión que las medidas acá adoptadas deben operar mientras
se encuentre en vigor dicha emergencia sanitaria. No obstante, es necesario
aclarar que, en caso de que el artículo 6 Decreto 555 de 2020, fundamento de
las medidas adoptadas en el presente acto administrativo, sea derogado, las
medidas adoptadas en esta resolución dejarán de tener vigencia, de modo que
a partir de ese momento recobrarán efectos las disposiciones regulatorias
objeto de suspensión y dejarán de tener efectos las reglas transitorias acá
determinadas.

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Que, sin perjuicio de las medidas dispuestas en el presente acto administrativo,
los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y operadores
postales deberán garantizar en todo momento la prestación de los servicios de
forma continua y eficiente. Para estos efectos, la CRC o el MinTIC podrán
requerir a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y
operadores postales aquella información que se considere pertinente para
realizar un adecuado seguimiento a la forma como se da la prestación de los
servicios.

Que, así las cosas, en el presente acto administrativo se adoptarán las medidas
regulatorias que a continuación se señalan, las cuales estarán vigentes durante
la emergencia sanitaria o hasta que sea derogado el artículo 6 del Decreto 555
de 2020:

• Continuar con la inclusión de la provisión de redes y servicios de televisión en
todas sus modalidades dentro de los supuestos de la excepción consagrados
en el artículo 4.14.1.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016 que exime del
cumplimiento de los indicadores de calidad en los servicios de
telecomunicaciones en las zonas afectadas, mientras dure la atención de
emergencias, situaciones declaradas de conmoción interna o externa,
desastres o calamidad pública. En consecuencia, la exención del cumplimiento
de los indicadores de calidad prevista en el artículo 4.14.1.5 de la Resolución
CRC 5050 de 2016 resultará también aplicable a la provisión de redes y
servicios de televisión en todas sus modalidades.

• Continuar con la suspensión de los efectos de las disposiciones relacionadas
con el cumplimiento de los indicadores y metas del criterio de calidad de tiempo
de entrega del servicio de mensajería expresa; la flexibilización de las
obligaciones sobre intentos de entrega y recolección en domicilio de objetos
postales enviados a través del servicio de mensajería expresa; así como los
efectos de la obligación relativa a que el representante legal de cada operador
postal certifique el cumplimiento de los parámetros de calidad, consagradas en
los artículos 5.4.3.1, 5.4.3.9, 5.4.3.11 y el inciso segundo del artículo 5.4.6.3 de
la Resolución CRC 5050 de 2016.

• Continuar con flexibilización de la regulación frente a las obligaciones
establecidas en los literales d. y e. del artículo 2 de la Resolución MinTIC 1552
de 2014, modificada por la Resolución MinTIC 3844 de 2014, relativas a la
frecuencia de recolección y entrega y tiempos de entrega de objetos postales
enviados a través del SPU. Sin embargo, con el fin de garantizar la prestación
del SPU en todo el país, se deberá mantener una frecuencia mínima semanal
para la recolección y entrega de los envíos en todos los municipios del territorio
nacional.

• Ampliar nuevamente el régimen de transición previsto en el artículo 10 de la
Resolución CRC 6128 de 2020, específicamente la implementación y entrada
en vigor de las disposiciones relativas a tiempos de entrega y frecuencia de
recolección y entrega de objetos enviados a través de servicios asociados al
SPU, establecidas en los artículos 5.5.2.4. y 5.5.2.5. de la Resolución CRC 5050
de 2016, respectivamente, adicionados mediante el artículo 3 de la Resolución
CRC 6128 de 2020, con el fin de condicionar su entrada en vigor a la
culminación de la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio
de Salud y Protección Social o de que sea derogado el artículo 6 del Decreto
555 de 2020. En consecuencia, las derogatorias de los literales d) y e) del
artículo 2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014, modificada por la Resolución
MinTIC 3844 de 2014, previstas en el artículo 9 de la Resolución CRC 6128 de
2020, también se condicionan a la materialización de la culminación de la

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vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social o de que sea derogado el artículo 6 del Decreto 555 de 2020,
lo que ocurra primero.

• Mantener el deber del Operador Postal Oficial de diligenciar y reportar la
información solicitada mediante el Formato 2.4 “CANTIDIDAD DE OBJETOS
ENTREGADOS A TIEMPOSPU” de la Sección 2 del Capítulo 3 del TÍTULO DE
REPORTES DE INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5050 de 2016, para lo
cual, deberá tener en cuenta las condiciones y tiempos de entrega fijados en el
presente acto administrativo, a pesar de que no es exigible su cumplimiento. Lo
anterior, con el fin de conocer y monitorear el comportamiento de los tiempos
en los que el OPO está entregando los objetos postales enviados a través de
los servicios de correspondencia prioritaria, correspondencia no prioritaria,
encomiendas y correo telegráfico, a nivel local, nacional e internacional, durante
la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

• Continuar con la suspensión de los efectos del artículo 2.1.25.6 de la
Resolución CRC 5050 de 2016 relacionado con el indicador en la atención a los
usuarios de los servicios de telecomunicaciones.

• Continuar con la suspensión de efectos del los numerales 2.1.25.7.1,
2.1.25.7.2 y 2.1.25.7.3 del artículo 2.1.25.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016
en relación con las obligaciones asociadas a la publicación mensual de los
indicadores de calidad en la atención de usuarios, en el entendido de que tal
suspensión se predica respecto de la periodicidad con la que debe hacerse la
publicación, mas no de la obligación de publicar la información, de conformidad
con lo decidido por el Consejo de Estado en sentencia del 9 de julio de 2020.
Es de aclarar que, en consonancia con la orden dada por el Consejo de Estado
a la CRC en la sentencia en cita41 y con el objetivo de generar claridad sobre
la aplicación de la medida en referencia, en la presente resolución se
establecerá que, durante la emergencia sanitaria, la publicación de los
indicadores plasmados en los numerales 2.1.25.7.1, 2.1.25.7.2 y 2.1.25.7.3 del
artículo 2.1.25.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016 se llevará a cabo de
manera trimestral, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al
vencimiento del trimestre, lo cual implica que la información de los indicadores
del tercer trimestre de 2021 debe ser publicada a más tardar el 30 de octubre
de 2021.

• Continuar con la suspensión transitoria de los efectos del artículo 19 de la
Resolución CRC 5826 de 2019 en el que se establece el procedimiento para la
realización del CTSN. Así mismo, es necesario adoptar nuevamente el
mecanismo sustituto que permite formalizar la aprobación del cierre de las actas
que se levanten en estas sesiones por quienes tienen facultad para hacerlo y
hubieran asistido a la respectiva sesión del CTSN, a fin de que la formalización
de dichas actas pueda también realizarse de manera no presencial.

F. CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DEL
PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO

Que en atención a la situación de emergencia y la declaratoria de servicio
público esencial prevista en el artículo 1 del Decreto 555 de 2020, concordante
con la declaratoria como tal del acceso a Internet en específico llevada a cabo
con la Ley 2108 de 2021, se observa que se reúnen las condiciones de una de
las excepciones contenidas en el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 1074 de 2015,
que en sede del procedimiento de abogacía de la competencia exime el deber
de informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre un proyecto
de regulación cuando la autoridad que se propone expedirlo considere que “el

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acto tenga origen en hechos imprevisibles y/o irresistibles a partir de los cuales
resulte necesario adoptar una medida transitoria con el fin de (…) [g]arantizar
la seguridad en el suministro de un bien o servicio público esencial, sea o no
domiciliario” , de conformidad con lo previsto en el numeral 1 de la mencionada
disposición.

Que, de otra parte, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 11.1.1.1.2 del
artículo 11.1.1.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, no es necesario aplicar
el procedimiento dispuesto en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015,
en cuanto a la publicidad de los proyectos de resoluciones de carácter general
que expida esta Comisión respecto de todos los servicios que regula.

Que en la medida en que la presente resolución se expide para desarrollar los
mandatos contenidos en el Decreto 555 de 2020 y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la misma será enviada al Consejo de Estado dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición para que dicha
autoridad judicial proceda a adelantar el control inmediato de legalidad.

Que una vez sometido el presente acto administrativo a consideración de los
miembros del Comité de Comisionados de Comunicaciones el mismo fue
aprobado según consta en el Acta No. 1316 del 30 de agosto de 2021. A su vez,
la Sesión de Comisión de Comunicaciones, en sesión virtual y extraordinaria,
aprobó la expedición del presente acto administrativo, tal y como consta en Acta
No. 415 del 31 de agosto de 2021.

Que, en virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Extender para la provisión de redes y servicios de televisión en
todas sus modalidades, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 4.14.1.5. del
Capítulo 14 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, de conformidad
con lo previsto en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1341 de 2009, modificado
por el artículo 2 de la Ley 1978 de 2019. Dicha extensión estará en vigor
mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social o hasta que sea derogado el artículo 6
del Decreto 555 de 2020, lo que suceda primero.

ARTÍCULO 2. Suspender los efectos de los artículos 5.4.3.1, 5.4.3.9, 5.4.3.11
y el inciso segundo del artículo 5.4.6.3 del Capítulo 4 del Título V de la
Resolución CRC 5050 de 2016 asociadas a la calidad en la prestación de los
servicios postales diferentes al Servicio Postal Universal. Dicha suspensión
estará en vigor mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria declarada
por el Ministerio de Salud y Protección Social o hasta que sea derogado el
artículo 6 del Decreto 555 de 2020, lo que suceda primero.

ARTÍCULO 3. Durante el tiempo de suspensión dispuesto en el artículo 2 de la
presente resolución, en el caso de los envíos individuales que se tramiten dentro
del territorio nacional, los operadores postales que prestan el servicio de
mensajería expresa deberán tener en cuenta las siguientes condiciones:

“En el evento en que el operador del servicio de mensajería expresa proceda
a efectuar la entrega del objeto postal en el domicilio del usuario destinatario
consignado en la guía y este no encuentre a nadie, deberá expedir un
documento por medios físicos o electrónicos, en el que informe que tuvo
lugar un intento de entrega de dicho objeto. En todo caso, después de

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realizado el primer intento sin entrega efectiva, el operador podrá
comunicarse con el usuario remitente o destinatario para definir cuándo se
realizará el segundo intento de entrega del objeto postal. Dicho documento
no debe diligenciarse en los eventos en que al primer intento de entrega se
configure alguno de los motivos de devolución establecidos en los numerales
5.4.3.8.1., 5.4.3.8.2, 5.4.3.8.3 o 5.4.3.8.5 del artículo 5.4.3.8 del Capítulo 4
del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Los operadores de servicios postales de Mensajería Expresa deben efectuar
al menos dos (2) intentos de entrega. Si después de dos (2) intentos no se
logra llevar a cabo la entrega del objeto postal, se debe informar al usuario
destinatario por medios físicos o electrónicos que puede recoger el objeto en
una determinada oficina de atención al usuario, indicando además la fecha
límite de retiro, la cual será de treinta (30) días calendario, a partir de la fecha
del último intento de entrega.

Si el objeto postal no es reclamado por el usuario destinatario en dicho plazo,
este se considerará como no distribuible, caso en el cual se debe dar
aplicación a lo dispuesto en el artículo 5.4.5.2. del Capítulo 4 del Título V de
la Resolución CRC 5050 de 2016. Sin perjuicio de lo anterior, los operadores
de Mensajería Expresa podrán efectuar los intentos de entrega que
consideren necesarios, hasta lograr la entrega del objeto postal al usuario
destinatario registrado en la guía.

Los intentos de entrega deben quedar registrados en la información materia
de rastreo que debe estar disponible en la página web del operador y en la
prueba de entrega, de que tratan los artículos 5.4.3.10. y 5.4.3.3. del Capítulo
4 del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016, respectivamente.”

ARTÍCULO 4. Suspender los efectos de los literales d. y e. del artículo 2 de la
Resolución MinTIC 1552 de 2014, modificada por la Resolución MinTIC 3844
de 2014, relacionados con las frecuencias mínimas de recolección y los tiempos
de entrega, respectivamente. Dicha suspensión estará en vigor mientras se
encuentre vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud
y Protección Social o hasta que sea derogado el artículo 6 del Decreto 555 de
2020, lo que suceda primero.

ARTÍCULO 5. Durante el tiempo de suspensión dispuesto en el artículo 4 de la
presente resolución, el Operador Postal Oficial deberá garantizar una frecuencia
mínima semanal de recolección en los puntos de presencia y de entrega en
domicilio en todas las cabeceras municipales.

ARTÍCULO 6. Suspender los efectos de las disposiciones asociadas a los
indicadores de calidad en la atención del usuario del servicio de comunicaciones
contenidas en el artículo 2.1.25.6 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución
CRC 5050 de 2016. Dicha suspensión estará en vigor mientras se encuentre
vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social o hasta que sea derogado el artículo 6 del Decreto 555 de
2020, lo que suceda primero.

PARÁGRAFO. La suspensión de este indicador no exime a los proveedores de
redes y servicios de telecomunicaciones del deber de atender adecuadamente
las llamadas que realicen sus usuarios.

ARTÍCULO 7. Suspender los efectos relacionados con la publicación mensual
de los indicadores de calidad de atención establecidos en los numerales
2.1.25.7.1, 2.1.25.7.2 y 2.1.25.7.3 del artículo 2.1.25.7 del Capítulo 1 del Título

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Control inmediato de legalidad

II de la Resolución CRC 5050 de 2016, bajo el entendido de que tal suspensión
se predica respecto de la periodicidad con la que debe hacerse la publicación,
mas no de la obligación de publicar la información. Dicha suspensión estará en
vigor mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social o hasta que sea derogado el artículo 6
del Decreto 555 de 2020, lo que suceda primero.

ARTÍCULO 8. Durante el término de la suspensión dispuesto en el artículo 7 de
la presente resolución, los indicadores de calidad a los que se refieren los
numerales 2.1.25.7.1 y 2.1.25.7.3 del artículo 2.1.25.7 de la Resolución CRC
5050 de 2016 deberán publicarse de forma trimestral, dentro de los treinta (30)
días calendario siguientes al vencimiento del trimestre.

PARÁGRAFO. Lo dispuesto en el presente artículo implica que la información
de los indicadores del tercer trimestre de 2021 debe ser publicada a más tardar
el 30 de octubre de 2021, y de esta misma forma en lo sucesivo.

ARTÍCULO 9. Suspender los efectos del artículo 19 de la Resolución CRC 5826
de 2019 relativo al procedimiento que se sigue para la realización de las
Sesiones de Comité Técnico de Seguimiento de Numeración. Dicha suspensión
estará en vigor mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria declarada
por el Ministerio de Salud y Protección Social o hasta que sea derogado el
artículo 6 del Decreto 555 de 2020, lo que suceda primero.

ARTÍCULO 10. Durante la suspensión de los efectos del artículo 19 de la
Resolución CRC 5826 de 2019 consagrada en el artículo 9 de la presente
resolución, las sesiones del Comité Técnico de Seguimiento de Numeración se
regirán por las siguientes reglas:

“Las sesiones del CTSN se iniciarán con la verificación de la asistencia de
los miembros del Comité asistentes a la sesión correspondiente, para lo cual
se verificarán las facultades de los Representantes. Una vez validados los
miembros asistentes se dará lectura al orden del día, y la sesión se
desarrollará de acuerdo con los temas incluidos en el mismo.

Respecto de los temas puestos a consideración del CTSN, los mismos serán
puestos en conocimiento de sus miembros al menos dos (2) días hábiles
antes de la respectiva sesión, a efectos de ser incluidos en el orden del día.

El cierre del acta de la sesión se dará con la lectura de la misma y la firma
de los representantes presentes durante la siguiente sesión. También se
dará mediante la manifestación que hagan los representantes que estuvieron
presentes durante la sesión a la que corresponde el acta, a través de
comunicación que provenga de la dirección de correo electrónico informada
previamente o, en su defecto, de la que conste en el Certificado de Cámara
de Comercio del Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones
a los que hace referencia el artículo 14 de la Resolución CRC 5826 de 2019.
En caso de falta de firma de algún representante, la Secretaría dejará
constancia del hecho, y de ser el caso, se indicarán las razones, sin que esto
signifique la nulidad del acta.”

ARTÍCULO 11. Modificar el artículo 9 de la Resolución CRC 6128 de 2020, el
cual quedará así:

“ARTÍCULO 9. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolución
rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. No obstante,
la disposición relacionada con las tarifas tope contenida en el artículo

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Control inmediato de legalidad

13.1.1.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016 al que hace referencia el
artículo 4 de este acto administrativo, entrará en vigor el primero (1) de
febrero de 2021; las medidas relacionadas con la disponibilidad de los
puntos de atención al público, dispuestas en el artículo 2.2.7.17 de la
Resolución CRC 5050 de 2016 al que se refiere el artículo 2 de esta
resolución, entrarán en vigor el primero (1) de septiembre de 2021; la
disposición relacionada con Seguridad establecida en el artículo 5.5.2.6 de
la Resolución CRC 5050 de 2016 a la que se refiere el artículo 3 de esta
resolución entrará en vigor el 1 de junio de 2021; las disposiciones
relacionadas con tiempos de entrega y frecuencia de recolección y entrega,
establecidas en los artículos 5.5.2.4. y 5.5.2.5. de la Resolución CRC 5050
de 2016 al que hace referencia el artículo 3 de la presente resolución,
comenzarán a regir a partir del día siguiente de que culmine la vigencia de
la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social o de que sea derogado el artículo 6 del Decreto 555 de 2020, lo que
suceda primero; la disposición relacionada con cobertura, establecida en el
artículo 5.5.2.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016 al que se refiere el
artículo 3 de esta resolución, y las contenidas en los artículos 5, 6 y 7 de
esta resolución, entrarán en vigor el 1 de julio de 2021; respecto de la
medida sobre descuentos tarifarios, dispuesta en el artículo 13.1.1.3. de la
Resolución CRC 5050 de 2016 al que hace referencia el artículo 4 de esta
resolución, comenzará a regir cuatro (4) meses después de la fecha de
publicación oficial de la base de datos del Sisbén IV por parte del
Departamento Nacional de Planeación, tiempo en el cual el Operador
Postal Oficial deberá suscribir el(los) acuerdo(s) o convenio(s) a que haya
lugar para acceder a la información.

La presente resolución deroga el literal b) del artículo 2 de la Resolución
MinTIC 1552 de 2014 a partir del 1 de julio de 2021; el literal c) del artículo
2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014 y sus respectivas modificaciones
mediante la Resolución MinTIC 3844 de 2014, a partir del primero (1) de
septiembre de 2021; los literales d) y e) del artículo 2 de la Resolución
MinTIC 1552 de 2014 y sus respectivas modificaciones mediante la
Resolución MinTIC 3844 de 2014, a partir del día siguiente de que culmine
la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud
y Protección Social o de que sea derogado el artículo 6 del Decreto 555 de
2020; y el literal f) del artículo 2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014 y
su respectiva modificación mediante la Resolución MinTIC 3844 de 2014 a
partir del 1 de junio de 2021. Las resoluciones 1552 de 2014 y 3844 de
2014 expedidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones quedarán derogadas en su totalidad a partir del día
siguiente de que culmine la vigencia de la emergencia sanitaria declarada
por el Ministerio de Salud y Protección Social o de que sea derogado el
artículo 6 del Decreto 555 de 2020, lo que suceda primero.”

