Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05947-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05947-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-05947-00
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
20 de enero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-05947-00
Demandante: María Magdalena Díaz Jaimes
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-05947-00
Demandante: MARÍA MAGDALENA DÍAZ JAIMES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Temas: Contra providencia judicial que denegó pretensiones de demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho. Defecto fáctico y
desconocimiento del precedente.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora María Magdalena Díaz
Jaimes contra el Tribunal Administrativo de Santander.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. En ejercicio de la acción de tutela, la señora María Magdalena Díaz Jaimes pidió la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, que estimó vulnerados por la sentencia del 19 de julio de
2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander. En concreto, formuló la
siguiente pretensión:
Por lo anteriormente expuesto, solicito al H. Consejo de Estado, se ampare mis derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la recta administración de justicia y en consecuencia,
deje sin efectos la sentencia de segunda instancia de fecha 19 de julio de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado al número 680013333006 – 2015 – 00284 – 03 y en su lugar se ordene mantener
la sentencia de primera instancia que acogió mis pretensiones.
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. La señora María Magdalena Díaz Jaimes estuvo vinculada al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, mediante diferentes contratos de prestación
de servicios, desde el 14 de noviembre de 2001 al 13 de abril de 2012.
2.2. En el año 2014, la señora Díaz Jaimes solicitó al Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social el pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales,
como consecuencia de la relación laboral que adujo sostener con dicha entidad.
Mediante oficios 20146210311822 del 21 de mayo de 2014 y 20142010350532 del 18
de junio de 2014, la entidad denegó la solicitud y confirmó la decisión, respectivamente.
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2.3. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la actora
demandó la nulidad de los oficios 20146210311822 del 21 de mayo y 20142010350532
del 18 de junio de 2014 y, a título de restablecimiento del derecho, pidió el reconocimiento
y pago de todas las prestaciones sociales derivadas de la prestación del servicio entre
el 14 de noviembre de 2001 al 13 de abril de 2012, y que se ordene que el tiempo
laborado tenga efectos pensionales.
2.4. La demanda correspondió al Juzgado 6° Administrativo de Bucaramanga, que, por
sentencia del 21 de marzo de 2018, accedió a las pretensiones. En concreto, la autoridad
judicial estimó que se cumplieron los requisitos exigidos para demostrar la existencia de
una verdadera relación laboral (prestación personal del servicio, remuneración y
subordinación o dependencia administrativa), pues la señora María Magdalena Díaz
Jaimes estuvo vinculada al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
como coordinadora regional del programa Familias en Acción en el departamento de
Santander, desde el año 2001 y hasta el año 2012.
2.5. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social presentó recurso de
apelación contra la anterior decisión y el Tribunal Administrativo de Santander, por
sentencia del 19 de julio de 2021, la revocó y, en su lugar, denegó las pretensiones. En
síntesis, el tribunal señaló que si bien se probaron los requisitos de prestación personal
del servicio y remuneración, no sucedió lo mismo con el de subordinación, ya que: “…
pese a que la demandante ejecutaba labores misionales de la entidad, que esto se
presentó durante un prolongado periodo de tiempo y que esta situación puede apoyar la
estructuración de los elementos de la relación laboral, la Sala encuentra falencias
probatorias en cuanto a la subordinación, pues no se encuentra acreditado que la actora
recibiera órdenes directas para el cumplimiento de sus funciones, estuviese sometida al
cumplimiento de un horario impuesto por la entidad, se le hubiesen realizado llamados
de atención, seguimiento de actividades diarias, entre otros aspectos propios de un
empleado de planta”.
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. La señora María Magdalena Díaz Jaimes alegó que la sentencia del 19 de julio del
2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander vulneró los derechos
fundamentales invocados por las siguientes razones:
3.1.1. Que la providencia acusada incurrió en defecto fáctico, pues, a su juicio, no se
valoraron en debida forma las pruebas que demostraban la configuración de la
subordinación. Por un lado, los mensajes electrónicos, circulares y directrices recibidos
parte de la entidad, que probaban la subordinación y, por tanto, la configuración de la
relación laboral.