ARTÍCULO 12. Modificar el inciso primero del artículo 10 de la Resolución CRC
6128 de 2020, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 10. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Durante el período
comprendido entre la fecha de publicación de esta resolución en el Diario
Oficial y el 31 de agosto de 2021, el Operador Postal Oficial deberá cumplir
las disposiciones expedidas por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones en materia de horarios de atención y
condiciones de prestación del servicio, contenidas en el literal c) del artículo
2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014; hasta el día que culmine la vigencia
de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social o que sea derogado el artículo 6 del Decreto 555 de 2020, lo que

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suceda primero, deberá dar cumplimiento a los indicadores y metas de
calidad respecto de frecuencia y tiempos de entrega, contenidas en los
literales d) y e) del artículo 2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014
modificados mediante la Resolución MinTIC 3844 de 2014; hasta el 31 de
mayo de 2021, deberá aplicar aquellas medidas expedidas en materia de
indicadores y metas de calidad respecto de entrega de objetos postales,
contenidas en el literal f) del artículo 2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014
modificado mediante la Resolución MinTIC 3844 de 2014; y hasta el 30 de
junio de 2021, deberá dar cumplimiento a las disposiciones sobre
cubrimiento expedidas por dicho Ministerio mediante el literal b) del artículo
2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014 y reportar el Formato 1.2 del
TÍTULO REPORTES DE INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5050 de
2016 vigente a la fecha de expedición de este acto administrativo.”

ARTÍCULO 13. Durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social, el Operador Postal Oficial deberá
diligenciar y reportar la información solicitada mediante el Formato 2.4
“CANTIDIDAD DE OBJETOS ENTREGADOS A TIEMPO- SPU” de la Sección
2 del Capítulo 3 del TÍTULO DE REPORTES DE INFORMACIÓN de la
Resolución CRC 5050 de 2016, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

(i) Se entiende por tiempos de entrega los plazos en días hábiles, para
realizar la entrega del objeto postal al destinatario (D+n), contados a partir
del día de la imposición del objeto postal por parte del remitente y la admisión
por parte del Operador Postal Oficial. En aquellos casos en que el objeto
postal sea admitido durante las tres (3) horas previas a la finalización del
horario de atención al público, el objeto postal se entenderá admitido el día
hábil siguiente, sin que ello requiera la modificación de la fecha de admisión
del envío.

(ii) Los tiempos de entrega para el caso de las entregas de objetos postales
salientes con destino internacional, se empezarán a contar a partir de la
entrega del objeto postal a la autoridad competente de los trámites
aduaneros o de las revisiones que requieren este tipo de envíos. Para los
envíos internacionales entrantes, los tiempos de entrega se contarán a partir
de la nacionalización del objeto postal.

(iii) Para el caso de los envíos con destino a zonas rurales, el tiempo de
entrega se contabilizará hasta la entrega del objeto postal en el punto de
atención al público que corresponda.

(iv) Para el diligenciamiento de los campos No. 9 “Envíos originados en el
municipio que cumplen el tiempo de entrega”; y No. 10 “Envíos entregados
en el municipio que cumplen el tiempo de entrega” del Formato, sólo se
deberán contabilizar los objetos postales que se hayan entregado en los
tiempos que se indican a continuación para cada uno de los servicios
pertenecientes al SPU:

Tiempos de entrega para correspondencia prioritaria, encomiendas, y
correo telegráfico para el ámbito nacional e internacional

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(v) Se entiende como envío local o urbano todo aquel cuyo municipio de
destino corresponde con el mismo municipio de origen o pertenece a la
misma área metropolitana. Las áreas metropolitanas de Colombia que el
Operador Postal Oficial debe utilizar en la prestación de sus servicios en el
ámbito local (o urbano) son las reconocidas por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística – DANE, que se encuentran
disponibles en el Geovisor de Consulta de Codificación de la División Político
– Administrativa de Colombia (DIVIPOLA).

(vi) Para el caso de los envíos con destino a zonas rurales, el tiempo de
entrega se contabilizará hasta la entrega del objeto postal en el punto de
atención al público que corresponda.”

PARÁGRAFO 1: Las condiciones y tiempos de entrega indicados en el
presente artículo corresponden a los parámetros que deberá tener en cuenta el
Operador Postal Oficial exclusivamente para el adecuado diligenciamiento del
Formato 2.4 durante la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Protección Social, en consecuencia, no será exigible el cumplimiento
de estas condiciones y tiempos de entrega durante este periodo.

PARÁGRAFO 2. Durante la vigencia del presente artículo, para el caso de los
envíos con destino a zonas rurales, el Operador Postal Oficial deberá mantener
disponible en el punto de atención al público el objeto postal durante mínimo 20
días, para ser recogido por el destinatario.

ARTÍCULO 14. Sin perjuicio de las medidas dispuestas en el presente acto
administrativo, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y
operadores postales deberán garantizar en todo momento la prestación de los
servicios de forma continua y eficiente.

Para estos efectos, la Comisión de Regulación de Comunicaciones o el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrán

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requerir a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y
operadores postales aquella información que se considere pertinente para
realizar un adecuado seguimiento a la forma en la que se prestan los servicios.

ARTÍCULO 15. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 136 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el presente
acto administrativo será enviado al Consejo de Estado dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a su expedición para que esta Corporación proceda
a adelantar el control inmediato de legalidad sobre su contenido.

ARTÍCULO 16. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación
en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá D.C. a los 31 días del mes de agosto de 2021

I.2. Actuación procesal surtida

I.2.1. Por reparto de la Secretaría General de esta Corporación el presente asunto
fue remitido al Despacho del consejero Ponente el 3 de septiembre de 2021, para
el trámite de rigor.

I.2.2. En providencia del 2 de noviembre de 2021 se avocó conocimiento del
proceso de la referencia, en única instancia, y, con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 185 y 186 de la Ley 1437 de 2011, dispuso notificar al Director de la CRC,
así como al Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al
Ministerio Público e igualmente comunicar a la comunidad en general sobre su
existencia, en orden a que cualquier ciudadano interviniera por escrito para defender
o impugnar la legalidad de la Resolución número 6370 del 31 de agosto de 2021, e
invitar a las entidades públicas, organizaciones privadas y expertos en la materia,
para que presentaran su concepto.

Asimismo, se dispuso oficiar a la CRC, con el fin de que remitiera, en medio
magnético, copia de los antecedentes administrativos que sirvieron de fundamento
del acto objeto de revisión en esta sede, o de cualquier otro documento que hubiere
sido relevante para expedir dicho acto administrativo. Y se ordenó a la Secretaría
General de esta Corporación que, vencido el término de que trata el numeral 4 del
artículo 185 del CPACA, enviara el asunto al Ministerio Público para que rindiera su
concepto.

II. INTERVENCIÓN

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Control inmediato de legalidad

No intervino ninguna entidad.

III. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto de la
manera que se transcribe a continuación:

“Análisis en relación con el marco normativo ya señalado

Sea lo primero advertir que es claro que la CRC con la expedición del acto
administrativo objeto de control tuvo como finalidad cumplir las directrices
contempladas en el Decreto 555 de 2020 y normas concordantes.

Del análisis de las previsiones contenidas en la resolución 6370 de 2021 y su
confrontación con las normas en que se soportó, esta Delegada considera que
aquellas no vulneran ni limitan el núcleo esencial de ningún derecho
fundamental, por el contrario, apuntan a garantizar la prestación de los servicios
esenciales de telecomunicaciones y postales.

En relación con la necesidad, estima el Ministerio Público que es
responsabilidad del Gobierno Nacional adoptar medidas para mitigar los efectos
negativos que ha generado la pandemia del COVID -19 y en tal virtud, resulta
pertinente la expedición de herramientas normativas como el Decreto
Legislativo 555 de 2020 y los actos que como la resolución que nos ocupa lo
desarrollan, buscando garantizar la prestación del servicio a pesar de la
emergencia sanitara provocada por la pandemia del virus COVID-19.

Respecto de la finalidad de las medidas, sin duda, los aspectos regulados
tienen como principal y único objetivo atender la emergencia declarada por el
Gobierno Nacional y tienen una relación directa con la situación presentada con
el COVID 19, que, en este caso, se requieren para reducir lo más posible el
impacto de las contingencias generadas por la pandemia generada por dicho
virus.

Se evidencia además que se trata de una norma que atiende el criterio de
proporcionalidad, por cuanto la implementación de las medidas del régimen
de calidad y prestación de los servicios de telecomunicaciones y postales,
propende por garantizar la prestación eficiente y continua del servicio, mientras
que la corta vigencia de la medida produce una moderada afectación a los
estándares de calidad que normalmente se exigen.

Por último, la resolución objeto de control no contiene ninguna disposición
discriminatoria, ni incurre en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo
15 de la Ley 137 de 19945. Puede concluirse entonces que las anteriores
medidas no contradicen los mandatos legales y constitucionales pues se trata
de una regulación expedida en virtud de la atribución de competencias del señor
Presiente de la CRC, además de encontrarse conforme con los lineamientos
contemplados en la Ley 137 de 1994, norma que señala los parámetros y los

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Control inmediato de legalidad

límites a los cuales deben ceñirse las decisiones adoptadas durante los estados
de excepción.”3 (Negrillas dentro del texto).

IV. CONSIDERACIONES

IV.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 y en los
artículos 118, numeral 8, y 136 de la Ley 1437 de 2011, corresponde a la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ejercer el control inmediato
de legalidad de los actos administrativos de carácter general, proferidos por
autoridades del orden nacional, en ejercicio de la función administrativa y como
desarrollo de los decretos expedidos durante los estados de excepción.

En sesión virtual número 10 llevada a cabo el 1º de abril del año en curso, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado aprobó “asignar los
controles inmediatos de legalidad a las salas especiales de decisión, de
conformidad, entre otros, con los artículos 107-4, 185-1 y 111-8 del CPACA y 23,
29-3 y 42 del Acuerdo 080 de 2019”.

IV.2. Naturaleza, finalidad y características del control inmediato de legalidad

El control inmediato de legalidad es el medio jurídico previsto en Ley Estatutaria 137
de 19944 y en la Ley 1437 de 20115 para examinar “las medidas de carácter general
que sean dictadas” por las diferentes autoridades públicas, tanto del orden nacional
como territorial, en ejercicio de la función administrativa, para desarrollar o
reglamentar los decretos legislativos proferidos durante los estados de excepción.

El examen de legalidad se realiza mediante la confrontación del acto administrativo
con las normas constitucionales que permiten la declaratoria de los estados de
excepción (artículos 212 a 215 de la Constitución), la ley estatutaria de los estados
de excepción (Ley 137 de 1994), el decreto que declara la situación de excepción,
y los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional para conjurarla.

3
Visible en el índice número 14 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
4
“Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia”
5
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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Control inmediato de legalidad

Esta Corporación ha definido como características del control inmediato de legalidad
las siguientes6:

a. Es un verdadero proceso judicial, porque el artículo 20 de la Ley 137 de 1994
otorgó competencia a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para tramitar
dicho mecanismo de escrutinio o revisión de las medidas de carácter general,
expedidas por las autoridades públicas nacionales y territoriales, en ejercicio de la
función administrativa, para desarrollar los decretos legislativos expedidos por el
Gobierno Nacional durante los estados de Excepción. De ahí que la providencia que
decida el control inmediato de legalidad es una sentencia judicial.

b. Es automático e inmediato, porque tan pronto se expide el correspondiente
actoadministrativo general para desarrollar los decretos legislativos expedidos por
el Gobierno Nacional durante los estados de Excepción, la autoridad pública de la
cual emanó dicho acto, debe enviarlo a la jurisdicción contenciosa dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes, para que se ejerza el control correspondiente,
so pena de que la autoridad judicial competente asuma, de oficio, el conocimiento
del asunto. Por lo tanto, ni siquiera es necesario que el acto se haya divulgado.

c. Es autónomo, porque es posible que se controlen los actos administrativos
generales expedidos para desarrollar los decretos legislativos proferidos por el
Gobierno Nacional durante los estados de excepción, antes de que la Corte
Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto que declara el
mismo y de los decretos legislativos que expida el Presidente de la República para
conjurarlo.

d. Es integral, por cuanto es un juicio en el que se examina la competencia de
la autoridad que expidió el acto, la conexidad del acto con los motivos que dieron
lugar a la declaratoria del estado de excepción y con el propio decreto legislativo, la
sujeción a las formas y la proporcionalidad de las medidas adoptadas para conjurar

6
Ver, entre muchas otras, sentencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 28 de
enero de 2003, expediente núm. 2002-0949-01, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; del 7 de
octubre de 2003, expediente núm. 2003-0472-01, C.P. Tarcisio Cáceres Toro, del 16 de junio de
2009, expediente núm. 2009-00305-00, y del 9 de diciembre de 2009, expediente núm. 2009-0732-
00, C.P. Enrique Gil Botero.

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Control inmediato de legalidad

la crisis e impedir la extensión de los efectos del Estado de Excepción. Es de aclarar
que, aunque, en principio, podría pensarse que el control integral supone que el acto
administrativo general expedido para desarrollar los decretos legislativos proferidos
por el Gobierno Nacional durante los estados de Excepción se confronta frente a
todo el ordenamiento jurídico, hay que tener en cuenta que, debido a la complejidad
y extensión del mismo, el control inmediato de legalidad queda circunscrito a las
normas invocadas en la sentencia con la que culmina el proceso.

e. La Sala Plena del Consejo de Estado ha dicho, además, que el control es
compatible con las acciones públicas de Nulidad Simple y Nulidad por
Inconstitucionalidad, según sea el caso7. De modo que el acto administrativo
general expedido para desarrollar los decretos legislativos proferidos por el
Gobierno Nacional durante los estados de Excepción puede demandarse
posteriormente en nulidad simple o en nulidad por inconstitucionalidad, siempre que
se alegue la violación de normas diferentes a las examinadas en el trámite del
control inmediato de legalidad.

f. Es un control participativo, pues los ciudadanos podrán intervenir
defendiendo o atacando la legalidad de los actos administrativos objeto de control.

g. La sentencia que decide el control inmediato de legalidad hace tránsito a cosa
juzgada relativa (artículo 189 del CPACA), si desestima la nulidad del acto. En
cuanto a esta característica, esta Corporación ha dicho que los fallos que
desestiman la nulidad de los actos objeto de control o que la decretan sólo
parcialmente respecto de algunos de sus preceptos, aunque tienen efecto erga
omnes, esto es, oponible a todos y contra todos, tienen la autoridad de cosa juzgada
relativa, es decir, sólo frente a los ítems de ilegalidad analizados y decididos en la
sentencia. Entonces, la decisión adoptada en un fallo desestimatorio, en estos
casos, en tanto se contrae a un estudio de legalidad limitado dado su carácter
oficioso, ajeno a la naturaleza dispositiva del control judicial asignado a la justicia
administrativa, no implica el análisis de todos los posibles motivos de contradicción
con normas superiores y, por lo mismo, no es óbice para que a futuro se produzca

7
Ver, entre otras, las siguientes sentencias: (i) del 7 de febrero de 2000, expediente núm. CA-033,
C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; (ii) del 20 de octubre de 2009, expediente núm. 2009-00549,
C.P. Mauricio Fajardo Gómez, y (iii) del 9 de diciembre de 2009, expediente núm. 2009-00732, C.P.
Enrique Gil Botero.

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otro pronunciamiento, que verse sobre reproches distintos que puedan edificarse
sobre la misma norma.

IV.3. Control inmediato de legalidad de la Resolución Nro. 6370 del 31 de
agosto de 2021.

Procede la Sala Especial a realizar el control inmediato de legalidad de este acto
administrativo, de acuerdo con los criterios explicados por la jurisprudencia, a saber:
competencia, sujeción a las formas, conexidad y proporcionalidad.

IV.3.1. En cuanto a la competencia

En aras de verificar este primer aspecto, se advierte que el artículo 19 de la Ley
1341 de 2009, modificado por el artículo 15 de la Ley 1978 de 2019, estableció cuál
era la naturaleza de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Así, en dicha
normativa se señaló que esa entidad es la encargada de, entre otras, regular los
mercados de redes y los servicios de comunicaciones, así como de garantizar la
protección de los derechos de los usuarios, asegurando que la prestación de esos
servicios sea eficiente y refleje altos niveles de calidad.

La norma en cuestión es del siguiente tenor:

“Artículo 19. Creación, naturaleza y objeto de la comisión de regulación
de comunicaciones. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC),
es una Unidad Administrativa Especial, del orden nacional, con independencia
administrativa, técnica, patrimonial, presupuestal, y con personería jurídica, la
cual forma parte del Sector administrativo de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones. La CRC no estará sujeta a control jerárquico o de tutela
alguno y sus actos solo son susceptibles de control ante la jurisdicción
competente.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones es el órgano encargado de
promover la competencia en los mercados, promover el pluralismo informativo,
evitar el abuso de posición dominante, regular los mercados de las redes y los
servicios de comunicaciones y garantizar la protección de los derechos de los
usuarios; con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente
eficiente, y refleje altos niveles de calidad, de las redes y los servicios de
comunicaciones, incluidos los servicios de televisión abierta radiodifundida y de
radiodifusión sonora.

Para estos efectos la Comisión de Regulación de Comunicaciones adoptará una
regulación que promueva la inversión, la protección de los usuarios, la calidad
de los servicios, la simplificación regulatoria la neutralidad de la red, e incentive

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la construcción de un mercado competitivo que desarrolle los principios
orientadores de la presente Ley.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones adoptará su estructura y planta
de personal para el ejercicio de sus funciones de conformidad con lo dispuesto
en la presente Ley dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en
vigencia de la presente Ley, plazo que podrá ser prorrogado hasta por seis (6)
meses adicionales.

Parágrafo. La Comisión de Regulación de Comunicaciones, a través de su
Director Ejecutivo, presentará al Congreso, dentro de los primeros quince días
de cada legislatura, informe sobre el estado de los asuntos a su cargo.
Adicionalmente, cualquiera de las comisiones constitucionales permanentes del
Congreso de la República, en lo de su competencia, podrá requerir la asistencia
de los Comisionados de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.”
(Subrayas de la Sala).

Por su parte, el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, determinó que la CRC estaba
facultada para regular, entre otras cosas: (i) los parámetros de calidad de los
servicios que son aplicables a los proveedores de redes y de telecomunicaciones,
(ii) los aspectos técnicos y económicos del Servicio Postal Universal – SPU y (iii) los
índices y metas de calidad para la prestación de dichos servicios. Tal y como se
puede observar a continuación:

“Artículo 22. Funciones de la comisión de regulación de
comunicaciones. Son funciones de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, respecto de la provisión de redes y servicios de
telecomunicaciones, incluyendo el servicio de televisión abierta radiodifundida
y todas las demás modalidades del servicio de televisión y el servicio de
radiodifusión sonora, las siguientes:

(…)

3. Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias
relacionadas con el régimen de competencia, los aspectos técnicos y
económicos relacionados con la obligación de interconexión y el acceso y uso
de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para
la interconexión; así como la remuneración por el acceso y uso de redes e
infraestructura, precios mayoristas, las condiciones de facturación y recaudo; el
régimen de acceso y uso de redes; los parámetros de calidad de los servicios;
los criterios de eficiencia del sector y la medición de indicadores sectoriales para
avanzar en la sociedad de la información; y en materia de solución de
controversias.