3.1.2. Por otro lado, expuso que, al valorarse el interrogatorio de parte rendido por la
demandante, el tribunal hizo alusión a la expresión “plan de trabajo” cuando en realidad
lo que la señora Díaz Jaimes señaló fue “informe de actividades”, que son conceptos
diferentes, ya que éste último demostraba que se encontraba subordinada por la entidad.
3.2. Adicionalmente, indicó que la sentencia no tuvo en cuenta los criterios establecidos
por el Consejo de Estado para determinar la existencia de un contrato realidad, esto es,
la convergencia de los criterios funcional, de igualdad, habitualidad, excepcionalidad y
continuidad. Que, para el caso de la demandante dichos criterios se cumplen y, por tanto,
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debió confirmarse la sentencia de primera instancia.
3.3. Por último, expuso que la sentencia cuestionada afirmó que ninguna de las partes
había presentado alegatos de conclusión, cuando en realidad el apoderado de la señora
Díaz Jaimes los presentó el 10 de diciembre de 2020, lo que, a su juicio, vulnera el
derecho al debido proceso.
4. Trámite procesal
4.1. Por auto del 8 de septiembre de 2021, el Despacho Sustanciador admitió la demanda
de tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Santander y, como tercero con interés, al
director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
4.2. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 14 de septiembre
de 20211.
4.3. Por auto del 11 de noviembre de 2021, se ordenó el sorteo de un conjuez, en razón
a que el proyecto sometido a discusión de la Sala quedó empatado.
4.4. El 30 de noviembre de 2021, se realizó el sorteo y quedó como conjuez la doctora
Elizabeth Whittingham García.
5. Intervenciones
5.1. La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Acciones Constitucionales y
Procedimientos Administrativos y Profesional Especializado del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social solicitó que se declarara la improcedencia
de la acción de tutela por no cumplir con los requisitos generales de procedibilidad.
5.1.1. Que la providencia se encuentra debidamente ejecutoriada y está amparada por
el fenómeno de la cosa juzgada. Que, además, la decisión del tribunal se ajustó a la
Constitución y a la Ley y, por ende, lo pretendido por la actora atentaría contra el principio
de seguridad jurídica e independencia judicial.
5.2. El Tribunal Administrativo de Santander no intervino, pese a que, como se vio,
fue notificado de la admisión de la demanda de tutela.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. A partir del año 20122, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20143, se precisó que la
acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas
1 Índice 7 de Samai.
2 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
3 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.
1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los
medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.
1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto
orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del
precedente y (viii) violación directa de la Constitución.
1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo
de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de
cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un
requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que
exija la imperiosa intervención del juez constitucional»4.
2. Planteamiento y solución del problema jurídico
2.1. La Sala estima que la demanda de tutela cumple los requisitos generales para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En consecuencia, se
resolverá el asunto de fondo.
2.2. Siendo así, corresponde a la Sala determinar si la sentencia del 19 de julio de 2021,
dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, incurrió (i) en defecto fáctico, por
omitir la valoración de las pruebas que, a juicio de la actora, daban cuenta del elemento
de subordinación, (ii) en desconocimiento de los criterios establecidas por el Consejo de
Estado, para determinar la existencia de una relación laboral y (iii) en violación al debido
proceso, al señalar que la parte demandante no había presentado alegatos de
conclusión y omitir el estudio correspondiente en la sentencia.
3. Solución al problema jurídico planteado
3.1. En cuanto al defecto fáctico, vale decir que, en términos generales, se configura
cuando la decisión adoptada por el juez carece de los elementos probatorios adecuados
para soportarla.
3.1.1. El defecto fáctico puede configurarse por acción o por omisión. En un
pronunciamiento reciente la Corte Constitucional, en sentencia T-324 de 2013, se refiere
4 SU-573 de 2017.
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a dos conductas constitutivas del defecto fáctico: «i) defecto fáctico por omisión:
cuando el juez se niega a dar por probado un hecho que aparece en el proceso, lo que
se origina porque el funcionario: a) niega, ignora o no valora las pruebas solicitadas y b)
tiene la facultad de decretar la prueba y no lo hace por razones injustificadas, y ii) defecto
fáctico por acción: se da cuando a pesar de que las pruebas reposan en el proceso,
hay: a) una errónea interpretación de ellas, bien sea porque se da por probado un hecho
que no aparece en el proceso, o porque se estudia de manera incompleta, o b) cuando
las valoró siendo ineptas o ilegales, o c) fueron indebidamente practicadas o recaudadas,
vulnerando el debido proceso y el derecho de defensa de la contraparte; entonces, es
aquí cuando entra el juez constitucional a evaluar si en el marco de la sana crítica, la
autoridad judicial desconoció la realidad probatoria del proceso».
3.1.2. La Corte Constitucional también ha dicho que en el defecto fáctico se pueden
identificar dos dimensiones: una negativa y otra positiva. La primera hace alusión a las
omisiones del juez en la valoración de pruebas que pueden resultar determinantes para
establecer la veracidad de los hechos narrados. «La segunda corresponde a una
dimensión positiva que se presenta cuando el juez aprecia pruebas esenciales y
determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo se
desconoce la Constitución»5.
3.1.3. En lo que corresponde al defecto fáctico por indebida valoración probatoria, la
Corte Constitucional ha dicho que se presenta «cuando el funcionario judicial, en contra
de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente
probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir
pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión
respectiva»6.
3.1.4. En todo caso, para que se configure el defecto fáctico es necesario que el error
en la valoración de la prueba sea determinante en el sentido de la decisión, es decir,
que de haberse valorado adecuadamente la prueba el resultado del proceso hubiere
sido distinto. Al respecto, la jurisprudencia constitucional precisó que «el error en el juicio
valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales
de competencia»7.
3.2. En el caso concreto, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de
Santander comenzó por referirse a las pruebas que obraban en el expediente, tales como
los contratos de prestación de servicios, las declaraciones recibidas por los testigos y el
interrogatorio de parte. A partir de esas pruebas, el tribunal demandado hizo la siguiente
valoración:
(…)
2. Conclusiones.
5 Sentencia T-274 de 2012.
6 Sentencia T-781 de 2011.
7 Ibídem.
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2.1. Las pruebas documentales demuestran que la demandante prestó labores al DPS como
Coordinadora del Programa de Familias en Acción, que corresponde a una actividad misional de
la entidad.
2.2. Los testigos fueron precisos en señalar que la demandante ejecutó labores como
Coordinadora del Programa y además, informaron que el horario de oficina que conocieron
siempre fue informado en forma directa por la actora, sin que se sus declaraciones se puedan al
menos inferir que se haya impuesto el cumplimiento del mismo por parte de la entidad
demandada a través del alguno de sus agentes.
De otro lado la existencia de una oficina proporcionada por la entidad no da entender que la
demandante se desempeñaba en las mismas condiciones que un empleado de planta, pues no
se encuentra prueba que permita señalar que su permanencia en dichas instalaciones era
controlada, o que no podía ausentarse sin permiso al menos verbal.
2.3. Si bien la demandante se desplazaba a diferentes municipios y lo hacía en un vehículo oficial
– conforme a lo informado por los testigos – no puede establecerse que dicha situación acredite
subordinación alguna, dado que no se probó que el cronograma de visitas hubiese sido impuesto
por un Jefe directo lo que se traduce en autonomía de la contratista para concertar visitas,
además, se resalta que los testigos que fungieron como enlaces municipales informaron que era
la demandante quien les impartía órdenes acorde al programa, lo que denota aún más el nivel
de autonomía propio de un contrato de prestación de servicios.
Debe tenerse en cuenta que en su interrogatorio la demandante precisó que era ella quien
elaboraba el plan de trabajo y éste era firmado por el Director Territorial, lo que también
demuestra autonomía en la ejecución de su contrato, pues podría hablarse de subordinación si
se probada que era el Director el que imponía el plan de trabajo y visitas a realizar.