(…)

23. Regular los aspectos técnicos y económicos relacionados con las diferentes
clases de servicios postales, incluyendo aquellos comprendidos en el Servicio
Postal Universal, teniendo en cuenta los recursos disponibles para su
financiación y la política pública definida para el sector postal por el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

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24. Fijar indicadores y metas de calidad y eficiencia de los servicios postales,
incluyendo aquellos comprendidos dentro del Servicio Postal Universal,
teniendo en cuenta los recursos disponibles para su financiación y la política
pública definida para el sector postal por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones e imponer índices de calidad, cobertura y
eficiencia a uno o varios operadores para determinados servicios.”

A su vez, el artículo 20 de la Ley 1369 de 2009 8, estableció que la CRC era la
encargada de expedir el régimen de calidad del servicio y los parámetros de
eficiencia de los servicios postales que se prestan en el territorio nacional:

“Artículo 20. funciones regulatorias de la CRC. La CRC tendrá las siguientes
funciones regulatorias en asuntos postales:

(…)

3. Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias
relacionadas con el régimen de tarifas, el régimen de protección al usuario, los
parámetros de calidad de los servicios, criterios de eficiencia y en materia de
solución de controversias entre los operadores de servicios postales.”

Finalmente, el artículo 6º del Decreto Legislativo 555 de 2020 9 previó que la CRC
tiene facultades para expedir, durante la vigencia de la emergencia sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y de la Protección Social, las resoluciones que
flexibilicen el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los prestadores de las
redes de telecomunicaciones y servicios postales, con el fin de que los mismos
puedan continuar con la prestación de dichos servicios:

“Artículo 6. Suspensión de las obligaciones relacionadas con la prestación
del servicio. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada
del Coronavirus COVID-19, flexibilizarán las normas relacionadas con el
cumplimiento del régimen de calidad y otras obligaciones de los prestadores de
redes y servicios de telecomunicaciones y de los servicios postales, en la
medida en que no constituyan elementos esenciales para garantizar la provisión
del servicio. La Comisión de Regulación de Comunicaciones y el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en lo de su competencia,
expedirán las resoluciones que flexibilizan las obligaciones específicas.”

Bajo tal perspectiva, lo que advierte la Sala es que la Resolución Nro. 6370 del 31
de agosto de 2021 habría sido expedida en uso de las disposiciones normativas en

8
“Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras
disposiciones”
9
“Por el cual se adoptan medidas con el fin de atender la situación de emergencia económica, social
y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020”

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cita, siendo entendida dentro del contexto de emergencia sanitaria en el que se
encuentra en el país, pues allí se fijaron facultades para que la CRC garantizara la
provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y postales en el país,
flexibilizando para esos efectos, de ser necesario, las obligaciones a cargo de los
operadores y proveedores.

IV.3.2. En cuanto a los requisitos de forma

Desde el punto de vista formal, la Resolución Nro. 6370 del 31 de agosto de 2021
examinada contiene los elementos requeridos para la efectiva expresión de una
voluntad unilateral emitida en ejercicio de la función administrativa, en tanto que en
ella aparece el objeto, la causa, el motivo y finalidad de su expedición, según se
advierte de la lectura de sus considerandos.

Aunado a lo anterior, la citada resolución cumple con los demás elementos formales
de todo acto administrativo, tales como: el encabezado, número, fecha, epígrafe o
resumen de las materias reguladas, la competencia o la referencia expresa de las
facultades que se ejercen, el contenido de las materias reguladas u objeto de la
disposición, la parte resolutiva y la firma de quien lo suscribe.

IV.3.3. En cuanto a la conexidad

En relación con el análisis de conexidad en el marco del control inmediato de
legalidad, el Consejo de Estado10 ha precisado que “Se trata de establecer si la
materia del acto objeto de control inmediato tiene fundamento constitucional y
guarda relación directa y específica con el estado de emergencia declarado y el
decreto legislativo que adopta medidas para conjurarlo. Se puede afirmar que hay
conexidad entre el decreto legislativo y el decreto que lo desarrolla cuando entre
uno y otro hay una correlación directa”.

En este orden, se debe establecer si la Resolución Nro. 6370 del 31 de agosto de
2021, es consonante con las causas que generaron la declaratoria del Estado de

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-2015-
0257800(CA), sentencia de 24 de mayo de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala.

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Excepción y las normas que se han expedido para superar dicha situación,
particularmente lo previsto en el Decreto Legislativo 555 del 15 de abril de 2020.

IV.3.3.1. Al respecto, es pertinente señalar que el señor Presidente de la
República, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las
conferidas en el artículo 215 de la Constitución Política y en la Ley 137 de 1994, por
medio del Decreto 417 de 17 de marzo de 2020 declaró el “Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de 30
días”11, con el fin de adoptar todas las medidas necesarias para conjurar la crisis
derivada de la Pandemia COVID-19 (Coronavirus), dirigidas, de un lado, a evitar la
propagación de la misma, y de otro, a reducir la extensión de sus efectos negativos
en la economía y demás sectores de la vida nacional, atendiendo, entre otras, a las
siguientes motivaciones:

“Que la misma Organización señaló́ que describir la situación como una
pandemia no significaba que los países afectados pudieran darse por vencidos,
pues esto significaría terminar enfrentándose a un problema mayor y a una
carga más pesada para el sistema de salud, que a la postre requeriría medidas
más severas de control y por tanto, los países deban encontrar un delicado
equilibrio entre la protección a la salud, la prevención de los trastornos sociales
y económicos y el respeto de los derechos humanos, razón por la cual hizo un
llamado a los países afectados para que adopten una estrategia de contención.

(…)

Que el vertiginoso escalamiento del brote de nuevo coronavirus COVID-19
hasta configurar una pandemia representa actualmente una amenaza global a
la salud pública, con afectaciones al sistema económico, de magnitudes
impredecibles e incalculables, de la cual Colombia no podrá́ estar exenta.

(…)

Que lo expuesto anteriormente evidencia que el sistema de salud colombiano
no se encuentra físicamente preparado para atender una emergencia de salud,
requiere ser fortalecido de manera inmediata para atender un evento sorpresivo
de las magnitudes que la pandemia ha alcanzado ya en países como China,
Italia, España, Alemania, Francia e Irán, entre otros.

(…)

Que de acuerdo con lo expuesto anteriormente como consideraciones, es
evidente que el país se encuentra enfrentando una situación repentina e
inesperada que afecta de manera grave el orden económico y social por hechos
absolutamente imprevisibles y sobrevinientes que no pueden ser controlados a
través de las potestades ordinarias de que goza el Gobierno nacional, siendo
necesario acudir al mecanismo contemplado en el artículo 215 de la

11
Artículo 1º ibídem.

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Constitución Política, además que se trata de situaciones diferentes a las que
se refieren los artículos 212 y 213 de la Constitución Política.

(…)

Que el posible aumento de casos de contagio del nuevo Coronavirus COVID-
19 constituye un reto de dimensiones inusuales para el Sistema Nacional de
Salud, quien no sólo debe atender las necesidades de los directamente
afectados, sino que tiene la responsabilidad impedir la extensión de los efectos
hacia todos los habitantes, del país, lo cual exige la disposición de ingentes
recursos económicos y la adopción de parte de todas las entidades del Estado
y de los particulares de las acciones necesarias para restringir el contacto de
los habitantes, con la finalidad, de garantizar las condiciones necesarias de
atención en salud, evitar el contagio de la enfermedad y su propagación.

(…)

Que la adopción de medidas de rango legislativo -decretos ley-, autorizada por
el Estado de Emergencia, busca fortalecer las acciones a conjurar los efectos
de la crisis, mediante la protección a la salud de los habitantes del territorio
colombiano, así como la mitigación y prevención del impacto negativo a la
economía del país".

Posteriormente, el Gobierno Nacional, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, entre ellas, las derivadas del decreto declarativo del
estado de emergencia, expidió el Decreto 555 del 15 de abril de 2020, “Por el cual
se adoptan medidas con el fin de atender la situación de emergencia económica,
social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020”, con fundamento, entre
otras, en las siguientes consideraciones:

“Que de conformidad con el numeral 10 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009
"Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan
otras disposiciones", con el propósito de garantizar el ejercicio y goce efectivo
de los derechos constitucionales a la comunicación, la vida en situaciones de
emergencia, la educación, la salud, la seguridad personal y el acceso a la
información, al conocimiento, la ciencia y a la cultura, así como el de contribuir
a la masificación de los trámites y servicios digitales, es deber de la Nación
asegurar la prestación continua, oportuna y de calidad de los servicios públicos
de comunicaciones.

Que los servicios de telecomunicaciones y postales permiten la protección de
bienes jurídicos ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los
derechos y libertades fundamentales y hacer efectivas las garantías dispuestas
para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad. Si bien los
artículos 10 y 73 de la Ley 1341 de 2009, 1 de la Ley 182 de 1995 y 1 de la Ley
1369 de 2009, definen que estos servicios son públicos, no han determinado
que revisten naturaleza de esenciales, adicionalmente, fueron expresamente
excluidos del régimen de los servicios públicos domiciliarios por el citado
artículo 73. Esta declaratoria es especialmente importante para garantizar la
operación, adecuación y mantenimiento de las redes e infraestructura de

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telecomunicaciones y postales, de manera ininterrumpida, durante la
emergencia, porque estos servicios habilitan la comunicación remota, que es
fundamental para permitir el desarrollo de actividades en condiciones no
presenciales que permitan el distanciamiento social y aislamiento, acciones
claves para la contención y mitigación del COVID-19.

Que la Corte Constitucional, en sentencia C-691 del 9 de julio de 2008,
estableció el criterio para determinar si un servicio público es esencial,
señalando "(...) cuando "las actividades que lo conforman contribuyen de modo
directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a
la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad
de los derechos y libertades fundamentales"

Que en esa medida los servicios de telecomunicaciones y postales se
convierten en una herramienta esencial para permitir la protección de bienes
jurídicos ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos
y libertades fundamentales y hacer efectivas las garantías dispuestas para su
amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad, por tanto, los servicios
de telecomunicaciones y postales, revisten naturaleza de esenciales y debe
garantizarse la adecuación y mantenimiento de las redes e infraestructura de
telecomunicaciones y postales, de manera ininterrumpida, por lo que se hace
necesario crear una norma en este sentido.

Que es necesario garantizar la continua y oportuna comunicación entre las
autoridades, personal de atención médica, la población afectada, en riesgo, y el
resto de los ciudadanos, para que conozcan, entre otras, las medidas a
implementar, los canales de atención, los beneficios que sean entregados, entre
otra información útil, que debe estar disponible y ser transmitida mediante los
servicios de telecomunicaciones incluyendo la televisión, así como los servicios
postales, según la necesidad de difusión de la información por parte de las
autoridades.

Que de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del DANE, a
diciembre de 2018 el 53,0% (8,2 millones) de hogares colombianos contaban
con Internet (fijo y móvil), adicionalmente, el país cuenta con 22, 19 millones de
conexiones de más de 10 Mbps, de las cuales 2,82 millones son residenciales
fijas y 19,37 millones son móviles en tecnología 4G. En relación con los accesos
residenciales de Internet fijo el 81,5 % (5.200.806) disponen de velocidad de
bajada mayor o igual a 5Mpbs. El 60,2 % (3.844.776) tienen acceso a Internet
fijo con velocidad de descarga mayor o igual a 10 Mbps. Las anteriores cifras
demuestran que, si bien el país ha avanzado de manera importante en la
provisión de los servicios de telecomunicaciones aún no existe servicio
universal, por ello, se precisan medidas para que las personas en necesidad de
comunicarse y acceder a la información no vean restringidas sus posibilidades
debido a problemas económicos derivados de la emergencia.

Que según las cifras del Boletín TIC del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, con corte al tercer trimestre de 2019, en el
país había 12.412.834 abonados al servicio de Internet móvil por suscripción y
13.854.011 abonados al servicio de voz móvil por suscripción, esto es, usuarios
en la modalidad de pos pago que, podrían ver afectada su capacidad de pago
por las restricciones en la disponibilidad de flujo de caja y el comportamiento en
la tasa de cambio, como se expresa en la parte motiva del Decreto 417 de 2020.
En consecuencia, para garantizar que la población acceda de manera
permanente a los servicios de telecomunicaciones y postales, para asegurar su
oportuna atención así como el ejercicio de sus derechos durante la emergencia,
se deben adoptar medidas para que el servicio no sea suspendido por razones

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patrimoniales como la falta de pago o la mora en el pago del servicio, así como
brindar la posibilidad de acceso a contenidos educativos que son fundamentales
para garantizar este derecho, durante la emergencia sanitaria.

Que dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la salud y
la vida, especialmente el distanciamiento social, debido a la ocurrencia de la
pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, es necesario
adoptar acciones que permitan enfocar los esfuerzos en el cumplimiento de las
obligaciones que garanticen la continuidad en la prestación de los servicios de
comunicaciones y, especialmente, que permitan de manera prioritaria el
funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones y postales para el
acceso a los servicios de salud el desarrollo de actividades laborales y el
ejercicio de derechos fundamentales, que prevalecen frente a servicios
simplemente recreativos o de ocio.

Que en el mismo sentido, es necesario garantizar que la provisión de bienes y
servicios adquiridos mediante empresas que ejercen actividades de comercio
electrónico será priorizada en aquellos bienes y servicios de primera necesidad
que permitan el abastecimiento de la población, con prelación de los bienes y
servicios adquiridos de manera previa a la emergencia o que no son de primera
necesidad, a efectos de garantizar que la población mantenga las medidas de
distanciamiento social y aislamiento, mediante el uso del comercio electrónico
y, al mismo tiempo, preservar los derechos de los consumidores por medios no
presenciales, siendo necesario crear una norma.
Que con el fin de contrarrestar los efectos negativos que se presenten como
consecuencia de la disminución en los ingresos de los prestadores de redes y
servicios de comunicaciones, cuyas operaciones son igualmente impactadas
por la ocurrencia de la pandemia del COVID-19 (antes coronavirus) y la
probable disminución del flujo de caja que esto genera en la economía así como
la disminución de ingresos derivadas de las obligaciones en dólares que se ven
afectadas por las fluctuaciones en la tasa de cambio, como se expresa en la
parte motiva del Decreto 417 de 2020, y con el fin de garantizar el
funcionamiento de estos servicios esenciales, se requiere dictar medidas
orientadas a unificar los periodos de pago de las contraprestaciones con el fin
de facilitar y prorrogar la cancelación de las cargas económicas que estos
agentes deben a la Nación con ocasión de sus licencias, títulos y permisos.

Que, al respecto, es de resaltar que las sumas pagadas al Fondo Único de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no tienen naturaleza
tributaria ni parafiscal, porque se trata de un precio público por la habilitación
para la provisión de un servicio público y el uso de un recurso público escaso.
En ese sentido, y como fue objeto de control de constitucionalidad en la revisión
del artículo 36 de la Ley 1341 de 2009 "el dinero se cobra con independencia
de cuáles sean las funciones del Fondo, y precisa y estrictamente en virtud de
la habilitación o concesión que hace el Estado a quienes estén interesados en
prestar el servicio público de provisión de redes y servicios de
telecomunicaciones" (Corte Constitucional, Sentencia C-403/10).

Que teniendo en cuenta que los proveedores de redes y servicios de
comunicaciones deben cumplir con estándares de calidad so pena de verse
incursos en sanciones de acuerdo con el artículo 64 de la Ley 1341 de 2009 y
37 de la 1369 de 2009 "Por medio de la cual se establece el régimen de los
servicios postales y se dictan otras disposiciones" y que es previsible que
debido a la alta demanda de los servicios de comunicaciones que se
incrementará en virtud de la intensificación de las medidas de trabajo y
educación desde la casa, se produzca la saturación de las redes y no sea
posible el cumplimiento de los estándares de calidad vigentes, se hace

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necesario facultar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para que
suspendan el régimen de calidad y otras obligaciones de los prestadores de
redes y servicios de telecomunicaciones y de los servicios postales, en la
medida en que no constituyan elementos esenciales para garantizar la provisión
del servicio.

Que las redes y servicios de telecomunicaciones, al igual de los servicios
postales, se convierten en instrumentos esenciales durante la emergencia
sanitaria y es imperiosa la necesidad de garantizar su provisión a todos los
habitantes del territorio nacional hasta que cesen las causas que dieron origen
a la emergencia sanitaria y se retomen las actividades laborales y académicas
de manera presencial y se disminuyan las mayores necesidades de uso de toda
la población por lo que se requiere adicionar un parágrafo al artículo 56 de la
Ley 1450 de 2011 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-
2014"

Que de conformidad con el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009,
modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, dentro de las funciones
de la Comisión de Regulación de Comunicaciones se encuentra la de
administrar el uso de los recursos de numeración, identificación de redes de
telecomunicaciones y otros recursos escasos utilizados en las
telecomunicaciones, diferentes al espectro radioeléctrico. Dentro de estos
recursos de numeración se encuentran los códigos cortos para el envío de
mensajes de texto (SMS por su sigla en inglés correspondiente a Short Message
System) y los códigos USSD correspondiente al servicio suplementario de datos
no estructurado (por su sigla en inglés correspondiente a unstructured
supplementary service data).

Que estos recursos de numeración permiten la comunicación a través de
teléfonos móviles, incluyendo aquellos que operan sobre redes de segunda
generación (conocidas como 2G), es decir, sin que se requiera de un teléfono
inteligente o de alta gama. Los códigos correspondientes a los recursos escasos
de numeración son asignados por la Comisión de Regulación de
Comunicaciones a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones,
habilitados según lo dispuesto en los artículos 10 y 15 de la Ley 1341 de 2009
y a los proveedores de contenidos y aplicaciones, definidos en el artículo 1 de
la Resolución 202 de 2010 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

Que es necesario permitir a las entidades del Estado, que implementan
programas y proyectos para atender la emergencia sanitaria y otorgar
beneficios a la población, el uso expedito de mecanismos de comunicación,
registro y activación de los beneficios por parte de los ciudadanos, en el
desarrollo de los programas y proyectos, que minimicen los desplazamientos a
los puntos de atención y reduzcan el contacto entre humanos en la mayor
medida posible. Por lo anterior, se requiere una norma que facilite el uso de los
recursos de numeración correspondientes a códigos cortos y mensajes de texto
(SMS y USSD), que pueden ser empleados en cualquier dispositivo móvil y que
son otorgados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, para que
sean asignados directamente a las entidades públicas que lo requieran para la
implementación expedita del respectivo programa o proyecto y la atención
oportuna a los ciudadanos.

Que en la Sentencia C-218/11, la Corte Constitucional se refiere a la vigencia
de los decretos legislativos expedidos durante los Estados de Emergencia, en
los siguientes términos: "[l]os decretos legislativos que expida el Gobierno

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durante la Emergencia, a diferencia de los dictados con fundamento en la
declaratoria de conmoción interior, tienen vocación de permanencia, lo cual
significa que pueden reformar o derogar la legislación preexistente y poseen
vigencia indefinida, hasta tanto el Congreso proceda a derogarlos o reformarlos,
salvo cuando se trata de normas relativas a la imposición de tributos o
modificación de los existentes, en cuyo caso las mismas dejarán de regir al
término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año
siguiente, les otorgue carácter permanente".

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró por el término
de treinta (30) días el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en
virtud del cual se expidió el Decreto 464 del 23 de marzo de 2020, respecto de
cual se hace necesario mantener las medidas adoptadas mientras dure el
estado de emergencia sanitaria, por tornarse necesarias para garantizar las
finalidades señaladas en los párrafos precedentes, las cuales atienden a
conjurar la crisis e impedir la propagación de sus efectos.”

Asimismo, se resolvió lo que sigue a continuación:

“Artículo 1. Declaratoria de servicios públicos esenciales. Los servicios de
telecomunicaciones incluidos los servicios de radiodifusión sonora, los de
televisión y los servicios postales, son servicios públicos esenciales. Por tanto,
no se suspenderá su prestación durante el estado de emergencia. Los
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y postales no podrán
suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes
requeridas para la operación del servicio.

Artículo 2. Prestación del servicio durante el estado de emergencia
sanitaria. Únicamente durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada
por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia
derivada del Coronavirus COVID-19, los proveedores del servicio público de
telecomunicaciones (PRST) aplicarán las siguientes reglas:

1. Para los planes de telefonía móvil (voz y datos) en la modalidad pospago
cuyo valor no exceda dos (2) Unidades de Valor Tributario - UVT:

a. Cuando el usuario incurra en impago del servicio, el proveedor otorgará
treinta (30) días adicionales al término pactado en el respectivo contrato para
que el usuario proceda con el pago de los valores adeudados, durante este
término, en los planes con una capacidad contratada igual o superior a un (1)
Gigabyte (GB) al mes, el servicio se mantendrá al menos con una capacidad de
cero coma cinco (0,5) Gigabyte (GB) al mes durante el periodo de no pago de
que trata este literal.

b. Si vencido el termino descrito en el anterior literal el usuario no efectúa el
pago, el operador podrá proceder con la suspensión del servicio, pero
mantendrá al menos los siguientes elementos: la opción de efectuar recargas
para usar el servicio en la modalidad prepago, envío de doscientos (200)
mensajes de texto (SMS) gratis y la recepción de estos sin ninguna restricción,
la navegación gratuita en veinte (20) direcciones de Internet (URL), que serán
definidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones con apoyo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones,
para acceder a servicios de salud, atención de emergencias, del gobierno y de
educación.

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Control inmediato de legalidad

Lo dispuesto en el presente numeral aplicará únicamente cuando el usuario
curse tráfico sobre la red de su operador.

1. Para los planes de telefonía móvil en la modalidad prepago:

a. Finalizado el saldo del usuario, el proveedor otorgará por treinta (30) días
una capacidad de envío de doscientos (200) mensajes de texto (SMS) gratis y
la recepción de estos sin ninguna restricción.

Lo dispuesto en el presente numeral aplicará únicamente cuando el usuario
curse tráfico sobre la red de su operador.

3. Para los servicios de telefonía móvil (voz y datos) en la modalidad prepago y
pospago (voz y datos) cuyo valor no exceda de dos (2) Unidades de Valor
Tributario - UVT:

a. Navegación sin costo para el usuario (zero rating) al dominio, subdominio y
paginas adyacentes del portal de educación que será dispuesto por el Ministerio
de Educación Nacional y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones dentro de los tres (3) días siguientes a la expedición del
presente Decreto. Este portal dispondrá de contenidos educativos en texto,
animaciones e imágenes. Los proveedores del servicio público de
telecomunicaciones (PRST) deberán implementar el acceso sin costo para el
usuario dentro de los tres (3) días siguientes a la disposición del portal por parte
del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.

Todos los proveedores del servicio público de telecomunicaciones (PRST) que
presten los servicios indicados en este artículo deberán realizar las acciones
requeridas para implementar lo dispuesto en este artículo.

Parágrafo. Las disposiciones del presente artículo aplican a los servicios en
operación, adquiridos como mínimo el 23 de enero de 2020. Una vez finalizado
el estado de emergencia sanitaria declarado por el Ministerio de Salud y
Protección Social, el usuario tendrá treinta (30) días calendario para efectuar el
pago de los periodos en mora.

Artículo 3. Comercio electrónico. Durante la vigencia de la Emergencia
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión
de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, las empresas que prestan
servicios de comercio electrónico, envíos y los operadores logísticos deberán
dar prioridad al envío de productos y servicios solicitados en línea que sean de
alimentación, de bebidas, de productos y bienes de primera necesidad, de
productos farmacéuticos, de productos médicos, ópticas, de productos
ortopédicos, de productos de aseo e higiene, de alimentos y medicinas para
mascotas, y de terminales que permitan el acceso a las telecomunicaciones
(teléfonos, computadores, tabletas, televisores) .

Artículo 4. Prioridad en el acceso. Adiciónese un parágrafo al artículo 56 de
la Ley 1450 de 2011 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-
2014", así:

"Parágrafo 2. La Comisión de Regulación de Comunicaciones definirá las
reglas y eventos en los que los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones, que prestan servicios de conexión a Internet podrán, con
sujeción a las necesidades que se generen por aumentos del tráfico que cursa
sobre las redes y las mayores demandas del servicio , priorizar el acceso del

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usuario a contenidos o aplicaciones relacionados con los servicios de salud, las
páginas gubernamentales y del sector público, el desarrollo de actividades
laborales, de educación y el ejercicio de derechos fundamentales, únicamente
durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de
la Salud.

Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, que prestan
servicios de conexión a Internet deberán reportar, mínimo cada dos días, a la
Comisión de Regulación de Comunicaciones el comportamiento del tráfico de
sus redes a efectos de determinar oportunamente las medidas a implementar
para priorizar contenidos o aplicaciones, durante la ocurrencia de pandemias
declaradas por la Organización Mundial de la Salud. Adicionalmente, deberán
reportar la evidencia suficiente que justifique la priorización de las aplicaciones
o contenidos antes mencionados, al menos 24 horas antes de iniciar la
priorización de la que trata el presente parágrafo transitorio. Este informe
deberá contener también la fecha y hora exacta de inicio y la fecha y hora exacta
de finalización de la priorización, sin que pueda exceder la durante la ocurrencia
de pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud. En ningún
caso, la priorización implicará el bloqueo de algún tipo de aplicación o contenido,
salvo aquellos prohibidos expresamente por la Ley.

Durante la ocurrencia de pandemias declaradas por la Organización Mundial de
la Salud, los servicios de reproducción de video bajo demanda sobre Internet
priorizarán la transmisión de sus contenidos en formato de definición estándar,
es decir, que no sea de alta definición ni superior."

Artículo 5. Pago de contraprestaciones por concepto de concesiones,
licencias, permisos, autorizaciones y habilitaciones para la provisión de
redes y servicios de telecomunicaciones y postales. Los periodos de pago
de las contraprestaciones que efectúan los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones, los concesionarios, los operadores postales y los titulares
de permisos para el uso de recursos escasos al Fondo Único de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones serán suspendidos hasta el 30 de mayo
de 2020. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
expedirá, mediante resolución, el cronograma de pagos respectivo. Para todos
los efectos se entenderá que no hay condonación de las contraprestaciones.

Artículo 6. Suspensión de las obligaciones relacionadas con la prestación
del servicio. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada
del Coronavirus COVID-19, flexibilizarán las normas relacionadas con el
cumplimiento del régimen de calidad y otras obligaciones de los prestadores de
redes y servicios de telecomunicaciones y de los servicios postales, en la
medida en que no constituyan elementos esenciales para garantizar la provisión
del servicio. La Comisión de Regulación de Comunicaciones y el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en lo de su competencia,
expedirán las resoluciones que flexibilizan las obligaciones específicas.

Artículo 7. Implementación de códigos cortos mediante SMS y USSD. La
Comisión de Regulación de Comunicaciones podrá asignar directamente a las
entidades del Estado códigos cortos SMS/USSD como mecanismo de
comunicación, registro, activación de beneficiarios, en el desarrollo de los
programas y proyectos para atender la emergencia sanitaria para que sean
usados de manera exclusiva por la Entidad a través de los proveedores de redes
y servicios de telecomunicaciones móviles en la implementación del programa,
sin que para ello estas entidades deban inscribirse como proveedores de redes
y servicios de telecomunicaciones (PSRT) ni como proveedores de contenidos

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y aplicaciones PCA. Dentro de los dos (2) días siguientes a la expedición del
presente Decreto la Comisión de Regulación de Comunicaciones adecuará el
procedimiento para la asignación de códigos cortos SMS/USSD a las entidades
públicas que lo requieran. Este procedimiento tendrá una duración máxima de
dos (2) días.

Artículo 8. Vigencia. Este decreto rige a partir del 16 de abril de 2020 y estará
vigente mientras se mantenga la Emergencia Sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada
del Coronavirus COVID-19.”

En ese orden de ideas, pasará la Sala a pronunciarse a en relación con cada de las
disposiciones adoptadas en el acto objeto de control.

IV.3.3.1. De la flexibilización de las condiciones de calidad para la provisión
de redes y los servicios de televisión.

IV.3.3.1.1. Al respecto, observa la Sala que, en el artículo 1º de la Resolución Nro.
6370 del 31 de agosto de 2021, la CRC resolvió extender la aplicación del artículo
4.14.1.5. del Capítulo 14 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, para la
provisión de redes y de los servicios de televisión en todas sus modalidades; ello
mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio
de Salud y la Protección Social o hasta que sea derogado el artículo 6 del Decreto
Legislativo 555 de 2020; veamos:

“Artículo 1. Extender para la provisión de redes y servicios de televisión en
todas sus modalidades, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 4.14.1.5. del
Capítulo 14 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, de conformidad
con lo previsto en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1341 de 2009, modificado
por el artículo 2 de la Ley 1978 de 2019. Dicha extensión estará en vigor
mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social o hasta que sea derogado el artículo 6
del Decreto 555 de 2020, lo que suceda primero.”

Para una mejor comprensión de lo dicho, es pertinente indicar que el artículo
4.14.1.5. de la Resolución CRC 5050 de 2016 dispuso que, en el tiempo que se
prolongue la atención de una emergencia sanitaria, no se hará exigible el
cumplimiento de los indicadores de calidad de dichos servicios a los proveedores
de comunicaciones; veamos:

“Artículo 4.14.1.5. Excepción de cumplimiento de indicadores de calidad.
Durante el tiempo que dure la atención de emergencias, situaciones declaradas
de conmoción interna o externa, desastres o calamidad pública, no se hará

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exigible el cumplimiento de los indicadores de calidad en los servicios de
telecomunicaciones prestados por los PRST en las zonas afectadas.”

Además, debe indicarse que la aludida disposición también es aplicable a los
operadores del servicio de televisión, de conformidad con el artículo 1º de la Ley
1341 de 2009, tal y como puede observarse a continuación:

“Artículo 1º. Objeto. La presente ley determina el marco general para la
formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de
competencia, la protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura,
la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo
de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico,
así como las potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la
administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y
vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los
habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información.

Parágrafo. El servicio postal continuará rigiéndose por las normas especiales
pertinentes, en particular la Ley 1369 de 2009, con las excepciones específicas
que contenga la presente Ley.

El servicio de radiodifusión sonora continuará rigiéndose por las disposiciones
específicas expresamente señaladas para ese servicio en la presente Ley.

Para todos los efectos de la presente Ley, la provisión de redes y servicios de
telecomunicaciones incluye la provisión de redes y servicios de televisión. El
servicio de televisión abierta radiodifundida continuará rigiéndose por las
normas especiales pertinentes, en particular la Ley 182 de 1995, la Ley 335 de
1996, la Ley 680 de 2001 y demás normas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan.

Al servicio de radiodifusión sonora y al de televisión abierta radiodifundida les
será aplicable la presente Ley en las disposiciones específicas expresamente
señaladas para estos servicios.

Sin perjuicio de la aplicación de los principios generales del derecho.” (Subrayas
de la Sala).

De lo hasta aquí expuesto se advierte que la finalidad del artículo 1º del acto de
objeto de control no fue otra que la de flexibilizar las normas para la provisión del de
redes y el servicio de televisión en todas sus modalidades, disponiendo que los
operadores están exentos de cumplir con los indicadores de calidad que son
exigidos para su prestación mientras dure el estado de emergencia sanitaria
declarado por el Ministerio de Salud y de la Protección Social.

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Lo expuesto encuentra fundamento en lo previsto en el artículo 1º del Decreto
Legislativo 555 de 2020, que dispuso que los servicios comunicaciones y la
televisión tienen el carácter de públicos, por lo que su prestación no puede ser
suspendida. Además, lo dicho es concordante con el artículo 6º ibídem, que
determinó que la CRC estaba habilitada para flexibilizar las obligaciones que debían
ser cumplidas por los proveedores de esos servicios, en aspectos tales como la
calidad del mismo, ello a efectos de garantizar la continuidad en esos servicios.

Para una mejor ilustración, es pertinente traer a colación lo dicho en los aludidos
artículos del Decreto 555 del 15 de abril de 2020 y el artículo 1º de la Resolución
Nro. 6370 del 31 de agosto de 2021:

DECRETO 555 de 2020 RESOLUCIÓN 6370 DE 2021

“Artículo 1. Declaratoria de servicios “Artículo 1. Extender para la provisión de
públicos esenciales. Los servicios de redes y servicios de televisión en todas sus
telecomunicaciones incluidos los modalidades, la aplicación de lo dispuesto
servicios de radiodifusión sonora, los de en el artículo 4.14.1.5. del Capítulo 14 del
televisión y los servicios postales, son Título IV de la Resolución CRC 5050 de
servicios públicos esenciales. Por tanto, 2016, de conformidad con lo previsto en el
no se suspenderá su prestación durante parágrafo del artículo 1 de la Ley 1341 de
el estado de emergencia. Los 2009, modificado por el artículo 2 de la Ley
proveedores de redes y servicios de 1978 de 2019. Dicha extensión estará en
telecomunicaciones y postales no podrán vigor mientras se encuentre vigente la
suspender las labores de instalación, emergencia sanitaria declarada por el
mantenimiento y adecuación de las redes Ministerio de Salud y Protección Social o
requeridas para la operación del servicio.” hasta que sea derogado el artículo 6 del
(Subrayas de la Sala). Decreto 555 de 2020, lo que suceda
primero.” (Subrayas de la Sala).
“Artículo 6. Suspensión de las
obligaciones relacionadas con la
prestación del servicio. Durante la
vigencia de la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, con ocasión de la
pandemia derivada del Coronavirus
COVID-19, flexibilizarán las normas
relacionadas con el cumplimiento del
régimen de calidad y otras obligaciones
de los prestadores de redes y servicios de
telecomunicaciones y de los servicios
postales, en la medida en que no
constituyan elementos esenciales para
garantizar la provisión del servicio. La
Comisión de Regulación de
Comunicaciones y el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las

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Comunicaciones, en lo de su
competencia, expedirán las resoluciones
que flexibilizan las obligaciones
específicas.” (Subrayas de la Sala).

A la misma conclusión arribó la Sala Especial de Decisión No. 19 de esta
Corporación que, al pronunciarse sobre una determinación idéntica a la adoptada
por la CRC en el acto objeto de estudio, señaló:

“Vii. Acerca de la prórroga de la extensión de la aplicación de lo previsto
en el artículo 4.14.1.5 del Capítulo 14 del Título IV de la Resolución CRC
5050 de 2016, para la provisión de redes y servicios de televisión en todas
sus modalidades, acerca de la no exigibilidad del cumplimiento de los
indicadores de calidad

93. Esta medida se fundamenta en lo preceptuado en el artículo 10 de los actos
administrativos estudiados, y consiste en extender la aplicación de lo señalado
en el artículo 4.14.1.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016 12, acerca de la
excepción de cumplimiento de los indicadores de calidad en los servicios de
telecomunicaciones durante las situaciones de emergencia. Al respecto, en la
sentencia de la Sala Especial de Decisión n.° 9 en la que se decidió el control
inmediato de legalidad sobre la Resolución CRC 5952 del 26 de marzo de 2020,
en la que se adoptó inicialmente esta determinación, se expresó lo siguiente13:

«Esta medida extiende la excepción del cumplimiento de indicadores de
calidad durante la emergencia, a la provisión de redes y servicios de
televisión en todas sus modalidades, regla que guarda conexidad con
la gravedad de los hechos que determinaron la necesidad de flexibilizar
las obligaciones relacionadas con el régimen de calidad de los servicios
de telecomunicaciones, por cuanto: i) según el parágrafo del artículo 1 de
la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 2 de la Ley 1978 de 201914,
la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones incluye la
provisión de redes y servicios de televisión, y ii) declarada la emergencia
en todo el territorio nacional, los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones se encuentran relevados del cumplimiento de los
indicadores de calidad, mientras se mantenga esta declaratoria de
conformidad con los plazos previstos en el ordenamiento constitucional».
(Negrita propia del texto).

94. Con base en las anteriores consideraciones, la mencionada Sala declaró
ajustada a derecho dicha disposición en el marco temporal de la declaración

12
R. CRC 5050/2016, art. 4.14.1.5: «EXCEPCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE
CALIDAD. Durante el tiempo que dure la atención de emergencias, situaciones declaradas de
conmoción interna o externa, desastres o calamidad pública, no se hará exigible el cumplimiento de
los indicadores de calidad en los servicios de telecomunicaciones prestados por los PRST en las
zonas afectadas».
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión n.° 9,
sentencia del 27 de mayo de 2020, rad. 11001031500020200099100.
14
La Ley 1978 de 2019, estableció de manera general que la provisión de redes y servicios de
telecomunicaciones incluye la provisión de redes y servicios de televisión, mientras que los servicios
de televisión abierta radiodifundida y radiodifusión sonora continuarán rigiéndose por las normas
especiales pertinentes y por la Ley 1341 de 2009 en las disposiciones específicas expresamente
señaladas para estos servicios.

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inicial de emergencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud y Protección
Social mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 y, para lo que tiene
que ver en este caso con las Resoluciones CRC 6113 y 6183, cabe llegar a la
misma conclusión en el periodo de la declaración de emergencia dado por las
Resoluciones 2230 del 30 de noviembre de 2020 y 222 del 25 de febrero de
2021 del mencionado Ministerio.”15.

En consecuencia, es claro que el artículo 1º de la Resolución Nro. 6370 del 31 de
agosto de 2021, cumple el requisito de conexidad.