2.4. Conforme a lo anterior, pese a que la demandante ejecutaba labores misionales de la
entidad, que esto se presentó durante un prolongado periodo de tiempo y que esta situación
puede apoyar la estructuración de los elementos de la relación laboral, la Sala encuentra
falencias probatorias en cuanto a la subordinación, pues no se encuentra acreditado que la actora
recibiera órdenes directas para el cumplimiento de sus funciones, estuviese sometida al
cumplimiento de un horario impuesto por la entidad, se la hubiesen realizado llamados de
atención, seguimiento de actividades diarias, entre otros aspectos propios de un empleado de
planta.
2.5. Ahora, las actividades de la demandante se encontraban regidas por los procesos
estructurales lo que indica que era el mismo programa el que trazaba el marco de ejecución del
contrato y no un jefe directo o alguno funcionario de la entidad el que le impartía órdenes.
Además, pese a que la actora manifestó en el interrogatorio que las órdenes eran impartidas en
forma clara desde Bogotá, lo cierto es que no media en el expediente pruebas que apoyen sus
manifestaciones, además, la permanencia de la demandante en la oficina si bien obedecía a la
necesidad de comunicación con los enlaces municipales no se probó que esto hubiese sido una
imposición de la entidad demandada.
2.6. Los correos electrónicos que reposan a folios 59 a 74 no dan cuenta de ordenes o imposición
de horario como lo consideró el A quo, de un lado porque eran generales para todos los
contratistas, y de otro, porque situaciones como informar que no se podía permanecer en la
entidad más allá de las 5:45 p.m., no corresponde a una imposición de horario como tal sino a
una limitación de permanencia.
Además, informar que los contratistas podían contar con un día de descanso adicional en
semana santa no puede entenderse como subordinación si se tiene en cuenta que solo se
presentó una vez durante todos los años de ejecución de los contratos de la demandante.
Tampoco demuestra subordinación resaltar pendientes y actividades prioritarias pues los correos
que se aportaron solo corresponden a algunos días y además, es normal que la entidad
contratante vigile el cumplimiento del contrato a través de la presentación de informes y recordar
las actividades primordiales acorde al objeto contractual. Aunado, el contenido de los correos
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electrónicos no demuestra una orden directa para la demandante sino parámetros para todos los
servidores de la entidad. (Subrayado de la Sala)
3.2.1. Conforme con lo anterior, la Sala advierte que, contrario a lo manifestado por la
parte actora, el tribunal demandado sí tuvo en cuenta y valoró en debida forma las
pruebas documentales, concretamente los correos electrónicos enviados por la entidad
a la demandante.
3.2.2. Justamente, fueron esas pruebas las que permitieron al tribunal demandado
encontrar acreditado que la actora prestó de manera personal el servicio y que recibió
una remuneración a cambio. Otra cosa es que el tribunal concluyera que esas
circunstancias, por sí solas, no acreditaban la configuración del elemento de
subordinación o dependencia continuada, requisito necesario para establecer el vínculo
laboral entre las partes.
3.2.3. Específicamente sobre el requisito de la subordinación, la Sección Segunda del
Consejo de Estado8 ha señalado que: “(i) la subordinación o dependencia es la situación en
la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto
al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse
durante el vínculo”, circunstancias que no se probaron en este caso, por cuanto es cierto
que de los tres correos electrónicos a los que se refiere la demandante no puede
concluirse con certeza que existió la subordinación alegada. En efecto, el primer correo9
tiene que ver con un requerimiento a los coordinadores regionales de familias en acción
sobre las actividades realizadas en el año 2004 y un plan de acción para el año 2008. El
segundo10 corresponde a un correo electrónico que se envió a todos los trabajadores de
la de entidad y se limitó a informar que no podían permanecer en la entidad más allá de
las 5:45 p.m. Y el tercero11, se refiere a la coordinación de un día de adicional a jueves
y viernes santo.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 4 de febrero
de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-00020-01 (0316-2014), Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda - Subsección B, Magistrado Ponente: César Palomino Cortés, Bogotá, D.C.,
veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018), Rad. No.: 68001-23-31-000-2010-00799-01.