IV.3.3.2. De la flexibilización de las condiciones para la prestación de los
servicios postales universales.

Por otro lado, se observa que en el artículo 2º del acto objeto de control, la CRC
resolvió suspender los efectos de los artículos 5.4.3.1, 5.4.3.9., 5.4.3.11. y el inciso
segundo del artículo 5.4.6.3. del Capítulo 4 del Título V de la Resolución CRC 5050
de 2016, así:

“Artículo 2. Suspender los efectos de los artículos 5.4.3.1, 5.4.3.9, 5.4.3.11 y
el inciso segundo del artículo 5.4.6.3 del Capítulo 4 del Título V de la Resolución
CRC 5050 de 2016 asociadas a la calidad en la prestación de los servicios
postales diferentes al Servicio Postal Universal. Dicha suspensión estará en
vigor mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social o hasta que sea derogado el artículo 6
del Decreto 555 de 2020, lo que suceda primero.” (Subrayas de la Sala).

Las obligaciones suspendidas a cargo de los prestadores de servicios postales se
relacionaban con los siguientes temas: (i) el tiempo de entrega en servicios de
mensajería16, (ii) el número de intentos de la entrega 17, (iii) la recolección de

15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No.
19. Sentencia del 8 de junio de 2021. Proceso radicado número: 11001 03 15 000 2020 05033 00
acumulado al 11001 03 15 000 2021 00847 00. Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
16
“Artículo 5.4.3.1. Tiempo de entrega para el servicio de mensajería expresa. El tiempo de
entrega (D+n) definido en el TÍTULO I se discrimina por cada uno de los ámbitos local, nacional e
internacional saliente. Los objetos postales que sean impuestos en horas en las que el operador no
tenga disponibilidad para la distribución de los mismos, se tendrán como admitidos a la primera hora
del siguiente horario de atención al usuario previsto por el operador. De igual manera, los objetos
que sean admitidos con posterioridad a la última hora prevista para la recolección en una
determinada oficina o punto de atención del operador postal, se tendrán como impuestos a la primera
hora del siguiente horario de atención al usuario previsto por el operador.
Las metas en cuanto al porcentaje mínimo de objetos entregados en el tiempo de entrega para los
envíos individuales, se establecen a continuación para el período 2012-2014, discriminados por cada
uno de los ámbitos local, nacional e internacional saliente, así: (…)”
17
“Artículo 5.4.3.9. Intentos de entrega. En el evento en que el operador del Servicio de Mensajería
Expresa proceda a efectuar la entrega del objeto postal en el domicilio del usuario destinatario
consignado en la guía y este no encuentra a nadie, deberá expedir un documento por medios físicos
o electrónicos, en el que informe que tuvo lugar un intento de entrega de dicho objeto (…)”

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paquetes a domicilio18, y (iv) la verificación y certificación del cumplimiento de los
indicadores de calidad19. En su lugar, en el artículo 3º de la Resolución Nro. 6370
de 2021, previó que los operadores de los servicios postales universales debían
cumplir con los siguientes mandatos:

“Artículo 3. Durante el tiempo de suspensión dispuesto en el artículo 2 de la
presente resolución, en el caso de los envíos individuales que se tramiten dentro
del territorio nacional, los operadores postales que prestan el servicio de
mensajería expresa deberán tener en cuenta las siguientes condiciones:

“En el evento en que el operador del servicio de mensajería expresa proceda
a efectuar la entrega del objeto postal en el domicilio del usuario destinatario
consignado en la guía y este no encuentre a nadie, deberá expedir un
documento por medios físicos o electrónicos, en el que informe que tuvo
lugar un intento de entrega de dicho objeto. En todo caso, después de
realizado el primer intento sin entrega efectiva, el operador podrá
comunicarse con el usuario remitente o destinatario para definir cuándo se
realizará el segundo intento de entrega del objeto postal. Dicho documento
no debe diligenciarse en los eventos en que al primer intento de entrega se
configure alguno de los motivos de devolución establecidos en los numerales
5.4.3.8.1., 5.4.3.8.2, 5.4.3.8.3 o 5.4.3.8.5 del artículo 5.4.3.8 del Capítulo 4
del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Los operadores de servicios postales de Mensajería Expresa deben efectuar
al menos dos (2) intentos de entrega. Si después de dos (2) intentos no se
logra llevar a cabo la entrega del objeto postal, se debe informar al usuario
destinatario por medios físicos o electrónicos que puede recoger el objeto en
una determinada oficina de atención al usuario, indicando además la fecha
límite de retiro, la cual será de treinta (30) días calendario, a partir de la fecha
del último intento de entrega.

Si el objeto postal no es reclamado por el usuario destinatario en dicho plazo,
este se considerará como no distribuible, caso en el cual se debe dar
aplicación a lo dispuesto en el artículo 5.4.5.2. del Capítulo 4 del Título V de
la Resolución CRC 5050 de 2016. Sin perjuicio de lo anterior, los operadores

18
“Artículo 5.4.3.11. Recolección a domicilio. De conformidad con lo previsto en el literal b) del
numeral 2.3 del artículo 3o de la Ley 1369 de 2009, los operadores que prestan el servicio postal de
Mensajería Expresa deberán ofrecer, a solicitud del usuario remitente, el servicio de recolección a
domicilio de objetos postales.
Para efectos de lo anterior, los operadores deberán habilitar un número de teléfono, página web o
correo electrónico con el fin de que los usuarios puedan programar el servicio de recolección, según
la fecha y hora de su conveniencia, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.2. del
capítulo 2 del título 2 (…)”
19
“Artículo 5.4.6.3. Vigilancia y control. De acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del Artículo
18 de la Ley 1369 de 2009, la verificación del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
CAPÍTULO 4 del TÍTULO V, será realizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en ejercicio de sus facultades legales.
El cumplimiento de los parámetros, la medición de los indicadores de calidad y los reportes de
información de que trata el CAPÍTULO 4 del TÍTULO V, deben ser certificados por el representante
legal del operador postal y deberán ser avalados a través de mecanismos de verificación técnica
internos y/o externos, que cuenten con autonomía e independencia de la gestión operativa, de las
fuentes de información, del proceso de medición y de los resultados, sin perjuicio de las pruebas que
sobre el cumplimiento de estos requisitos efectúe el Ministerio.” (Subrayas de la Sala)

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de Mensajería Expresa podrán efectuar los intentos de entrega que
consideren necesarios, hasta lograr la entrega del objeto postal al usuario
destinatario registrado en la guía.

Los intentos de entrega deben quedar registrados en la información materia
de rastreo que debe estar disponible en la página web del operador y en la
prueba de entrega, de que tratan los artículos 5.4.3.10. y 5.4.3.3. del Capítulo
4 del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016, respectivamente.”

Lo anterior es relevante, pues pone de presente que los artículos 2º y 3º del acto
objeto de control se encuentran acordes con lo previsto en el artículo 6º del Decreto
Legislativo No. 555 de 202020, debido a que, en dichas disposiciones, la CRC
resolvió suspender la recolección a domicilio de paquetes, simplificar los trámites
para la entrega del objeto encomendado y crear un procedimiento expedito en caso
de que ésta no se haya podido realizar, de manera que se puede proteger la vida
de los usuarios y del personal vinculado a dichas empresas, reduciendo el contacto
físico entre los mismos y, por ende, se disminuyan las posibilidades de contagio, lo
que en últimas redunda en que no se vea afectada la prestación continua del
servicio.

Sobre el particular, resulta útil señalar que Sala Especial de Decisión No. 3 del
Consejo de Estado, al estudiar una medida similar adoptada la CRC en la
Resolución CRC 5955 de 2020, dijo:

“El artículo 7 de la Resolución 5955 suspendió (hasta el 31 de mayo de 2020)
los siguientes artículos:

➢ El artículo 5.4.3.1, que establece los tiempos de entrega para el servicio de
mensajería expresa33 y, además, define las metas y el porcentaje mínimo de
objetos entregados, que serán parámetros para evaluar la calidad del servicio.

También se suspendió el inciso segundo del artículo 5.4.6.3. de la Resolución
5050, que establece que el cumplimiento de los parámetros, la medición de los
niveles de calidad y los reportes de información deben ser certificados y
avalados a través de mecanismos técnicos internos y/o externos.

20
“Artículo 6. Suspensión de las obligaciones relacionadas con la prestación del
servicio. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, flexibilizarán las
normas relacionadas con el cumplimiento del régimen de calidad y otras obligaciones de los
prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones y de los servicios postales, en la medida en
que no constituyan elementos esenciales para garantizar la provisión del servicio. La Comisión de
Regulación de Comunicaciones y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, en lo de su competencia, expedirán las resoluciones que flexibilizan las
obligaciones específicas.” (Subrayas de la Sala).

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Control inmediato de legalidad

Análisis de la sala: es evidente que la disminución de la capacidad de operación
en las redes de los servicios postales, producto de las medidas implementadas
por el Gobierno en el estado de emergencia, puede afectar el cumplimiento de
los estándares de calidad por parte de los operadores postales.

Para la sala, es legal la suspensión temporal del artículo 5.4.3.1 de la
Resolución 5050, ya que no se afectan las condiciones mínimas para la
prestación del servicio postal. También es legal que se ordene la suspensión
del inciso segundo del artículo 5.4.6.3. ib., en cuanto se refiere a la obligación
del representante legal del operador postal de certificar el cumplimiento de los
parámetros de calidad, sin que eso implique que el operador deje de medir estos
indicadores y reportar los resultados a través del Sistema Colombia TIC.

➢ El artículo 7 de la Resolución 5955 suspendió el artículo 5.4.3.9, que
establece las condiciones de los intentos de entrega en el servicio de
mensajería expresa.

A su turno, el artículo 8 de la resolución controlada, en general, flexibiliza las
obligaciones sobre los intentos de entrega, en especial, el plazo para realizar el
segundo intento de entrega y el procedimiento a seguir en caso en que no se
logre la entrega del objeto postal.

Análisis de la sala: flexibilizar el cumplimiento de las obligaciones frente a los
intentos de entrega, sin duda, tiene como propósito reducir el riesgo de contagio
por la Covid19. Es decir, reducir los plazos para realizar los intentos de entrega
y simplificar las acciones en caso de que no se logre la entrega, son medidas
razonables en el marco del estado de emergencia, pues así se protege la salud
y la vida del personal de los operadores postales, sin que, desde luego, se
afecte la continuidad de la prestación del servicio postal. La sala juzga que es
legal la suspensión temporal de los efectos del artículo 5.4.3.9 de la Resolución
5050, ordenada en el artículo 7 de la resolución controlada. Por igual, es legal
el artículo 8 de la resolución objeto de control, relacionado con la entrega de
objetos postales en el servicio de mensajería expresa.

➢ El artículo 7 de la Resolución 5955 también suspendió el artículo 5.4.3.11,
relacionado con la recolección a domicilio de los objetos que se envían mediante
el servicio de mensajería expresa.

Por su parte, el artículo 9 de la Resolución 5955, si bien mantuvo la posibilidad
de que los operadores recojan a domicilio los objetos que se envían a través del
servicio de mensajería expresa, lo cierto es que supeditó la prestación de ese
servicio a la capacidad y disponibilidad del operador postal.

Análisis de la sala: para atender la emergencia sanitaria por la Covid-19, se
repite, el gobierno ha adoptado una serie de medidas para evitar el contacto
físico. Aunque esas medidas afectan la regularidad y continuidad en la
prestación del servicio postal, la sala considera que supeditar temporalmente la
recolección a domicilio de los objetos postales a la capacidad y disponibilidad
del operador, es razonable, en orden a proteger la salud y la vida de las
personas.

Fuera de lo anterior, no puede perderse de vista que, en tiempos de pandemia,
las solicitudes del servicio de recolección a domicilio podrían incrementarse
debido a las limitaciones a la libre circulación de las personas, lo que supone
que se afectaría la capacidad operativa de los prestadores de servicios
postales. Si eso es así, es válido que los operadores puedan atender esas

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Control inmediato de legalidad

solicitudes de acuerdo con la capacidad y disponibilidad, siempre que el usuario
sea previamente informado.”21 (Subrayas de la Sala).

En consecuencia, es claro para la Sala que los artículos 2º y 3º cumplen con el
requisito de conexidad.

IV.3.3.3. De las frecuencias mínimas de recolección y los tiempos de
entrega en los servicios postales.

IV3.3.3.1. En lo que hace a los artículos 4º y 5º de la Resolución 6370 del 31 de
agosto de 2021, se observa que, en la primera norma en cuestión, la CRC ordenó
suspender los efectos de los literales d) y e) del artículo 2º la Resolución MinTic
1552 de 2014, relacionados con las frecuencias mínimas de recolección y los
tiempos de entrega, respectivamente22.

21
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión Nro.
3. Proceso radicado número 11001 03 15 000 2020 01155 00. Consejero Ponente: Julio Roberto
Piza Rodríguez.
22
“Artículo 2o. Indicadores técnicos y de calidad para los servicios de correo incluidos dentro
del servicio postal universal.
(…)
d) Frecuencia
El OPO deberá tener las siguientes frecuencias mínimas de recolección en los puntos de presencia
y de entrega en domicilio en las cabeceras municipales.
Municipio Recolección Entrega
Municipio Diaria (D) Diaria (D)
tipo 1
Municipio Diaria (D) Diaria (D)
tipo 2
Municipio Tres (3) veces a la Tres (3) veces a la
tipo 3 semana semana
Municipio Semanal Semanal
tipo 4
Parágrafo. Los indicadores técnicos y de calidad, previstos en la presente resolución son de
obligatorio cumplimiento para todos los envíos de los servicios de correo que son parte del SPU, por
lo tanto el personal involucrado en la prestación de dichos servicios deberá contar con la capacitación
requerida para ello.
e) Tiempos de entrega
Los tiempos de entrega de objetos postales admitidos serán medidos en días hábiles, que se
contarán a partir del día en que el usuario impone el objeto postal en el punto de presencia del OPO.
Se define “D” como el día en el que se impone el objeto postal en el punto de presencia del OPO.
Las entregas urbanas de envíos no prioritarios se deberán realizar en un tiempo máximo de dos (2)
días (D+2). Las entregas urbanas de envíos prioritarios se deberán realizar en un tiempo máximo de
un (1) día (D+1).
Las entregas nacionales de envíos prioritarios y no prioritarios en cabeceras municipales, se deberán
realizar en un tiempo máximo conforme a la siguiente tabla:
Envíos prioritarios Envíos no prioritarios
ORIGEN DESTINO TIEMPO DE ENTREGA
Municipio tipo 1 Municipio tipo 1 D+3 D+4
Municipio tipo 1 Municipio tipo 2 D+4 D+5

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Control inmediato de legalidad

Por su parte, en la segunda norma en comento, determinó que el Operador Postal
deberá garantizar la recolección de paquetes y entrega de los mismos, mínimo una
(1) vez en la semana en todas las cabeceras municipales.

En ese orden, es claro que tales prerrogativas se encuentran acordes con el artículo
6 del Decreto Legislativo 555 de 202023, debido a que se tratan decisiones dirigidas
a eximir a los prestadores del cumplimiento de las cargas relacionadas con los
indicadores técnicos y de calidad sobre las condiciones de los tiempos de entrega
de la mercancía. Lo anterior, en búsqueda de que los Operadores no se vean
avocados a eventuales sanciones ocasionadas por la dificultad de cumplir con dicha
normativa debido a las restricciones que fueron creadas por las autoridades
competentes para afrontar la emergencia sanitaria provocada por pandemia y la alta
demanda que en dicho servicio se pueda generar.

Municipio tipo 1 Municipio tipo 3 D+4 D+5
Municipio tipo 2 Municipio tipo 1 D+5 D+6
Municipio tipo 2 Municipio tipo 3 D+6 D+7
Municipio tipo 3 Municipio tipo 2 D+7 D+8
Cualquier municipio Municipio tipo 4 El tiempo de entrega El tiempo de entrega deberá
deberá ser propuesto por ser propuesto por el OPO y
el OPO y aprobado por el aprobado por el MinTIC
MinTIC
Municipio tipo 4 Cualquier El tiempo de entrega El tiempo de entrega deberá
municipio deberá ser propuesto por ser propuesto por el OPO y
el OPO y aprobado por el aprobado por el MinTIC
MinTIC
Parágrafo 1. En el caso de zonas rurales, el tiempo de entrega corresponderá al periodo en el cual
el objeto postal está disponible para ser recogida por el destinatario en el punto de presencia del
OPO. Se establece un tiempo mínimo de 20 días de disponibilidad de estos envíos para ser
reclamados por el destinatario.
Parágrafo 2. Para la entrega de objetos postales a nivel internacional, los indicadores técnicos y de
calidad son los previstos en los acuerdos suscritos entre el OPO y la Unión Postal Universal.
Parágrafo 3. El OPO deberá asegurar que el tiempo de entrega promedio se realice dentro de los
parámetros indicados anteriormente. En piezas individualmente consideradas se tendrá una
tolerancia de tres (3) días.”
23
“Artículo 6. Suspensión de las obligaciones relacionadas con la prestación del
servicio. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, flexibilizarán las
normas relacionadas con el cumplimiento del régimen de calidad y otras obligaciones de los
prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones y de los servicios postales, en la medida en
que no constituyan elementos esenciales para garantizar la provisión del servicio. La Comisión de
Regulación de Comunicaciones y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, en lo de su competencia, expedirán las resoluciones que flexibilizan las
obligaciones específicas.” (Subrayas de la Sala).

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Control inmediato de legalidad

Asimismo, se advierte que con dichas disposiciones no se alteran los elementos
esenciales para la prestación del servicio público postal; por el contrario, lo que se
pretende es garantizar que por lo menos una (1) vez por semana, el mismo sea
garantizado en la totalidad del país.

En este punto resulta pertinente, traer a colación el siguiente cuadro que demuestra
la relación entre las anotadas disposiciones y el aludido artículo legal:

DECRETO 555 de 2020 RESOLUCIÓN 6370 DE 2021

“Artículo 6. Suspensión de las “Artículo 4. Suspender los efectos de los
obligaciones relacionadas con la literales d. y e. del artículo 2 de la
prestación del servicio. Durante la Resolución MinTIC 1552 de 2014,
vigencia de la Emergencia Sanitaria modificada por la Resolución MinTIC 3844
declarada por el Ministerio de Salud y de 2014, relacionados con las frecuencias
Protección Social, con ocasión de la mínimas de recolección y los tiempos de
pandemia derivada del Coronavirus entrega, respectivamente. Dicha
COVID-19, flexibilizarán las normas suspensión estará en vigor mientras se
relacionadas con el cumplimiento del encuentre vigente la emergencia sanitaria
régimen de calidad y otras obligaciones declarada por el Ministerio de Salud y
de los prestadores de redes y servicios de Protección Social o hasta que sea
telecomunicaciones y de los servicios derogado el artículo 6 del Decreto 555 de
postales, en la medida en que no 2020, lo que suceda primero.
constituyan elementos esenciales para
garantizar la provisión del servicio. La Artículo 5. Durante el tiempo de
Comisión de Regulación de suspensión dispuesto en el artículo 4 de la
Comunicaciones y el Ministerio de presente resolución, el Operador Postal
Tecnologías de la Información y las Oficial deberá garantizar una frecuencia
Comunicaciones, en lo de su mínima semanal de recolección en los
competencia, expedirán las resoluciones puntos de presencia y de entrega en
que flexibilizan las obligaciones domicilio en todas las cabeceras
específicas.” (Subrayas de la Sala). municipales.”

En ese mismo sentido, se pronunció la Sala Especial de Decisión No. 3 de esta
Corporación Judicial, al realizar el control inmediato de legalidad de la Resolución
CRC 5955 de 2020 que incluía una disposición similar a la que aquí es objeto de
estudio:

“b) Los artículos 10, 11 y 12 de la Resolución 5955 flexibilizaron las obligaciones
de los literales b), d) y e) numeral (i) del del artículo 2 de la Resolución 1552 de
2014,modificada por la Resolución 3844 de 2014.

En general, la resolución 1552 define los indicadores técnicos y de calidad para
la prestación del servicio postal universal. El artículo 2 de esa resolución
establece los siguientes criterios de calidad:

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Control inmediato de legalidad

a. Tipos de municipios.
b. Cubrimiento.
c. Horarios de atención y condiciones de prestación del servicio.
d. Frecuencia.
e. Tiempos de entrega.
f. Entrega de objetos postales.
g. Tarifas del SPU.

En el acto objeto de control, la CRC consideró necesario suspender los criterios
de calidad de los literales b), d) y e), que tienen que ver con el cubrimiento, las
frecuenciasy la entrega de los objetos postales en el servicio postal universal.
Por consiguiente, se estableció que el nivel de cubrimiento mínimo que debe
garantizar el operador postal oficial (OPO), durante la emergencia sanitaria, es
de, por lo menos, un puntode presencia por cada 200.000 habitantes o fracción,
de conformidad con la poblaciónproyectada por el DANE para cada año.

De igual manera, se dispuso que, en el tiempo de suspensión, el operador postal
oficial debe garantizar una frecuencia mínima semanal de recolección y de
entrega en todaslas cabeceras municipales.

Análisis de la sala: como se ha venido explicando, la emergencia por la covid-19
afectael cumplimiento de las obligaciones de los operadores postales, incluido
el operador postal oficial, debido a que las restricciones afectan las frecuencias
de recolección y los tiempos de entrega. Y eso justifica adoptar las medidas
respectivas para, en días de pandemia, flexibilizar la prestación del servicio
postal universal.

Para asegurar la continuidad y eficiencia del servicio postal universal, los
artículos 10, 11 y 12 de la Resolución 5955 suspendieron temporalmente las
obligaciones asociadas a los criterios de calidad, respecto del cubrimiento,
frecuencia y tiempos deentrega de los objetos postales. En todo caso, según se
lee en la parte considerativa de la Resolución 5955, el operador postal oficial
podrá modificar los horarios de atención “cuando se presenten particularidades
en los municipios donde tiene presencia, lo cual deberá informar al MinTIC”.

Es más, en la intervención que presentó ante esta Corporación, la CRC explicó
que las decisiones frente a la suspensión de obligaciones reducen el riesgo de
que el operador oficial: “(i) incurra en las infracciones previstas en los numerales
2 y 11 del artículo 37 de la 1369 de 2009, que se refieren a la suspensión total
o parcial de la prestación del SPU y al incumplimiento de uno o más indicadores
técnicos y de calidadde los servicios postales, (ii) que sea sometido a procesos
de investigación administrativa por ese incumplimiento y (iii) que sea
sancionado por parte de la autoridad de vigilancia y control”. Esa justificación,
desde luego, es válida para tambiénavalar la legalidad del acto objeto de control,
en cuanto se refiere a la flexibilización delas obligaciones que debe cumplir el
operador postal oficial.

Como la suspensión de las obligaciones asociadas al servicio postal universal
no afectan la continuidad del servicio, la sala considera que son legales los
artículos 10, 11 y 12 de la resolución objeto de control, ya que, de todos modos,
definieron indicadores mínimos de cubrimiento y de frecuencia de recolección
de los diferentes municipios del país.

En el acto objeto de control, la CRC consideró necesario suspender los criterios
de calidad de los literales b), d) y e), que tienen que ver con el cubrimiento, las

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Control inmediato de legalidad

frecuenciasy la entrega de los objetos postales en el servicio postal universal.
Por consiguiente, se estableció que el nivel de cubrimiento mínimo que debe
garantizar el operador postal oficial (OPO), durante la emergencia sanitaria, es
de, por lo menos, un puntode presencia por cada 200.000 habitantes o fracción,
de conformidad con la poblaciónproyectada por el DANE para cada año.

De igual manera, se dispuso que, en el tiempo de suspensión, el operador postal
oficial debe garantizar una frecuencia mínima semanal de recolección y de
entrega en todaslas cabeceras municipales.”24 (Subrayas de la Sala).

En suma, la Sala considera que los artículos 4º y 5º de la Resolución Nro. 6370 del
31 de agosto de 2021, observan el requisito de conexidad.

IV.3.3.4. De la suspensión de los indicadores de calidad de atención a los
usuarios de las comunicaciones y la periodicidad mensual en la publicación
mensual de los mismos

Ahora, se evidencia que en el artículo 6º de la Resolución Nro. 6370 del 31 de
agosto de 2021, la CRC suspendió los efectos del artículo 2.1.25.6. de la Resolución
CRC 5050 de 2016, los cuales versan sobre los indicadores de calidad de atención
a los usuarios del servicio de comunicaciones25; así:

“Artículo 6. Suspender los efectos de las disposiciones asociadas a los
indicadores de calidad en la atención del usuario del servicio de comunicaciones
contenidas en el artículo 2.1.25.6 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución
CRC 5050 de 2016. Dicha suspensión estará en vigor mientras se encuentre
vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social o hasta que sea derogado el artículo 6 del Decreto 555 de
2020, lo que suceda primero.

Parágrafo. La suspensión de este indicador no exime a los proveedores de
redes y servicios de telecomunicaciones del deber de atender adecuadamente
las llamadas que realicen sus usuarios.”

24
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión Nro.
3. Proceso radicado número 11001 03 15 000 2020 01155 00. Consejero Ponente: Julio Roberto
Piza Rodríguez.
25
Artículo 2.1.25.6. Calidad en la atención. Los operadores deben dar cumplimiento a los
siguientes indicadores en la atención a sus usuarios:
Para las oficinas físicas: Mensualmente el 80% de los usuarios debe recibir atención personalizada
en un tiempo de espera inferior a 15 minutos, contados a partir de la asignación del turno.
Para la línea telefónica: Mensualmente los operadores deben garantizar que al menos el 95% de los
intentos de llamadas realizadas por los usuarios sean completados exitosamente.

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Control inmediato de legalidad

Por su parte, en el artículo 7º ibidem, la CRC determinó la suspensión de los
artículos 2.1.25.7.1. 26, 21.25.7.2.27 y 2.1.25.7.3.28 de la Resolución CRC 5050 de
2016, relacionados con la publicación mensual de los indicadores de calidad de
atención a los usuarios, como se observa a continuación:

“Artículo 7. Suspender los efectos relacionados con la publicación mensual de
los indicadores de calidad de atención establecidos en los numerales 2.1.25.7.1,
2.1.25.7.2 y 2.1.25.7.3 del artículo 2.1.25.7 del Capítulo 1 del Título II de la
Resolución CRC 5050 de 2016, bajo el entendido de que tal suspensión se
predica respecto de la periodicidad con la que debe hacerse la publicación, mas
no de la obligación de publicar la información. Dicha suspensión estará en vigor
mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social o hasta que sea derogado el artículo 6
del Decreto 555 de 2020, lo que suceda primero.”

Finalmente, en el artículo 8º ibidem la Comisión dispuso que, durante la emergencia
sanitaria, la información antes señalada debía ser divulgada en forma trimestral:

“Artículo 8. Durante el término de la suspensión dispuesto en el artículo 7 de
la presente resolución, los indicadores de calidad a los que se refieren los
numerales 2.1.25.7.1 y 2.1.25.7.3 del artículo 2.1.25.7 de la Resolución CRC
5050 de 2016 deberán publicarse de forma trimestral, dentro de los treinta (30)
días calendario siguientes al vencimiento del trimestre.

Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo implica que la información de
los indicadores del tercer trimestre de 2021 debe ser publicada a más tardar el
30 de octubre de 2021, y de esta misma forma en lo sucesivo.”

26
“Artículo 2.1.25.7. Indicadores de calidad en la atención. Los operadores deben medir y
publicar mensualmente a través de los distintos medios de atención los siguientes indicadores:
2.1.25.7.1. Quejas más frecuentes presentadas por los usuarios”
27
“Artículo 2.1.25.7. Indicadores de calidad en la atención. Los operadores deben medir y
publicar mensualmente a través de los distintos medios de atención los siguientes indicadores:
(…)
2.1.25.7.2. Para las oficinas físicas.
a) Porcentaje de solicitudes de atención en las oficinas físicas, en que el tiempo de espera en la
atención es inferior a 15 minutos, correspondiendo el tiempo de espera, al tiempo entre la asignación
del turno y la atención personalizada;
b) Porcentaje de los usuarios a los que les fue asignado un turno, pero antes de ser atendidos
desistieron de ser atendidos.
28
“Artículo 2.1.25.7. Indicadores de calidad en la atención. Los operadores deben medir y
publicar mensualmente a través de los distintos medios de atención los siguientes indicadores:
(…)
2.1.25.7.3. Para la línea telefónica.
a) El porcentaje de intentos de llamada, enrutados hacia la línea telefónica completados
exitosamente;
b) El porcentaje de usuarios que accede al servicio automático de respuesta, opta por atención
personalizada, y recibe atención personalizada en menos de 30 segundos;
c) El porcentaje de los usuarios que seleccionaron una opción del menú, pero antes de ser atendidos,
terminaron la llamada”

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Control inmediato de legalidad

En tal virtud, es claro las citadas disposiciones se encuentran acordes con lo
previsto en el artículo 6 del Decreto Legislativo 555 del 15 de abril de 202029, puesto
que se tratan de medidas dirigidas a relajar las condiciones de calidad que deben
acreditar los prestadores sin que la mismas impidan el suministro del citado servicio.

En efecto, de la lectura de dicha normativa es posible evidenciar que, si bien las
normas que versan sobre indicadores de calidad de atención al usuario fueron
suspendidas, lo cierto es que ello no aconteció respecto a las llamadas telefónicas,
las cuales deben ser atendidas adecuadamente por los operadores de
comunicaciones. Dicho aspecto resulta lógico si se tiene a consideración que con
ello se evitan aglomeraciones en las respectivas sucursales lo que eventualmente
derivaría en contagios entre el personal de la empresa proveedora o de los usuarios.

Sumado a lo expuesto, con el desarrollo de la pandemia y sus diferentes picos de
contagio, el Gobierno Nacional ha adoptado medidas de aislamiento, por lo que se
ha dificultado la asistencia de forma presencial de la ciudadanía a las oficinas
físicas.

También se observa que, aunque se suspendió la periodicidad mensual en la
publicación de los indicadores de calidad en los ítems de: (a) quejas frecuentes más
presentadas por los usuarios, (b) de atención en oficinas, y (c) de llamadas
telefónicas, lo cierto es que ello no aconteció con la obligación de divulgar la misma,
pues los operadores de las comunicaciones aún la deben recoger y exhibir
trimestralmente, a más tardar el 30 de octubre de 2021, por lo que, frente a dicho
ítem, las autoridades y la ciudadanía en general aún se encuentran en la posibilidad
de efectuar auditoría o escrutinio respecto de la forma en que se presta el servicio
y se atienden las reclamaciones presentadas en el estado de emergencia.

29
“Artículo 6. Suspensión de las obligaciones relacionadas con la prestación del
servicio. Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, flexibilizarán las
normas relacionadas con el cumplimiento del régimen de calidad y otras obligaciones de los
prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones y de los servicios postales, en la medida en
que no constituyan elementos esenciales para garantizar la provisión del servicio. La Comisión de
Regulación de Comunicaciones y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, en lo de su competencia, expedirán las resoluciones que flexibilizan las
obligaciones específicas.” (Subrayas de la Sala).

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Control inmediato de legalidad

Sobre el particular, la Sala Especial de Decisión Número 19, al efectuar el control
inmediato de legalidad de las Resoluciones CRC 6113 de 2020 y 6183 de 2021,
actos en los que dicha Comisión adoptó una decisión idéntica a la que es objeto de
estudio en esta sede, señaló:

“xiv. Sobre la ampliación de la suspensión de los efectos de las
disposiciones referidas al indicador de calidad en la atención del usuario
del servicio de comunicaciones por línea telefónica contenida en el
artículo 2.1.25.6 del Capítulo 1.° del Título II de la Resolución CRC 5050 de
2016

109. Esta medida tiene sustento en el artículo 24 de los actos que son objeto
de este medio de control, que mantuvo la suspensión de los efectos de la
disposición sobre los indicadores de calidad en la atención de usuarios en los
servicios de comunicaciones a través de línea telefónica30, sin que se exima a
los operadores de atender adecuadamente las llamadas que realicen los
primeros.

110. Al respecto, la Sala estima que el artículo en comento de las Resoluciones
6113 y 6183 se encuentra ajustado a la legalidad, porque, en cumplimiento de
lo consagrado en el artículo 6.° del Decreto Legislativo 555 de 2020, flexibiliza
las obligaciones de los operadores de servicios de telecomunicaciones sin
comprometer desproporcionadamente los elementos esenciales para la
prestación del servicio.” 31. (Subrayas de la Sala).

Mientras que, frente a la periodicidad en la publicación mensual de los indicadores
de calidad, en la citada providencia se manifestó:

“Frente a la ampliación de la suspensión de los efectos asociados a la
publicación mensual de los indicadores de calidad de atención previstos
en los numerales 2.1.25.7.1, 2.1.25.7.3 y 2.1.25.7.4 del artículo 2.1.25.7 del
Capítulo 1.° del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, en el
entendido de que tal suspensión se predica respecto de la periodicidad
con la que debe hacerse la publicación, mas no de la obligación de
publicar la información

111. El sustento de esta determinación se encuentra en el artículo 25 de las
resoluciones que aquí se estudian, las cuales prorrogan, durante la declaración
de emergencia sanitaria del Ministerio de Salud y Protección Social, la
suspensión de las normas sobre indicadores de calidad de atención sobre las

30
R. CRC 5050/2016, art. 2.1.25.6: «CALIDAD EN LA ATENCIÓN. Los operadores deben dar
cumplimiento a los siguientes indicadores en la atención a sus usuarios:
• Para las oficinas físicas: Mensualmente el 80% de los usuarios debe recibir atención personalizada
en un tiempo de espera inferior a 15 minutos, contados a partir de la asignación del turno.
• Para la línea telefónica: Mensualmente los operadores deben garantizar que al menos el 95% de
los intentos de llamadas realizadas por los usuarios sean completados exitosamente».
31
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No.
19. Sentencia del 8 de junio de 2021. Proceso radicado número: 11001 03 15 000 2020 05033 00
acumulado al 11001 03 15 000 2021 00847 00. Consejero Ponente: William Hernández Gómez.

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Control inmediato de legalidad

quejas más frecuentes presentadas por los usuarios32, para la línea telefónica33
y para la satisfacción de la atención al usuario34.

112. En este caso, la disposición en comento también recoge la legalidad
condicionada del artículo 8.° de la Resolución CRC 5956 del 3 de abril de 2020,
prevista en la sentencia del 9 de julio de ese mismo año de la Sala Especial de
Decisión n.° 23 ya citada, que frente a la suspensión sin condicionamientos del
deber de dar aviso previo frente a interrupciones del servicio preceptuada en
dicho acto administrativo, señaló lo siguiente:

«Se destaca que, aunque el artículo 8 de la Resolución 5956 del 3 de abril
de 2020 suspendió la obligación de “publicar mensualmente” los
indicadores de calidad en la atención a los que se refieren los artículos
2.1.25.7.1, 2.1.25.7.3 y 2.1.25.7.4 de la Resolución 5050 de 2016, no
suspendió la obligación de medirlos –contenida en ese mismo artículo-;
por tanto, si bien, en razón de la disminución de la capacidad de operación
de los prestadores del servicio es posible que se dificulte su publicación
con esa periodicidad, no hacerlo cuando sea posible implicaría una
restricción al derecho de los usuarios a conocer tales indicadores más allá
de lo estrictamente necesario para contribuir con las medidas que buscan
evitar la propagación del virus, conjurar la crisis y retornar a la normalidad.

Además, como la vigencia del derecho contenido en el numeral 8 del
artículo 53 de la Ley 1341 de 2009 no ha sido afectada por ninguno de los
decretos legislativos expedidos durante el estado de excepción, la
suspensión de la obligación de los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones de publicar los indicadores de calidad y de atención
al cliente o usuario violaría esa disposición legal.

En ese entendido, concluye la Sala que la suspensión de la obligación de
“publicar mensualmente” los indicadores de calidad en la atención a los
que se refieren los artículos 2.1.25.7.1, 2.1.25.7.3 y 2.1.25.7.4 de la
Resolución 5050 de 2016 no contraviene el artículo 215 constitucional ni
las disposiciones de la Ley 137 de 1994 que señalan los parámetros,
límites y prohibiciones a los que deben ceñirse las decisiones adoptadas
al amparo de los estados de excepción, tampoco el Decreto Legislativo
417 de 2020 ni los límites establecidos en el artículo 6 del Decreto
Legislativo 464 de 2020, porque, pese a su importancia, la publicación de
los referidos indicadores de calidad no constituye un elemento “esencial”
para garantizar la provisión del servicio –límite establecido por el artículo
6 del Decreto 464 de 2020 para flexibilizar o suspender las obligaciones
de los prestadores de redes de servicios y comunicaciones-

Por eso, atendiendo a las pautas hermenéuticas de conservación del
derecho y del efecto útil de la norma, la Sala declarará la legalidad
condicionada del artículo 8 de la Resolución 5956 del 3 de abril de 2020,
en el entendido de que la suspensión de “los efectos relacionados con la
publicación mensual de los indicadores de calidad de atención
establecidos en los numerales 2.1.25.7.1, 2.1.25.7.3 y 2.1.25.7.4 del
artículo 2.1.25.7 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de
2016” se predica respecto de la periodicidad con la que debe hacerse la
publicación, mas no de la obligación de publicar la información […]».

32
R. CRC 5050/2016, art. 2.1.25.7, n.° 1.
33
R. CRC 5050/2016, art. 2.1.25.7, n.° 3.
34
R. CRC 5050/2016, art. 2.1.25.7, n.° 4.