9 El correo dice: “De manera atenta me permito solicitarles enviar a más tardar el martes próximo una relación de todos
los municipios visitados durante el año 2004 con un breve cometario de las actividades realizadas (...) Apoyos
operativos, la mayoría de ustedes ya tienen estos apoyos y es necesario que los empoderen de sus funciones, lo que
significa entregarles claros lineamientos operativos y funcionales y además ponerlos a "oler piel", es decir, hay que
empezar a enviarlos al terreno, capacitar a las madres de acuerdo con los lineamientos de los programas, a revisar
los procesos de los enlaces municipales, a mirar los indicadores del departamento en salud, educación, pagos y por
ende verificación, cumplimientos, ect. Es necesario que ustedes con sus equipos den un vistazo al nuevo mapa político
de sus regiones para que cuando tracen su plan de acción tenga también en cuenta esta circunstancia". "(...) Buenas
tardes coordinadores de la UCR en todo el país, desde la semana pasada se les solicitó el plan de acción para la UCR
y se les estableció la fecha de 23 de noviembre del año en curso para su entrega final, quiero manifestarles de manera
contundente sin entender un regaño que aquella UCR que no envíe dentro del término acordado su plan se entenderá
que no tiene proyecto de vida para el 2008 y por lo tanto se tomaran las medidas correspondientes para cumplir las
metas"
10 (...) Nadie, en ninguna instalación de la entidad puede permanecer esta tarde después de las 5:45 pm de la tarde.
Tampoco se aceptan actividades laborales de Acción Social después de esa hora por fuera de las instalaciones." "(...)
Para acompañar el cumplimiento de lo dispuesto en la circular sobre el horario de salida martes y viernes, en las
distintas sedes del nivel nacional estarán colaboradores de Gestión administrativa, quienes tendrán la misión de dar
fe de su cumplimiento. Quien decida quedarse por alguna razón después de las 5:30 pm, que deberá ser fuerza mayor,
dejará constancia del hecho en una planilla que le proporcionaran nuestros colaboradores, la que nos servirá para
tener una medición de la efectividad de la medida".
11 "(...) Compañeros siguiendo las instrucciones de la coordinadora nacional, les informo que podemos contar con un
día de descanso adicional al jueves y viernes santo ya sea el miércoles 4 o el lunes 9 de abril. Para garantizar la
adecuada prestación del servicio en las oficinas debemos distribuirnos tomando unos el miércoles y los otros el lunes.
Favor enviarme esta misma tarde la lista de esta distribución en las diferentes áreas". (f1.72)
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3.2.4. Respecto al presunto error del tribunal al analizar y valorar el interrogatorio de
parte rendido por la señora Díaz Jaimes, específicamente, que la demandante hizo
alusión al “informe de actividades” que desarrollaban con fundamento en el manual
operativo establecido por la entidad y no a un “plan de trabajo” como lo analizó el tribunal,
la Sala encuentra que no le asiste razón a la demandante, pues, una vez verificada la
prueba se encontró que en el minuto 022:42 de la audiencia de pruebas, la actora
textualmente indicó “(…) yo tenía que pasar un plan de acción, un plan de trabajo que sí
lo firmaba Pedro Parra el Director de la Unidad Territorial porque él era el responsable
de la Unidad Territorial (…).
3.2.4.1. No es cierto, entonces, que la autoridad judicial demandada hubiese valorado
indebidamente el interrogatorio de parte de la actora. Todo lo contrario, lo que aprecia la
Sala es que se analizaron integralmente todas las pruebas obrantes, que la valoración
del tribunal resulta válida y que está sustentada en términos lógicos y de sana crítica.
3.2.5. Siendo así, la sentencia objeto de tutela no incurrió en defecto fáctico, por indebida
valoración probatoria, pues, como se vio, además de que se tuvieron en cuenta las
pruebas aludidas por la demandante, para la Sala la valoración realizada por el tribunal
fue razonable ya que esas pruebas no demostraron la subordinación, que es un elemento
fundamental para probar la existencia de una verdadera relación laboral.