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113. Por lo dicho, esta Sala estima que el artículo 25 de los actos
administrativos enjuiciados se encuentra ajustado al ordenamiento jurídico,
porque en su redacción incluyó el condicionamiento interpretativo revestido de
cosa juzgada, emanado de la providencia que se acaba de referir, cumpliendo
así con la finalidad de flexibilizar las obligaciones de los operadores de los
servicios de telecomunicaciones sin afectar los elementos esenciales para la
prestación de los servicios, en los cuales se incluye el núcleo básico de los
derechos de los usuarios.”35(Subrayas de la Sala)

En suma, los artículos 6º, 7º y 8º de la Resolución Nro. 6370 del 31 de agosto de
2021 cumplen con el requisito de conexidad respecto del artículo 6º del Decreto
Legislativo 555 de 2020.

IV.3.3.5. De la suspensión del procedimiento para la realización de las
sesiones del Comité Técnico de Seguimiento de Numeración

Por su parte, el artículo 9º del acto objeto de control suspendió los efectos del
artículo 19 de la Resolución CRC 5826 de 201936, relacionado con el procedimiento
que debe seguirse para la realización de las Sesiones del Comité Técnico de
Seguimiento de Numeración, así:

“Artículo 9. Suspender los efectos del artículo 19 de la Resolución CRC 5826
de 2019 relativo al procedimiento que se sigue para la realización de las
Sesiones de Comité Técnico de Seguimiento de Numeración. Dicha suspensión
estará en vigor mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria declarada
por el Ministerio de Salud y Protección Social o hasta que sea derogado el
artículo 6 del Decreto 555 de 2020, lo que suceda primero.”

En este punto, es pertinente indicar que el Comité Técnico de Seguimiento de
Numeración es una instancia de coordinación, integrada por todos los proveedores
de redes y servicios de telecomunicaciones, que se encuentran obligados a ejecutar

35
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No.
19. Sentencia del 8 de junio de 2021. Proceso radicado número: 11001 03 15 000 2020 05033 00
acumulado al 11001 03 15 000 2021 00847 00. Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
36
“Artículo 19. Sesiones. Las sesiones del CTSN se iniciarán con la verificación de la asistencia
de los miembros del Comité asistentes a la sesión correspondiente, para lo cual se verificarán las
facultades de los representantes. Una vez validados los miembros asistentes se dará lectura al orden
del día, y la sesión se desarrollará de acuerdo con los temas incluidos en el mismo.
Respecto de los temas puestos a consideración a los miembros del CTSN, los mismos serán puestos
en conocimiento de sus miembros al menos dos (2) días hábiles antes de la respectiva sesión, a
efectos de ser incluidos en el orden del día.
El cierre del acta de la sesión se dará con la lectura de la misma y la firma de los representantes
presentes durante la siguiente sesión; en caso de falta de firma de algún representante, la Secretaría
dejará constancia del hecho, y de ser el caso, se indicarán las razones, sin que esto signifique la
nulidad del acta.”

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el plan de migración para la implementación del Plan Nacional de Numeración 37
adoptado mediante el Decreto 1078 de 201538.

Ahora, de la revisión de los considerandos del acto objeto de control, se observa
que la medida adoptada en el artículo 9º ibidem tiene como finalidad la creación de
un mecanismo de aprobación no presencial de las sesiones que son llevadas a cabo
por dicho Comité; veamos:

“E. JUSTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL PRESENTE
ACTO ADMINISTRATIVO

Que, en razón a que, por medio de la Resolución 1315 del 27 de agosto de
2021, el Ministerio de Salud y Protección Social amplió la vigencia de la
emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2021 y dado que el artículo
6 del Decreto 555 de 2020 estableció el mandato de flexibilización de las normas
relacionadas con el cumplimiento del régimen de calidad y de otras obligaciones
regulatorias a cargo de los PRST y los operadores postales, en la medida en
que los servicios de telecomunicaciones y postales se han convertido en
instrumentos esenciales durante la emergencia sanitaria por cuanto se hace
imperiosa la necesidad de garantizar su provisión a todos los habitantes del
país, hasta que cese la situación de emergencia sanitaria, la Comisión
considera necesario: (i) continuar con la suspensión de efectos de algunas de
las disposiciones regulatorias de carácter general relacionadas con el régimen
de calidad dispuesto para los PRST y los operadores postales, que fueron
establecidas mediante las resoluciones CRC 5941, 5955 y 5956 de 2020
inicialmente ampliadas por la Resolución CRC 5991 de 2020 hasta el 31 de
agosto de 2020, luego ampliadas hasta el 30 de noviembre de 2020 por medio
de la Resolución CRC 6058 de 2020, después por la Resolución CRC 6113 de
2020 hasta el 28 de febrero de 2021, luego a través de la Resolución CRC 6183
de 2021 hasta el 31 de mayo de 2021 y, finalmente, hasta el 31 de agosto de
2021 por vía de la Resolución CRC 6315 de 2021; (ii) establecer reglas
alternativas transitorias en orden a flexibilizar el régimen regulatorio de calidad
a cargo de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones; y (iii)

37
“Artículo 14. Creación, integración y objeto del comité técnico de seguimiento de
numeración (CTSN). Créase una instancia de coordinación denominada Comité Técnico de
Seguimiento de Numeración, en adelante CTSN, mediante la cual la Comisión de Regulación de
Comunicaciones (CRC) realizará el seguimiento a la ejecución del plan de migración de que trata el
artículo 13 de la presente resolución. El CTSN estará integrado por todos los Proveedores de Redes
y Servicios de Telecomunicaciones obligados a la implementación del Plan Nacional de Numeración
adoptado mediante el Decreto número 1078 de 2015 en lo referente a numeración geográfica
conforme lo previsto en la presente resolución, así como las modificaciones al Plan Nacional de
Marcación a las que se hace referencia en los artículos 6.2.4.1, 6.2.4.2 y 6.2.4.3. de la Resolución
número CRC 5050 de 2016.”
38
“ARTÍCULO 2.2.12.2.1.1. Objeto del plan nacional de numeración. El presente plan establece
una estructura de numeración uniforme que permite balancear su uso entre operadores y servicios,
para que los abonados de la red de telecomunicaciones del Estado tengan acceso a los servicios
prestados.
El objetivo primordial del presente plan es proveer el recurso numérico necesario para acceder
unívocamente a todo usuario, proteger al mismo mediante la identificación clara de las tarifas y los
servicios prestados a través de la red de telecomunicaciones del Estado y asegurar el recurso
suficiente a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones para la prestación eficaz y
adecuada de los servicios ofrecidos.”

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continuar con la medida transitoria relativa a la fijación de un mecanismo de
aprobación no presencial de las actas de las sesiones del CTSN que tiene a su
cargo el seguimiento a la implementación de los cambios introducidos en
materia de planes técnicos básicos de Numeración y de Marcación mediante la
Resolución CRC 5826 de 2019.

Que las medidas acá adoptadas tienen razón de ser en la ampliación de la
vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social. En efecto, en cumplimiento del mandato contenido en el
artículo 6 del Decreto 555 de 2020 según el cual le corresponde a la CRC
flexibilizar las normas del régimen regulatorio de calidad y otras obligaciones
regulatorias durante la emergencia sanitaria, es labor de esta Comisión
continuar con la suspensión de los efectos de la regulación relacionada con
dicho régimen de calidad inicialmente establecida en las resoluciones CRC
5941, 5955 y 5956 de 2020 y prorrogadas por las resoluciones CRC 5991, 6058
y 6113 de 2020 y las resoluciones CRC 6183 y 6315 de 2021.

(…)

Que, así las cosas, en el presente acto administrativo se adoptarán las medidas
regulatorias que a continuación se señalan, las cuales estarán vigentes durante
la emergencia sanitaria o hasta que sea derogado el artículo 6 del Decreto 555
de 2020:

• Continuar con la suspensión transitoria de los efectos del artículo 19 de la
Resolución CRC 5826 de 2019 en el que se establece el procedimiento para la
realización del CTSN. Así mismo, es necesario adoptar nuevamente el
mecanismo sustituto que permite formalizar la aprobación del cierre de las actas
que se levanten en estas sesiones por quienes tienen facultad para hacerlo y
hubieran asistido a la respectiva sesión del CTSN, a fin de que la formalización
de dichas actas pueda también realizarse de manera no presencial.” (Subrayas
de la Sala).

En consecuencia, en el artículo 10º de la Resolución que se evalúa, se adoptó el
siguiente procedimiento para las reuniones del citado Comité:

“ARTÍCULO 10. Durante la suspensión de los efectos del artículo 19 de la
Resolución CRC 5826 de 2019 consagrada en el artículo 9 de la presente
resolución, las sesiones del Comité Técnico de Seguimiento de Numeración se
regirán por las siguientes reglas:

“Las sesiones del CTSN se iniciarán con la verificación de la asistencia de
los miembros del Comité asistentes a la sesión correspondiente, para lo cual
se verificarán las facultades de los Representantes. Una vez validados los
miembros asistentes se dará lectura al orden del día, y la sesión se
desarrollará de acuerdo con los temas incluidos en el mismo.

Respecto de los temas puestos a consideración del CTSN, los mismos serán
puestos en conocimiento de sus miembros al menos dos (2) días hábiles
antes de la respectiva sesión, a efectos de ser incluidos en el orden del día.

El cierre del acta de la sesión se dará con la lectura de la misma y la firma
de los representantes presentes durante la siguiente sesión. También se
dará mediante la manifestación que hagan los representantes que estuvieron

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presentes durante la sesión a la que corresponde el acta, a través de
comunicación que provenga de la dirección de correo electrónico informada
previamente o, en su defecto, de la que conste en el Certificado de Cámara
de Comercio del Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones
a los que hace referencia el artículo 14 de la Resolución CRC 5826 de 2019.
En caso de falta de firma de algún representante, la Secretaría dejará
constancia del hecho, y de ser el caso, se indicarán las razones, sin que esto
signifique la nulidad del acta.”

Bajo tal perspectiva, es claro que las disposiciones en comento se ajustan a lo
previsto en el artículo 1º del Decreto Legislativo No. 555 de 2020, que declaró a los
servicios de telecomunicaciones como públicos esenciales que no pueden ser
suspendidos durante el estado de emergencia. Ello es así, puesto que, como quedó
en evidencia, lo que prevén dichas disposiciones es la continuidad en el
funcionamiento del Comité Encargado de verificar la ejecución del Plan Nacional de
Numeración, adoptando para esos efectos, medidas que permiten la virtualidad en
sus reuniones y consecuentemente el distanciamiento físico, de manera que se
asegure la protección en la vida y salud de las personas que lo conforman y al
mismo tiempo se siga con la implementación de dicho plan.

La norma legal señala:

“Artículo 1. Declaratoria de servicios públicos esenciales. Los servicios de
telecomunicaciones incluidos los servicios de radiodifusión sonora, los de
televisión y los servicios postales, son servicios públicos esenciales. Por tanto,
no se suspenderá su prestación durante el estado de emergencia. Los
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y postales no podrán
suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes
requeridas para la operación del servicio.” (Subrayas de la Sala).

En este punto, vale la pena señalar que la Sala 27 Especial de Decisión del Consejo
de Estado, al estudiar una medida análoga que fue adoptada por la CRC en la
Resolución No. 5991 del 29 de mayo de 2020, resaltó:

“Sesiones del Comité Técnico de Seguimiento de Numeración -CTSN.

104. Por medio de la Resolución No. 5991 de 2020 la CRC adoptó una nueva
medida, contenida en los artículos 39 y 40, por medio de los cuales dispuso la
suspensión del artículo 19 de la Resolución CRC 5826 de 2019 39, con la
correspondiente creación de una regla transitoria para la realización del Comité
Técnico de Seguimiento de Numeración -CTSN.

105. Los artículos tienen el siguiente contenido:

“Por la cual se modifica la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones.”
39

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“ARTÍCULO 39. Suspender hasta el 31 de agosto de 2020 los efectos del
artículo 19 de la Resolución CRC 5826 de 2019. En consecuencia, dicha
disposición volverá a tener efectos a partir del 1 de septiembre de 2020.

ARTÍCULO 40. Durante la suspensión de los efectos del artículo 19 de la
Resolución CRC 5826 de 2019, las sesiones del Comité Técnico de
Seguimiento de Numeración se regirán por las siguientes reglas:

“Las sesiones del CTSN se iniciarán con la verificación de la asistencia de
los miembros del Comité asistentes a la sesión correspondiente, para lo
cual se verificarán las facultades de los Representantes. Una vez
validados los miembros asistentes se dará lectura al orden del día, y la
sesión se desarrollará de acuerdo con los temas incluidos en el mismo.

Respecto de los temas puestos a consideración a los miembros del CTSN,
los mismos serán puestos en conocimiento de sus miembros al menos
dos (2) días hábiles antes de la respectiva sesión, a efectos de ser
incluidos en el orden del día. El cierre del acta de la sesión se dará con la
lectura de la misma y la firma de los representantes presentes durante la
siguiente sesión.

También se dará mediante la manifestación que hagan los
representantes que estuvieron presentes durante la sesión a la que
corresponde el acta, a través de comunicación que provenga de la
dirección de correo electrónico informada previamente o, en su
defecto, de la que conste en el Certificado de Cámara de Comercio
del Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones a los
que hace referencia el artículo 14 de la presente resolución. En caso
de falta de firma de algún representante, la Secretaría dejará
constancia del hecho, y de ser el caso, se indicarán las razones, sin
que esto signifique la nulidad del acta.” (Negrillas fuera de texto)40

106. El precepto que se suspende transitoriamente contaba con los dos
primeros incisos del precepto transcrito, habiéndose adicionado el tercero, de
tal manera que la nueva regulación lo que permite es la aprobación del acta por
los representantes a través de medios electrónicos, con plenas garantías del
origen de la comunicación, con el mismo límite temporal, esto es, con vigencia
hasta el 31 de agosto de 2020.

107. Esta norma se justificó, en la parte motiva del acto administrativo sub
examine, en la necesidad de establecer –por el termino de duración de la
emergencia sanitaria– un mecanismo de aprobación no presencial de las actas
de las sesiones del CTSN, el cual tiene a su cargo el seguimiento de la
implementación de los cambios introducidos en materia de planes técnicos
básicos, por la Resolución No. 5826 de 2019.

108. Efectuado el análisis general, con relación a cada una de las
disposiciones, corresponde analizar el cumplimiento de los presupuestos
materiales de validez.

2.3.4.3. Requisito referido a la finalidad del acto administrativo

109. Este requisito se encuentra consagrado en el artículo 10º de la Ley
137 de 1994 e implica verificar que las medidas adoptadas estén directa y

40
Este inciso contiene la modificación introducida a la reglamentación.

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específicamente encaminadas a conjurar las causas de la perturbación y a
impedir la extensión de sus efectos.

110. Al respecto, se advierte que las disposiciones se expidieron con la
finalidad de atender las directrices impartidas por el Gobierno nacional
tendientes a disminuir el riesgo de contagio, evitar la propagación del virus, en
especial, impidiendo al máximo el contacto físico y el desplazamiento de
personas y se encuentra acorde con la gradualidad que, para la fecha de
expedición del acto, se le había conferido al aislamiento preventivo obligatorio,
al incluir paulatinamente nuevas actividades autorizadas para la circulación de
personas, así como con el esquema exceptivo previsto para aquellos municipios
sin afectación del COVID-19.41

111. Las determinaciones contenidas en el acto administrativo pretenden
la protección del derecho a salud de los funcionarios de la entidad, de los
empleados de las empresas prestadoras de servicios y de los usuarios de las
mismas y, concretamente, tienen por objeto que los proveedores de redes de
servicios y de comunicaciones, quienes deben cumplir altos estándares de
calidad y tener oficinas físicas de atención al público con estrictos
requerimientos, no se vean incursos en sanciones ante la alta demanda de los
servicios, derivada de la intensificación de las medidas de trabajo y educación
desde la casa, que produjo la saturación de las redes.”42 (Subrayas de la Sala,
negrillas dentro del texto).

Siendo ello así, encuentra la Sala que los artículos 9º y 10º de la Resolución Nro.
6370 del 31 de agosto de 2021 observan el requisito de conexidad.

IV.3.3.6. De la modificación de la Resolución CRC 6128 de 2020 43

Al respecto, la Sala evidencia que en el artículo 11 del acto objeto en cuestión se
resolvió modificar la aludida norma en lo concerniente a la fecha de entrada en vigor
de las siguientes medidas respecto del servicio postal universal: (i) las
concernientes con la disponibilidad de los puntos de atención, (ii) de seguridad, (iii)
tiempos de entrega y frecuencia de recolección, (iv) cobertura, (iv) descuentos
tarifarios; veamos:

“ARTÍCULO 11. Modificar el artículo 9 de la Resolución CRC 6128 de 2020, el
cual quedará así:

41
Como parte de las medidas tendientes a la reactivación económica que se concretaron a través a
través del Decreto 636 de 2020 en el que se amplió a 46 el número de casos o actividades
autorizadas para la circulación de personas y vehículos en el territorio nacional y se exceptuaron los
municipios libres de COVID que previamente certifique el Ministerio de Salud y Protección Social.
42
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión.
Sentencia del 18 de noviembre de 2020. Proceso radicado número: 11001 03 15 000 2020 02511
00. Consejera Ponente: Rocío Araújo Oñate.
43
«Por la cual se fijan los aspectos técnicos, los indicadores y las metas de los criterios de calidad y
las tarifas para la prestación de los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal».

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“ARTÍCULO 9. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolución
rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. No obstante,
la disposición relacionada con las tarifas tope contenida en el artículo
13.1.1.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016 al que hace referencia el
artículo 4 de este acto administrativo, entrará en vigor el primero (1) de
febrero de 2021; las medidas relacionadas con la disponibilidad de los
puntos de atención al público, dispuestas en el artículo 2.2.7.17 de la
Resolución CRC 5050 de 2016 al que se refiere el artículo 2 de esta
resolución, entrarán en vigor el primero (1) de septiembre de 2021; la
disposición relacionada con Seguridad establecida en el artículo 5.5.2.6 de
la Resolución CRC 5050 de 2016 a la que se refiere el artículo 3 de esta
resolución entrará en vigor el 1 de junio de 2021; las disposiciones
relacionadas con tiempos de entrega y frecuencia de recolección y entrega,
establecidas en los artículos 5.5.2.4. y 5.5.2.5. de la Resolución CRC 5050
de 2016 al que hace referencia el artículo 3 de la presente resolución,
comenzarán a regir a partir del día siguiente de que culmine la vigencia de
la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social o de que sea derogado el artículo 6 del Decreto 555 de 2020, lo que
suceda primero; la disposición relacionada con cobertura, establecida en el
artículo 5.5.2.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016 al que se refiere el
artículo 3 de esta resolución, y las contenidas en los artículos 5, 6 y 7 de
esta resolución, entrarán en vigor el 1 de julio de 2021; respecto de la
medida sobre descuentos tarifarios, dispuesta en el artículo 13.1.1.3. de la
Resolución CRC 5050 de 2016 al que hace referencia el artículo 4 de esta
resolución, comenzará a regir cuatro (4) meses después de la fecha de
publicación oficial de la base de datos del Sisbén IV por parte del
Departamento Nacional de Planeación, tiempo en el cual el Operador
Postal Oficial deberá suscribir el(los) acuerdo(s) o convenio(s) a que haya
lugar para acceder a la información.

La presente resolución deroga el literal b) del artículo 2 de la Resolución
MinTIC 1552 de 2014 a partir del 1 de julio de 2021; el literal c) del artículo
2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014 y sus respectivas modificaciones
mediante la Resolución MinTIC 3844 de 2014, a partir del primero (1) de
septiembre de 2021; los literales d) y e) del artículo 2 de la Resolución
MinTIC 1552 de 2014 y sus respectivas modificaciones mediante la
Resolución MinTIC 3844 de 2014, a partir del día siguiente de que culmine
la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud
y Protección Social o de que sea derogado el artículo 6 del Decreto 555 de
2020; y el literal f) del artículo 2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014 y
su respectiva modificación mediante la Resolución MinTIC 3844 de 2014 a
partir del 1 de junio de 2021. Las resoluciones 1552 de 2014 y 3844 de
2014 expedidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones quedarán derogadas en su totalidad a partir del día
siguiente de que culmine la vigencia de la emergencia sanitaria declarada
por el Ministerio de Salud y Protección Social o de que sea derogado el
artículo 6 del Decreto 555 de 2020, lo que suceda primero.”

A su vez, en el artículo 12 ibidem estableció el siguiente régimen de transición:

ARTÍCULO 12. Modificar el inciso primero del artículo 10 de la Resolución CRC
6128 de 2020, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 10. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Durante el período
comprendido entre la fecha de publicación de esta resolución en el Diario

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Control inmediato de legalidad

Oficial y el 31 de agosto de 2021, el Operador Postal Oficial deberá cumplir
las disposiciones expedidas por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones en materia de horarios de atención y
condiciones de prestación del servicio, contenidas en el literal c) del artículo
2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014; hasta el día que culmine la vigencia
de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social o que sea derogado el artículo 6 del Decreto 555 de 2020, lo que
suceda primero, deberá dar cumplimiento a los indicadores y metas de
calidad respecto de frecuencia y tiempos de entrega, contenidas en los
literales d) y e) del artículo 2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014
modificados mediante la Resolución MinTIC 3844 de 2014; hasta el 31 de
mayo de 2021, deberá aplicar aquellas medidas expedidas en materia de
indicadores y metas de calidad respecto de entrega de objetos postales,
contenidas en el literal f) del artículo 2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014
modificado mediante la Resolución MinTIC 3844 de 2014; y hasta el 30 de
junio de 2021, deberá dar cumplimiento a las disposiciones sobre
cubrimiento expedidas por dicho Ministerio mediante el literal b) del artículo
2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014 y reportar el Formato 1.2 del
TÍTULO REPORTES DE INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5050 de
2016 vigente a la fecha de expedición de este acto administrativo.”

Vistas así las cosas, es claro que las anotadas disposiciones se encuentran acordes
con el artículo 6 del Decreto Legislativo 555 de 2020, debido a que con ellas se
pretende la implementación de las normas que flexibilizaron las condiciones en las
que los Operadores Postales Oficiales debían prestar su servicio. Asimismo, en
dichas disposiciones se prevé que, una vez hubiere finalizado la emergencia
sanitaria ocasionada por el Coronavirus – COVID 19, los operadores de esa clase
de servicios están obligados a cumplir con las normas y condiciones que les eran
exigibles de manera previa a la pandemia.

Al respecto, es preciso indicar que la Sala Especial No. 19 del Consejo de Estado,
respecto de una medida similar que fue fijada por la CRC en la Resolución CRC
6183 de 2021, dijo lo que sigue a continuación:

En la Resolución 6183 de 2021, respecto de la modificación del artículo 9.°
de la Resolución CRC 6128 de 2020 frente a su vigencia y derogatorias, y
del inciso primero del artículo 10 del mismo acto sobre el régimen de
transición

118. Esta determinación tiene fundamento en los artículos 28 y 29 de la
Resolución 6183 de 2021, y consiste en la modificación de los artículos 9.° y
10 de la Resolución CRC 6128 del 29 de diciembre de 2020 44, por la cual esa
entidad, a su vez, reformó los Títulos II, V y el Título de Reportes de Información,
y adicionó el Título XIII de la Resolución CRC 5050 de 2016, con el objetivo de
fijar los aspectos técnicos, los indicadores y las metas de los criterios de calidad

44
«Por la cual se fijan los aspectos técnicos, los indicadores y las metas de los criterios de calidad y
las tarifas para la prestación de los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal».

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y las tarifas para la prestación de los servicios pertenecientes al Servicio Postal
Universal, para lo cual había otorgado un periodo de transición para la
implementación y entrada en vigor de algunas disposiciones de dicho acto
administrativo a saber: entre el 29 de diciembre de 2020 y el 1.° de abril de
2021. En ese sentido, en la motivación del acto enjuiciado se explicó lo
siguiente:

«Que, teniendo en consideración que a través de la Resolución 2230 del
27 de noviembre de 2020 el Ministerio de Salud y Protección social
prorrogó la vigencia de la emergencia sanitaria hasta el 28 de febrero de
2021, la CRC definió un régimen de transición para la implementación y
entrada en vigor de algunas disposiciones de la Resolución CRC 6128 del
29 de diciembre de 2020, a partir del 1 de marzo de 2021. Sin embargo,
dada la reciente prórroga de la emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo
de 2021 y que las condiciones y reglas que se establecieron a través de
la Resolución CRC 6128 de 2020 pueden requerir adecuaciones
operativas y administrativas por parte del OPO para garantizar la
prestación ininterrumpida de los servicios asociados al SPU, que se
pueden ver afectadas por el contexto de emergencia actual, también
resulta necesario ampliar el régimen de transición establecido en el
artículo 10 de la Resolución CRC 6128 de 2020, específicamente respecto
de la implementación de (i) las medidas relacionadas con la disponibilidad
de los puntos de atención al público, dispuestas en el artículo 2.2.7.17 de
la Resolución CRC 5050 de 2016 adicionado por el artículo 2 de la
Resolución CRC 6128 de 2020; y (ii) las disposiciones relativas a tiempos
de entrega, frecuencia de recolección y entrega y seguridad, establecidas
en los artículos 5.5.2.4., 5.5.2.5. y 5.5.2.6. de la Resolución CRC 5050 de
2016, adicionados mediante el artículo 3 de la Resolución CRC 6128 de
2020. Por consiguiente, la derogatoria de los literales c), d), e) y f) del
artículo 2 de la Resolución MinTIC 1552 de 2014 y sus modificaciones
establecidas en la Resolución MinTIC 3844 de 2014, de la que trata el
segundo inciso del artículo 9 de la Resolución CRC 6128 de 2020,
también requieren modificación».

119. Así pues, los artículos en estudio ampliaron los términos de entrada en
vigor de las disposiciones mencionadas con base en la prórroga de la
declaración de emergencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud y
Protección Social, frente a lo cual, la Sala estima que esta medida se encuentra
ajustada a derecho, toda vez que las dificultades propias del contexto de la
pandemia justifican tal determinación en el marco, nuevamente, de la orden de
flexibilización regulatoria del artículo 6.° del Decreto Legislativo 555 de 2020.”45
(Subrayas de la Sala).

En suma, los artículos 11 y 12 de la Resolución Nro. 6370 del 31 de agosto de 2021
se ajustan al requisito de conexidad.

IV.3.3.7. Del Formato 2.4. a cargo de los Operadores Postales Oficiales.

45
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No.
19. Sentencia del 8 de junio de 2021. Proceso radicado número: 11001 03 15 000 2020 05033 00
acumulado al 11001 03 15 000 2021 00847 00. Consejero Ponente: William Hernández Gómez.

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En lo que hace al artículo 13 de la Resolución que es objeto de control en esta sede,
la CRC determinó que los Operadores Postales Oficiales están en la obligación de
diligenciar y reportar la información solicitada en dicho formato, teniendo en cuenta
las condiciones que se exponen a continuación:

ARTÍCULO 13. Durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el
Ministerio de Salud y Protección Social, el Operador Postal Oficial deberá
diligenciar y reportar la información solicitada mediante el Formato 2.4
“CANTIDIDAD DE OBJETOS ENTREGADOS A TIEMPO- SPU” de la Sección
2 del Capítulo 3 del TÍTULO DE REPORTES DE INFORMACIÓN de la
Resolución CRC 5050 de 2016, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

(i) Se entiende por tiempos de entrega los plazos en días hábiles, para
realizar la entrega del objeto postal al destinatario (D+n), contados a partir
del día de la imposición del objeto postal por parte del remitente y la admisión
por parte del Operador Postal Oficial. En aquellos casos en que el objeto
postal sea admitido durante las tres (3) horas previas a la finalización del
horario de atención al público, el objeto postal se entenderá admitido el día
hábil siguiente, sin que ello requiera la modificación de la fecha de admisión
del envío.

(ii) Los tiempos de entrega para el caso de las entregas de objetos postales
salientes con destino internacional, se empezarán a contar a partir de la
entrega del objeto postal a la autoridad competente de los trámites
aduaneros o de las revisiones que requieren este tipo de envíos. Para los
envíos internacionales entrantes, los tiempos de entrega se contarán a partir
de la nacionalización del objeto postal.

(iii) Para el caso de los envíos con destino a zonas rurales, el tiempo de
entrega se contabilizará hasta la entrega del objeto postal en el punto de
atención al público que corresponda.

(iv) Para el diligenciamiento de los campos No. 9 “Envíos originados en el
municipio que cumplen el tiempo de entrega”; y No. 10 “Envíos entregados
en el municipio que cumplen el tiempo de entrega” del Formato, sólo se
deberán contabilizar los objetos postales que se hayan entregado en los
tiempos que se indican a continuación para cada uno de los servicios
pertenecientes al SPU:

Tiempos de entrega para correspondencia prioritaria, encomiendas, y
correo telegráfico para el ámbito nacional e internacional

• Mantener el deber del Operador Postal Oficial de diligenciar y reportar la
información solicitada mediante el Formato 2.4 “CANTIDIDAD DE OBJETOS
ENTREGADOS A TIEMPOSPU” de la Sección 2 del Capítulo 3 del TÍTULO DE
REPORTES DE INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5050 de 2016, para lo
cual, deberá tener en cuenta las condiciones y tiempos de entrega fijados en el
presente acto administrativo, a pesar de que no es exigible su cumplimiento. Lo
anterior, con el fin de conocer y monitorear el comportamiento de los tiempos
en los que el OPO está entregando los objetos postales enviados a través de
los servicios de correspondencia prioritaria, correspondencia no prioritaria,
encomiendas y correo telegráfico, a nivel local, nacional e internacional, durante
la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

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(v) Se entiende como envío local o urbano todo aquel cuyo municipio de
destino corresponde con el mismo municipio de origen o pertenece a la
misma área metropolitana. Las áreas metropolitanas de Colombia que el
Operador Postal Oficial debe utilizar en la prestación de sus servicios en el
ámbito local (o urbano) son las reconocidas por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística – DANE, que se encuentran
disponibles en el Geovisor de Consulta de Codificación de la División Político
– Administrativa de Colombia (DIVIPOLA).

(vi) Para el caso de los envíos con destino a zonas rurales, el tiempo de
entrega se contabilizará hasta la entrega del objeto postal en el punto de
atención al público que corresponda.”

PARÁGRAFO 1: Las condiciones y tiempos de entrega indicados en el
presente artículo corresponden a los parámetros que deberá tener en cuenta el
Operador Postal Oficial exclusivamente para el adecuado diligenciamiento del
Formato 2.4 durante la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Protección Social, en consecuencia, no será exigible el cumplimiento
de estas condiciones y tiempos de entrega durante este periodo.

PARÁGRAFO 2. Durante la vigencia del presente artículo, para el caso de los
envíos con destino a zonas rurales, el Operador Postal Oficial deberá mantener
disponible en el punto de atención al público el objeto postal durante mínimo 20
días, para ser recogido por el destinatario”.

Ahora bien, la Comisión justificó dicha determinación en la parte considerativa de la
Resolución Nro. 6370 de 2021, asegurando que ésta era necesaria debido a que,
aun cuando los tiempos de entrega no eran exigibles a los Operados Postales, ello
no impedía que monitoreara los lapsos gastados para esos efectos; veamos:

“Mantener el deber del Operador Postal Oficial de diligenciar y reportar la
información solicitada mediante el Formato 2.4 “CANTIDIDAD DE OBJETOS
ENTREGADOS A TIEMPOSPU” de la Sección 2 del Capítulo 3 del TÍTULO DE
REPORTES DE INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5050 de 2016, para lo
cual, deberá tener en cuenta las condiciones y tiempos de entrega fijados en el
presente acto administrativo, a pesar de que no es exigible su cumplimiento. Lo
anterior, con el fin de conocer y monitorear el comportamiento de los tiempos
en los que el OPO está entregando los objetos postales enviados a través de

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los servicios de correspondencia prioritaria, correspondencia no prioritaria,
encomiendas y correo telegráfico, a nivel local, nacional e internacional, durante
la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social.” (Subrayas de la Sala).

En tal contexto, se advierte que la anotada disposición es desarrollo del artículo 1º
del Decreto Legislativo 555 del 15 de abril de 2020, en razón a que se trata de una
decisión cuya finalidad no es otra que la de garantizar el funcionamiento del servicio
postal, entendido como esencial, a través del seguimiento efectivo de los tiempos
de entrega de la correspondencia en sus distintas modalidades, de modo que la
CRC pueda controlar en qué plazos están llegando a sus destino los paquetes
encomendados y con ello se pueda garantizar la efectiva prestación de dicho
servicio.

Lo dicho es consonante, además, con las competencias que han sido deferidas a
dicha Comisión, pues el mencionado control responde a la necesidad no sólo de
regulación sino al deber de garantizar niveles de calidad en los servicios, lo que, a
su vez, redunda en la protección de los derechos de los usuarios, todo ello previsto
en los artículos 19 y 22 de la Ley 1341 de 2009 y en el artículo 20 de la Ley 1369
de 2009.

Por las razones antes indicadas, es claro para la Sala que el artículo 13 de la
Resolución Nro. 6370 del 31 de agosto de 2021, cumple con el requisito de
conexidad.

IV.3.3.8. Del artículo 14 de la Resolución Nro. 6370 del 31 de agosto de
2021.

Sobre la citada norma, observa la Sala que la misma compagina igualmente con lo
dispuesto en el artículo 1º del Decreto Legislativo 555 de 2020, en razón a que allí
se dispuso que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y
operadores postales se encuentran en la obligación de garantizar la prestación del
servicio de forma continua y eficiente, y que la CRC o el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones están facultadas para requerir la
información que consideren necesaria para realizar un adecuado seguimiento a la
forma en que se prestan dichos servicios.

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Para una mejor comprensión de lo anterior, resulta oportuno traer a colación el
siguiente cuadro ilustrativo:

DECRETO 555 de 2020 RESOLUCIÓN 6370 DE 2021

“Artículo 1. Declaratoria de servicios “Artículo 14. Sin perjuicio de las medidas
públicos esenciales. Los servicios de dispuestas en el presente acto
telecomunicaciones incluidos los administrativo, los proveedores de redes y
servicios de radiodifusión sonora, los de servicios de telecomunicaciones y
televisión y los servicios postales, son operadores postales deberán garantizar en
servicios públicos esenciales. Por tanto, todo momento la prestación de los
no se suspenderá su prestación durante servicios de forma continua y eficiente.
el estado de emergencia. Los
proveedores de redes y servicios de Para estos efectos, la Comisión de
telecomunicaciones y postales no podrán Regulación de Comunicaciones o el
suspender las labores de instalación, Ministerio de Tecnologías de la Información
mantenimiento y adecuación de las redes y las Comunicaciones podrán requerir a los
requeridas para la operación del servicio.” proveedores de redes y servicios de
(Subrayas de la Sala). telecomunicaciones y operadores postales
aquella información que se considere
pertinente para realizar un adecuado
seguimiento a la forma en la que se prestan
los servicios”. (Subrayas de la Sala).

Siendo ello así, considera la Sala que el artículo 14 de la Resolución Nro. 6370 del
31 de agosto 2021, observa el requisito de conexidad.

IV.3.4. Proporcionalidad.

Pues bien, como se señaló anteriormente, se observa que las razones que se
invocaron para la expedición del acto objeto de control obedecieron a la necesidad
de flexibilizar las obligaciones de los proveedores de redes y telecomunicaciones y
los operadores de servicios postales de manera que se pudieran garantizar la
prestación del mismo en las circunstancias actuales de emergencia.

En tal contexto, observa la Sala que la Resolución objeto de control es adecuada e
idónea para la consecución de los fines perseguidos por el Decreto Legislativo 555
de 2020, pues en dicho acto la CRC adoptó las medidas que consideró oportunas
para garantizar la continua prestación de los anotados servicios públicos y es
necesaria, pues el incremento en la utilización de las redes y servicios postales,

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como consecuencia de las emergencia sanitaria, supone que se relajen las
exigencias a los prestadores, a efectos de que puedan seguir realizando su labor
hasta que el país vuelva a la normalidad, adoptando de manera transversal
condiciones de autocuidado que se traducen no sólo en la protección del empleado
o funcionario encargado de la actividad sino del usuario o consumidor del servicio.

En conclusión, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se encuentra la
Resolución No. 6370 de 2021, expedida por la CRC resulta idónea, necesaria y
proporcional con la gravedad de los hechos que dieron lugar a la declaratoria del
estado de excepción. Asimismo, se observa una especial correlación entre los fines
buscados y los medios empleados para conseguirlo, de modo que se hace evidente
el cumplimiento de este requisito.

Aclara la Sala que, como lo ha reiterado esta Corporación en su jurisprudencia46, “si
bien es cierto que el control automático supone un control integral, no puede
pretenderse con ello que, al ejercer tal control, el juez revise todo el ordenamiento
jurídico”, por lo cual los efectos de esta sentencia tienen la autoridad de cosa
juzgada relativa (artículo 189 del CPACA), es decir, sólo frente a los aspectos
analizados y decididos en ella.

En mérito de lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, a través de su Sala Especial de Decisión No. 18, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR que la Resolución No. 6370 de 2021, expedida por la CRC,
se encuentra ajustada a derecho, de conformidad con las razones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

46
Sobre este aspecto consultar: Sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15-000-2009-
00549OO(CA); Sentencia de 23 de noviembre de 2010, exp. 11001-03-15-000-2010-00196-00(CA);
Sentencia de 18 de enero de 2011, exp. 11001-03-15-000-2010-00165-00(CA); Sentencia de 12 de
abril de 2011, exp. 1100103-15-000-2010-00170-OO(CA).

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La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala Especial de Decisión
número 18 de la Sala de Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, en
sesión del 22 de marzo de 2022.

(Firma electrónica) (Firma electrónica)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

(Firma electrónica) (Firma electrónica)
MILTON CHAVES GARCÍA SANDRA LISSETH IBARRA VÉLEZ
Consejero de Estado Consejera de Estado
Aclaro voto

(Firma electrónica)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Consejero de Estado

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