3.2.6. En este punto, conviene resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha determinado que la acción de tutela contra decisiones judiciales se concibe como un
juicio de validez, mas no de corrección12, y que, por lo tanto, este mecanismo no puede
utilizarse como una instancia para discutir asuntos de índole probatoria que dieron origen
a los procesos ordinarios. De ahí que el defecto fáctico se configura únicamente cuando
se evidencia que existe una clara desconexión entre las pruebas del proceso y la decisión
adoptada, al punto que resulta incompatible con la Constitución. Pero lo cierto es que
eso no ocurrió en este caso. Se reitera, la valoración probatoria fue razonable y
desconocerla derivaría en que la tutela se convierta en una instancia adicional y en el
desconocimiento de los principios de autonomía judicial y seguridad jurídica.
3.3. Por otra parte, en cuanto a la sentencia del Consejo de Estado, en la que, según la
actora, se explicaron los criterios establecidos para probar la existencia de un contrato
realidad, la Sala advierte que la demandante no aportó ninguna información sobre el
proceso (número, partes o fecha de la providencia), circunstancia que impide que se
realice un análisis y pronunciamiento de fondo. En todo caso, la decisión del tribunal
atendió los criterios fijados para la fecha por la Sección Segunda del Consejo de Estado
sobre el elemento de la subordinación.
3.3.1. Finalmente, respecto de la violación al debido proceso al no haberse tenido en
cuenta los alegatos de conclusión de la parte actora y señalar en la sentencia que
ninguna de las partes presentó alegaciones finales, se debe advertir, que, a pesar de
que, en efecto, se trata de una omisión por parte del tribunal, la misma no configura
ninguna de las causales de procedibilidad.
3.3.1.1 Al respecto, debe decirse que los alegatos de conclusión son una oportunidad
procesal para que la parte interesada exponga sus opiniones, insista en los argumentos
12 Ver, entre otras, las sentencias T.344 de 2015, SU-425 de 2016, y T-022 de 2019.
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de defensa e intente convencer al juez sobre la prosperidad de lo que pretende en el
proceso judicial. No se trata de un recurso en el que puedan cuestionarse decisiones
adoptadas al interior del proceso ni constituyen una oportunidad para proponer nuevos
debates.
3.3.1.2. En sentencia C-107 de 2004, la Corte Constitucional dijo que «los alegatos de
conclusión son un mecanismo procedimental que materializa en un momento decisivo el
derecho de defensa, el derecho resarcitorio o los intereses de la sociedad, según la
calidad del sujeto procesal interviniente. Mediante los alegatos el interesado se hace
escuchar, presentando sus opiniones, análisis y argumentos de hecho y de derecho, con
apoyo en el acervo probatorio y su percepción sobre lo actuado. Se denominan de
conclusión porque se presentan justo antes de que la autoridad acometa la tarea de
decidir en sede judicial o administrativa».
3.3.1.3. En esas condiciones, la omisión en la sentencia sobre los alegatos de conclusión
presentados por la parte actora no tiene la envergadura de afectar la decisión adoptada
por el juez de segunda instancia, pues simplemente se trata de la opinión y análisis de
las partes respecto de la controversia. La decisión se fundamenta de acuerdo con los
argumentos del recurso de apelación, las normas y jurisprudencia aplicables, y las
pruebas obrantes en el expediente.
3.4. Queda resuelto, entonces, el problema jurídico planteado: la sentencia del 19 de julio
de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, no incurrió en defecto
fáctico, en desconocimiento del precedente, ni violó el debido proceso. En consecuencia,
la Sala denegará las pretensiones de la solicitud de amparo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela promovida por María Magdalena Díaz
Jaimes, conforme con lo expuesto en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
9
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-05947-00
Demandante: María Magdalena Díaz Jaimes
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección Magistrada
(Salvamento de voto)
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Magistrada Magistrado
(Salvamento de voto)
(Firmado electrónicamente)
ELIZABETH WHITTINGHAM GARCÍA
Conjuez
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